EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

El papel de la economía digital en América Latina y el Caribe a casi 50 años de La Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional

The role of the digital economy in Latin America and the Caribbean nearly 50 years after the Declaration on the Establishment of a New International Economic Order

Németh Lesznova, Georgina

Georgina Németh Lesznova

ginanemeth75@gmail.com

Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García,” La Habana, Cuba. Cuba

Política Internacional

Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", Cuba

ISSN: 1810-9330

ISSN-e: 2707-7330

Periodicidad: Trimestral

vol. 5, núm. 3, 2023

politicainternacionaldigital@gmail.com

Recepción: 17 Junio 2023

Aprobación: 17 Junio 2023

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/332/33242673324267003/

Autor de correspondencia: ginanemeth75@gmail.com

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: Como parte de los contradictorios mecanismos inherentes al orden económico del mundo, el vertiginoso desarrollo tecnológico de las últimas décadas propició que la economía digital llegara a desempeñar un creciente papel en el comercio de bienes y servicios a nivel mundial. La Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, adoptada por la Asamblea General de la ONU en mayo de 1974, afirmó que los beneficios del progreso tecnológico no eran compartidos equitativamente por todos los países del mundo y responsabilizó al orden económico global vigente en ese entonces por la ausencia de un desarrollo uniforme y equilibrado. Ciertamente, durante los 50 años transcurridos desde la aprobación de esa Declaración, el acceso a la mayoría de las tecnologías y patentes sigue siendo, principalmente, un privilegio de los países más desarrollados. El rezago de América Latina y el Caribe en las nuevas tecnologías, incluido, en el ámbito del uso de la economía digital para el comercio, constituye una evidencia de esa creciente brecha de desigualdad. No obstante, aprovechar las potencialidades del fomento de la economía digital pudiera representar también oportunidades para los países de esa región en su bregar por vencer metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Palabras clave: economía digital, desarrollo, desigualdad, América Latina y el Caribe.

Abstract: As part of the contradictory mechanisms inherent to the international economic order, the dizzying technological development of the last decades has led the Digital Economy to play a growing role in the global trade of goods and services. The Declaration on the Establishment of a New International Economic Order, adopted by the UN General Assembly in May 1974, affirmed that the benefits of technological progress were not shared equally by all members of the international community and blamed the current international economic order at that time, due to the absence of the uniform and balanced development of the international community. Certainly, during the 50 years that have elapsed since the approval of that Declaration, access to the bulk of technologies and patents continues to be, mainly, a privilege of the most developed countries. The lag of Latin America and the Caribbean in new technologies, including, in the area of the use of the digital economy for trade, constitutes evidence of this growing inequality gap. However, taking advantage of the potential of promoting the digital economy could also represent opportunities for the countries of that region in their struggle to meet the goals of the Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 Agenda.

Keywords: digital economy, development, inequality, Latin America and the Caribbean.

INTRODUCCIÓN

La Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, adoptada por la Asamblea General de la ONU en mayo de 1974, denunció que los países en desarrollo, que constituían el 70 % de la población mundial, recibían únicamente el 30 % de los ingresos totales del planeta. Asimismo, afirmó que los beneficios del progreso tecnológico no eran compartidos equitativamente por todos los miembros de la comunidad internacional y responsabilizó al orden económico global vigente en ese entonces, por la ausencia del desarrollo uniforme y equilibrado.

