I. Introducción

En el exhaustivo trabajo producido por Aboy Carlés (2001) titulado «Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem», el autor llevó adelante una suerte de reconstrucción histórica sobre las conformaciones y reconfiguraciones de las dos grandes identidades políticas nacionales, la «radical y la peronista. Nuestra empresa es bastante más modesta y pretende constituirse como un aporte inspirado en dicha obra. Más precisamente, se trata de ofrecer un análisis de la crisis de identidad de la UCR en el período que transcurre entre los finales anticipados de los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, es decir, en el marco de lo que Russo (2003) denominó régimen democrático de alternancia imperfecta.

La hipótesis que guía esta investigación parte de un supuesto central que no ha sido trabajado en la literatura especializada sobre el tema: la crisis hiperinflacionaria de 1989 y el retiro anticipado del gobierno de Alfonsín distaron de constituir un jaque mate a la identidad radical. En este sentido, estimamos que es, sobre todo, a partir del Pacto de Olivos y de la breve y trunca experiencia del gobierno UCR-FREPASO Es ahí donde cabe rastrear las claves del declive y transformación de la identidad radical. Una identidad fuerte que se había anclado durante más de un siglo en el imaginario social de los argentinos en correlación con la defensa democracia política y la honestidad republicana.

De hecho luego de la experiencia alfonsinista, en las elecciones mayo del 89´, el candidato radical Eduardo César Angeloz obtuvo 37,10% de los sufragios, de los cuales 32,49% se correspondía con las boletas de la UCR. En la elección de diputados nacionales, el radicalismo obtuvo un apoyo importante el 35,5% de los votos (Nohlen, De Riz, 1991). Aún en las elecciones legislativas de 1993, conservó su histórico voto fiel –identitario- alcanzando el 30% de los sufragios en un contexto caracterizado por el marcado interés del gobierno de Menem para reformar la constitución nacional sin atenerse al requisito de los dos tercios del Congreso para otorgarle viabilidad (Persello 2007:318).

Para comprender la crisis identitaria que posteriormente devino en un debilitamiento de la capacidad electoral del partido, se exponen, en primer lugar, aspectos teóricos centrales relativos al concepto de identidad política. En segundo lugar, se ilustran algunos atributos en común de diversos gobiernos radicales de la segunda mitad del siglo XX: estos se vinculan a lo que consideramos uno de los ejes centrales de la identidad política de radicalismo; el eje honestidad/corrupción; para posteriormente darle lugar al análisis de hitos básicos de la crisis identitaria de la UCR durante el período estudiado.

II. La identidad: no es estática, cerrada ni permanente

En el libro «¿Quién necesita la identidad?» Stuart Hall (1996) aborda la cuestión de la identidad como un proceso de sujeción a las prácticas discursivas junto a la política de exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar. Desde su perspectiva, el lenguaje del sentido común, explica que la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo y con el «vallado natural» de la solidaridad y la lealtad que se establecen a partir de este fundamento compartido. Hall discute con esta definición a la que califica como naturalista y se inclina por adoptar un enfoque discursivo en el cual la identificación es reconocida como una construcción. «Un proceso nunca terminado». La identificación es entonces condicional y se afinca en la contingencia.

En su mirada:

«Una vez consolidada, no cancela la diferencia. La fusión total es una fantasía de incorporación. La identificación es, entonces, un proceso de articulación, una sutura, una sobredeterminación y no una subsunción. Siempre hay «demasiada» o «demasiado poca»: una sobredeterminación o una falta, pero nunca una proporción adecuada, una totalidad» (Hall, 1996: 15).

Entonces, aunque las identidades aparentan invocar un origen en un pasado con el cual continúan en correspondencia, en realidad tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; «no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos convertirnos» (Hall, 1996:15-17).

1. Juego de la diferencia con lo otro y con lo anterior

El proceso de identificación obedece a la lógica del más de uno y su dinámica se nutre de la diferencia: no existe un proceso de construcción de identidad que prescinda de un trabajo discursivo y de la marcación y ratificación de límites simbólicos. La producción de «efectos de frontera» y por consiguiente, la exclusión resultan inevitables dado que una identidad se constituye en base a «lo que queda afuera».

De este modo, se constata que las prácticas articulatorias que constituyen y organizan relaciones sociales a través de configuraciones de sentido que no ocurren en un vacío discursivo. Gerardo Aboy Carlés (2001), en su estudio sobre las identidades políticas elaboró una definición del concepto que implica la puesta en práctica de alianzas que generen mecanismos de solidaridad interna y de exclusiones que establezcan una otredad.^[1]

La exclusión y la diferencia, presentes en una trama discursiva configuradora de sentido, nos colocan de cara a lo que Aboy Carlés denomina como frontera política^[2]: una herramienta situada dentro del campo de lo discursivo que concibe un pasado oscuro que se quiere dejar atrás. El autor señala que tanto el proceso de constitución de la identidad política radical, como el nacimiento de la identidad política peronista, significaron en el siglo XX una ampliación del sistema político nacional: ambos incluyeron a quienes estaban excluidos. Aunque no siempre funcione como herramienta para ampliar el sistema político, la frontera política eficaz, es aquella que a partir de la lectura de demandas sociales, pone de manifiesto nítidamente aquella otredad y tiene potencia para interpelar a vastos sectores de la sociedad.

