Editorial

Genocidio ayer y hoy en Colombia

Genocide in Colombia Yesterday and Today

Insuasty Rodríguez, Alfonso

Alfonso Insuasty Rodríguez

alfonso.insuasty@usbmed.edu.co

Universidad de San Buenaventura Colombia

Revista Kavilando

Grupo de Investigación para la Transformación Social Kavilando, Colombia

ISSN: 2027-2391

ISSN-e: 2344-7125

Periodicidad: Semestral

vol. 13, núm. 1, 2021

revistakavilando@gmail.com

Recepción: 01 Enero 2021

Aprobación: 03 Marzo 2021

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/377/37728033772803007/

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Resumen: Los sucesivos gobiernos de Colombia por más de 70 años han aplicado y siguen hoy apostándole a un proyecto de reorganización social a través del terror criminal, se aferran a las acciones y omisiones que en su conjunto configuran un genocidio continuado que solo el pueblo organizado podrá detener transformando la base social que permite que esta oscura realidad, que ahora se exporta, perviva.

Palabras clave: genocidio político, criminalidad, captura del estado, poder dominante, crímenes de estado, reordenamiento social.

Abstract: The successive governments of Colombia, for more than 70 years, have applied and, today, continue betting on, a project of social reorganization through criminal terror, clinging to actions and omissions, which together make up a continuing genocide, who only the organized people can stop, by transforming the social base, which allows this dark reality to be established and live on.

Keywords: Political Genocide, Criminality, State Capture, Dominant Power, State Crimes, and Social Reordering.

La sentencia final de la versión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Colombia en el mes de marzo de 2021, concluyó con la condena al Estado colombiano por genocidio continuado, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra población civil por razones políticas.

Allí se afirma, en el argumento mismo de la sentencia, que los sucesivos gobiernos del periodo estudiado (1946 – 2021) desarrollaron “un proyecto de reorganización social a través del terror”. A través de la comisión de muchos de los crímenes denunciados en el sustento de la sentencia en el análisis de los más de 50 casos estudiados, en los que se logra identificar un cúmulo de graves acciones y omisiones que en su conjunto se subsumen en el crimen central por el cual se surte la condena:

Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo. El genocidio ha tenido proyección específica en distintos sectores del grupo nacional, en particular los movimientos sindicales y campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y los movimientos y grupos políticos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el ambiente, así como a sus respectivos líderes y lideresas. Dicho genocidio se ha manifestado especialmente en sus modalidades de: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021)

Así mismo, dicha condena se hizo extensiva contra los sucesivos gobiernos de EEUU (1946-2021) “por la exportación de la ideología criminal que avala la consideración de parte de la población como enemigo interno, el paramilitarismo, la represión de la oposición política y social y la tortura en América Latina”

Y a las empresas nacionales y transnacionales

que hayan participado en las graves violaciones de derechos humanos descritas en esta sentencia. En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros mediante una participación como instigadores, financiadores o cómplices; frecuentemente, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021)

En este contexto se logró identificar en la historia de Colombia un recurrente escenario de políticas estatales cuyo objetivo central ha sido el de reprimir radicalmente, incluyendo diversas técnicas, toda oposición democrática imponiendo un modelo de sociedad proclive a pensamientos conservadores, excluyentes, discriminatorios y que naturalizan la vulneración de derechos fundamentales. Este el impacto cultural, tal vez sea la consecuencia más gravosa en tanto perpetúa un estado de cosas inaceptables propias de una sociedad del colapso.

Se logra este sostenido estados de cosas inaceptables, gracias a la estrecha alianza entre “criminalidad-empresa-estado”, una realidad no solo reseñada la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, sino que también queda evidenciada en las declaraciones derivadas de los procesos que se llevaron en Justica y Paz (Ley 975 de 2005), instancia creada luego del acuerdo del desmonte de grupos Paramilitares en el 2005, instrumento de justicia transicional que buscaba facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se desmovilizaron individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral (Minjusticia Colombia, 2005). Con mayor claridad se evidencia este fenómeno, gracias a los avances de la Justicia Especial para la Paz (JEP, 2017) instancia de Justicia Transicional creada en el marco del Acuerdo de Paz entre las Farc-Ep y el Estado colombiano (Farc - Gobierno de Colombia, 2016)

Criminalidad-Empresa-Estado: Se trata de una alianza que ha concebido un modelo bárbaro de apropiación violenta de los territorios estratégicos, imponiendo una planeación en función de un modelo de negocios “a su medida”, se impulsa en regiones ricas en carga mineral, la producción agroindustrial, ganadera, entre otros negocios, un proceso de despojo violento que se fue adaptando y refinando en las regiones.

