Recepción: 01 Diciembre 2022
Aprobación: 15 Mayo 2023
Resumen:
El artículo pretende identificar el cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo en las pequeñas y medianas empresas (pymes) del departamento del Quindío, comprendidas como aquellas dirigidas por el máximo órgano social, asamblea de accionistas y junta directiva en relación a los derechos y trato equitativo de los accionistas, responsabilidades de los administradores, conflictos y grupos de interés, responsabilidad social empresarial y transparencia e integridad en la información. Esto, debido a que las empresas no cuentan con herramientas que permitan evaluar dichas prácticas, cuya finalidad es atraer la consecución del retorno de las inversiones de los stakeholders, identificar las debilidades y fortalezas, y garantizar la calidad de la información para los entes de control. Para esto, se identificaron los códigos de gobierno corporativo emitidos en Colombia para pymes, por medio de la metodología de enfoque mixto y el método inductivo. Posteriormente, con la información recopilada, se evaluaron las prácticas mencionadas, permitiendo a las entidades identificar sus debilidades y fortalezas, y favoreciendo el entorno competitivo empresarial al que se enfrentan en el contexto nacional e internacional.
Clasificación JEL: L40
Palabras clave: Gobierno corporativo, Pymes, Accionistas, Código buen gobierno.
Abstract: This article aims to identify SEMs compliance with corporate governance practices in the department of Quindío. That is, practicesof the highest corporate body, shareholders, and board of directors in relation to the rights and equitable treatment of shareholders, managers responsibilities, conflicts and interest groups, corporate social responsibility, and transparency and integrity of information, considering that companies do not have tools to evaluate them. First, the corporate governance codes issued in Colombia for SMEs were identified through the mixed approach methodology to deepen the analysis of the components of corporate governance, and an inductive methodwas used to analyze the state of the art, corporate governance codes, and current regulations in the country. Subsequently, an instrument was used to collect information to evaluate the corporate governance measures in SMEs, allowing them to identify their weaknesses and strengths in different areas, and favoring the competitive business environment they face in the national and international context.
Keywords: Corporate governance, SMEs, stakeholders, code of good government.
Introducción
En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas (pymes), junto con las microempresas, obtienen una representación importante en la economía nacional. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), su participación conjunta es del 35 % del Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de ocupación es del 80 % de los empleos en nuestro país, y el 90 % de la productividad nacional es sostenida por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) (El Espectador, 2018a). Debido a esto, es evidente la relevancia que este segmento empresarial tiene en los aspectos económicos de la sociedad, así mismo, el impacto que poseen en la calidad de vida de la población. En la medida que estas compañías logren sostenerse en el tiempo, la demanda de fuerza laboral se mantendrá e, incluso, aumentará en el caso de que las empresas puedan expandirse.
Sumado a esto, la participación de las pymes en la economía no garantiza su sostenibilidad en el tiempo, según Confecámaras, cerca del 70 % de las empresas fracasan durante los primeros cinco años de existencia (El Espectador, 2018b). Esto se da, principalmente, porque en las empresas no existe una “cultura de la productividad: que planeen, definan indicadores, midan sus procesos, aumenten la calidad, reduzcan sus costos y optimicen los recursos para tener una oferta más competitiva en el mercado local e internacional” (s.p.).
La falta de competitividad en las empresas es consecuencia de una mala gestión administrativa, falta de control por organismos externos a la dirección, un mal planteamiento de los objetivos a corto y largo plazo, y la ausencia de estrategias adecuadas para alcanzar dichos objetivos, todos estos aspectos van enmarcados en las prácticas de buen gobierno corporativo, pero, para aplicarlas, deben tener claro qué es gobierno corporativo.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2004):
el gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su consejo, sus accionistas y otras partes interesadas. El gobierno corporativo también proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su cumplimiento. (s.p.)
Con base en lo anterior, el gobierno corporativo se entiende como la correcta estructuración de la administración y el control de las organizaciones, donde se armonizan las relaciones de la dirección con las partes interesadas y las prácticas de control sobre la gestión, procurando así que las operaciones de la organización se realicen en concordancia con la planeación estratégica desarrollada por la alta gerencia y que, a su vez, sea consecuente con los propósitos de la asamblea general.
