Introducción

La ética es un componente fundamental en la formación universitaria del estudiante de contaduría pública, ya que la contabilidad no solo es un ejercicio técnico, sino una praxis donde los aspectos cognoscitivos, morales y habilidades prácticas se fusionan ineludiblemente, afirmación compartida por diversos autores (Cañas, Castaño y Tamayo, 2011; Contreras y Arango, 2010; Giraldo, 2013; Mateus y Bohórquez, 2016).

Uno de los grandes problemas que se evidencia en la enseñanza de la ética, es que en las universidades su currículo se centra exclusivamente en la preparación técnica de la profesión, ante lo cual Estanislao Zuleta (2006) plantea que “la educación tal como existe reprime el pensamiento, transmite datos, conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, pero no enseña ni permite pensar” (Zuleta, 2006, citado por Cañas, Castaño y Tamayo, 2011, p. 103). De manera semejante, Ortiz, Mármol e Issa (2012) afirman que los docentes no han explotado suficientemente las potencialidades axiológicas del contenido de sus áreas y que, por el contrario, ha predominado la transmisión de la información sin proveer un pensamiento reflexivo y crítico. Según los autores (2012):

La función de los profesores universitarios no puede estar enmarcada solamente en comunicarles a los estudiantes conocimientos técnicos ni desarrollar en éstos competencias y habilidades profesionales, sino que también deben dedicarse a la formación ética y al fortalecimiento de los valores morales en los estudiantes (p. 6).

Por otro lado, se plantea que otro de los grandes problemas es no saber si introducir la ética dentro del currículo o asignarle una materia aparte, por lo que Carolina Contreras y Diego Arango (2010) afirman que la ética ha sido vista como una asignatura más, a la que no se le ha dado la trascendencia que merece, por lo que en muchas ocasiones los alumnos no comprenden su dimensión. En tal sentido, Gregorio Giraldo (2013) indica que la ética del contador público, más que un componente del currículo es una variable compleja que permite estructurar o fundar el pensamiento de los estudiantes y futuros contadores. Esto nos permite identificar la importancia de implantar la ética en los procesos de formación para ayudar al estudiante a actuar y desarrollar criterios racionales para su acción.

En todo caso, se debe considerar que la ética es una construcción cultural que viene adherida al estudiante antes de ingresar a la universidad, debido a la formación en el hogar y los vínculos que se ejercen en la sociedad. En tal sentido, Wilfrido Mateus y Carlos Bohórquez (2016) sintetizan que "la familia, la sociedad y las universidades, son los tres escalones definitivos para la formación integral y profesional del Contador Público, permitiéndole al ser humano aportar valores éticos a la sociedad” (p. 36). Es entonces donde se muestra una perspectiva más cultural respecto a la concepción que se tiene de los ámbitos involucrados en la formación conceptual del contador público en cuanto a la ética y la responsabilidad social, y en los que este debe desarrollar las herramientas que le permitan actuar de forma asertiva y tomar decisiones en los que se vea reflejada la preocupación por el entorno y el bienestar común.

En contraste, el pensamiento humano ha “evolucionado” a un punto de ser tan utilitarista, que piensa que debe sacar provecho de todo y a toda costa, incluso pasando por encima del mismo bienestar humano y de la calidad de la vida en todo el planeta. La educación ha ido reflejando esta concepción para potenciar los beneficios económicos, maximizando el capital y la riqueza (Amézquita et al., 2014; Cañas, Castaño y Tamayo, 2011; López, 2013; Pamies, 2006). Además, se evidencia que en el ejercicio de practicar la profesión, la tendencia es limitarse a generar y crear hechos que van enfocados a reflejar aspectos económicos en donde se ven notoriamente plasmados los intereses particulares, dejando a un lado criterios tan indispensables como la ética y la responsabilidad social, así como “el entorno socioeconómico somete al profesional contable a un mundo de ilusiones, de oportunidades que conducen a la miseria y al poder” (Cañas, Castaño y Tamayo, 2011, p. 104). Por lo tanto, consideramos que se le debe prestar total atención al vínculo que puede existir entre economía y ética en relación con las prácticas contables.

Adicionalmente, se encuentra que el aspecto económico se ve altamente reflejado al momento de que el contador ejerza las prácticas que le corresponden, y si bien hemos mencionado que la universidad forma parte fundamental en la formación profesional del contador, esta lo hace de manera teórica. Según Cañas, Castaño y Tamayo (2011) si se analizan cuáles son los retos de la profesión contable en la economía actual, nos damos cuenta de que la teoría y la práctica están desligadas respecto a las nuevas disposiciones legales de la educación y las habilidades mínimas que debe desarrollar un profesional. Esto conlleva atribuirle a la universidad la responsabilidad de las prácticas inapropiadas del contador, cuando este no logra reunir las habilidades mínimas que debe tener para satisfacer dicha realidad económica.

Así pues, se deben tener en cuenta los recientes acontecimientos en materia económica, ya que la actual pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) trajo consigo cambios significativos en las distintas estructuras económicas y sociales a nivel mundial, de manera más profunda en un país como Colombia, donde la situación económica aún antes del virus ya era compleja. Esta crisis paraliza incluso más la posibilidad de abordar las reformas estructurales que necesita la región para que su economía sea más productiva y competitiva, por lo que la magnitud del impacto es bien significativa. A esto se le suma que el sistema de gobierno de la región presenta graves problemas de funcionamiento y debilidad política, a lo que Carthaus (2020) opina que “la más grande amenaza no es el virus en sí mismo” (citado por Alzate, 2020, p. 1), “sino las decisiones que se tomen a nivel político, industrial, económico y ambiental que se deriven de esta emergencia sanitaria” (Alzate, 2020, p. 1), tanto actualmente como una vez se supere tal condición de pandemia.

Según una encuesta realizada por la jefe de investigaciones económicas de la Cámara de Comercio de Medellín (Ospina, 2016), la ciudad presenta ventajas competitivas para la movilidad empresarial, respecto a otros lugares del país, tales como accesibilidad a los clientes y proveedores, proximidad a empresas del mismo sector, existencia de empresas de servicios conexos a su actividad, accesibilidad a la información sectorial, equipamientos urbanos y sociales, infraestructuras tecnológicas, entre otras. Esto genera competitividad entre empresarios, dando como resultado un mercado cada vez más exigente, en el que, para ganar reconocimiento, los profesionales contables se ven presionados por sus empleadores a realizar inadecuadas prácticas contables, en donde su ética moral y profesional se ve vulnerada.

Al igual, se considera importante mostrar el “ethos" propio del paisa que no constituye, en modo alguno, una condición natural o genética de este pueblo hacia la creación de empresa: se trata más de una condición cultural. En esta misma línea Calle y Correa (2002) afirman que la idea de la existencia de un "ethos" antioqueño, da lugar a un específico modo de ser y a un legado histórico el cual, a modo de una profunda estructura mental inconsciente, orienta, dirige y "pone destino" a la acción emprendedora de aquél. Por ello, Medellín se toma como mejor opción para el desarrollo de nuestra investigación, de ahí la orientación de este trabajo.

Por su parte Calle y Correa en su trabajo El ethos antioqueño: Soporte moral para la creación, desarrollo y conservación de empresas establecen que “ese ethos del antioqueño es una compleja estructuración, gracias a la cual se distingue del resto de los colombianos” (2002, p 4). Además, encontramos posturas similares de ver el ethos antioqueño, pues se trata de una formación de naturaleza social e histórica, en cuya configuración ha intervenido una pluralidad de factores, por lo que en el momento haremos hincapié en la disposición anímica y el temple espiritual, como elementos distintivos del pueblo antioqueño al momento de enfrentar las situaciones de crisis por las que ha atravesado y atraviesa el país.

De los anteriores elementos, se infiere que no se le está prestando la debida importancia al tema del contexto económico y social en relación con las prácticas contables. En síntesis, las decisiones que el profesional toma en torno a las prácticas contables se le atribuyen en un gran grado a la formación que recibieron, tanto en sus hogares como en su paso por la universidad. Sin embargo, autores como Contreras y Arango (2010) y Cañas, Castaño y Tamayo (2011), entre otros, reconocen que un factor que actualmente incide en la crisis de ética de la profesión es la situación económica que atraviesa el país, lo que nos llevó a preguntarnos: ¿Cuál es el vínculo que existe entre las concepciones legales de ética profesional y la realidad del ejercicio profesional contable en el contexto económico actual entre contadores públicos de Medellín?.

Para abordar esta relación entre las concepciones de ética profesional y la situación económica en la cual se dan las prácticas contables el trabajo se ha desarrollado en tres partes. En la primera parte del trabajo se bosqueja, a grandes rasgos, la responsabilidad que tiene la universidad con la formación ética del estudiante planteando, desde diversos autores, cuáles han sido los problemas que se atribuyen a dicha formación, sus causas y cuáles son las posibles soluciones a estos problemas. En un segundo momento, se discute la incidencia del rol ejercido por el Estado regulador en el desempeño económico de la estructura empresarial colombiana. En la tercera parte, se esboza el concepto de ética profesional desde diferentes fuentes, evidenciando un dilema entre las razones de justicia y las de legalidad al momento del ejercicio profesional. Se discute como caso significativo el cumplimiento de las obligaciones tributarias como escenario de tal dilema.

Finalmente, con base en datos de campo obtenidos en aplicación de encuestas y entrevistas a un grupo de profesionales contables en la ciudad de Medellín, se identifican y analizan percepciones que se tienen acerca de dilemas que surgen entre la dimensión ética-legal de la profesión y la realidad del ejercicio profesional del contexto económico, que los somete a realizar ciertas prácticas contables que pueden atentar contra su independencia como profesionales y sus deberes éticos.

