EXTENDED ABSTRACT

Public policies and programmatic formulations are themselves a product of a "dynamic interaction between different social actors, located inside and outside the State apparatus" (De Almeida, Araujo y Kruter, 2017, p. 364). Where, in turn, such actors produce themselves through such production, modifying their political resources, their cognitive frameworks, their organization, etc. This principle also occurs in the processes of transition from armed conflict to peace-building scenarios, including the public policies derived from the agreements that mark the starting points of these transitions. There, the insurgent actors play the possibility of reconfiguring themselves as political actors in a peaceful context, in order to strengthen their political proposal. Likewise, the national governments are gambling on the possibility of subduing and dissolving the insurgent actor. In this type of processes, the rules of the negotiations, the agreements, the laws that materialize the agreements and the organizational structure of the implementation, condition not only what happens with the insurgent actor, but also lay the foundations to be able to transform the structural reasons that gave rise to the confrontation.

This type of dynamics occurred in the social production of the National Reincorporation Route of the FARC-EP -RRN-, which reproduces a tension-contradiction between two transition models: the minimalist model of Disarmament, Demobilization and Reintegration, which was coherent with fiscal austerity; and the maximalist collective reincorporation with transforming horizons, which understands that it is the territories that must be structurally transformed. This tension developed through negotiation, normative implementation and post-agreement, and is the principal explanatory variable of this trajectory.

Thus, this research seeks to analyze the social production, the technopolitical processing, and the macro-organizational game of the RRN, between 2010 and 2020. Seeking to account for the structural and structuring elements of this trajectory, understanding the subjectivity of the actors and the set of possibilities they sought to create. To develop the research, both in a theoretical and methodological sense, the approach of the Social Game Theory TJS was used, rescuing mainly the concepts of technopolitical processing, macro organizational game, governance and governance triangle, operating them through various matrix tools, mainly the situational flowchart of the Situational Strategic Planning method -PES- and the affinities and rejections matrix. Heuristically based on four types of sources: public documents -including norms-, documents of the actors where their voice is denoted, interviews to officials and academic documents. These sources were systematized in a matrix, seeking to recognize two basic variables of the TJS: first, a set of structural causalities -both phenomenal and systemic- and a set of producing facts, actions and events. Articulating the matrices according to temporal, spatial and relational frameworks.

Having as results and point of arrival an articulated reconstruction of the situational trajectory through which the RRN was produced. Recognizing three main macro moments: a) the negotiation of the Final Agreement -approaches, negotiation and re-negotiation-, b) the normative production; and c) the macro-organizational game. There, a process was found which tended to a progressive simplification of the structural scope of the RRN, without the capacity to recognize and respond to an armed conflict entering a new phase, prioritizing direct and individualizing control over a gradually dispersed ex-combatant collective. Reproducing the logic of fiscal austerity related to infrastructural policies, and an expenditure oriented to a war-assistance logic.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo es uno de los productos del proyecto de investigación “Producción Social, procesamiento tecnopolítico y juego macro organizativo de la Ruta de Reincorporación Nacional de las FARC-EP (2010-2020)”, desarrollado desde la Unidad de Investigaciones Socio-jurídicas Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Colombia. Siendo ésta una aplicación del enfoque de la Teoría del Juego Social –TJS-, invitándose, a su vez, a la revisión del artículo: “Rescatando el pensamiento de Carlos Matus y la Teoría del Juego Social. Reconstrucción hermenéutica de un aporte nuestro-americano para el estudio del Estado, el Gobierno y las Políticas Públicas”, el cual fue otro de los productos del proyecto mencionado y puede llegarse a ver como un elemento complementario del presente artículo.

El problema de investigación se circunscribe a dos campos del conocimiento: los estudios de las políticas públicas y los estudios de la construcción de paz. Temáticamente se circunscribe al Acuerdo Final –AF-, firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (en adelante, FARC-EP) y el Gobierno colombiano, en especial del punto 3.2.2. de Reincorporación económica y social. Entendiendo el Fin del Conflicto, de donde se desprende la reincorporación, como el corazón de la estrategia de los dos actores principales de la negociación. Para las FARC-EP el Fin del Conflicto representaba su re-estructuración como actor político, que a su vez produjera una futura situación favorable que permitiese transformaciones a las estructuras y procesos estructurantes del conflicto social y armado. Mientras para el Gobierno Central, significaba el desarme de la guerrilla más antigua de su territorio, en el horizonte de una ofensiva estratégica sobre la base de los patrones político-ideológicos e institucionales existentes, en lugar de su transformación. Constituyendo una transición de la confrontación hacia una paz minimalista, marcada por el modelo de Desarme, Desmovilización y Reintegración.

El artículo, por su parte, busca dar cuenta de esta tensión estratégica entre los actores, pero limitándose a la comprensión de la producción social de la Ruta de Reincorporación Nacional de las FARC-EP –RRN-. Fijando el espacio del problema a uno de los pilares programáticos del punto tres del AF. En tanto, el universo de acciones públicas y formulaciones programáticas del AF en general, y del punto de Fin del Conflicto en concreto, se ve compuesto de diversos elementos además de la RRN. Sin omitir el carácter problemático y relacional que tienen fenómenos como las violaciones de los Derechso Humanos -DDHH- a los exguerrilleros, con el asesinato de 249 de ellos y de más 1100 líderes sociales.

La investigación partió de la noción que toda acción-política pública es el resultado de una interacción dinámica entre diferentes actores sociales, ubicados dentro y fuera del aparato del Estado (De Almeida, Araujo y Kruter, 2017, p. 364). Entendiendo así a la RRN como una producción social en la conjugación de diversos actores y organizaciones, en secuencias situacionales concretas. Guiándose por la pregunta: ¿De qué manera aconteció el procesamiento tecnopolítico y el juego macro organizativo de la gestación y producción social de la Ruta de Reincorporación Nacional de las FARC-EP, con relación a sus estructuras y procesos estructurantes, en Colombia entre los años 2010 y 2020?

La exposición de esta respuesta se ubica en cinco momentos: primero, un marco conceptual que de manera sintética busca aportar una caracterización de los conceptos y herramientas hermenéuticas que se operaron en la investigación; segundo, la metodología que presenta los elementos principales y generales de ésta; tercero, la emergencia del conflicto cognitivo entre ambos actores, relativos a la comprensión de la reincorporación en concreto y el conflicto en general, siendo el marco de la confrontación estratégica; cuatro, una caracterización de las FARC-EP, necesaria para la interpretación de la reincorporación pues es el sujeto-objeto de ésta; y quinto, la presentación de las secuencias situaciones desde las cuales se produjo la RRN. Además, se culmina con una conclusión general.

2. MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual parte de la TJS, y sí bien no es el fin del presente texto su presentación, se hace necesario dar cuenta de los principales elementos interpretativos. Se compone por conceptos en dos niveles, uno epistémico y analítico, y otro de operacionalización metodológica.

En la primera dimensión está:

• El juego social: parte de la idea que el sistema social es complejo y autopoiético (Matus, 1980, pp. 33-37), buscando comprender a la sociedad partiendo desde la interacción entre los actores (Matus, 2007, p. 292). Siendo entonces una noción de ontología praxeológica del sistema social. Entiendo que se da la intersección de al menos nueve sub-juegos, entre los cuales se encuentran el juego político, económico y macroorganizativo que son el campo principal de producción de las acciones públicas.

• Producción social: el cual parte de que en la intersección de los sub-juegos, se manifiestan tres elementos estructurados y estructurantes diferenciados: los flujos, las fenoestructuras y genoestructuras, llamados así para evitar la ambigüedad del término estructura (Matus, 2007, p. 249). Los flujos son “la gama de todas las jugadas de cualquier naturaleza que ocurren en el juego” (Matus, 2007, p. 270), los cuales son hechos y acontecimientos que se dan en las situaciones concretas, por lo que pueden ser estructurantes de procesos o reglas. La fenoestructura, que es una estructuración fenoménica y se manifiesta en acumulados, en tanto “las jugadas se fenoestructuran como acumulaciones económicas, como relaciones de poder o relaciones de fuerza, relaciones cognitivas y relaciones de destreza organizativa entre los jugadores” (Matus, 2007, pp. 262-263), es decir, capacidad acumulada de producción. Y las genoestructuras, que por su parte:

  1. determinan el espacio de variedad posible de las acumulaciones y las jugadas. Nada puede ocurrir en el juego fuera del espacio de variedad determinado por las genoestructuras. Las genoestructuras son muy estables, y cuando son alteradas, marcan los grandes cambios de la historia (Matus, 2007, p. 270).