En este sentido se establece que, en la medida que las políticas de gobierno corporativo sean fuertes, los accionistas tendrán las garantías para que su capital se vea protegido y sus objetivos se cumplan. Es por esto que temas como la responsabilidad social y ambiental, el desarrollo sostenible y la eficiencia, surgen como nuevas preocupaciones para los directivos de las pymes, debido a que su gestión no solo influirá en su relación con la asamblea de accionistas y la junta directiva, sino que, por el contrario, todas sus decisiones tendrán un impacto en la sociedad en general y, así mismo, repercutirán en su entorno operativo.
Metodología y tipo de investigación
El proyecto de investigación utilizó un enfoque de investigación cuantitativo que significa la manera en la cual se miden los elementos o ítems representados en forma de afirmación, siendo estos los que revelan las actitudes y reacciones frente a los individuos con los cuales se implementa el instrumento; con el fin de lograr caracterizar las prácticas de gobierno corporativo en las pymes que son vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Sociedades en el departamento del Quindío.
El método de investigación es deductivo, consistió en partir de lo general hasta llegar a lo específico, es decir, se utilizó un conjunto de afirmaciones para llegar a una conclusión verídica, en la que se utilizaron diferentes investigaciones basadas en teorías y sucesos de gobierno corporativo, para identificar la información explícita de las características de las pymes seleccionadas del departamento del Quindío.
La investigación es de tipo descriptivo, por medio de la cual se evalúa la implementación de las prácticas de gobierno corporativo, con base en las características de las empresas analizadas en las que se verifica el cumplimiento de los parámetros estipulados.
La técnica de recolección de datos que se utilizó es la encuesta, y consistió en aplicar un cuestionario enfocado en identificar las prácticas de gobierno corporativo de las pymes en el departamento del Quindío. Está estructurada en diferentes módulos basados en el Código de buenas prácticas de gobierno corporativo, emitido por la Superintendencia de Sociedades; y fue diligenciada por 31 pymes activas, con el registro mercantil renovado, de acuerdo con la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Armenia (2011).
Marco legal
En Colombia, el proceso de implementación normativo y de regulación es un tema reciente, pero, a su vez, se ha convertido en un asunto de vanguardia gracias a los innumerables escándalos financieros y de corrupción que se han presentado en los últimos años.
Es por eso que, a raíz de estas crisis, instituciones como el Congreso de la República, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, entre otras entidades del Estado, han querido intervenir de una u otra forma para hacer frente a estas irregularidades y establecer algunas directrices que permitan evaluar el comportamiento de las empresas colombianas en cuanto al gobierno corporativo.
La Tabla 1 relaciona las principales disposiciones normativas en relación al gobierno corporativo en Colombia:
Código marco de gobierno corporativo para pequeñas y medianas empresas
El código tiene como objetivo contribuir al control organizacional de las pequeñas y medianas empresas, y lograr un buen funcionamiento de las mismas. Inicia basándose en unos principios generales como transparencia, rendición de cuentas, trato equitativo de los asociados y responsabilidad frente a sus grupos de interés. A continuación, se describen los módulos que lo integran.
Normatividad colombiana sobre gobierno corporativo
Fuente: elaboración propia con información de Ospina (2013, pp. 6-7) y Deloitte (s.f.)Derecho y trato equitativo de los asociados
Los asociados, al ser parte fundamental de una empresa, son protegidos por las normas de buen gobierno corporativo, priorizando una lista de derechos para incluirlos en la toma de decisiones de la organización; fomentando una participación activa en las acciones realizadas; ofreciendo la libertad de tener la información clara y concisa de la organización y todo lo que sucede dentro de ella; y sosteniendo la claridad de las decisiones que hayan sido tomadas; siempre velando por el respeto y la integridad de cada uno y teniendo en cuenta la protección de sus intereses dentro de la empresa.
De los administradores
Son personas que, obrando de buena fe, con profesionalismo, lealtad y diligencia, velan por los intereses colectivos y por el cumplimiento de las normas adoptadas, y mantienen al tanto a los grupos de interés con el fin de contribuir al buen funcionamiento, control y direccionamiento de la organización.
Conflicto de intereses
Se entiende por conflicto de intereses toda situación o evento en que los intereses personales, directos o indirectos, de los asociados, administradores o funcionarios de la sociedad, se encuentren en oposición con los de la sociedad, interfieran con los deberes que le competen a ella, o lo lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto y real cumplimiento de sus responsabilidades. (CONFECAMARAS y Departamento Nacional de Planeación, 2007, s.p.)