Este trabajo, que hoy se presenta en la revista Visión Contable, surgió como preocupación durante la etapa estudiantil de las autoras, y fue plasmada en el desarrollo del trabajo de grado del que se comparten, en el presente documento, las reflexiones teóricas y el análisis de datos de campo que se han considerado más relevantes para aportar a la discusión sobre el tema ético y profesional, a partir de la experiencia específica de observar el tema en nuestra ciudad. Esperamos que sirva como invitación a continuar discutiendo y ejerciendo las cuestiones éticas de la profesión siempre con la mejor calidad y vocación de servicio a la sociedad.

1. Responsabilidad de las universidades en la formación ética de los estudiantes

Como bien es sabido, es indispensable la ética como un componente fundamental en la formación de los estudiantes de contaduría. Al respecto López y Aguirre señalan que “someter la vida profesional a la ética se volvió más y más necesario, sobre todo para resolver conflictos de intereses entre miembros de la profesión o para evitar que socialmente la profesión fuera perdiendo prestigio por faltas graves a la sociedad” (López y Aguirre, 2007, p. 5). En esa misma línea Antonio Bolívar (2005) argumenta que “la formación para el ejercicio profesional es por naturaleza, una actividad moral; en el sentido de no ser sólo un ejercicio técnico, sino una práctica donde los aspectos cognoscitivos, morales y habilidades prácticas se fusionan ineludiblemente” (p. 4).

Así mismo Vallaeys (2006) menciona que la universidad debe “asumir cada vez mejor su rol de formación superior integral con fines éticos” (citado por Douglas e Izarra, 2016, p. 29). Por lo tanto, se están tomando una serie de medidas como es la incorporación de la ética a todo el currículo universitario, pero estas medidas, aunque apuntan en la dirección correcta, no parecen ser suficientes y por tal motivo la comunidad académica y profesional no se ve satisfecha con la enseñanza de la ética en las universidades.

Muchas instituciones tienen muy presente la importancia de la incorporación de principios y valores en cada una de las áreas a las que se dirigen, pero el problema radica en que “no todas tienen claro el derrotero moral y ético en el cual deben inducir a “bregar” a sus hoy estudiantes, mañana egresados” (López y Aguirre, 2007, p. 5). Así mismo, López y Aguirre (2007) afirman que las instituciones no saben si incluir uno o más cursos de ética por separado o si integrar el tema a todo el currículo, lo que implicaría otros dos problemas como el hecho de que muchos de los docentes no se sienten con el suficiente entrenamiento o motivación para enseñar ética, y la falta de tiempo para cubrir temas éticos en los cursos, o lo otro seria hacer una integración combinada de ambos acercamientos.

El estudio realizado por Jairo Orlando Villabona, el entonces coordinador del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia (2009), arrojó como resultado que la profesión de la contaduría pública se encuentra en lo que se considera “un problema latente”, debido al exceso de facultades de contaduría sin un alto nivel académico (citado por Correa López, 2017, p. 30). Lo anterior puede ser una de las causas que reflejan las falencias en la formación de los estudiantes: el exceso de facultades sin la capacidad académica para enseñar se vuelve —quizás— el foco principal tratándose de la enseñanza de la ética, por lo que esta se basa en el deber ser, es decir, que parte de modelos referentes y marcos conceptuales, los que en la práctica de la profesión poseen una disyuntiva de acuerdo con los principios y valores de cada profesional (Correa López, 2017).

Otros autores como Martínez et al (2002), sugieren que uno de los problemas de la enseñanza de la ética en las universidades radica en la falta de reformas en el plan de estudio. De igual forma el problema se extiende al debatir si la enseñanza debe ser teórica o aplicada y cuáles son las estrategias de enseñanza más idóneas.

Por otro lado, se plantea otro de los grandes problemas y es “el peligro de una educación superior exclusivamente vocacional, orientada solo a la preparación profesional” (Bolívar, 2005, p. 6); por lo tanto, las instituciones de educación superior plantean metas dirigidas a complacer el mercado: un mercado de acumulación, concentración de riquezas y centralización del poder. Lo que podemos ampliar con más precisión a lo dicho por Amézquita et al (2014), quienes afirman que “en un ambiente social como el que se vive actualmente donde los mayores esfuerzos redundan en buscar la maximización de la riqueza, incluso muchas veces en contravía de principios y normas legalmente establecidas” (p. 5). De este modo, se evidencia que la educación en las universidades se enfoca en enseñar conocimientos contables, económicos y de legislación de su profesión, y no a profundizar en conocimientos éticos y de valores que permitan la construcción de un profesional íntegro.

Esto es peligroso en la medida en que hablar de formación en la universidad no puede limitarse a la actividad de formar profesionales. Según Douglas e Izarra,(2016) entenderla de esa manera significaría desconocer el potencial de transformación que la actividad universitaria implica, ya que se considera que todas las personas (estudiantes, docentes, administrativos y personal de servicio) que desarrollan su actividad en una universidad son formados por ella , y de esta manera “las personas aprenden continuamente de la institución en la que viven, y no sólo en los momentos explícitos de enseñanza” (Douglas & Izarra, 2016, p. 29).

Reanudando el tema de las universidades que complacen al mercado, Pamies (2012) plantea que a pesar de que la ética y la responsabilidad social ha ido adquiriendo un mayor grado de conciencia en el mundo empresarial y en la sociedad en general, se evidencia que en el ejercicio de practicar la profesión, la tendencia del profesional es limitarse a generar y crear hechos que van netamente enfocados a reflejar aspectos económicos y a tomar decisiones que involucren solo criterios económicos, dejando a un lado criterios tan indispensables como la ética y la responsabilidad social (2012). Igualmente, Rodrigo López (2013) complementa argumentando que se ha contribuido en las universidades a reducir la identidad profesional a su dimensión económica. Esto muestra una perspectiva en donde la educación en el ámbito empresarial está centrada únicamente en las preocupaciones financieras, fomentando así a la ética individualista y a los intereses particulares por parte de los estudiantes.

Así pues, podemos inferir que las universidades y las instituciones educativas en general, tienen la responsabilidad, no sólo de proporcionar a los estudiantes las oportunidades necesarias para desarrollar sus habilidades en el ámbito de los negocios, sino también de ayudarles a comprender los poderosos efectos que las decisiones y acciones que se toman en la empresa pueden tener en la sociedad, así como los posibles daños colaterales que pueden causar. Por ende, se plantea actualmente —como se ha dicho en líneas anteriores— la discusión de cuál debe ser la mejor estrategia para incorporar la ética y la responsabilidad social en el currículo de las diferentes titulaciones.

Una de las causas que influyen en la formación ética de las personas en la educación superior, son los estándares morales y éticos del estudiante que ya han sido establecidos por sus familias, escuelas, iglesias, pares y sus trabajos antes de llegar a la universidad (López y Aguirre, 2007, p. 9), a lo que Antonio Bolívar agrega que “los valores son los marcos preferenciales de orientación del sujeto, que se especifican y expresan en normas éticas o morales, como criterios o pautas concretas de actuación, y forman códigos morales, como conjunto de normas o principios y de leyes morales en una sociedad o profesión” (2005, p. 4). Por lo tanto, la vivencia de los años puede ser un factor crucial en la formación ética de los estudiantes.

En esta misma línea, Elvira Gonzales argumenta que, en temas éticos, la responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos depende de la formación y condición moral y ética de cada individuo, y esta se va adquiriendo de acuerdo con nuestras experiencias (2013). De esta manera, se plantea que cada sociedad establece sus valores y estándares morales de acuerdo con la satisfacción de sus necesidades económico-sociales, por lo que la gran dificultad radica en quienes somos nosotros mismos.

Es importante reconocer con Amézquita et al (2014), que es relevante y corresponde a cada individuo la decisión de actuar atendiendo a principios éticos que regulan la profesión, pero además “es importante reconocer el rol de las Universidades en la orientación de los estudiantes hacia el correcto desempeño de su labor profesional desde la formación teórica, técnica y humanística” (p. 28). Podemos inferir que las universidades tienen un gran poder de transformación en las personas, tal y como lo plantean Douglas e Izarra (2016) en las líneas anteriores, al argumentar el potencial de transformación que la actividad universitaria implica.

López y Aguirre (2007) sugieren que los individuos utilizan diversos criterios morales para definir lo que es ético y lo que no. De esta forma, entra a colación otra de las causas del problema, que es el concepto de ética, que puede diferir o ser distinto entre todos los que componen el cuerpo universitario. No existe uniformidad en relación con la concepción de ética en las diferentes personas que integran la comunidad académica y, por ende, tampoco existe uniformidad en la forma en que esta se debe implementar (Douglas e Izarra, 2016). Por consiguiente, otra causa de dicho problema se le atribuye a la percepción de la ética que puede tener cada uno de los grupos que confirman la comunidad académica como los estudiantes, docentes y profesores.

Según lo anterior, López y Aguirre (2007) afirman que los mismos estudiantes se creen menos éticos que los otros dos grupos; así mismo, los profesores creen ser más éticos que los estudiantes y administrativos, los administrativos creen que tanto ellos como los docentes son grupos muy éticos e igualmente creen a los estudiantes más éticos de lo que ellos mismos creen ser , esto se le atribuye en gran medida al concepto tan distinto que se le da a la ética en estas tres colectividades.

