Costa Rica

REDES SOCIALES Y PODER COLONIAL, UN ESTUDIO DE CASO: EL ALFÉREZ REAL DON ANTONIO DE LA FUENTE (1763-1807)

Jerez Brenes, Verónica

Verónica Jerez Brenes

veronica.jerezbrenes@ucr.ac.cr

Asistente de investigación del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) y docente de la Sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Costa Rica

Revista de Historia

Universidad Nacional, Costa Rica

ISSN: 1012-9790

ISSN-e: 2215-4744

Periodicidad: Semestral

núm. 80, 2019

revistadehistoria@una.cr

Recepción: 26 Junio 2019

Aprobación: 05 Julio 2019

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/299/29915712991571003/

DOI: https://doi.org/10.15359/rh.80.2

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Resumen: El presente artículo propone la reconstrucción de las redes socioeconómicas establecidas por el alférez real don Antonio de la Fuente a través de los puestos que desempeñó en la estructura administrativa de la Corona y de los vínculos que creó durante su vida. Estas son parte del sistema de redes sociales que en la época colonial la élite cartaginesa utilizó como medio para fortalecer sus lazos sociales por la vía matrimonial; los económicos –valiéndose de las fianzas y cartas poder tanto otorgadas como recibidas–, y del prestigio que le confirieron los puestos administrativos y de justicia que desempeñó.

Palabras clave: élite, redes sociales, Cartago, provincia de Costa Rica, época colonial, Antonio de la Fuente, historia.

Abstract: This article proposes the reconstruction of the socioeconomic networks established by Real Ensign Don Antonio de la Fuente through the positions he held in the administrative structure of the Crown and the links he created during his life. As part of the social network system that during the colonial era the elite of Cartago used as a means to strengthen their social bonds via marriage, the economic ones using the bonds and letters of power –both granted and received–, and the prestige that gave him the positions in administrative and justice issues.

Keywords: Elite, Social Network, Cartago, Province of Costa Rica, Colonial Period, Antonio de la Fuente, History.

Introducción

En la vida colonial de la provincia de Costa Rica, al igual que en el resto de América, el sentido de principalía y de hacer notoria la condición de élite resultaba imprescindible en una sociedad regida por un sistema de castas e hidalguía que vinculaba su papel en la estructura social con la condición socioeconómica y la etnia.

La elección de un personaje como Antonio de la Fuente se debe a una inquietud que surgió mientras se investigaba acerca de la cofradía de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás,1 de la cual fue mayordomo entre 1784 y 1792. De la Fuente demandó a la cofradía en 17942 y, al investigar sobre su gestión como mayordomo, fue frecuente su aparición en la documentación del periodo, ya fuese como fiador, apoderado, albacea testamentario, así como en otros puestos vinculados a la vida religiosa y a las obras pías existentes en la provincia. Estas menciones en documentos nos hablan no solo de los puestos que desempeñó a lo largo de su vida, sino también de las redes familiares, de negocios y de amistad que estableció con otros miembros de la élite de Cartago, ya que son puestos que sugieren una relación de confianza y ayuda entre las partes.

Lo primero a tener en cuenta es lo dinámicas que podían ser estas relaciones, ya que se manejaban como parte de una estructura social que vinculaba a los individuos en una serie de relaciones de amistad, familiares –consanguíneas y políticas–, económicas y hasta de odios y rencores, lo cual podía producir la salida o expulsión de una persona de este complejo entramado, de tal manera que nos da cuenta de lo frágil que era el prestigio. Dichos lazos permitían a los sujetos generar una capacidad de apoyo mutuo al momento de financiarse para optar por puestos, comenzar nuevos negocios o simplemente conservar lo que ya se tiene; crean, así, una serie de estrategias que les permitieron acceder a un fin concreto: obtener un puesto, un crédito, una fianza y hasta lograr un matrimonio.

Durante el periodo colonial, los recursos económicos y los medios de acción eran limitados, es decir, no todos los miembros de la sociedad podían acceder a ellos, no solo en un sentido de disponibilidad, sino también de límites conferidos por su condición étnica o su posición social. De esta manera, se constituyen en grupos altamente endogámicos; pero dispuestos a absorber a los recién llegados de España.

Eduardo Madrigal3 expone la importancia de la diferenciación social en Cartago durante el periodo colonial, debido a que "la pertenencia a instituciones políticas estuvo supeditada a la posesión de una serie de características que giraban en torno, fundamentalmente a los conceptos de nobleza, riqueza y principalía".4 En este entramado social, los individuos se regían por la pertenencia institucional, por ejemplo, sus credenciales como miembros de las milicias, de la administración de justicia o del clero; la pertenencia familiar regida por el abolengo y, finalmente, la pertenencia estamental que surge en conjunción de las dos anteriores.5 Por ello, el concepto de red social visto como un "conjunto de relaciones existentes dentro de un grupo finito de actores"6 resulta más que apropiado para determinar, si dichas relaciones eran ocasionales o funcionaban de manera reiterada, unilaterales o eran correspondidas -mutuas-.

La existencia de poderes múltiples permitieron que las redes sociales coloniales involucraran a individuos con poder económico –un capital en dinero o en bienes comerciables, casa en el centro de la ciudad, cacaotales, ganado y esclavos–, poder ideológico –iglesia– y poder social, como una forma de enriquecerlas y darles una cobertura más amplia; es decir, el individuo vale por lo que “es”, lo cual se traduce como en lo que está en capacidad de “hacer”: negocios, lazos matrimoniales, alianzas políticas, entre otros, que le permiten legitimarse y afianzar su condición de élite.

El linaje hace al hombre

Partiendo de la premisa anterior, debemos iniciar dilucidando quién fue Antonio de la Fuente. Un español, nacido en 1738 como hijo legítimo de don Ignacio de la Fuente y doña María Mendaña, todas personas oriundas de Astorga, España. Las primeras referencias documentales que se tienen en Costa Rica corresponden a la carta dote y al asiento de su matrimonio en los libros parroquiales con fecha del 29 de mayo de 1763. Se casó con doña María Francisca de los Santos Alvarado Baeza, hija legítima del capitán don Pedro José de Alvarado Guevara y de doña Manuela de Baeza Espinoza de los Monteros. El linaje de doña María Francisca de los Santos es el resultado de cuatro generaciones nacidas en la provincia, mientras que don Antonio era un recién llegado de España que ostentaba el cargo de alférez real, lo cual le ofrece, a este, la oportunidad de vincularse a una familia de la élite criolla, mientras que, a la familia Alvarado Baeza, la capacidad de infundirle sangre nueva. Respecto de esta costumbre indica Madrigal:

“en América, muchas veces el solo hecho de que se fuera español y se estuviera emplazado en un puesto de oficial real, corregidor, escribano o en el ejército, era suficiente para ser admitido como consorte de la hija de una poderosa familia de la élite”.7

De la unión de don Antonio de la Fuente y de doña María Francisca de los Santos Alvarado Baeza, nacieron:

•Manuel José Santiago –nace el 08-12-1764–; se hace fraile recoleto.

•María Feliciana –nace el 20-11-1767–; se casa con don Ignacio Llorente en 1781.8

•Antonia Petronila –nace el 28-04-1770–; permanece soltera.