  Dicha distinción permite “entender dos tipos de conflictos sociales: los que surgen en la competencia de jugadores por alcanzar objetivos excluyentes dentro del juego; y aquellos cuya finalidad es cambiar el juego” (Matus, 2007, p. 270), en tanto en las genoestructuras se sintetizan y estructuran las desigualdades del sistema social.

• Los actores: pueden ser organizaciones o personas, se caracterizan por su acción creativa; tiene un proyecto que guía su acción, aunque sea incoherente, errático o parcial; controla algún recurso relevante para el juego, tiene capacidad para producir hechos; participa, no es un analista u observador; tiene organización estable que le permite acción colectiva (Matus, 1995, p. 207).

• La situación: es la unidad dialéctica de análisis. Es el marco espacio-temporal-relacional donde acontece la producción social, articulando tanto los elementos genoestructurados como fenoestructurados, los cuales sostienen relaciones de determinación, condicionamiento e influencia (Matus, 1980, pp. 56-57). Así mismo, es relativa a cada actor: tanto en la relación temporalidad-acción, puesto que cada acción realizada por un actor en una situación tiene siempre una temporalidad concreta, el tiempo de cada acción es relativa a ésta (Matus, 1980, pp. 50-56); como también en la dimensión subjetiva, puesto que la posición situada de cada actor más los elementos que considera importantes, no es igual para otro actor (Matus, 1980, p. 55), siendo entonces la muestra fenoménica de una objetiva subjetividad del actor.

  En la segunda dimensión se encuentran los siguientes conceptos:

• El gobierno: refiere a la capacidad de conducción de un juego específico, por medio de la transición de las situaciones, buscando llegar a una situación-objetivo. Aunque se difiere entre el Gobierno central de un país, y los distintos tipos de gobiernos que se dan en el juego, en la medida que cualquier actor, siempre y cuando tenga capacidad acumulada y la intención de actuar, puede llegar a conducir la secuencia situacional (Matus, 2007, p. 406). Abriendo la interpretación hacia la interpretación de gobiernos comunales, insurgentes o locales.

• El triángulo de gobierno: parte de la idea que la capacidad de conducción de un actor depende de tres elementos: su proyecto de gobierno, su capacidad de gobierno y su gobernabilidad, la relación entre las tres es el triángulo de gobierno. El proyecto de gobierno se refiere “a una propuesta de intercambio de problemas –entre los juegos- (…) una empresa de realización y acciones que producen beneficios y costos potenciales (…) se expresa en una selección de problemas y en un conjunto de operaciones para enfrentarlos” (Matus, 2007, pp. 441-444). La capacidad de gobierno es la capacidad fenoestructurada del actor para conducir, es decir de actuar, el cual puede ser concordante o disonante con su proyecto (Matus, 2007, p. 444). Mientras la gobernabilidad refiere a la relación entre los recursos necesarias para la ejecución del proyecto, y los que poseen tanto el actor gobernante como otros, quienes pueden evitar o cooperar dicha producción social (Matus, 2007, pp. 442-444).

• El procesamiento tecnopolítico: parte de la noción que los actores en su acción de gobierno combinan tanto juicios analíticos e intuitivos -en el que hay también juicios emocionales-, que marca una tensión entre el manejo técnico y el político de las acciones públicas; como también, se manejan entre problemas políticos, económicos, organizativos y cognitivos, principalmente (Matus, 1997, p. 41). Así el procesamiento tecnopolítico es proceso mediante el cual los actores realizan acciones relativas a su proyecto de gobierno –lo que reconocen como susceptible de procesamiento tecnopolítico-, moviéndose y equilibrando problemas de diversa naturaleza, en una combinación de juicios analíticos e intuitivos.

• El juego macroorganizativo: el cual es el marco fenoménico de “cualquier frontera espacial o político-institucional que cumpla con el requisito de agrupar varias organizaciones sin una autoridad jerárquica que las comande” (Matus, 1997, p. 167). En éste, cooperan y confrontan la totalidad de organizaciones presentes en un proceso concreto. Da cuenta de las relaciones entre estas, sin verlas en ningún momento desde una jerarquización plena.

3. METODOLOGÍA

El punto de partida de la metodología, al igual que el del marco conceptual, es la TJS, la cual parte de la idea que “explicar un problema es construir un modelo cualitativo de su gestación y tendencias, identificando cuales son los flujos, acumulaciones y reglas. Esto es extraordinariamente preciso y potente para entender la dinámica de gestación de un problema” (Matus, 2007, p. 275). Para la operacionalización del análisis se buscó dar cuenta principalmente de los conceptos de: a) procesamiento tecnopolítico y b) juego macro organizativo, que se ven atravesados por el concepto de c) gobierno y d) triángulo de gobierno, principalmente los subcomponentes de: proyecto de gobierno –para este caso, proyecto de reincorporación- y capacidad de gobierno. Ahora bien, articulado desde la trayectoria situacional, es decir la secuencia de marcos espaciales, temporales y relacionales.

El caso a investigar es la producción social de la RRN, donde la temporalidad del fenómeno abarca entre los años 2010 y 2020. Comprendiendo: a) la negociación de la Habana, abarcando su desenvolvimiento para dar con la firma tanto del Acuerdo del punto tres, como del Acuerdo en general; b) la implementación-producción normativa del punto tres del AF, que incluye la producción normativa constitucional, legal y técnica; y, c) su devenir en el proceso macroorganizativo, en el que se formula la RRN. Aunque haciendo una caracterización previa de: a) el conflicto cognitivo relativo al conflicto y su transición hacia la paz; b) las capacidades de los actores de conducir las secuencias de situaciones para darle viabilidad y decantar sus proyecciones, priorizando la capacidad política y organizativa; y c) los proyectos de reincorporación de los actores.

En el plano heurístico, se tuvo en cuenta distintos tipos de fuentes de información: a) documentos públicos, incluyendo la Biblioteca del Proceso de Paz, que incorpora las memorias de la Habana, además de elementos normativos - Ley 1421 del 2010; el Decreto 4138 del 2011; Actos Legislativos 01 del 2011, 01 del 2016 y 03 del 2017; Punto 3.2 del AF; Decreto 2027 del 2016; Decretos Ley 897-17 y 899-19; CONPES 3931- y programáticos -RRN con la Resolución 4309 del 2019-; b) entrevistas a personas que hicieron parte de las organizaciones que participaron, a: un ex militante del Movimiento Bolivariano –Entrevista 1-, una funcionaria de la Unidad Técnica de Reincorporación –Entrevista 2- y a un funcionario de la Subdirección de Seguimiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –Entrevista 3- ; c) documentos, libros y conferencias donde se da cuenta de la voz de los actores, su interpretación del problema y la trayectoria; y, d) la revisión de producción académica, tanto artículos, tesis, y libros, en la medida que fueron necesarios para la profundización principalmente de la caracterización del conflicto cognitivo y la caracterización de los actores.

En el plano hermenéutico, se partió de comprensiones cualitativas basadas en las sistematizaciones matriciales del proceso heurístico, que se hicieron buscando una traducción hermenéutica, que permitiese a la postre la operación conceptual. Donde los conceptos se vieron articulados principalmente por medio del flujograma situacional del método PES –Planificación Estratégica Situacional- y la matriz de motivaciones y afinidades[1]. La primera se constituye como:

un modelo diferenciador y relacionador de causas, y de éstas con los hechos que se pretende explicar porque verifican la existencia del problema. Para diferenciar describe y clasifica, y para relacionar establece conexiones causales y conexiones de sentido. Como el flujograma es una herramienta del análisis situacional, la primera distinción que hace esta técnica se refiere a identificar al actor que explica. Se trata de un modelo sistémico, causal y situacional cuyos enlaces mínimos entre sus variables son cualitativos, sin perjuicio de que algunas relaciones puedan tener precisión cuantitativa (Matus, 2007, p. 222).

Por su parte, la matriz de afinidades y rechazos indica:

las apreciaciones mutuas con que se califican los actores con independencia de las operaciones que promueven. Una matriz típica de afinidades y rechazos tiene la conformación simétrica mostrada. En esta matriz triangular el signo (-) significa rechazo, el signo (+) indica empatía o afinidad, mientras el signo (0) indica indiferencia o desconocimiento mutuo. Las letras A, M, y B indican la intensidad con que se manifiesta la afinidad o el rechazo. Así, A = alta, M = media y B = baja. (Matus, 1995, p. 114).

