I. INTRODUCCIÓN

Los años ochenta dejaban hacia 1991 un estancamiento y una caída del PBI per cápita del 2,1% anual y una deuda externa que llegaba a casi el 70% del PBI. El estancamiento del empleo en el sector privado y el aumento del informal (que rondaban casi un 10%), comenzaban a tomar protagonismo con tasas de crecimiento del 2% anual. La caída de los salarios, por su parte, estaba calculada en un 30% para la década y la pobreza alcanzaba el porcentaje inédito del 30% (RAPOPORT, 2020). La regresión y estancamiento de los indicadores socioeconómicos ponían a los albores de los años noventa como una de las etapas de mayor desigualdad vistas hasta entonces. El hecho de que las finanzas públicas no superaban los 4.000 millones de dólares, el salario industrial había caído casi 10 puntos entre 1988 y 1989, el tipo de cambio se había devaluado significativamente (de 192 a 212 australes por dólar), entre otros indicadores, agravaban el problema de la deuda externa, interrumpida luego la presidencia de Alfonsín y que rondaba más de 50.000 millones de dólares. A pesar de todo, como sostuvo NOVARO (2021) recordando las encuestas de Mora y Araujo en la época, «la crisis y el empobrecimiento colectivo dieron lugar a una valoración exaltada de quienes no la sufrían: los ricos, los empresarios, los inversores, en suma, los exitosos» (NOVARO, 2021: 232). De modo que fue una década donde se pasó de la visión crítica de la patria financiera, en alusión a los grupos empresarios que se habían beneficiados de los años de dictadura (1976-1983) (CASTELLANI, 2021), a una valoración de los dueños del capital local como modelo de éxito. Justamente, fueron trabajos como los de BASUALDO (2006), CHUDNOVSKY y LÓPEZ (2001) o GAGGERO y WAINER (2021) quienes destacaron que, en estos años, luego de un periodo de crisis recurrentes durante los ochenta que beneficiaron a un grupo selecto de conglomerados nacionales con inserción externa y capacidad de captar beneficios del Estado, los noventa se presentaron como una década de cambios profundos en el modelo de acumulación. Especialmente, porque a tono con los cambios mundiales caracterizados principalmente por un nuevo auge de capitales extranjeros se producirían cambios que definirían una etapa de concentración, reprivatización, extranjerización de la cúpula empresarial local combinado con un marco de estabilidad macroeconómica de orientación neoliberal.

El nuevo presidente justicialista, Menem, debía emprender como necesidad primaria luego de la primera hiperinflación en 1989 el gobierno de la economía. En sus inicios, luego de un viraje de posiciones de corte nacional y redistributivas asociadas con el peronismo clásico al liberalismo económico, realizó un corrimiento a la derecha (MORRESI, 2008: 22), adoptando las tendencias internacionales de supremacía del sector privado, retracción del Estado en la economía y apertura financiera y comercial para integrarse a las redes mundiales. Estas ideas se consolidarían con el denominado Consenso de Washington,^[1] encarnadas como antecedentes también, y principalmente, en los gobiernos conservadores de Ronald Reagan (1981-1989) y Margaret Thatcher (1979-1990), en EE. UU y Gran Bretaña. La caída del comunismo con la disolución de la U.R.R.S, la crisis del marxismo y la extensión de las relaciones capitalistas marcaban el inicio de una nueva etapa mundial. Este proceso, que a pesar de sus peculiaridades sostenía los pilares del consenso en torno al equilibrio fiscal, las privatizaciones, la apertura económica y la desregulación en determinadas áreas (QUIROGA, 2005), se asociaba integralmente al auge del neoliberalismo.

En Argentina, se tradujo con la convocatoria de Menem al poderoso grupo empresarial de la cadena alimenticia Bunge y Born para diseñar un plan económico desde el ministerio de Economía que impulsara las iniciativas de devaluación, autonomía del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aumento de precios clave por encima de los salarios, refinanciación de títulos y bonos, incentivo a la inversión extranjera, entre otras medidas. Estas, fueron acompañadas de la promulgación de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, que permitieron emprender privatizaciones, la apertura comercial, suspender los regímenes de promoción industrial, y otras medidas de ajuste económico (BELINI y KOROL, 2021). En lo que respecta a la estabilización de los precios, fue recién hacia abril de 1991 con el ministro Domingo Cavallo (1991-1996) que se consolidó un plan económico estable. El economista cordobés ideó un plan económico de fijación férrea del tipo de cambio con medidas que instalaban la obligación del BCRA en mantener reservas en divisas en igual proporción a la base monetaria y la fijación del tipo de cambio de 1 peso a 1 dólar por ley significaban la renuncia plena al manejo de la política monetaria para acabar, definitivamente, con la inflación a partir de un shock. De manera determinante, y luego de algunos traspiés, en 1991 el Plan había logrado reducir las tasas mensuales de inflación a menos del 1% (GERCHUNOFF y LLACH, 2019), aunque generó debates económicos dado la orientación ortodoxa de sus medidas.

En este contexto, proponemos analizar que socioeconómicas que involucraron diferentes cuestiones como la reforma del Estado, el papel de los grupos económicos, las transformaciones políticas, la política económica y las reformas estructurales, entre otros, siendo esta una de las dimensiones menos estudiadas por el caudal de trabajos que se ha interesado por esta publicación. Particularmente, proponemos centrarnos en el cambio de siglo, dado que teniendo en cuenta el traumático recambio presidencial a nivel nacional con las hiperinflaciones y las transformaciones sociales que imponía el neoliberalismo, consideramos que la izquierda analizada atravesó un proceso de inflexión frente a los nuevos cánones económicos y político económicos.