•José Antonio Lino –nace el 29-11-1770–; se convierte en presbítero.

•Antonia María –nace el 10-09-1771–.

•Baltasar Rafael –nace el 05-01-1774–; presbítero.

•María de Jesús –nace el 17-01-1776–.

•María Ambrosia de la Trinidad –nace el 08-12-1777–.

•María Ambrosia de Jesús –nace el 20-05-1781–; se casa con don Francisco Javier Villasanta.

•Ana Lucía de Jesús –nace el 06-07-1782–; se casa con José Antonio Bustos y Rafael Granja en segundas nupcias.

•María Josefa de la Trinidad –nace el 16-08-1784–; permanece soltera.

•Antonia Onofre –nace el 13-06-1786–; se casa con don Tomás González.

En su descendencia podemos notar, además de lo numerosa que fue, que sus tres hijos varones optaron por la vida religiosa, tanto regular como secular. Su hijo mayor, Manuel José Santiago fue fraile recoleto,9 don Rafael Baltazar llegó a ser cura de la Villa de Nicaragua10 y don José Antonio Lino también fue presbítero. El hecho de que dos de ellos se ordenaran sacerdotes del clero secular es un indicador de que la familia poseía cierta fortuna.

Costa Rica, al no tener diócesis propia, no contaba con un obispo asentado en la provincia, por tanto, todos los asuntos en los que competía su intervención requerían que el interesado viajara hasta Nicaragua. El obispo era el encargado de velar por la educación del clero secular. Tampoco existía un seminario por lo que los interesados en ingresar a la vida religiosa debían trasladarse fuera de la provincia para tal fin. El seminario más próximo fue el Colegio Seminario de San Ramón Nonato,11 con sede en la Catedral de León y fundado en 1680.

Similar situación enfrentaban los interesados en unirse al clero regular, ya que la única orden que se asienta en la provincia durante el periodo colonial fueron los franciscanos y su sede era la provincia de San Jorge, ubicada en Granada, Nicaragua.

Sabemos que al menos don Baltazar Rafael de la Fuente obtuvo el grado de doctor12 e intentó establecer una escuela para el estudio de filosofía y teología en Cartago en 1798, después de graduarse en Guatemala.13

La necesidad del clero de educarse en el extranjero representaba una carga económica que pocos podían costear, por lo que, si la familia no contaba con el capital suficiente para hacerlo, podían recurrir a una capellanía.14 Esta era una institución que estaba destinada a:

“Una donación de bienes muebles o inmuebles a una institución eclesiástica, iglesia, convento o cofradía, con la finalidad de establecer una memoria perpetua de misas. Los bienes donados constituían el principal, la persona que los tomaba en censo recibía el nombre de inquilino, y los contratos de arrendamiento contemplaban el pago de un 5% sobre el valor de la prenda. Las capellanías tenían dos tipos de fines: el espiritual era facilitar la vida en el más allá, mediante el rezo de misas dedicadas al alma del fundador o de sus parientes más cercanos; el fin temporal era ayudar a mantener a un seminarista o sacerdote”.15

En 1793 don Antonio, por medio de una carta, solicita al Rey que le otorgue a su hijo mayor, don Manuel –graduado del colegio de Cristo Crucificado de Propaganda Fide– el Obispado de Nicaragua. Este se desempeñaba como misionero apostólico de conquista y conversión de indios infieles en Talamanca, sitio donde se concentraban los franciscanos recoletos de la provincia de Costa Rica. Solicita, además, para sus otros dos hijos menores, don Antonio y don Rafael, todavía estudiantes del Colegio Tridentino de la Universidad de San Carlos de Guatemala, prebendas en la catedral de León. En la mencionada carta, de la Fuente expone los motivos de su solicitud, entre ellos, que enfrentaba graves problemas financieros, pues había costeado de su propio bolsillo la educación de sus tres hijos; esto, por carecer de capellanías, con lo cual había cubierto la alimentación, vestido y necesidades varias, además del pago de 180 pesos anuales por cada uno de ellos.16

En el caso de las mujeres nacidas de este matrimonio, la mayoría optaron por la vía matrimonial y con miembros de la élite, ya fuesen criollos o españoles recién llegados. Únicamente dos de sus hijas permanecieron solteras y no tuvieron descendencia.17 Las uniones matrimoniales fortalecían los vínculos sociales y económicos, podían llevar al ascenso social no solo por las posibilidades financieras, sino porque, teniendo un buen capital, se podía mantener el linaje, ya que el empobrecimiento representaba la pérdida de esta condición de privilegio. No obstante, como en el caso de los hijos que optaron por el sacerdocio, los matrimonios constituían una fuerte inversión por parte de los padres, ya fuera en bienes muebles o inmuebles. Las señoritas próximas a desposarse debían contar con una dote,18 es decir, un pequeño capital que les permitiera iniciar su nueva vida. Por ejemplo, la carta dote del matrimonio de la Fuente-Alvarado consistió en:

“Carta dote. -Don Antonio de la Fuente, natural de Astorga, en los reinos de Castilla, hijo legítimo de don Ignacio de la Fuente y de doña María Mendaña, a favor de su esposa doña María Francisca de Alvarado y Jirón, hija legítima del Teniente de Infantería don Pedro de Alvarado y Jirón y doña María Manuela Baeza Espinosa de los Monteras. 1.842 pesos plata. Arras 500 pesos plata”.19

Estas uniones, forman parte de las “estrategias vitales”20 que menciona Madrigal, lo cual les brindaba medios para obtener un fin; en este caso, establecer lazos matrimoniales abría las puertas a una pequeña fortuna en dinero –plata o cacao–, casas, ganado, joyas y esclavos, y el respaldo por la familia política en la búsqueda de un puesto. Este apoyo creaba, a su vez, una interdependencia mutua –los favores que se dan ahora sirven para cobrar favores más adelante- ya que los recursos y los medios para acceder a estos eran limitados y reservados para suplir, en primer lugar, las necesidades del grupo principal y preservar su condición de señores principales. Se debe agregar, que otras características que hacía a los miembros de la élite elegibles para los puestos era su condición de alfabetizados –sabían leer y escribir– e incluso, en algunos casos, los interesados tenían conocimientos sobre derecho y administración; esto los facultaba para los puestos de justicia y para llevar libros de cuentas, lo que derivaba en que se eligieran y reeligieran para los cargos.