Lo anterior permitió realizar una reconstrucción articulada de la trayectoria situacional, dando cuenta de la producción social de la RRN, demarcando la evolución de los actores y su triángulo de gobierno. Esta reconstrucción es lo expuesto en el presente documento, el punto de llegada heurístico y hermenéutico, donde se hizo uso de las fuentes mencionadas procesadas con los conceptos ya expuestos. Buscándose exponer de una forma comprensible para el lector.

4. CONFLICTO COGNITIVO INHERENTE AL CONFLICTO POLÍTICO, SOCIAL Y ARMADO

El marco cognitivo de un actor es el mapa con el que se relaciona con la realidad, condiciona qué elementos problemáticos reconoce sobre los cuales orienta, u omite, sus acciones. Razón por la que, a través de la interacción de los actores, tanto cooperando como confrontándose, emergen conflictos cognitivos. Estos parten de “la diferenciación de lecturas sobre la realidad. Ocurre y se esclarece en el plano de la potencia y rigor de los argumentos, los valores y las convicciones” (Matus, 2007, p. 344).

Asimismo, con respecto al conflicto armado, su superación y al actor insurgente, se originó un conflicto cognitivo que se reprodujo tanto en la dimensión actoral-política como en la academia. Un ejemplo significativo es el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas –CHCV- (2015), el cual aconteció en el marco de la mesa de negociaciones de la Habana, y demarcó dos grandes polos de interpretación relativos principalmente al origen del conflicto.

Según Moncayo (2015, p. 107), relator del informe de la CHCV, uno de los polos[2] desarrolla una interpretación que omite elementos explicativos de carácter sistémicos, prevaleciendo elementos-circunstancias con un alto grado de autonomías, donde el conflicto se interpreta más en términos de confrontación armada. A ello, Pizarro (2015, p. 107), otro relator, señala que este polo prioriza interpretaciones basadas en el enfoque de Estructuras de Oportunidades Políticas, llegando a axiomas como que el origen del conflicto se produce por oportunidades para el actor guerrillero, como la ‘debilidad del Estado’ o la oportunidad de acceso de recursos de la criminalidad, estos desembocarían en la confrontación. Aquí, naturalmente, no existiría un actor insurgente sino criminal, por lo que la superación del conflicto pasa por la desaparición de dicho actor y la eliminación de éstas oportunidades.

En contraposición, siguiendo a Moncayo (2015, pp. 106-107), el segundo polo[3] parte de una interpretación no determinista, pero sí sistémica, relacionada al proceso del capitalismo como sistema socialmente existente, el cual tiene en Colombia unas especificidades concretas que se ligan al origen del conflicto social y armado, que a su vez se comprenden como producto de una acumulación histórica. Sin que esto signifique omitir la existencia de ‘unidades antrópicas subjetivadas’, quienes participan en los procesos históricos donde se configura la transformación y/o reproducción de dicho sistema, y de esta forma del conflicto.

Estos dos polos son coherentes con las interpretaciones contrapuestas entre los tres actores principales de la trayectoria de la producción social: la Coalición de la Unidad Nacional –CUN-, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP y el Partido Centro Democrático –PCD-. En relación a la CUN, la explicación del origen del conflicto se liga principalmente a la existencia de las guerrillas, y resulta problemático en la medida que limita las inversión extranjera (Santos, 2019, pp. 63-64). Marcando entonces una causalidad lejana temporalmente y una consecuencia cercana –durante la expansión de mercados en el neoliberalismo-, siendo ésta última el porqué de la relevancia de una posible superación del conflicto. Donde se reconoce un marco interpretativo coherente con la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática[4] –PCSD- (Pallares, 2017, p. 133), es decir, subordinado tanto el conflicto como la ‘paz’ a una idea de seguridad en el que se busca el sometimiento de la insurgencia, y por lo tanto, su desaparición como actor colectivo en el caso de una transición.

Por su parte, el PCD no poseía en su narrativa una interpretación que refiera al conflicto armado, sino que se hace referencia permanente de una ‘amenaza terrorista’ (Pizarro, 2015, pp. 336-337), en donde se marca una lógica amigo-enemigo promoviendo un nacionalismo ‘antifariano’ (Rodríguez, 2014, pp. 89-90). Asumiendo, de forma subyacente, la existencia del conflicto como semejante al estado de naturaleza hobesiano (Benítez, 2013, p. 57). Desde allí, más que superación del conflicto, se busca la anulación de la amenaza terrorista, incluyendo la desaparición del actor armado que no tendría derecho alguno.

Por parte, las FARC-EP interpretaban el conflicto desde una lógica de largo aliento, incluyendo la herencia de la condición colonial de Colombia (Arenas, 1985, p. 73) y la incapacidad de diversos gobiernos, desde la década de los 30’s principalmente, de dar solución a las conflictividades políticas, sociales y económicas (Arenas, 1990, p. 361)[5]. Donde se suma como marco la teoría de la Seguridad Nacional, desde donde se realizó el ataque a Marquetalia partiendo de una lógica anticomunista (Arenas, 1990, pp. 58-59). Todo ello acumulándose con diversos factores que marcaron la reproducción del conflicto: la violencia política, teniendo el genocidio de la Unión Patriótica en las décadas de los 80’s y 90’s, como caso significativo (Lozano, 2013, p. 171), y la conflictividad económica, tanto el conflicto sobre la propiedad, tenencia y uso sobre la tierra como de la desigualdad promovida por el ‘neoliberalismo’ (Delegación de Paz de las FARC-EP, 2013, pp. 8-23). Desde allí, superar el conflicto solamente es posible por medio de la transformación de esos elementos acumulados históricamente, que se interpretan como condiciones ‘objetivas’ y ‘estructurales’. Donde la negociación resulta un camino orientado hacia dicha necesidad.

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES

5.1 FARC-EP

Las FARC-EP se deben interpretar como una macro-organización en sí misma, en la medida que sí bien en lo enunciativo se puede derivar en caracterizaciones de tipo jerárquica, es preciso dar cuenta de un elemento contra intuitivo: las FARC-EP era una organización irregular y clandestina, en el marco de una confrontación permanente, por lo que se marcaba una fuerte descentralización operativa. Cúbides (2005, p. 43) da cuenta de esta dinámica como un sistema de planeación por objetivos, marcado por un principio red de redes que conjugaban elementos verticales y horizontales (Torrijos y Otálora, 2013, p. 95). Por lo que en el caso que se llegue a profundizar una caracterización de su genealogía organizativa, se denotaría un proceso progresivo de descentralización, articulación y diversificación de elementos organizativos, una suerte de entropía organizativa.

Esta lógica de articulación macro organizativa marcó la conjugación de tres tendencias internas, tal como señala Beltrán (2008, p. 72): a) la guerrilla en sí misma, es decir la fuerza militar; b) el Movimiento Bolivariano –MB-, relativo a estructuras clandestinas dentro del movimiento social; y, c) el Partido Comunistas Clandestino Colombiano –PC3-, que coordinaba a los dos anteriores. Donde se hace preciso dar mención al carácter trashumante permanente de la guerrilla (Arenas, 1990, p. 34), es decir, un cuerpo colectivo que transita por las montañas y selvas en convivencia plena, aunque se subdivida progresivamente en pequeños grupos –cuadrillas, frentes, etc.

Ahora bien, previo a la negociación de la Habana las FARC-EP se encontraba en una recomposición de su fuerza militar y en un crecimiento de sus estructuras del MB (FARC-EP, 2008). Con un proceso de profundización de sus descentralización operativa, actuando en pequeños grupos, y aumentando la guerra de guerrillas (Tovar, 2012, p. 20). Pero en una recomposición de su dirección nacional, debido a la pérdida, a partir del año 2008, de casi la mitad de su Secretariado[6]: Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Iván Ríos y el Mono Jojoy.

Por su parte, su proyecto de reincorporación apareció por primera vez en respuesta al Plan Nacional de Rehabilitación de 1986, en el que por medio del ‘Memorando del Estado Mayor de las FARC para el señor presidente Dr. Virgilio Barco’ (Estado Mayor de las FARC-EP, 1990) las FARC-EP plantearon la necesidad de reconocer el proceso de reincorporación como relativo a los combatientes, las familias y los territorios donde acontece el conflicto social. Lo que llevaría a una situación objetivo: normalización de la vida nacional, que significa el cese definitivo de la confrontación armada, la violencia política y la conflictividad económico-social. Éste sería el proyecto de reincorporación de las FARC-EP en las subsiguientes negociaciones: Tlaxcala en 1992, el Cagüan 1999-2002 y la Habana 2012-2016.

