Artículos de Investigación
Recepción: 31 Mayo 2021
Aprobación: 30 Mayo 2022
Resumen: Desde 1516, Tomas Moro previó, en Utopía, las condiciones iniciales necesarias para tener sociedades más justas y menos excluyentes, pero no fue el único. Durante la Edad Media se conservó la propiedad, la justicia y el gobierno comunal y se mantuvo entre el siglo XV a XVIII (Marquardt, 2018, pp.174-186). Desde dicho momento, se ha querido reeditar el modelo por medio de la renta universal o renta básica, buscando resolver los problemas de la economía que no explicó el “Caeterīs pāribus” o la “mano invisible”. Pero las sociedades modernas, ante la profunda crisis en materia de hiperacumulación de riqueza y poder, el aumento de la pobreza, el hambre, la desigualdad, una crisis ecológica sin precedentes, y una pandemia en curso, exigen cambios profundos y urgentes. Clasificación JEL: H20 - H30
Palabras clave: Renta básica, utopía, propiedad, justicia y gobierno comunal, economía, cuarta revolución industrial, pandemia.
Abstract: In Utopia (1516), Thomas More foresaw the initial conditions necessary to have fairer and less excluding societies, but he was not the only one. Property, justice and communal government were preserved during the Middle Ages and maintained between the 15th and 18th centuries (Marquardt, 2018, pp. 174-186). From that moment, there has been a desire to reissue the model through universal income or basic income, seeking to solve the economy's problems that the "Caeterīs pāribus" or the "invisible hand” did not explain. However, modern societies, in the face of a deep crisis in terms of hyperaccumulation of wealth and power, the increasing poverty, hunger, inequality, an unprecedented ecological crisis, and an ongoing pandemic, require profound and urgent changes.
Keywords: Basic income, utopia, property, justice and communal government, economy, fourth industrial revolution, pandemic.
Introducción
Cada padre de familia va a buscar al mercado cuanto necesita para él y los suyos. Lleva lo que necesita sin que se le pida a cambio dinero o prenda alguna. ¿Por qué habrá de negarse algo a alguien? Hay abundancia de todo, y no hay el más mínimo temor a que alguien se lleve por encima de sus necesidades. ¿Pues por qué pensar que alguien habrá de pedir lo superfluo, sabiendo que no le ha de faltar nada? Lo que hace ávidos y rapaces a los animales es el miedo a las privaciones. Pero en el hombre existe otra causa de avaricia: el orgullo. Este se vanagloria de superar a los demás por el boato de una riqueza superflua. Un vicio que las instituciones de los utopianos han desterrado.
Tomás Moro (1971, p. 29)
La construcción de la renta básica, como una visión utópica desde su planteamiento teórico, ve su desarrollo empírico, en Colombia, a partir de dos propuestas que, a manera de estrategias permanentes, se ubican en el rango de lo mínimo (renta que busca aliviar la difícil situación de aquellos que no cuentan con recursos fijos o los mismos son exiguos) y lo máximo (entendiéndolo como el salario mínimo legal vigente), los cuales permitirían un mayor flujo de producción y reproducción de la riqueza, impidiendo las recesiones o crisis económicas profundas; además, permitiría el desarrollo constitucional de la igualdad real y efectiva. Para lo anterior, se utilizó una metodología cualitativa con enfoque descriptivo hermenéutico sobre los archivos consultados, sumada al aporte cuantitativo estadístico que permitió la comparación de cifras y la aplicación empírica de la teoría (utópica pero aterrizada a las cifras), y desde una perspectiva crítica.