Los puestos de poder hacen al hombre de élite

Como ya se ha mencionado, la condición de élite no es únicamente dada por el linaje, sino también por la cercanía a los puestos de poder dentro del sistema administrativo del Imperio español y su grado de alfabetización. Don Antonio de la Fuente arribó a Cartago nombrado con un oficio de prestigio.21 El puesto del alférez es el de un “cabo u oficial que tiene a su cargo llevar la bandera de su compañía, ya sea de infantería, u de caballería, y marcha en el centro de ella”.22 En el caso que nos interesa, llegó nombrado alférez real, título que se puede equiparar con el puesto de alférez mayor:

“El que tiene esta dignidad en algún Reino, o Ciudad. Antiguamente mandaba todo lo militar, y llevaba el pendón Real. Hoy es el que alza el pendón Real en las aclamaciones de los Reyes: y tiene voto en los cabildos, y ayuntamientos, con asiento preferente a los regidores, y el privilegio de entrar con espada en el Cabildo”.23

Como podemos deducir, el puesto de alférez real era un cargo de mucho honor y prestigio ya que, básicamente, era el encargado de la representación simbólica de su majestad durante los actos oficiales y religiosos; lo que quiere decir que era una buena carta de presentación para introducirse dentro de la élite cartaginesa. El ser alférez real le aseguró a don Antonio de la Fuente no solo un puesto dentro del cabildo, sino uno que le confería voz y voto, el mejor asiento en las reuniones del cabildo y los oficios religiosos, así como un mayor salario –podía cobrar dos sueldos– y junto a esto, la facultad de nombrar a los tenientes.24 Al parecer, estar en estos puestos representaban un gasto o inversión, ya que en 1788 cuando Carlos IV asciende al trono, Antonio de la Fuente pagó de su propio capital las solemnes funciones que consistieron en: jura y proclama del rey, misa y sermón, música, fuegos –pólvora–, toros, comedia y convites de mesa, festividades que duraron ocho días de pompa y solemnidad.25

El puesto de alférez y su condición de español recién llegado le permitió tener la reputación necesaria para a un matrimonio con la hija de un miembro de la élite, pero para un joven español “hijodalgo notorio”26 lo siguiente era buscarse porvenir por medio de un puesto y no solo como alférez. Eduardo Madrigal insiste en la importancia de estos dos pasos:

“para un peninsular recién llegado, casarse en la sociedad local y hacerse de un puesto le garantizaba que toda su descendencia, si la tenía y hasta donde llegara, seguiría siendo tomada en cuenta para detentar los puestos de privilegio de la sociedad”.27

Por tal motivo, tres años después, en 1769, se hace del puesto de proveedor de tabacos en Nicaragua.28 Este puesto consistía en ser el encargado como su nombre lo indica, de proveer el tabaco al Real Estanco.29 Según Víctor Hugo Acuña,30 para el periodo anterior a 1760, la comercialización del tabaco en la provincia de Costa Rica estaba destinada al consumo interno, como medio de pago para el intercambio de productos, así como para el pago en especie de impuestos y diezmos.31 Ahora bien, ya para 1766, con la creación del Estanco de Tabaco, el panorama cambió. Las ventas libres del producto dan paso a un monopolio por parte de la Corona y el comercio interno estaba sometido al estanco. En esta dinámica comercial, el papel de quien provee el tabaco es determinante, pues tiene la potestad de regular el volumen de la producción, ya sea por medio del ente vendedor o del cosechero, ya que ambos están obligados a vender o sembrar con permiso del proveedor las cantidades que les sean indicadas.32 Como se puede observar, en manos del proveedor quedaba la decisión de recibirle más o menos tabaco al productor o al comerciante, un puesto que dentro del grupo de productores y comerciantes de tabaco le daba gran poder.

Entre 1769 y 1780, de la Fuente se desempeñó como juez33 de diversas índoles. Los puestos de justicia eran por lo general de nombramiento anual y conferían autoridad por la naturaleza coercitiva de dicho oficio; pero, a la vez, le permitieron visibilidad social y un medio de enriquecimiento diferenciado. En 1769 fue nombrado juez subdelegado de medidas de tierras de esta provincia,34 y alcalde de primer voto35 con reelección en 1778.36

Alcanzó el puesto de regidor37 en 1777. El cargo de regidor era de mucha notoriedad, debido a que se encargaban de todos los asuntos administrativos de donde era electo –excepto en los campos circundantes, ya que era jurisdicción del alcalde provincial de la Santa Hermandad–. Eran, de igual forma, los encargados de elegir anualmente a los designados en los puestos de justicia y otros oficiales del cabildo; por ello, dentro del entramado de relaciones que se podían dar en la sociedad cartaginesa, la capacidad de elegir y ser electo era muy codiciada. Para 1791, don Antonio de la Fuente fue nombrado regidor perpetuo del ayuntamiento de Cartago.38 En 1782 fue alcalde ordinario de segundo voto,39 anotador de hipotecas de Costa Rica y Nicoya.40

El desempeñarse en distintas funciones dentro del sistema administrativo y de justicia, era un signo del reconocimiento de su prestigio y capacidad –hasta de idoneidad- por parte de sus pares. Una muestra de ese reconocimiento fue el nombramiento como “depositario de la vara”,41 símbolo de la autoridad por excelencia. Pero, todo este prestigio no era nada si no se tenían los fondos que lo respaldaran. Para acceder a estos puestos, don Antonio de la Fuente debía contar con un capital que lo amparara, es decir, tenía que pagar el monto del remate en la provincia y, además, ir a Guatemala –o nombrar un apoderado que lo represente– para finiquitar el proceso de nombramiento, pagar las fianzas y cargas fiscales pertinentes, además de un capital que le permitiera mantenerse en el puesto mientras lo desempeñaba.

Respecto a su fortuna, podemos mencionar que, en 1771, tan solo a ocho años de su llegada, de la Fuente y su mujer doña María Francisca de Alvarado pagaron 1.500 pesos en cacao por la casa de don Diego de la Haya y Fernández y su mujer doña Petronila de Hoyo. La descripción que de dicha residencia se hace en 1782, a raíz de la visita del obispo Tristán, es muy esclarecedora:

“En un documento de 1782 se dice que la casa mejor que había en Cartago y en toda la Provincia de Costa Rica, era la habitada por don Antonio de la Fuente. Se refiere el documento a la que tenía la Fuente a continuación de la sala de armas y que tenía la fachada dando a la plaza mayor de la Iglesia parroquial. Era la casa construida por el gobernador don Diego Fernández de la Haya, sobre la cual había éste impuesto en 1725 una capellanía de $3.000. En ella vivieron los gobernadores don Manuel Soler y don José de Nava. Tenía esta casa una sala, tres cuartos principales; medía más de cuarenta varas de largo y 7 de ancho; portal corrido mirando a la plaza, guarnecido de teja y barandilla de madera de cedro entablado, y estaba cubierta de teja; sus paredes maestras eran de adobe empañetadas y encaladas; tenía un patio principal en el que estaba un cuarto que servía de despensa; al otro lado del patio habrá otras oficinas, una cocina, dos aposentos caballeriza y otro trecho de portal, pasadizo a una huerta grande, el corral de las gallinas, un ‘atajadizo’ para estanque de agua; tenía además un trascorral y un jardín que dividía el patio principal, todo cercado de ‘paderilla’ a falta de adobes. En 1725 había costado la casa $ 6.000 de cacao; en 1782 se avaluó en dos mil pesos plata”.42

La descripción anterior nos da una idea de las calidades de dicha morada y del sitio destacado en donde estaba ubicada. Arnaldo Moya describe las condiciones en que estaría dicha casa y sus enceres para 1807:

“[…] ubicada en un solar completo, a escasas 200 varas de la Iglesia Mayor, fue valorada en 1.100 pesos en marzo de 1807. Ignoramos la superficie de dicho inmueble, pero sabemos que don Antonio y su mujer procrearon 15 hijos. Entre los miembros de la familia y los criados sumarían alrededor de 21 personas, por lo tanto, en el inmueble que albergó a tal cantidad de almas debió tener una superficie aproximada a las 330 varas cuadradas. La casa contaba con 3 estrados en la sala valorados en 9 pesos, tres bancas en 17 pesos, 14 sillas en 24 pesos, un aparador con su barandilla de cocobolo en 8 pesos, 5 mesas en 18 pesos, 8 baúles granes en 64 pesos, un escaño en 5 pesos y una banquita en 2 pesos. Todo montó a 147 pesos”.43

Otras referencias que encontramos acerca de los bienes y el capital con los que contaba don Antonio de la Fuente son: 4.000 árboles de cacao en el paraje de Poza Azul44 y 2.000 pesos en géneros de castilla45 puestos en manos de un comerciante en 1773. Además, como rematario del estanco y fábrica de aguardiente,46 correspondiente a la ciudad de Cartago y sus anexos: Villa Nueva, Villa Vieja Esparza, Bagaces, Ujarrás y Matina,47 pudo obtener buenos réditos con los cuales acrecentar su fortuna.