Aunque esta interpretación emerge de forma previa a la aparición del modelo de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR-, que adquiere relevancia internacional en la década de los 90’s y en Colombia en el año 2006, de cara al proceso de reinserción del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-. De allí, que, en la negociación de la Habana, la interpretación de la reincorporación y la situación objetivo de las FARC-EP apareciese en tensión con relación a este modelo de DDR promovido por la delegación del Gobierno Nacional, que a su vez tenía una episteme político-institucional acumulada en la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Aunque para llegar a esta situación objetivo de su proyecto de reincorporación, se postulaba la necesidad de: fortalecer tanto el movimiento social, como su capacidad de conducción en éste; y elevar su capacidad de gobierno aumentando sus acumulados políticos, lo que implicaba el fortalecimiento fenoestructural del MB en paralelo a la negociación. Lo anterior en tanto se buscaba producir, por medio de la movilización social, una interacción actoral que ampliase la producción normativa y organizativa, y no fuese un proceso de discreción meramente del Gobierno Nacional. Siendo este elemento de reincorporación-normalización, un objetivo intermedio dentro de sus objetivos estratégicos, en la medida que estos eran trasformaciones sistémicas y estructurales del sistema social.

5.2 Coalición de la Unidad Nacional -CUN-

La CUN resulta la heredera directa de la coalición que acompañó a Álvaro Uribe en su segundo periodo de gobierno 2006-2010, y fue liderada por el Partido de la Unidad Nacional –PdU- y Juan Manuel Santos. Se componía, durante los gobiernos 2010-2018 por los partidos: PdU, Cambio Radical –CR-, Partido Liberal –PL- y Partido Conservador –PC-. Llegando a tener conducción no sólo del Gobierno Nacional, sino también de un 76% de las curules del Congreso de la República (Correa, 2018). Teniendo unas mayorías parlamentarias únicamente semejantes con el periodo del Frente Nacional (Vargas, 2011, p. 11), aunque esto no pareció tener reflejo en las acciones normativas, dado que sólo durante los dos primeros años hubo una utilización significativa de dichas mayorías para la promulgación de leyes. Lo que no significa que luego no haya habido promulgaciones, solo que progresivamente aumenta la brecha entre las acciones promovidas y las erráticas. En donde para el segundo periodo de gobierno 2014-2018 se da una disminución de curules –de 75/102 en Senado a 65/102, y de 138/165 en Cámara de Representantes a 119/169- aunque manteniendo las mayorías.

Su característica organizativa es fundamentalmente alrededor de la práctica de gobierno, donde los partidos –sobre todo el PdU- cumplían una función de ‘caminos electorales’. Razón por la que luego de esta temporalidad de gobierno no es susceptible de ser reconocida dicha articulación-coalición organizativa. Siendo entonces una coalición circunstancial que mantenían una unidad ideológica principalmente en torno a un objetivo: ‘que el mercado funcione’, condicionando la toma de decisiones a la construcción de viabilidad para la reproducción no sólo del mercado en general, sino al paradigma central del desarrollo en lo particular (Puello-Socarrás y Gunturiz, 2015, p. 4). Con una interpretación autorreferente de tercera vía, entendiendo que:

no considera al Estado y al sector privado –mercado- como actores antagónicos, sino que los ve como aliados que pueden ayudarse mutuamente, para lograr la prosperidad social. Y se ha resumido con la frase sencilla pero contundente ‘El mercado hasta donde sea posible; estado hasta donde sea necesario’ (Santos, 2019, p. 67).

Donde, la interpretación de la negociación de paz se da en torno a un objetivo general del Gobierno era:

lograr el cierre del conflicto armado interno. Es decir, el cese permanente del conflicto, incluyendo la desmovilización, el desarme y la reinserción de las FARC‑EP. El Gobierno podría subsumir este objetivo práctico y concreto bajo otro más amplio y general: no solo la terminación del conflicto con las FARC‑EP, sino la no repetición del conflicto armado histórico. Es decir, el cierre de los ciclos de violencia que —al menos desde 1948— han significado la creación y reciclaje permanente de grupos armados al margen de la ley. La no repetición significa, entonces, que tras la negociación con las FARC‑EP (y con el ELN, en caso de que se unan más adelante) el Gobierno en el futuro no reconocerá ningún grupo armado más. (Delegación del Gobierno Nacional, 2017, p. 212).

Idea que subyace a la noción de lograr un desarme ‘lo menos costoso posible’, siendo principal el desarme y reinserción de las FARC-EP, aceptando otros elementos siempre y cuando se subordinen a esto. Donde se puede tener como referencia la Ruta de Reintegración del año 2011, producida de forma previa a la fase formal de la negociación, la cual se caracteriza por: centralización de la decisión en el Ministerio de Defensa; control de la población en reintegración, la cual tiende a procesos individualizados; inexistencia de lógicas colectivas; simplificación organizativa, con bajos costos fiscales que se limitan a un asistencialismo. La conjugación de esta Ruta y el objetivo general señalado, marcan el proyecto de reincorporación de la CUN, que demandaba una capacidad de gobierno relativamente baja, dada la austeridad desde la cual se propone.

5.3 Partido Centro Democrático

El PCD emerge en el contexto de la negociación de la Habana, y aparece como un actor también heredero del gobierno de Álvaro Uribe, identificado ideológicamente más a la derecha en términos ideológicos en relación a la CUN, a la cual acusaba de no seguir con la lógica de la PSD. Por lo que habrían distinciones principalmente alrededor de la cuestión de la ‘paz’, más no en términos de política macro-económicas donde se dan semejanzas, e incluso consensos (Rodríguez, 2014, pp. 95-99).

La diferencia principal radica sobre cómo se interpreta el tránsito de la confrontación hacia el sometimiento de la insurgencia, considerando que éste se debe dar por vía militar sin ceder elementos programáticos. Señalando que, como plantea Losada y Liendo (2016, pp. 44-51) la aparición del PCD se da en torno a dos objetivos principales: a) hundir el AF, o evitar el mayor número de elementos significativos de los objetivos de las FARC-EP; b) recomponer a la PSD como elemento unificador ideológico y de gobierno, reproduciendo así su condición fenoestructurada.

En las dos presentaciones electorales, 2014 y 2018[7], no lograron una mayoría parlamentaria -19/102 curules en Senado en el 2014 y 19/108 en el 2018, y 19/165 en Cámara en el 2014 y 32/172-. Pero fue suficiente para quedar segundo en la elección presidencial del 2014 y primero en el 2018, además de su victoria en el plebiscito del 02 de octubre del 2016, en donde lideraron la campaña del ‘No’. Ahora bien, logró construir una articulación simbólica, por medio de un discurso oracular, unilateral y paternalista (López, 2015, p. 5).

Su proyecto de reincorporación no se encuentra enunciado explícitamente, pero siguiendo los elementos propagandísticos en la campaña del plebiscito y sus subsiguientes planteamientos en la renegociación, se puede reconocer: una reintegración desde el DDR a la base guerrilla, sin una reincorporación política; acciones jurídico-punitivas a la dirección guerrillera; simplificación organizativa, no crear organizaciones nuevas; y, desarme sin condiciones. Donde al no tener un proyecto creativo como tal, su capacidad de gobierno requeriría ser lo apenas suficiente para evitar los elementos más importantes para la insurgencia, como la reincorporación colectiva y la reincorporación política. De allí, que a pesar de no tener mayorías en el congreso, podría realizar flujos de producción para torpedear la producción normativa.

6. EL JUEGO DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA RUTA DE REINCORPORACIÓN

Los tres marcos situacionales donde aconteció la producción social de la RRN, no se articulan solamente desde una lógica de secuencia temporal, sino que también son producciones de espacios relacionales diferenciados, que cuando se articulan –por los flujos de producción-, se conjugan junto a otros procesos y trayectorias que venían dándose. Así, por ejemplo, cuando la negociación produce el AF y se inicia la producción normativa en el campo político-institucional, en este segundo acontecían muchos elementos más que condicionaron la propia producción normativa. De forma semejante aconteció en el juego macro organizativo, donde sí bien la formulación directa de la RRN acontece tras la producción normativa, en este se daban otras trayectorias que determinaron el proceso de implementación del AF. Esto para evitar una interpretación que aparentase que este proceso de producción social aconteció de forma plenamente autónoma, sin relacionarse con otros procesos, y en una secuencia natural, como a veces se encuentran en los análisis que parten del ciclo de las políticas públicas.