Por otro lado, una de las causas del problema es el compromiso ético de los contribuyentes de la universidad ya que, según López y Aguirre, al parecer los administradores y profesores perciben un compromiso institucional con la formación ética de los estudiantes, mayor que los mismos estudiantes (2007). En otro sentido, también se identifican posturas de indiferencia, es decir: “los profesores no le dan a la ética la misma importancia que posiblemente les den a las asignaturas más técnicas del currículo y por eso les da lo mismo que se enseñe de una forma o de otra” (López y Aguirre, 2007, p. 41). En esta misma línea, Martínez et al (2002) argumentan que se evidencia la carencia de motivación por parte de los profesores, para integrar aspectos técnicos como humanísticos al contenido de su área, debido a que estos no otorgan el suficiente tiempo o trabajo para analizar si lo enseñado es lo adecuado y si posee una lógica que promueva mejoras en la calidad y formación de nuevos profesionales (2002).

Con una postura similar, Antonio Bolívar (2005) afirma que “el liberalismo presente en la docencia universitaria, en grados mayores que en otros niveles educativos, ha hecho creer que la tarea se limita a transmitir el conocimiento” (p. 3), a lo que Rodrigo López complementa afirmando que se evidencia la carencia ante dilemas de la docencia en relación con problemáticas sociales, pues solo cumplen metas de aprendizaje sin nexos con una ciudadanía democrática, concentrándose de esta manera en lo que importa dentro de las aulas y no lo vivido fuera de ellas (2013).

De igual forma, Antonio Bolívar (2005) también señala que “no sólo faltan materias específicas dedicadas a la ética profesional, sino también hay una cierta ausencia en todas las asignaturas y en el ambiente de la facultad” (p. 106), y reafirma lo anterior, manifestando que la crisis del oficio de educar a la ciudadanía sería un reflejo de la falta de inducir un compromiso moral de los docentes con la formación de los alumnos y de la comunidad. Dicho lo anterior, el profesor universitario, como especialista en un área, puede considerar que su tarea es transmitir su conocimiento, alejado de cualquier compromiso ético. Esto presenta cierta contradicción dado que, por un lado, todos entienden que la ética es un componente fundamental en la formación de los alumnos pero, por otro lado, no se le otorgan la seriedad necesaria para la enseñanza de esta.

Otra posible causa la establecen Martínez et al (2002), al sugieren que son las realidades tan cambiantes a las que nos estamos enfrentando en estos tiempos, los que no permiten reformas en el plan de estudio. Es de notar que falta mucha investigación e innovación en las universidades colombianas, por lo que nos quedamos inmersos en antiguos modelos.

Según una encuesta realizada por Dolors Pamies (2012), un 70% de los estudiantes considera que su institución educativa los “prepara poco” en responsabilidad social empresarial (en adelante RSE), al igual que en conocimientos sobre ética y aspectos morales del management; por lo dicho, se reconoce por parte de los estudiantes la falta de criterios de ética y RSE en los itinerarios que manejan los procesos formativos en las universidades, y es notable la preocupación de los mismos estudiantes para que se les forme desde una perspectiva ética y moral, para poder reflejar un panorama más claro al momento de tomar decisiones en el ejercicio de la profesión que conlleve consigo una responsabilidad, y en donde se les concientice los grandes impactos que generan estas decisiones en la sociedad.

Dicho esto, se intenta plantear la postura propuesta por Taborda y Jiménez (2013), quienes sintetizan el enfoque que se tiene de la ausencia en el pensum de materias que fomentan criterios éticos, al indicar que:

Aunque en todas las universidades se logra identificar la enseñanza de la ética y disciplinas afines (humanística, responsabilidad social, responsabilidad civil, etc.), lo cierto es que en todas ellas se trata de una asignatura complementaria, prácticamente residual que no se constituye en un área fundamental de la formación del Contador Público (p. 70)

Esto, como se mencionó anteriormente, se debe a que la mayoría de las universidades tienen un enfoque netamente mercantilista, con el que sólo se busca responder a las necesidades y demandas del mercado en el área contable; esta formación no está respondiendo de una forma adecuada ante el cambiante entorno y las exigencias que salen al relieve al momento de ejercer la profesión.

Como perspectivas de posible solución, López y Aguirre (2007) proponen que se debe “fortalecer el contenido de los cursos de ética mediante el estudio de situaciones reales y relevantes” ( p. 21), es decir, el análisis de casos o situaciones de su entorno, actualizados en tiempo y espacio. Esto lo expresa mejor Antonio Bolívar, al señalar que interesa incluir en los cursos situaciones reales (casos) que planteen dilemas éticos o socialmente controvertidos en el ejercicio de la profesión, como una estrategia que se ha mostrado especialmente relevante para promover la reflexión y el desarrollo moral (2005).

De este mismo modo, Leyder Correa (2017) afirma que se debe introducir la cátedra de ética desde el primer semestre académico, con una modalidad teórica práctica donde se ponga al estudiante en situaciones de casos reales, y de este modo concientizar a los estudiantes, desde los primeros inicios de su formación, a inculcar la importancia de la ética y como se debe apropiar ésta en la profesión contable, lo que complementa más ampliamente al afirmarse que “si no tomamos nota de lo cara que sale la falta de ética, en dinero y en dolor, el costo de la inmoralidad seguirá siendo imparable” (Cortina, citada por López, 2017, p. 36).

Se plantea otra posible solución, como lo es la inclusión de unos “contenidos de enseñanza y aprendizaje propios de la ética, que deben ser promovidos explícitamente, junto (y vinculados) con los académicos y científicos” (Bolívar, 2005, p. 20), de manera que la formación de los estudiantes no sólo responda a la realidad profesional sino también de la realidad ciudadana.

En esta medida, Pamies (2012) afirma que los estudiantes están de acuerdo con que invitar a expertos y líderes en RSE/Sostenibilidad para que realicen charlas, podría ser la mejor manera para incorporar más estudios de casos relacionados con los temas de ética y RSE por parte de los profesores de distintas materias. Así, se pretende plantear una estrategia para la integración curricular y muestra la importancia de combinar tanto las estructuras curriculares como las extracurriculares, con el fin de crear criterios que permitirá una verdadera integración de los valores de la ética y la responsabilidad social en los alumnos y fomentar un aprendizaje significativo. Partiendo de esta postura, Leyder Correa (2017) contribuye a lo dicho afirmando que se deben “implementar intercambios institucionales, en donde los estudiantes adquieran una visión más heterogénea de lo ético, que no puede ser analizado desde una sola perspectiva” (p. 32).

Otros autores afirman que no basta con integrar el tema de la ética a todos los cursos, sino que “se requiere tomar medidas más profundas encaminadas a capacitar a los docentes y promover el intercambio académico y la investigación en el ámbito local e internacional” (López y Aguirre, 2007, p. 45). Así mismo, Antonio Bolívar (2005) sugiere que “se debe reivindicar la dimensión moral de la docencia universitaria, como una dimensión complementaria” (p. 3).

Con un argumento similar, Elvira Gonzales (2013) plantea realizar labores de tipo formativo basado en la ética, que no solo corresponda a los estudiantes en formación sino a los docentes y autoridades administrativas, que permitan distinguir efectivamente lo que es correcto y lo que no en sus labores profesionales, ya que la formación de ética en las universidades no solo debe ser vista como propia, sino también como colectiva. En esta misma línea, López y Aguirre (2007) plantean que si se quiere ser exitoso en la enseñanza de la ética “hay que identificar las posibles áreas de conflicto entre los diversos constituyentes de la universidad y diseñar estrategias acordes a las necesidades y percepciones de cada grupo” (p 44). Además, se requiere desarrollar “dimensiones proyectivas e introyectivas que incidan de forma directa en el potencial de la persona para construir su sistema de valores y actuar de acuerdo con él” (Martínez et al., 2002, p. 9).

Según Dolors Pamies (2012), los estudiantes son uno de los principales grupos de interés, de modo que conocer sus actitudes y percepciones podría ayudar a las universidades a comprender cómo integrar mejor los contenidos de ética y RSE en la formación que ofrecen (p. 5); se debe reconocer que los alumnos que se encuentran en proceso de formación serán los futuros directivos o funcionarios contables de las empresas, y conocer cuáles son sus actitudes y percepciones en relación con la ética y la responsabilidad social desde una perspectiva crítica hacia las universidades e instituciones, puede ser de vital importancia y puede convertirse en un aspecto clave a la hora formalizar una integración de estos criterios en los currículos.

A modo de síntesis se pretende que las universidades no solo formen profesionales y especialistas sino ciudadanos auténticos, libres y comprometidos con la realidad social que nos aqueja. Como referente ideal deberían realizarse evaluaciones permanentes acerca de los fines y objetivos de aprendizaje éticos y los medios y recursos disponibles para su consecución (Martínez et al, 2002). Sin embargo, ¿esto responde a las dinámicas del contexto social y económico? Se deja planteado para su posterior análisis en la sección de resultados.

2. Estado, regulación y estructura empresarial en Colombia

En una economía de mercado se entiende que el Estado, en ejercicio de sus potestades, puede intervenir ciertas actividades de la economía y la sociedad orientándoles hacia el interés general. El Estado hace uso de su poder coercitivo para intervenir la economía con propósitos tales como “corregir fallos del mercado, […] redistribuir el ingreso, mejorar la información disponible, garantizar la calidad de los bienes y servicios, proteger a los consumidores, promover la competencia” (Flórez, 2009, p. 18). Así, las leyes, los decretos y demás reglamentos legalmente constituidos definen las reglas del juego que orientan la conducta, tanto de los individuos y las empresas, por una parte, así como de las instituciones públicas. En este orden de ideas, la regulación “implica necesariamente una habilitación legal previa para ejercerla, la cual hace posible la creación de normas generales y específicas” (Pinzón, 2016, p. 10). La correcta aplicación de procesos regulativos favorece que el tejido empresarial se fortalezca y se disminuyan costos de transacción en el mercado.