Un caos emblemática el del Urabá Antioqueño (Zuluaga Cometa & Insuasty Rodríguez , 2018)., desde donde se surte todo un modelo de captura y saturación del Estado y de reingeniería cultural

Una alianza que ha logrado institucionalizar, aupar e impulsar aún hoy todo un sistema de apropiación, explotación, control concreto de los territorios gracias al despojo violento que incluye técnicas y práctica como las masacres en los territorios estratégicos, el control de las administraciones municipales, de los medios masivos de comunicación, de los estamentos estatales, de la justicia, de la creación de leyes, etc. (Mesa Duque & Insuasty Rodríguez, 2021) y hasta llegar al control total estatal en la presidencia de la república.

Este proyecto re-ordenador de los territorios produjo y produce, además, como consecuencia, unas sostenidas, intolerables e inaceptables condiciones de pobreza y marginalidad, a la par una inmoral hiper-acumulación de la riqueza, la tierra, las oportunidades y los recursos en poquísimas manos (Valencia Grajales, Zuluaga Cometa, & Insuasty Rodríguez, 2021).

Esta alianza criminal creó toda una infraestructura institucional, una arquitectura normativa, gestó toda un reingeniería Estatal la cual se re-inventa a sí misma, se adecúa para garantizar un control permanente siempre sobre la base de un ejercicio de exterminio que focaliza su aplicación es contra las comunidades campesinas, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, los movimientos estudiantiles, los sindicatos, los movimientos y partidos políticos, los líderes sociales, defensores de derechos humanos y sectores empobrecidos.

Son múltiples las herramientas, dinámicas, estrategias, dispositivos tanto institucionales y para-institucionales, legales e ilegales utilizados para este fin. Se han integrado sistemáticamente una aplicación de violencia brutal como herramienta específica de expresión de desprecio y humillación.

Todo un ejercicio de pedagogía del terror hacia las comunidades, contra quienes se varía según el momento y contexto, su aplicación y tipología de técnicas que van desde la eliminación física hasta la exclusión, criminalización, estigmatización, invisibilización funcional, anulación de su historia, etc.

Algunos instrumentos y mecanismos para el exterminio

El Paramilitarismo su más destacado hijo. Es este un fenómeno que rápidamente se tradujo en un elemento tanto estructural como autónomo, empotrado incluso en la lógica cultural, naturalizado y en algunos casos normalizado.

Es de recordar que esta estrategia fue aupada por los Estados Unidos mediante un marco jurídico que legitimó y potenció su existencia mediante el decreto 3398 de 1965 donde se autorizó a militares la entrega de armas de guerra a los civiles, y el posterior decreto 356 de 1994 que dio origen a las “CONVIVIR” motor institucional de grupos paramilitares (Valencia Grajales , Agudelo Galeano, & Insuasty Rodríguez, 2016).

El Plan Colombia, acción militar estratégica financiada por los Estados Unidos. Fue determinante y esencial en refinar estas políticas de exterminio y diluirlas en toda la dinámica institucional más allá de lo militar (FOR, SISCAL, SOA WATCH, 2020), articularon aparatos de propaganda (medios de comunicación), el sistema de justicia y una política militar basada en la ya fracasada política del “conteo de cuerpos” experimentada en la Guerra de Vietnam (Lindsay Poland, Plan Colombia y Doctrina Militar, 2020).

De allí emergió el fenómeno conocido como “Falsos Positivos” (Ejecuciones Extrajudiciales) un golpe mortal a la credibilidad, honra y honor que se supone debe acompañar a las Fuerzas Militares de un país (Rojas Bolaños & Benavides Silva, 2017) y aplicado contra la población empobrecida tanto rural como urbana, todo un ejercicio de desprecio y humillación de los pueblos.

