I. Introducción

En Argentina, en los últimos años la nutrida presencia de empresarios en las más altas posiciones institucionalizadas del gobierno nacional generó una serie de intervenciones públicas que alertaron sobre lo inusitado de esta participación (CANELO y CASTELLANI, 2016; VOMMARO, 2017; GENÉ, 2018a). Este contexto tuvo su contrapartida en una serie de análisis que procuraron explicaciones fundadas para el fenómeno que se inscribían en líneas de trabajo de largo aliento desarrolladas, fundamentalmente, desde la sociología política y económica. En este sentido, hallamos una extensa biblioteca que abordó el estudio de gabinetes nacionales enfocados en los elencos presidenciales^[1]. Menos atención recibió estos estudios para una escala subnacional, centrados en la provincia de Buenos Aires (MELLADO, 2018;PEREYRA, 2017). Para el caso de Córdoba, se percibe una reciente preocupación por el estudio de la configuración de las elites políticas locales, en particular de los criterios de reclutamiento y trayectorias de los ministros y secretarios durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y la gestión de Angeloz (1983-1995) (RECHE, 2019; ALMADA, 2021). Consideramos relevante su indagación debido a que, luego del retorno democrático, se recuperó un sistema de gobierno federal que le asignó un peso relevante a los estados provinciales (CAVAROZZI, 2006).

En ese marco de discusiones, el objetivo del presente artículo es proporcionar un primer acercamiento a los perfiles de los hombres y mujeres que ejercieron el cargo de ministro/a en el gobierno de la provincia de Córdoba durante la hegemonía de la Unión Cívica Radical (UCR) al frente del ejecutivo de la provincia^[2]. Puntualmente, el trabajo consiste en la reconstrucción de los atributos sociopolíticos y profesionales de quienes ocuparon los ministerios políticos, económicos y de obras y servicios públicos. Nos interesa profundizar en las mencionadas áreas no solo porque fueron las que históricamente contaron con el mayor rango jerárquico en la estructura administrativa provincial hasta la reforma de la Carta Magna en 1987 sino también a los fines de ofrecer contrastes y matices con análisis realizados para otros espacios y escalas. Consideramos, a modo de hipótesis, que en los mecanismos de reclutamiento de cuadros ministeriales estructurados durante la hegemonía radical en la provincia de Córdoba se puede observar el predominio de vínculos amistosos y de cercanía con el gobernador de turno antes que los provenientes de la estructura partidaria. Esto, en principio, se podría explicar, por un lado, por la forma de ejercicio carismática y verticalista de ejercicio del poder y, por otro lado, de la gravitación de los grupos económicos locales.

El artículo se encuentra estructurado en cinco apartados. En el primero ofrecemos algunas precisiones metodológicas sobre la construcción de la muestra y de las categorías a partir de las cuales reconstruimos los perfiles socio-profesionales de los ministros. El segundo tiene por finalidad brindar una contextualización de las particularidades que implicó el proceso de reconstrucción democrática en la provincia de Córdoba dado que permite hacer inteligibles ciertas claves en los procesos de reclutamiento, los perfiles y las lógicas que asumirá la reestructuración de cada una de las carteras. Los apartados tercero, cuarto y quinto se encuentran dedicados a los perfiles sociales y profesionales de los ministros. Cerramos el artículo con algunas consideraciones tendientes a señalar ciertas permanencias que entendemos servirán de punto de contraste para próximos avances.

II. Claves metodológicas para el abordaje de las élites ministeriales

La propuesta parte desde una perspectiva metodológica que se concentra en el estudio de trayectorias, redes y sociabilidades (FERRAROTTI, 2007). En términos teóricos, se sitúa en el campo de la sociología del Estado y las políticas públicas. Dicho eje tuvo un fuerte desarrollo en los últimos años en el ámbito de la historiografía, las ciencias políticas, la sociología y la antropología (BALÁN, 1974; MECCIA, 2020; entre otros). Un enfoque centrado en trayectorias permite dar cuenta de la complejidad que atraviesa al Estado lo que nos permitirá «personalizarlo» y averiguar quiénes lo encarnaron en determinado tiempo y lugar (BOHOSLAVSKY y SOPRANO, 2010: 24-25). Esto permitirá enfatizar los vínculos que los sujetos entablaron y valorar sus lazos de interdependencia recíproca que constituyen una matriz del juego político permanentemente re-actualizada por sus protagonistas. En la designación de un ministro/a identificamos patrones sociales de largo plazo junto a otros más coyunturales propios de los escenarios políticos específicos que generan las condiciones sociales de acceso al gabinete.