Antonio de la Fuente no solo representó los intereses económicos y administrativos del Imperio, sino también los de la Iglesia, pues se desempeñó como representante del clero regular y secular. Encargado de puestos de confianza y manejo de dinero, para 1764 es nombrado notario apostólico.48 En 1779 se convirtió en síndico general del Convento de San Francisco de Cartago,49 y se encargaba del manejo de las finanzas del convento: otorgar censos y cobrarlos, administrar capellanías fundadas a nombre del convento, cobrar a las Reales Cajas el sínodo correspondiente a los curas doctrineros y reductores, entre otras funciones.50 Para 1788, llegó a ser nombrado síndico general de los Conventos de Costa Rica.51 Otros puestos que desempeñó dentro de las obras pías fue el de mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás (1782-1792) y patrón de diversas capellanías.52

La importancia de desempeñarse en estos puestos radica en la posibilidad de vincularse con otros sujetos, igualmente miembros de la élite, por medio del prestigio que había ganado como representante de la Corona y del capital propio con el que se cuenta, ya que, en caso de que requiriese cubrir de su propio peculio un monto determinado, lo pudiese efectuar sin contratiempos. Este es el caso del origen de la demanda ya mencionada, que interpone de la Fuente contra la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás en 179453 para que se le paguen 350 pesos de plata y 101 pesos de cacao que puso de su bolsillo mientras se desempeñó como mayordomo de caja y que utilizó para financiar los gastos de las festividades.

Como ya se ha mencionado, en 1793 de la Fuente escribe a Su Majestad y en la carta junto con la solicitud de puestos para sus hijos, “pide la futura del gobierno de Costa Rica para sí”. Dicho documento se constituye en un listado de méritos y servicios54 que él mismo proporcionó a la Corona y que se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 1

Listado de cargos desempeñados por don Antonio de la Fuente, entre 1763 y 1793

Cargo Años en el puesto Regidor perpetuo y alférez real Por 17 años (entre 1776 y1793) Anotador de hipotecas Desde 1782 Asentista del ramo de aguardientes Desde 1786, pero no se indica por cuanto tiempo Alcalde ordinario de primer voto Desde 1769 Procurador síndico general 1788 Alcalde de la Santa Hermandad Durante 15 años y hasta la reforma55 Juez subdelegado del Real Derecho de medidas y composiciones de tierra Por 20 años (1773-1793) Proveedor de tabacos de la provincia de Nicaragua Desde 1769 Notario apostólico Por 33 años (desde 1764) Notario de la Inquisición* Por 13 años Administrador de rentas de las reales alcabalas y correos Por 15 años hasta su renuncia en 1788 Síndico general de la conquista de Talamanca* Sin datos Síndico general de los conventos del señor San Francisco A partir de 1779 Administrador de las limosnas de los Santos Lugares de Jerusalén* Sin datos Administrador del Hospital de San Juan de Dios56 A partir de 1791 Importar tabla

*Los puestos marcados con un asterisco son aquellos que no han sido comprobados por medio de otros documentos encontrados y consultados hasta el momento, lo cual abre vetas a nuevas investigaciones para su verificación.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Archivo General de Indias, Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra (España), ES.47161.AGS/3.18.20//SGU, LEG,7309,26 (1793). “Antonio de la Fuente, solicita para él, el gobierno de Costa Rica, para su hijo mayor el obispado de Nicaragua y para otros dos hijos prebenda en la catedral de Nicaragua”. Folios 113-117, en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet

Como puede observarse en el cuadro anterior, tuvo una rápida incorporación en labores administrativas de la provincia, logrando desempeñarse en dichos puestos por largos periodos, aun en puestos de nombramiento anual. Esto nos indica el reconocimiento de su trabajo por parte de sus pares al resultar reelecto. La mayoría de los puestos requerían conocimiento previo en asuntos de administración de justicia y administración de dineros, lo cual nos da una pista de su buena reputación en el manejo de las finanzas de la Corona.

Hasta el momento, esta breve descripción de los puestos que desempeñó y de sus lazos familiares, nos abren la puerta al panorama de su papel dentro de la administración de la Corona –principalmente en el ramo político y de la real hacienda– lo cual, en vista de sus “desinteresados servicios a su majestad”, lo conduce a solicitar el puesto de gobernador, solicitud que le fue rechazada. Ahora bien, tal vez sus méritos no eran tan notorios fuera de la provincia o no contó con el apoyo suficiente para obtener el puesto, pero a lo interno, nos permite vincular estas funciones y ese prestigio en una tercera categoría que consiste en las interrelaciones basadas en las fianzas y el otorgamiento de cartas poder.

De fiadores y fiados y de poderes y apoderados

Los lazos familiares -tanto consanguíneos como de carácter político- así como la presencia en cargos de justicia y administración, creaban la estructura necesaria para la prestación de otro tipo de servicios: las fianzas y el otorgamiento de poderes. Las fianzas se pueden observar como redes de apoyo entre los miembros de la élite local, se prestaba el buen nombre y el apoyo de un monto en capital –bienes muebles e inmuebles– para que un sujeto alcanzara un puesto. Esta prestación de servicio que podía ser muy esporádica, es decir, un individuo no siempre fiaba o, al menos, no lo hacía con cualquiera, lo cual muestra una cercanía dada por lazos familiares, de amistad y hasta de negocios.

El fiado recibía el apoyo y los fiadores la posibilidad de que este, una vez colocado en funciones, los favoreciera en asuntos políticos, administrativos y hasta de justicia. Antonio de la Fuente fue fiado en primera instancia por su familia política, su suegra y su cuñado don Rafael Alvarado Baeza.57 En 1796 cuando salió a remate el estanco de aguardiente es fiado nuevamente por su suegra doña Manuela Baeza, don José Antonio García y su yerno don Miguel Ignacio Llorente.58 Podemos mencionar que no solo los hombres fungían como fiadores, podían hacerlo las mujeres que contaran con buena fortuna que las respaldara.59 La importancia de la solicitud de fianza es que se constituía en un medio por medio del cual se mostraba el poder económico, es decir, se fiaba porque se contaban con los recursos para hacerlo, y además, se incrementaba el prestigio al ser buscado para dicha finalidad.

Dentro de la estructura socioeconómica colonial, la capacidad de representar y de ser representado por otros era determinante para el mundo de los negocios. Las distancias y los costos de traslado dificultaban los trámites ya fuera en sitios más alejados como Guatemala, o más próximos como Panamá o León.