Tomás Moro, en 1516, imaginó una Utopía, y hoy nosotros imaginamos otra. Sin embargo, las utopías ya han existido en la vida real, es decir, la Edad Media, a pesar de ser denominada como la época del oscurantismo, no lo fue, y todo parece indicar, como lo vienen descubriendo y apreciando historiadores, antropólogos y etnólogos (Hardin, 1968; Ostrom, 2000; Radkau, 1943), que en dicho período se presentaron comunalidades en donde la propiedad, la justicia y el gobierno eran, precisamente, comunales, y hacían parte del orden establecido de forma local. Allí se reunían sus miembros o pobladores para definir todos los asuntos (Marquardt, 2018, pp. 174-186; Genêt, 1997, p. 16; Blickle, 1998), a la mejor manera del ágora ateniense (ekklesía) (Aristóteles, 1948), con un ingrediente adicional, y es que la tierra no era un asunto de apropiamiento o de propiedad privada, sino de todos sus miembros, en razón a que todos requerían de los recursos naturales, desde la construcción, caza y producción agrícola, actividades que se debían dar en zonas propicias y en espacios cercanos, lo que provocaba la lucha por los recursos, incluso por la fuerza. Otra respuesta era el feudo común, que evidentemente se dio y puede ser consultado en casos como el del landgraviato de Turgovia (Marquardt, 2018, p. 171) o el señorío de Entlebuch, gobernado por la ciudad de Lucerna, en Suiza (Marquardt, 2018, p. 176); además de los que se pueden encontrar en las legislaciones locales de toda Europa2.
Es decir, el comunalismo ya ha existido, y por un período bastante amplio, razón por la cual imaginar que el capitalismo se pueda entender como un estado superior puede definirse como una equivocación derivada de las teorías darwinianas del evolucionismo, que se extendieron con el período de crecimiento de la ciencia y la razón desligada del espíritu y la emocionalidad humana, lo que, de alguna manera, ha cercenado la empatía por el otro. Lo que es evidente es que nuestros antepasados gozaban de un mundo con mayores recursos naturales, pero, al mismo tiempo, tenían más restricciones para su obtención, lo que los obligaba a la comunalidad.
Con la llegada del individualismo y la conquista de la naturaleza en nombre del desarrollo, se requirió la razón para justificar la destrucción de esa misma naturaleza y el individualismo como medio para competir por la acumulación del dinero más allá de las necesidades (Marcuse, 1993). Esas herencias culturales, sociales, políticas y religiosas nos han llevado, durante los últimos 200 años, a creer que estamos en una constante competencia por ser superiores, aun a costa del sufrimiento, la muerte o los derechos de otros.
Hoy, nuevamente, nos encontramos en el debate reeditado cientos de veces, en especial cuando se presentan las crisis como ocurre actualmente, dándose casos como Chile, Brasil y Colombia. Todos ellos, en circunstancias de hambre que ya existían, como consecuencia de la aplicación violenta del modelo capitalista-neoliberal3, y ahondadas por el SARS-CoV-2, que ha develado las condiciones de un Estado que protege la gran empresa, pero no a su pueblo, a pesar este ultimo la mayoría . La pandemia desnudó las grandes falencias (Valencia-Grajales, 2020; Valencia-Grajales y Marín- Galeano, 2020) conceptuales que, por momento, parecen más un asunto de prestidigitación que realidades, lo cual puede apreciarse en cómo
desde la época de Smith, Bentham, Ricardo, y otros nos vendieron la idea que la riqueza era un sueño alcanzable por medio del trabajo honrado y juicioso, y que incluso un simple trabajador raso podía llegar a ser millonario (Valencia-Grajales, 2020, párr. 5).