Durante los casi 50 años transcurridos desde esa magna Declaración, la referida brecha de desigualdad se ha acentuado aun más, máxime, durante el período más crítico de la COVID-19. Como consecuencia, una minoría de la población más rica del planeta, incrementó con creces sus fortunas en plena pandemia, mientras que cientos de millones de personas, entraron en situación de pobreza y pobreza extrema. Según un estudio de la OXFAM (OXFAM, 2023), para el año 2023, el 1% más rico acumula casi el doble de riqueza que el 99% de la población mundial, tan solo en los últimos dos años. El informe revela que 95 grandes empresas de energía y alimentación han duplicado sus ganancias en 2022, beneficiando a sus ricos accionistas. Mientras tanto, al menos 1700 millones de trabajadores viven en países donde el crecimiento de la inflación se sitúa por encima del nivel de los salarios y más de 820 millones de personas (aproximadamente uno de cada diez) pasan hambre. El Banco Mundial reconoció que podríamos estar ante el mayor incremento de desigualdad entre países y la pobreza desde la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto sumamente adverso, los países en desarrollo han debido enfrentar la contracción de sus economías, el aumento del déficit fiscal, el enorme peso de la deuda externa, la disrupción de las cadenas de suministros, el incremento exorbitante de los precios y fletes, la inseguridad alimentaria, así como el crecimiento del desempleo y de los niveles de pobreza (Rodríguez Parrilla, 2022).

Todo eso resulta ser lógico, ya que, el actual orden económico mundial, como conjunto de estructuras y mecanismos que rigen el funcionamiento del sistema internacional, sigue basándose en la hegemonía de la burguesía transnacional, igual que 50 años atrás. Esos mecanismos, se rigen por el sistema de producción, acumulación y consumo capitalista, sustentado por la fuerza y el empleo de los métodos cada vez más diversos y sofisticados del imperialismo.

De eso emana que, en el actual contexto global, el carácter cada vez más intenso y sofisticado de la competencia tecnológica y financiera del capitalismo incida de manera muy aguda sobre la división internacional del trabajo y sobre el desarrollo socioeconómico de las naciones del Tercer Mundo. Por todo ello, ningún Estado –sea del Norte o del Sur- puede permanecer impasible ante el cambio tecnológico (Molina Molina, 2010). Por tanto, el papel de la economía digital en el comercio mundial, constituye un desafío multidimensional para la consecución de los ODS de la Agenda 2030. Su análisis, en el contexto de los problemas del desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC), no puede desconectarse de la interrelación existente entre las tecnologías, el capital y el trabajo.

Sin embargo, muy lejos de una situación deseada, la brecha digital (el desigual acceso a internet y a las TIC), afecta al 52% de las mujeres y al 42% de los hombres a nivel mundial. Según datos del portal World Stats de mayo de 2020, la penetración de internet era del 39,3% en África, 94,6% en América del Norte, 55,1% en Asia o el 87,2% en Europa (Pascual, E., 2022). Esto lo ejemplifica también el Informe sobre desarrollo mundial del Banco Mundial (BM), según cuyos datos, el consumo per cápita de internet en los países más ricos en 2021 era 30 veces mayor al de las economías con los ingresos más bajos. La propia entidad (BM) reconoce que incrementar el acceso a la web y aprovechar el poder de los datos es clave para el desarrollo.

El rezago de la región de América Latina y el Caribe en las nuevas tecnologías, constituye una evidencia de las brechas de desigualdad existentes en el ámbito de la economía digital. Sin embargo, como portadora de nuevas tecnologías en el contexto actual, la economía digital tiene potencialidades para ser utilizada en función de las masas populares y para contrarrestar la explotación de la clase trabajadora, en aras de producir la tan necesaria transformación estructural que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas requieren.

Es por todo lo anterior que el presente trabajo tiene como objetivo aproximarse al papel de la economía digital en el contexto de los problemas del desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC), a la luz de la necesidad de un nuevo orden económico mundial. Se hace especial énfasis, además, en el impacto del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba para el desarrollo de este sector de la economía y sociedad cubana.

DESARROLLO

La tecnología, como componente inseparable de la economía digital, no deja de ser un instrumento de la lucha de clases.

Ello se evidencia en las importantes brechas que siguen existiendo en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y su uso a nivel mundial, así como entre y al interior de muchos países. Por tanto, el acceso universal, justo y equitativo a ellas, no es ni puede ser indiferente. Pero si no se tiene la capacidad para crear o acceder a estos adelantos no es posible seguir los cambios estructurales en la economía mundial (Baró Herrera, 1997).

