Entrevista

Dr. José Antonio Sanahuja Perales

Berbey Álvarez, Aránzazu

Aránzazu Berbey Álvarez

aranzazu.berbey@utp.ac.pa

Universidad Tecnológica de Panamá Panamá

Prisma Tecnológico

Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá

ISSN: 2076-8133

ISSN-e: 2312-637X

Periodicidad: Anual

vol. 11, núm. 1, 2542, 2020

prisma@utp.ac.pa

Publicación: 22 Abril 2020

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/324/32414843241484002/

DOI: https://doi.org/10.33412/pri.v11.1.2542

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Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y M.A. en Relaciones Internacionales por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Catedrático de Universidad de Relaciones Internacionales. Ha trabajado para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Federación Internacional de Cruz Roja, y ha sido investigador o consultor de la Comisión y el Parlamento Europeo, el PNUD, SEGIB, la Fundación Carolina, la Fundación EU-LAC, y distintas ONG. En dos periodos distintos ha sido Vocal Experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Miembro del Comité científico de honor de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), y del Patronato de Oxfam Intermón. El profesor Sanahuja es catedrático de relaciones internacionales y especialista en cooperación al desarrollo, campo en el que cuenta con un buen número de publicaciones y estudios de referencia. Además, se ha especializado en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, desde una visión europeísta, y ha publicado distintos trabajos sobre la política exterior y de cooperación española. Como latinoamericanista, ha estudiado también la política exterior, el regionalismo y la integración latinoamericana, realizando estudios críticos sobre el "regionalismo abierto", y ha planteado la necesidad de un "nuevo regionalismo" y un "regionalismo post-liberal" con instituciones más fuertes. Ha trabajado como investigador y consultor con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, la Cruz Roja Española, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Centro de Estudios de América Latina y la Cooperación Internacional (CEALCI) de la Fundación Carolina, la Fundación EU-LAC (Unión Europea-América Latina y el Caribe), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), y otras entidades. Ha impartido cursos y conferencias en distintas universidades españolas y de otros países, entre ellos el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Pontificia Universidad Católica del Perú;

Figura 2
Dr. José A. Sanahuja-Perales.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Sanahuja

Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en Argentina; la Universidad Centroamericana (Nicaragua); la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad para la Paz de Naciones Unidas y Universidad Nacional (Costa Rica), o el Instituto Universitario Europeo (EUI) en Florencia (Italia). En España, ha sido profesor en numerosas universidades, así como en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la Fundación Ortega y Gasset; la Escuela Diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación); el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN); y el Instituto General Gutiérrez Mellado (Madrid). Ha sido investigador visitante en la Universidad de Queensland (Australia) y Robert Schuman Fellow en el Instituto Universitario Europeo en Florencia.

De cara a estos inicios del siglo XXI, ¿cuáles según su criterio serían las temáticas más importantes para la cooperación y desarrollo en el ámbito científico-tecnológico de España con América Latina?

Los especialistas y científicos en cada área son quienes han de establecer, en primer lugar, qué cuestiones deben ser objeto de investigación en cada área - ¿quién si no, puede hacerlo

mejor? Desde luego, no los políticos-, pero quienes trabajamos en el campo científico y tecnológico tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad social y, de igual manera, los poderes públicos tienen que adoptar políticas de apoyo e incentivos que reflejen prioridades y retos que afectan al conjunto de la sociedad, ya que esta es la que aporta, vía impuestos, una parte significativa de los recursos para investigación, desarrollo e innovación. A partir de estas consideraciones generales hay que tener presente otros imperativos: de cuantos recursos se dispone; qué centros o líneas de investigación están consolidados y/o tienen potencial; cómo se participa en proyectos internacionales; cómo se brinda apoyo de manera equilibrada a las ciencias básicas, a las humanidades y las ciencias sociales, y a la innovación tecnológica, con un enfoque más aplicado … No es fácil, pero una política bien concebida debe conciliar todos estos criterios. En tiempos recientes hemos visto, desafortunadamente, malos ejemplos: políticas miopes que con planteamientos economicistas y/o tecnocráticos solo consideran “útiles” las disciplinas STEM, despreciando las humanidades; gobiernos que, instalados en la estrategias de polarización, atacan a las ciencia sociales y no aceptan que la crítica sea parte de la actividad académica; o ejemplos de pugnas corporativas que se amparan en la libertad científica para defender “feudos” institucionales y burocráticos, o parte del pastel presupuestario. Mario Bunge, recientemente fallecido, nos recuerda al