Además,
se nos obligó a creer que había demonios en el mundo como el comunismo, el socialismo o los sindicatos. Eran tan horribles que provocaban la quiebra de las empresas o la pérdida de la democracia o incluso las libertades más preciadas como la de tener la libertad de morir de hambre. […] Se nos dijo: el Estado es mal administrador así que lo mejor es que el Estado sea tecnócrata y se privatice, y corrimos y lo privatizamos, pero […] la corrupción no desapareció, y quienes compraron hicieron de lo público un negocio, luego nos dijeron: todos debemos luchar por la meritocracia, […] pero luego las condiciones, las fórmulas, los perfiles, los requisitos e incluso los títulos que acreditaban la idoneidad se cambiaban según la discrecionalidad del nominador, llegando incluso a declarar desierto o cambiar los puntajes de los concursos con disculpas creíbles como que lo hacemos por la trasparencia o el bien común. […] Después nos dijeron: todos los sectores del Estado tienen que generar ganancias o por lo menos ser autosustentables, y todos corrimos a trasformar lo público en lo privado y a tratar de competir en un mercado en búsqueda de las ganancias aun sobre el mismo ser humano, pero […] fallamos (Valencia-Grajales y Marín-Galeano, 2020, p. 24).
Hoy también sabemos que los empleos se irán perdiendo, pero no como consecuencia directa de la pandemia, sino por las consecuencias de la cuarta revolución industrial (el internet de las cosas, o los proyectos como Neuralink u Open Ai de Elon Reeve Musk), en el marco del modelo neoliberal, lo que tarde o temprano provocará la pérdida de la mayoría de empleos conocidos (secretarias, mensajeros, empacadores, clasificadores, meseros, conductores, vendedores, corredores de seguros, arquitectos, agentes inmobiliarios, oficios de la salud, recursos humanos, profesores, periodistas y publicistas), y aunque se puedan requerir otros, lo más seguro es que el nivel de conocimiento exigido deje sin ningún chance a la mayoría, y entonces, ¿qué harán los miles de millones de desempleados? (Harari, 2018) ¿Qué harán los Estados con todos ellos? ¿Vamos a asumir estos problemas ya o lo dejaremos hasta que la catástrofe llegue y sea demasiado tarde? ¿Esperaremos respuestas como las de la OCDE (Diario del Sur, 2021) para crear una renta básica universal o solo dejaremos pasar esta oportunidad?
La realidad colombiana desde lo económico
El anterior marco nos permite apreciar por qué colonias como la colombiana, que primero lo fue, territorialmente, de España; luego, en lo económico, de Inglaterra y EE. UU., y hoy del entramado internacional Fondo Monetario, Banco Mundial, etc., ha aceptado con beneplácito como verdad que se puede competir en franca lid por el desarrollo, sin comprender cosas sencillas como que, desde el inicio de la invasión española, lo que se buscaba en estas tierras nunca fue el progreso, por el contrario, siempre fue la expoliación y acumulación por despojo violento. Es decir, sacar el oro, los árboles o la gente (esclavos o para la exhibición circense), o la misma naturaleza, pero jamás el bienestar de la población, asunto que se puede evidenciar en el genocidio de los indígenas o el ostracismo (en los resguardos), sometiéndoles al exterminio, al empobrecimiento, a la constante criminalización, a la humillación y al olvido.
Hoy continuamos en una condición igual, un grupo reducido de familias, élites políticas locales y nacionales, narcotraficantes y criminales (paramilitares en algunos casos) (Insuasty-Rodríguez, Valencia-Grajales y Agudelo-Galeano, 2017; Insuasty-Rodríguez, Valencia-Grajales y Restrepo- Marín, 2016), quienes siguen expoliando, generando largos procesos de apropiación por desposesión, acumulación de los territorios por medio de la minería legal4 (que paga pocos impuestos), el libre mercado (que trae productos, pero impide la venta de los propios), y la explotación de la naturaleza y el petróleo sin control (que luego de tantos años de recibir ganancias no ha sido capaz de modernizarse para refinar el propio y el ajeno).
A pesar de lo anterior, se tienen esperanzas de una sociedad mejor y en paz (Valencia-Grajales y Marín-Galeano, 2018), para lo cual se proponen los siguientes elementos para pensar en una sociedad más justa, atendiendo a lo que aún tenemos y todavía no hemos logrado comprender, como lo es la necesidad de la renta básica, la cual nos permite tener una estrategia que puede cambiar la forma de comportamiento social, no solo de nuestro país, sino de otras economías que podrían aprender de esta propuesta o, por lo menos, puede permitir el debate de su viabilidad.