La propia Corte Constitucional de Colombia ha calificado los falsos positivos (Ejecuciones Extrajudiciales) como “una de las modalidades de violación a los derechos humanos más frecuentes” (Corte Constitucional, 2015).

Respecto a este instrumento de exterminio, Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) afirmó:

Los homicidios fueron perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, en ocasiones operando conjuntamente con paramilitares y civiles, como parte de un ataque dirigido contra civiles en diferentes puntos de Colombia. En algunos casos, los asesinatos fueron precedidos por detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos. […] los hechos descritos anteriormente fueron cometidos conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas dentro de las Fuerzas Armadas, constituyendo la existencia de una política estatal u organizativa para cometer tales delitos (Corte Pena Internacional, 2012).

Un fenómeno que transitó rápidamente a instaurarse como lógica de relacionamiento estatal, de hacer política interna y regional como bien lo describe Rojas B, Insuasty y otros, en el libro Teoría Social del Falso Positivo, Manipulación y Guerra (2020)

La militarización de la Policía. Estos instrumentos y modalidades para el exterminio, se adecúan y reinventan, es el caso de la Policía Militar del Ejército colombiano la cuál fue rediseñada por Estados Unidos con el propósito de controlar las manifestaciones sociales (Chalá, 2021), acudiendo para tal fin a la psicología de masas, formación antimotines, empleo de gases y elementos dispersores y utilización de fuerza “controlada” sosteniendo el marco del enemigo interno extendido a toda forma organizativa inconforme con el estatus quo reinante (Temblores, 2020).

La impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” (Corte IDH, 1998)

Al respecto también agrega que “el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todo el medio legal disponible ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares» (Corte IDH, 1998)

Las cifras de impunidad en Colombia son alarmantes, una lentitud e inoperancia que agrava y alimenta el ejercicio de violación constante de los derechos fundamentales,

La justicia colombiana ha experimentado dificultades a la hora de investigar a los responsables de las agresiones contra periodistas. Además, el tema de la excesiva duración de las investigaciones agrava el efecto de la impunidad por estos hechos de violencia. En este sentido […] las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa indican que más del 99% de los casos de homicidios contra periodistas se encuentran en impunidad (Corte IDH, 2018)

La Escuela Nacional Sindical afirmaba que:

Respecto a la etapa de juzgamiento los asesinatos cometidos de enero de 1986 a junio de 2008, reportaban una impunidad del 95%. Este porcentaje se ha mantenido y a 20 de marzo de 2009, es del 95,6%; no solo porque las sentencias contra los autores son pocas sino porque el homicidio de sindicalistas continua. Otras violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas también se encuentran en un alarmante grado de impunidad: en los casos de atentados solo se han producido siete sentencias con tres víctimas, por tanto, el porcentaje de impunidad es del 98,7%. En los casos de amenazas ha habido una sentencia con una víctima, por tanto, la impunidad es del 99,9%. En los casos de secuestro ha habido nueve sentencias con 10 víctimas, con un porcentaje de impunidad del 93,7%. En los casos de desplazamiento forzado las sentencias han sido cuatro con cuatro víctimas. Por tanto, la impunidad es del 99,7%. No existe ninguna sentencia en los casos referidos a desapariciones forzadas, torturas y allanamientos judiciales, así que la impunidad es del 100%» ( (Agencia de Información Laboral, 2009).

Por su parte Valencia, L., director de Pares afirma:

Es claro que el fenómeno de la impunidad es la fuente de las conductas antisociales que nos afectan como ciudadanía día tras día: la corrupción, inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten. Según ONU-Mujeres, en Colombia, por ejemplo, sólo el 13% de los feminicidios llega a una condena; en el caso de la desaparición forzada, según el Movice, de los ochenta mil casos reportados al 2018 se había investigado apenas 7,700 y, de éstos, sólo 337 tuvieron una sentencia condenatoria. Es decir que el 99.5% se encuentran sin resolver. (Pares, 2019)

Es una realidad que permanece aún y el paso del tiempo al igual que la lógica del exterminio por todos los medios.