Grupos de interés
Los grupos de interés, y de acuerdo a la conformación de cada sociedad, pueden estar conformados de la siguiente manera:
2. Clientes: se establecerán mecanismos que permitan a los consumidores realizar preguntas, peticiones y requerimientos.
3. Proveedores: se mantendrán como prioridad calidad, precio y cumplimiento. Las sociedades obtendrán bienes y servicios.
4. Acreedores: se acuerda responder de manera cumplida con las obligaciones contraídas.
5. Organismos de control y vigilancia del Estado: vigilan y se encargan de que las sociedades estén cumpliendo con la normatividad adecuada y que la estén aplicando según su actividad económica, y se aseguran de que la información sea veraz integral y oportuna.
Responsabilidad social empresarial
Con el fin de que las sociedades generen confianza dentro de la comunidad que operan y puedan servir al bien común, mientras logran maximizar el entorno económico para los asociados, deberán adoptar mecanismos que permitan responder a las exigencias de los procesos de globalización para lograr una mayor competitividad y promover inversiones extranjeras.
Transparencia, fluidez e integridad de la información
Las sociedades tendrán que adoptar mecanismos por medio de los cuales se refleje la materialidad de la información administrativa y financiera que acoge a cada una, es decir, mecanismos que permitan asegurar la información presentada de manera precisa, regular y oportuna, llevando así una contabilidad conforme a los estándares que están en vigencia.
Administración y resolución de controversias
Las sociedades utilizarán mecanismos de resolución de controversias para promover la inversión extranjera y las relaciones comerciales, y facilitar la convivencia entre los asociados, grupos de interés y administración.
Análisis de resultados
Tras la aplicación de la encuesta basada en el Código marco de buen gobierno corporativo para pequeñas y medianas empresas en Colombia, se exponen los resultados obtenidos, para que los empresarios apliquen y evalúen permanentemente los principios generales del buen gobierno corporativo, con la intención de fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
A continuación, se presentan las medidas evaluadas en forma agrupada y los resultados obtenidos.
Medida: derechos y trato equitativo de los asociados
La medida referida a los derechos y trato equitativo de los asociados engloba los derechos y la protección de sus intereses dentro de las pymes, establecidos por las normas de gobierno corporativo, como se muestra en la Figura 1.
Resultados de la encuesta. Medida 1: derechos y trato equitativo de los asociados
Fuente: elaboración propia.Como se observa, más del 80 % de las pymes encuestadas tiene establecidos los derechos y deberes de forma detallada dentro de los estatutos, así mismo, los asociados cuentan con la libertad de postularse como miembros del consejo de administración, junta de vigilancia o comités sociales y, para esto, es importante conocer los requisitos necesarios para ser elegidos. De acuerdo con lo anterior, las pymes deben capacitar a los asociados interesados en participar en los procesos de elección para que conozcan cuáles son dichos requisitos, sin embargo, los resultados obtenidos revelan que más del 50 % de las empresas no realiza con frecuencia estas capacitaciones.
Para los asociados también es muy importante conocer cuál es la situación de las pymes, tanto en el presente como los cambios o expectativas futuras esperadas, es por esto que la información necesaria se debe trasmitir en diferentes canales de comunicación para que los asociados estén enterados en todo momento de los acontecimientos relacionados con estas; evidenciándose en los resultados que casi el 70 % de ellas realiza esta acción con frecuencia, aunque únicamente el 12.5 % lo hace muy frecuentemente.
Se puede señalar que participar en la elección y gestión de los consejos de administración, la junta de vigilancia así como los comités creados por la asamblea y la elección del revisor fiscal, hace parte de los derechos obtenidos por los asociados de la organización, a los cuales se les debe hacer partícipes a la hora de realizar estos procesos de selección y gestión, sin embargo, se puede notar una falencia en este punto, ya que en seis de las empresas encuestadas es poco frecuente que sean tenidos en cuenta, lo que representa aproximadamente un 37 % del universo encuestado.
Finalmente, las pymes, en pro del cumplimiento de las diferentes etapas relacionadas con los derechos y trato equitativo de los asociados, se acogen a las diversas proposiciones del gobierno corporativo, razón por la cual es relevante conocer si cuentan con un código de buen gobierno previamente establecido, debidamente organizado, regulado y de aplicabilidad en el tiempo que sea necesario; como resultado, se observó que el 56.25 % tiene un código establecido y el 12.5 % presenta un resultado excelente.