De tirada bimestral y nacida en 1985, LCF contaba con un importante antecedente en la revista mexicana Controversia, que nucleó a importantes intelectuales de izquierda exiliados tras la última dictadura militar (1976-1983). Muchos de estos intelectuales, que venían dando seguimiento a los acontecimientos argentinos, atravesaban un proceso de autocrítica sobre la política de acciones radicales que había caracterizado, sobre todo, a la izquierda revolucionaria en décadas anteriores. Ahora, muchos de estos, abrazaban la posibilidad de un socialismo democrático (CASCO, 2004; NUÑEZ, 2011; MONTAÑA, 2018), en gran medida motivado por las esperanzas que generó la apertura política encarada por el presidente electo en 1983 Raúl Alfonsín y el proceso de transición democrática que se abría luego del régimen dictatorial. El periodo analizado responde a años considerados críticos entre la transición de un régimen de acumulación en crisis a otro de orientación neoliberal definitivamente, entre los que la Argentina atravesó dos hiperinflaciones y dificultades para estabilizar la economía a pesar de los intentos de significativo corte fiscalista y monetaristas realizados durante las primeras gestiones económicas de Menem hasta la llegada del ministro Domingo Cavallo. Considerando que los hechos críticos de la economía en esta etapa se tornaron cruciales para la sociedad, y en particular para la intelectualidad contemporánea que se busca analizar, nos detuvimos en los números publicados entre enero de 1989 y septiembre de 1991, que fueron un total de 13 ediciones; deteniéndonos en los abordajes con contenidos económico que se detuvieron en diferentes aspectos de la coyuntura crítica del momento desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales.

LCF se presenta como una de las revistas más importantes en relación a los grandes procesos que atravesaba la vida nacional, y muchos estudios historiográficos han dado cuenta de esto mostrando un gran interés por la publicación, dado que aglutinó a significativos pensadores del socialismo local^[2]. Por ejemplo, una línea de estudios viene analizando los estudios en torno al bagaje teórico del lenguaje político, especialmente atendiendo a los significantes en torno a la democracia, el socialismo, la revolución y otros conceptos importantes que estos grupos instalaron para su revisión durante la transición democrática (GARATEGARAY y REANO, 2019; MARTÍNEZ MAZZOLA, 2015). A su vez, dentro de esta línea de trabajos, otros se han encargado de examinar en un marco más general las redes políticas y comunicacionales de las izquierdas (LESGART, 2003), su relación con el poder político alfonsinista (de DIEGO, 2007), las transformaciones de la cultura política y otras cuestiones específicas como el abordaje en torno a la reforma del Estado en los años de Alfonsín (REANO, 2019) o el uso de conceptos teóricos de Weber, Gramsci y otras tradiciones intelectuales en los esfuerzos por sintetizar el socialismo y la democracia (MONTAÑA, 2012). Incluso, en este cuadro, hubo quienes estudiaron otras revistas político intelectuales significativas de aquel entonces, atendiendo a discusiones similares, como Unidos, Los Cuadernos de la Comuna, Punto de Vista, entre otras (TROMBETTA, 2016). Así, como se dijo, se encuentran estudios sobre varios grupos político intelectuales ligados a las izquierdas que se caracterizaban por un socialismo democráticos y con participación simultánea en LCF.

Los estudios dedicados a los años noventa resultan de menor consideración respecto con los años ochenta, entre los que pueden mencionarse el antecedente la tesis de grado de Mercer (MERCER 2005), que aborda el proceso de transición y consolidación de la democracia, de Alfonsín a Menem, desde la intelectualidad. Este antecedente, si bien aborda tangencialmente los temas socioeconómicos, de primer orden en este manuscrito, centrándose en el consenso en torno al ajuste y al emprendimiento de reformas de Estado, ocupan un lugar menor en el análisis global frente el ejercicio de la política o la cuestión militar. Otros antecedentes como el de MARTÍNEZ MAZZOLA (2018), permiten observar cómo Aricó y Portantiero, dos de los principales intérpretes de la izquierda democrática postdictatorial, abordaron los problemas noventistas mediante una relectura y valorización de tradición socialista que encarnaba el fundador del Partido Socialista argentino Juan B. Justo. Por último, también se encuentra el trabajo de MONTAÑA (2015), donde analiza a las izquierdas vinculadas a LCF, puntualmente cómo construyeron un centro izquierda conjugando elementos de la tradición marxista y el liberalismo clásico que, de acuerdo a la visión de la autora, no necesariamente supuso su repliegue ante el avance neoliberal.

Teniendo en cuenta lo expuesto en esta introducción, el objetivo principal de este trabajo consiste en revisar las discusiones socioeconómicas que involucraron a diferentes temáticas que preocupaban a los involucrados en LCF, a partir del análisis de las notas de sus columnistas permanentes, invitados y entrevistados, en un momento trascendental de la argentina como fueron las inéditas crisis hiperinflacionarias y la consolidación prístina de estabilidad económica de orientación neoliberal. Etapa que, como se mencionó, abarcó diferentes tópicos como la reforma del Estado, el papel de los grupos económicos, las transformaciones políticas, la política económica y las reformas estructurales.

II. VISIÓN ECONÓMICA FRENTE A LA NUEVA DÉCADA

Además de sus principales impulsores, Portantiero, Aricó y Tula, la revista contó con la participación de los integrantes del Club de Cultura Socialista. Entre estos, se encontraban el presidente del mismo Altamirano, el vicepresidente Marcelo Lozada, el secretario Neudelman, el tesorero Domingo Maio y los vocales Portantiero, José Nun, Hugo Vezzetti, Jorge Federico Sábato, entre otros. Estos, formaban parte de una vanguardia intelectual proveniente de diferentes áreas de las ciencias sociales, ahora comprometidos con el nuevo régimen y atravesando un proceso de reconsideración de las tradiciones políticas y culturales previas. Complementados con el grupo de la Revista Unidos, proyecto que nucleaba a la revisión del peronismo democrático y que también contaba con políticos e intelectuales de renombre académicos como los de Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia, Elías Semán, María Teresa Glamuglio, entre otros, (Ponza, 2012, LCF se constituyó en un grupo original e inédito de socialismo democrático.

La dirección de la revista se mantuvo férrea en manos de Portantiero, Aricó y Tula, secundados por un Consejo de Redacción y un Comité Asesor donde destacaban muchos de los mencionados y otros como Oscar Terán y Julio Godio. Además, se contó con la dupla artística de Juan Pablo Renzi, quien se encargaba de la maqueta y de Laura Rey, a cargo del servicio de ilustraciones. Estos, le dieron en sus primeros números a la estética de la revista un vuelo orientado en el arte hispánico y colonial, de sentido crítico con el colonialismo y la opresión indígena de los siglos XVII Y XVIII. Sin embargo, en el transcurso de sus primeros años también los artistas introdujeron gráficas orientadas en diferentes movimientos artísticos provenientes del arte griego y el surrealismo. También hubo arte de movimientos estéticos como de caricaturas contemporáneas de alcance nacional y mundial, que al interior acompañaban a las columnas siempre en blanco y negro. Estas, eran introducidas y narradas con una prosa de Carlos Macchi, que conectaba el sentido artístico con los problemas argentinos de su presente.