No obstante, el uso de esta capacidad regulativa debe tener límites, de forma que no obstaculice el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada que conduce a la creación y funcionamiento de las empresas. Surgen dificultades cuando se emiten tantas normas que se generan contenidos de redacción oscura o confusa, que no cubren los aspectos esenciales de la actividad económica o dan señales contradictorias. Se puede decir con Tanzi (2000) que “la calidad del sector público mejora cuando el número de leyes es relativamente pequeño, éstas se hallan claramente redactadas y por lo tanto no pueden ser objeto de interpretaciones conflictivas, son completas y no se contradicen unas con otras” (2000, p. 6).

En Colombia, según el Observatorio de Mejora Normativa, durante el periodo comprendido entre los años de 2002 a 2019, el poder ejecutivo expidió 7.242 decretos, de los que 3.304 correspondieron a aquellos de carácter sustancial, cuyo tema principal han sido arancelarios, tributarios, de migración y sobre relaciones internacionales (DNP, 2019). Es decir, en ese periodo se expidieron en promedio 362 decretos por año: en promedio, un decreto por día. La proliferación de normas, decretos y leyes puede ser una ruta a la confusión en los ciudadanos o el abuso por parte de los altos funcionarios, dado que “la reglamentación ha sido identificada por los investigadores interesados como una de las causas principales de corrupción, porque los burócratas a cargo pueden abusar de ella para obtener algún provecho personal” (Tanzi, 2000, p. 7).

Tal situación genera costos significativos por el cumplimiento de las obligaciones, dada la falta de certeza del marco normativo que se debe emplear: “por la naturaleza dinámica de las economías, no es raro encontrar una abundancia de reglamentación anacrónica, inútil o hasta perjudicial y una escasez de las reglamentaciones necesarias que se relacionan con las nuevas actividades económicas” (Tanzi, 2000, p. 7). En este sentido, el exceso de regulaciones desarticuladas y sin un propósito claramente determinado, puede contribuir a la consolidación de una estructura empresarial ineficiente que debe enfrentar excesivos costos de transacción por el cumplimiento de múltiples regulaciones, muchas veces contradictorias entre sí.

Como esfuerzo reciente de optimización normativa, se emitió el 3 de marzo del 2021 la ley 2085, por medio de la cual, según anuncia en su encabezado, “se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la perdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal”. Mediante esta disposición se derogaron de forma expresa 444 decretos y leyes creados entre 1873 y 1996, por obsolescencia, y 164 decretos y leyes creados entre 1871 y 1991 por contravenir el régimen constitucional vigente, situación que nos hace pensar que se ha avanzado un poco en cuanto a la revisión de normas, mas no es suficiente.

También podrían mencionarse los decretos legislativos expedidos durante la emergencia ocasionada por el COVID-19 y que “tumbó” la Corte Constitucional por ser considerados inexequibles, y de los que podrían mencionarse como ilustración los siguientes:

Decreto 487, que planteaba la suspensión de términos en trámite de extradición durante el estado de emergencia; 558, que permitía la reducción temporal de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social; 567, que otorgaba funciones jurisdiccionales a los procuradores judiciales de familia para conocer de los procesos de adopción; 580, que generaba un descuento entre 40% y 80% en el servicio de agua, alcantarillado y aseo para estratos 1, 2 y 3 y la reconexión del servicio cuando no se tuviera, cobros sin intereses y congelación de tarifas; 797, que regulaba temporalmente la terminación unilateral de contratos de arriendo de local comercial para las actividades más afectadas por la pandemia; 802, que modificaba el Decreto 558; y 811, que fijaba las normas para que el Gobierno comprara acciones de empresas privadas que luego podrían ser enajenadas (Sentencia C – 145, 2020).

Según el Consejo Privado de Competitividad, aunque el gobierno colombiano ha venido desarrollando políticas que favorecen el desarrollo y el sostenimiento de las pymes, éstas no han sido completamente exitosas (citado por Heredia, 2016, p. 46). En síntesis, el desempeño de las empresas depende de innumerables factores macro y microeconómicos, por tanto, su desarrollo y crecimiento se ve incidido no sólo por los factores internos, sino por el comportamiento general de la economía y, por consiguiente, la alta influencia que tiene el Estado como regulador con la proliferación de normas, el desarrollo de políticas confusas y las recurrentes cargas tributarias a las que son sometidas las empresas colombianas y específicamente las pymes, les crean barreras que afectan directamente al desarrollo normal de los negocios y pone en tela de juicio el concepto de un Estado equitativo y justo.

3. Ética contable: un dilema inmerso entre lo justo y lo legal

3.1 Las declaraciones éticas y las realidades profesionales

La ética es un elemento fundamental en toda actividad humana y, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, es fundamental en el ejercicio de la profesión contable como actividad mediadora entre el Estado y la sociedad, “su quehacer está direccionado fundamentalmente a salvaguardar la fe pública en las actividades económicas y financieras, parte esencial de la vida de las personas” (Fernández y Campo, 2017, p. 3). Por lo tanto, la profesión contable atañe a la estabilidad económica y social de la comunidad.

En la modernidad, la ética se ocupa de reflexionar el accionar individual, se asocia a cuestionamientos clave tales como “¿qué debo hacer?” y “¿cómo debo actuar?”. Cada individuo está en la libertad de elegir de manera racional su curso de acción, que va ligado a alguna noción o sentido del “deber ser” de sus actuaciones. Pero adicionalmente, se encuentran unas formas de ética codificada, como sucede en el caso de las profesiones y oficios. Pueden darse conflictos entre ambas formas de manifestación ética. En este sentido, si por ejemplo queremos actuar de una manera que se considere justa y correcta dentro de la sociedad, ya sea porque culturalmente así siempre se ha hecho, porque así nos lo enseñaron en algún círculo social o por cualquier otro motivo del “deber ser”, pero en la norma está contraindicada esa acción, estaremos actuando de una manera antiética, desde la perspectiva de un código, aunque incluso a nivel de la conciencia no se considere una conducta incorrecta. Habrá que buscar formas de conciliar ambas dimensiones; así, en la ética kantiana, por ejemplo, la obediencia de las normas se basa en el deber por el deber mismo y no por un fin en sí (Fernández y Campo, 2017).

La normatividad en materia de ética del profesional de contaduría pública en Colombia está regulada por el código de ética profesional, este surge a partir de la ética de un “deber ser” expresado en la Ley 43 de 1990, que guía, desde un marco conceptual, el actuar del contador público en el ejercicio de su profesión en función de la sociedad. Allí se determina que el contador público deberá mantener incólume su integridad moral en el ejercicio profesional. El código de ética del profesional plantea diversos valores tales como la rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en toda circunstancia y así mismo,, el deber de actuar con objetividad, lo que representa imparcialidad, desinterés y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de su actuar profesional (Ley 43 de 1990). Sin embargo, según Pinilla y Álvarez (2013), esta actuación se ve vulnerada en el momento en que el ser humano, como ser social, está determinado e influenciado por distintos factores, tales como la política, la ideología, la cultura, la economía, el grupo en el que se desenvuelve y la presión que éste ejerce (p. 133). Partiendo de esta noción de “presión social” se puede determinar que si bien la norma dice que actuemos con objetividad porque es el deber ser de un profesional determinado (el contable en este caso), esta se ve amenazada por diversas esferas que permean la sociedad, haciendo que los contadores arriesguen la imparcialidad y desinterés de sus acciones.

Habitamos un mundo influenciado por un capitalismo desbordante en donde la acumulación, concentración de riquezas y centralización del poder parece ser el objetivo. Fernández y Campo (2017) exponen que la ambición del poder económico ha permeado las distintas esferas de la sociedad, y en esta vía la práctica contable se encuentra envuelta en dilemas desestabilizadores que conducen a quebrantar los códigos de ética cuando los profesionales actúan por encima de sus valores. Lo anterior da lugar a conflictos éticos que rodean al contador y lo dirigen a cometer actos irregulares, que además de poner en riesgo su carrera profesional, generan inestabilidad en las actividades económicas de la organización, trayendo consecuencias en la sociedad.

Además del código ético incorporado en la ley 43 de 1990, debe recordarse que mediante la ley 1314 y sus normas reglamentarias compiladas en el decreto 2420 de 2015 se ha abierto el paso para aplicar en Colombia también el código de ética de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). De acuerdo con esta perspectiva, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja (IFAC, 2018, p. 15), sus acciones tienen efectos sociales significativos, por tanto, las personas que ejercen esta profesión deben dar muestra de sólidos valores morales, éticos y de responsabilidad. Sin embargo, la profesión contable no es impermeable ante la ambición del poder económico, y a pesar de la existencia de los códigos de ética, el sentido ético de labor contable podría verse afectado o infiltrado por otros intereses relegando su labor social esencial.

En este sentido la IFAC (2018) establece algunas circunstancias que originan amenazas de intereses propios para el profesional de la contabilidad (p. 31):

• Tener un interés financiero en la entidad para la que trabaja o recibir un préstamo o un aval de esta.

• Participar en acuerdos de remuneración que contienen incentivos ofrecidos por la entidad para la que trabaja.

• Tener acceso a activos de la empresa para su uso personal.

• Ofrecimiento, de parte de proveedores de la empresa, de obsequios o tratos favorables.

Al respecto, consideramos que para hacer una efectiva adopción del código de ética emitido por la IFAC, se debe tener en cuenta el contexto en el que se vive y las exigencias que este genera para el profesional ya que puede quedarse corto, ante las diversas situaciones complejas, dilemas éticos, problemática de corrupción y fraude, entre otras, a las que se puede exponer la profesión contable en Colombia y que pueden comprometer seriamente los valores éticos, especialmente cuando se detecta la presencia de factores que ejercen presión sobre las decisiones profesionales.

