I. INTRODUCCIÓN

En Argentina existen mitos de larga data y extensión en el conjunto social. Uno de ellos sostiene el origen de la nación argentina como fruto de un crisol de razas europeas que excluyó y aún excluye al componente americano. Por lo tanto, su complemento ha sido la idea de que los pueblos originarios se habrían extinguido en algún momento de la historia en su territorio. Dicho momento no es asociado con la llegada de los españoles en el siglo XVI sino con el avance de las fuerzas militares del estado argentino hacia 1878, en un proceso de ocupación de los territorios del área de Pampa y Patagonia que continuaría en una última etapa con la del Chaco y finalizaría oficialmente hacia 1917.

Por 140 años estas ideas han gozado de fuerza explicativa para negar no sólo derechos a los pueblos originarios sino también para afirmar públicamente su misma extinción. Ha sido a partir del fin de la última dictadura militar (1976-1983) y el retorno de la democracia que se ha venido desarrollando un cambio significativo hacia el reconocimiento de la existencia y derechos de los pueblos originarios y, al mismo tiempo, una fuerte crítica a todo el relato historiográfico que sostuvo a estos mitos fuertemente instalados en el sentido común.

No obstante, en el presente, el debate sobre la historia continúa mostrándose como una arena de disputa, más allá de los ámbitos académicos. En el actual contexto de confrontación política entre diferentes modelos encontramos nuevos discursos que articulan viejas explicaciones sustentadas en aquellos mitos. Luego de la tendencia a la crítica al discurso tradicional se han constituido nuevas propuestas revisionistas y aún negacionistas ancladas en el contexto político actual. Reutilizando y redefiniendo los estereotipos de los indígenas extranjeros, chilenos, el mito de la violencia innata y la ilegitimidad del reclamo de derechos por parte de los pueblos originarios.

Estas construcciones discursivas acompañan un proceso de creciente violencia hacia las organizaciones y demandas de los pueblos originarios en la Patagonia, donde se identifica al pueblo mapuche como un enemigo interno. Proceso que en los últimos años ha incluido la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay, junto con la creciente criminalización de la agencia indígena.

En este trabajo proponemos abordar este contexto teniendo en cuenta la producción científica sobre el proceso histórico de sometimiento e incorporación indígena a la matriz estado-nación-territorio en Argentina, enfocando espacialmente el caso de la Patagonia y el pueblo mapuche. Entendemos que la producción historiográfica siempre ha estado estrechamente vinculada con las políticas operadas hacia la población indígena y que los actuales debates académicos también lo están con el actual contexto.

II. LA “GUERRA” Y EL “DESIERTO”

El sometimiento de los pueblos originarios del área pampeana y norpatagónica y la ocupación de sus territorios han sido elementos claves en el proceso de conformación de la matriz estado-nación-territorio^[1] en Argentina hacia fines del siglo XIX. El sector político que capitalizó estas campañas militares de conquista (1878-1885) construyó una alianza política que llevaría a la hegemonía del Partido Autonomista Nacional a partir de 1880 con la primera presidencia del general Julio Roca, hasta ese momento ministro de Guerra y quien se atribuyera el éxito de dichas campañas. El discurso político de dicha fuerza construyó al evento como un elemento central del proceso de consolidación estatal. Las acciones fueron descriptas como una épica militar. Se argumentó entonces que las mismas fueron decisivas tanto para la expansión territorial y consolidación de las fronteras exteriores de la nación como para el anunciado exterminio de las sociedades indígenas y la consecuente desaparición de las fronteras internas.^[2]

Las campañas militares fueron denominadas como “campañas al desierto”, con lo cual se definía no sólo al espacio -sobre el cual avanzaban las fuerzas estatales- como uno salvaje y poco poblado sino también que se estigmatizaba a su población como salvaje y en estado pre-social. La construcción del desierto como un paisaje nacional ha sido analizada por Julio Risso también desde la construcción cartográfica, narrativas de viaje y la pintura del siglo XIX (RISSO 2020 y 2016). Señala el autor que las representaciones territoriales han sido fundamentales, contribuyendo a articular una imagen hegemónica del país y los modos de relación con los pueblos indígenas y la construcción de su otredad. La misma fue identificaba como no-originaria, ya que se la describió como bandas de ladrones de ganado (indios maloneros) provenientes del territorio chileno. En esta dirección, a lo largo de la década de 1870 la obra de Estanislao Zaballos^[3] identificaba con pretendida precisión el momento en el cual a mediados del siglo XIX se habría producido una invasión, cruzando la cordillera de los Andes, de “indígenas chilenos” liderada por el cacique Juan Calfucurá quien habría impuesto un imperio en territorio de las pampas. El mismo, según Zaballos, habría estado orientado al robo de ganado en estancias de la frontera criolla para su supuesto traslado masivo a Chile.^[4] En su libro Calfucurá y la dinastía de los piedra, el autor da forma a esta idea más allá que en la misma obra hiciera referencia a las ancestrales prácticas de intercambio y movilidad transcordilleranas entre la Araucanía y las Pampas y el hecho que en todos los puntos de este extenso territorio existiera una comunidad de “lengua y costumbres”.^[5] El otro procedimiento forzado es la identificación de los llamados entonces “indios araucanos” con la república de Chile, estado con el cual dicha población se encontraba enfrentada y en disputa por el territorio. El término “chileno” que se aplicaba desde hacía 3 siglos a todo aquello que venía del otro lado de la cordillera de los Andes^[6] era utilizado ahora en vinculación con la matriz estado-nación-territorio. En consecuencia, la identificación como “chilenos” atribuida a los pueblos de las Pampas operaba hacia su construcción como enemigos internos al estado-nación-territorio argentino. En breve, como una amenaza a los bienes, las personas y al mismo orden social nacional. La obra de Zeballos fue de lectura obligatoria para los oficiales del ejército que llevarían adelante las campañas de 1878-1885.^[7]

El discurso político construyó a estas campañas, a través de un relato épico, como parte de una trama mayor: la confrontación entre la civilización y la barbarie.^[8] Las campañas al desierto fueron presentadas como una escena más del devenir de esta historia universal. Esto fue transmitido de diversas formas. Primero por la prensa a través de la reproducción de las arengas a la tropa del general y ministro Roca durante las campañas. En ellas se utilizaban innumerables citas de distintas piezas de la literatura universal que conectaban la avanzada del general Roca con el viaje de la nave Argos a las tierras del vellocino de oro, la reconquista española de la península ibérica y a la obra literaria de Fenimore Cooper, entre otros. Roca le escribía a Villegas, el 23 de abril de 1883, destacando que su campaña a los Andes facilitaría: “evitar que los últimos mohicanos de la pampa, rehagan sus guaridas”^[9]. El territorio sobre el que avanzaban las divisiones del ejército también era descripto mágicamente. El territorio patagónico se convirtió, así, en otro sitio mitológico: “habiendo llegado nuestras divisiones al punto de la cita, al país de las Manzanas, al país del Vellocino de oro en las leyendas del desierto”.^[10]

Luego, en las intervenciones en el congreso nacional del por entonces ya presidente Roca, se presentaba como resultado alcanzado la eliminación de los pueblos originarios sosteniendo que ya no cruzaba las pampas “un solo indio” (LENTON 2005).

El discurso de la guerra ganada al desierto y a la barbarie se transformó desde entonces en un marco de interpretación hegemónico. En efecto, este discurso político formó algunos de los principales paradigmas en el surgimiento de la Historiografía y las Ciencias Antropológicas en Argentina (LAZZARI y LENTON 2000). La Historiografía dejó fuera de la historia nacional a los pueblos originarios. Los consideró como representantes de la barbarie, es decir como todo aquello que la nación argentina –con un supuesto origen europeo- venía a desplazar. Los pueblos originarios nominados genéricamente como “indios” fueron considerados en más como extintos o en vías de extinción. Por lo tanto, fue el museo etnográfico o de ciencias naturales el lugar asignado para ellos. Especial lugar ha tenido en este sentido el Museo de Historia Natural de la ciudad de La Plata^[11].