Tapa principal de La Ciudad Futura

Nº24-26, octubre de 1990-enero de 1991^[3].

Tapa principal de La Ciudad Futura

nº 27, febrero-marzo de 1991^[4].

Asi, la publicacion presentaba en sus números un completo temario de cuestiones políticas referidas al sistema de partidos, la democracia, la vida universitaria, el sistema judical, entre otros, en sus más de 30 páginas. A su vez, el final de las secciones eran acompañados de reseñas y promoción de obras y reediciones de intelectuales de alcance internacional en la sociologia, la politica y otras ciencias sociales. A su vez, se incluian los textos de los mismos participantes como transcipciones de autores reconocidos mundialmente.

Sin embargo, las notas no estuvieron únicamente circunscriptas a los mentores del socialismo democratico argentino, sino que también se contó con otras voces de gran impacto en el ambiente cientifico de las ciencias sociales como en la politica de las izquierdas. Entre estos, cabe mencionar al periodista y militante del marxismo Sergio Bufano, el entonces joven sociólogo Marcos Novaro, el politólogo Fabián Bosoer, el entonces lider del Partido Democrata Cristiano Carlos Auyero, el referente socialista Héctor Bravo, el sociólogo e historiador Waldo Ansaldi, la historiadora Hilda Sabaladto y los cientistas de la educacion Guillermina Tiramonti y Sergio Trippano, entre otros.

En las notas y debates referidos a temas socioeconómicos, que incluian la politica economica, la reforma del Estado y la modernizacion de la sociedad junto con subtemas como la reforma impositiva, los regímenes de promoción industrial y el papel de los grupos económicos; se contó con las plumas de varios analistas filiados a las izquierdas. Uno de ellos fue el entonces jóven politólogo español Javier Franzé, quien tuviera un importante rol en las discusiones argentinas y actualmente formara parte central de medios de raíz progresita nacionales como La Vanguardia, Nueva Sociedad y El Diario.ar. También participaron el mencionado Fabian Bosoer y el sociólogo estudioso de la estructura social argentina, las relaciones entre capital y trabajo y el papel de las empresas Héctor Palomino. Ricardo Mazzorín, quien habia sido secretario de Comercio en los años de Alfonsin, los politólogos Fabián Echegaray y Ezequiel Raymondo y los economistas Nicolás Gadano y Nicolás Dujovne, también fueron parte de las columnas de LCF. Varios de estos, posteriormente contarían con presencia en cargos publicos nacionales de vital importancia. De formación estrictamente económica, además de Gadano y Dujovne, destacó el economista Nestor Lietti, entonces asesor del Banco Mundial (BM), de la Cámara de Diputados de la Nación, entre otros cargos posteriores. En el mismo sentido, debe mencionarse a Andrés Vasiliadis, asesor económico de la secretaría de Planificación en 1985, Consultor del Programa de Reforma del Estado financiado por el BM en el marco del Ministerio de Economía del Gobierno Nacional en 1992 y, posteriormente, Director General de Crédito Público en 1998, entre otros cargos. Ambos economistas, tuvieron una significativa carrera en el sector público en los siguientes años como asesores del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Diputados nacional, etc. Por último, tambien se contó con la presencia de otros economistas, en algunos casos provenientes de espacios académicos y técnicos, entre los que se pueden mencionar al economista universitario y funcionario del BCRA, del Banco de Inversión y Comercio Exterior y del Banco Ciudad de Buenos Aires, entre otros, Arnaldo Bocco. Además, otros que participaron en las entrevistas coordinadas por LCF, como el economista y ex funcionario radical Adolfo Canitrot, el economista radical Jesús Rodríguez, el economista de Montoneros Hecrtor Gambarotta y el economista ligado al peronismo de izquierda Claudio Lozano. También estuvieron presentes otros reconocidos economistas como Jorge Schvarzer, Julio Sevares y Carlos Abalo, academicos intelectuales provenientes de la cultura de izquierda, que aunque no tuvieron presencia en los números que analizamos entre 1989 y 1991, pudieron haber participado indirectamente dado su presencia recurrente entre 1986-1989.

Como puede verse, quienes articulaban las discusiones que atravesaban a la economia, la política económica, la reforma social y la modernizacion socioeconómica de Argentina, eran paerte de una cultura intelectual amplia, en algunos casos con trayectoria militante y política, y en otros ligados al ambiente técnico y academico de las ciencias sociales. Esto se tradujo en que, naturalmente, las discusiones se caracterizaran por una visión más holística con la que seguramente LCF se sintió cómoda al incluir en sus columnas, sobre todo a contramarcha del proceso de autonomización de la economía. No obstante, cabe mencionar que, dado esta heterogeindad, los debates no siempre fueron coherentes con la línea editorial de LCF, ni entre ellos mismos, dado que mostraron importantes ambivalencias en torno al devenir socioeconómico del país en aquella coyuntura critica. Esto, posiblemente, resultaba esperable teniendo en cuenta la diversidad de trayectorias que intervinieron en el proyecto editorial.

Los editores de LCF, por su parte, mostraron preocupación por diferentes temáticas que atravesaban a la sociedad argentina, que no solamente se correspondieron con los problemas económicos de aquellos años. El balance de los años ochenta que hacían empezaba por el primer mundo o capitalismo avanzado, asegurando que «se consolidó la vertiginosa renovación de los métodos productivos surgida a partir de las nuevas tecnologías».^[5] Una modernización, como se decía, a la que los socialistas no deben dar la espalda, sino reconocer en toda su «cabal profundidad». También se consideraba, que los cambios socioproductivos que impulsaban los nuevos tiempos, era extensivos en tanto alcanzaban a los países de Europa del Este, que se encontraban en un proceso de apertura al desarrollo libre de las fuerzas productivas motivada por el reformismo de la llamada perestroika. Así, LCF entendía que la etapa bipolar post Segunda Guerra mundial llegaba a su fin, dando inicio a la modernización caracterizada por los avances productivos y la democratización social. Sin embargo, el inicio de una nueva década no permitía abandonar «la necesidad del socialismo, ni de las relaciones sociales bajo términos de mayor justicia, sino que potencia esas tradiciones y deseos en el marco de la racionalidad democrática»^[6]. Así, los desafíos para la Argentina eran supeditados, según el equipo editorial, a la vigencia de la democracia, restaurada pero no consolidada. Puntualmente, se hablaba de la voluntad política para emprender los cambios venideros: la reforma de las sociedades, con capacidad de discutir el rol del Estado, la equidad social y la unidad regional entre países latinoamericanos como los principales pilares.