Actualmente, los países subdesarrollados ven sometida su capacidad de cambio tecnológico a la reproducción del capital transnacional. Aun cuando los países subdesarrollados se industrialicen hasta cierto punto, no acceden fácilmente a las tecnologías más avanzadas (Molina Molina, 2010). Su causa radica en que, debido a la hegemonía del modo de producción, acumulación y consumo capitalista y, en especial, su variante neoliberal, las empresas globales también tienen acceso privatizado al capital ajeno vía mercado financiero, lo cual garantiza también el monopolio de la generación tecnológica.

La mayoría de las innovaciones tecnológicas son el resultado de las investigaciones emprendidas por las empresas transnacionales o entidades a su servicio. Los adelantos modernos están siendo cada vez más protegidos por los países desarrollados y sus empresas en constante proceso de expansión allende las fronteras nacionales, que son quienes lo generan. Por ello urge un compromiso político al más alto nivel para eliminar la brecha digital entre y dentro de los países y regiones. Aunque algunos polos emergentes tienen importantes avances. No obstante, unas pocas plataformas digitales globales de los Estados Unidos y China están acaparando la mayor parte de los beneficios. La situación se ha agravado con la pandemia de la COVID-19, que ha acelerado la digitalización, de modo que esas plataformas digitales globales han visto reforzadas sus posiciones dominantes mientras el resto de los sectores se sumían en una crisis económica.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible recoge expresamente a las TIC como instrumentos esenciales para motivar la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, además de formar parte de los medios para instrumentalizar su implementación.

Sin embargo, como consecuencia de las reglas del sistema imperialista neoliberal y el lugar que estas le imponen en la división mundial del trabajo, la región de América Latina y el Caribe continúa atrasada en las nuevas tecnologías. Ese rezago posee larga data y sus principales causas son exógenas.

Desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos comenzó a estructurar su proyecto hegemónico en las esferas productiva, financiera, comercial y militar, por medio del proceso de transnacionalización de la economía, que consiste, entre otras cosas, en subordinar los niveles de industrialización alcanzados en América Latina por todos los medios posibles: la dependencia tecnológica y financiera, principalmente. Sus consecuencias conocidas fueron que la capacidad de importación disminuyó con la carencia de fuentes de divisas extranjeras y se limitó la transferencia de tecnología Norte-Sur. Conjuntamente, se presentaron sistemáticamente crisis de la balanza de pagos con incremento del proceso inflacionario. La aplicación del modelo neoliberal en América Latina y el Caribe profundizó esa dependencia tecnológica.

Como resultado de las dinámicas de la hegemonía neoliberal en el orden económico mundial, durante las últimas décadas, el crecimiento económico de los países de la región ha estado tanto por debajo de los volúmenes alcanzados por las economías emergentes como por las más desarrolladas. América Latina y el Caribe, por tanto, enfrentan el desafío de acelerar la productividad y generar más y mejores empleos para impulsar un desarrollo sostenible. En ese bregar, el empleo de las TIC pudiera ser una vía esencial para motivar la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, conforme lo plasma la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

En este contexto, las tecnologías digitales tienen un alto potencial a lo largo de la cadena de producción, desde la compra de insumos hasta la comercialización de los bienes. La revolución digital es una importante oportunidad para impulsar la productividad en la región. Existen investigaciones que señalan que los pagos electrónicos (y las cuentas de ahorro) son los productos que mayor repercusión tienen en los objetivos de desarrollo, como la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, dada la estructura y el limitado nivel de sofisticación tecnológica del sector productivo y la estructura empresarial en los países de América Latina y el Caribe, no es suficiente para impulsar el desarrollo socioeconómico a partir de la aplicación de esos novedosos métodos. Ello requiere la potenciación del ecosistema digital mediante políticas estructurales que apoyen la innovación y la productividad. No obstante, todo ello, en la mayoría de los países de la región, debido a la hegemonía de los mecanismos del orden económico mundial capitalista en estos, subordina el legítimo desarrollo, a los intereses del capital transnacional. De esta forma, se ven limitadas las posibilidades del acceso de la región al acceso a de las tecnologías que podrían impulsar a una competencia legítima en favor de estos.