Otra problemática ética dentro de la profesión contable es la competencia desleal que realizan algunos colegas en su ejercicio, valiéndose de prácticas poco convencionales, generan un esquema facilista y mediocre en el desarrollo de las labores contables. Así pues:

Cada día, se presentan más casos de competencia desleal. Con más frecuencia los profesionales de la contaduría pública rebajan sus honorarios con el fin de obtener un contrato y ganarse la atención de un cliente, que ya le pertenece a otro contador o a una firma de contadores, muchas veces sin tener la competencia, experiencia, ni el perfil necesario para el cargo (Consejo Técnico de la Contaduría, citado por Varón, 2016).

Esta es una problemática que crece día a día, todo por un interés económico propio que gira en torno a una lucha de poderes que desmerita el valor y la importancia que tiene el trabajo que desarrolla un contador público, haciendo que esta profesión se vea cada vez más afectada y perdiendo su confianza y fe pública, en gran parte debido al mismo actuar de los profesionales.

Según Jenniffer Varón (2016), los irrisorios precios que cobran los profesionales por sus servicios lo hacen sin tener en cuenta el estudio de costos que se debe realizar previo a la presentación de una oferta, prestándose un servicio deficiente, ya que los honorarios que debe percibir el profesional no se ajustan al tiempo destinado a la realización de las labores contables. Lo anterior repercute en el profesional, quien presta un servicio con poca calidad. Mantener la confianza pública es el objetivo fundamental de los contadores: el público debe estar satisfecho de sus servicios, lo que implica una alta calidad profesional.

En su testimonio profesional, un colega manifiesta que considera que hay poca influencia de los empleadores para ejercer presión en los contadores, pues según él no considera que la independencia mental esté siendo afectada por la presión de los empleadores, sino más bien por la competencia tan desleal que existe en el gremio (Entrevista EE2, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). A esto se le complementa lo dicho por el Consejo Técnico de la Contaduría (2009), que ha manifestado que la competencia desleal lleva a la profesión a un estado de pauperización, pues se crea un mercado donde “el empresario contrata atraído por el bajo precio y no por la calidad del servicio que se le presta” (p. 9). Como quien dice, los contables se hacen así mismos una competencia “por lo bajo”.

El código ético de la profesión claramente establece que “ningún Contador Público podrá sustraer la clientela de sus colegas por medios desleales” (Ley 43 de 1990, art. 60) y que la buena fe y la lealtad hacen parte del respeto entre colegas (art. 37.9) para un correcto desempeño profesional. Sin embargo, el profesional contable está expuesto a situaciones en las que los intereses personales están por encima de los principios éticos, lo que conduce al quebrantamiento de los Códigos de ética, incluso a sabiendas de ello. Es notorio que los dilemas éticos no son ajenos a la profesión contable, que está constantemente hostigada por la ambición, y lo es aún más cuando sacamos a colación la afirmación de Pinilla y Álvarez (2013) al decir que “la avaricia desmedida por un beneficio económico ha hecho que muchas de las organizaciones, en algún momento de su existencia, hayan caído en prácticas no tan éticas a los ojos de la sociedad y las leyes” (p. 139).

De acuerdo con Fernández y Campo (2017) la corrupción no es una decisión ingenua, sino movida naturalmente por el egoísmo y la maximización de las preferencias e intereses personales. Discutiendo las prácticas corruptas, es común encontrar en las voces de la gente una justificación para estas, por el contenido injusto de las leyes. Se plantea el dilema acerca de si todo lo que está contenido en la ley es lo justo, o si todo lo justo está en la ley, como un elemento posible de debate acerca de la corrupción y sus efectos.

Desde la historia, Aristóteles define a la justicia como el hábito que dispone a los hombres a hacer cosas justas y por el cual obran justamente (Vargas, 2012, p. 208). Ahora bien, según tal autor “lo justo es lo legal y lo igual”: se puede deducir, según esta definición que todo lo que es legal de alguna manera, por ese hecho es justo. Contrario a esto, Diego Poole (2017), da una mirada divergente: lo justo no se puede delimitar a los aspectos legales, ya que plantea que la legalidad o lo legal es solo un indicio para la justicia. Por otro lado, y centrando el concepto en la actualidad, Gerardo Durango define la justicia como “el principio que está ligado a la toma de decisiones incluyentes, principalmente en y desde la esfera pública” (2011, p. 35), y relaciona para ello elementos de la política, el Derecho, la Economía y la Filosofía, entre otras disciplinas. Desde esta perspectiva, la justicia se relaciona con la toma de decisiones imparciales para los afectados o beneficiados por las normas, bien sean estas políticas, jurídicas o morales; es así como la justicia se convierte en un mecanismo público de solución de conflictos y a su vez delimita y armoniza aquellas pretensiones e intereses en conflicto propios de la vida social.

Entonces, la justicia no está solo en función de la ley, pero debe contemplar una parte importante en ella. A propósito de la justicia y su enunciación en leyes relacionadas con el ejercicio profesional, cabe recordar que el código de ética le asigna al profesional contable un rol significativo en la administración de justicia, enunciando que “el contador Público es auxiliar de la justicia en los casos que señale la Ley, como perito expresamente designado para ello” (ley 43 de 1990, art. 38), ámbito en el que es posible cumplir un importante aporte a la sociedad. Igualmente, el estatuto tributario invoca el “espíritu de justicia” por el cual “el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación” (art. 683).

3.2 La tributación, un campo de dilemas éticos en la profesión

Cabe resaltar la importancia de la dación de fe pública, entendida esta, según Contreras y Arango (2010) como “la delegación dada por el Estado para dar testimonio escrito en forma fidedigna de actos y situaciones indicados en las leyes” (p. 12), pero hay tanto o más importante, y es la gran responsabilidad de generar confianza pública, lo que implica un grado significativo de certeza que la sociedad deposita acerca de aquellos actos puestos a disposición del profesional contable. En este sentido, coincidimos con Panel Blanco al afirmar que la “fe pública es solo la forma, la esencia del contador es la confianza pública” (citado por Contreras y Arango, 2010, p. 12). De esta manera la confianza está íntimamente ligada a la buena fe que inspira la labor del contador. En este sentido:

Es absolutamente pertinente dar fe pública, de hecho, demuestra la importancia que tiene nuestra profesión para la sociedad, ya que no solo se trata de presentar o firmar declaraciones, o estados financieros, sino, garantizar al Estado Colombiano y a la sociedad en general, que lo que suscribimos es verídico, cierto y atiende a la realidad económica, haciendo que estos agentes confíen en nuestra profesión. (Entrevista EE1, Comunicación personal, 12 de diciembre de 2018)

Uno de los ámbitos profesionales relevantes en los que se ponen en juego tanto la fe como la confianza pública es en el cumplimiento de procesos tributarios. El contador, como garante de confianza pública, tiene la capacidad de identificar la brecha que existe entre los juicios éticos y morales que pueden trascender en la toma de una decisión, estos en algunas ocasiones pueden sobrepasar las disposiciones legales que enmarcan cada normatividad, siendo la ley una de las prioridades que debe saber sobrellevar. El ejercicio de la profesión contable parece generar dilemas o confrontaciones éticas entre lo legal y la forma en que se percibe lo justo en materia tributaria.

Si lo justo es lo proporcional, entonces una tributación justa implicaría una afectación proporcionada o imparcial a los diferentes contribuyentes, es decir, que los diversos contribuyentes sufran la misma o al menos una muy similar afectación por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así, podría decirse que en materia tributaria caben orientaciones redistributivas, donde “lo justo implica considerar las circunstancias y las condiciones de las diferentes personas (Vargas, 2012, p. 213)”. Pero no hay un criterio único o universal para considerar las razones de justicia de un hecho, en este caso en el ámbito de la tributación. La regulación profesional en materia tributaria puede chocar con otros criterios al momento de cumplir compromisos fiscales.

Ahora, podemos decir que el profesional, aun sabiendo esto, muchas veces no cumple a cabalidad la norma, ya no por un interés particular o con la finalidad de lucro como ya se mencionó, sino más bien asume una postura divergente, tal vez con base en una percepción de justicia diferente a la que está plasmada en la norma. Se manifiesta el dilema de lo justo y lo legal. ¿Hasta qué punto están dispuestos los profesionales contables, por alguna percepción de injusticia, a ignorar la aplicación estricta de una norma tributaria, o a darle una interpretación demasiado flexible, incluso teniendo el conocimiento de los riesgos disciplinarios y legales a los que puede tener lugar como profesional? Incluso puede haber riesgos más amplios, sociales, como la confianza en la profesión contable.

En algunos testimonios obtenidos de contadores públicos, estos afirman que las normas tributarias en Colombia son demasiadas complejas para su aplicación, y en muchas ocasiones perjudican a todos como profesionales (Entrevista EE1, Comunicación personal, 11 de diciembre de 2018) (Entrevista EE2, 4 de octubre de 2021). Así pues, en Colombia no se aplica muy bien este concepto de justicia debido a la realidad que nos aqueja al momento de expedirse leyes tributarias, las que no resultan ser muy justas; en la actualidad, la carga tributaria es pesada por tantos deberes formales de declaraciones, e induce a que “la desproporción de las cargas, obliga a las PYMES a cumplir un sin número de obligaciones, en las que en muchos eventos no tienen cómo soportar” (Entrevista EE1, Comunicación personal, 11 de diciembre 2de 2018).