Las cifras
Según Datos Macro (2019), Colombia tiene, aproximadamente, cincuenta millones trescientos setenta y cuatro mil habitantes (50 374 000); adicionalmente, tiene un producto interno bruto (PIB) de doscientos setenta y un mil billones quinientos cuarenta y siete mil trescientos (271 547 300 000 000) millones de dólares, que equivalen a un poco más de ocho trillones de pesos5 para el año 2020, lo que evidencia la fortaleza del sistema capitalista y que se puede ver en la Tabla 1.
Lo anterior nos permite realizar una serie de observaciones, tales como que la economía, a pesar de la pandemia, conserva niveles aceptables de desarrollo y entradas constantes, pero los niveles de pobreza aumentan. Es decir, dichas riquezas no se ven reflejadas o redistribuidas en la ciudadanía6, que es lo que exige la Constitución, y, por el contrario, se aprecia el aumento de la pobreza de forma imparable, como reflejo de la aplicación de sucesivas medidas regresivas, contradistributivas, que impactan en el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Es así que, en 2020, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria fue de 42,5 %, y la extrema, de 15,1 %; es decir, un 60 % de la población está sumida en condiciones de indignidad.
Ahora bien, aunque la pobreza pudiese ser lo peor, lo cierto es que las dificultades no paran allí, porque aparte de la pobreza monetaria extrema o de la condición de pobreza, los ciudadanos han tenido que enfrentar las dificultades que arrojó la pandemia, sumadas a situaciones que antes no tenían, como la falta de una adecuada alimentación, por lo menos desde el punto de vista de los alimentos necesarios para una dieta diaria con calorías suficientes (2,7 millones de habitantes), mucho menos para una dieta con los adecuados nutrientes (15,2 millones de habitantes) y aún menos para una dieta saludable (23,7 millones de habitantes) (FAO, IFAD, UNICEF, WFP y WHO, 2020, p. 226), como puede apreciarse en la Tabla 2.
A lo anterior, se suma la disminución del empleo en Colombia, que se convierte en un nuevo tema para tener en cuenta, y bajo sospecha, ya que el desempleo viene creciendo de forma exponencial aun antes de empezar la pandemia, pasando de 8,925 % puntos a abril de 2015, a 16,83 % en 2020, cifras tomadas de datos internacionales, pues en Colombia el DANE produce estadísticas confusas. Las cifras pueden cotejarse en la Figura 2, donde se evidencian los datos de la tasa de desempleo en Colombia desde el año 2000 y su proyección hasta 2026, conforme a los datos y gráficas del World Economic Outlook Database, emitido en abril de 2021 (Ver figura 2).
También se cotejaron los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística que, debido a la forma como se tratan y categorizan estos datos estadísticos, no dan cuenta de la cruda realidad, porque el DANE incluye, en sus datos, categorías específicas como ocupados, desocupados e inactivos. A los ocupados, los asume como aquellos que han realizado alguna actividad remunerada o no, así sea una hora; desocupados, como las personas que, en edad de trabajar, buscan empleo y no lo encuentran; e inactivo, que es una categoría confusa, donde incluye las personas en edad de trabajar y que no buscan empleo.
Así las cosas, de las 21 545 000 personas “ocupadas”, según los datos de abril de 2021, el 48 % se encuentra en el sector de la economía informal, que en Colombia equivale a la economía del rebusque, de la subsistencia, sin seguridad social incluso, es decir, que en la informalidad se encuentra un aproximado de diez millones de colombianos, realizando actividades con ingresos precarios. Por su parte, la categoría “inactivo” tiene 14 865 000 personas en edad de trabajar pero que no lo hacen por múltiples condiciones; y “desocupados”, que son personas que siguen buscando trabajo, pero no lo encuentran, asciende a 3 626 000 (DANE, 2021c). Es decir, si sumamos ocupados informales (con ingresos precarios), desocupados e inactivos, tenemos un aproximado de 26 millones en una situación sumamente compleja (ver Tabla 3).