Resulta obvio que los países que aprovechan el potencial del comercio electrónico estarán mejor posicionados para beneficiarse de los mercados globales de bienes y servicios en una economía en proceso de digitalización, mientras que aquellos que no aprovechan esta oportunidad, se quedarán atrás. Por tanto, es necesario mejorar el entorno de facilitación del comercio; persisten, sin embargo, barreras de acceso a mercados. Una insuficiente inclusión financiera sigue siendo obstáculo para la expansión de los pagos electrónicos.

En ese complejo contexto, la economía digital pudiera servir como un instrumento para facilitar el acceso de los pueblos de la región a los bienes y servicios de una forma más equitativa y coadyuvar a la reducción de la desigualdad. Esta, sin embargo, se manifiestan también en la economía digital entre países desarrollados y en desarrollo. Esto, en el caso de América Latina y el Caribe se hace palpable, por ejemplo, en que un 30% de las personas en Chile utilizan Internet para sus compras en línea, mientras que en el Reino Unido es un 75% (UNCTAD, 2021).

Aun así, el comercio electrónico y digital adquiere un papel preponderante en la actual crisis económica y social que afecta a América Latina y el Caribe. Esto lo ha demostrado la pandemia de COVID-19, que condujo a una mayor aceleración de la transformación digital y ha reforzado la importancia de eliminar las barreras existentes del comercio electrónico. Tras ese período, quedó todavía más claro la importancia de los pagos digitales para las personas y las empresas. En América Latina y el Caribe (ALC), los pagos digitales se convirtieron en el principal método de compra: el comercio electrónico creció un 18% en 2020. Las nuevas formas de pago, como los sistemas de pago más rápidos o en tiempo real, los pagos mediante códigos QR y los pagos por móvil, también están ganando popularidad. En 2020, el número de cuentas móviles activas aumentó un 67 % (UNCTAD, 2021).

En el avance a un mercado digital regional sobre la base de la participación de nuevas actividades económicas asociadas a la digitalización, el comercio electrónico ocupa un lugar central. Sin embargo, persisten numerosos desafíos que impiden la generalización del uso de los pagos digitales en toda la región. Es por ello que, pese al crecimiento constante de estos en América Latina y el Caribe, el dinero en efectivo continúa siendo el método habitual de una gran parte de la población para realizar sus transacciones, y existen personas y pueblos enteros que siguen sufriendo exclusión financiera y tecnológica. En 2020, un 45 % de los habitantes de América Latina no poseía una cuenta bancaria y aproximadamente un 80 % carecía de una tarjeta de crédito (UNCTAD, 2021).

Impactos del Bloqueo de los Estados Unidos para el desarrollo de la economía digital en Cuba

Las brechas en la esfera de la economía digital, también se agudizan mediante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en la región, que restringen el acceso de varios países a las tecnologías y formas de pago para el desarrollo.

En el caso específico de Cuba, el bloqueo de Estados Unidos es el sistema de sanciones más largo de la historia, que hace seis décadas se empeña en generar carencias materiales, escasez, sufrimiento, sembrar desaliento, insatisfacción y provocar daños al pueblo cubano. Entre los daños provocados, el bloqueo limita el acceso de la población a tecnologías de punta: A su vez, constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país caribeño, un freno a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES 2030) y por ende a la implementación por Cuba de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El 2021 concluyó para Cuba con el bloqueo de Washington recrudecido con las 243 disposiciones adoptadas por Trump para asfixiar la economía, 55 de ellas en medio de la pandemia de la COVID-19.