El apoderado es “el que tiene las veces y poderes de otro para ajustar algún negocio, o tratado, o para administrar sus rentas y hacienda. En este sentido, se usa frecuentemente como sustantivo, por tomarse como nombre de oficio u empleo”.60 De la Fuente fue nombrado en numerosas ocasiones como apoderado, lo fue don Antonio de Cervantes,61 Pedro Manuel Salguero,62 doña Manuela Josefa de Ibarra63 del presbítero don Fernando Arlegui,64 para mencionar algunos casos. Si bien de la Fuente si contó con apoderados, estos fueron nombrados para atender negocios y venta de bienes fuera de la provincia,65 ya que en sus diversas funciones como representante del poder real se veía imposibilitado de atender sus propios negocios, pues sus deberes exigían su permanencia dentro de su jurisdicción. En los pocos casos que estuvo fuera de Costa Rica, nombró apoderada a su esposa y su yerno, don Ignacio Llorente.

Un detalle destacable es el hecho que de la Fuente fue nombrado por los vecinos del pueblo de Ujarrás como su apoderado y representante, lo cual muestra su reputación dentro del ámbito local. Esto ocurre cuando se da el suceso de “la desposesión del rostro de la Virgen de Ujarrás,” en que los vecinos del dicho pueblo establecen una querella contra el señor vicario provincial y cura de la parroquia de Cartago, don Ramón de Azofeifa, en asocio con el cura que administraba Ujarrás, fray Antonio de la Concepción.

“[Por] haberlos desposeído de la imagen de esta –de Nuestra Señora de Ujarrás– que tenían en propiedad y se halla el rostro y manos en el Convento de San Francisco de esta ciudad, colocada con cuerpo nuevo que le han formado los religiosos de dicho Convento”.66

Podemos acotar que, en el desempeño de sus funciones, don Antonio de la Fuente no solo desarrolló lazos familiares y comerciales, también se enfrentó a demandas, odios y venganzas en su contra. En 1767 fue herido por don Juan de Sierra,67 y en 1770 fue demandado por don Manuel Galisteo, vecino de Guatemala, por un cacao que no le fue entregado y se presume quedó en manos de don Antonio.68 En 1778 se le siguió una causa por no haber entregado el dinero real, por lo que los miembros del cabildo deciden suspenderlo y enviar copia del acta a la Real Audiencia para la resolución del asunto,69 esta situación parece no pasar a más hasta que en 1788, sus bienes fueron embargados bajo la presunción de fraude en la renta de alcabalas. El capitán don Francisco Carazo fue el depositario de los bienes embargados. Un año más tarde, en virtud del despacho librado en la ciudad de León el 14 de enero de 1789, el intendente pone en libertad a de la Fuente y se le entregaron todos sus bienes.70 Dicha acusación no fue poca cosa, pues cuestionaba la honradez en su gestión y el manejo de dineros. La renta de alcabalas se dedicaba al manejo del cobro sobre el impuesto sobre el comercio, que se calculaba con base en un 5 % de los bienes –muebles o inmuebles– comercializados,71 por lo que se estaba hablando de una importante suma de dinero. De la Fuente aduce que renunció al puesto en ese año, no sabemos si por elección propia o por presión ante los cuestionamientos por el manejo de los dineros.

Un episodio de enemistad, ya de carácter personal, fue el que sostuvo el gobernador don José Vázquez y Téllez contra don Antonio de la Fuente. Al parecer, el origen de dicha disputa se relaciona con el deseo del gobernador de cerrar el Hospital de la Soledad de Cartago72 y la iglesia anexa, que habían sido donados por los cofrades de la Soledad para la creación del hospicio de los franciscanos,73 para el cual trae como médico a Esteban Curti.74 De la Fuente se opuso al cierre del hospital y a la presencia de Curti aduciendo que este no contaba con la documentación que lo respaldara, finalmente, el gobernador no consiguió el cierre del hospital “pero cobrando, eso sí, tal odio y mala voluntad al alférez real, que hasta lo había querido atropellar”.75 De la Fuente se hizo de un enemigo poderoso, pues en 1792 y haciendo las veces de notario el gobernador Vázquez y Téllez podemos encontrar que: “don Antonio de la Fuente, obligado por el Regente de la Audiencia a presentarse en calidad de preso en Guatemala dentro de 60 días, a responder cargos que tengan que hacérsele, presenta por fiador a don Rafael de Alvarado”.76 De la Fuente, en respuesta a tal predicamento, hace la solicitud formal ante el Rey por la gobernación de la provincia, la cual le fue negada, y tuvo que enfrentar problemas con Vázquez y Téllez hasta 1796, año en que este último deja su puesto en favor de don Juan Francisco de Bonilla.

Ante su forzosa partida a Guatemala, de la Fuente da un poder general a su yerno don Ignacio Llorente, y a su esposa doña María Francisca, facultándolos para testar en su nombre. Ausente durante el año de 1793, pide fianza en Guatemala a don Matías Román por 500 pesos, para regresar a Cartago y cubrir las resultas de la sentencia que contra él se dicte.77 La documentación nos conduce a pensar que se quedó en Costa Rica ya que sigue figurando en los protocolos en transacciones comerciales en los años venideros.

Para 1801, enfermo de cama, vuelve a testar y renuncia al valor de los empleos de alférez real y de anotador de hipotecas de Cartago y del Partido de Nicoya,78 cede esos valores a favor del Rey.79 La renuncia a los puestos realizada de esta manera responde a que los individuos, una vez escogidos, debían ejercer so pena de cárcel. Madrigal explica que: “dada la imposibilidad de no aceptar o renunciar a un cargo de nombramiento anual, prácticamente solo la muerte o una enfermedad inhabilitante prolongada, podía librar al candidato de la responsabilidad de ejercer su cargo”.80

En este caso, la renuncia y “devolución” del puesto se hace para la cancelación de una deuda pendiente, con el entendido de que los puestos al ser “vendibles” le dan la oportunidad a la Corona de sacarlos nuevamente a remate y cubrir el monto adeudado. Seis años más tarde fallece81 en Cartago don Antonio de la Fuente.

Conclusiones

En este estudio de caso, se comprueba que Antonio de la Fuente, como español e hijodalgo recién llegado, logró vincularse exitosamente dentro de la red socioeconómica existente en Cartago durante el periodo de análisis. Un puesto de prestigio le permitió acceder a un matrimonio bien posicionado, premisa que se cumple ya que el postulante contaba con una fortuna personal y las condiciones para desempeñarse en los cargos: saber leer y escribir, y poder llevar libros contables; su esposa, por su parte, procede de una familia con amplio abolengo, descendiente de conquistadores y con respaldo financiero.

De la Fuente figuró en numerosos cargos de administración y de justicia, y hasta estuvo encargado del puesto de escribano, llevó en 1777 el legajo VIII, expediente N° 4 en su calidad de alférez real y alcalde ordinario,82 puestos de los cuales se valió para reforzar su condición de miembro de la élite para él y su descendencia, como es el caso de solicitar puestos y prebendas ante el rey con la finalidad de asegurarles un buen futuro a sus hijos dedicados a la vida religiosa. Una veta de trabajo que queda abierta para futuras investigaciones es la afectación a los funcionarios reales una vez puestas en marcha las Reformas Borbónicas, tal como adujo de la Fuente. Su servicio, tanto a la Corona como a la Iglesia como su representante, ayudó a aumentar su prestigio dentro del grupo en el que se desenvolvía, pero es evidente que requirió del apoyo de sus pares para elegir y ser electo.