Partiendo de las nociones de «sedimentación» y «reactivación» de la fenomenología transcendental de Husserl, Laclau (1993) aportó importantes elementos para una teoría de la constitución de lo social. El autor entiende que no hay identidad fuera de un sistema de alteridades, que en el juego de la representación, tienen un papel constitutivo. En otras palabras, la constitución de la identidad ocurre de acuerdo a lo que se excluye, a un exterior, que es una alteridad. Pero Aboy Carles (2001:45) agrega otra complejidad al expresar que toda práctica articuladora de sentido tiene lugar en un campo parcialmente sedimentado y objetivado y en competencia con otras prácticas configuradoras de sentido. Es decir, cuando hace referencia a la «competencia con otras prácticas configuradoras de sentido», se refiere a la cuestión de la alteridad. No obstante, respecto al uso del término «sedimentación», cuando Aboy Carlés expresa que la dotación de sentido ocurre en un campo parcialmente objetivado y sedimentado, se refiere al carácter precario, abierto y contingente (susceptible de transformaciones), de toda identidad política: nuevos elementos que interactúan con «lo viejo» sin soslayarlo. Es decir, al no haber identidades originarias, las identidades políticas se montan sobre un doble juego de configuración de sentido: el que opera de acuerdo a un exterior pero también sobre configuraciones de sentido anteriores que operan como una especie de antecedente de esa nueva identidad.

En su artículo «Pensar la ideología y las identidades políticas. Aproximaciones teóricas y usos prácticos», José Moreno (2015) también se apuntala sobre las nociones de «sedimentación» y «reactivación» para analizar la dinámica de las identidades políticas. Señala entonces que las identidades políticas, al constituirse siempre de un modo parcial, están permanentemente sujetas a las reconfiguraciones como consecuencia de «actos constitutivos» que operan sobre lo sedimentado y «reactivan» lo social^[3]. Moreno (2015) explica que la relación entre el acto constitutivo y lo sedimentado es la de lo nuevo y lo viejo, y en este sentido siempre se trata de una tensión: siempre se juega una tensión, que puede ser mínima si el acto constitutivo se asimila fácil y rápidamente a lo sedimentado y máxima cuando pone en crisis determinados elementos centrales de lo ya constituido. Las diversas lecturas sobre la cuestión de las identidades políticas, nos ha despertado el interés sobre la noción de «acto constitutivo». De acuerdo a lo que plantea el autor «...la constitución de las identidades se da siempre de un modo parcial, en la medida en que constantemente se producen actos constitutivos que operan sobre lo sedimentado, que reactivan lo social» (Moreno, 2015: 46). El autor nos recuerda que Laclau explica de esta manera el escenario de lo político que involucra la constante modificación de lo social. La noción de «acto constitutivo» está pensada en referencia a la de «acto de identificación» de Ernesto Laclau como aquella dialéctica entre lo sedimentado en una identidad política y aquello que lo interpela y deconstruye. Se trataría entonces de elementos que no logran ser del todo asimilados por la identidad en cuestión.

La noción de acto de identificación de Laclau, «lejos de la acepción corriente de una adecuación a un marco social dado, connota la idea de institución, como acción instituyente de nuevos sentidos» (Aboy Carlés, 2001: 51). Aunque «acto de identificación» y «acto constitutivo» están estrechamente vinculadas, resulta interesante diferenciar lo que Lacalu llama «acto de identificación» y lo que Moreno designa como «acto constitutivo» con el propósito de aplicarla al estudio de la dinámica de las identidades políticas.

En este sentido, entendemos que el acto de identificación habla de «el momento» de la re-configuración de la identidad política; de su alteración. En cambio, tal como se propone nuestro artículo, si quisiéramos explicar la dinámica de las identidades políticas a partir de los «actos constitutivos», podemos pensar en aquellas acciones de las diversas formaciones políticas que terminan moldeando siempre de manera parcial y precaria su identidad. Son acontecimientos cruciales y contingentes propios de lo social conflictivo que repercuten en la sociedad en el proceso de identificación con las formaciones políticas.

En otras palabras, toda identidad política se reactiva con lo nuevo, pudiendo mantener o no los elementos centrales que la estructuran. La envergadura de la tensión pasa entonces por la capacidad de asimilar lo nuevo a lo sedimentado.

Con el objeto de desarrollar nuestra hipótesis de trabajo hemos considerado mencionar ciertas propiedades de los actos constitutivos:

• Actos de una formación política (oficialista u opositora) que pueden tener efectos concretos en la realidad social.