respecto que “la investigación básica es autónoma; es decir, se rige por sus propios criterios, mientras que la investigación aplicada y el “desarrollo” (diseño tecnológico) son heterónomas: se hacen para beneficio, inmediato o posible, de quien las paga. Ahora bien, la mayoría de las innovaciones tecnológicas tienen raíces científicas”, y que, por ello, “el utilitarismo que pregonan los economistas neoclásicos y los estadistas miopes es el peor peligro que enfrenta la tecnología, que languidece sin el apoyo de las ciencias básicas”. Dicho todo esto, hay varias cuestiones que merecen tener un papel destacado en la planificación de la política científica y en la cooperación entre España y América Latina. En términos de retos sociales, tenemos un consenso universal respecto a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El desarrollo científico básico, así como las humanidades, son un “elemento transversal” de dicha agenda, en particular en lo que se refiere a la investigación básica. Pero los ODS nos proporcionan una guía muy clara respecto a los retos tecnológicos que tenemos que abordar: la inclusión social; la salud y la educación de calidad; el cuidado de los ecosistemas, la transición energética y la lucha contra el cambio climático; la resiliencia social, y la mejora de las instituciones y las políticas públicas. Estas áreas deberían guiar nuestra cooperación y debieran estar presentes en las políticas de ciencia y tecnología, dependiendo de la forma en la que se presenten en cada lugar, y de sus capacidades relativas.

Sus publicaciones en Google Scholar, evidencian un trabajo de investigación denso y profundo en el ámbito del sistema internacional de la cooperación para el desarrollo y sus tendencias, sus actores e instrumentos. En sus experiencias de cara a la Unión Europea, ¿cuáles serán los ejes prioritarios de cooperación con América Latina, es América Latina para la Unión Europea un área de primer interés para la cooperación o otros bloques económicos como Asia, África, Oceanía tiene mayor prioridad?

La propia UE ha dado respuesta a esta pregunta a través de su Estrategia Global y de Seguridad (EUGS), adoptada en junio de 2016. Este importante documento situó a América Latina y el Caribe en una posición periférica y poco relevante, al priorizar el “arco de inestabilidad” de la vecindad meridional y oriental de la UE (Mediterráneo, Balcanes, este de Europa). La EUGS planteó la relación con Latinoamérica en términos, primero, del apoyo a “órdenes regionales” para la gobernanza global; y segundo, como estrategia para un Wider Atlantic. Sin embargo, la elección de Trump, no prevista, situó a Estados Unidos como obstáculo más que como socio en las relaciones de la UE con Latinoamérica y ha hecho imposible un “triángulo Atlántico” de cooperación con esos tres actores. Esa situación, sin embargo, ha tenido consecuencias positivas, al realzar el papel político de la UE como socio de América Latina en defensa del multilateralismo.

En abril de 2019 la UE renovó su estrategia hacia Latinoamérica a través de una comunicación conjunta de la Alta Representante y el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea. Esa comunicación, refrendada por el Consejo, se denomina “La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común”. Es el primer documento de política de la UE con Latinoamérica desde 2009 y plantea cambios importantes, y muy pertinentes, para la relación.

En primer lugar, supone una relación más horizontal: “aunar fuerzas” para abordar desafíos compartidos como la defensa del multilateralismo, o el desarrollo global, entendido —como lo hace la Agenda 2030— como reto universal y no solo como “patología” de los países pobres. No se trata, como en el pasado, de una UE que ayuda a ALC a resolver sus problemas, sino de dos regiones que trabajan juntas frente a interdependencias, riesgos y retos compartidos. Repolitización de las relaciones, con un “compromiso político más estratégico”. En un escenario en el que los principios que sostienen el orden internacional liberal ya no pueden darse por sentados, y aparecen actores que los impugnan dentro y fuera de ambas regiones, se plantea una clara repolitización del conjunto de la relación y en particular, del diálogo político birregional. Ello supondrá adoptar posturas, “más fuertes” en torno a los valores

e intereses compartidos.

Ello reclama por parte de la UE una mayor inversión de capital político para ser relevante y aumentar su presencia e influencia en la región. Establece nuevas prioridades (cuatro): prosperidad, democracia, resiliencia y gobernanza mundial efectiva, acordes a la EUGS. Ello abarca una agenda de cooperación avanzada para facilitar el comercio, la economía verde y digital y aumentar la conectividad de todo tipo. También considera el impulso a los derechos humanos, el apoyo a la sociedad civil y la defensa del Estado de derecho. En términos de resiliencia, se busca la implementación conjunta del Acuerdo de París y mantener el diálogo sobre cohesión social, migraciones y cultura. En cuanto a la gobernanza, se busca que tanto la UE como ALC apuesten conjuntamente por una gobernanza global efectiva, basada en la resolución pacífica de disputas, la implementación de la Agenda 2030 y la reforma del sistema de Naciones Unidas y la OMC.

También se propone una relación de “geometría variable” con vías más flexibles y abiertas de colaboración respecto a la tradicional dinámica de las Cumbres birregionales UE-CELAC y su lógica de “mínimo común denominador”, que exigía el acuerdo de todos. Asimismo, evita el enfoque de “talla única” reconociendo la diversidad de ALC. Supone avanzar más con los países y grupos que quieran y puedan intensificar su compromiso. En otros términos, supondría combinar el interregionalismo con un bilateralismo selectivo y no excluyente, utilizando marcos establecidos, u otros informales, como el Grupo de contacto Internacional (GCI) establecido para afrontar la crisis de Venezuela. A ello ha de sumarse los espacios de diálogo y vinculación de organizaciones ciudadanas y de parlamentarios.