Los intelectuales de LCF entendían que la crisis que vivía la Argentina, era parte de una crisis de hegemonía. Era tanto así, que esta crisis de carácter político se encontraba por encima de cualquier programa económico, agravada por que el gobierno de Menem, se afirmaba, no tenía bases de autoridad. La incapacidad para salir del círculo vicioso de los ajustes costosos e ineficaces, decían, podían precipitar, incluso, un nuevo golpe militar. Dicha crisis de hegemonía significaba que el menemismo había perdido la autoridad que las urnas le habían otorgado, luego de dos planes económicos con Bunge y Born y Rapanelli, desembocando en una segunda hiperinflación. En suma, entendían que los incentivos a la libertad de mercados oligopólicos habían mostrado ser inefectiva para domar la hiperinflación, de modo que la crisis no pasaba por la cuestión de un plan económico. Se trataba de una crisis política, en tanto:

«Alude a las características y a las formas de relación de nuestro capitalismo y nuestro estado, (especialmente) porque el estado se ha disuelto en las determinaciones de los grupos de presión de la sociedad […] sin disciplinamiento por parte del estado no se ven remedios a la vista para esta crisis»^[7].

En el mismo sentido, en el aniversario de los cuatro años de LCF, se afirmaba que, a partir de la solidaridad con el proceso democrático emprendido en 1983, ahora se encontraban abocados a su transformación:

«Decidimos ser un factor activo en la construcción de una democracia social avanzada no porque renunciábamos a nuestros ideales, sino porque llegamos a la conclusión de que era el único modo de mantenernos fieles a ellos»^[8].

En este marco, para los editores, el fracaso del comunismo no explicaba su nacimiento; por el contrario, aumentaba la responsabilidad de impulsar la democracia, y en particular del movimiento socialista, en la búsqueda de una sociedad más justa. De esta mera, los mentores de LCF se asumían como una nueva izquierda intelectual de «ni heterodoxos ni ortodoxos», por el contrario, se asumían «eclécticos», posicionándose como paladines de los nuevos debates con los que habían contribuido a instalar desde los años de Alfonsín. Desde la reforma del Estado en Parque Norte hasta los planes de la Segunda República^[9], ahora deberían enfrentar el fracaso de esas iniciativas.

Esto era así porque los editores de LCF entendían que «vivimos una transición que todavía no ha llegado a consolidar institucionalmente una democracia que, además, carga con las responsabilidades del ajuste»^[10]. En esta visión, las recetas del gobierno se acababan, y se hacía necesario emprender un cambio de rumbo marcado por la capacidad reguladora del Estado, pero, sobre todo, supone que «la modernización conservadora sea reemplazada por la modernización democrática»^[11]. En definitiva, planteaban reconocer la crisis de la estructura productiva, pero abandonar el pragmatismo conservador de Menem y su «esto es lo único que se puede hacer» e incluir en el debate a todas las fuerzas productivas por una modernización más justa.

III. DE LAS CRISIS HIPERINFLACIONARIAS AL NACIMIENTO DE UN NUEVO MODELO ECONÓMICO

En las vísperas del gobierno de Menem, una entrevista realizada por LCF a Jesús Rodríguez, último ministro de Economía de Alfonsín, dejaba entrever cómo, para gran parte de la dirigencia política e intelectual, los tiempos estaban cambiando. Rodríguez, en un balance de la gestión radical, aseguraba que:

«El paradigma de los años 40, 50 y 60 ya no es viable, ya no va más (…) estamos viviendo transiciones políticas en medio de una terrible crisis económica de la que la deuda externa es un agravante enrome y con la necesidad de reformular modelos de acumulación económica para adecuarnos a los nuevos datos de la realidad»^[12].

De hecho, en el mismo número Franzé aseguraba, en un balance de la gestión radical, que lo que había impedido un programa de reformas económicas había sido «la subestimación de la construcción de un bloque social como condición de posibilidad» (FRANZÉ, 1989: 8). De manera que, las transformaciones en la estructura económica y social ya no eran cuestionadas, ni tabúes de la ortodoxia iniciados por el odioso régimen de 1976, como habían sabido ser en los análisis de la década previa^[13].

De manera relacionada, en una entrevista a Carlos Auyero, ex diputado por la Democracia Cristiana, afirmaba que la oferta electoral argentina, tradicionalmente dominada por el bipartidismo justicialismo-radicalismo, manifestaba un dominio cultural ideológico del neoliberalismo sobre las propuestas que se hacen a la sociedad. Es decir, para Auyero, que veía en el neoliberalismo un ataque frontal a las iniciativas del Estado por reducir las desigualdades mediante la intervención y la gestión pública, la democracia estaba siendo absorbida por una agenda capitalista de corte neoliberal que la debilitaba. Especialmente, le preocupaba que, tanto el peronismo como el radicalismo, parecieran «negar la posibilidad de cambiar los parámetros de dominación y adoptar como estrategia política el mejor acomodamiento al orden mundial»^[14]. En el centro de esta discusión, para el dirigente político, se encontraba la dialéctica capitalismo-democracia porque esta última requería, según entendía, de la autonomía del Estado en materia de decisiones económicas frente a las corporaciones. También reconocía la necesidad de un nuevo modelo de acumulación que limitara la tasa de ganancia y la supeditara a la redistribución del ingreso. En este sentido, la interpretación de Auyero respecto de los cambios socioeconómicos que se vivían era que, la idea de inoperancia estatal había penetrado tanto en la sociedad, que «después de haberle sacado todo lo que se pudo al Estado a través de los subsidios, de los contratos y de las ventas, ahora se saca al Estado del medio para terminar de dominar la sociedad»^[15]. En cierta medida, lo que Auyero evocaba y en lo que la entrevista insistía, era una reivindicación del progresismo como ideología capaz de conciliar el bienestar socioeconómico con el desarrollo de una democracia sustantiva, lo que se entendía que estaba en retroceso en las ofertas políticas de la época.