Las redes de tipo familiar le fueron muy importantes –por las fianzas que se le otorgaron– mientras que su desempeño en puestos administrativos y de justicia lo hicieron elegible como representante de otros por medio de cartas poder, no solo de laicos, sino también de miembros del clero que lo nombran para el manejo de bienes eclesiásticos y el cobro de los sínodos que les correspondían.

Podemos agregar que queda también, como veta abierta para futuras investigaciones, las relaciones que sostuvo Antonio de la Fuente con otros grupos étnicos, ya sea en el mundo social y religioso –por medio del nombramiento como padrino, por ejemplo– desde el punto de vista comercial, relaciones de trabajo o bien como representante. Esta temática, para los fines de la presente investigación, sobrepasaba los objetivos planteados y la información obtenida de las fuentes documentales, lo cual nos indica que debe realizarse un análisis más riguroso de este tipo de relaciones entre diferentes grupos étnicos y desde un abordaje distinto de las fuentes.

El mundo del Cartago colonial funcionaba con la premisa de una necesidad de apoyo mutuo, se crea una interdependencia para el acceso de los puestos y los recursos, ambos limitados en su cantidad y acceso, por lo que se idean estrategias para mantenerlos dentro del grupo. Esta situación no fue fácil, ya que un mal negocio o una acusación podían conllevar a la pérdida de la honra y del buen nombre. Antonio de la Fuente sufrió reveces monetarios, tanto causados por contratiempos en su fortuna, robos, malos giros comerciales y lo oneroso de sostener a una familia tan amplia; por esto, y a la luz de los documentos consultados, podemos concluir que la demanda a la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás respondió a una estrategia de supervivencia, al verse sin dinero y con una familia extensa y un estatus que mantener. Fue una estrategia estrictamente financiera y no reflejaba un deseo de minar los bienes de la cofradía o un irrespeto hacia Nuestra Señora de Ujarrás. Ganar la demanda inyectó capital a sus arcas, lo cual le permitió conservar su puesto en la sociedad cartaginesa. Es decir, a pesar de los tropiezos financieros, siempre y cuando se conservara el prestigio y el capital suficiente, seguiría siendo considerando como parte de esa élite colonial.

Notas

1 Al respecto puede consultarse: Verónica Jerez Brenes, La devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás: un estudio de la mentalidad religiosa en Costa Rica (1593-1852) (Tesis de Maestría Académica en Historia, Universidad de Costa Rica, 2018).

2 Archivo Histórico Arquidiocesano “Bernardo Augusto Thiel” -en adelante, AHABAT-, Fondos Antiguos, caja N° 36, folios: 196-222, 223-227, 230-234, 247-288. Corresponde a los autos de la demanda entablada por el antiguo mayordomo don Antonio de la Fuente y la sentencia emitida por el vicario foráneo respecto de este mismo.

3 Eduardo Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana: élites y poderes en la Costa Rica colonial (1564-1718) (Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica y Université de Toulouse II-Le Mirail, 2006).

4 Eduardo Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana: élites y poderes en la Costa Rica colonial (1564-1718) (Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica y Université de Toulouse II-Le Mirail, 2006), 53

5 Eduardo Madrigal Muñoz, “Prosopografía y redes sociales: por un nuevo paradigma historiográfico,” en: Teoría y métodos de los estudios regionales y locales, (ed.) Susan Chen Mok, Ana Paulina Malavassi Aguilar y Ronny Viales Hurtado (San José, Costa Rica: SIEDIN, 2008), 195-204.

6 Madrigal Muñoz, “Prosopografía y redes sociales…”, 199. En este caso Madrigal cita un estudio de Emmanuel Lazega.

7 Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana…, 409.

8 Esta relación es particularmente interesante debido a lo estrecho de la relación suegro-yerno, que se constata en el otorgamiento de cartas. Por otro lado, uno de los hijos de la unión Llorente-de la Fuente, don Joaquín Anselmo de Jesús, se convierte en el primer Obispo de la provincia de Costa Rica. Al respecto puede consultarse: Ricardo Blanco Segura, Obispos, arzobispos y representantes de la Santa Sede en Costa Rica (San José, Costa Rica: EUNED, 1984).

9 En la provincia de Costa Rica, durante la época colonial, la única orden religiosa que se asienta en el territorio es la de los franciscanos, en dos ramas distintas: los observantes, que se dedicaron a la evangelización en el centro del territorio, mientras que la rama de los recoletos llega a la provincia de Costa Rica hasta 1689 y se traslada a la zona de Talamanca. Al respecto, véase: Franklin José Alvarado Quesada, Misiones y doctrinas franciscanas: reconstrucción del primer proceso colectivo de transmisión del cristianismo indígena en Costa Rica (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1997), 72.

10 Cabe recordar que la provincia de Costa Rica careció de diócesis propia hasta 1851, por lo que estuvo supeditada a la diócesis de León que fue erigida en 1531 por el papa Clemente VIII y confirmada en 1534 por Paulo III; sin embargo, Costa Rica se une hasta 1545 y se constituye en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. El Obispo de dicha diócesis residía en León y se apersonaba a Costa Rica en contadas ocasiones, como en el caso de las visitas pastorales. Al respecto, véase: Blanco Segura, 41.

11 El Seminario San Ramón Nonato solo ofrecía la educación básica para que un sacerdote se pudiera ordenar como tal, los que quisieran optar por un grado académico −bachiller, licenciado, maestro o doctor− tenían que trasladarse hasta Guatemala. Al respecto puede consultarse: Carmela Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial: ritos y mentalidad religiosa en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Siglos XVI-XVIII (San José, Costa Rica: EUNED, 2016), 88-94.

12 Archivos Nacionales, Índice de Protocolos de Cartago (1818-1850). Tomo VI (San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 1930), 38.

13 Víctor Manuel Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica (San José, Costa Rica: Ediciones CECOR, 1992), 96. En algunas ocasiones aparece mencionado en la documentación como don Rafael y en otras como don Baltazar, pero ambas se refieren a la misma persona.

14 Para el caso de las capellanías en Cartago puede consultarse: Tatiana Carpio Leroy, Las capellanías en la colonia: Su papel socioeconómico dentro de la sociedad cartaginesa (1627-1725) (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 2012).

15 Elizabeth Fonseca Corrales, “Economía y sociedad en Centroamérica (1540-1680)”, en: Historia general de Centroamérica. Tomo II: El régimen colonial (1540-1750), (ed.) Julio Pinto Soria (Madrid, España: Sociedad Estatal Quinto Centenario; FLACSO, 1993), 116.

16 Archivo General de Indias –en adelante, AGI–, Archivo General de Simancas –en adelante, AGS–, Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, N° 7309, 26 (1793).

