EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU: la necesidad del fortalecimiento de la paz y la prevención de conflictos en América Latina y el Caribe

The 2030 Agenda for Sustainable Development of the UN and the need to strengthen peace and conflict prevention in Latin America and the Caribbean.

Németh Lesznova, Georgina

Georgina Németh Lesznova

ginanemeth75@gmail.com

Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” Cuba

Política Internacional

Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", Cuba

ISSN: 1810-9330

ISSN-e: 2707-7330

Periodicidad: Trimestral

vol. 4, núm. 3, 2022

politicainternacionaldigital@gmail.com

Recepción: 23 Mayo 2022

Aprobación: 05 Junio 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/332/33234503323450004/

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: La consecución en América Latina y el Caribe de las aspiraciones contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU se encuentra muy distante de lo proyectado inicialmente y enfrenta numerosos obstáculos y amenazas. Estos están impregnados de la rivalidad interimperialista por el reparto del espacio económico de la región.

Palabras clave: Agenda 2030, Desarrollo Sostenible, América Latina y Caribe, Bloqueo, pobreza, conflicto, capitalismo.

Abstract: The achievement in Latin America and the Caribbean of the aspirations contained in the Goals of the 2030 Agenda is far from what was initially projected and faces numerous obstacles and threats. These are permeated by inter-imperialist rivalry for the distribution of economic space in the region.

Keywords: Agenda 2030, Sustainable Development, Latin America and the Caribbean, Blockade, poverty, conflict, capitalism.

INTRODUCCIÓN

Está ampliamente documentado que es circular la relación entre conflicto armado y desarrollo. La interrelación entre paz y desarrollo, igualmente se encuentra reconocida, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, según la cual “no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”. Conforme a ello, el Objetivo 16 de la referida Agenda de la ONU va dirigido a “promover sociedades más pacíficas e inclusivas”.

Similar aspiración inspiró a los países integrantes de la CELAC1 para que en su II Cumbre, celebrada en 2014 en La Habana, declararan a la región de América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, ya que el establecimiento de zonas de paz y de cooperación en diversas regiones del planeta conlleva el compromiso de los gobiernos a una reducción significativa de los presupuestos y los gastos militares. No obstante, ello enfrenta numerosos obstáculos de carácter sistémico, emanado del actual orden mundial injusto y antidemocrático.

El presente trabajo pretende contrastar los resultados de la región con lo propuesto en la Agenda 2030, a la luz de la interrelación entre paz y desarrollo, así como analizar los principales obstáculos que amenazan la consecución de los ODS en el actual contexto latinoamericano y caribeño.

DESARROLLO

La pandemia de COVID-19 puso de relieve los devastadores efectos del actual orden mundial. Ese orden -entiéndase: el conjunto de leyes y mecanismos hegemónicos que rigen el funcionamiento del sistema internacional- condujo a que una minoría de la población más rica del planeta, haya incrementado con creces sus fortunas en plena pandemia, mientras que cientos de millones de personas, entraron en situación de pobreza y pobreza extrema solo el pasado año.

En este contexto sumamente adverso, los países en desarrollo han debido enfrentar la contracción de sus economías, el aumento del déficit fiscal, el enorme peso de la deuda externa, la disrupción de las cadenas de suministros, el incremento exorbitante de los precios y fletes, la inseguridad alimentaria, así como el crecimiento del desempleo y de los niveles de pobreza (Rodríguez Parrilla, 2022).

Fig 1
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sucedió a la declaración, hace ocho años, de América Latina y el Caribe como Zona de Paz

internet.