También era Fabian Bosoer quien afirmaba que las transiciones a la democracia encaradas por varios dirigentes latinoamericanos como Alfonsín y otros referentes políticos latinoamericanos como Julio Sanguinetti, Siles Suazo, José Sarney, Osvaldo Hurtado, León Febrés Cordero, entre otros; habían dejado la enseñanza del «agotamiento de los modelos tradicionales de articulación entre la economía, el estado y la sociedad» (BOSOER, 1989-1990: 12). Así, la idea reivindicaba por Bosoer de «una década perdida», traducía cómo, a pesar de todo tipo de planes económicos, heterodoxos y ortodoxos, las democracias no habían logrado recuperar la prosperidad en la región, sino solamente «haber sobrevivido». Se abría la puerta, en su interpretación, a una época de crisis de las estructuras partidarias clásicas y de necesarios cambios en las sociedades.

Por su parte, con una visión más crítica, Héctor Palominio ponía en palabras concretas lo que entendía se trataba de una época de dominio del capital bajo el ejemplo de los asalariados. Una crítica situación económica, caracterizada por la profundización de un ajuste, desembocaban en iniciativas como la caída de los salarios, las privatizaciones de empresas públicas, las excesivas ganancias financieras mediante la capitalización de la deuda externa, la cesión de ministerios a empresarios «y una legitimación simbólica de esos grupos en el discurso oficial» (PALOMINIO, 1989-1990: 9). Esto provocaba, según la visión de Palominio, que la armonía entre capital y trabajo se viera quebrada, así como también entre Estado y el sindicalismo, manifestada en la división al interior de la Confederación General del Trabajo que en aquel entonces se encontraba atravesada por dos vertientes. De manera más integral, era Tula quien entendía que el dominio del neoliberalismo o conservadurismo, como lo asemejaban, se caracterizaba por diagnosticar que la crisis «proviene de la desproporción de expectativas siempre crecientes que emanan de la sociedad civil y la capacidad que tiene el sistema político para satisfacerlas» (TULA, 1989-1990: 17). Esta desproporción, en la lectura que desglosaba Tula, provocaba un círculo vicioso que conduciría a una asfixiante presencia estatal incapaz de satisfacer la multiplicidad de demandas civiles. A su vez, esto conduciría, de acuerdo al diagnóstico neoliberal, a proponer un regreso al mercado, su orden espontáneo y un retorno al liberalismo como estrategia de reacomodar la asignación correcta de recursos de cara a un nuevo dinamismo a la ganancia y la acumulación liderada por el sector privado. Así, este veía en el neoliberalismo-conservadurismo que se trataba de más que una ideología económica, se trataba de una filosofía de vida que propone una democracia de los propietarios centrada en la reivindicación del individualismo, la autosuficiencia familiar y un gran componente de autoritarismo político.

También compartía esta visión, en alguna medida, Franzé, quien en otro editorial aseguraba que el gobierno comenzó a ensayar una receta con la insignia que promovía no más la sociedad civil a través de los partidos, sino los grupos hegemónicos mediante las corporaciones. Es decir, el corporativismo es visto en el poder político de Menem como la «naturaleza del cuerpo social», quedando al margen el conflicto aseverado por los partidos políticos. Sin embargo, de acuerdo al autor, la estrategia menemista se encontraba en problemas ya que, luego del fracaso del Plan Bunge y Born, consideraba que no encuentran los grupos burgueses en los cuales se sustentará el nuevo esquema de acumulación. La intrínseca debilidad de la burguesía argentina podía verse, según Franzé, en el empate entre sectores de sus fracciones, especialmente de aquella que había sabido beneficiarse de los contratos y beneficios a través del Estado y la pujanza exportadora (agropecuaria, petrolera y petroquímica). Estas, eran impotentes para edificar un «nuevo bloque hegemónico», ya que las disputas entre la patria contratista y los grupos competitivos en el Estado, dejaban al poder político en «una posición defensiva (la cual estaba) destinada a neutralizar la desestabilización política» (FRANZÉ, 1991a: 5).

La visión en torno al corporativismo, también se desplegaba en las entrevistas que se reproducían a referentes de la centro-izquierda o progresistas, como se los denominaba, en universo político que se derechizaba. Así, la realizada al radical Federico Storani sugería en sus interrogantes que la Argentina había sufrido hacia 1989 un golpe de estado económico, donde se veía el desacuerdo del capitalismo organizado con la democracia incluso con la intención de «sabotearla». A lo que el entrevistado respondía que, como requisito de supervivencia democrática y bienestar social, era necesario una base de alianzas intra poder político y de control rígido sobre las corporaciones económicas, aunque desechando la posibilidad de avanzar en expropiaciones, limitándose a «recuperar el rol del estado democrático para un control efectivo de esos sectores»^[16]. No obstante, esa mirada parecía tener una escasa posibilidad en el contexto de amplias transformaciones que afectaban sobre todo a la relación entre el Estado y la sociedad civil.

Así, de manera indistinguible de este contexto de transformación política y socioeconómica, aparecía la cuestión de la modernización. Esta, involucraba, según Ernesto Semán, «el rol del Estado y la disputa entre los valores que rigen a una democracia capitalista y democrática» (SEMÁN, 1990: 5). Para el autor, los enfrentamientos contemporáneos entre estatistas y privatistas traducían los valores antagónicos de la rentabilidad y la acumulación frente a la reivindicación de una base moral de equidad y justicia infranqueable. El mismo antagonismo de base, también reproducía las discusiones entre eliminar el déficit frente a solucionar las injusticias sociales, aunque advertía que el primero se había convertido en una necesidad universal tanto para estatistas como privatistas. Para Seman, la ansiada rentabilidad de las empresas públicas, discutida en el seno de una modernización, encontraba sus límites en aquellos nichos donde la eficiencia no era, necesariamente, la pauta central de su funcionamiento frente a la sociedad civil^[17]. En este sentido, Bosoer entendía que el conservadurismo de Menem, predominante en lo político, se tornaba necesario para desplegar un proyecto liberal porque sin «revolución conservadora» en lo político y cultural, no podía darse un proyecto económico neoliberal que liquide al alicaído progresismo. Así, para Bosoer, el primer año de Menem y su «paquetazo de leyes: emergencia económica, reforma de estado, privatizaciones, desregulación casi absoluta de los mercados, eliminación de los instrumentos de intervención estatal en la economía, indultos, etc.» (BOSOER, 1990: 6), daba cuenta de una estrategia de despolitización y cuestionamiento de la autonomía política frente a las corporaciones que rompía la articulación de liberalismo y democracia por «una hegemonía de mercado».