En efecto, fue durante el desarrollo de las mismas campañas de 1878-1885 cuando se conformó gran parte de las colecciones de dicho museo (FARRO 2008). El propio Estanislao Zeballos acompañó la avanzada militar y, provisto de un piquete de soldados, llevó adelante la tarea de recolección de material, consistente fundamentalmente en los restos humanos y materiales de las tumbas indígenas ultrajadas. Finalizada su tarea donó dichas colecciones al Museo de La Plata, el cual se encontraba en construcción y que sería inaugurado en 1887.

Tomado de DURÁN (2006: 51).

Francisco Moreno fue el primer director de dicho museo y quien recibió las donaciones. Más aún, él mismo contribuyó con sus propias colecciones obtenidas en sus previos viajes de exploración de la Patagonia realizadas con auspicio del gobierno nacional y que habrían brindado importante información para la realización de las campañas de 1878-1885. La ciudad de La Plata fue fundada y planificada en 1880 para servir como capital de la provincia de Buenos Aires. Para las tareas de construcción del museo, Moreno obtuvo el traslado de decenas de prisioneros indígenas a la Plata. Gran parte de estas personas habían sido sus anfitriones años atrás durante sus expediciones. Entre ellos los lonko Foyel e Inacayal y sus familias. Los prisioneros que fallecieron durante este confinamiento fueron incorporados e inventariados como parte de las colecciones antropológicas del museo, como fueron los casos de Inacayal y Margarita Foyel entre tantos otros (GUIAS 2010; ZORZOLI, CABRELLI, MANSI, OLLIER, RUBERT y OVANDO, 2021).

La muestra central en la inauguración del museo, en 1887, constaba de decenas de esqueletos y centenares de cráneos que formaban parte de un guión que presentaba a los visitantes la historia natural de la especie humana.

Sección antropológica, Francisco MORENO (1891).

Este recorrido culminaba con los “últimos” pobladores “indígenas” de las Pampas y la Patagonia: “indígenas de la América Austral, desde el hombre testigo de la época del glaciar hasta el indio últimamente vencido.” Moreno señalaba:

«los cráneos humanos, los restos de industria y las inscripciones en la roca prueban que la República Argentina es sin duda alguna una vasta necrópolis de una razas perdidas, venidas de teatros remotísimos, empujadas por la fatal lucha por la vida en la que prima el más fuerte; llegaron unas vencedoras y otras vencidas y se aniquilaron en nuestro extremo Austral» (MORENO, 1891: 46).

El museo presentaba una Historia Natural constituida por ciclos de poblamiento en los cuales unos pueblos habían ido aniquilando a otros en la lucha por la supervivencia en la que se habría impuesto siempre el más fuerte. Así, mediante esta misma lógica, se explicaban también los hechos contemporáneos de las campañas de 1878-1885. El propio Moreno afirmaba -en la primera publicación de la revista del museo- que para concretar el recorrido el visitante: “que ha visto los testimonios de épocas de barbarie, que preparan la llegada de las sociedades autóctonas pero perdidas también ya, necesita sintetizar el recuerdo de los mundos y de los seres que acaba de evocar”. Para ello, señalaba Moreno, debía ponerse en la rotonda central del museo, por entonces aún vacía, “la estatua de alguna de nuestras glorias cuya grande obra encarne el paso del pasado al presente y nos sirva de ejemplo para el porvenir” (MORENO, 1891: 50-53). En efecto, sostenía que el guion del museo mostraba al visitante el pasado y el por qué, y cómo, del pasaje desde ese pasado hacia el presente. Algunos años después la estatua que ocuparía ese lugar, hasta el día de hoy, es el busto del mismo Moreno.

Las explicaciones desde la Historia Natural serán retomadas en el campo de la Antropología en la Argentina. Como señala BALLESTERO (2014), el mismo no puede ser pensado como un campo estructurado y mucho menos como una escuela, sino como un complejo entramado de prácticas asociadas a un conjunto de tecnologías materiales y discursivas. Durante gran parte del siglo XX, incluso en el mismo museo^[12], se tomaron registros a personas a quienes se las consideraba como sobrevivientes de aquel mundo perdido o en camino acelerado a serlo. Gran parte de estas personas habían sido prisioneras años antes y obligadas a incorporarse al ejército, la marina o al trabajo doméstico en el área urbana (MALVESTITTI 2008; MASES 2002). El antropólogo Robert Lehmann-Nitsche realizaba entrevistas a personas que testimoniaban un mundo perdido en una suerte de paleoetnografía. El enfoque procuraba dar cuenta del pasado y no del presente de estos entrevistados.

Robert Lehmann-Nitsche en la Sección de Antropología. En MORENO (1891)

Esta definición de la tarea de las Ciencias Antropológicas como un registro de las culturas indígenas en extinción o descripción de las extintas, se desplegó en el siglo XX través de distintos representantes (LAZZARI y LENTON 2000). Especialmente a través de la llamada escuela histórico-cultural (BOSCHÍN y LLAMAZARES 1984) que consolidó los mitos fundantes mencionados a través de la tesis de la araucanización de las pampas (en términos de una progresiva invasión desde Chile del pueblo araucano o mapuche) (MANDRINI y ORTELLI 1995) que describía un proceso de imposición de un modo de vida predador basado en el robo de ganado o malón para su traslado a Chile^[13].

De forma paralela, la construcción de la historia nacional colocó al indígena como un elemento marginal. Paradójicamente Bartolomé Mitre, presidente argentino (1862-1868) y uno de los fundadores de la que sería la Academia Nacional de la Historia^[14], como el resto de sus miembros de número, no incorporó a los pueblos originarios como parte de la historia nacional. En su caso resulta más significativo ya que, como lo ha trabajado DE JONG (2012), su propia carrera política y militar estuvo marcada por el enfrentamiento y alianzas con dichos pueblos en las pampas.

La producción historiográfica en nuestro país, por supuesto, no ha sido homogénea en esta exclusión de los indígenas o en la construcción de un lugar marginal en tanto tema histórico (MANDRINI 1992). Sin intentar describir la complejidad de los diferentes tipos de abordajes y construcción de temas o campos de investigación coincidimos con lo señalado por MANDRINI (2007) en cuanto a que los pueblos originarios no fueron contemplados como objeto de estudio a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, tampoco estuvieron incluidos mayormente en la curricula escolar de los cursos de Historia Nacional. Si podemos encontrar excepciones dentro de la producción historiográfica claramente éstas no han sido hegemónicas y, por el contrario, ha sido el vacío el constructor de sentido, de acuerdo a una lógica de la extinción naturalizada y ya no política. En las últimas décadas, con el retorno de la democracia, esta tendencia ha cambiado y la historia de los pueblos originarios ha empezado a formar parte de los temas de la investigación histórica.

Observando los libros de texto escolares y los museos de historia entendemos que es relativamente reciente la inclusión de los pueblos originarios como parte de la Historia transmitida y enseñada en el sistema educativo. Principalmente, han sido escasos los enfoques históricos que han tomado a los pueblos indígenas en su devenir hasta el presente. Por el contrario, lo indígena ha sido contemplado como precolombino o en todo caso previo y a lo sumo contemporáneo a las campañas de conquista de 1878-1885, pero nunca más allá de estos eventos.