Reconfiguración de la memoria. La destrucción de identidad es el objetivo central y de fondo, de este ejercicio continuado de exterminio, quebrar la identidad de los pueblos y grupos humanos es el objetivo esencia de la práctica Genocida y esto no ocurre solo gracias al ejercicio de la eliminación física, la criminalización, la persecución, la invisibilización, sino que requiere la captura de las modalidades por las que dicho pueblo se narra la historia de lo que le ha ocurrido.

“Por ‘genocidio’ nos referimos a la destrucción de una nación o de un grupo étnico [que] tiene dos etapas: una, la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido; la otra, la imposición de la identidad nacional del opresor” (Lemkin, 2008, p. 154).

Se trata no solo de eliminar y domesticar, sino de crear las condiciones ideales y hegemónicas de dominación,

En otras palabras, la hegemonía supone la capacidad de un bloque dominante de configurar la vida económica, civil y cultural de un colectivo. Aunque parezca paradójico, en código gramsciano esta «dominación» debe conseguir el logro de la «unidad social», ya que la constitución del «bloque histórico» se sustenta en el consenso que logre articular las fuerzas políticas y sociales diferentes, con el fin de mantener ese ensamble” (Jarpa, C.G. 2015, s. p.)

Es así que, el genocidio cobra su “realización simbólica” en el momento en el que un pueblo ya no es capaz de narrarse la historia que ha vivido, sino que asume explicaciones externas, creadas e incluso sin sustento, pro institucionales inducidas por los medios masivos de comunicación, un relato fragmentado al punto que no logra identificar con claridad lo que le ocurre (Villa Gómez, Velásquez Cuartas y otros, 2020), incidiendo de manera directa en la toma de decisiones políticas perpetuando con conciencia o no, estados de opresión, exclusión, injusticias, desigualdad inaceptables que en lo cotidiano padece, toda una contradicción aparente (Villa Gómez y Arroyave Pizarro, 2018)

Reconfigurar el sentir y el pensar es el objetivo de mayor valor, para ello modificar la escala de valores, el pensamiento, la cultura, es lo central:

Pasa este objetivo por:

construcción de un relato justificatorio de un estado de cosas abiertamente injustas, inequitativas, destructivas del tejido social, los territorios y con el medio ambiente.

La institucionalización de dicho relato como única verdad en la sociedad, para ello se hace necesaria la captura de las instituciones. Así sucede con el Centro Nacional de Memoria histórica, dirigida por un académico funcional al poder instituido, capaz de gestar un delicado juego de intereses que devienen en la construcción de una historia a la medida, donde la verdad será mentira y la mentira verdad, propio de los dispositivos militares de guerra sucia, de guerra psicológica.

La difusión de dicho relato institucionalizado, a la medida, garantiza una generación vaciada de sentido y contexto. Para ello se requiere además del apoyo de esos latifundios mediáticos, ganar espacio y control del currículo de Colegios y Universidades.

La gestión de un relato institucionalizado, incluye la gestión y financiación de proyectos de investigación a la medida. La idea será la de ir disciplinando el pensamiento, vía indicadores, incentivos y cofinanciación. (Insuasty Rodríguez, 2020)

Así, los conceptos se diluyen: conflicto, violencia, vandalismo, guerrillas, paramilitarismo entre otras, logrando un mar de confusión y desentendimiento frente a una realidad negada, silenciada o anulada mediante el olvido, imponiéndose como contracara un relato de realidad inducida, prefabricada proclive a la instauración de los valores, ideales y sentimientos reproductores del poder hegemónico dominante ampliando y profundizando las contradicciones.

Hoy perviven estos mecanismos refinados de exterminio

Zibechi, Insuasty y otros, en el libro Colombia, entre la rebeldía y la esperanza, en el análisis que realizan sobre las condiciones contextuales en las que emerge el fenómeno de la movilización del 28 de abril de 2021, que dieron cuenta de una gran inconformidad y rabia social (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021), ante un estado de cosos insostenible, índices de desigualdad, empobrecimiento, corrupción, entre otras.