Donde en cada marco situacional no sólo cambia la naturaleza de las producciones, una cosa es un acuerdo político como el AF, y otra un decreto; sino que sí se dan unas fronteras temporales marcadas, esto ocurre por las reglas existentes en cada momento de producción, más no por la naturaleza del proceso. Es decir, evidentemente era posible desencadenar una producción normativa relativa a la reincorporación, desde la lógica del AF, sin esperar la refrendación final, como también dar cuenta del proceso organizativo, aunque esto no haya acontecido.

6.1 Negociacion

Este fue el primer momento de la producción social, se compone por una macro secuencia situacional de tres sub-momentos: los acercamientos, la negociación como tal y la re-negociación. Para esta reconstrucción, se partió de tres de los documentos del proceso de negociación, sistematizados en los tomos de la Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP, principalmente los tomos I, II,VI y VIII, además de documentos propios de los actores.

6.1.1 Los acercamientos

En este sub-momento se construyó la viabilidad de la negociación, marcándose por una construcción de un canal de comunicación entre delegados del Gobierno Nacional y delegados de las FARC-EP. En este marco se dieron dos momentos principales de tensión: el primero acontecido tras el asesinato de Alfonso Cano, comandante en jefe del Secretariado; y el segundo, tras las primeras rondas de negociación en la que la delegación del gobierno buscaba priorizar en la agenda de negociación el DDR, mientras que FARC-EP omitía cualquier elemento relativo al desarme (OACP, 2018a, pp. 75; 255-259). Donde para superar estas situaciones se hizo importante la intermediación del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El principal producto de esta trayectoria es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera –AG-, el cual da cuenta: a) de la agenda a negociar –agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas-, incluyendo la reincorporación en el Fin del Conflicto y en relación directa a la dejación de armas, sin dar mención en principio al DDR; y b) de las reglas que iban a marcar el proceso de negociación (OACP, 2018a, p. 75). Resaltando las siguientes reglas: se negociaría fuera del país, en Cuba; nada sería acordado hasta que todo esté acordado; negociar en medio de la confrontación; lo que ocurra en la confrontación no influye en la mesa; participación de expertos en la mesa; confidencialidad de la negociación y recepción de propuestas desde Colombia como forma de participación.

6.1.2 La mesa de La Habana

La mesa funcionó formalmente entre septiembre del 2012 y agosto del 2016, aunque tras el plebiscito se hicieron otras rondas y reuniones. Se inició con el tema agrario, buscando generar confianza en la insurgencia, mientras en paralelo las FARC-EP anunciaba un cese unilateral al fuego y el Gobierno Nacional sostenía discursivamente el mensaje de ‘seguir combatiendo aunque se negocie, de cara a las Fuerzas Militares (OACP, 2018b, pp. 104-111). Aunque el inicio de la negociación relativa al Fin del Conflicto y la Reincorporación aconteció hasta mediados del año 2015, con la creación de la subcomisión técnica de dejación de armas y cese al fuego, que implicó de forma subyacente separar la cuestión de la dejación de armas de la reincorporación y la modificación de las reglas de la AG para ese caso concreto.

En la negociación del punto de Fin del Conflicto tuvo mayor peso la cuestión de la dejación y cese al fuego, tanto así que una vez acordado este punto -3.1- se aceleró el fin de la negociación en general, la cual no había llegado aún a acuerdos sobre reincorporación. Donde las primeras propuestas de FARC-EP entorno al Fin del Conflicto, expuestas a finales del año 2015, no llegaron a entrar en discusión. En dichas propuestas planteaban la creación de los Territorios de Paz donde ocurriría la reincorporación –la dejación sería solo tras la reincorporación, más no como requisito para ésta-, además que sería una figura semejante a una entidad territorial, es decir, una organización con funciones entorno a la gestión de conflictividades y con capacidades fiscales (OACP, 2018c, pp. 102-113).

Ahora bien, los elementos relativos a la reincorporación se acordaron en el último mes de la negociación, en el marco de un ‘cónclave’ que incluyó a miembros de alta dirección del Gobierno Nacional –principalmente el ministro del interior Juan Fernando Cristo y el ministro para el postconflicto Rafael Pardo- (CPSDP, 2019, pp. 237-240). Lo cual desembocó en: a) negociación más cercana a un ‘tire y afloje’, sin una producción normativa de sentido conjunto; b) una ambigüedad estructural que incorporó elementos discursivos de las FARC-EP, como normalización y reincorporación, sin una claridad en las orientaciones concretas haciéndola semejante en varios puntos con el DDR; c) se acordaron elementos ‘urgentes’ para los primeros años, relativos a una renta básica mensual, una asignación única de normalización, más las curules en el congreso de la república como reincorporación política; y, d) ‘dejando en el aire’ distintos elementos, en tanto se acordó que el grueso de la política de reincorporación, o los elementos de largo aliento, serían dependientes de un censo que se haría durante el proceso de dejación de armas, además de proyectos productivos.

Por su parte, para FARC-EP asumir la negociación en un contexto de confrontación y fuera del país, significó desembocar toda su capacidad organizativa a ésta. Razón por la que, por un lado, se da una centralización del Secretariado y el Estado Mayor Central en La Habana (De Currea, 2020, pp. 121-123), que marcó una brecha y falta de comunicación con relación a la base guerrillera que seguía combatiendo en Colombia (Castellanos, 2018, pp. 47-48). Mientras, por otro lado, se marcó una sobre carga de las estructuras del MB que impidió fortalecer la feno-estructuración y el acumulado político, donde un entrevistado planteó que:

Las direcciones del MB que estaban en los procesos de masas, del movimiento social, se dedicaron principalmente a la mesa. Eso hizo que, la gente, los procesos, muchas veces terminaran como subordinados, relegados a lo que se necesitara en la mesa. Aunque, uno va a ver y la participación quedaba como en cosas logísticas, como en el aire también, porque no había participación desde el movimiento social en la mesa. (Entrevista 1)

6.1.3 La renegociación

Tras la victoria del ‘No’ en el plebiscito de refrendación del 02 de octubre del 2016, por estrecho margen -50,21% vs 49,78%-, se realizó una renegociación ejecutada en dos grandes momentos: primero, unas rondas de dialogo con los voceros del No, sistematizando sus contra propuestas de cara al AF; y, segundo, la negociación e incorporación de esas propuestas en el AF. De allí se gestionó un nuevo Acuerdo, que para el caso de reincorporación implicó una única modificación, aunque con un peso significativo, que consistió en que la reincorporación solamente acontecería desde la organizaciones existentes, sin crear nuevas (OACP, 2018d, pp. 167-174). Lo que significaba limitar las organizaciones pensadas en el primer Acuerdo, como el Consejo Nacional de Reincorporación, que se volvería únicamente en una instancia de decisión-legitimación y representación del colectivo en reincorporación de las FARC-EP. Asimismo, incluye limitaciones frente a los gastos fiscales.

Ambos elementos simbolizaron una tensión en el procesamiento tecnopolítico, dado que implicó una omisión de regulaciones de gasto pensadas desde los objetivos del AF, y la emergencia entre un AF que en principio no seguía la lógica del DDR, aunque con una ambigüedad estructural, y un conjunto de organizaciones públicas que habían liderado dicho marco interpretativo y de acción.

6.2 Producción normativa

A razón que las reglas de la negociación evitaban iniciar producciones normativas sin la refrendación de lo acordado, se subutilizó la capacidad de gobierno de la CUN durante seis años y medio de gobierno, de los ocho que se gobernó. Dejando la producción normativa, que incluía Decretos, Leyes, Actos Legislativos, etc., para el contexto político en que los actores priorizaban sus cálculos electorales de cara a las elecciones y donde los intentos de acciones normativas disminuían. Es decir, no solo se congestionó la producción normativa a la última etapa del periodo de gobierno, sino que esto se dio en un marco donde entra a regular con gran peso el calendario electoral.

Esto hizo que diversos puntos del AF no tuvieran producciones normativas suficientes, como es el caso del punto de Reforma Rural –que representaba el 80% de las acciones del AF- y el de Drogas Ilícitas, en detrimento de las acciones que eran de mayor consenso por los diversos actores: la dejación de armas. Donde, salvo la reincorporación política, los demás elementos relativos a la reincorporación fueron producidos en el marco Decretos y Decretos Ley, razón por las que se encontraba en el marco de la gobernabilidad del Gobierno Central.