Esto es lo que se observa en un libro escolar del ciclo primario de 1942 donde para hablar del progreso nacional se mencionaba “el pasado extinto de los indígenas azotando las pampas”:

Páginas de Manual Kapelusz, 1942

“Da gusto ahora, en las mismas regiones que hasta hace algo más de medio siglo pertenecían al salvaje, ver el ferrocarril, las colonias, los pueblos (…) Hasta hace poco más de medio siglo daba aquí el indio su alarido espantoso. Pero ya no hay indio aquí ni sombra de indio”^[15] (Florecimiento, Ed. Kapelusz, 1942, Capítulo “Progreso”, pp. 31 y 32).

Así, lo dicho forma parte de un proceso mucho más profundo, que no sólo implicó la construcción de una división entre las Ciencias Antropológicas (ARENAS 1990), que abordaron y construyeron como parte de su campo a lo indígena, y la Historia orientada hacia la “historia nacional” que los excluyó; sino también la construcción de la misma idea del Estado (y sus márgenes), la comunidad nacional y su territorio. Los mitos vinculados con las campañas del desierto, el indígena malonero y extranjero, la extinción de su raza y cultura se establecieron más allá de estas construcciones de los discursos políticos e intelectuales para instalarse en el sentido común de la sociedad argentina (GORDILLO 2020).

Aún más, la llamada “conquista del desierto” que en rigor se trató de sucesivas campañas militares de avance sobre el área pampeana y el norte de la Patagonia entre 1878 y 1885, se convirtió prácticamente en el único episodio del sometimiento estatal sobre los pueblos originarios a ser recordado por parte de las narrativas historiográficas hegemónicas para la población del núcleo central del país.

Para los pueblos originarios la realidad pasó muy lejos de esta visión simplificadora de los hechos. No obstante, la imposición de este marco de interpretación se convirtió en un condicionante más en el proceso de su sometimiento e incorporación al estado.

III. EL GENOCIDIO Y LA SOCIEDAD RESULTANTE

Si nos remitimos a las campañas militares de 1878 y 1885 encontramos que las mismas se desplegaron en un contexto de construcción de un otro interno, el “indio malonero”. Más allá de los debates entre distintas posturas^[16], desde el discurso político, los organismos del estado y desde la misma sociedad civil se planteó entonces su eliminación definitiva. Sólo se contemplaba la supervivencia física a través de su sometimiento en un proceso de transformación que debía implicar su dejar de ser indígena. Más allá de los tiempos y los modos en que se realizaría este proceso lo que no estaba en discusión era el objetivo final de las campañas y acciones de conquista: la eliminación de los pueblos indígenas como unidades sociopolíticas y, aún más, de su misma cultura (DELRIO 2005).

Como sostiene PÉREZ (2016) el avance militar proponía como principales objetivos la localización y reducción de la llamada chusma, es decir, los grupos familiares de mujeres, niños y ancianos, con el objeto de obtener la presentación de los guerreros. Los indígenas prisioneros, sometidos y presentados fueron concentrados progresivamente en distintos campos de prisioneros. Los hubo de distintas dimensiones y temporalidades. Desde aquellos en las inmediaciones de fortines o campamentos militares hasta grandes concentraciones de miles de personas. Los de mayor tamaño y duración fueron los de Valcheta y Chichinales en la actual provincia de Río Negro (DELRIO y PÉREZ 2020).

Las personas al ser sometidas eran expropiadas de sus bienes, especialmente su ganado y platería. Las tumbas de los antepasados fueron violadas también en la búsqueda de las prendas de plata (DELRIO 2007). Las deportaciones fueron en su mayor parte a pie a cientos de kilómetros de distancia. Se trató de marchas de la muerte, donde aquellas personas que no podían continuar viaje eran heridas en sus piernas para que muriesen en el lugar.

Hay, Para que le voy a contar, porque a mí me contaba mi abuelita porque ellos se escaparon de la guerra, pobrecita sabía llorar mi abuelita, sabía llorar cuando se acordaba. Ella dice que se escaparon allá cuando los tenían a todos como animales, dice que los juntaban, los tenían como para toreo. Una galleta le solían dar a la semana... sabía llorar mi abuelita, lloraba, se acordaba. Y cuando se juntaban todos esos ancianos que se escaparon que vinieron de la guerra se conversaban ellos y lloraban cuando se acordaban se juntaban cuando había señalada y se largaban a conversar. Decían como los ataban, cuando los arreaban, dice que arreaban las personas las que iban así embarazadas cuando iban teniendo familia le iban a cortar el cogote del chico y la mujer que tenía familia iban quedando tirao, los mataban. Venían en pata así a tamango de cuero de guanaco, así decía mi abuela. Los llevaban al lugar donde los mataron a todos, de distintos lados, los que se escaparon llegaron para acá. Dios quiera que nunca permita eso de vuelta^[17]

En las concentraciones fueron sometidos al hambre de los racionamientos (PÉREZ 2016), la división de las familias y las visitas de los misioneros salesianos, quienes han referido en muchas crónicas la situación de constante traslado de los prisioneros (NICOLETTI 2020).

Gran parte de la población fue trasladada fuera del territorio a otras provincias donde fueron repartidas como mano de obra barata con la cual desde el estado se subvencionaba, por ejemplo, la industria azucarera en Tucumán o la vitivinícola en Mendoza. Las ciudades fueron principalmente los lugares de destino de los deportados. Allí los menores eran entregados como criados a familias que los solicitaran, borrándose su identidad a través de la imposición de nombres. Las niñas eran entregadas para el servicio doméstico, los adultos eran distribuidos para su incorporación al ejército y la armada o para el trabajo en talleres o molinos. Los ancianos y enfermos recluidos en el campo de Martín García^[18].

La mayor parte de los deportados no pudieron retornar a sus territorios. En algunos casos se produjeron huidas y retornos y un número menor de prisioneros permaneció en la Patagonia en los campos de concentración^[19] hasta el levantamiento de los mismos hacia 1892. Desde entonces, la población mapuche y tehuelche en la Patagonia fue obligada a un constante peregrinaje. En cuanto a la composición de los grupos estos fueron reconstituyendo lazos sociales, fundamentalmente a través de la construcción del parentesco ritual (DELRIO 2005). En otras palabras, se produjeron nuevos procesos de formación de comunidades en un contexto en el cual las unidades sociopolíticas habían sido desarticuladas. Las nuevas comunidades se formaron progresivamente a través de la incorporación de los prisioneros supervivientes y los evadidos y retornados. Estas estuvieron obligadas a ocupar las tierras fiscales que por su baja condición de productividad quedaban al margen de las privatizaciones. A medida que las ventas y entregas de tierras al capital privado avanzaban, las familias y los pobladores indígenas fueron obligados a nuevos traslados^[20].

Aún en este contexto las comunidades desplegaron su agencia y desarrollaron estrategias para acceder a la tierra o evitar ser removidas de las tierras fiscales que ocupaban. En algunos pocos casos estas acciones condujeron a la entrega o reconocimiento de tierras. Este fue el caso de aquellas comunidades representadas por algún lonko o cacique que fuera reconocido por el estado como antiguo líder indígena, como los casos de Manuel Namuncura y Valentín Saihueque. Otro caso, fue el de aquellas familias vinculadas con líderes que o bien prestaron servicios a las tropas durante las campañas de conquista o a las expediciones posteriores para la demarcación de límites fronterizos binacionales, como los casos de Ñancuche Nahuelquir o Francisco Nahuelpán. También existieron solicitudes individuales de quienes habiendo servido en las filas del ejército durante el desarrollo de las campañas (tanto los presentados como los sometidos y obligados al servicio) aspiraban a la entrega de parcelas establecidas por el estado para los “expedicionarios al desierto”.