Sin embargo, desde la aprobación, hace siete años, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y de la declaración, hace ocho años, de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, la región ha transitado por diversas coyunturas desfavorables. Estas emanan tanto de sucesos epidemiológicos, ambientales, como de procesos políticos y económicos globales, regionales y nacionales. Durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de los mencionados acuerdos internacionales, esos procesos incidieron negativamente sobre la pretendida condición de Zona de Paz de la región y sobre su desarrollo autónomo. Entre esos procesos y sucesos se inscriben golpes -e intentos de golpes de Estado, bloqueos, sanciones, sabotajes, crisis migratorias, conflictos armados, actos terroristas, campañas de desinformación y subversión político-ideológica, entre otros.

Todo ello complejiza las perspectivas del desarrollo sostenible de la región, que aun sin la pandemia de la COVID-19, se encontraba rezagada, dada su subordinación a los mecanismos y leyes del orden mundial basado en el modo de producción hegemónico: el capitalista, máxime, en su fase imperialista, globalizada y transnacionalizada.

Este contexto global en el cual a la región de América Latina y el Caribe le toca insertarse, le impone, por tanto, las reglas del sistema imperialista y le otorga a la región, un lugar desfavorable en la división internacional del trabajo (o, mejor dicho, en la división mundial del trabajo, dado que los actores de la economía mundial no son solamente naciones).

En ese sistema, sin embargo, pese a la creciente tendencia a la transnacionalización de las economías y clases sociales nacionales, persisten, se acentúan y se reconfiguran las relaciones de jerarquía entre países, regiones (y otros actores de la política mundial) a escala global.

El protagonismo de una parte de los actores e instituciones en los procesos geopolíticos globales del referido sistema –el capitalista–, fue reconocido por Lenin (1917), en su obra “El Imperialismo, novísima etapa del capitalismo” (Ilyich Lenin, 1917). En este libro Lenin demostró que el desarrollo del monopolio y el capital financiero, con sus corolarios militaristas (Guerra Mundial y colonialismo), correspondían a una nueva etapa de la formación social capitalista. Lenin identificó también las leyes generales que regían a esta etapa: el carácter desigual y combinado del desarrollo capitalista internacional. A nivel nacional, identificó al parasitismo y la descomposición del sistema, así como el papel determinante de la exportación de capital, la importancia de la lucha por mercados y fuentes de materia prima, y la forma específica que asumía la competencia entre los trusts en la etapa monopólica. En ese libro, Lenin (1917) señaló que:

“…el desarrollo del capitalismo ha llegado a un punto tal que, aunque la producción mercantil sigue “reinando” como antes y es considerada la base de toda la economía, en realidad se halla ya quebrantada, y las ganancias principales van a parar a los “genios” de las maquinaciones financieras… el inmenso progreso de la humanidad… beneficia… a los especuladores”. (...)” Las relaciones de dominación y la violencia ligada a dicha dominación: he ahí lo típico en la “etapa contemporánea de desarrollo del capitalismo”, he ahí lo que inevitablemente tenía que derivarse y se ha derivado de la constitución de los todopoderosos monopolios económicos” (Ilyich Lenin, 1917).

Lo anterior se evidencia también en el proceso de cambio en la correlación de fuerzas a nivel mundial, o, en otras palabras, de posición de poder, en el contexto de la geopolítica mundial. Este proceso no es más que el reflejo en la época actual de las ideas de Lenin (1917):

…entre los grupos capitalistas se están estableciendo determinadas relaciones sobre la base del reparto económico del mundo, y que, al mismo tiempo, en conexión con esto, se están estableciendo entre los grupos políticos, entre los Estados, determinadas relaciones sobre la base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de la “lucha por el territorio económico”. (Ilyich Lenin, 1917)

La expansión geográfica del poder del capital y las complejas concatenaciones derivadas del mismo entre los Estados nacionales, por un lado y las organizaciones y articulaciones supraestatales, por el otro, condicionan las políticas de los Estados nacionales. En dicha expansión del capital, el incremento de la influencia de los nuevos polos de poder en el escenario internacional (los Estados nacionales más dinámicos en el proceso de expansión internacional multidimensional), se lleva a cabo, hoy en mayor medida que antes, precisamente de acuerdo con los intereses del capital transnacional, organizado en aquellos “todopoderosos monopolios económicos” que Lenin refería. La expansión extraterritorial de estos, del mismo modo que ocurría en su época, en la etapa actual del capitalismo –la imperialista–, se hace efectiva mediante “lucha por el territorio económico”, igualmente referido por Lenin (Ilyich Lenin, 1917).