Nuestra propuesta contempló la construcción de una matriz de datos que comprendió a los individuos que ocuparon al menos un día el cargo de ministro en el gabinete de la Provincia de Córdoba entre diciembre de 1983 (año en que asume el primer gobierno democrático luego de la última dictadura cívico-militar) y julio de 1999, cuando finalizó la hegemonía de la UCR con el triunfo de la alianza Unión por Córdoba (UpC) que incluía al Partido Justicialista (PJ), la Unión del Centro Democrático (UCEDÉ), la Acción para el Cambio y el Partido Demócrata Cristiano. Seleccionar a los ministros supone privilegiar una categoría formal entre las diferentes posiciones que componen el Poder Ejecutivo: gobernador, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, asesores y altos cargos de la administración pública. Los ministros presentan ciertas ventajas para el análisis: existencia continua de ese cargo en la estructura gubernamental; visibilidad pública que facilita la recolección de datos y relevancia de la posición institucional que ocupan.

Bajo esos postulados, el universo empírico se compone de 36 individuos (35 hombres y 1 mujer), entre quienes se distribuyen 49 designaciones a lo largo de 16 años. Sobre ellos, se han reunido variables sociográficas básicas (demográficas, educativas, laborales y políticas) que brindan datos sobre sus trayectorias tanto para los momentos previos como posteriores a su ocupación en los distintos cargos públicos. La elaboración de este tipo de base de datos requiere de una gran masa de información que no se encuentra unificada. Por ello, hemos trabajado con diversas fuentes: biografías, notas necrológicas, artículos de los principales diarios de la provincia, revistas especializadas, documentos de gobierno o entidades públicas e información de asociaciones profesionales y/o gremiales.

Dado el período y la diversidad de casos organizamos los datos a partir de un criterio clasificatorio construido con fines operativos, por ende, tentativos y abiertos a futuras reformulaciones. En este sentido, clasificamos las diferentes denominaciones de los ministerios en función del área de política pública que constituye su principal competencia, resultando en categorías de intervención pública^[3].

Cuadro 1.
Denominaciones de los ministerios según áreas de política pública 1983-1999

Fuente: elaboración propia en base a la Ley Orgánica de Ministerios de Córdoba (n° 7267, 7608, 8103 y 8480)

Sobre ese ordenamiento posible, nuestra mirada se centrará en las áreas que hemos definido como de funciones políticas, obras y servicios públicos y funciones económicas que implica una muestra final de 29 individuos. El recorte se debe a que las carteras seleccionadas fueron históricamente las que compusieron el gobierno provincial. Solo luego de la reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba en el año 1987, el Poder Ejecutivo contó con la facultad de poder ampliar la cantidad de ministerios. Además, entendemos que resultan clave para explicar, entre otros aspectos, los modos de liderazgo político de los gobernadores, los mecanismos de reclutamiento de las elites ministeriales y la gravitación de actores social y políticamente tradicionales dentro de la sociedad cordobesa.

III. La reconstrucción del Estado y la hegemonía radical en Córdoba

Desde el retorno de la democracia la UCR obtuvo una serie de triunfos electorales claves que la posicionaron como el partido predominante en la provincia de Córdoba. Esto le aseguraba contar con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados que se renovaba cada cuatro años, coincidiendo con la elección para el cargo de gobernador^[4]. Se generaba así un efecto «arrastre» que favorecía al vencedor de la contienda electoral. En este sentido, durante el período 1983-1999, la UCR ganó cuatro elecciones para gobernador^[5]. De esta forma, en Córdoba gozaba de una clara hegemonía del radicalismo desde el retorno democrático.