Estos asuntos evidencian, claramente, que esta profunda crisis es producto de un modelo económico cargado de privilegios, basado –como hemos insistido– en la acumulación por desposesión, que genera unas condiciones sociales lamentables. No se trata de una real carestía, sino que se traduce y configura un profundo problema ético, es un asunto de voluntad política (Insuasty-Rodríguez, 2019).
Al parecer, la esclavitud, que había desaparecido como forma aceptada socialmente en la humanidad, se trasladó rápidamente hacia la condición derivada del empobrecimiento del grueso poblacional, causada por un modelo económico amparado y aupado por el sistema político, que crea un empobrecimiento funcional e institucionalizado, en un país con abundancia de recursos, suficientes para alcanzar el bienestar para todos.
Discusión
¿Es la renta básica una medida viable?
Frente a esta situación social límite, el gobierno ha decido apoyar con decisión al sector financiero, a grandes empresas, pero con excesiva discreción al pueblo, al punto que, contra toda razón y lógica, el gobierno del presidente Duque decidió presentar una serie de reformas, aún más lesivas para el pueblo, como la Reforma fiscal, a la salud, laboral y pensional, razones que llevaron a un paro nacional que inició el 28 de abril de 2021, y que se transformó en un levantamiento popular sin precedentes en Colombia (Vallejo Duque e Insuasty-Rodríguez, 2021). Después de 33 días en una consecutiva toma de las calles, en 600 municipios, la respuesta del Gobierno fue la represión, el uso y abuso de la fuerza, dejando, a 28 de mayo: 1133 víctimas de violencia física, por parte de la fuerza pública; 43 víctimas de violencia homicida, por parte de la fuerza pública; 1445 detenciones arbitrarias; 47 víctimas de agresión en los ojos; 175 casos de disparos con armas de fuego, y 22 casos de violencia sexual, por parte de la fuerza pública (Temblores, 2021).
Vale decir que la Constitución Política de Colombia establece, muy claramente, la obligación del Estado de garantizar el bienestar, al menos el mínimo necesario para hacer efectivo el derecho a existir. Por ello, la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), en el Artículo 13 informa:
el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados (párr. 14).
De igual manera,
la Corte Constitucional ha reiterado en repetidas oportunidades que: “El derecho fundamental a la vida que garantiza la Constitución –preámbulo y artículos 1, 2 y 11–, no se reduce a la mera existencia biológica, sino que expresa una relación necesaria con la posibilidad que les asiste a todas las personas de desarrollar dignamente todas las facultades inherentes al ser humano. Sin duda, cuando se habla de la posibilidad de existir y desarrollar un determinado proyecto de vida, es necesario pensar en las condiciones que hagan posible la expresión autónoma y completa de las características de cada individuo en todos los campos de la experiencia” (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo [CAJAR], 2021, p. 3).
Escenario 1
Frente a esta realidad, como medida urgente ante un Gobierno que ha profundizado el neoliberalismo, que no escucha y parece incapaz de comprender la situación real de su pueblo, un grupo de más de 4000 ciudadanos y 1000 organizaciones sociales, con el apoyo de 50 parlamentarios, entregó el proyecto de Ley Renta Básica.
El proyecto de Ley busca crear el programa de renta básica como política permanente de Estado en condición de derecho de ciudadanía para contribuir a aliviar la situación de millones de hogares en Colombia, especialmente en épocas de crisis económica (CAJAR, 2021, p. 1).