Sus ideas, por tanto, poseen plena vigencia, ya que el actual orden político y económico mundial, como conjunto de estructuras y mecanismos que rigen el funcionamiento del sistema internacional, sigue basándose en la hegemonía de la burguesía internacional. Esos mecanismos, se rigen por el sistema de producción, acumulación y consumo capitalista –sustentado por la fuerza y el empleo de los métodos cada vez más diversos y sofisticados del imperialismo– (Németh Lesznova, 2022).

Al mismo tiempo, la acción de todas las leyes del capitalismo global se realiza a través de las diferentes formas de competencia (tecnológica y financiera); el capital financiero internacional subordina y establece su dominación sobre todos los tipos socioeconómicos característicos del subdesarrollo: del capital transnacional, capitalismo de Estado, capital nacional, pequeña producción mercantil y formas precapitalistas de producción (Molina Molina, 2010).

Es revelador sobre el poder del capital financiero, el estudio del Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica, realizado durante la década pasada, en cuyo marco fueron seleccionados los 43 mil grupos empresariales más importantes del mundo y se analizó la forma en que se entrelaza el control de estas empresas. Los investigadores llegaron a una “cifra impresionante que cambió la visión que tenemos del sistema económico mundial: Sólo 737 grupos controlaban el 80% del mundo corporativo, siendo que, de estos, un núcleo de 147 controlaba el 40%. Y, de estos 147, el 75% eran esencialmente grupos financieros (Donald, 2018).

El fortalecimiento de la concentración de la riqueza, máxime, en el sector financiero, conduce a la tendencia de la formación de monopolios. Un ejemplo de ello es la existencia de la empresa BlackRock -con sede en Estados Unidos- que es accionista mayoritario de las mayores empresas deI mundo y otras más pequeñas que cotizan en boIsas. Incluso, BIackRock es dueña mayoritaria de empresas que compiten entre sí.

Por otra parte, las empresas transnacionales, a menudo poseen alcance supranacional y supragubernamental: la Lex Mercatoria protege estas, mediante Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales y Plurilaterales de Inversiones. La mayoría de tales instrumentos incluyen mecanismos de solución de controversias que permiten a las empresas transnacionales procesar a los gobiernos de los países. A través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, empresas pueden procesar gobiernos y son frecuentemente premiadas con mega compensaciones. Solo para mencionar un ejemplo: en 2013, el CIADI multó al gobierno de Ecuador con 2,3 mil millones de dólares por finalizar el contrato con Occidental Petroleum Corporation (OPC), aunque haya sido esa empresa la que primero rompió el contrato con la administración ecuatoriana. La suma demandada contra Ecuador representa el 59% del presupuesto del año de 2012 para educación y el 135% del presupuesto anual de salud en el país. Todo ello se enmarca dentro de la crisis del multilateralismo y la dependencia de los organismos financieros internacionales hegemónicos.

Otro ejemplo del poder de las empresas transnacionales fue la conocida injerencia política ejercida por la empresa estadounidense International Telephone and Telegraph Company (ITT) en los años 70 en Chile, y que desembocó en el golpe de Estado y la muerte del presidente Salvador Allende.

Al mismo tiempo, también son obvias las concatenaciones del sector financiero con el complejo industrial-militar de los países más desarrollados -principalmente, el estadounidense- que, conjuntamente con entramado de las empresas transnacionales, representan una amenaza para la paz y para el desarrollo soberano mundial. Estas empresas transnacionales conforman las principales cadenas globales de valor (CGV).