Así, por ejemplo, en el caso del impuesto de renta se gravan las utilidades, y con ello la capacidad de los ingresos susceptibles de producir incrementos netos en el patrimonio (Art. 26 del estatuto tributario). Si bien es cierto, este es un impuesto de porcentaje fijo en el aporte, y de una u otra forma cumple con el principio de equidad y no resulta ser tan equitativo en relación con las MiPymes, dadas las utilidades comparadas con grandes empresas que pueden tener la posibilidad de mayores minoraciones y beneficios tributarios, por su mayor capacidad de acceso a análisis tributarios especializados que les proporcionan tal soporte. El impuesto de industria y comercio, por su parte, grava la base de acuerdo con los ingresos, siendo indiferente de la generación de utilidades o pérdidas; además, es un impuesto que paga un grupo específico de comerciantes, a diferencia del impuesto de renta que sí es un impuesto general. Cubides (2015) afirma que cuando un sistema tributario se caracteriza por tener una estructura tarifaria muy alta, un grado de complejidad innecesario, un sistema de exenciones tributarias incoherente con la política económica del Estado, una base impositiva pequeña y gravámenes excesivos para ciertas inversiones, pone en riesgo la consecución de las metas de crecimiento económico, productividad, equidad y progresividad.

En el caso del IVA (impuesto sobre las ventas), se trata de un impuesto que a pesar de que no presenta la carga tributaria directa en las empresas, ya que estas funcionan como agentes pasivos recaudadores, recae en toda la población en general, siendo regresivo respecto a la capacidad de ingreso de cada persona, es decir, grava con una misma proporción por producto a la población rica y la más pobre, la empleada y la desempleada, generando inequidades sociales.

En síntesis, podemos decir que las irregularidades que cometen los contadores públicos —de forma consciente o intencional—, podrían darse, bien por la intromisión de ambiciones o intereses personales de un profesional en un momento dado, o por razones más “solidarias” y “altruistas”, al percibir injusticia en la aplicación de algún requerimiento normativo tributario, siendo estos caminos de dilema ético que los profesionales deciden en ocasiones tomar. Con base en datos obtenidos en encuestas a profesionales en ejercicio de la ciudad de Medellín se analizan estos asuntos en la sección 4.

4. Metodología y resultados

Análisis de percepciones acerca de dilemas entre la dimensión ética-legal y la realidad profesional del contexto económico

Se desarrolla una investigación basada en un análisis cuantitativo, mostrando las distintas percepciones de los profesionales contables de Medellín sobre las circunstancias que los conminan a realizar ciertas prácticas contables, dándole también un apoyo cualitativo al trabajo. Para este fin, se emplean herramientas tales como artículos, ponencias, conversatorios, encuestas y entrevistas con opiniones de personas directamente involucradas en este contexto. Así pues, para efectos del presente trabajo se recurre a la investigación mixta, dado que a través de esta se integra el método cuantitativo y cualitativo, para así comprender de una mejor manera el problema sujeto de estudio.

4.1 Vínculo entre educación ética y realidad profesional

En este aspecto analizado, se detectan las principales percepciones acerca de cómo relacionan los colegas encuestados el papel formativo de la universidad en los aspectos éticos. Se plantea una primera premisa acerca de si la universidad es la responsable de formar éticamente a los Contadores Públicos; adicionalmente, se examina el grado de responsabilidad del proceso educativo contable en cuanto a los aspectos éticos. Un segundo aspecto indagado es la percepción acerca de si el currículo universitario da cuenta en forma equilibrada de las dimensiones éticas de la profesión, en relación con los aspectos de formación técnica. Se resume el resultado de ambos aspectos en las gráficas 1 y 2:

GRÁFICA 1. Responsabilidad de la universidad en la formación ética
Fuente: elaboración propia

GRÁFICA 2. Orientación del currículo universitario
Fuente: elaboración propia

La tendencia observada ratifica lo expuesto por Carolina Contreras y Diego Arango (2010) al plantear que el buen ejercicio profesional obedece en gran medida a la formación en el hogar, pero la Universidad como institución delegada para esta función, debe continuar con ese proceso, logrando así formar personas puestas al servicio de la sociedad. En la variable “responsabilidad de la universidad en la formación ética” se observa una negación casi absoluta a dejar solo en manos de la universidad la ética de los profesionales contables, y se puede notar una tendencia muy marcada (92%) al considerar que tanto la universidad como la familia y la sociedad son los responsables de la formación integral y profesional del Contador Público.

Esa tendencia es coherente con la percepción acerca de si los currículos solo enfatizan la formación técnica, donde solo un 8% considera que es así. En contraste, hay casi unanimidad en torno a que la formación que recibieron no descuidó los aspectos humanísticos y éticos, aunque se inclinó mayormente hacia la formación técnica requerida (59%). Entonces, a pesar de la incorporación de espacios curriculares en los que se enseñan y aprenden los aspectos éticos de la profesión, estos parecen no estar equilibrados en relación con el tiempo dedicado a las cuestiones técnicas que, según la percepción de estos profesionales, sigue aun prevaleciendo en la enseñanza de la profesión contable.

Por otra parte, debemos considerar la enseñanza de la profesión contable en contraposición a la realidad económica, como una variable a tener en cuenta en esta categoría, en la que se pretende establecer si las disposiciones legales en la enseñanza de la profesión contable están desligadas de las habilidades mínimas que debe desarrollar un Contador Público para enfrentar la realidad económica. A diferencia del aspecto anterior, con tendencias muy marcadas, en este caso las percepciones para la variable “Disposiciones legales de la enseñanza contable” están muy divididas (54% vs 46%) por el sí y el no (ver tabla 1, columna 1). La porción minoritaria, que en todo caso es significativamente alta (46%), considera que las disposiciones legales que se enseñan durante el proceso formativo sí tienen relación con la realidad económica, mientras que la mayoría de los encuestados consideran que la enseñanza de la profesión contable no suple las habilidades y necesidades que la realidad económica demanda (54%).

Tabla 1. Estadísticas aspectos profesionales

OPCIONES DE RESPUESTA	1. Disposiciones legales de la enseñanza contable		2. Presiones en el ejercicio profesional		3. Prevalencia del interés individual		4. Satisfacción en la remuneración
	¿Considera que las disposiciones legales en la enseñanza de la profesión contable, están desligadas de las habilidades mínimas que debe desarrollar un C.P. para enfrentar la realidad económica?		Indique si ha recibido algún tipo de presión para ejercer de manera inapropiada, ilegal o no ética su labor como profesional contable		¿Ha vivido o conoce algún caso en el que haya prevalecido la búsqueda del interés personal sobre el profesional y que ello incidiera en el ejercicio de la profesión contable?		¿Consideras que la remuneración recibida por la prestación de tus servicios profesionales satisface tus expectativas económicas?
SI	20	54%	14	38%	24	65%	9	24%
NO	17	46%	23	62%	13	35%	28	76%

Al contrastar este resultado con la literatura revisada al analizar los retos de la profesión contable en la economía actual, nos damos cuenta de que la teoría y la práctica están desligadas respecto a las nuevas disposiciones legales de la educación y las habilidades mínimas que debe desarrollar un profesional (Cañas, Castaño y Tamayo, 2011). En este asunto, pues, las percepciones no son unánimes, y se identifica una porción significativa de desarticulación entre los conocimientos adquiridos, como producto de las disposiciones legales vigentes, en relación con su aplicación en la realidad económica.

Estos datos nos llevan de retorno a las reflexiones planteadas en la sección 2 acerca de qué tanto de lo que hacemos en la profesión contable responde a exigencias regulativas que se hacen la estructura empresarial pero que no consultan sus realidades o necesidades, generando así con algunos aspectos de nuestra labor unos costos transaccionales significativos que le quitan eficiencia al funcionamiento de las organizaciones. Pero la muestra tomada es muy incipiente como para dar conclusiones más definitivas para toda la profesión, se deja planteado a nivel de conjetura que pueda ser observada en otros estudios que se hagan al respecto con un mayor alcance, aunque es posible contrastar con algunos testimonios de las personas entrevistadas, donde se observan posturas que destacan de una parte un “excesivo” enfoque teórico, y, de otra, la proliferación normativa como factores de esa falta de vínculo entre lo académico y la realidad económica:

Muchas universidades se han enfocado más en aspectos investigativos y teóricos que a la misma práctica, entonces muchas universidades, no todas, se han quedado con la imagen antigua del contador, y no contadores que hagan análisis críticos de la norma, que sea integral, se le ha dado mucha prevalencia a muchas materias que se alejan de la práctica, para estar más en el ámbito académico e investigativo, lo cual es muy importante, pero los estudiante y futuros contadores necesitan estar empapados del día a día (Entrevista EE3, Comunicación personal, 12 de octubre, 2021).

La academia solo se ha dedicado a dar teoría poco profundizan en la práctica (Entrevista EE4, Comunicación personal).

Al momento del estudiante egresar de la universidad, si no ha practicado nunca su carrera, se va a encontrar con un mundo muy diferente al cual se vio enfrentado cuando estaba en la universidad, puesto que estamos en un país donde nos cambian las reglas de juego continuamente, es decir, a cada rato están sacando normas y a las universidades les cuesta mucho trabajo y muchos recursos económicos estar actualizando su pensum académico, ajustándolo a la norma […]. Somos un país muy leguleyo, sacando normas para cualquier cosa y a veces son normas que ni siquiera se pueden aplicar fácilmente, pues su aplicación costaría demasiados recursos (Entrevista EE2, Comunicación personal, 14 de octubre, 2021).