Esta producción normativa se dio en los primeros 180 días tras la refrendación, razón por la que no sólo FARC-EP pierde control sobre dicha producción dada su naturaleza –ya no es un acuerdo entre pares, sino normas de responsabilidad del Gobierno Nacional- sino también porque se da en paralelo al proceso de dejación de armas y la restructuración de cara al Nuevo Partido –instrumento de la reincorporación política-. Eso hizo que mientras se daba la producción normativa, FARC-EP vivía un shock organizativo (Entrevista 1) donde no sólo pierde la trashumancia de la fuerza guerrillera, sino que también simplifica su estructura de una macro-organización irregular y descentralizada, a una organización desde la lógica de los sistemas de partidos. Que para una organización ex clandestina significa la perdida en gran medida de representación política de sus bases.

Sumado a ello, el Censo Socioeconómico de Reincorporación –CSR- desde donde se desprendería la política de reincorporación a largo plazo, entregó su informe en el mes de julio del año 2017, en el último mes de la dejación de armas. Es decir, cuando ya se había acabado el periodo en que el Gobierno Central podía expedir Decretos especiales, razón por la cual el CSR no se vio reflejado en productos normativos. Aunque tampoco se hizo un intento de producción normativa con Decretos ordinarios, ni promulgación de normas legislativas, donde el Congreso de la República entraba en la última legislatura del gobierno de la CUN. Asimismo, se diezma el peso de la CSIVI –Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación- en la que participaba FARC-EP, con la sentencia 332 de 2017 que limitó su papel.

A razón de ello, el CSR no tuvo un peso significativo, donde inclusive en los indicadores del Plan Marco de Implementación –PMI- del AF, apenas aparecen dos indicadores relativos a la reincorporación, cada uno llamado: “Medidas para la reincorporación social y económica con base en el censo socioeconómico” (DNP, 2018a, p. 92), diferenciando únicamente que uno cubre los años 2017-2018, y el otro 2018-2026, reproduciendo así la lógica ambigua ya presente en el AF. Asimismo, este PMI: responsabilizó de este proceso a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la cual había nacido en los marcos de los procesos del DDR[8] y había promovida la Ruta de Reintegración del 2011; y delimitó un techo fiscal austero y conservador, donde el costo de quince años de implementación sería de apenas 128 billones de pesos, siendo la reincorporación menos del 1% PIB a esos mismos años.

Esta ambigüedad frente al CSR se profundizó en el CONPES 3931 (DNP, 2018b) y el Plan de Desarrollo del Gobierno del PCD y su respectiva coalición, que sucedió en el año 2018 al de la CUN. El primero creó un paralelo normativo al PMI, aportando más acciones e indicadores, pero sin los elementos especiales del PMI, como lo son: a) el seguimiento especial; b) el rango constitucional; y, c) responsabilidad fiscal. Mientras el segundo, omitió la totalidad de los indicadores del PMI, justificando de forma explícita que los indicadores propios de su Plan valdrían también por los del PMI, pasando ya no solo de una ambigüedad estructural sino condicionando ahora una simulación, también estructural. En términos concretos, significa la omisión en primera instancia de los elementos reconocidos en el CSR, como elementos susceptibles de procesamiento tecnopolítico.

6.3 Juego macro organizativo

De cara al juego macro organizativo es importante caracterizar que, si bien durante su último año y medio de gobierno la CUN participó en el proceso de implementación y el juego macro organizativo, dicha participación se limitó principalmente a los elementos urgentes como: la dejación de armas y la reincorporación política. Donde, durante el último semestre de gobierno, no realizó acciones organizativas significativas –más allá de lo urgente-, a razón que fue errática su reforma de ley de garantías[9] para el caso especial de las organizaciones que implementarían el AF. De allí que hasta la segunda mitad del año 2018 se inició el proceso de conformación de los equipos y unidades organizativas encargadas de la formulación programática (Entrevista 2) En dicha brecha de tiempo de un año desde la dejación de armas y la entrega del CSR, se dieron diversos procesos políticos que condicionaron el juego macro-organizativo, como lo son la emergencia de la disidencia, la victoria e inicio de gobierno del PCD.

Ahora bien, según el Decreto 897 del 2017 se creaba la Unidad Técnica de Reincorporación –UTR-, al interior de la ARN, y sería la encargada principal de la formulación de la Política Nacional de Reincorporación, la cual sería la política de reincorporación de largo plazo que se encontraba demandada en el AF, el CONPES 3931 y el PMI. Aunque desde su fenoestructuración tendría una limitante, en la medida que su diseño no dependió de las necesidades señaladas por el CSR, sino como un paralelo de la ARN (M. Puentes, comunicación personal, 2022), la cual se diseñó desde la lógica del DDR. Esto demarca un conjunto de asimetrías en el ejercicio de trabajo, tanto en la relación UTR-ARN, como en la relación Componente FARC-CNR y Componente Gobierno-CNR, dado que de la UTR se desprende parte del equipo de CNR-FARC y de la ARN del CNR-Gobierno. Esto se materializa en:

la conformación de equipos, por ejemplo, en el área donde yo trabajo pues estamos más o menos 28 personas trabajando, la subdirección de seguimiento, por el lado del componente FARC hay una persona de seguimiento. Que sería como el par, pero obviamente hay unas asimetrías muy complicadas. O sea, por un lado, hay una restricción del acceso a la información, pero también por el otro lado pues es que físicamente también están muy menguados, pues porque una cosa es una equipo, varios equipos de hecho, que funcionan en la subdirección de seguimiento, frente a lo que pueda hacer una persona que hace parte del componente FARC. Básicamente lo único que puede hacer allí es hacer solicitudes de información y pues esperar que se le entreguen, pero no hay tampoco la capacidad física, técnica y operativa para poder hacer unos ejercicios de análisis similar a los que hacen este caso, digamos la subdirección de seguimiento. Y así pasa digamos que casi con todos los componentes, el componente comunidades mientras es un equipo fuerte en la ARN en el equipo de comunidades de la UTR y el componente FARC son muy pocas personas, como unas cuatro o cinco personas. Entonces, en el tema socioeconómico es aún mayor la diferencia, o sea, mientras hay una unidad en la ARN para trabajar todo el tema de fortalecimiento productivo, por el lado del componente FARC básicamente son una o dos personas allí acompañando ese proceso. Entonces las asimetrías van por todo lado, y eso pues obviamente se refleja en la incidencia que pueda tener el componente FARC o la UTR en las decisiones en términos de política, de plantes, de proyectos, que se desarrollen por parte de la ARN (Entrevista 3).

La omisión del CSR no aconteció únicamente hacia el diseño organizativo, sino que también hacia los elementos misionales de la organización. Tanto así que no fue entregado a la UTR, limitándose a justificar, por parte de la ARN, una presunta condición errática; mientras que CNR-FARC legitimaba dicha decisión, a causa de tensiones políticas con personas encargadas de realizar el CSR, por parte de la Universidad Nacional. Una entrevistada planteaba que:

cuando yo entré, lo que sí se decía del Censo, uno es que…bueno, por eso es importante que esto quede en el anonimato, pero uno por parte de componente –FARC- es que habían discusiones políticas con quien estaban liderando, o quienes lideraron la construcción del Censo, digamos que no eran muy fundamentadas para mí, yo no le entendía muy bien pero un poco, uno, como que había quedado mal hecho, simplemente por la persona quien, o por las de las personas que conformaron el equipo que lo lideraron (…) –y- lo que se decía –ARN- en ese momento luego cuando llegué es pues que el censo no había sido lo suficientemente riguroso y pues que no se compartía un poco, lo que algunas estaban diciendo, dos, y tres que no…no había sido una información abierta para poder construir la política. O sea, eso era fundamental tener digamos una cantidad, la información cuantificada y cualificada de los resultados de ese censo, para poder diseñar las diferentes estrategias, programas, planes y proyectos de la reincorporación (Entrevista 2)

Ahora bien, tras hacer revisión del CSR, se puede plantear que para la ARN éste no era traducible desde sus formas de planificación normativa y funcionamiento organizativo, puesto que el CSR demandaba un conjunto de políticas y acciones de tipo estructural, dado que reconocía no sólo a las FARC-EP como una comunidad compleja, sino que caracterizaba sus condiciones desde el marco de caracterización de éstas como parte de la comunidad campesina –una macro comunidad-. Así, el conjunto de políticas que proponía –sobre todo en términos productivos, educativos, culturales, salud, etc- eran orientados hacia las comunidades y territorios. Es decir, más no productos de apropiación individual, que era lo acostumbrado por la ARN. Por ello se intuye que la razón subyacente que motivó la omisión del CSR fue: primero, evitar cargas organizativas, se primaba la reproducción organizativa de la ARN; segundo, demandaba elementos que no eran susceptibles de producción desde las lógicas de planificación normativa de la ARN, tendiente a productos de apropiación individual; tercero, eran políticamente contrarios al objetivo de ‘extinción’ de la insurgencia, puesto estas políticas llevarían al fortalecimiento del actor en reincorporación; y cuarto, demandaba unos costos fiscales contrarios a la austeridad y proyección conservadora propuesta.