Finalmente, se propone una estrategia de cooperación avanzada, conforme al nuevo Consenso Europeo de Desarrollo, con enfoques “a medida” para cada país, basados en sus necesidades y capacidades, buscando “asociaciones innovadoras” que contemplen la cooperación Sur-Sur y triangular, el diálogo de políticas públicas, el intercambio de conocimientos, y la movilización de recursos adicionales a través de la financiación combinada o blending.

En ese marco, el nuevo Instrumento para la Vecindad, el Desarrollo y la Cooperación Internacional (IVDCI), aún en discusión, abre oportunidades para establecer formas avanzadas de asociación con ALC. Deja atrás, en parte, la “graduación” y estará abierto a todos los países de la región, aunque no en todas las modalidades. En particular, prevé montos importantes para la financiación combinada o blending y el apoyo a la inversión, que refuerzan la capacidad de la UE frente a actores como China. Es importante que el nuevo instrumento tenga un claro anclaje y orientación hacia la Agenda 2030. El ciclo de programación empieza ya; es el momento de incluir iniciativas innovadoras y programas relevantes para las prioridades de desarrollo de la región.

Ciencia y Tecnología, en particular, son áreas que han ido ganando espacio en la cooperación birregional y en ese nuevo enfoque deberán tener un peso aún mayor.

Panamá tiene definido en su plan nacional estratégico de ciencia, tecnología e innovación (pencyt) 2019 – 2024: “hacia la

transformación de panamá”, una serie de programas sectoriales tales como:

· Sector agropecuario

· Sector energía, agua y medio ambiente

· Salud

· Industria: Cuarta Revolución Industrial, Logística y sector marítimo, industria manufacturera e industria de las tecnologías de información y comunicación

· Ciencia, Sociedad, Economía y Políticas Públicas

¿En su experiencia, considera usted que podría existir un interés conjunto, alineación entre estos programas sectoriales definidos y los programas, instrumentos de cooperación científica tecnológica de la UE y específicamente España?

Como país de renta media, Panamá puede participar de esas estrategias de cooperación avanzada con la UE y sus Estados miembros, y en particular, España. Muchas de las áreas prioritarias del PENCYT convergen con las establecidas por el gran programa de investigación de la UE, Horizonte 2020. Este último se centra en “tecnologías facilitadoras” clave en la industria, como la fabricación avanzada, los nuevos materiales, la biotecnología o la nanotecnología; en los llamados “retos sociales” (siete), que son la salud, el cambio demográfico y el bienestar; la seguridad alimentaria, la agricultura y silvicultura sostenible; la investigación marina, marítima y de aguas interiores, y la bioeconomía; la energía segura, limpia y eficiente; el transporte inteligente, ecológico e integrado; la acción por el clima, el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y materias primas; la respuesta de Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas; sociedades seguras: Proteger la libertad y la

seguridad de Europa y sus ciudadanos.

De acuerdo con la estrategia de la Unión Europea de cooperación internacional en materia de investigación e innovación, Horizonte 2020 está abierto a la participación de investigadores de todo el mundo, en asociación con centros europeos. Las actividades específicas de cooperación internacional se enmarcan en la prioridad «Retos de la sociedad» y el objetivo específico «Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación», entre otras acciones de Horizonte 2020.

Por parte de España, cuenta con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Sus prioridades son coincidentes, en lo esencial, con las planteadas en el marco de la UE, a las que se añade el sector defensa. A través de las acciones “Innoglobal” y otras previstas en el Plan se prevén proyectos de investigación con centros de otros países, así como acciones de movilidad.

En el ámbito de la cooperación hay que destacar también la pertenencia de ambos países a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que además de ser un espacio de concertación y fortalecimiento de las políticas, nacionales ofrece apoyo para acciones de movilidad.

En ese último ámbito de actuación, la movilidad de personal docente e investigador, la Fundación Carolina, que tengo el honor de dirigir, ofrece también becas y ayudas que pueden reforzar programas de investigación entre ambos países o, en su caso, permitir los contactos de los que esos programas puedan surgir. Parte de estas acciones de movilidad se realizan en convenio y con el apoyo financiero de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

En los veinte años de vida de la Fundación desde su creación en 2000 se han concedido a solicitantes panameños/as 208 becas de postgrado, doctorado y movilidad, con una inversión total de 2,2 millones de euros. Contamos con convenios con varias universidades del país, entre ellas la Universidad Tecnológica de Panamá.

Puede compartirnos alguna experiencia suya en el ámbito de la cooperación internacional, que le haya resultado especialmente memorable en su CV.

Probablemente la más importante fue mi trabajo con la cooperación española en Guatemala entre 1988 y 1989. Pude trabajar en áreas rurales, de población indígena, y ello fue una experiencia de aprendizaje que dio un giro a mi vida profesional: regresé a la universidad para seguir estudiando y entender esa compleja realidad; después hice mi tesis doctoral sobre las políticas de ayuda y las estrategias geopolíticas de EEUU en Centroamérica en los años ochenta, y a partir de ahí comenzó mi trayectoria como docente e investigador, hasta ahora. Estoy muy agradecido a ese país y sus gentes y a la cooperación española por todo lo que pude aprender en ese período.