No obstante, el conjunto de los casos arriba señalados fueron excepciones a la norma. Ya que como lo plantea Pilar PÉREZ (2016) decenas de miles de personas quedaron fuera de estas formas de negociación a través del agrupamiento y representación de los “caciques”. Esta también llamada “chusma” careció de los medios para obtener un reconocimiento de ocupación de tierras y formó parte de la gran masa de población mapuche y tehuelche que, en más, fue considerada como ocupantes precarios o intrusos de tierras fiscales. A lo largo de todo el siglo XX esta población fue corrida progresivamente de sus lugares de ocupación familiar y comunitaria por parte de autoridades estatales que entregaban dichas tierras a otros pobladores o demandantes no-indígenas y que eran considerados como los colonos “deseables” por las políticas gubernamentales.

En el sur argentino con posterioridad a la conquista estatal se constituye una nueva sociedad de colonos^[21] en la cual los derechos de unos (los colonos bien conceptuados por el estado) se imponen sobre los de la población indígena. Siguiendo los planteos de MOSES (2008) y WOLFE (2006) la estructura profunda de esta sociedad de colonos está constituida a través de un proceso genocida, que estableció la anulación de los derechos de los pueblos originarios en beneficio de aquellos considerados como colonos. En otras palabras, no sólo a partir de las acciones de las oficinas gubernamentales sino a través de la misma sociedad civil. En la cual el paradigma de la extranjería de los indígenas, de su estigmatización, del anuncio de su extinción como política de estado y del ideal nacional de un crisol de razas europeo ha sido compartido desde finas del siglo XIX y a lo largo de gran parte del siglo XX.

Los colonos de origen europeo fueron contemplados en la legislación argentina por la llamada ley Avellaneda de 1876 de inmigración y colonización. Se les contemplaba el acceso a la tierra en colonias de pequeños productores. Las comunidades y pueblos originarios no estuvieron mencionadas en la legislación ni como sujetos colectivos de derechos, ni individual o familiarmente como posibles colonos. No se estableció ninguna norma que regulase su acceso a la tierra (BRIONES y DELRIO 2002). Las escasas menciones a dicha población solo hablaban de “restos de tribus”, incluso se mencionaba la necesidad de su concentración en misiones para su “civilización”. En Argentina, y más específicamente en el sur, los pueblos originarios debieron convivir con estos condicionamientos estructurales y desarrollar su agencia desde una posición subalterna. Las demandas y negociaciones planteadas a los gobiernos nacionales y locales debieron atravesar las sospechas de extranjería y las frecuentes acusaciones de atraso, cuatrerismo, incivilidad e incivilización. En una sociedad predispuesta a considerarlos como los únicos responsables de su situación de pobreza y marginalidad^[22].

Los procesos de organización política comunitaria y supra-comunitaria debieron buscar mediaciones externas a lo largo del siglo XX para posicionarse frente a esta nueva sociedad. Referentes en Buenos Aires, en el gobierno, en las iglesias y en la misma comunidad científica. También convivieron con distintos intentos gubernamentales de establecer sistemas de representantes indígenas en los territorios nacionales, como en la década del ´30 (PÉREZ 2016) y durante los gobiernos del primer peronismo (MASES 2011; D’ADDARIO 2016) o políticas de desarrollo en la década del ´60 (LENTON 2017). Más allá de todas estas mediaciones existe una historia de desarrollo de las formas mapuche y tehuelche de hacer política en una sociedad construida a partir de un genocidio.

Los golpes militares que sacudieron al país a lo largo del siglo XX también reprimieron esta agencia política. En especial la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983 atacó las estructuras supra-comunitarias y el desarrollo de las demandas de la política de los pueblos originarios (LENTON 2014). De hecho, en 1979 la dictadura celebró el centenario de la “conquista del desierto” (TRÍMBOLI 2013), reforzando desde todo el aparato educativo, científico y medios de comunicación el mensaje que representaba aquel evento: la aniquilación de la amenaza indígena araucana y chilena a los bienes, las personas y la integridad nacional. Se la volvió a recordar, no sólo desde el aparato estatal sino desde la sociedad civil como una “epopeya” que habría permitido la consolidación territorial y de la nación argentina.

El retorno de la democracia en 1983, luego de la guerra de Malvinas, implicó un fuerte cuestionamiento en la sociedad argentina no sólo por el impacto de dicho conflicto y la crisis económica que generó, sino fundamentalmente por la denuncia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la dictadura que implicaron la desaparición de 30.000 personas y el establecimiento de un aparato de centros clandestinos de detención. En esta nueva etapa democrática la militancia de las organizaciones y comunidades de los pueblos originarios logró instalar en la agenda de los derechos humanos en Argentina a los derechos indígenas.

La principal demanda en este contexto fue el reconocimiento de la misma existencia como pueblos y la necesidad que esto fuese incluido en las constituciones provinciales y nacional. Este primer paso concretado a nivel nacional con la reforma constitucional de 1994 tuvo dispar alcance. Las demandas territoriales, de reconocimiento cultural, educación intercultural, de no-discriminación y tantas otras, continúan hasta el presente. En este proceso fue el discurso político de la agencia de los pueblos originarios el que instaló el concepto de genocidio para denunciar el proceso de expropiación e invisibilización de más de un siglo en la construcción de un estado-nación racista y negacionista.

Los cuestionamientos hacia la narrativa histórica hegemónica han venido siendo en las últimas décadas una arena de disputa central, también desde el retorno de la democracia. Así los trabajos de MANDRINI (1984), BECHIS (1984), NACUZZI (1987), entre otros, fueron desplegando nuevos campos de investigación que a lo largo del tiempo colocaron a la historia de los pueblos originarios dentro de la historia argentina. El derrumbe de la imagen del crisol de razas europeas ha operado de a poco, pero de forma contundente llegando a las aulas, medios de comunicación y discursos políticos. Pero no sin altibajos y con nuevos y reforzados intentos por mantener o restablecer las diferencias y jerarquías racializadas dentro del conjunto social. En este proceso la utilización del concepto de genocidio ha venido a cuestionar las figuras de algunos padres fundadores del estado argentino, especialmente las de Julio Roca, Francisco Moreno, Estanislao Zeballos y las campañas al desierto, removiendo el discurso de la epopeya guerrera y civilizadora para mostrar la cara de la masacre, la expropiación y la consolidación de una sociedad basada en la discriminación. Tardíamente -si tomamos en cuenta las fechas de las publicaciones citadas hasta aquí- este debate por la historia y la construcción de desigualdades llegó también a la producción académica.

IV. REVISIONISMO Y NEGACIONISMO

En los últimos años se ha multiplicado la bibliografía científica sobre los procesos de sometimiento e incorporación estatal de los territorios y pueblos originarios de Pampa y Patagonia de fines del siglo XIX. Desde enfoques provenientes de distintas disciplinas y con diferentes encuadres de la investigación se han ampliado los márgenes y se han construidos nuevos objetos de estudio. Principalmente, se han cuestionado a las narraciones historiográficas hegemónicas que por más de un siglo habían delimitado el campo en términos de una guerra ganada por la “civilización” al “desierto” o, en otras palabras, aquello que quedaba definido como un “otro”, la “barbarie” o los “salvajes”.

Como señalamos en el acápite anterior, a partir de la recuperación del sistema democrático en 1983 empezó a gestarse un cambio en las perspectivas académicas para el abordaje -desde la Historiografía, la Antropología Social, la Arqueología y la Etnohistoria- del estudio de los pueblos originarios y de la histórica relación con los procesos de colonialismo y construcción estatal en Argentina.

No obstante, este proceso, en la sociedad argentina dichos estereotipos y perspectivas estigmatizadoras de la población originaria (especialmente del pueblo mapuche-tehuelche) continúan presentes y muy sólidos como puede advertirse en los conflictos actuales, debates en los medios de comunicación, sistemas educativo y de salud.