Un importante aspecto del cerco económico estadounidense contra Cuba es la vigencia de las restricciones en el uso del dólar estadounidense en las transacciones comerciales y financieras, incluso con la imposibilidad para ciudadanos cubanos residentes en el exterior de abrir una cuenta bancaria en el país donde se encuentren. En este caso, Cuba, desde junio de 2021, se vio obligada a prohibir, temporalmente, los depósitos en efectivo de esa moneda en sus instituciones bancarias y financieras, en respuesta a las trabas del bloqueo para su exportación (Granma, 17/02/2023).

Uno de los sectores más perjudicados por la política anticubana de Estados Unidos ha sido precisamente el sector bancario, un pilar imprescindible para el desarrollo e implementación de la economía digital. El gobierno de Estados Unidos ha reforzado las presiones a instituciones gubernamentales, así como bancarias y compañías de todo el mundo interesados en relacionarse con Cuba, persiguiendo minuciosamente todas las fuentes de ingreso y de entrada de divisas a ese país, para provocar colapso económico en el país. Esa política perjudica a todas las esferas de la vida y la economía cubana, tanto del sector estatal como privado. Una de las grandes víctimas de la política hostil contra Cuba han sido las remesas. No se trata solo del punto de vista monetario, sino que al entrar Fincimex y Ais a la lista negra, única vía junto a la Western Union para la entrada de remesas a ese país, se afectaron muchos emprendedores privados cubanos, junto a un amplio sector de la sociedad cubana. Debido a las medidas del bloqueo, los trabajadores del sector de los negocios privados de Cuba tienen limitaciones para acceder al mercado internacional porque no tienen ni Visa ni Master Card para abastecer sus negocios y reaprovisionarse. Cuando un cuentapropista cubano va a una sucursal bancaria en el exterior y desea hacer una operación, por el hecho de ser cubano, empieza a enfrentar obstáculos, desde el propio momento en que desea abrirse la cuenta hasta la hora de concretar esta trasferencia (Falcón R. A., 2023).

Asimismo, los emprendedores privados cubanos que trabajan con Airbnb, también han sido afectados en las operaciones bancarias por las medidas del bloqueo. Este sistema de medidas no permite que el cliente pague y el prestador del servicio lo reciba al momento. Hay dilaciones en los bancos y eso incluso a veces implica que el dinero se reciba de manera alternativa. La plataforma digital de alojamiento Airbnb pagó en el año 2021 una multa de 91 000 USD impuesta por la OFAC de Estados Unidos por aceptar huéspedes en Cuba, ya que violó con ello las sanciones impuestas mediante el bloqueo.

Hasta febrero de 2023, se han registrado en ese período más de 850 acciones para impedir las operaciones de Cuba con bancos extranjeros, como parte de la persecución financiera y la aplicación extraterritorial del bloqueo (MINREX, 16/02/2023). La injusta y absurda inclusión de Cuba, en enero de 2021, en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, emitida unilateralmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y la prórroga de esa infundada medida, por la Administración de Biden en 2023, ha reforzado las consecuencias del bloqueo, incrementando las dificultades de Cuba para insertarse en el comercio internacional, realizar operaciones financieras con el exterior y adquirir insumos básicos para su desarrollo. Como resultado, numerosos bancos han suspendido sus operaciones con Cuba, incluyendo transferencias para la compra de alimentos, medicamentos y bienes para la población; todo ello en medio de la batalla que enfrentaba el país contra la COVID-19. Esa política hostil obstaculiza las negociaciones y el intercambio con entes emisores de todas las regiones, incrementando los costos de las transacciones. Dicha política de Washington, con más de seis décadas de aplicación, ha causado graves consecuencias a la sociedad y economía de Cuba. Los daños a menudo no son cuantificables con exactitud, pero tienen un impacto innegable sobre la vida cotidiana de a población y constituyen el principal obstáculo del desarrollo del país. Solo entre agosto 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo ascienden a tres mil 806 millones, record histórico para un período como ese. Durante los 14 primeros meses de la gestión de Biden, los perjuicios del cerco económico ascendían a seis mil 364 millones de USD. O sea. Más de 15 millones de USD por día en daño económico. En noviembre de 2022, Cuba presentó por trigésima vez desde 1999 en la Asamblea General de Naciones Unidas el Informe sobre la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto a Cuba por EEUU. Los daños cuantificables en seis décadas ascienden a 154 mil 217,3 millones de USD a precios corrientes. Esto significa un billón 391 mil 111 millones de USD, tomando el comportamiento del dólar frente al precio del oro. Las afectaciones del bloqueo estadounidense ocasionadas al comercio exterior cubano, solo en los últimos tres años, superan los 923 millones 829 mil dólares.