El proyecto busca suplir las necesidades económicas de las familias más vulnerables de la sociedad. El objetivo es llegar a 7,4 millones de hogares, lo cual, según el promedio, son unos 30 millones de personas. La reactivación económica también es otro de los objetivos, ya que, según el proyecto de ley, esto se podrá dar mediante el crecimiento de la capacidad de consumo de las familias (CAJAR, 2021, pp. 1-6). Es de resaltar el valor de esta propuesta, por un lado, porque está construida deliberativamente, como un ejercicio de democracia real, desde las bases sociales; y, por otro, por su pertinencia y seriedad para resolver, de manera transitoria, una crisis humanitaria profunda.
La propuesta es de un ingreso mensual que oscila entre $320 000 al mes, para un hogar de un miembro, y $40 000 adicionales por persona; hasta los $470 000 al mes, para un hogar de cinco o más miembros.
Sobre su viabilidad financiera, representa como costo total el 3,7 % del PIB. Además, se proponen estas fuentes de financiación:
• Se suma el costo anual de todas las transferencias monetarias existentes (Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Colombia Mayor y la devolución del IVA): 14,7 billones de pesos, el equivalente al 1,4 % del PIB.
• Utilización de parte de los recursos disponibles del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME): en septiembre, contaba con 25,5 billones de pesos; en noviembre, pasó a 40 billones de pesos (14,5 billones más). Estos recursos están en el último reporte del Ministerio de Hacienda sobre el FOME y provienen de “Recursos de crédito externo”, según Hacienda.
• Una reforma tributaria estructural que no toque a los sectores populares ni a las clases medias, radicada por más de 40 congresistas, y que busca gravar solamente al 1 % de las personas más ricas del país, y que aportaría de 14 a 21 billones de pesos para 2021 (CAJAR, 2021).
Escenario 2
Esta segunda propuesta pretende ser más ambiciosa y realista, ya que se busca una solución real permanente y que beneficie a todos los sectores sociales. Para ello, se propone una renta básica de un millón doscientos mil pesos ($1 200 000), lo que nos da un total de sesenta billones cuatrocientos ocho mil millones de pesos ($60 448 800 000 000) mensuales, lo cual, en 12 meses, da un total anual de setecientos veinticuatro billones ochocientos noventa y seis mil millones de pesos ($724 896 000 000 000) el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PPGN) para el 2020, se calculó en $271,7 billones (Contraloría General de la República, 2020; El Tiempo, 2019).
Ahora bien, de la cifra inicial de población, hay que descontar a los que realmente están trabajando, más o menos 8,3 millones de cotizantes en pensión (La República, 2018), que son los únicos que se podrían catalogar como empleados (formales), sumados al 22,6 % que representan unos once millones trescientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta (11 376 840) niños y jóvenes que aún no están en edad de trabajar (DANE, 2018), además del millón quinientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete (1 568 657) pensionados (Parra et al., 2020, p. 96). Finalmente, nos daría un total de veintiún millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete (21 245 497) personas.
Conforme a lo anterior, y descontando las variables antes enunciadas a la población total de cincuenta millones trescientos cuarenta mil (50 374 000) habitantes, se puede tener una cifra más acertada de la realidad colombiana, que se evidencia en veintinueve millones ciento veintiocho mil quinientos tres (29 128 503) personas a las cuales habría que entregar una renta básica de un millón doscientos mil pesos ($1 200 000), lo que da un total de treinta y cuatro billones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos tres millones seiscientos mil pesos ($34 954 203 600 000); esto, determinado en 12 meses, da un total anual de cuatrocientos diecinueve billones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y tres millones doscientos mil pesos ($419 450 443 200 000). Ahora bien, si el presupuesto anual es de $271,7 billones, se requerirían dos de ellos para pagar la renta básica.
De lo anterior habría que sacar el 16 %, para pensión; 12,5 %, para salud; 4 %, para parafiscales; y 0,5 %, para riesgos laborales; es decir, a ese $1 200 000 se le descuentan trescientos noventa y seis mil pesos ($396 000). Por tanto, al total anual ($419 450 443 200 000) se le descuentan ciento treinta y ocho billones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil pesos ($138 418 646 256 000), que irían a parar directamente al sistema de seguridad social y, de paso, se garantizaría el cubrimiento total o universal, quedando un presupuesto de doscientos ochenta y un billones treinta y un mil setecientos noventa y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos ($281 031 796 944 000).