17 Se pudo determinar, con certeza, que las hijas que permanecieron solteras no tuvieron descendencia, ya que lo expresaron en sus testamentos, ambos del año 1819. Testaron con dos días de diferencia –la primera el 20 de octubre y la segunda el 22–: “Testa doña Antonia Petronila de la Fuente, hija legítima de don Antonio de la Fuente y de doña María Francisca Alvarado. Soltera, sin heredero forzoso. En cuanto a bienes y legados se estará a lo que deja dispuesto en un cuaderno de 10 hojas, todas rubricadas por don Joaquín Iglesias. Heredera su alma. Albaceas: sus hermanas doña María Feliciana y doña Ambrosia de la Fuente”. Archivos Nacionales, Índice de Protocolos de Cartago (1818-1850). Tomo VI, 18. En caso de doña María Josefa: “Testa doña María Josefa de la Fuente –hermana de la testadora anterior– soltera. En los mismos términos. El cuaderno es de 12 hojas. Albaceas: don Joaquín Iglesias y su hermana doña María Feliciana de la Fuente”. Archivos Nacionales, Índice de Protocolos de Cartago (1818-1850). Tomo VI, 18.

18 La dote corresponde al capital dado por los padres o familia de la mujer al momento de casarse o de tomar los hábitos. En el caso de que la familia no estuviese en condiciones de proveerla, se ponían en funcionamiento otros mecanismos de caridad; por ejemplo, la Cofradía de la Inmaculada Concepción de Cartago estableció, en sus ordenanzas, cubrir la dote para que las doncellas pobres de la ciudad de Cartago llegaran al matrimonio. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N° 1 (1593).

19 Archivo Nacional de Costa Rica –en adelante ANCR–, Protocolos Cartago, N° 000951 (1763), folios 41v-47. Disponible en microfilm 546. En 1772, doña María Francisca de Alvarado pone a responder su carta dotal en un proceso de fianza, para el que se indica un valor de 1.400 pesos. Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV (San José: Tipografía Nacional, 1913), 206. Si bien la cantidad de 1.842 pesos de plata y 500 en arras no es nada despreciable, se pueden encontrar otras cartas dote mucho más elevadas y variadas respecto a los bienes otorgados, como la de doña María de Retes, que se casó con el alférez don Francisco Ramiro de Corajo, esa carta dote ascendía a 7.000 pesos e incluía dinero en metálico, hatos de ganado, casas, esclavos, mobiliario, alhajas, ajuares y telas, entre otros bienes. Puede consultarse en detalle: Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1607-1700). Tomo I (San José, Costa Rica: Tipografía Nacional, 1909), 81-83.

20 Madrigal Muñoz, “Prosopografía y redes sociales…”, 200.

21 Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana…, 69.

22 Real Academia Española, Diccionario de autoridades. Tomo I (1726), en: http://web.frl.es/DA.html

23 Real Academia Española, Diccionario de autoridades. Tomo I (1726), en: http://web.frl.es/DA.html

24 Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana…, 170-172.

25 AGI-AGS, N.° 7309, 26 (1793).

26 AGI-AGS, N.° 7309, 26 (1793), folio 113.

27 Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana…, 411.

28 ANCR, Protocolos Cartago, N.° 000957 (1769), folios 67v-69. Disponible en microfilm 547.

29 Por ejemplo, encontramos que para 1769: “Don Antonio de la Fuente, proveedor de tabacos de la provincia de Nicaragua y Juez subdelegado de medidas de tierras de esta, y doña María Francisca de Alvarado su mujer, como principales, y los Capitanes don Pedro de Alvarado y Jirón, don Esteban Ruiz de Mendoza, don Marcos de Alvarado y don Francisco Carazo, como fiadores, se obligan por 6.000 pesos plata a fl del Br. don Manuel Lorenzo García, dueño y Capellán del barco nombrado La Fama, surto en el Puerto de la Villa del Realejo, por el flete de 2.000 quintales de tabaco y cacao que ha de llevar desde el puerto de La Caldera al de Acajutla de la provincia de la Trinidad de Sonsonate. Los 6.000 pesos se los entregará en Guatemala el Director General del Real estanco de tabacos, con quien tiene don Antonio hecha la venta de lo enviado”. Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 171.

30 Víctor Hugo Acuña Ortega, “Historia económica del tabaco en Costa Rica: época colonial”, Anuario de Estudios Centroamericanos (Costa Rica) 4, n. 1 (1978): 279-392, en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/3315

31 Víctor Hugo Acuña Ortega, “Historia económica del tabaco en Costa Rica: época colonial”, Anuario de Estudios Centroamericanos (Costa Rica) 4, n. 1 (1978): 283, en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/3315

32 Víctor Hugo Acuña Ortega, “Historia económica del tabaco en Costa Rica: época colonial”, Anuario de Estudios Centroamericanos (Costa Rica) 4, n. 1 (1978): 291-292, en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/3315

33 ANCR, Complementario Colonial, N° 000967 (1777).

34 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 171.

35 ANCR, Municipal, N° 000773 (1777).

36 ANCR, Municipal, N° 000773 (1778).

37 ANCR, Municipal, N° 000146 (1777).

38 Sanabria Martínez, 55.

39 Sanabria Martínez, 9.

40 ANCR, Cartago, N° 000803 (1785) y Guatemala, N° 000504 (1785).

41 ANCR, Municipal, N° 000773 (1780). La vara de justicia era el símbolo del poder de las autoridades reales: “Significa también la que por insignia de jurisdicción traen los Ministros de Justicia en la mano, por la cual son conocidos, y respetados: y en ella está señalada una cruz en la parte superior, para tomar en ella los juramentos, que suelen decir: Jurar en vara de Justicia”. Real Academia Española, Diccionario de autoridades. Tomo VI (1739), en: http://web.frl.es/DA.html

42 Sanabria Martínez, 42.

43 Sanabria Martínez, 26.

44 Este dato mencionado a manera de bienes a responder por una fianza que hacen en 1772. Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 206.

45 Este dato mencionado a manera de bienes a responder por una fianza que hacen en 1772. Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 227.

46 Parte de la política fiscal de la corona española durante la segunda mitad del siglo XVIII estuvo orientada a la recaudación de dineros para llenar sus vacías arcas. Una de las vías para lograrlo fue la de limitar o prohibir la circulación o producción de un determinado bien para sacar a remate la concesión de su venta o distribución en manos de quien pagara más por dicha concesión. El tabaco y el aguardiente tomaron un papel determinante como bienes enfocados a la atracción de réditos para la Corona.

47 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V (San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 1918), 24.

48 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 111. De acuerdo con María Luisa García Valverde, “Los notarios apostólicos de Granada a través de las legislaciones civil y eclesial”, Historia. Instituciones. Documentos (España) 37 (2010), 87, en: http://dx.doi.org/10.12795/HID –citando a J. Bono Huertas, Historia del derecho notarial español. Volumen II (Madrid, España: Academia Matritense del Notariado, 1979), 193-195–: “Estos notarios desempeñaron el cometido de la escrituración de las actuaciones del tribunal eclesiástico y sus actuaciones afectaban a los legos, especialmente en asuntos de carácter patrimonial, matrimonial y criminal, por lo que eran frecuentes las escrituras de fianzas, cesiones de bienes o reconocimiento de deudas”.