Por tal motivo, en aras de contrarrestar los efectos emanados de las sanciones del bloqueo y para dinamizar el mercado interno, junto a la aprobación por las autoridades cubanas de diversas medidas dirigidas a la captación de divisas por los circuitos financieros oficiales, así como al incremento de los ingresos por exportaciones y a la reactivación de la producción nacional, la economía digital en Cuba está destinada a desempeñar un importante papel.

En función de ello, Cuba trabaja con un Plan de Desarrollo Económico y Social, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que concibe dentro de los ejes y sectores estratégicos de la economía, el desarrollo de las telecomunicaciones. Sin embargo, el cumplimiento del referido Plan y con ello, su contribución a la consecución de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, tienen lugar en condiciones de una abismal desventaja frente a cualquier otro país en tiempos de paz, más allá aun de las afectaciones emanadas de su ya per se desventajosa condición de ser un país en vías de desarrollo. En el caso de Cuba, se trata de una economía y de un pueblo sometidos a un cerco económico mundial mediante el bloqueo estadounidense impuesto unilateralmente por Estados Unidos hace más de sesenta años. Aun en ese peculiar contexto, el país caribeño defiende la necesidad de contar con una infraestructura de telecomunicaciones de manera que favorezca el acceso de todos en igualdad de condiciones y contribuya a responder a los grandes retos en el ámbito digital.

En esa tarea, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una herramienta imprescindible. No obstante, como parte de las medidas coercitivas unilaterales del bloqueo estadounidense contra Cuba, el pueblo cubano tiene limitado su acceso a tecnologías de punta para implementar una estrategia de desarrollo más eficaz. El bloqueo estadounidense constituye el mayor obstáculo a la realización de relaciones comerciales normales con otros países y, dentro de estas, afecta el despegue de la economía digital de Cuba, vulnerando el bienestar de su población. Las privaciones impuestas al pueblo cubano por Estados Unidos mediante el bloqueo ilustran su carácter contrario a los propósitos y principios de la Organización Mundial del Comercio y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Las sanciones del bloqueo anticubano, aplicadas hace más de 60 años hasta la actualidad, contradicen también a varios de los principios definidos en la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en mayo de 1974. Ya que, de acuerdo con esa Declaración, el nuevo orden económico internacional, entre otros, debe basarse en el pleno respeto de los siguientes principios:

El derecho de cada país a adoptar el sistema económico y social que considere más apropiado para su propio desarrollo, sin sufrir como consecuencia de ello ninguna discriminación;

La creación de condiciones favorables para la transferencia de recursos financieros a los países en desarrollo;

La facilitación a los países en desarrollo del acceso a los adelantos de la ciencia y la tecnología modernas, la promoción de la transmisión de tecnología y la creación de una tecnología autóctona en beneficio de los países en desarrollo, en la forma y las modalidades que convengan a su economía;

La necesidad de que los países en desarrollo consagren todos sus recursos a la causa del desarrollo;

La igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de todos los pueblos, la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la fuerza, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

Pese a la crisis económica causada a Cuba por la violación de esos principios por Estados Unidos con más de 60 años de sanciones económicas, guerra sucia y guerra de cuarta generación contra el país caribeño, agravada además con las consecuencias ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, ese país continúa implementando su plan de transformaciones en aras de avanzar hacia la recuperación y el desarrollo de su economía. Se inscribe dentro de dicho proyecto, la ampliación de los servicios en el desarrollo de la economía digital. Actualmente, más del 64% de los cubanos accede a Internet, y la telefonía móvil tiene a más de 6,6 millones de usuarios; al tiempo que crecen las redes 4G y más del 76% de la población posee cobertura a la señal de televisión digital (Arevich, Mayra, 2022). Gracias a esa relativamente amplia red de usuarios de telefonía celular y de acceso a Internet, el comercio electrónico, utilizado generalmente para la distribución, mercadeo, venta o suministro de bienes y servicios por medios electrónicos, ha cobrado fuerza en los últimos años en Cuba, para convertirse en una prioridad ante el impacto que representa en la calidad de vida de la población. Según datos del Observatorio de Gobierno Digital del país caribeño, durante el año 2020 se incrementó el porciento de las personas que realizaron uno o más pagos de sus servicios a través de los canales electrónicos. Durante el período de la pandemia de la COVID-19, con las consiguientes medidas de aislamiento tomadas, se impulsaron varios servicios de pago mediante el comercio electrónico y los puntos terminales de venta (POS) Para esta modalidad de comercio, el país dispone de canales de pago y soluciones que implementan bulevares y tiendas virtuales, que han permitido la venta de mercancías, servicios gastronómicos y de alojamiento en más de 3 300 unidades hasta abril de 2021 (CITMATEL, 2021).

Desde finales de 2020, también con la plataforma Enzona, el país comenzó a implementar el pago por comercio electrónico en la red minorista del comercio, destacándose entre ellos bodegas, carnicerías, puntos de leche, pescaderías, mercados de artículos industriales e ideales, y tiendas especializadas en canastilla, calzado ortopédico y materiales de la construcción. Hasta inicios de marzo 2 677 establecimientos subordinados a la Empresa Provincial de Comercio de La Habana se sumaban al pago por esta vía (CITMATEL, 2021).

Una de las principales plataformas utilizadas para esos fines, Transfermóvil, posee más de tres millones de usuarios y en ella se efectúan más de 60 millones de operaciones mensuales Los problemas de conectividad de los usuarios constituyen un punto débil en esta evolución, sobre todo cuando imposibilitan finalizar compras o pagos (Max, 2022). Asimismo, la falta de disponibilidad de productos en las tiendas online, resultado, en principal medida, de las dificultades emanadas del bloqueo estadounidense, afecta el desarrollo de este ámbito en Cuba.

El incremento en ese país, de los pagos vía digital de servicios como electricidad, telefonía, agua, gas, tiendas y establecimientos del comercio minorista forma parte de la voluntad gubernamental de informatizar la sociedad; una apuesta que, acorde con los ODS de la Agenda 2030 y el Plan de Desarrollo Nacional, continuará desarrollándose para permitir un mayor acceso de la población a las tecnologías y una mayor interacción entre Gobierno y ciudadanía.