Tras la omisión del CSR, la ARN planteó una ‘actualización’ por medio del Registro Nacional de Reincorporación –RNR-, el cual llegó a tener varios errores metodológicos, dados por: primero, la premura en la que fueron elaborados –antes de la llegada de los nuevos funcionarios de la UTR-, y segundo, la natural dificultad de acceso a la información. Es decir, mientras el CSR fue elaborado en el marco de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización –ZVTN- estando todos los combatientes reunidos, el RNR se elaboró ya con una población en reincorporación dispersa territorialmente y sin un control en cómo se levantaba la información. El entrevistado Marlon Puentes, señala con respecto a esto que:

El registro nacional de reincorporación, cuando yo entré, inclusive, tuve algunas objeciones frente a ese instrumento, me parecía que tenía algunas contradicciones y algunos problemas de consistencia interna, pero efectivamente cuando yo llegué ya estaba montado el instrumento, ya estaba en proceso de aplicación. Básicamente cuando yo entré, justo ya habían hecho una prueba piloto y ya estaban en el ejercicio del levantamiento de información. Un poco el pretexto de ese proceso de levantamiento de información era que, era necesario actualizar la información, adelantar un ejercicio más completo de caracterización que contemplara o incluyera variables de carácter socioeconómico, que tal vez no estaban incluidas en el Censo… (…) otro elemento que me hizo dudar del proceso y en su momento lo planteé, es que el levantamiento de información no tenía un proceso de supervisión en campo, sino que era muy casi que discrecional al arbitrio de la persona que estaba haciendo el ejercicio de la reincorporación, el profesional de reincorporación en su momento, entonces yo sentía que esa información que se estaba levantando de pronto carecía de controles, controles en términos de la calidad proceso de recolección y pues obviamente confiabilidad, que en su momento yo decía “pero cómo sabemos sí lo que están consignando en esos instrumentos efectivamente fueron aplicados a las personas en proceso de reincorporación y no son, como en algunos casos, pasa con estos procesos de levantamiento de información que se pueden inventar la información (Entrevista 3).

A esto se le suma que estructuralmente el RNR no reconocía comunidades o colectivos, sino individuos. Lo que lo hacía funcional a la planificación y organización propia de la ARN, y del modelo del DDR. Ahora bien, es desde aquí, esta información y omisión del CSR, que se elabora la Ruta de Reincorporación, la cual no estaba presente ni en el PMI, ni el CONPES 3931. Casi que, limitando la Política Nacional de Reincorporación a dicha ruta, la cual se expidió a finales del año 2019, a tres años del AF y dos de la dejación de armas. Su caracterización es fundamentalmente del DDR.

Así, la RRN se caracteriza por:

• basa su orientación de educación a lógicas de educación técnica, tecnológica y para el trabajo, con una asignación de tipo individual;

• busca ‘promover’ la gestación de fuentes de recursos económicos para la sostenibilidad, es decir sin compromiso directo;

• entiende que hay sostenibilidad económica cuando: 1) se recibió apoyo en la formulación de un proyecto productivo, 2) cuando se recibió apoyo técnico para la gestión financiera, 3) cuando pertenece o perteneció a una forma asociativa de economía solidaria. O cuando el reincorporado consiga empleo. Donde para los proyectos colectivos se valen las tres primeras, y los individuales las primeras dos. Dejando de lado la capacidad de reproducción de condiciones económico políticas de existencia como variable o indicador, dado que de forma subyacente esto sería responsabilidad del reincorporado quien debería jugar lo mejor posible.;

• en relación al entorno al habitad y vivienda, es semejante a los elementos previos, donde se apoyará y acompañará las gestiones para garantizar la vivienda y habitabilidad, entendiendo que ésta se cumplió cuando 1) se tiene acceso a condiciones mínimas –servicios públicos-, 2) la formalización del uso o tenencia de vivienda –es decir implícitamente no da cuenta de la variable de la propiedad- y 3) beneficiario de programas de apoyo –subsidios- de vivienda del Gobierno Central;

• en relación a la salud, se limita a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, omitiendo las condiciones genosituadas del sistema de salud. Asimismo, se reconocen componentes psicosociales, comunitarios y de familia, los cuales se interpretan como cumplidos cuando se haya participado en ofertas, que se materializan hasta en horas de formación.

Donde, para tener acceso a la Asignación de Reincorporación, la Renta Básica o la Asignación Mensual[10], debe participarse en un conjunto de actividades de la Ruta, lideradas por la ARN y en comunicación directa con los profesionales de ésta, es decir como una suerte de lógica de “saber que el reincorporado no está haciendo nada malo” (Entrevista 2). Esta dinámica permite, primero: tener control directo de la persona en reincorporación, profundizando la individualización del colectivo; segundo, sostener resultados, en la medida que los reincorporados al buscar la asignación estarán ligados a la Ruta, que es presentada como exitosa; y tercero, es coherente con el modelo fiscal colombiano, sosteniendo una austeridad en infraestructura, pero reproduciendo una lógica bélico-asistencial.

Todo ello, en el contexto de la pérdida progresiva de capacidad de gobierno por parte de las FARC-EP, que conlleva a una subsunción sistémica del actor insurgente desde una lógica contingente, profundizando la desestructuración del colectivo. La cual se materializa con un actor insurgente diluido y en progresiva dispersión, que no sólo tiene un efecto macro organizativo; sino que implica también la pérdida de un conocimiento acumulado por la insurgencia, dinámica fortalecida por la lógica unilateral desde las organizaciones públicas para con el colectivo en reincorporación. Con un proceso de apropiación discursiva, incluyendo elementos como la reincorporación o la normalización, pero sin el marco cognitivo desde donde la insurgencia lo construyó.

Esto produce también una incapacidad de reconocimiento de conflictos territoriales para un posible procesamiento tecnopolítico, además de no buscar la superación del conflicto armado sino limitarse a la desaparición de las FARC-EP como guerrilla. Allí, ni los indicadores ni los objetivos de la Ruta se condicionaron para el reconocimiento del conflicto armado en su nueva fase, que tiene implicaciones como la omisión de acciones orientadas para el genocidio de la población excombatiente, priorizando el control individualizado de estos más no de su seguridad. Por lo que incluso podría verse como un control biopolítico con implicaciones necro-políticas, un control de los cuerpos con efectos de inseguridad física, ahora ello amplía la discusión más allá de lo propuesto por el presente artículo por lo que no se aborda en el presente documento.

7. CONCLUSIONES

El proceso de la producción de la Ruta de Reincorporación de las FARC-EP se caracterizó por una tendencia de omisión de elementos estructurales para el procesamiento tecnopolítico, por parte del Gobierno Nacional. Esto se denotó tanto en la negociación de la Habana que no acordó propuestas como los Territorios de Paz, como también en la omisión del Censo Socioeconómico de Reincorporación. De allí, que la ambigüedad estructural en el plano normativo del AF, permitió llegar a un acuerdo que mantuvo la posibilidad de una reproducción del modelo del DDR.

Esta ambigüedad tendió hacia el DDR en dos momentos, primero durante la renegociación, y los nuevos elementos consignados en el AF; y después, en el marco del juego político-institucional y macro organizativo donde al no tener flujos de producción más allá de lo enunciativo, se da una reproducción desde lo ya existente. A esto se le sumó la pérdida progresiva de la capacidad de gobierno de FARC-EP, que era el único actor que necesitaba un fortalecimiento de sus recursos políticos para dar con su situación-objetivo, puesto que la CUN necesitaba únicamente los necesarios para dar con la firma y desarmar a la insurgencia –más no implementar- y el PCD en evitar los elementos de la situación objetivo de las FARC-EP. Por lo que a través de las situaciones las posibilidades proyectadas por FARC-EP fueron perdiendo probabilidad de producirse, que a su vez eran la única alternativa enunciada al modelo de DDR.