Es probable que una causa significativa de esa desconexión que se da entre la teoría y la práctica se pueda atribuir en cierta medida a las disposiciones legales, tanto en normas locales como en las internacionales que se implementan sin consultar la realidad empresarial y social. A modo de ejemplo, la adopción que se hace de normas traídas de contextos económicos y empresariales diferentes al nuestro, sin hacerles adaptaciones pertinentes, como podría ser el caso de la forma como se impusieron las NIIF en Colombia. En este aspecto hay posturas testimoniales fuertes que ven tal proceso de forma crítica:

Se trata de acomodar a la fuerza la realidad económica a los criterios internacionales, como el hecho, por ejemplo, de pertenecer a la OCDE, o el hecho de establecer las NIIF” (D. Martínez, comunicación personal, 12 de octubre, 2021)

No estamos preparados para aplicar NIIF, debido a que nuestro entorno económico es muy diferente a otros países que si las pueden aplicar plenas (Entrevista EE4, comunicación personal, 13 de octubre, 2021).

Hay indicios de un rechazo significativo de parte de algunos sectores profesionales hacia las normas contables por no ser acordes con la realidad económica que atraviesa el país y no se vinculan con la dinámica económica específica, debido a un proceso regulativo en materia contable basado en la adopción extensiva de tales estándares.

4.2 Prácticas de los profesionales contables

Presiones en el ejercicio profesional

Se indagó en las personas participantes si percibían que habían recibido algún tipo de presión para ejercer la profesión de alguna manera inapropiada. En las respuestas pudimos identificar dos tipos de tendencias, por un lado, hay quien afirma que no hay una influencia externa, pues es el contador quien debe tener y aplicar un carácter en el ejercicio de su profesión. Por otro lado, está la tendencia de quienes afirman que sí hay una influencia; ahora bien, en esta se presentan dos posturas: hay quienes dicen que esta influencia se da por la falta de cultura tributaria en el país, y otros establecen que la influencia se da por la competencia tan fuerte que existe en el mercado laboral.

A pesar de que es una elección del profesional contable el dejarse influir o no por parte de presiones del entorno socioeconómico en su ejercicio profesional, en testimonios de las personas entrevistadas se plantea, por ejemplo, que “estamos en una economía donde la competencia es muy fuerte, entonces muchas veces uno tiene que ceder un poco en ciertas cosas para poder entrar en el mercado” (Entrevista EE2, Comunicación personal, 14 de octubre de 2021). Más específicamente, en materia tributaria se reflexiona acerca de la baja cultura tributaria como una influencia significativa:

No tenemos cultura tributaria empezando por el mismo Estado, porque las personas ven en el Estado que si paga impuestos no los va a ver reflejados para el beneficio de toda la sociedad y la corrupción es uno de los factores que hace que las personas no se motiven a pagar impuestos. Esto es un punto, y otro, porque de una u otra forma no hay cultura tributaria, no nos enseñan desde pequeños o desde lo poco a tributar (Entrevista EE3, Comunicación personal, 12 de octubre, 2021).

De lo anterior, podemos inferir que sí hay una influencia por parte del entorno socioeconómico hacia el profesional contable, y en contraste con la premisa establecida en la encuesta, nos da a entender que se presenta una contradicción, toda vez que, en las encuestas, el 62% de los encuestados establecieron que, de forma directa, ellos mismos no han experimentado una presión para ejercer de forma inapropiada, ilegal o no ética, su labor como profesional contable; es decir, para estos el entorno socioeconómico no es uno de los factores determinantes que influya en sus prácticas (ver tabla 1, columna 2), pero como lo pudimos observar en las entrevistas, hay argumentos significativos para afirmar lo contrario.

Ahora bien, al indagar por la variable “Prevalencia del interés individual”, se encuentran resultados divergentes respecto a la variable “Presiones en el ejercicio profesional”. En esta última, interesó identificar si las personas encuestadas conocían casos (ya no como pregunta directa o personal) en los que el profesional contable, por darle prioridad a algún interés individual, cometiera acciones que incidieran en la calidad de su ejercicio profesional, en cuyo caso una porción muy significativa de la mayoría (65%) se manifestó con respuesta afirmativa (Ver tabla 1, columna 3). De esto, se infiere que los profesionales contables reconocen que dentro de su campo existe una tendencia muy fuerte a las acciones tomadas por interés propio según se expuso en el capítulo 3, con las preocupaciones y reflexiones éticas a lo que tal situación nos debería conducir. Entonces, comparada con la variable anterior, las personas encuestadas describen que en los casos de un ejercicio profesional inapropiado, ilegal o no ético, puede tener más incidencia el hecho de buscar el interés propio que una influencia externa del contexto socioeconómico.

Para completar este análisis se indagó acerca del nivel de satisfacción percibido en materia de remuneración económica (tabla 1, columna 4) que evidencia entre los encuestados un nivel de insatisfacción alto (76%). De forma adicional se consideró relevante establecer la posible correlación entre las variables “3. Prevalencia del interés individual” y “4. Satisfacción en la remuneración”, para ello se aplicó la prueba estadística chi cuadrada (Xi2) para analizar la posible relación entre las variables mencionadas, así:

Con una correlación muy significativa del 80% entre ambas variables, podemos inferir que los altos grados de insatisfacción que pueden llegar a sentir algunos Contadores Públicos respecto a la remuneración que reciben a cambio de la prestación de sus servicios profesionales, pudieran ser una causa posible de anteponer el interés particular al apropiado ejercicio profesional. Esto, lógicamente, no es justificable desde un punto de vista legal ni ético, pero es lo que se logra inferir en la muestra analizada.

Pero el escenario puede verse también desde una perspectiva constructiva. Los profesionales entrevistados destacan que desde el ejercicio profesional cotidiano se pueden llevar a cabo acciones para atenuar las presiones recibidas en su ejercicio profesional. En primer lugar, está la formación de un criterio y carácter que deben tener los contadores públicos y, por otro lado, “se tiene que estar capacitado permanentemente para no caer en un error legal por desconocimiento” (Entrevista EE4, Comunicación personal, 13 de octubre, 2021). Además, cada individuo está en la libertad de elegir de manera racional su actuar de manera ética, pero este debe estar siempre ligado en defensa del deber. Además, se plantea la capacitación constante permite tener las bases intelectuales para conocer y enfrentarse a la “maraña legislativa” que permita resolver de mejor forma las necesidades que se presentan en la realidad económica de las organizaciones. Este aspecto del volumen legislativo y su efecto profesional se amplía en las variables a continuación.

Proliferación de normas

Por otro lado, debemos considerar otra variable en esta categoría, como es la proliferación de normas en materia tributaria y regulación contable, ya que este factor incide directamente en la práctica del Contador Público. Ahora, veamos en la siguiente tabla cómo los Contadores Públicos rechazan rotundamente la premisa de que las normas tributarias y, en general, las que regulan la profesión contable sean claras para su aplicación:

GRÁFICA 3. Compendio de norma contables
Fuente: elaboración propia

Dicho lo anterior, podemos observar que el 70% de la población encuestada indica que el extenso compendio de normas tributarias que existe no es claro, y el constante cambio y actualización pueden llevar a que sean contradictorias, lo que dificulta su aplicación. En una postura más moderada, los encuestados afirman que, a pesar de que las normas son claras, su proliferación es un factor de riesgo para una correcta aplicación (30%).

Podemos inferir que el gran compendio de normas en materia tributaria y contable que se presenta en el país es uno de los motivos relevantes por el que los contadores públicos se sienten presionados en su ejercicio profesional, toda vez que su constante cambio hace compleja su aplicación y obliga al contador público a estar actualizado día a día, lo que en muchas ocasiones resulta imposible, puesto que los cambios y la creación de normas en materia tributaria y contable en Colombia se dan a diario. Acerca de la proliferación normativa como factor de riesgo o presión en el ejercicio de la profesión se plantea que:

Existe mucha inseguridad jurídica, porque hay muchas modificaciones en materia tributaria todos los días, la proliferación de normas es una presión importante porque es imposible que una persona tenga conocimiento de todos los cambios que se dan día a día. (Entrevista EE3, Comunicación personal, 12 de octubre, 2021)

La cambiante regulación normativa del país es una presión a la que se ve expuesto el contador público, porque el mismo desconocimiento de la norma te presiona para estar actualizado (Entrevista EE4, Comunicación personal, 13 de octubre, 2021).

Se confirma esta correlación al aplicar la prueba de correlación chi cuadrada (Xi2), entre las variables “compendio de normas contables” (gráfica 3) y “Presiones en el ejercicio profesional” (tabla 1, columna 2) el cual arrojó una intensidad de correlación del 76%, como lo podemos observar a continuación:

Adicionalmente, la gran proliferación de normas podría ser una de las causas para que la enseñanza en las universidades esté desligada de las habilidades mínimas que debe desarrollar un contador público a la hora de enfrentarse al campo laboral, puesto que al momento de que el estudiante egrese de la universidad, estará desactualizado porque la aplicación de la norma ha cambiado, ha sido declarado inexequible, o ha sido derogada, lo que obliga al nuevo contador público a actualizarse. Acerca de este aspecto se quiso verificar el grado de correlación Xi2 entre las variables “Compendio de normas contables” y “Disposiciones legales de la enseñanza contable” (tabla 1, columna 1) encontrando un grado de correlación del 76% como se muestra a continuación:

Presión fiscal

Habría que decir también que otros elementos importantes de analizar son la ética, la justicia y la legalidad en la dimensión tributaria, dado que un amplio conjunto de las prácticas profesionales se hace alrededor del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se comenzó por indagar la percepción acerca de la presión fiscal que reciben las pymes, y en este aspecto los profesionales encuestados reflejan el amplio consenso de que este tipo de empresas tiene una mayor presión, tal como lo plantean algunos organismos internacionales, según se observa en la gráfica 4:

GRÁFICA 4. Presión fiscal en las pymes
Fuente: elaboración propia

Además, se quiso indagar si esta percepción de presión fiscal podría tener alguna incidencia en el quebrantamiento de los códigos de ética por parte del Contador Público, por anteponer su propia visión de justicia ante la legalidad, como una consecuencia de la presión fiscal que soportan las Mipymes. Con puntos de vista divididos, un 30% de los encuestados apoya esta premisa, pues considera que la legalidad tributaria no necesariamente refleja la justicia del tributo: las normas, a pesar de ser legales, no son necesariamente justas. Una postura más moderada se lleva la mayoría (40%) al apoyar la premisa de que la mayor presión influye en el quebrantamiento del código de ética, sin embargo, defienden el deber ser de según el cual las prácticas contables en el ámbito tributario siempre se deben de ceñir a la normativa. Finalmente, una postura más estricta desde el punto de vista normativo plantea que bajo ninguna circunstancia se justifica quebrantar los códigos de ética, por concebir o practicar alguna otra visión de justicia (30%) (gráfica 5).