Todo ello se lleva a cabo en un contexto impregnado por el bloqueo estadounidense contra Cuba, constituyendo el principal obstáculo para su desarrollo. No obstante, más de sesenta años de esa política anticubana del Estados Unidos, no ha logrado derrocar al sistema democrático popular de la Revolución Cubana. Ni ha logrado que Cuba renuncie a su Plan Nacional de Desarrollo y, pese a las condiciones que le impone esa política hostil, aun dé su aporte a la humanidad mediante su contribución concreta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El aporte de Cuba a la consecución de los ODS de esa Agenda de Naciones Unidos y a un nuevo orden económico mundial es innegable. Aunque su contribución internacional va más allá de esa Agenda. Ejemplo de ello son las cerca de 9 millones de vidas salvadas por el mundo entero durante los 60 años de la colaboración médica cubana internacional, en la que participaron 600 mil cubanos durante ese tiempo, cumpliendo misión internacionalista en 165 países. Actualmente hay 22400 trabajadores cubanos de la salud brindando servicios en 58 países del mundo en el marco de semejante colaboración. Asimismo, Cuba es garante del proceso de paz de Colombia, dando su aporte acorde a los principios de su Revolución. Y aun en medio del actual orden económico mundial hegemónico, podría hacer mucho más todavía, tanto por su propio desarrollo nacional como por el desarrollo de la humanidad y por el la economía digital, si pudiera acceder a financiamiento y tecnologías que le son negados por la política de hostilidad de Estados Unidos, imponiéndole condiciones de subdesarrollo y circunstancias de guerra en tiempos de paz.

CONCLUSIONES

El cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, exige un nuevo orden económico mundial, basado en un modo de producción distinto al neoliberal (e incluso, distinto al capitalista). Sin embargo, a casi 50 años de la adopción de la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974, el mundo está carente de un sistema mundial basado en los principios definidos en dicho documento.

Un orden económico mundial sustentado en la igualdad, la justicia social y laboral, la erradicación de la pobreza y el hambre, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la creación de condiciones favorables para la transferencia de recursos financieros a los países en desarrollo, la facilitación del acceso de estos a la economía digital, mediante el acceso a los adelantos de la ciencia y la tecnología modernas, sigue siendo materia pendiente. La práctica de los actores hegemónicos de la economía mundial actual, en muchos casos, sigue siendo violatoria de esos y otros principios de los consensos y reglas internacionales.

En tal contexto, permeado por las contradicciones inherentes al propio orden económico mundial hegemónico de la actualidad, dadas sus características facilitadoras del comercio, la economía digital pudiera convertirse en un instrumento en función del desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe y de combate a la brecha de la desigualdad. Aunque, su papel en superar esa brecha sería más eficaz, si el cumplimiento de los principios definidos en la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974, fuera vinculante y pasara al plano práctico por todos los integrantes del sistema internacional.

No obstante, en consonancia con La Declaración de La Habana sobre el Nuevo Orden Económico Internacional aprobado el 27 de enero de 2023, por delegados de más de 25 países de todo el mundo que se reunieron en La Habana para trazar el rumbo hacia el Nuevo Orden Económico Internacional, la liberación económica no será concedida, sino que debe ser conquistada. Conforme plantea esa declaración, la referida visión actual solo puede hacerse realidad mediante la acción colectiva del Sur y la formación de instituciones nuevas y alternativas para compartir tecnología esencial, hacer frente a la deuda soberana, impulsar la financiación del desarrollo, enfrentar juntos futuras pandemias, así como coordinar posiciones en la acción climática internacional y la protección de la soberanía nacional sobre la extracción de recursos naturales. La visión actual, debe inspirarse en la Declaración original, pero también tener en cuenta los temas clave —desde la tecnología digital al colapso ambiental— que definen las condiciones actuales para el desarrollo soberano.

Para alcanzar las metas definidas en ese magno documento, mucho queda por hacer. En función de ello, se mantienen como guía con pleno vigor, las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando en su discurso pronunciado en la Segunda Cumbre Cuba-CARICOM, Bridgetown, Barbados, 8 de diciembre de 2005, afirmó:

“A la globalización neoliberal y egoísta, al antidemocrático orden político y económico internacional, debemos responder con la unidad y la globalización de la solidaridad, y la promoción del diálogo, la integración y la cooperación genuina”.

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Notas de autor

ginanemeth75@gmail.com