La postura de Ricardo Mazzorín, por el contrario, se tornaba mucho más optimista al asegurar que «una estrategia de reformas y modernización del sector público, que fortalezca la capacidad de gestión del estado, es una tarea insoslayable que las fuerzas progresistas deberían acometer» (MAZZORÍN, 1990: 7). Para el autor, la captura histórica del Estado por parte de corporaciones que habían abandonado las virtudes del empresario schumpeteriano, habían producido beneficios rentísticos en base a ganancias seguras. De esta manera, explicaba Mazzorín, el impuesto inflacionario había ido convirtiéndose en fuente de financiamiento del sector público, representando antes del Plan Austral 5% del PBI, frente al 2% del impuesto a las ganancias y al 1% de las retenciones del sector agropecuario. Así, con un déficit fiscal del sector público que había llegado a 12%, una inversión pública que cayó hasta llegar a un 7% de lo que era en los setenta y el saldo negativo del ahorro corriente de las empresas públicas no era posible que el Estado siguiera cumpliendo las mismas funciones. Además, entendía el autor, los subsidios al sector público y privado ascendían a más de 4 mil millones de dólares anuales agravaban otros indicadores como el endeudamiento externo, la fuga de capitales, la caída del ahorro nacional y la alta inflación. Por eso, concluía Mazzorín, el Estado contratista y subsidiador del sector público y privado necesitaba emprender un camino reformista, que sin embargo parecían estar capitalizando «las fuerzas conservadoras» centradas en la privatización de empresas públicas. Una reforma, en sentido contrario, seria devolverle al Estado los resortes del manejo macroeconómico y la reducción del déficit fiscal mediante el fortalecimiento de los ingresos.

IV. 1991: LA MIRADA DE ECONOMISTAS EN LA CIUDAD FUTURA

Hacia 1991 Franzé señalaba que la izquierda democrática, los sectores progresistas y la oposición se habían centrado en cuestionar lo que se entendía del menemismo como su principal déficit. Este era la supresión de mecanismos democráticos, en otras palabras, el costado político de su proyecto de tamiz conservador. Pero no, como decía, su proyecto económico, que como mucho se habían centrado en debatir críticamente sobre la relación Estado-mercado, es decir, el costado político de su proyecto económico, diferenciaba el autor. Franzé entendía que esta constituía una carencia importante para formular un proyecto opositor, y que terminaba provocando un vacío del discurso económico que dejaba a las izquierdas a la defensiva del neoconservadurismo de Menem. Este politicismo, en definitiva, exponía la tesis de la inevitabilidad del modelo neoconservador. Otro de los déficits principales, según el autor, era la obnubilación del poder económico englobado en corporaciones que se encontraba compuesto, a decir verdad, por fracciones del capital como contratistas, acreedores, exportadores, mercado internistas, entre otros. Esto es lo que, en definitiva, y fruto de la crisis inicial del gobierno de Menem, vendría produciendo las fricciones entre grupos económicos en medio de «la lucha encarnizada» por ganancias inmediatas y sin riesgos.

A pesar de la liberalización emprendida por Menem y el fin de los subsidios, afirmaba Franzé, la extorsión continuaba mediante otros mecanismos de «extorsión a la hora de liquidar divisas, de declarar sobrefacturación y subfacturación, practicar evasión impositiva, evasión en dólares, corridas cambiarias, etc.» (FRANZÉ, 1991b: 4). Así, el problema de la Argentina para Franzé no era, necesariamente, el ejercicio del poder económico del capital, como embanderaban las izquierdas de acuerdo con su visión. Sino su debilidad como clase homogénea: debilidad intrínseca, a su vez, del menemismo, al creer que podría delegar los resortes de la economía a los grandes grupos económicos. A su vez, no veía solución en pedir más Estado a la vieja usanza, con el fin de que opere como colchón para los desfavorecidos. Por el contrario, bregaba por una reconstrucción del Estado destinada a disciplinar las fracciones de la burguesía con un sentido nacional.

Otra visión entendía que la necesidad del ajuste como consenso primario de la democracia había fallado a sus promesas. Ante las amenazas del caos hiperinflacionario y la guerra entre los sectores organizados de la sociedad, el ajuste se había aceptado además como mecanismo para salvar la democracia, pero se trataría de una democracia para pocos. Así:

«El ajuste parece garantizar en lo inmediato que cada sector ocupará el territorio institucional que el corresponde (…) los políticos en el gobierno y no allí los golpistas. Los consumidores en los supermercados y no allí los consumidores. Pero fundamentalmente asignara y encuadrara las funciones prescriptivas que a cada uno le toca en una democracia débil: a los políticos decidir, a los empresarios producir, a los trabajadores trabajar y a los ciudadanos votar gobiernos […] Pero, ¿Qué tipo de democracia es la que emerge del ajuste?» (ECHEGARAY y RAYMONDO, 1991: 8).

Al contrario de Franzé, los autores entendían que las hiperinflaciones habían dado al gobierno herramientas suficientes para adicionar el control sobre todos los actores económicos y políticos de la democracia. Con ello es el gobierno quien pasa a reasignar los papeles económicos y políticos, no el mercado ni «las reglas de la democracia». En definitiva, los autores afirmaban que el ajuste devuelve al gobierno más poder del que tenía, pero a costas de una democracia «más dócil, predecible y acotada». Para los autores, el ajuste económico devenía en un ajuste político que sentenciaba al final del oligopolio de la representación de los partidos políticos. Es decir, la política misma se convertía en un mercado abierto donde ganaba terreno la representación en términos de personificación del liderazgo y el carisma. Esto, aseguraban, era en favor de quienes concentran mejores recursos y que en definitiva pueden explotar «los patrones liberal oligárquicos» de organización y funcionamiento del Estado democrático.