Este capital político le posibilitó al gobernador Angeloz emprender la reforma constitucional. Así, en la Convención Constituyente de 1987 se estableció el artículo 101 que le permitió acceder a un nuevo período de gobierno. Además, la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba aumentó su número de 36 a 66 legisladores electos directamente en distrito único, garantizando al partido que obtuviese la mayor cantidad de votos 36 de dichas bancas. De las restantes, 20 corresponderían a la segunda fuerza, 5 a la tercera, 3 a la cuarta y 2 a la quinta (KOHL, 2020). De esta manera, se garantizó la «gobernabilidad» de la fuerza triunfante. Otro aspecto significativo de la reforma fue que dotó al Poder Ejecutivo de la posibilidad de ampliar la cantidad de ministerios. En la anterior configuración jurídica solo podían existir tres que se reducían a las áreas de: Gobierno, Finanzas, Obras y Servicios Públicos. La modificación de esta atribución le permitió a Angeloz ampliar su gabinete, llegando a contar con un promedio de 10 carteras que, posteriormente, fueron reducidas a cinco por Mestre en el marco de una grave crisis financiera, que motivó una administración «austera» en pos de no aumentar el déficit fiscal provincial (CLOSA, 2010). En sintonía con los postulados del «Estado mínimo», el gobernador Mestre apuntó a la construcción de una imagen de gobierno sobrio, mínimo, respetuoso del gasto público en contraposición al derroche de su predecesor (RIORDA, 2004).

Los éxitos alcanzados en la gestión de gobierno y la «fidelidad» del electorado de Córdoba a la UCR fueron factores explicativos de sus grandes desempeños electorales. La administración provincial lentamente fue considerada una excepción en el concierto general de la Nación. De acuerdo con la metáfora de la «isla», prevalecían un modelo económico y una gestión de gobierno diferenciales que eran respaldados por ciudadanía (CLOSA, 2010). Esto motivó el apoyo de la conducción nacional del partido a la candidatura presidencial de Eduardo Angeloz en 1989. Allí, resultó derrotado ante el candidato peronista, Carlos Menem. Sin embargo, la derrota electoral fortaleció la metáfora mediterránea, principalmente en el modo en que se llevó a cabo la reforma estatal. Esta última otorgaba facultades a los poderes ejecutivos para reestructurar, transformar, escindir, descentralizar, los organismos y empresas dependientes del Estado (GORDILLO, 2003).

El «modelo cordobés» se asentaba sobre tres principios básicos: transferencia sobre la base de un acuerdo expreso de las partes; el acompañamiento con recursos técnicos y financieros necesarios y el control del proceso por parte de una comisión legislativa bicameral y por un Consejo Provincial de Descentralización (GORDILLO, 2003). Según LA SERNA (2001) el modelo de gestión poseía una modalidad neocorporativa de legitimación política, burocrática universalista en su racionalización administrativa y progresiva en torno a la fiscalidad, lo que otorgaba el carácter benefactor de las políticas sociales implementadas. En este sentido, el Estado asumía ciertos rasgos social-demócratas debido a la presencia de indicadores como: el peso central de programas de corte universalista (especialmente en las áreas de salud y educación) combinado con programas de regulación laboral y previsional, sumado a programas asistencialistas destinados a sectores sociales vulnerables tal como fue el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR). En el caso cordobés, se contempló el proceso de descentralización de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS) y la concesión de terminales, y producción de energía, de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Esta última, se intentó conformar en sociedad anónima. Las presiones del sindicato de Luz y Fuerza, la denuncia de irregularidades en su proceso legal por parte de legisladores, como la cercanía a la elección provincial (1994), motivaron la suspensión del proyecto. El gobierno de Angeloz finalizó antes de lo previsto. Durante el mes de junio de 1995, luego de una serie de protestas de las organizaciones gremiales cordobesas que reclamaban por la regularización del pago de sueldos de docentes y empleados públicos, el gobernador renunció. Antes sancionó una Ley de Emergencia Económica que preveía, entre otras cuestiones, el pago de salarios con bonos del Estado. La oposición de los gremios a la medida terminó por restarle apoyo a un gobierno que tenía serias dificultades económicas. A su vez, se conocieron casos de corrupción en el Banco de Córdoba y Banco Social, lo que incrementó el descontento con la gestión. La gestión de Mestre se vio atravesada por las dificultades económicas, lo que derivó en un gobierno austero y ajustador de las cuentas públicas. El gobernador intentó modificar, con poco éxito, el régimen jubilatorio local, y mantener virtualmente congelados los salarios públicos. A su vez, inició la privatización de la EPOS e intentó lo mismo para con EPEC. La primera quedó en manos de empresas extranjeras, mientras que en la segunda la resistencia gremial impidió una transformación jurídica^[6].

La puesta en marcha de este conjunto de iniciativas requirió de la necesidad de contar tanto con agentes especializados que contaran con las capacidades para orientar los procesos de reforma estatal como con cuadros dirigenciales que pudieran generar los acuerdos necesarios para poder implementarlas.