Medida: de los administradores
La medida relacionada con los administradores vela por el correcto desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos organizacionales. Los resultados se muestran en la Figura 2.
Resultados de la encuesta. Medida 2: de los administradores
Fuente: elaboración propia.Las empresas, de acuerdo con un enfoque de control, deben de contar con un reglamento interno por medio del cual se estipulan de manera detallada los deberes y obligaciones que tienen las juntas directivas o consejos dentro de cada una de ellas. Una vez aplicado y analizado el instrumento, este mostró que el 12.5 % de las pymes implementa un reglamento para establecer las funciones de los diferentes órganos administradores.
Así mismo, los periodos de elección de las juntas directivas o consejos se estipulan de acuerdo a los estatutos de cada pyme, con el fin de no cometer irregularidades ni estar sometidas a conflictos de intereses dentro de las mismas, para lograr decisiones unánimes por parte de todos los órganos de control. En este sentido, la encuesta reflejó que solo el 37.5 % cuenta con un manual que regula a la junta directiva o al consejo de administración acerca de su elección, remoción o asignación salarial.
De igual modo, se identificó que uno de los propósitos en todas las pymes es lograr la comunicación de información concreta y verídica para contribuir a la toma de decisiones que conlleven a la mejora de la situación económica y financiera; por esta razón, se realizan reuniones ordinarias en las cuales se abordan temas de interés social que contribuyen a su mejoramiento, y reuniones extraordinarias en los casos que requieren de comunicación inmediata. Al momento de analizar la encuesta, se evidenció que solo el 50 % de las pymes tiene estipulada en sus estatutos la periodicidad con la cual se realizarán las reuniones ordinarias de la asamblea general y en qué casos se necesitan las reuniones extraordinarias.
Además, dentro de los estatutos de las pymes es muy importante tener en cuenta los cargos que serán desempeñados por cada uno de los miembros de las juntas directivas y las funciones que evitarán casos de conflictos de intereses, y se maneja el tiempo de duración en el cual se desempeñará cada cargo. Después de analizar las respuestas de las pymes se encontró que solo el 50 % tiene regulados sus estatutos y se define en ellos el tiempo máximo de duración de los miembros de la junta directiva o consejo de administración.
En los estatutos sociales de las pymes deben constar las funciones que tienen la junta directiva y los consejos, con el fin de prevenir los conflictos y equilibrar los intereses de los distintos grupos. La encuesta mostró que solo el 56.6 % de las pymes tiene un buen manejo de sus estatutos y cuenta con un reglamento interno en el cual se establecen deberes, funciones y prohibiciones para el funcionamiento de la junta de vigilancia, diferente a los estatutos, los cuales son informados de manera periódica.
Medida: conflictos de interés
La medida relacionada con conflictos de interés en las pymes se realiza con el fin de que los administradores y funcionarios no actúen en su desempeño con motivaciones diferentes al recto y real cumplimiento de sus responsabilidades (ver Figura 3).
Resultados de la encuesta. Medida 3: conflictos de interés
Fuente: elaboración propia.Realizado el análisis, se resalta que el 50 % de las pymes aplica sus estatutos de manera correcta, y establece reuniones periódicas con el fin de informar a los miembros de la junta directiva o ejecutivos acerca de las prohibiciones expuestas dentro de dichos estatutos.
De igual manera, las pymes deben considerar quiénes serán las personas que van a formar parte de la junta directiva, ya que de esto depende la buena fe con la que actuarán al momento de ejercer cada una de sus funciones. Estas se elegirán según las competencias exigidas para cada cargo, asegurando que no actúen de acuerdo con sus intereses personales. Al realizar el análisis se evidenció que el 50 % de las pymes tiene un conocimiento profundo acerca de quienes son elegidos para ser representantes de la junta directiva.
Así mismo, los planes de acción que realizan los integrantes de la junta directiva y los consejos se proponen con el fin de lograr los planes estratégicos que ayudarán al desarrollo de las pymes, encontrándose que solo el 50 % cuenta con un plan estratégico en desarrollo, el cual es evaluado periódicamente con el fin de conocer el avance de las actividades realizadas.