En el presente podemos identificar que en la producción académica hay una tendencia en tres direcciones. Las primeras dos no necesariamente serían antagónicas e incluso algunos autores se han posicionado sucesivamente desde una u otra. No obstante, han quedado definidas en algunos puntos específicos del debate como perspectivas enfrentadas.

Por un lado, encontramos trabajos que identifican como momento de cambio y de quiebre en las relaciones sociales al contexto de sometimiento e incorporación estatal de los territorios y pueblos originarios hacia fines del siglo XIX. Estos han utilizado en buena medida el concepto de genocidio como herramienta conceptual para identificar no sólo acciones bélicas, resistencias armadas, estrategias estatales y de los pueblos originarios, sino también y fundamentalmente para no cerrar el análisis con ellas. Es decir, han presentado una periodización amplia en la cual el foco esta puesto en las estrategias del biopoder, los procesos de formación de nuevas comunidades, la articulación con discursos e imaginarios nacionales y las políticas en contextos post-genocidas. Especialmente en lo que hace al acceso diferenciado a la tierra y las formas de movilidad estructurada para los pueblos originarios en la nueva sociedad de colonos impuesta luego del sometimiento. El encuadre metodológico ha implicado el trabajo con distintos tipos de archivos históricos públicos y privados, pero también la incorporación de la memoria social en sus registros orales y escritos.

Por otro lado, muchos autores han identificado en los eventos de referencia un momento particular dentro de un proceso con mayor continuidad que cambios trascendentes. En el análisis ha primado la utilización del concepto de guerra en sus diferentes variantes. Dentro de estas, la idea que más ha traccionado ha sido la de comprender un ciclo de guerra en la cual los eventos de la llamada conquista del desierto serían sólo un momento más. Se ha planteado como una guerra asimétrica, por recursos o de producción de soberanía. Se sostiene la imposibilidad de separar dicotómicamente las partes que se enfrentan en la contienda y se hace hincapié en los procesos de popularización o mestizaje indígena-criollo que se despliegan desde mucho antes y trascienden los eventos de referencia. En cuanto a lo metodológico se ha procurado desentrañar las redes de relación a través de los enfoques microhistóricos mediante el trabajo con distintos tipos de archivos^[23].

Pero existe una tercera posición, que repite el argumento integracionista del proceso estatal en relación con los pueblos indígenas. Citando frecuentemente autores como Zeballos y al propio Roca recuperan la narrativa otrora hegemónica sobre las campañas al desierto como proceso civilizatorio, incruento y que fundamentalmente operó sobre grupos indígenas “no nativos” que representaban una amenaza a los bienes, personas e integridad nacional. Apelan tautológicamente a dichas obras como fuentes históricas, disputando la legitimidad del discurso de las dos perspectivas arriba señaladas, a las que se las acusa de versiones ideologizadas e intencionadas.

Claramente, las dos primeras están en oposición con la tercera. No obstante, entre estas dos posiciones encontramos un debate sobre el uso de ciertos conceptos, Por ejemplo, quienes critican los estudios que usan el concepto de genocidio sostienen, entre los argumentos más utilizados, que se trata de una categoría que divide entre víctimas y victimarios de forma dicotómica, que vuelve invisible la agencia de los pueblos originarios (su resistencia) y que se trata de una categoría no contemporánea a los eventos. Proponen mayoritariamente el uso del concepto de guerra, entre otras definiciones el de guerra asimétrica.

En efecto, el concepto genocidio aparece en la década de 1940 (LEMKIN 1944), con el propósito de clasificar crímenes cometidos desde estructuras estatales hacia minorías, algo que por entonces en la historia reciente venía caracterizando los procesos de construcción de los contemporáneos estados nacionales. El sometimiento de los pueblos originarios americanos hacia fines del siglo XIX –y en el caso argentino primeras décadas del siglo XX- fue uno de estos procesos. La construcción de una nueva sociedad que excluyera de su seno a dichos pueblos no puede ser comprendida por fuera de esta conceptualización.

Por el contrario, en las redefiniciones del concepto de guerra desde mediados del siglo XX lo que han advertido distintos autores desde Carl Schmitt es la progresiva aplicación del concepto de guerra para referir a las políticas de seguridad, con el objeto de reprimir a los enemigos internos (SAMIR BENAVIDES 2006:140). El mundo es contemplado como en una guerra civil de carácter global donde no hay enemigos sino criminales, la guerra es el modo de sancionarlos y hacer que desaparezcan. Las figuras del partisano y el revolucionario han devenido en la del terrorista, es decir los seres eliminables en la defensa del orden social. Particularmente importante ha sido y es el concepto de guerra asimétrica para identificar a estos enemigos del estado que combatiendo en asimetría de condiciones llevan adelante estratégicas terroristas y que, por lo tanto, deberían ser enfrentados también con estrategias no convencionales. Recordemos que estas definiciones de guerra asimétrica, baja intensidad o de cuarta generación provienen de usinas como William Lind y el cuerpo de marines norteamericano (LIND, NIGHTENGALE, SCHMITT, SUTTON y WILSON 1989) y que han servido a la justificación de Guantánamo, Abu Ghraib y Bagram.

Por otra parte, también el concepto de genocidio ha sido utilizado con los fines de legitimar acciones de intervención. Para el caso me remito a los protocolos MARO y R2P^[24] que el presidente de Estados Unidos Barak Obama procuró aplicar para legitimar la intervención militar en países en los cuales se identificaban prácticas genocidas.

En todo caso, la elección de los conceptos nunca está por fuera de las disputas políticas. No existen conceptos asépticos cuya elección no nos comprometa políticamente. En relación con el sometimiento de los pueblos originarios en Argentina considero que el concepto genocidio, por su historia, por sus usos y dimensión analítica denuncia las asimetrías como posiciones de poder y advierte sobre las formas en que la violencia simbólica y la construcción de la otredad han devenido y pueden devenir en prácticas de eliminación sustentadas desde estructuras estatales y desde la sociedad civil. Por su parte, el concepto de guerra asimétrica, desde su origen ha estado al servicio de la identificación del otro ya no solo como enemigo sino como criminal, que incluso en inferioridad deviene en amenaza a la propia existencia. Más aún, ha sido utilizado para englobar la agencia subalterna –más allá del enfrentamiento armado- como actos de terrorismo, tal el caso de las demandas territoriales de las comunidades mapuche-tehuelche en la actualidad. En efecto tanto en Chile como Argentina existe legislación antiterrorista. En el primer caso esta ha sido utilizada constantemente para criminalizar actores políticos mapuche y en el caso argentino es demandada una aplicación similar por parte de diferentes y variados sectores.

El concepto de genocidio es una construcción contemporánea a los eventos de referencia de este trabajo, representa una respuesta, un análisis, un poner en palabras, una denuncia y una forma de conciencia histórica sobre los procesos de conformación estatal. Entre estos procesos y mecanismos también sería posible comprender la elaboración y puesta en práctica de dicha legislación antiterrorista y la construcción de los nuevos enemigos internos.

No se trata sólo de un debate sobre el uso de conceptos teóricos, el presente contexto nos permite ver la constante relación entre las elecciones teórico-conceptuales y las disputas sociales, políticas y económicas.

V. DE MALONES, GRIETAS Y MODELOS

La cuestión indígena y más precisamente todo lo relacionado con el pueblo mapuche ha estado atravesado una y otra vez por la disputa política a escala regional y nacional. En la última década ha formado parte de una confrontación entre los que se identifican como modelos antagónicos. La llamada grieta se instaló en el vocabulario cotidiano en Argentina y permitiría identificar las que se autoproclaman posturas “racionales” y “liberales” frente al “populismo” irracional y estatizante.