Las firmas y países que pretendan alcanzar la inserción competitiva en la economía internacional están obligados a asumir las condicionantes que impone la competencia sistémica de las CGV-s. La presencia en los mercados nacionales e internacionales de bienes de alta tecnología es una variable que los países tienen en cuenta no solo en la competencia económica sino también en la militar. Los cambios sustantivos en la participación de las empresas de los distintos países en esos mercados amplían el potencial de conflicto (CEPAL, 2022).

Insertarse a las cadenas globales de valor no resulta simple, pues el mercado mundial está liderado por fuertes CGV-s que establecen las normas o estándares que los países que aspiran incorporarse deben cumplir. Esas reglas las dictan las potencias más desarrolladas, y se valen de la liberalización comercial y de las inversiones, como complemento de las recetas neoliberales impuestas a los países subdesarrollados. La imposición de tales dictados y la crisis del multilateralismo implica el apoyo, por cualquier vía, del establecimiento en estos, de regímenes políticos y sociales serviles, funcionales a los intereses del imperio estadounidense. Todo lo cual termina perjudicando el desarrollo y la soberanía en el ámbito económico y social, así como la paz y la estabilidad de esos países, ya que las políticas neoliberales han de servir a los intereses del complejo industrial-militar de los más desarrollados -especialmente de Estados Unidos- y, en consecuencia, requieren la creación artificial de focos de tensión social para el estallido de conflictos.

Por tanto, la criminalización de la protesta social, así como muchos conflictos armados, en y entre países subdesarrollados y emergentes, son fenómenos inherentes a la aplicación de políticas neoliberales, de cuya imposición se vale el entramado imperialista liderado por Estados Unidos y sus aliados.

Ejemplo reciente de lo anterior, en América Latina y el Caribe, fue la brutal represión policial contra los estudiantes y la población, en general, ejercida por los gobiernos de Chile durante el presente decenio. Asimismo, la pretensión de restaurar un régimen neoliberal proestadounidense en Bolivia, fue la razón del golpe de Estado fascista consumado en ese país contra el expresidente Evo Morales Ayma.

Igual atención merece el caso de Colombia, donde, pese al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que debió significar el fin efectivo del conflicto, en el 2021 fueron asesinados 145 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (Deutsche Welle, 2022), y durante el primer trimestre del año 2022, su cifra ya asciende a 52 asesinatos (EL ESPECTADOR, 2022).

La injerencia del gobierno de Iván Duque en asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela -entre otros, el apoyo al opositor golpista Juan Guaidó-, así como la organización desde territorio colombiano de actos terroristas contra ese vecino país, igualmente son reflejo de la alineación del régimen oficial colombiano a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Paradójicamente, el gobierno colombiano a menudo utiliza las cifras de venezolanos que emigran debido a la difícil situación económica para culpar al legítimo régimen constitucional de Venezuela, alegando que estos huyen debido a la situación política, social y económica en ese país. Sin embargo, omite que la difícil situación económica en la República Bolivariana de Venezuela es provocada por las sanciones de Estados Unidos, reforzadas, precisamente, por la hostilidad de Colombia.

Así como omite, también, los altísimos niveles de pobreza del pueblo colombiano, que superan al promedio regional, pese a que ese país no está sujeto a bloqueo foráneo alguno, muy por el contrario del caso de Venezuela. Ya que, según estimaciones de la CEPAL (CEPAL, 2021), más de un tercio de los latinoamericanos son pobres, representando al 32,1 % de la población, o 209 millones de personas. En el caso de Colombia, de acuerdo con la encuesta de su Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el año 2021, la cifra de pobreza monetaria –categoría que comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales- ascendía a 39,3 por ciento de la población (DANE, 2021). Al mismo tiempo, 7,47 millones de colombianos vivían en condiciones de pobreza extrema, cuyos ingresos no les alcanzaban para consumir las calorías que necesita una persona para tener buenas condiciones de salud (Salazar Sierra , 2021).