Ahora bien, al resolverse la seguridad social, le quedan al individuo, en realidad, ochocientos cuatro mil pesos ($804.000) mensuales, con los cuales podría gastar un promedio de cuatrocientos mil pesos ($400 000) para vivir de forma individual en un cuarto o habitación alquilada (49,75 %); invirtiendo solo doscientos mil pesos ($200 000) en alimentos (24,88 %); cien mil pesos ($100 000), en prendas de vestir (12,44 %); cincuenta mil pesos ($50 000), en comunicaciones –como celular y wifi– (6,22 %); y cincuenta mil pesos ($50 000), en trasporte (6,22 %), lo que evidencia que esta renta solo permite lo básico (ver Figura 3) cuando se es un individuo que no tiene núcleo familiar, que es lo que viene pasando en el mundo al crearse hogares unipersonales que hoy son el 16,4 % de la población total (DANE, 2020, p. 23). Esto sería muy poco dinero para el sustento de una familia si del individuo dependieran más personas, como realmente ocurre en Colombia, donde, de un individuo, pueden depender dos o más personas (83,6 % de la población) (Ver figura 2).
Pero si, dentro de una familia, más de uno de sus miembros recibiera la renta básica, se podría lograr el equilibrio de la canasta familiar, ya que se requiere de cuatro de ellos para alcanzar una canasta familiar básica que hoy necesita 4,2 salarios mínimos, debido a la pérdida de poder adquisitivo de este, pensando solamente en el período de 1998 a 2019 (Sarmiento- Anzola, 2019). Por ello, la renta básica podría servir de agente rectificador de la economía, y esto sí les permitiría a las personas que se encuentran en familia lograr tres millones trescientos setenta y seis mil ochocientos pesos ($3 376 800), para invertirlos de la siguiente forma (ver Figura 4): $500 000, en alimentos (14,81 %); $500 000, en prendas de vestir y calzado (14,81 %); $1 400 000, en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (41,46 %); $50 000, en muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda (1,48 %); $100 000, en transporte (2,96 %); $100 000, en información y comunicación (2,96 %); $100 000, en recreación y cultura (2,96 %); $400 000, en educación (11,85 %); $100 000, en restaurantes y hoteles (2,96 %); y $50 000, en bienes y servicios diversos (1,48 %).
Inicialmente, la renta básica traería unas consecuencias no previstas en la economía, lo que haría repensarla como un verdadero eje de crecimiento económico, pues provocaría un aumento en el gasto mínimo de los siguientes rubros, definidos según el presupuesto planteado de doscientos ochenta y un billones treinta y un mil setecientos noventa y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos ($281 031 796 944 000) (Ver tabla 4).
Es decir, todos los sectores de la economía se dinamizarían, y ello implicaría, como mínimo, que todos sus renglones crecieran y, lógicamente, que las empresas constituidas y las que se constituyan requieran de nuevo personal, debido al aumento del flujo de dinero. Será necesario congelar los precios de todos los productos para que el efecto de mayor flujo de efectivo no provoque una inflación, por lo menos los primeros dos años, luego de los cuales, al familiarizarse con el modelo, la presión psicológica haya bajado y permita entender el mercado como algo natural.
De todas formas, aumentaría la demanda de productos, lo que obligaría a las empresas a aumentar su producción y, por tanto, la demanda de mano de obra, lo que redundaría, tarde o temprano, en la disminución de personas que requieran de la renta básica y el aumento de los salarios, ya que, al tener los individuos renta básica, no querrán trabajar por salarios inferiores a dicha renta. También podrán acceder a la compra de viviendas, lo que dinamizaría el sector de la construcción.