Esto último lleva también a una conclusión de tipo teórica, donde la producción de una acción pública se condiciona también por el conjunto de posibilidades, proyectos de diversos actores, que van perdiendo probabilidad de su producción. Esto demanda entonces una caracterización de las acciones-políticas públicas como un campo de producción social en sí mismo, donde, los actores se producen así mismos por medios de sus producciones. Como, por ejemplo, la misma reincorporación –que era situación objetivo- produjo un shock organizativo de parte de la insurgencia, que modificó no sólo su fenoestructuración como actor, sino que imposibilitó modificaciones significativas al producto: la Ruta de Reincorporación.

Por su parte, y de cara a la nueva etapa de la confrontación armada –dado que la reincorporación sólo modificó la fenoestructuración de la confrontación-, la RRN y el RNR resultan limitados a la hora de gestionar conflictividades. Haciéndose necesario transformaciones normativas, macro organizativas y fiscales, superando tanto la ambigüedad como la simulación estructural. En donde se creen capacidades de reconocimiento de problemas susceptibles de procesamiento tecnopolítico, es decir, sistematizar un conocimiento de lo que acontece en los territorios donde se reproduce la conflictividad armada para luego producir las acciones-políticas públicas necesarias. Las cuales no deberían limitarse a un control sobre la población en reincorporación, sino hacia la gestión de conflictividades y la transformación genoestructural de los territorios.

8. REFERENCIAS:

Arenas, J. (1985). Cese al Fuego, una historia política de las FARC. Editorial la Oveja Negra.

Arenas, J. (1990). Paz, amigos y enemigos. Editorial la Oveja Negra.

Beltrán, A. (2008). FARC-EP: una reflexión sobre su organización política y militar. En C. Medina (Ed.), FARC-EP Temas y problemas nacionales 1958-2008. Universidad Nacional de Colombia.

Benítez, S. (2013). Dos modelos de democracia en Colombia: El uribismo y su modelo. Universidad Nacional de Colombia.

Castellanos, H. (2018). Un día después de la guerra. LaImprenta.co.

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Alta Consejería para la Paz.

Correa, J. (2018). El auge y caída de la Unidad Nacional. Congreso Visible.

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. (2019). ¿Cómo se logró el acuerdo de paz con las FARC?. Universidad Nacional de Colombia.

Cúbides, F. (2005). Burocracias armadas. Editorial Norma.

De Almeida, F., Araujo, M. C., y Kruter, R. (2017). A produção social da organização do transporte coletivo urbano rodoviário de Porto Alegre 2012-2014. Revista de Administração Pública, Volumen 51, Número 3, 348-368.

De Currea, V. (2020). Cómo se negoció la paz. Lecciones aprendidas del proceso Gobierno-FARC. Ediciones Aurora.

De Zubiría, S. (2015). Dimensiones políticas y culturales en el conflicto. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 194-247). Alta Consejería para la Paz.

Delegación de Paz de las FARC-EP (2013). ¿Habrá paz en Colombia? Editorial Ocean Sur.

Delegación del Gobierno Nacional (DGN) (2017). Documento preparatorio: Una estrategia para «el cierre». En Alto Comisionado para la Paz, Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP Tomo 1: Inicio del proceso de paz (pp. 212-223).

Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2018a). Plan Marco de Implementación. Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018b). Política Nacional para la reincorporación social y económica de exintegrantes de las FARC-EP.

Duncan, G. (2015). Exclusión, insurrección y crimen. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 248-289). Alta Consejería para la Paz.

Estado Mayor de las FARC-EP. (1990). Memorando del Estado Mayor de las FARC para el señor presidente Dr. Virgilio Barco. En J. Arenas (Ed.), Vicisitudes del proceso de Paz (pp. 31-52). Editorial la Oveja Negra.

Estrada, J. (2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 290-351). Alta Consejería para la Paz.

Fajardo, D. (2015). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 352-406). Alta Consejería para la Paz.

FARC-EP. (2008). Plan Renacer. FARC-EP.

Giraldo, J. (2015a). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 407-450). Alta Consejería para la Paz.

Giraldo, J. (2015b). Política y guerra sin compasión. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 451-497). Alta Consejería para la Paz.

López, F. (2015). El gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2015: Cambios en el régimen comunicativo, protesta social y proceso de paz con las FARC. Análisis Político, (85), 3-37.

Losada, R., y Liendo, N. (2016). El partido “Centro Democrático” en Colombia: Razones de su surgimiento y éxito. Análisis Político, (87), 41-59.

Lozano, C. (2013). La paz sí es posible. Editorial Izquierda Viva.

Matus, C. (1980). Planificación de Situaciones. Fondo de Cultura Económica.

Matus, C. (1995). Estrategias Políticas. Fundación Altadir.

Matus, C. (1997). Los Tres Cinturones de Gobierno. Gestión, Organización y Reforma. Fundación Altadir.

Matus, C. (2007). La Teoría del Juego Social. Universidad de Lanús.

Molano, A. (2015). Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 541-598). Alta Consejería para la Paz.

Molano, A. (2017). Trochas y Fusiles. Penguin Random House Grupo Editorial.

Moncayo, V. (2015). Hacia la verdad del conflicto: Insurgencia guerrillera y orden social vigente. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 99-193). Alta Consejería para la Paz.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). (2018a). Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP. Tomo I: Inicio del proceso de paz, la fase exploratoria y el camino hacia el Acuerdo General (Vol. 1).

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). (2018b). Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP. Tomo II: Instalación de la mesa de conversaciones, inicio de los ciclos de conversaciones y la discusión del punto 1. (Vol. 2).

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). (2018c). Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP. Tomo VI: La discusión del punto 3, Fin del Conflicto (Vol. 6).

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). (2018d). Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP. Tomo VIII: De la refrendación al Acuerdo del Colón. El plebiscito, el Gran Diálogo Nacional, el Acuerdo Final y su refrendación.

Pallares, L. (2017). Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: Tratamiento del conflicto armado en Colombia. Ciencia y Poder Aéreo, (12), 126-135.

Pecaut, D. (2015). Una lucha armada al servicio del statu quo social y político. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 599-651). Alta Consejería para la Paz.

Pizarro, E. (2015). Una lectura múltiple y pluralista de la historia. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 5-98). Alta Consejería para la Paz.

Puello-Socarrás, J., y Gunturiz, A. (13 de julio de 2015). ¿Tercera vía para la Paz o la paz para la tercera vía neoliberal en Colombia? XI Jornadas de Sociología. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

Rodríguez, G. (2014). Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha? Revista Nueva Sociedad, (254), 84-99.

Santos, J. M. (2019). La Batalla por la Paz. Editorial Planeta.

Torrijos, V. (2015). Cartografía del Conflicto: Pautas Interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 652-696). Alta Consejería para la Paz.

Torrijos, V., y Otálora, J. (2013). Estructuras en acción: Las FARC-EP como red de redes. Perspectivas Internacionales, 9(2), 92-127.

Tovar, P. (2012). Cambio de estrategia política y militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Universidad del Rosario.

Vargas, A. (2011). El gobierno de Juan Manuel Santos y su política de seguridad y defensa. Ciudad Paz-ando Bogotá, 4(2), 9-23.

Vega, R. (2015). Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 697-761). Alta Consejería para la Paz.

Velásquez, C. (2011). La esquiva terminación del conflicto armado en Colombia, una mirada político estratégica a la confrontación con las Farc durante las tres últimas décadas. La Carreta Editores.

Wills, M. (2015). Los tres nudos de la guerra colombiana. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (Ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 762-806). Alta Consejería para la Paz.

Anexo 1

Tabla 1
Flujograma de Producción Social Ruta de Reincorporación

En la presente Matriz de izquierda a derecha está el nivel de estructuralidad: genoestructuras, fenoestructuras y flujos de producción. Y de arriba abajo el nivel de control del actor frente a los elementos: Control, influenciable y fuera de juego. Teniendo en cuenta que está elaborada a partir de la perspectiva del actor de las FARC-EP.

Notas

Notas de autor

Información adicional

Como citar / citation: Barragán, J.C. (2023). Producción social de la ruta de reincorporación de las FARC-EP, subsunción sistémica y reproducción de la conflictividad armada. Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana, Volumen 4, Número 7, 89-111. https://doi.org/10.5377/rlpc.v4i7.14873