Allí queda en evidencia dos constantes históricas, una clase dominante aferrada al poder, impositiva, excluyente que ha hecho del Estado su bastión para sostener sus intereses cerrando la puerta a toda propuesta alternativa de transformación social, por otro lado, la constante emergencia de procesos revolucionarios, contestatarios que, desde los pueblos, identidades, intenta abrirse camino luchando por reformas sociales y cambios de fondo de un orden hegemónico opresor.

Así mismo, deja claro como esa oligarquía hoy ha retomado con fuerza toda su estrategia de extermino, prolongando y dándole así continuidad a una lógica Genocida instaurada, describiendo la manera como el poder instituido reaccionó haciendo uso de una fuerza desproporcionada, aplicando muchas de sus técnicas de terror, de una lógica paramilitar, desapariciones, criminalización, persecución, criminalización, imposición de un relato explicativo moralizando a través de los medios masivos de comunicación (Zibechi, y otros, 2021)

Vega Cantor, R (2021) en este sentido advierte que,

La brutal respuesta estatal a la justa y legitima protesta de sectores plebeyos del mundo urbano ha evidenciado dos cosas. De una parte, las miserias y desigualdades de las ciudades, grandes y pequeñas, de Colombia, en donde se reproduce la desigualdad estructural existente entre campo y ciudad, en la que una exigua minoría vive como es sus guetos urbanos invertidos (para ricos), como si habitara en los barrios opulentos de las ciudades del primer mundo, mientras millones de colombianos sobreviven en medio de la espantosa miseria, precarización laboral, desempleo, informalidad y rebusque diario. De otra parte, esa desigualdad se mantiene y reproduce, entre otras razones, con la fuerza bruta del Estado colombiano, cuya presencia en las zonas más pobres del país, incluyendo las ciudades, se reduce a los batallones militares, estaciones de policía, CAIs… sin que tenga presencia social, porque no hay ni hospitales, ni escuelas, ni parques, ni empresas estatales que brinden empleo y ayuden a la población. (Vega Cantor, 2021)

Gomez, J (2021) suma a esta lista de técnicas de exterminio los procesos austeritarios. Es decir, la sumatoria de medidas económicas y fiscales que justificadas de mil maneras, permiten la acumulación de riquezas en pocas manos y a miseria eterna para la mayoría. Se trata de un nuevo régimen de acumulación financiarizado que acentúa los índices de desigualdad, deteriora la garantía de derechos y menoscaba las relaciones de producción y reproducción, una serie de medidas bajo el relato del progreso, que llevan a gruesas capas de la población ya no solo al empobrecimiento eterno, trans-generacional sino que pone a sectores sociales ante la extinción de la vida natural y, por ende, de la especie en sí misma.

Esta dinámica ha conllevado a procesos austeritarios en tanto que en primer lugar, se evidencia una relación de austeridad fiscal en el manejo de los recursos públicos basados en la supremacía del servicio de la deuda pública por encima de presupuestos de gasto e inversión social; y, en segundo lugar, se pone de manifiesto una dinámica autoritaria en la construcción de las políticas fiscales con el fin de absorber mayores recursos y de mantener o menguar el impacto de los déficits económicos, incidiendo directamente en las condiciones materiales de las sociedades en América Latina (Gómez, 2021, p. 18)

Extractivismo de la muerte

Se trata de una arquitectura del terror, gestada por esta alianza Criminalidad-Empresa-Estado que ha sido funcional a los intereses del mercado global, al punto que se ha venido exportando a otras regiones de manera institucional y para institucional

Ya lo afirmaba el mismo general Kelly, excomandante del Comando Sur de los EEUU, en el año 2014:

No nos estamos enfocando de la misma manera en países que están, hoy, muy cerca de ir al límite, donde estaba Colombia en los 90. Están a solo unos centímetros de caer por el precipicio. Sin embargo, estamos restringidos de trabajar con ellos, por pasados – ‘pecados’, en los 80. La belleza de tener una Colombia – son tan buenos socios, particularmente en el ámbito militar, son tan buenos socios con nosotros. Cuando les pedimos que vayan a otro lugar y capaciten a los mexicanos, hondureños, guatemaltecos, los panameños, lo harán casi sin pedirlo. Y lo harán solos. Están muy agradecidos de lo que hicimos por ellos. Y lo que hicimos por ellos fue, de verdad, animarlos por 20 años y ellos han hecho un trabajo magnífico. Pero es por eso que es importante que se vayan ellos, porque yo, al menos en el lado militar, estoy restringido de trabajar con algunos de estos países debido a limitaciones que se basan realmente en pecados pasados. Y lo dejaré así (Security Assistance Monitor, 2014)

Así mismo, gracias al Plan Colombia se pudo formar una cantera de militares con dineros públicos, para ponerlos al servicio de intereses privados, un ejército de mercenarios:

En los años 2000, en el marco del Plan Colombia, soldados y policías comenzaron a ser entrenados por estas empresas que llegaron al país a brindar entrenamiento en inteligencia, seguridad, contrainteligencia y operaciones antinarcóticos, entre otras. Una vez se intensificó la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán, luego del ataque contra las Torres Gemelas (2001), estas empresas decidieron recurrir a mano de obra colombiana, porque era más barata que contratar a exmilitares estadounidenses. Por unos miles de dólares se los llevaban con unos contratos poco claros que terminaron poniéndolos en el campo de batalla cuando la promesa había sido solo hacer tareas de vigilancia (El Espectador, 2021)

En Irak, Libia, Afganistán, Yemen e incluso en la lucha contra el Estado Islámico se ha constatado la presencia de exmilitares colombianos contratados por empresas de seguridad privadas (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021).

La exportación de asesorías militares hace lo propio, es el caso de México con el General Naranjo militar colombiano contratado como asesor por el Gobierno mexicano en la era Peña Nieto, a quien se le atribuye el aumento de grupos Paramilitares en este país (El Espectador, 2014), el lamentable hecho ocurrido en Haití con el asesinato por mercenarios colombianos del Presidente de Haití Jovenel Moisé, previamente se registró una asesoría militar oficial de Colombia a este país ¿casualidad? (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021), ver la manera como se ha gestado por todos los medios una invasión militar, mercenaria desde Colombia a la hermana República de Venezuela, entre otros muchos ejemplos.

Conclusiones

La práctica Genocida sigue siendo una constante y se profundiza según ciclos determinados por el contexto y la necesidad de la captura de territorios estratégicos para los macronegocios.

Los sucesivos gobiernos de Colombia por más de 70 años, siguen hoy apostándole a un proyecto de reorganización social a través del terror criminal.

La alianza Criminalidad-Empresa-Estado es un fenómeno aún vigente que se reinventa permanentemente, este contubernio que ha cooptado el Estado, sus instituciones amoldándolas a su imagen y semejanza, es sin duda, ajeno al respeto de los derechos humanos, derechos ambientales y a la democracia.

Identificar la manera como se mueve y dinamiza el poder hegemónico instituido es clave para determinar las rutas de solución, basadas en la verdad, la justicia y una profunda reparación social.

La transformación social y cultural será la tarea más importante por emprender y profundizar si pensamos en la real necesidad de mover cambios de fondo de mediano y largo plazo.

El papel de la investigación y la formación son esenciales en la construcción critica de referentes de cambio, potenciar sujetos capaces de asumir la historia, leer sus contextos y mover acciones de transformación real.

La Paz territorial, participativa y transformadora se asume como un camino en tanto se trata de la generación de las condiciones óptimas para recuperar la identidad de los grupos humanos en sus territorios, resaltando sus identidades y maneras de tejer sus geografía y relacionamiento territorial.

Reconstruir la verdad sobre los que nos pasó y sigue pasando, para mover la voluntad de cambios estructurales es una tarea que el mismo pueblo debe profundizar no delegarla a ninguna institucional de manera total, pues es esta lectura de realidad la que mueve la voluntad de hacer para No Repetir.

La lucha de los pueblos sigue y es desde su identidades que emergerán las soluciones a un país del colapso, y para un mundo al borde del desastre.

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