De cara al Plan económico de Cavallo, los debates en LCF comenzaron a recrudecerse y a abordar la cuestión económica con algo más de especificidad. Luego de los fracasos del Plan Bunge y Born con Néstor Rapanelli y de Erman González, se anunciaba un «plan de estabilización que se inserta en reformas estructurales que, desde la óptica oficial, permitiría recuperar niveles de inversión, crecimiento y empleo satisfactorio» (DIKOVSKY, DUJOVNE y GADANO, 1991: 12). La apertura comercial, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la reestructuración de la banca y el aparato estatal parecían avanzar, de la mano del economista formado en la Fundación Mediterránea, como un plan económico social orgánico. Dikovsky, Dujovne y Gadano entendían que

«la evasión impositiva y los distintos mecanismos de desgravación y subsidios generados por las numerosas leyes de promoción han minado la recaudación que ha sido en las Argentina históricamente insuficiente para atender los gastos públicos. De acuerdo a esta visión de las cosas, los recursos del impuesto inflacionario y el endeudamiento externo para cubrir la brecha entre gastos e ingresos chocó con la crisis de la deuda externa, el Plan Bonex^[18] y las corridas inflacionarias que «hicieron del ajuste fiscal una necesidad ante la ausencia de fuentes alternativas de financiamiento» (DIKOVSKY, DUJOVNE Y GADANO, 1991: 12).

Para estos autores, el Plan Cavallo ofrecía una puerta de entrada para reordenar las cuentas públicas y depurar al Estado de las relaciones parasitarias con el sector privado.

Por su parte, desde una postura más crítica, Claudio Lozano afirmaba que el Plan Cavallo constituía la sanción parlamentaria del ajuste, resignando la política monetaria y llevando al límite las otras medidas asociadas al neoliberalismo. Detrás de esto, y remitiéndose a los fallidos plantes anteriores, según Lozano se encontraban la búsqueda de una estabilidad basada en la combinación de un superávit comercial destinado a atender las necesidades externas con una a caída de la actividad económica: «el problema es que esto alcanza un cuello de botella a partir de que la caída en el nivel de actividad supone restringir la recaudación tributaria» (LOZANO, 1991: 12). Esta contradicción principal, en la visión del entrevistado, vendría a ser resuelta por el plan de convertibilidad, dispuesto combinar las dos variables de manera positiva. Sin embargo, su profundización respecto de otros planes se caracterizaba en su énfasis en reformas el sistema financiero nacional y de las provincias, incentivando su no intervención y exacerbando la valorización financiera. Así, se afirmaba que el Plan convalida la quiebra del patrón monetario al dolarizar la economía y la creación primaria del dinero quedaba atada a la oferta de divisas y por ende a quienes tienen propiedad concreta sobre ellas. Así, Lozano preanunciaba que, a pesar de una reactivación económica, de la inversión y caída de la inflación, podría producirse una redistribución regresiva de los ingresos basada en la reducción del personal público (calculado en 120.000 individuos), afectados del sector privado por la apertura comercial y una caída del consumo. Entre otras debilidades del Plan, el economista de izquierda también mencionaba la debilidad de apoyarse en la exportación de recursos naturales, de mano de obra barata y vulnerable ante cambios tecnológicos y shocks externos. De modo que las posibilidades de éxito de este plan se reducían, según el autor, a «la posibilidad de hacerse cargo del costo político que esto supone».

Por otro lado, Héctor Gambarotta aseguraba que el plan tenía la virtud de no haber tomado la ideología como bandera sino hacer hincapié en lo que importa: reconstruir las relaciones básicas. Al contrario de otros, para Gambarotta se trataba de un programa heterodoxo en tanto ponía en cuestión lo practicado hasta entonces en materia de ajustes y ahora se buscaba abiertamente la reactivación del crédito y el consumo a la vez que se cuidaba la política monetaria y la reducción de la inflación: «la argentina se encontró al borde del abismo en el 89, flotó o trató de no ahogarse hasta marzo del 90, pudo respirar hasta enero del 91 y hora ha comenzado a nadar» (GAMBAROTTA, 1991: 17), afirmaba el economista. No obstante, también advertía que a pesar de que las esperanzas de bienestar y crecimiento se tornaban grises, «va a ser una argentina más madura, menos adolescente en el sentido de pensar que se pueden lograr cosas que en la vida uno se ha dado cuenta que son muy difíciles de lograr». Así, Gambarotta exhibía las limitaciones que la economía, presentada en una posición soberana frente a otras variables sociales, le imponía a la sociedad argentina.

Para Canitrot, el plan se inscribía en una Argentina que había entrado en crisis a partir de 1976 y que podía, a partir de ahora, comenzar a adaptarse de manera «serena y reflexiva» a los cambios del mundo (CANITROT, 1991: 15). En este sentido, el Plan Cavallo, en esta visión optimista, se inclinaba por una rigidez necesaria ya que, dado las presiones provinciales por más recursos, las militares y las sindicales aún presentes, se había desembocado en la sensación de que solo quedaba «el abismo». Era un precio a pagar, según Canitrot, la rigidez o la pérdida de soberanía total en el manejo de la policía económica ya que la crisis asolaba a una Argentina que se resistía a emprender un nuevo modelo económico.

También se encontraba la posición de Néstor Lietti y Andrés Vasiliadis que, por su parte, consideraban que los inicios de la gestión de Menem se habían centrado en una ortodoxia fiscalista que en su afán por reducir los gastos públicos marginaron los aspectos políticos de los ajustes. Más explícitamente, aseguraban que habían dejado de lado «los componentes inerciales de la inflación, la lucha por la distribución del ingreso, la presión corporativa en una estructura oligopólica y cerrada, etc.» (LIETTI y VASILIADIS, 1991: 10). La gestión Cavallo, para estos autores, representaba una apertura hacia posiciones más heterodoxas que las que se habían practicado, aunque cuestionaban su estrategia de concertación corporativa con los grupos de poder, ya que marginaba ámbito legislativo. Además, preanunciaban que el Plan Cavallo, específicamente la estrategia de fijación del tipo de cambio, generaba un atraso cambiario que dificulta la posibilidad de una «integración exportadora con el resto del mundo». En suma, los autores consideraban que el precio pagado por la estabilidad, no valía la predominancia de los grupos corporativos (exportadores, mercado internistas, industria agraria, sector financiero, entre otros.), ya que sostenían que históricamente no han encontrado la posibilidad de avanzar en un modelo económico^[19]. Esta desconfianza, se sustentaba en que:

«Es el modo en que se articula el estado y sector privado el que determina el funcionamiento eficiente de ambos, solo posible de ser reformulado a partir de un cambio en las reglas de juego generado desde el ámbito de lo político» (LIETTI Y VASILIADIS, 1991: 11).