49 Sanabria Martínez, 3.

50 Sanabria Martínez, 41

51 Sanabria Martínez, 41.

52 En 1773 Doña Luisa de Guzmán y Echavarría lo nombra patrón de la capellanía que va a fundar. Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 222.

53 AHABAT, Fondos Antiguos, caja N° 36, f 196-222, 223-227, 230-234, 247-288. El vicario y juez eclesiástico, en la resolución final a favor del demandante –Antonio de la Fuente–, da la orden a acatar y fue que se sacaran a pregón y se vendieran las joyas de la Virgen de Ujarrás para que con ese dinero se pagara la deuda.

54 AGI-AGS, N° 7309, 26 (1793).

55 De la Fuente menciona en el documento que dos de sus puestos los fungió hasta la reforma, suponemos, por el periodo en que se encuentra, que se refiere a las Reformas Borbónicas. Al respecto, véase: Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808)”, en: Historia general de México. Tomo II (México, D.F.: El Colegio de México, 1977) y Miles Wortman, Gobierno y sociedad en Centroamérica (1680-1840) (San José, Costa Rica: Banco Centroamericano de Integración Económica, 1991).

56 La erección del Hospital San Juan de Dios fue gestionada por el obispo Tristán a partir de su visita a la provincia en 1782 y entra en funcionamiento en 1785. Sanabria Martínez, 55.

57 ANCR, Protocolos Cartago, N° 000972 (1779), folios 15-16v. Disponible en microfilm N° 549.

58 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V, 178.

59 Otro caso interesante es el de la fianza que solicita el capitán don Juan Manuel de Alvarado para el remate de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás en 1805, pues entre otros fiadores figura su suegra doña María Petronila de Bonilla. ANCR, Complementario Colonial, N° 3846, folio 1, “Expediente del arrendamiento y remate de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás (1805-1808)”. Cabe destacar que dicho capitán Alvarado es hijo de doña Manuela Baeza y cuñado de don Antonio de la Fuente. Respecto del caso del remate de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás puede consultarse: Verónica Jerez Brenes, “La venta de bienes de la cofradía de Nuestra señora de Ujarrás (1805-1840)”, en: De colonia a república: economía, política e iglesia en Costa Rica (siglos XVIII-XIX), (eds.) Alejandra Boza, Manuel Chacón, Patricia Clare, Esteban Corella, David Díaz, Verónica Jerez, Elizet Payne y Carmela Velázquez (San José, Costa Rica: Museos del Banco Central, 2017), 103-136.

60 Real Academia Española, Diccionario de autoridades. Tomo I (1726), en: http://web.frl.es/DA.html

61 ANCR, Protocolos Cartago, N° 000620 (1774). Disponible en microfilm N° 459. Dicho poder es entregado para que obtenga los títulos de unas tierras en Tenorio.

62 ANCR, Protocolos Cartago, N° 000964 (1775) folios 95v-98. Disponible en microfilm N° 548.

63 ANCR, Protocolos Cartago, N° 000964 (1775) folios 30-31v. Disponible en microfilm N° 548. Figura como apoderado para realizar la venta de dos haciendas de cacao en Matina.

64 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 138.

65 Podemos mencionar que otorgó “poder general a don José Asenjos, a don Carlos Portocarrero y a don Manuel José Iglesias, Procuradores en la Intendencia de León,” para que atendieran sus asuntos fuera de la provincia, al respecto: Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V, 64.

66 ANCR, Protocolos Cartago, N° 000979 (1786). Folios 28-29. Disponible en microfilm N° 551. Este suceso está consignado por Figueroa en: ANCR, Álbum de Figueroa, Tomo I, folio 62v. Consúltese, además: Verónica Jerez Brenes, La devoción a Nuestra Señora de la Pura…, 163.

67 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 144.

68 ANCR, Complementario Colonial, N° 004473 (1770). Don Manuel Galisteo demanda a don Antonio de la Fuente para que le entregue 10 tercios de cacao que recibió en Matina de Juan Goitía. No obstante, de la Fuente indica que por haberlos recibido como representante de la autoridad tiene mejor derecho. Esta causa no aparece como concluida, pero sí se indica que se tomó el cacao en pago de 135 pesos adeudados.

69 ANCR, Municipal Cartago, N° 000146 (1778). Son dos documentos, uno corresponde a la primera sesión del cabildo con fecha del 22 de junio de 1778, y el segundo en una sesión extraordinaria del cabildo –del 23 de junio de 1778– donde de la Fuente entrega un documento testimonial para adjuntar al acta de la sesión anterior.

70 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V, 56.

71 Claudia Quirós Vargas, La era de la encomienda (San José, Costa Rica: EUCR, 2001), 299.

72 Según Arnaldo Moya Gutiérrez: “El cuadrante de la Soledad también albergó al Hospital de la Ciudad, regentado desde finales del siglo XVIII por los padres de San Juan de Dios”. Arnaldo Moya Gutiérrez, “Cultura material y vida cotidiana: el entorno doméstico de los vecinos principales de Cartago (1750-1820)”, en: Iván Molina Jiménez y Steven Palmer (eds.), Héroes al gusto y libros de moda. Sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750-1900) (San José, Costa Rica: Editorial Porvenir, 1992), 14. Podemos deducir entonces, que de ahí es que por costumbre aparezca en los documentos como Hospital de la Soledad y no como Hospital San Juan de Dios, esto no porque su patona sea Nuestra Señora de la Soledad, sino por costumbre de llamar así el sitio donde estaba ubicado.

73 Sanabria Martínez, 55.

74 Esteban Curti o Corti era un milanés que llegó a la provincia junto con el gobernador Vázquez y Téllez que lo trajo como su médico personal en 1790. Al parecer, Curti tenía una causa abierta en el tribunal de la Inquisición de Nueva España. Al respecto: Sanabria Martínez, 55 y Theodore S. Creedman, Historical Dictionary of Costa Rica (Londres, Inglaterra: The Scarecrow Press, 1991), 78.

75 Sanabria Martínez, 55.

76 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V, 103.

77 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V, 142.

78 Se constata su presencia o actividad en otras zonas de la provincia como en Bagaces o Esparza por medio de los protocolos. Al respecto puede consultarse: Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Guanacaste (1756-1850) (San José, Costa Rica: Tipografía Nacional, 1909); Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Heredia (1721-185) (San José, Costa Rica: Tipografía Nacional, 1904).

79 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V, 240.

80 Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana…, 119.

81 ANCR, Mortuales Cartago, No 000762 (1807). Al morir de la Fuente, parte de sus posesiones eran: “una casaca de terciopelo negro en 5 pesos, una chupa de terciopelo negro en 3 pesos, un fondo de terciopelo riso en 8 pesos, un vestido entero de peñete morado en 16 pesos, un bolante de tafetán azul en 4 pesos, un bolante con su chupín de razo carmesí en 5 pesos, una chupa de paño blanco galoneado en plata en 1.2 pesos, un sombrero al tres en 4 pesos, otro ídem galoneado en 6 pesos, una capa de paño negro en 27 pesos”. Moya indica que, a pesar de no ser muy extenso, si era lo apropiado para desempeñar los puestos que tuvo dentro de la administración colonial. Arnaldo Moya Gutiérrez, 34.

82 Archivos Nacionales, Índice de protocolos de Cartago (1751-1784). Tomo IV, 269.