Esta variable indagada es pues muy polémica, a pesar de la tendencia estadística encontrada, en algunas argumentaciones se considera que no hay presiones fiscales más excesivas para las pymes en particular, sino que se trata más de un asunto de administración financiera de los flujos comprometidos en las obligaciones fiscales:

Este concepto no es válido, pues todos pagan una misma tarifa y eso garantiza la equidad, cada quien paga su tarifa sobre su renta líquida” (D, Martínez, comunicación personal, 12 de octubre, 2021).

La presión fiscal es la misma, tanto para pymes como para grandes empresas, solo que las pymes no gozan de tanta liquidez como si lo hacen las grandes empresas, ahí es donde se ven presionados, pero no en la parte fiscal si no la parte de la liquidez, en sus flujos de caja. (Entrevista EE4 comunicación personal, 13 de octubre, 2021).

De conformidad con testimonios de algunos entrevistados, podemos inferir que las diferentes visiones de justicia son un referente demasiado ambiguo para ser usado como estándar de desempeño profesional:

La justicia es un concepto muy subjetivo, entonces si yo hablo de justicia estoy partiendo de un hecho que yo creo que es, pero no necesariamente va a ser, por eso la legalidad es la que prima, y al final del día en materia tributaria hay una premisa que rige y es el principio de legalidad. En materia tributaria tiene que primar la legalidad, porque si no el derecho tributario no estaría unificado, puesto que si dejamos que rija la justicia nadie pagaría impuestos por esa misma subjetividad del concepto (Entrevista EE3, comunicación personal, 12 de octubre, 2021).

Sin embargo, existen posturas profesionales que se atreven a conjeturar que “en Colombia los códigos de ética se pueden quebrantar por la carga impositiva que se está aplicando a las pequeñas y medianas empresas, comparado con los grandes capitales, pues las Mipymes son las que prácticamente sostienen el país” (Entrevista EE2, comunicación personal, 14 de octubre, 2021).

el sistema tributario del país está fijado básicamente para controlar las pequeñas y medianas empresas que son más del 80% de las empresas colombianas, por ende, son las que más control tienen por parte del Estado teniendo en cuenta que por medio de esta es por donde el estado capta más recursos (Entrevista EE2, Comunicación personal, 14 de octubre, 2021).

GRÁFICA 5. Presión fiscal y códigos de ética
Fuente: elaboración propia

Ahora, desde el punto de vista estadístico al aplicar la prueba chi cuadrada entre las variables “Presión fiscal en las pymes” (gráfica 4) y “Presión fiscal y códigos de ética” (gráfica 5), se evidencia una intensidad de correlación muy fuerte del 95% como se muestra a continuación.

Desde el deber ser, se establece con claridad que independientemente de que la presión fiscal en las pymes incida o no en las prácticas del contador público en cuanto al quebrantamiento de los códigos de ética, estas prácticas no se deben llevar a cabo, ya que debe primar la legalidad. Sin embargo, testimonios más cercanos, así como la correlación estadística muestran que la percepción de una mayor presión tributaria para las pymes puede estar incidiendo de forma muy contundente en el quebrantamiento de los códigos éticos de la profesión.

Estos hallazgos nos retornan de nuevo la reflexión hacia la universidad y su papel en la sociedad como formadora de profesionales con ciertos rasgos, que promuevan un mayor compromiso con la comprensión y aplicación de las normas contables y tributarias en el medio social. Es reiterado encontrar en el medio profesional testimonios de colegas que plantean que como ejerciente independiente existen muchos clientes que de forma muy directa te dicen “a mí no me gusta pagar impuestos, mire como me puede ayudar” Entrevista EE2, Comunicación personal, 14 de octubre, 2021), donde el profesional contable se puede ver de nuevo expuesto, como había sido mencionado antes a “la misma cultura del no pago del tributo” (Entrevista EE3, Comunicación personal, 12 de octubre, 2021). Estos aspectos analizados abren una visión adicional de análisis que no alcanzamos a considerar en este trabajo pero que podría ser objeto de posteriores estudios y es la dimensión cultural, tanto lo cultural en general, como la cultura tributaria en particular, como factor que también puede incidir en la práctica del profesional contable.

Conclusiones

Las siguientes conclusiones no pretenden ser análisis causales definitivos, sino más bien proponer algunas conjeturas a partir del análisis de datos de campo obtenidos, debidamente contrastados con la literatura revisada. Se dejan a consideración del público lector como base de reflexión y discusión que puedan ser examinadas a la luz de estudios con mayor alcance.

Pese a las valiosas discusiones educativas e investigativas que se han dado en la profesión contable, las universidades aún se enfocan mayormente en la preparación técnica y dejan a un lado aspectos humanísticos como lo es la enseñanza de la ética en la profesión contable. No obstante, también podemos afirmar que la formación ética del profesional contable no está solo en manos de la universidad, pues es un principio que se construye tanto en la familia como en la academia y en la sociedad, formando así, profesionales integrales al servicio de la comunidad.

En la enseñanza de la profesión contable se sigue observando una desconexión entre la teoría y la práctica, toda vez que la formación está desligada de las habilidades mínimas que debe desarrollar un Contador Público para enfrentar la realidad económica del país. Esta desconexión en gran medida se da por la gran proliferación de normas en materia contable y tributaria, puesto que, al momento del estudiante egresar de la universidad, estará desactualizado por que la aplicación de la norma ha cambiado, ha sido inexequible, o ha sido derogada, lo que obliga al nuevo Contador Público a actualizarse, o, como lo refleja una fuerte corriente de opinión en los testimonios presentados, muchas de esas normas en las que se basa el ejercicio profesional no expresan las necesidades de nuestro contexto económico real.

En el desarrollo de la profesión contable, una causa posible de anteponer el interés particular al correcto ejercicio profesional podría ser la insatisfacción que sienten los Contadores Públicos respecto a la remuneración que reciben a cambio de la prestación de sus servicios profesionales. Sin embargo, este hallazgo debe ser sopesado con otros aspectos del contexto que influyen de forma significativa en el ejercicio profesional. En el entorno socioeconómico se presentan situaciones que subyugan al profesional contable a realizar ciertas inapropiadas prácticas contables : la falta de cultura tributaria que se presenta en el país; también podrían considerarse otros factores que aunque no se analizaron en profundidad en este trabajo hacen parte de esta compleja situación, tales como la competencia desleal tan fuerte que se da en el gremio contable, la incapacidad del país para generar fuentes de empleo, la ineficiente administración de los recursos económicos y la gran cantidad de egresados poco capacitados que hacen que el mercado laboral colapse. Sin embargo, el profesional debe tener el carácter suficiente para decidir dejarse influenciar o no por estos factores externos.

El amplio compendio de normas en materia tributaria y contable que se presenta en el país es uno de los motivos por los que los contadores públicos se sienten presionados en su ejercicio profesional, dado que, su constante cambio hace compleja su aplicación y obliga al contador público a estar actualizado día a día, lo que en muchas ocasiones resulta imposible, puesto que los cambio y creación de normas en materia tributaria y contable en Colombia se dan a diario. En contraste, esta misma situación puede ser una fuente de mejoramiento profesional en el sentido de incentivar un mejor desarrollo de conocimientos y la capacitación permanente en materia de las normas contables y tributarias en las cuales se basa el ejercicio profesional.

En Colombia existe una alta presión fiscal, tanto para las grandes como para las medianas y pequeñas empresas, toda vez que hay una alta carga impositiva; la diferencia radica en que las pymes no gozan de tanta liquidez, en contraposición a las grandes empresas. Es ahí donde se ven más presionadas tanto en sus flujos de caja, como por la carga o desgaste organizacional que implica responder a procesos de fiscalización tributaria, en comparación con grandes empresas que cuentan con equipos especializados para atender tales asuntos.

Los datos sugieren que una percepción de presión fiscal más fuerte en las pymes podría inducir mayores riesgos de incumplimiento de normas éticas. Independientemente de que la presión fiscal que se da en las empresas colombianas incida o no en las prácticas del Contador Público en cuanto al quebrantamiento de los códigos de ética, por anteponer su propia visión de justicia ante la legalidad, estas prácticas no deben llevarse a cabo, ya que debe primar la legalidad como base del ejercicio profesional.

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Notas

Información adicional

Sugerencia de citación : Agudelo, M. & Londoño, A. (2022). Ética y realidad económica: dilemas entre lo justo y lo legal para los contadores públicos. Discusión de algunos casos en la ciudad de Medellín. Revista Visión Contable, 26, PP. https://doi.org/10.24142/rvc.n26a7