En este espacio discursivo así marcado la defensa de los derechos de las minorías, son identificadas como políticas populistas que interfieren el libre desarrollo del mercado y del mismo funcionamiento natural de la sociedad, generando desigualdades entre los buenos ciudadanos perjudicados por sectores que viven de los favores estatales. Esta redefinición de la desigualdad procura identificar al llamado populismo como una amenaza a la propiedad privada y a la libre empresa, pero aún más, a la libertad de la ciudadanía. Los subsidios a los consumidores de servicios, los planes sociales, las empresas públicas y el déficit fiscal, son identificados como esta amenaza al funcionamiento de la economía y del mismo estado. Pero son los estereotipos de los planeros, criminales y mapuche los que mejor han encarnado esta idea de amenaza dirigida hacia el ciudadano de a pie.

La mayor parte de los medios de comunicación les atribuyen el origen de las dificultades que sufre la ciudadanía: dificultades para movilizarse, el miedo a ser robada y la amenaza a la identidad e integridad nacional. La “protección” populista de estas minorías generaría, se sostiene, una nueva desigualdad entre dichas minorías y la ciudadanía en general.

“perteneciente al sector populista y sectario [la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta Alcorta], que sustenta el criterio de que todas las tierras de nuestro país, pertenecen en realidad a los pueblos originarios. Vale decir, que nuestro sistema constitucional, nuestras leyes y nuestros registros de la propiedad, serian absolutamente nulos, ya que según ese criterio, todos nosotros y tal vez no lo han advertido, también, ellos mismos, seriamos ocupantes ilegítimos y, si llevamos al extremo ese absurdo razonamiento, nuestros inmuebles, pertenecerían a quien mañana, se nos aparezca, alegando ser descendiente de un pueblo originario. Pero, aún si se admitiera ese aberrante criterio, resultaría inaplicable al caso de los mapuches, por la sencilla razón de que no se trata de un pueblo originario de nuestro país, sino de Chile (…) Lejos de tratarse de una justiciera epopeya de reivindicación racial, tras estos hechos delictivos, se esconde un conocido sector político, ansioso de obtener otro jugoso lucro inmobiliario” (FOLLONI, 2022: 1).

Medios como INFOBAE difunden acciones y expresiones de personas famosas en esta dirección. Por ejemplo, que el conductor televisivo Marcelo Tinelli haya adherido a una nota de demanda al Ministerio de Seguridad de la Nación para que “actúe en defensa de los pobladores de inmediato”, quienes estarían “indefensos ante ataques de personas que actúan con total impunidad” y que “La Patagonia está en peligro por los actos de vandalismo y usurpación de pseudo mapuches que ponen en peligro personas, animales y bienes. Todo esto con total impunidad”^[25].

La desigualdad populista -en oposición a la desigualdad natural- es relacionada también a las perspectivas garantistas que protegerían a delincuentes sometiendo al miedo a los buenos ciudadanos. En resumen, lleva a identificar al populismo como un reproductor de planeros, motochorros, narcos e indígenas y favoreciendo lo que denominan ideología de género, como amenaza global a la forma de vida de la sociedad nacional.

El caso de los pueblos originarios, y de forma exacerbada el del pueblo mapuche, ha venido a ser utilizado como ejemplo de este supuesto accionar discriminador y favorecedor de grupos minoritarios que formarían en su conjunto parte de la base de apoyo de las políticas populistas.

Alberto Fernández se reunió en San Martín de los Andes con una delegación de mapuches. Allí lo recibieron diciéndole que estaba en tierra mapuche, y el visitante estuvo sentado ante una mesa con la bandera de esa etnia. Resulta inadmisible que un presidente de la República Argentina desconozca que el territorio nacional abarca todo lo que indica nuestra soberanía, y que si hay etnias son solo ocupantes de nuestro suelo (..). Recordemos que se trata de un grupo que ha llevado a cabo hechos de violencia. Solo hay que aceptar el diálogo cuando acepten la soberanía argentina y no cometan actos terroristas^[26].

Se argumenta que es el populismo el que genera desigualdad y paradójicamente se acusan de extranjeros a los pequeños fiscaleros mapuche que amenazarían a los verdaderos propietarios, en gran medida conformados por grandes latifundios adquiridos, precisamente, por capitales extranjeros.

PÉREZ y TRENTINI (2016) en su análisis de la Editorial de La Nación del 21 de agosto de 2016, describen cómo en la misma se construye al populismo como el que habría “resucitado” a los pueblos originarios -mediante el revisionismo histórico- para enfrentar junto a sus otros aliados, Cuba, Venezuela, Irán y Rusia, a la “civilización” encarnada en la democracia de Estados Unidos. En otros términos, se trataría de la barbarie que amenaza a la república, la razón occidental que impuso en América “el respeto por la dignidad individual, heredado de Atenas, consolidado en el Renacimiento y, finalmente, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos”. La editorial deja en claro, sostienen Pérez y Trentini, que estos valores no eran propios de los pueblos originarios y, por lo tanto, tampoco del populismo y sus “aliados bárbaros”.

Como señalan BALAZOTE y VALVERDE (2022) la construcción de la amenaza populista trasciende las fronteras de las discusiones de la arena política local y se extiende en el discurso de la derecha. Los autores citan a José María Aznar cuando en octubre de 2021 sostenía que:

Tenemos que entender las amenazas aparte del populismo, del autoritarismo... el nuevo comunismo o el indigenismo en Iberoamérica o el islamismo radical, que volverá a golpear si tiene oportunidad. Tenemos que afrontarlo con coraje y liderazgo (BALAZOTE y VALVERDE, 2022:4)

En la Argentina, bajo la administración de Mauricio Macri (2015-2019) se desplegaron políticas de seguridad destinadas a identificar a estas supuestas amenazas hacia la propiedad. Las mismas construyeron como enemigos internos a supuestas organizaciones terroristas mapuche en Patagonia^[27]. La atribución de criminalidad operó no sólo para estereotipar al antagonista político sino también a la misma diferencia cultural.

En una portada del diario Clarín en febrero de 2017 se anunciaba que un joven lonko había declarado la guerra al estado argentino. El fantasma de la guerra –también referida como de baja intensidad, de pequeños grupos terroristas- había sido nuevamente agitado en Argentina y serviría, meses más tarde, para justificar muertes por la espalda de personas indefensas como fueron los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y posteriormente, durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023) el asesinato de Elías Garay. A quienes por formar parte de reclamos de comunidades mapuche en la Patagonia se los persiguió y acusó de atentar contra bienes estatales, la propiedad privada y aún el orden social.

Al mismo tiempo, existe una tensión con otro tipo de procesos que se han venido dando simultáneamente. Por ejemplo, a nivel nacional, se ha dado un proceso de reparación que entre otras cosas posibilitó la realización del juicio, en 2022, por la verdad en el caso de la masacre de Napalpí (Chaco). En el fallo se sostiene la existencia de un genocidio indígena perpetrado en Argentina. Este proceso fue interpretado por la derecha como una nueva evidencia de la desigualdad y arbitrariedad populista.

A nivel local, el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche aprobó en 2015 el proyecto de Ordenanza a través del cual se reconoce a Bariloche como un “Municipio Intercultural”. Se afirmaba entonces que era un “reconocimiento” a la cultura mapuche y a través del cual se le daba a la cultura mapuche “el lugar que le corresponde” ya que se promovería el derecho a una educación inclusiva, bilingüe e intercultural. Proceso al día de hoy inconcluso y resistido por buena parte de la comunidad barilochense.