Sumado a esto, todas las pymes deben explicitar dentro de sus estatutos la manera en la que los miembros de la junta directiva ejercerán sus funciones, para esto, se coordina la manera en la cual van a manejar el desarrollo de las mismas. Se evidenció en el análisis que el 62.5 % de las pymes tiene dentro de la estructura organizacional la realización de planes de acción, tales como presupuestos de recursos o financiamientos y metas de cumplimiento, esto con el fin de alcanzar los planes estratégicos propuestos.
Finalmente, las pymes tienen la obligación de actuar en pro del beneficio económico y financiero de su compañía, para lo cual es necesario tener prioridades y un manejo adecuado de los dineros entrantes; es por esto que existen entes reguladores para que las entidades no tomen provecho del posicionamiento de sus empresas y se involucren en conflictos de intereses. El análisis arrojó que el 56.3 % de las pymes cuenta con un oficial de cumplimiento SARLAFT que tiene características idóneas desde el punto de vista profesional, ético y moral para llevar a cabo funciones de prevención de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Medida: grupos de interés
La medida referida a los grupos de interés en las pymes identifica quiénes fomentan la creación de riqueza, empleo e incrementan la competitividad (ver Figura 4).
Resultados de la encuesta. Medida 4: grupos de interés
Fuente: elaboración propia.Las pymes deben contar con una identificación adecuada de los grupos de interés que servirán de ayuda al desarrollo económico, financiero y social de sus empresas. Al momento de realizar el análisis, se halló que el 68.8 % de las pymes tiene clara la distribución de los grupos de interés que se pueden encontrar en el desarrollo de sus actividades.
Es de aclarar que existen entes reguladores dentro y fuera de dichas empresas, los cuales contribuyen a tener un manejo adecuado de las actividades realizadas en estas y que sirven como apoyo para que puedan alcanzar sus objetivos y logren sus planes estratégicos. En el análisis se encontró que solo el 50 % de las pymes tiene claridad acerca de los mecanismos de control que permiten el cumplimiento de las normas que regulan su actividad económica.
Sumado a esto, se tienen establecidos mecanismos de control interno que regulan el talento humano y las labores que realiza cada integrante de la empresa. El análisis evidenció que el 56.3 % de las pymes informa a los empleados y tiene conocimiento periódico de los mecanismos implementados para lograr un trato justo, evitando fugas de talento humano e implementando un desarrollo integral entre sus colaboradores.
Además, las pymes deben velar para que se les brinde un trato equitativo, respetuoso y diligente a sus asociados en cuanto a las solicitudes y requerimientos que tengan. Los resultados de la encuesta mostraron que el 37.5 % considera siempre la constancia en la creación de valor de los asociados, brindando un trato equitativo, respetuoso y diligente respecto a sus solicitudes y requerimientos.
Por último, es necesario que las pymes cuenten con buenos proveedores de bienes o servicios para lograr productos y servicios de calidad, y sean competentes dentro de los mercados para alcanzar sus metas financieras. Al realizar la evaluación de la encuesta, se encontró que el 56.3 % de las pymes es objetivo en la contratación de los proveedores de bienes y servicios, teniendo en cuenta los criterios de calidad, precio y cumplimiento.
Medida: Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
La medida sobre responsabilidad social empresarial en las pymes propende por el bienestar económico y social de sus colaboradores, para lograr mayor competitividad y promover la inversión extranjera (ver Figura 5).
Resultados de la encuesta. Medida 5: RSE
Fuente: elaboración propia.Considerando que las pymes velan por su beneficio económico, financiero y social, también requieren tener estrategias que minimicen los impactos y riesgos a los que se encuentran expuestos sus colaboradores, y el ambiente en el que ejercen las funciones, garantizando la protección de los mismos al momento de realizar sus actividades económicas. Después de realizado el análisis, se halló que el 62.5 % desarrolla su actividad económica teniendo en cuenta el cuidado y el impacto ambiental, implementando mecanismos de optimización en el uso de los recursos naturales y materias primas para minimizar la contaminación.
A su vez, las pymes, dentro de sus planes estratégicos, estructuran el orden y control de las actividades que se llevarán a cabo para el cuidado del medio ambiente lo que les permite generar beneficios económicos. En el análisis de la encuesta se encontró que el 68.8 % de las pymes propicia una administración ambiental sana que ayuda a controlar el impacto de las actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente.