Mientras tanto, como consecuencia del conflicto armado a su interior -de modo totalmente funcional a los intereses del complejo industrial-militar estadounidense y de sus aliados locales- Colombia sigue siendo el país que tiene el mayor número de desplazados internos en el mundo.

Según datos de la ACNUR, hasta junio de 2021, fueron 8,3 millones las víctimas reportadas en ese país, tomando en consideración las cifras del Registro Único de Víctimas desde 1985 (INFOBAE, 2021). Distribuidos por 51 países del mundo, las cifras oficiales estiman en cerca de 400 000 los colombianos que han recibido el estatus de refugiados fuera de las fronteras de su país. Pero las cifras no oficiales –las que manejan organizaciones de la sociedad civil y la misma “Constituyente de Exiliados”— se elevan a más de 800 000 (INFOBAE, 2021).

Todo esto es parte del contexto promovido por Estados Unidos que pretende ignorar la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Esta situación, tampoco favorece en el ámbito económico y social, a la consecución de los ODS de la Agenda 2030, cuyo cumplimiento integral en la región, aun antes de la pandemia de la COVID-19, estaba marcado por la incertidumbre. Según el Índice ODS 2019, en América Latina y Caribe ya existían tres retos que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que se encontraban y se encuentran en una situación inferior al resto en cuanto a su cumplimiento. Estos eran:

Industria, innovación e infraestructura (ODS 9): las deficiencias en este ODS se referían sobre todo a la calidad de las infraestructuras relacionadas con transporte y comercio. La apuesta de los países latinoamericanos y caribeños por la investigación y desarrollo también se encontraba muy por detrás de lo que sería deseable.

Reducción de las desigualdades (ODS 10): se relaciona íntimamente con el primero de los objetivos: erradicación de la pobreza.

Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) (UNIDOS EN RED, 2022).

Al respecto, el Banco Mundial planteaba que en toda la región se observaban numerosos obstáculos al desarrollo, incluso, como producto de conflictos armados que repercutían en las instituciones. Pese a las mejoras registradas en el ingreso nacional bruto per cápita, la esperanza de vida, la educación, las tasas de pobreza, el tamaño de la clase media y el crecimiento económico (Banco Mundial, 2015), América Latina sigue siendo una de las regiones del mundo donde más impera la desigualdad.

Por su parte, la CEPAL planteó que los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.

En efecto, América Latina y el Caribe ha venido experimentando una desaceleración de su crecimiento económico tras la crisis financiera mundial de 2007-2009. Esta fue más intensa que en otras regiones del mundo. Entre 2010 y 2019 la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,1%. Esta ralentización ha prolongado la trayectoria de bajo crecimiento que la región venía registrando desde fines de la década de 1970. Una comparación histórica por década muestra que el período posterior a la crisis (2010-2019) es el de menor crecimiento de la región en siete décadas.

Todo ello fue agudizándose con la pandemia de la COVID-19 que trajo consigo la retracción del comercio mundial en 10-16%. En consonancia con tal evolución de la economía mundial, en 2019, 21 de los 33 países de la región de América Latina y el Caribe y 17 de los 20 países de América Latina experimentaron una desaceleración (CEPAL, 2022). La región enfrenta la crisis de la COVID-19 desde una posición más débil que el promedio del resto del mundo; antes de la pandemia se esperaba que la tasa de crecimiento de 2020 fuera de apenas un 1,3% en un contexto de casi nulo crecimiento del PIB per cápita en los últimos siete años. Posteriormente, la CEPAL ha reestimado esa tasa: la nueva estimación indica una caída de al menos un 1,8%, es decir, casi tres puntos porcentuales menos que la variación del PIB mundial esperada (1%). En términos per cápita, el PIB de la región caería más del 3%. La región depende en gran medida de sus exportaciones. Sin embargo, las exportaciones e importaciones regionales de bienes disminuyeron en 2019 un 2,0% y un 3,0% respectivamente (CEPAL, 2022).