Adicionalmente, uno de los principales efectos sería el aumento del recaudo de impuestos, ya que en la misma medida en que los ciudadanos con renta básica comienzan a ser parte de la cadena productiva, pueden pagar más impuestos indirectos, como IVA, y directos, como la renta, lo que devendría en el aumento del recaudo, que podría estar fácilmente por encima de los 421 billones de pesos o más, porque el aumento de personas con renta básica redundaría, directamente, en el incremento de la producción, la demanda y el recaudo de impuestos.
En esa misma medida, se provocaría un crecimiento en la mano de obra calificada y un aumento en los niveles educativos, ya que la renta podría resolver los problemas de falta de acceso a la educación, elevando el nivel científico y, de paso, llevando al país a un auge en el conocimiento que redundaría, tarde o temprano, en la creación de conocimiento, patentes y proyectos científicos a gran escala.
De igual manera, resolvería los problemas de quiebra del sistema de educación, salud, pensiones, educación técnica y creación de empleos, y se eliminaría la pobreza extrema y monetaria, permitiendo mantener los estándares de la OCDE. Adicionalmente, no serían necesarios los programas diferenciados de ayuda o los de subsidio a las empresas, y tampoco serían necesarios los descuentos, exenciones, disminución, exclusión o regímenes diferenciados de impuestos por la eliminación de la pobreza y el aumento de la mano de obra de las empresas o por la inversión, que hoy ascienden a más de 80 billones de pesos (Moncayo, 2019).
Conclusiones
Nos encontramos ante una sociedad al límite; el problema es estructural y, como tal, debemos enfrentarlo en la búsqueda de soluciones inmediatas humanitarias, que no quitan, en absoluto, las soluciones de fondo. Nos referimos al modelo económico imperante en Colombia, el cual, a imposición de las políticas internacionales, ha generado dolor y muerte, mayor concentración de la riqueza, exclusión y, ahora, profundiza el hambre y la sobreexplotación, condiciones propias del esclavismo.
Es mandato de la Constitución Nacional de Colombia garantizar el bienestar, al menos el mínimo necesario para hacer efectivo el derecho a existir, por eso, en el Artículo 13, hace referencia a las condiciones de igualdad real y efectiva, privilegiando medidas a favor de grupos discriminados. La Corte Constitucional, por su parte, ha sido enfática al advertir que el derecho fundamental a la vida no se reduce a la mera existencia biológica, sino que expresa una relación necesaria con la posibilidad que les asiste a todas las personas de desarrollarse dignamente.
En este contexto de límite social y humano, es urgente tomar medidas que garanticen los mínimos de existencia y propendan por la reactivación de una economía maltrecha que ya venía a menos gracias a los procesos de desindustrialización y privatización de los sectores estratégicos, consecuencias de una aplicación violenta del modelo capitalista neoliberal. Los estallidos sociales continuarán mientras existan las condiciones materiales de hambre e injusta distribución de la riqueza y oportunidades.
La renta básica puede convertirse en una salida temporal que permita un respiro al grueso de la población que, literalmente, está aguantando hambre. Es una medida posible, viable, para la cual ya se han realizado estudios de viabilidad, y si no existe, por ahora, es por la voluntad política del Gobierno.
Esta medida permitirá mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos y, a la par, aumentar la circulación de capital, incrementando el consumo. Por ende, esta política deberá contemplar, además, la reactivación de la economía local, propia, cercana; potenciar círculos de solidaridad y prever condiciones de cambios reales.
La renta básica será un medio para seguir transitando hacia reformas esenciales, de fondo, que toquen el mal estructural, que permitan rediseñar la institucionalidad para el beneficio real de las comunidades y de los pueblos, logrando transitar hacia una economía al servicio de la gente y el medio ambiente, garantía de la existencia y la vida digna.
Referencias
Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional núm. 114 del 4 de julio de 1991. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
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Notas