IV. El área de funciones políticas: gobierno y planificación

La cartera de gobierno es clave para el desarrollo de toda gestión dado que tiene por objetivo coordinar las negociaciones y acuerdos con diferentes actores. En general, los titulares de dichas áreas se caracterizan por poseer un saber específico relativo al manejo de códigos implícitos de la política. Estos son atributos adquiridos a través de la experiencia y se sintetizan en la idea de «venir de la política». Por este motivo, el reclutamiento de altos funcionarios de esta área se produce entre dirigentes con dilatadas trayectorias tanto en el campo de la militancia partidaria como en cargos electivos o de designación política (GENÉ, 2018b).

En el caso de los gobiernos radicales de la provincia de Córdoba estas tendencias presentaron ciertas particularidades. En el período de estudio, como sintetizamos en el cuadro 2, se sucedieron un total de cinco ministros de gobierno. Entre los rasgos predominantes de estos perfiles se encontraba el poseer el título de abogado. La totalidad de los ministros del período fueron egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), espacio que tradicionalmente, desde el período colonial, funcionó como ámbito de formación y reproducción de la élite local^[7]. Algunos de ellos se destacaron por su participación en el poder judicial, como profesores universitarios y como miembros de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales^[8]. Todos espacios de consagración de la carrera profesional.

Cuadro 2
Perfiles sociopolíticos de los ministros de gobierno 1983-1995

Fuente: elaboración propia a partir de FRÁVEGA (2006), RODRÍGUEZ (2008), ACADERC (1989), prensa periódica y entrevistas realizadas^[9]. Nota: la cartera de Gobierno se fusiona en la de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social durante la gestión de Mestre.

Otro atributo significativo que parece haber influido en su selección para el cargo fue el formar parte de la red de vínculos entre sus familias y el gobernador puesto que en su mayoría la edad promedio era de no más de 50 años (exceptuando Cendoya) y no contaban con una extensa trayectoria dentro del partido ni previamente habían ocupado posiciones relevantes en la estructura de gobierno. Por ejemplo, el padre de Juan Carlos Palmero, ministro entre 1983 y 1987, había sido un destacado dirigente radical que llegó a ser el ministro de Interior del gobierno nacional de Arturo Illia. Es probable que este mecanismo de selección se deba al estilo de liderazgo ejercido por Eduardo Angeloz que no solo se observaba en su comunicación política (RIORDA, 2004) sino que era parte de sus prácticas políticas habituales.

El haber transitado por el cargo de ministro de gobierno parece haber funcionado como plataforma para una carrera dentro de la política y no como punto de culminación. Este aspecto es un claro indicador de la profesionalización de la política (OFFERLÉ, 2011) Casi ninguno de los ministros había tenido una destacada participación previa en organismos del Estado o puestos relevantes dentro del gobierno, salvo el caso de José Ignacio Cafferata Nores, quien había sido vocal del Tribunal Superior de Justicia. Luego de su paso por el ministerio muchos ocuparon cargos electivos como diputados o senadores provinciales o en el Congreso de la Nación. Algunos, incluso, formaron parte del gabinete nacional con Raúl Alfonsín.

Debido a las implicancias de la coyuntura en la que se inserta nuestro análisis y por la similitud que revisten las funciones con la cartera de gobierno, decidimos su tratamiento conjunto con la de planificación. También esta área requirió de ciertas habilidades en la articulación de intereses que pudieran hacer frente a las necesidades políticas que planteaba el contexto político: la modificación de la Constitución provincial en 1987 y la reforma del Estado en 1989. Si bien el recorrido profesional de los ministros era más diverso, primaba, igualmente, el dominio de lo público, la cercanía al gobernador y el reconocimiento partidario (dentro y fuera del ámbito cordobés). Asimismo, en estos casos los ministros contaban con una extendida participación en la estructura partidaria. El designado fue Jorge de la Rúa, quien ya había sido Fiscal de Estado (1983-1985), se encargó de coordinar las acciones de los distintos ministerios en el marco de las reformas estatales emprendidas durante el período 1987-1990. Luego, el siguiente paso fueron las privatizaciones de activos públicos y la descentralización estatal. Para ello, el gobernador optó por un joven ingeniero que participaba del Centro de Ingenieros local y que había sido recomendando por un histórico dirigente de la UCR: Felipe Rodríguez. El mismo estuvo a cargo de la siguiente fase de reformas que tuvo algunos resultados tenues en relación con los principios esgrimidos. De modo que los perfiles no fueron definitorios per se, sino en clara vinculación con la coyuntura política y la agenda que llevaba adelante el gobierno provincial.