Todo lo anterior pone en riesgo la posibilidad de llevar la pobreza extrema a niveles cercanos a su erradicación, ya que, tal desafío exige un desempeño mucho mejor en términos de crecimiento del ingreso medio y de la redistribución de la riqueza. Según las simulaciones realizadas por la CEPAL, incluso un crecimiento anual del ingreso per cápita del 3% y una baja en la desigualdad en su distribución del 1,5% por año hasta 2030, sería insuficiente para que la región cumpliera la meta. Para lograr una incidencia de la pobreza extrema inferior al 3% sería necesario un crecimiento anual del PIB per cápita del 5% y una reducción del índice Gini del 1,5% por año. No obstante, las acciones emanadas de las políticas económicas no han revertido el casi nulo crecimiento del PIB por habitante y la concomitante creación de empleos, que es débil, en la que puede ser una nueva década perdida para la región (CEPAL, 2022). Por todo ello, esa organización de Naciones Unidas plantea que, aun con una fuerte política de redistribución del ingreso, las tasas de crecimiento económico necesarias son inalcanzables con el actual modelo de desarrollo en vigor.

Fig 2
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un alto impacto económico y social en la región de América Latina y el Caribe.

Internet.

No obstante, no existe un modelo de desarrollo homogéneo en América Latina y el Caribe. Pese a la hegemonía del modelo neoliberal en la mayoría de los países que lo integran, solo en muy pocos países de la región existe un modelo verdaderamente autóctono y autónomo. Estos pocos países con modelos autóctonos, que son antihegemónicos, sin embargo, enfrentan una guerra multidimensional –económica, mediática, cibernética, cultural, entre otras– de parte de Estados Unidos, en el marco de su guerra no convencional para subyugarlos.

En función de ello, el gran capital, con EEUU como protagonista principal, mueve a importantes medios de comunicación, iglesias y empresas tecnológicas. Mediante ello se pretende desmovilizar políticamente a sociedades que pretenden construir sistemas alternativos al neoliberal, y promover en esos países un “cambio de régimen”. Para lograr ese propósito, Estados Unidos continúa potenciando iniciativas no gubernamentales, la articulación de campañas mediáticas y la cooperación entre los poderes judiciales con organismos controlados por Washington, para desarrollar una guerra, selectiva y brutal, contra la izquierda en la región (Rodríguez Milán, 2018). En ese arsenal se encuentra la incitación a la desestabilización del orden interno y la provocación de hambre, vicisitudes y crisis migratorias, entre otros.

Ejemplo de lo anterior es la política de Estados Unidos hacia Cuba, incluido el bloqueo económico impuesto hace más de sesenta años. Los perjuicios monetarios a Cuba por su aplicación unilateral, a precios corrientes, ya suman 147 mil 853 millones de dólares (MINREX, 2022).

Durante el período de los dos primeros años de la pandemia de la COVID-19, las numerosas regulaciones y disposiciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba para reforzar el bloqueo económico, alcanzaron un nivel de hostilidad sin precedentes, sumando un total de 243 sanciones impuestas contra ese país caribeño por la administración del expresidente Donald Trump (MINREX, 2022). Las medidas del bloqueo anticubano, impidieron la adquisición de ventiladores pulmonares incluso durante la pandemia de la COVID-19, así como otros insumos para el manejo de esa terrible enfermedad. Debido a todo el sufrimiento humano causado al pueblo cubano por esas sanciones desde su inicio, en la presentación del Informe Central del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, calificó al bloqueo como “la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado contra nación alguna” (MINREX, 2022).