Arnaldo Bocco y Gaston Repetto, por su parte, también cuestionaban a los empresarios argentinos que, inmersos en su propia crisis, se inclinaban por conductas motivadas en la búsqueda de ganancias en corto plazo en desmedro de las virtuosas innovaciones schumpeterianas. Estos afirmaban que «sus rentas son la consecuencia de la destrucción del mercado y su poder se apoya en la utilización política y económica del estado en su propio beneficio» (BOCCO, 1991: 7). De acuerdo con esta lógica, los líderes del capital local buscaban incrementar sus rentas, no con la producción de bienes, sino con las crisis, la desestabilización, la inflación y la fuga de capitales que los beneficiaban mediante la actividad financiera. De hecho, se desconfiaba del achicamiento del Estado que se estaba produciendo, dado su arbitrariedad y posibilidad de fortalecer aún más al «poder del bloque dominante». En esta línea, el punto de desconfianza de los autores estaba puesto en la consolidación de un modelo económico excluyente, donde el Estado promueve un sistema de «enclave con sectores incorporados y competitivos en el mercado mundial, altamente segmentados y divorciados del resto de la sociedad, a la que contiene mediante programas asistenciales y empleo mínimo. La solución, para Bocco y Repetto, era fomentar el desarrollo de un nuevo Estado que, centrado en la equidad tributaria, debía apuntar a los impuestos progresivos centrados en las ganancias y los ingresos. Los datos que observaban los autores reflejaban que los impuestos a los ingresos y la propiedad (en porcentaje del PBI) resultaban mucho menores que en otros países como Estados Unidos (15.50%), Canadá (14.83%), Reino Unido (13.59%). Es más, en Argentina, medido en porcentaje de los recursos totales del Estado, estos impuestos parecían mostrar su disminución progresiva desde los años setenta (17,7%) a los noventa (4,23%). Reformar las regresiones del sistema impositivo argentino, entendían, ayudaría a hacer más simétrica la carga del ajuste y atender compromisos destinados a la inversión. Sin embargo, los pilares del Plan Cavallo no eran cuestionados en lo que respecta a la fijación del tipo de cambio, la relación de la sociedad con el dólar o bien el papel del sector financiero, que a estas alturas parecían convertirse en aspectos incuestionables de la nueva década.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Pudo notarse que, al margen de los matices, existió una pluralidad de voces en torno al fundamental tópico observado: los aspectos económicos, de política económica y socioeconómicos en general. Mientras que algunos se posicionaron desde una postura crítica al modelo conservador de Menem, otros mostraron ciertos matices, e incluso entusiasmo, sobre el basamento de los necesarios cambios que la Argentina debía atravesar. Pero a pesar de esto, pueden destacarse algunos puntos centrales que dan cuenta de determinados consensos característicos en torno a los planteos específicos que se fueron tratando como la reforma del Estado, las privatizaciones, el plan económico, entre otros.

Uno de ellos fue el corrimiento de la denuncia del ajuste económico, la ilegitimidad de la deuda externa, las críticas a la patria financiera, la falta de crédito a la industria interna, entre otras, que habían sido característicos en los ochenta. Ahora, de cara a la nueva década, varios debates en LCF mostraron que aparecía con fuerza una visión que entendía a las transformaciones socioeconómicas mundiales como una marcha ineludible para la Argentina. Si bien existió la crítica de que se trataba de un reacomodamiento de ideología neoliberal, donde se cuestionaban los valores del individualismo, el conservadurismo político y el autoritarismo intrínseco como insignias antidemocráticas, lo que se cuestionaba eran más bien las formas políticas que las económicas. Quizás pueda decirse que, en todo caso, se juzgaba la falta de un ajuste y un reformismo neoliberal democrático. Por ejemplo, se censuraba la escasa participación activa del Estado, la falta de voz de la sociedad civil y las posibles injusticias a las mayorías que un proceso encarado con tutela de las grandes corporaciones podría traer. Sin cuestionar el agotamiento del modelo económico centrado en el Estado, incluso tampoco el regreso al dominio del mercado en las políticas económicas y la orientación política, lo que preocupaba era la incapacidad de las burguesías argentinas, la desconfianza en estas para emprender un nuevo modelo socioeconómico.

En este sentido, es que no se discutió, ni se propuso en las páginas de LCF un modelo económico alternativo, solo se cuestionaba la capacidad del poder económico argentino de llevarlo a cabo, y fue allí cuando los más críticos propusieron un regreso al Estado. Aunque no para tutelar, incentivar y planificar la producción, sino para dirigir las necesarias transformaciones pro-capitalistas de signo neoliberal, cuidando la democracia y el bienestar de las mayorías. Una de las principales controversias, en este punto, a pesar de las críticas al proyecto Menem y su estrecha relación con los poderes económicos, es que algunos entendían que las reformas económicas podían fortalecer al Estado.

Luego, entrado los noventa, el Plan Cavallo fue recibido con posturas críticas, pero a la vez optimistas. Las primeras eran escasas, y se centraban en el cuestionamiento de la desregulación financiera, la estrategia de exportación de materias primas y recursos naturales, el tipo de cambio fijado, entre otras. Sin embargo, no plantearon un plan económico alternativo, no se visualizaba en sus discursos algunos tópicos que habían sido de importancia para las izquierdas como la industria, las políticas de promoción en esa área o las reformas agrarias, que ahora estaban desacreditadas. Quienes lo vieron con mejores ojos, entendieron que se trataba de una oportunidad para que la Argentina dejara atrás la desestabilización política que generaban los problemas económicos o viceversa. En suma, una Argentina más madura, que abandonara la puja distributiva, el desequilibrio macroeconómico y la inflación, para emprender un camino de reformas de privatización, desregulación y apertura que fortalezca al Estado, aunque parezca contradictorio visto en perspectiva.

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Notas

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