También en relación con el actual contexto se destaca que las formas de violencia hacia las organizaciones y reclamos de los pueblos originarios se vienen desplegando en todo el continente americano. Un elemento en común es la disputa territorial que genera el actual despliegue de las empresas extractivistas. En la Patagonia este tipo de proyectos de explotación se han multiplicado junto con el impresionante crecimiento del mercado inmobiliario, principalmente manteniendo la figura del latifundio. En su mayor parte estos proyectos involucran capitales extranjeros, incluso en las zonas de frontera. No obstante, son los mapuche identificados como una amenaza -ilegitima por dicha supuesta chilenidad, violencia e irracionalidad- a la propiedad, la seguridad y el mismo orden social. Las fuerzas políticas de derecha movilizan a la ciudadanía para defender la patria, la libertad y manifestarse en contra de estas minorías consideradas ilegítimas. En estas manifestaciones pueden leerse carteles que proponen “nuevas” consignas como: “Roca volvé, no terminaste tu trabajo”.

Manifestación frente a la comunidad mapuche LafquenWinkul. Villa Mascardi, Río Negro. 2 de octubre de 2022.

Buena parte del discurso político se ha corrido hacia la derecha y hoy vuelven a cuestionarse derechos ya reconocidos. La creación de un comando unificado de fuerzas de seguridad y su implementación en la Patagonia para desalojar la comunidad mapuche Lafquen Winkul en el Lago Mascardi es la respuesta ideada desde el gobierno nacional y el provincial para resolver un caso puntual y que la prensa nacional puso en el centro de esta construcción del pueblo mapuche como un enemigo interno. Más allá de las acusaciones recíprocas entre el poder judicial y los ejecutivos, el resultado de dicho desalojo fue 4 mujeres detenidas, con sus hijos, una de ellas embarazada. Las mismas luego fueron trasladadas a la ciudad de Buenos Aires. La intervención de organismos de derechos humanos, distintos sectores del arco político, parte de la prensa y de la sociedad presionó para revertir parcialmente esta situación. Al momento de escribir este trabajo las mujeres continúan en prisión domiciliaria y una mesa de diálogo se puso en funcionamiento con propuestas para resolver el conflicto de fondo, una comunidad que reclama el acceso a un lugar que considera sagrado.

La cobertura de los medios de comunicación sobre el caso y en especial sobre el funcionamiento de la mesa de diálogo mayoritariamente destaca al mismo nuevamente como un ejemplo del beneficio sistemático del gobierno populista a las minorías, dejando de lado a los ciudadanos propietarios que se verían perjudicados por la misma presencia de la comunidad mapuche. Reconocer y entregar tierras a la comunidad, algo estipulado expresamente por la constitución nacional y los convenios internacionales que el país ha suscripto y que gozan de estatus constitucional, es presentado como un nuevo privilegio populista que beneficiaría minorías ilegítimas y perjudicaría a los propietarios y a las inversiones extractivistas.

El reciente caso del reconocimiento de las carpetas de tres comunidades en la zona de Malargüe y San Rafael (Mendoza), Lof El Sosneado, Lof Limay Kurref y el Lof Suyai Levfv, por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un ejemplo exacerbado de cómo lo mapuche es construido como el principal enemigo interno de la república. El reconocimiento oficial de estas comunidades fue tergiversado como una concesión de 21.000 hectáreas que ya se habría realizado por parte del gobierno nacional. Desde el gobierno provincial y sectores empresariales se inició una ola de denuncias en medios de comunicación de esta supuesta entrega de tierras. El primer argumento esgrimido fue que los mapuche no eran un pueblo originario de Mendoza, sino que eran chilenos. Por cierto, un notable ejemplo del negacionismo en una localidad que lleva un nombre en mapuzungun desde los primeros registros coloniales (malal hue: lugar del corral). Allí, Floridor González, titular de la Asociación Malargüina de Turismo, expresó “su repudio y preocupación por la decisión del Gobierno nacional de otorgar tierras a personas que aseguran ser mapuches.” Ya que “se trata de 21 mil hectáreas que afectan pasos fronterizos a Chile y 61 pozos petroleros.” Concluía su entrevista a Cadena 3 sosteniendo que “a los pueblos originarios hay que reconocerlos y darles sus derechos, pero a los verdaderos, en Malargüe nunca tuvimos mapuches; creo que son medidas populistas y siembran desconfianza en los inversores.”^[28]

En el diario La Nación Morales Solá denunciaba al caso como una pérdida de soberanía, culpabilizando al gobierno nacional y al kirchnerismo de ello:

está consumando en los hechos una cesión de soberanía nacional. Al entregar parte del territorio nacional a grupos que no reconocen al Estado argentino, esas importantes parcelas que pertenecen a la Argentina dejarían de ser suyas. El país pierde soberanía donde no existe la autoridad del Estado. Al mismo tiempo, es el propio Estado el que acepta la extorsión de la violencia de grupos que no puede o no quiere controlar con las fuerzas de seguridad. El precedente no puede ser peor. La situación que viven muchos habitantes de la Patagonia es dramática y desesperante^[29].

En el caso mendocino se insiste desde los medios de comunicación y los funcionarios estatales que se trata de grupos que se “auto-perciben” como mapuche, ignorando –o no- que en efecto los convenios adoptados por el país y con rango constitucional como el convenio 169 de la OIT plantea la auto-adscripción como un elemento fundamental. Es que la idea de la auto-percepción es también el concepto que se ataca en relación con las políticas de género e inclusión y uno de los elementos frecuentemente utilizados para ridiculizarlas. En definitiva como un todo, que conformaría al populismo progresista.

Empresarios y militantes del PRO convocaron una “marcha anti-mapuche” en Malargüe. Uno de ellos sostuvo en las redes sociales: “basta de #maputruchos en Argentina. Es tiempo de defendernos: + legalidad, + instituciones, - populismo". También aseguró que la marcha fue "en defensa de la propiedad privada y los atropellos de un gobierno nacional que solo busca dividir a los argentinos"^[30].

Al momento de cerrar este trabajo la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza ha aprobado un proyecto de declaración que considera que "los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos". La iniciativa tuvo a favor 30 votos contra 8 negativos 6 abstenciones y 4 ausencias. El primer artículo del texto rechaza la prórroga de la ley 26.160, que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas. Afirma:

“con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”^[31].

El segundo cuestiona el reconocimiento que hizo el INAI y tercero, rechaza la argentinidad del pueblo mapuche. El proyecto, impulsado por el gobernador Suárez, tiene como objetivo asegurar el acceso a tierras que pertenecen a la cuenca petrolera de Vaca muerta y que están en el foco de la explotación minera. Por lo tanto, la declaración del pueblo mapuche como “no argentino” supondría la no aplicación del mandato constitucional de asegurar “tierras aptas y suficientes” en los territorios de ocupación tradicional de los pueblos originarios^[32].

Si bien el proyecto surge del oficialismo provincial también contó con votos afirmativos y abstenciones de la oposición. En una nota del diario MDZ Online se destaca “la votación reavivó las grietas que hay en el Frente de todos entre kichneristas y peronistas por las diferentes posturas que presentaron.” Se diferencia y aclara que el populismo garantista de las disidencias es fundamentalmente el “kirchnerismo duro”: “Entre quienes votaron afirmativamente, se encuentran legisladores del Frente de Todos oriundos de San Rafael, que se despegaron del kirchnerismo duro y optaron por seguir otro camino”^[33].

Como en todos los casos, estás propuestas políticas se sustentan en información y documentación histórica. En este caso, se sostiene, los pueblos originarios de Mendoza serían los “huarpe, puelche y pehuenche”, asegurándose que los mapuche habrían llegado con posterioridad. Es significativo que puelche (gente del este) y pehuenche (gente de los pehuenes/araucarias) son palabras del mapuzungun y como etnónimos han referido a una región mucho más amplia de lo que son los límites provinciales actuales. Pero más allá de la documentación histórica, arqueológica y etnográfica y los trabajos académicos de las últimas 4 décadas que han revertido los enfoques racistas y nacionalistas predominantes hasta la última dictadura en Argentina las fuentes sobre las que se sustentó la propuesta fueron otras. En la Comisión de Derechos y Garantías de la cámara de diputados, afirma la diputada Sanz, se escucharon historiadores, antropólogos, personas de la comunidad mapuche y miembros del INAI. “Nos encontramos con muchísima información, no nos quedó ninguna duda de que el pueblo mapuche no es ancestral de Mendoza, es chileno", sostuvo la diputada Sanz^[34].