Así mismo, se espera que las pymes actúen de acuerdo con la normatividad vigente que regula el tipo de actividad económica que realizan, para lo cual deben de establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de disposiciones constitucionales legales y reglamentarias. La encuesta mostró que el 68.8 % de las pymes tiene conocimiento y actualización constante acerca de las normas ambientales que son incorporadas dentro de los planes estratégicos.
También es importante resaltar que las pymes deben usar cada vez más medios electrónicos y estar a la vanguardia tecnológica, para lo cual es necesario establecer mecanismos que garanticen la seguridad en la información suministrada a terceros. El análisis evidenció que el 53.6 % manipula adecuadamente el uso de la tecnología y establece mecanismos de confidencialidad, veracidad e integridad para proteger la información que es transmitida por medios electrónicos.
En últimas, es vital que las pymes implementen mecanismos que aseguren el cumplimiento de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias al momento de tomar decisiones para lograr una correcta administración. En el análisis se reflejó que solo el 56.3 % de las empresas cumple con todas las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a temas laborales, tributarios y de la libre competencia.
Medida: transparencia, fluidez e integridad de la información
La medida de transparencia, fluidez e integridad de la información para las pymes refleja la adopción de mecanismos que les permitan asegurar el tratamiento de la información presentada por los responsables de cada área dentro de la misma, lo que contribuye a una adecuada toma de decisiones. La Figura 6 compendia dichos mecanismos.
Resultados de la encuesta. Medida 6: transparencia, fluidez e integridad de la información
Fuente: elaboración propia.Es importante acotar que las empresas deben implementar mecanismos que faciliten la comunicación de la información para los usuarios que la requieran, sea de tipo económico y financiero, o de control interno y administrativo que se utiliza para que la organización alcance sus objetivos. La encuesta reflejó que el 56.3 % tiene en cuenta mecanismos de difusión para los asociados, miembros del consejo de administración y otros interesados acerca de la información financiera y no financiera.
Además, antes de la toma de decisiones, es fundamental que se socialice la información encontrada al momento de evaluar el control interno y los estados financieros. Al realizar el análisis, se encontró que en las pymes el 50 % de los miembros de la junta directiva o consejos de administración recibe información clara, íntegra, confiable y con anterioridad acerca de los temas que serán deliberados en las reuniones.
Sumado a lo anterior, se requiere que las pymes tengan claridad sobre la importancia de dejar por escrito cada una de las decisiones que son tomadas de manera conjunta dentro de las reuniones; soportes que permiten a los terceros recordar lo sucedido en caso de existir conflictos y confusiones entre las partes; en esta línea, el análisis mostró que el 56.3 % de las pymes deja constancia en actas de las decisiones que fueron tomadas.
Para que las pymes puedan tener un conocimiento adecuado de la situación económica y financiera de su organización, es necesario que conozcan la veracidad de la información que es reflejada en los estados financieros, lo que permite una adecuada toma de decisiones que contribuye al mejoramiento y el logro de los objetivos. En el análisis se identificó que el 62.5 % de las pymes en su proceso de generación de estados e informes financieros comunica a los asociados, por medio de los procedimientos y medios establecidos, las salvedades de los informes de revisoría fiscal y las discrepancias entre conceptos de la alta dirección.
En suma, estas empresas se acogen a todas las regulaciones que se imponen, lo que les permite controlar las decisiones que se toman en los periodos correspondientes para lograr los cambios requeridos que contribuyen al mejoramiento continuo, por esta razón, y acogiendo los manejos adecuados que deben de tener las mismas, se realizan informes que comprenden la revelación de información, ya sea de orden administrativo o financiero. El análisis concluyó que el 68.8 % de las empresas realiza el informe anual de gobierno corporativo solicitado por la Superintendencia de Sociedades, el cual contiene información que describe la manera en la que durante el año se dio cumplimiento a las recomendaciones adoptadas por las pymes y los principales cambios producidos.
Medida: administración y resolución de controversias
La medida sobre administración y resolución de controversias señala que las pymes adoptarán mecanismos para promover la inversión extranjera, las relaciones comerciales y facilitar la convivencia entre los asociados, grupos de interés y administración (ver Figura 7).