Esta lógica, a pesar de los estilos de liderazgos disímiles de los mandatarios, se reiteró en la gestión Mestre. La fusión de las carteras de gobierno y planificación en la de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social quedó a cargo de Oscar Aguad, un dirigente del radicalismo de extrema confianza del poder ejecutivo. Aguad tuvo la misión de gestionar la llamada Ley de Emergencia Económica, lo que significó la posibilidad legal de congelar salarios e intervenir en todas las áreas estatales con el fin de resolver el problema fiscal que tenía la provincia. De modo que el designado reunió, nuevamente, ambas condiciones: la cercanía con las esferas decisorias del poder provincial y la habilidad para negociar con diferentes sectores, amparada en su historia de militancia en el radicalismo.

Cuadro 3.
Perfiles sociopolíticos de los ministros del área de planificación 1983-1999

Fuente: elaboración propia a partir de FRÁVEGA (2006), RODRÍGUEZ (2008), ACADERC (1989), prensa periódica. (*) De la Rúa se desempeñó en la cartera de Función Pública y de la Reforma Administrativa. Debido a la superposición de funciones decidimos su tratamiento conjunto con el área de planificación.

V. El área de economía y finanzas

El área de economía y finanzas constituye un espacio a partir del cual se pueden observar algunas de las porosidades entre el mundo empresario y el mundo de la política. En el caso de los gobiernos radicales estos espacios quedaron reservados a grupos empresarios y técnicos locales de reconocida trayectoria. La muestra trabajada nos permite inferir que son marginales los casos de ministros que contaban con una historia de militancia política dentro de la UCR. En contraposición, su llegada al gobierno es antecedida por su participación en puestos gerenciales de conglomerados multinacionales o bien en cámaras profesionales o asociaciones gremiales del sector de la economía^[10].

En este sentido, se destacan los cuadros técnicos aportados por Fundación Mediterránea. Este think tank cordobés constituía un espacio de formación de expertos en economía ortodoxa, creado en 1977 debido a la conjunción de 34 empresas lideradas por Piero Astori, empresario de la construcción, y Fulvio Pagani, presidente de ARCOR (RAMÍREZ, 1999). Entre sus principales figuras se destacaron Domingo Cavallo, Carlos Sánchez^[11], Osvaldo Giordano^[12], José Alberto Donato Giai y Jorge Caminotti. Este último fue una figura clave dentro del gabinete provincial de Angeloz, liderando carteras en sus tres períodos. Primero como ministro de Comercio Exterior (1983-1987) y luego como ministro de Economía y Finanzas (1989-1995). Empero, su primera incursión en la gestión pública fue como Subsecretario de Comercio Exterior del gobierno dictatorial de Roberto Viola. Allí, formó parte del equipo económico liderado por Domingo Cavallo^[13]. Asimismo, desde 1980 hasta el comienzo de su incursión pública, había ocupado la vicepresidencia de ARCOR.

También las asociaciones empresarias constituyeron un espacio que aportó cuadros dirigenciales a los gobiernos de Angeloz y Mestre. Por una parte, entre las principales se destacaron las asociaciones de cooperativas agropecuarias. Así, las carteras vinculadas a la actividad agropecuaria se nutrieron de dirigentes de las federaciones como la Asociación Argentina de Cooperativas (ACA) y SanCor, nucleadas a nivel nacional en CONINAGRO. Estas federaciones constituyen una vertiente empresarial dentro del cooperativismo agropecuario que se caracterizaron históricamente por la prestación de servicios vinculados a la comercialización. En los programas reivindicativos de estas asociaciones primaban la oposición a la intervención estatal en la regulación y el control de la comercialización agropecuaria argumentando que la fijación de «precios políticos» y las diferentes instancias de intervención impedían que los mecanismos de mercado asignaran y distribuyeran de manera eficiente los recursos. Además, demandaban al Estado un conjunto de medidas que favorecieran al cooperativismo agroexportador tales como exenciones impositivas, créditos para inversiones productivas, eficiencia en el otorgamiento de cupos de transporte y entrega en los puertos, entre otras cuestiones (POGGETTI y CARINI, 2021). Por otra parte, las actividades comerciales e industriales estuvieron representadas por dirigentes del Centro Comercial e Industrial de Córdoba (actual Cámara de Comercio de Córdoba). Entidad de primer y segundo grado creada en 1932 que reúne en su seno a empresarios y a empresas de más de dieciséis rubros vinculados a la industria, el comercio y los servicios.