La especialista citada y convocada para justificar la resolución de Diputados de Mendoza es Andrea Greco, quien en los últimos meses ha aparecido en decenas de medios de comunicación. Greco sostiene la teoría del “gen violento del pueblo mapuche”, teoría que ha sido ampliamente recepcionada y difundida por muchos medios de comunicación:

El gen mapuche de la violencia fue tema de debate por parte de la historiadora mendocina Andrea Greco, quien habló con Infobae y explicó los vericuetos de la autopercepción de este pueblo originario, su llegada a la Argentina, como así también el vínculo histórico con las recientes tomas y entregas de tierras… […sostiene su tesis]: “en Argentina los mapuches fueron asesinos, ladrones y usurpadores, desde que se pusieron en pie de guerra”, indicó la historiadora. Pero originariamente, en Chile, por su carácter sedentario -en donde cultivaban la tierra chilena- este pueblo no tenía esa estirpe luchadora^[35].

Greco menciona la existencia de distintas páginas en internet referidas al pueblo mapuche creadas en distintas partes del mundo (aunque en realidad cita a muchas que ya no existen al día de hoy) para sostener su hipótesis sobre los reconocimientos que realizó el INAI:

Esta observación nos permite inferir que podría haber importantes intereses internacionales detrás del reconocimiento de tierras mapuches en el sur mendocino (tierras que incluyen riquezas petroleras y minerales). Nos preguntamos: ¿serán esos grandes intereses los que están detrás de las cesiones de tierras a mapuches?^[36]

Finalmente, también es agitado el fantasma del enemigo externo detrás del enemigo interno y que amenaza la integridad nacional buscando quedarse con los recursos naturales y con turbios intereses inmobiliarios. No obstante, esto no es atribuido a empresas extractivistas o capitales extranjeros sino a los genéticamente violentos mapuches chilenos. Como sostienen Escolar y Magallanes (2023):

«Quienes se afanan por negar la presencia mapuche en Mendoza profesan una inocultable desaprobación moral de los reclamos políticos y territoriales de comunidades actuales, que no sería diferente si se tratara de puesteros pehuenches, puelches, huarpes o criollos»^[37].

El negacionismo no es sólo para el caso mapuche, podemos encontrar este tipo de procesos en otros casos relacionados con demandas provenientes de pueblos originarios. En cada uno de ellos encontraremos también la mención a fuentes documentales y trabajos académicos, o que al menos fueron así clasificados en su momento. Como señala ACUTO (2019) refiriéndose al caso del juicio desarrollado en 2018 en la provincia de Tucumán contra los asesinos de la autoridad indígena de la Comunidad Los Chuschagastas, Javier Chocobar, en el año 2009 en manos del terrateniente Darío Amín y los ex policías Luis Gómez y José E. Valdivieso.

«En algún punto, lo que era un juicio por un asesinato se transformó en un juicio sobre la identidad indígena de Chocobar y la Comunidad Los Chuschagasta, y si el marco de derecho indígena debía ser tenido en cuenta o no durante el proceso. Argumentos tomados de publicaciones históricas y arqueológicas han sido, y son, esgrimidos por estos grupos de poder en esta cruzada por negar la identidad y la pre-existencia de los pueblos originarios en los territorios. Las palabras son armas» (ACUTO, 2019: 144).

Por una Argentina sin populismo (imagen tomada de la página de Facebook)

VI. CONCLUSIONES

La relación entre los pueblos originarios y el estado argentino ha sido un proceso clave en el proceso histórico de su constitución y desarrollo. No obstante, dicha relación sólo recientemente ha sido objeto de estudio académico. Esto se ha relacionado con las mismas características de dicho proceso y la construcción de las ideas de nación y territorio nacional impuestas en un proceso hegemónico y que excluyeron a los pueblos indígenas. Por esta razón, es que entendemos que el análisis desde el concepto de genocidio no esencializa o victimiza, sino que propone ver al estado como relación, en contexto histórico y en proceso. Permite comprender las llamadas campañas al desierto y los procesos que les siguieron como parte del proceso de construcción estatal.

Al mismo tiempo permite relacionar dicho contexto de violencia con la construcción de una nueva sociedad. No sólo en los que serían llamados entonces “territorios nacionales”, sino también en los imaginarios de comunidad nacional. Se trata de procesos que han sido contemporáneos de otros casos, que fueron tenidos en cuenta en la elaboración del concepto de genocidio.

A partir de la década de 1980 en Argentina, con el retorno de la democracia los cuestionamientos de la relación entre estado y sociedad incluyeron –gracias a la intensa militancia de las organizaciones de los pueblos originarios- a los discursos e imágenes hegemónicas del enfrentamiento entre civilización y barbarie, y la militarización de las memorias sobre la llamada conquista del desierto.

En los últimos años se nos presenta un debate que tampoco es ajeno a su contexto. Especialmente en un momento de disputa sobre derechos adquiridos por los pueblos originarios desde el retorno de la democracia. Existe un cuestionamiento al derecho al acceso a las tierras suficientes para los mismos, establecido por la constitución de 1994.

En este proceso se re-estigmatiza a los pueblos originarios como minorías intensas e ilegítimas que estarían recibiendo beneficios que al resto de los ciudadanos se les niega. En especial el caso del pueblo mapuche es elegido como ejemplo para demostrar la violencia, anti-republicanismo e irracionalidad populista. Se lo vuelve a denominar como pueblo no originario argentino, chileno, violento y como amenaza a la propiedad privada y al orden social en su conjunto. Y con estas características se lo asocia con los otros supuestos aliados del populismo: Venezuela, Irán, Rusia y los motochorros. En este sentido la respuesta política de la derecha no deja de añorar y hacer referencias a la Campaña del Desierto y al trabajo inconcluso de Julio Roca.

Comprender el proceso de sometimiento desde un enfoque diferente al impuesto por el perpetrador, desde el concepto de genocidio, abre la vía de la reparación. Este es un punto central en nuestro contexto. El discurso de la seguridad gana terreno en el espacio público, las fuerzas políticas interpretan que tienen que dar respuestas allí para obtener el apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, son propuestas nuevas formas de la guerra hacia los enemigos sociales, de la propiedad y del orden. En la actualidad las políticas de seguridad construyen como principal amenaza para la ciudadanía, no a la extranjerización de los recursos no renovables, la fuga de capitales o la imposición externa de condiciones a la política económica de país, sino a personas que reciben planes sociales, migrantes, pobres y pueblos originarios a quienes se les atribuye incluso el poder de declarar una guerra al estado.

El concepto de genocidio permite comprender no sólo la violencia fundante de la nueva relación entre pueblos originarios y estado, sino también los procesos que le siguieron, especialmente la construcción de un nuevo orden social que impuso valores tradicionales, sistemas de creencia compartidos, una imagen de nación y territorio. Siendo estos los que contienen estructuras racistas de marcación de la diferencia que habilitan y sostienen los argumentos descriptos en este trabajo y que configuran nuestro presente.

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Notas

Información adicional

Para citar este artículo: DELRIO, WALTER «Guerra, genocidio y negacionismo. Los pueblos originarios y el estado en Argentina», en: ESTUDIOS SOCIALES, revista universitaria semestral, año XXXIII, n° 64, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, enero-junio, 2023.