Resultados de la encuesta. Medida 7: administración y resolución de controversias
Fuente: elaboración propia.Las pymes deben adoptar mecanismos que contribuyan en la resolución de controversias derivadas de las relaciones entre los administrativos y los grupos de interés, para lo cual es necesario que consideren la manera en la cual se va a comunicar la solución, teniendo en cuenta que es información confidencial y relevante. El análisis mostró que el 56.3 % de la información presentada por la organización a través de los medios electrónicos responde a los más altos estándares de confidencialidad, integridad, autorregulación, socialización y homologación, lo cual contribuye a la solución de controversias existentes con los diferentes grupos de interés.
En este sentido, las pymes deben de tener en cuenta que no siempre los grupos de interés están de acuerdo con algún tipo de manejo dentro de las mismas y que, debido a esto, se pueden presentar controversias de cualquier tipo y magnitud, para lo cual es necesario regular en los estatutos de manera concreta la actuación de los miembros de la junta directiva, los protocolos realizados por cada uno y el compromiso adquirido para brindar soluciones. Los datos de la encuesta arrojaron que en el 50 % de estas empresas existe un código de ética que regula los lineamientos en cuanto a conflictos de interés, responsabilidad social, política ambiental, manejo de la información y propiedad intelectual.
Conclusiones
Los resultados de esta investigación permitieron concluir que las pymes son un sector importante de la economía colombiana, asegurando que su permanencia en los mercados y su perdurabilidad en el tiempo dependerán de los esfuerzos por atraer los recursos que mejoren su competitividad.
La Superintendencia de Sociedades viene reglamentando una serie de lineamientos que regulan los órganos de administración encargados de controlar los recursos de los inversionistas, los cuales se enmarcan en las prácticas de buen gobierno corporativo, y su función principal es vigilar la relación entre los dueños del capital de las pymes y sus administradores. A través de estas disposiciones se insta a que las organizaciones documenten las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la entidad de control.
Las pymes, dentro de sus códigos de buen gobierno corporativo, reconocen la importancia de los derechos y deberes de los asociados, sin embargo, se presentan inconvenientes en la capacitación de los miembros de consejos de administración y de las juntas de control y vigilancia, toda vez que, en la mayoría de los casos, no han adoptado estas prácticas.
En cuanto a los grupos de interés, esta investigación evidencia que la administración y gobernabilidad de las organizaciones son temas relevantes, y las decisiones tomadas por la alta dirección dentro de sus funciones administrativas afectan directa e indirectamente a diferentes sectores; así que, para las pymes del departamento del Quindío, la identificación de los grupos de interés establece un marco de acción para la formulación de estrategias de buen gobierno que aseguren garantías a todas las partes interesadas. Por tal razón, los planes estratégicos y presupuestos deben reconocer los grupos de interés y promover la creación de valor, todo esto sujeto a la supervisión y vigilancia de un oficial de cumplimiento o auditor interno quien se encargue de proteger los derechos de los mismos. Para que las pymes puedan dar garantías a todos los grupos de interés deben valerse de medidas como la socialización periódica de las prohibiciones estatutarias, hecho que aún no es adoptado en su totalidad, de acuerdo con los resultados de la encuesta.
Los resultados de la investigación permiten afirmar también que las pequeñas y medianas empresas del Quindío apoyan los preceptos de legalidad al cumplir con todas las disposiciones en temas laborales, tributarios, medioambientales y de libre competencia; adicionalmente a estas políticas de responsabilidad social empresarial, se suman las medidas adoptadas para la administración y resolución de controversias, como la implementación de un código de ética y la garantía de unos estándares mínimos para la información a través de la realización de informes anuales, documentación de las decisiones del consejo, entre otras acciones enfocadas en la transparencia, claridad y confiabilidad de la información.
En general, las pymes vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Sociedades en el departamento del Quindío coinciden en que la implementación de medidas que se adecúen a las necesidades de cada organización es un proceso fundamental para el correcto desarrollo de unas buenas prácticas de gobierno corporativo y que, en su mayoría, son aplicadas sin ningún inconveniente. A su vez, se hace evidente que el éxito de estas disposiciones está sujeto a la supervisión y control que se ejerza sobre las mismas, pues un buen código de gobierno corporativo no es garantía suficiente si las empresas y los órganos de administración y control no tienen el compromiso suficiente para su adopción total.
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Notas