Como mencionamos previamente, los grandes grupos empresarios locales también aportaron sus gerentes a los gobiernos de la Córdoba radical. Entre estos se destacan los empresarios del Grupo Roggio, un centenario conglomerado de empresas especializado en negocios de infraestructura y servicios. Había sido fundado en 1908 como empresa constructora y, paulatinamente, diversificó sus actividades hacia concesiones viales, telecomunicaciones, distribución de energía, banca privada, tecnología educativa, negocios financieros e inmobiliarios. Otro ejemplo destacado es el de la Metalúrgica Porta SRL, una empresa nacida en 1958, dedicada a la fabricación de componentes oleohidráulicos para usos en maquinaria agrícola, industrial y aeronáutica.

También ocupaban un lugar central en las carteras de la función económica y de finanzas los directivos de las empresas y dirigentes gremiales vinculados a la producción agropecuaria. En este punto se destacaban ARCOR S.A. y SanCor. La primera es una empresa dedicada a la producción de caramelos que hoy constituye uno de los principales grupos económicos de Argentina, con exportaciones a más de cien mercados y filiales de producción en varios países de América Latina. Fue creada en 1951 Arroyito por la familia Pagani y un conjunto de más de veinte socios vinculados por lazos de parentesco y amistad todos residentes en las cercanías de la localidad cordobesa de Arroyito. Desde la década de 1970 pero especialmente durante la de 1980 la empresa atravesó un proceso de expansión, diversificación y descentralización productivas gracias a la utilización de los regímenes de promoción en las provincias argentinas y al avance de la internacionalización (KOSACOFF, FORTEZA, BARBERO, STENGEL, PORTA, 2001). Para ese momento, la empresa adquiere definitivamente los rasgos de un grupo económico dicha transformación corresponde con el período de mayor durabilidad de los ministros. La segunda se asentaba sobre una de las principales cuencas lecheras de Argentina. El primer núcleo que aportaría producción a SanCor estaba formado por las cremerías cooperativas especialmente ancladas en el territorio santafesino. Desde su conformación en 1938 a 1947 la cantidad de cooperativas asociadas se había incrementado de 16 a 155, cuando se había expandido territorialmente desde San Carlos hasta Ceres en Santa Fe y desde Las Varillas en Córdoba hasta el límite de la provincia de Santiago del Estero. Creció notablemente hasta la década de 1980 y se hizo partícipe de un proceso de acumulación y competencia con los principales operadores de la industria láctea (OLIVERA, 2013).

Cuadro 4. Parte 1.
Perfiles sociopolíticos de los ministros del área de economía y finanzas 1983-1987

Cuadro 4. Parte 2.
Perfiles socio-políticos de los ministros del área de economía y finanzas (1987-1991)

Cuadro 4. Parte 3.
Perfiles socio-políticos de los ministros del área de economía y finanzas (1991-1999)

Fuente: elaboración propia a partir de FRÁVEGA (2006), RODRÍGUEZ (2008), RECHE (2019) y prensa periódica.

VI. El área de obras y servicios públicos

Esta área de intervención pública figura como un eje clave de gobierno, excepto para el final del período dónde, en el marco del ajuste fiscal, fue reformulada como secretaría dependiente del Ministerio de Hacienda. En torno a la cartera, se agruparon las dependencias vinculadas a obras, servicios e infraestructura pública, incluyendo las empresas estatales de energía, transporte y servicios públicos. La provincia contaba con la Empresa Provincial de Energía (EPEC) y Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS). Estas compañías representaban históricamente el corazón del Estado empresario en Córdoba.

En las cinco designaciones para ocupar la cartera predominan profesionales de la ingeniería o de campos afines como la arquitectura. La elección de estos ingenieros para los cargos vinculados a obras públicas respeta una tendencia nacional de largo plazo que se asocia a la consolidación del campo profesional (BALLENT, 2008). En ese sentido, cabe recordar que desde 1943, con la reorganización a nivel nacional del área, se registró un aumento de la proporción de ingenieros en cargos políticos (LUCCHINI, 1981).