Ese sistema de sanciones, violatorio del Derecho Internacional, es una acción genocida que afecta la paz de todos los cubanos en todas las esferas: la salud pública, la educación, la cultura, la ciencia, el deporte, y el medio ambiente; atenta contra la vida misma y la estabilidad del pueblo cubano; obstaculiza el desarrollo humano y científico-técnico de los ciudadanos y de la nación, y obstaculiza las relaciones económicas, comerciales y financieras con terceros países e incluso de las propias entidades y ciudadanos estadounidenses. A todo ello se suma la financiación y tolerancia desde territorio de Estados Unidos de la desestabilización del orden y la paz interna de Cuba, aunque la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua tampoco escapan de semejantes acciones por parte de Estados Unidos.

CONCLUSIONES

A siete años de la aprobación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, continúa aumentando, de manera alarmante, la brecha entre sus objetivos y metas y los compromisos internacionales para su implementación (Rodríguez Parrilla, 2022).

La principal amenaza y el principal obstáculo para la paz y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe es la política injerencista de Estados Unidos y sus aliados hacia la región. Mediante esas políticas, intenta afianzar su poderío en la región, tratando de contrarrestar su relativa pérdida de hegemonía multidimensional.

Mientras, los principales aliados de Estados Unidos en la región -Colombia, Brasil y Chile- lideran el gasto militar en Suramérica, y Colombia tiene el mayor gasto militar en relación con su PIB (Infogate, 02/03/2021). Ello es especialmente preocupante, debido a la posición hostil y la trayectoria agresiva del gobierno de Iván Duque contra el gobierno de Nicolás Maduro al frente de la República Bolivariana de Venezuela.

Todo ello evidencia que solo una reorientación de los recursos dedicados a cuestiones militares hacia el desarrollo podrá contribuir al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, lo cual, ante todo, requiere respetar la Proclama de la CELAC, relativa a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, cuya defensa fuera reiterada también, por la XVI Cumbre del ALBA-TCP, celebrada en La Habana en 2018.

Sin embargo, en contraste con la imperiosa necesidad del fortalecimiento de la paz y la prevención de conflictos, algunas potencias continúan destinando cuantiosos recursos a la carrera armamentista, mientras incumplen el compromiso de aportar el 0.7% de su PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo e imponen medidas coercitivas unilaterales, que violan la Carta de la ONU y el Derecho Internacional y provocan grave daño humano y económico (Rodríguez Parrilla, 2022).

Mientras tanto, urge erradicar la pobreza y tener acceso a vacunas, medicamentos, recursos, adelantos científicos para preservar la vida y la dignidad humanas. Pero ello requiere un ambiente de paz y estabilidad. La prevención de conflictos en la región, por tanto, debe partir del rechazo a la injerencia imperialista y del apoyo a la construcción de un modelo de desarrollo solidario, basado en la complementariedad de capacidades técnicas, científicas y económicas. En función de todo ello, junto a la necesidad de una reducción del gasto militar y de la eliminación de cualquier injerencia imperialista en la región, América Latina y el Caribe demanda, ante todo, un nuevo orden mundial, basado en un sistema distinto al neoliberal –e incluso, distinto al capitalista–, así como en la búsqueda de la paz y la cooperación, en el respeto del multilateralismo, de los Derechos Humanos y de la autodeterminación de los pueblos y de sus modelos de desarrollo autónomos y soberanos.

Todo ello se resume en las ideas del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, pronunciadas como presidente del Movimiento de Países No Alineados, el 12 de octubre de 1979, en el 34 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas:

“es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Luchamos por ello para suprimir la pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo que padecen todavía cientos de millones de seres humanos. Aspiramos a un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la equidad y la paz, que sustituya al sistema injusto y desigual que hoy prevalece y en el que, la riqueza sigue concentrada en las manos de unas cuantas potencias cuyas economías, fundadas en el despilfarro, son mantenidas gracias a la explotación de los trabajadores y a la transferencia y el saqueo de los recursos naturales y otros recursos de los pueblos de África, América Latina, Asia y otras regiones del mundo.” (Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas , 2017)

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Notas

1 CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.