En relación con los mecanismos de reclutamiento se reiteran ciertas prácticas. Predomina la elección de profesionales que no contaban con experiencia en la gestión política de estos espacios pero que se encontraban ligados a lazos de confianza con el gobernador o que sus familiares tenían cierta tradición como militantes políticos dentro de la UCR. La excepción a esta regla parece ser la elección de Cándido Alfredo Loncharich Franich, quien se desempeñó como ministro de Obras Públicas durante la gobernación de Justo Páez Molina (1963-1966). Los restantes fueron ingenieros «sugeridos» por dirigentes históricos del radicalismo. En este caso, Felipe Rodríguez, de padres radicales, fue recomendado por el propio Loncharich Franich como su sucesor (RODRÍGUEZ, 2018: 37). Al mismo tiempo, Miguel Ángel Ferrando era hijo del dirigente del mismo nombre que tenía una relación muy cercana con el gobernador^[14].

Durante el período 1983-1995 quienes la ocuparon, más allá de las credenciales esgrimidas, tuvieron una importante visibilidad pública. Luego de 1989, existieron intentos de privatizar las empresas públicas que no pudieron concretarse, en parte, por la fuerte resistencia de las organizaciones sindicales afectadas (ARRIAGA, 2021). Sin embargo, la crisis económica afectó a la provincia a mediados de la década de 1990 y conllevó, entre otras cuestiones, la firma del Pacto Fiscal con la Nación y el compromiso de concretar aquellas privatizaciones. Esto provocó en 1997 la privatización de EPOS y el nacimiento de Aguas Cordobesas^[15]. La reforma se llevó adelante bajo la órbita del Ministerio de Hacienda del gobierno de Ramón Mestre. Por lo que consideramos que la degradación del área estuvo fuertemente vinculada a los compromisos de venta de activos estatales en el marco de una política de ajuste fiscal.

Cuadro 5.
Perfiles sociopolíticos de los ministros del área de Obras y servicios públicos 1983-1999

Fuente: elaboración propia a partir de FRÁVEGA (2006), RODRÍGUEZ (2008), prensa periódica. (*) Aquí la denominación de la cartera pasó a ser Hacienda, Vivienda, Obras y Servicios Públicos.

VII. A modo de conclusión: un perfil sociodemográfico de los ministros de la córdoba radical

El recorrido trazado buscó delinear el perfil socio-profesional de las élites políticas cordobesas a partir de un estudio basado en el reclutamiento del personal ministerial de la provincia. En ese sentido, a los fines de sintetizar la información proponemos una mirada de conjunto de la muestra delimitada teniendo en cuenta algunas variables sociodemográficas y políticas que nos aproximan a quiénes fueron los principales agentes estatales del gobierno de Córdoba en el período 1983-1999.

El análisis arrojó evidencias empíricas sobre la fisonomía de los grupos políticos. Una primera consideración se vincula a la edad, al género y a los patrones de procedencia de los ministros. En la muestra predomina una composición de varones jóvenes, de 47 años promedio. El más joven fue Omar Eduardo Capdevila con 39 años, siendo los más longevos Loncharich Franich y Severiano Serrano con 59 años (ambos históricos dirigentes del partido). Asimismo, el área más «envejecida» fue la de Obras y Servicios Públicos. En las restantes, prevalece un perfil de funcionario de, alrededor, 46 años. Esta preponderancia de jóvenes en altos cargos institucionales tal vez pudo deberse a las prácticas de selección instrumentadas, fundamentalmente, durante los gobiernos de Angeloz en la que era frecuente acudir a familiares de quienes contaban con una dilatada trayectoria dentro de la UCR o bien tenían una relación cercana al entonces gobernador. La literatura especializada tendió a destacar el manejo del juego político por parte de quienes ocuparon las carteras políticas nacionales. En este caso, el perfil del individuo ministerial fue un joven abogado con escasa o nula participación política previa debido a que en su elección se privilegió la cercanía al gobernador más que su trayectoria al interior del partido o en ámbitos extrapartidarios. Esto puede obedecer a la intención de no generar un cuadro político interno que pueda rivalizar con la figura del gobernador. A su vez, la inscripción de estas trayectorias en partidos de alcance nacional facilitó el despliegue de carreras políticas de mayor jerarquía, siendo las carteras de estudio los primeros pasos de algunos en la función pública.

En cuanto al género, la política cordobesa, al menos en sus posiciones de mayor responsabilidad parece ser cosa de hombres. Las carteras tradicionales, es decir, aquellas que históricamente formaban parte del diagrama del gobierno y que no se alteraron con las reformas implementadas en el período, siempre fueron ocupadas por hombres. Dejamos fuera de la muestra, en esta oportunidad, el caso del área de Educación, donde Margarita Sobrino de Soriano fue la única mujer que ocupó un cargo ministerial durante el período 1987-1993.^[16] Resta para futuros trabajos indagar no solo la proyección de estos espacios sino sumar las secretarías y subsecretarías. Estos funcionarios, casi en su totalidad, proceden de la ciudad de Córdoba. Una excepción, la constituyen los casos de los ministros de las carteras vinculadas a las actividades productivas, en particular de las agropecuarias, que pueden tener cierta pertenencia territorial en el interior provincial. Esta cuestión resulta interesante para indagar en posteriores aproximaciones para comprender, por un lado, cómo las demandas de las subregiones de la provincia son procesadas o bien cómo sus representantes logran penetrar en la estructura estatal y, por otro lado, cómo se perpetúan o generan desequilibrios regionales al interior del espacio provincial.

Una segunda consideración se vincula con el nivel educativo de los ministros. De los 29 ministros que constituyeron nuestra muestra el 93% poseían formación de grado. La mayor proporción de las profesiones son las liberales, destacándose las vinculadas al Derecho (abogados y procuradores), las del campo de la economía (contadores, licenciados en economía) y las del área de la ingeniería civil y la arquitectura. Esta distribución se estructura en función de los saberes que cada especialidad los habilita a participar. Es decir, no hallamos casos de, por ejemplo, economistas en áreas que no sean afines a sus competencias. Las áreas económicas fueron reservadas para cuadros técnicos de la Fundación Mediterránea y las carteras productivas destinadas a importantes empresarios del sector económico de la provincia. La presencia de estos sujetos en los elencos ministeriales, algunos con formación de posgrado, nos permite reconocer su temprana capacidad para captar al Estado y, de esa forma, promover políticas públicas afines a sus intereses. Diametralmente opuesta resultó la incorporación de los técnicos del área de obras y servicios, quienes – en su mayoría – no tuvieron luego una carrera política y retornaron a la actividad privada conformando estudios y consultorías para el asesoramiento de empresas. En este punto, fueron los abogados los que se destacaron en la muestra debido a formaciones en especializaciones o doctorados en instituciones locales o internacionales. Cabe destacar que se evidencia la gravitación de la Universidad Nacional de Córdoba como locus de formación del grupo dirigente. En este punto, los claustros de la centenaria institución siguieron cumpliendo su papel como espacio de reproducción y sociabilidad de la elite política de la provincia.

Una tercera cuestión se asocia a las trayectorias previas a ocupar el cargo de ministro. Aquí se plantean dos alternativas. Por un lado, aquellos individuos que construyeron su trayectoria a partir del ingreso a la política, es decir, que el tránsito por el cargo los habilitó para ocupar, posteriormente, otras instancias dentro del aparato estatal provincial o nacional y que, por ende, hicieron de la política su profesión. Uno de los casos emblemáticos fue el de Oscar Aguad, quien luego fue numerosas veces candidato a gobernador y tuvo una participación como Ministro de Comunicaciones y de Defensa durante el último gobierno nacional (2015-2019). Por otro lado, se encuentran sujetos que contaban con una trayectoria en el mundo empresarial y que concluida la función para la que fueron convocados, su participación en el ámbito público finalizó. Tal fue el caso de José Donato Giai quien era un ingeniero de vasta trayectoria al interior del grupo ARCOR, llegando a ocupar la vicepresidencia a partir del 2000, pero que no tuvo mayores incursiones en la función pública luego de su la gestión provincial.

Por último, una cuarta consideración se asocia al vínculo entre el campo empresario y el Estado. Lejos de tratarse de un fenómeno reciente, esa relación para el caso de Córdoba posee historicidad. En este punto, fueron los cuadros formados por Fundación Mediterránea los que han liderado las carteras económicas en gran parte del período en estudio. De esa forma, se observa el predominio de individuos formados académica y profesionalmente con Domingo Cavallo. En este marco, ARCOR se erigió en el trampolín de ascenso de estos principales cuadros políticos, aunque también resultó significativa la presencia de otras cámaras y entidades empresarias, en particular, las asociadas a la metalurgia.

Referencias bibliográficas

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Notas