• Acciones que penetran en la opinión pública e inducen a «tomar una posición».

• Actos que a través del paso del tiempo continúan en la memoria colectiva de la sociedad.

III. Un rasgo de la identidad política de la UCR: honestidad sedimentada

Si bien una identidad política se constituye en base a diversas cualidades, la radical se nutrió desde sus orígenes, del valor de la honestidad política y administrativa. Hipólito Yrigoyen, profesor de filosofía en la Escuela Normal de Señoritas de la ciudad de Buenos Aires, estaba profundamente influenciado por el pensador alemán Karl Christian Friedrich Krause, cuyas ideas se transmitieron en Argentina a través de sus discípulos españoles (Francisco Giner de los Ríos) y belgas (G.Tiberghien). Desde la mirada del krausismo la política era una rama de la moral, dado que la ética, la conducta moral de las personas, era una dimensión previa al desenvolvimiento de la actividad política. Frente a la corrupción y los negociados del «régimen» conservador, los radicales esgrimieron como seña de identidad la búsqueda del rigor ético en la vida pública y privada. Ello se tradujo en los valores y el lenguaje radical (por ejemplo, «Conducta Correligionario»); privilegió, asimismo la educación moral a la intelectual. Sus figuras ejemplares no fueron intelectuales sino hombres morales, «integros», desde Yrigoyen a Alfonsín pasando por Amadeo Sabattini, Moisés Lebenshon o Arturo Illia (Roig, 2006; Rouquie, 1975). Se le otorgaría importancia a esta cualidad en función de la construcción del partido y por consiguiente, de cara al desarrollo de un proyecto de país. Este rasgo distintivo –asociado también al de las libertades ciudadanas y las virtudes republicanas- paso a formar parte del imaginario colectivo y constituyó uno de los secretos de la perdurabilidad de la identidad radical.

Ciertamente, no se trató solo de un ejercicio retórico. Conviene a mi argumentación recordar brevemente tres experiencias de oposición a gobiernos radicales; los de Frondizi (UCRI), Illia (UCRP) y Alfonsín (UCR). En los tres casos, el eje del discurso opositor no se pudo sostener en acusaciónes de corrupción. Diversos autores –Nicolás Babini (1984), Catalina Smulovitz (1988), Celia Szusterman (1998), Carlos Altamirano (1998) - observaron que durante su presidencia, Arturo Frondizi tuvo que hacerle frente a múltiples acusaciones que provenían tanto del ámbito nacional como internacional. Por una parte, la UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo), se presentaba como opositora al gobierno, acusándolo de pactar con el PJ. Por otra parte, un sector del ejército se erigía como un grupo de presión que amenazaba la estabilidad del mandato también endilgándole a Frondizi su predisposición a adoptar ciertas políticas acuerdistas con el PJ y su complicidad con el comunismo. Además de esto, luego de transcurrido poco tiempo de su asunción, los sindicatos identificados con el peronismo también pasarían a formular acusaciones contra la figura presidencial. Por otra parte, las acusaciones desde el exterior estaban íntimamente vinculadas a las presiones externas en el marco de la Guerra Fría y al conflicto entre los Estados Unidos y Cuba: el propio gobierno de los Estados Unidos posó la lupa sobre la posición del gobierno argentino del cual sospechaba su cercanía al «marxismo». Por otra parte, tanto los sectores nacionalistas como los de izquierda, impugnaban tanto la nueva política respecto a las inversiones extranjeras, así como también los encuentros que se mantuvieron entre representantes del gobierno argentino con sus pares norteamericanos: Ninguna de estas acusaciones provenientes tanto de propios y ajenos; como de ámbitos nacionales e internacionales, tenían como sustrato la cuestión de la corrupción.

En relación al período presidencial Arturo Illia, se ha sostenido que aún en esa época, las posibilidades de hacer carrera dentro del partido o de ser postulado para un cargo público, estaban en función de la posición que se ocupara dentro del aparato partidario. De esta manera, se explica el ascenso de Illia desde la presidencia del comité departamental hasta la Presidencia de la Nación (Tcach, 2006). Este hecho reflejaba entonces, cierta autonomía financiera que aún conservaba el radicalismo. Primaba el peso específico de la actividad política por sobre la influencia que podían llegar a ejercer los poderes fácticos. En este sentido, eran categóricas las palabras de Ricardo Balbín^[4] aduciendo que el radicalismo era un «partido pobre»^[5]. Más ilustrativo resulta el hecho que durante la segunda mitad de los años 50 se continuaban organizando ferias de platos para financiar las campañas electorales. Asimismo, durante el gobierno de Illia se promovió una búsqueda obsesiva por conciliar en el aparato estatal «honestidad» con «clientelismo». Es decir, a pesar de la renuencia a apostar por funcionarios «profesionales» se promovió, en distintos niveles de la administración estatal, la creación del «Registro de Bienes» de los funcionarios públicos. Se trataba de que antes de los quince días de asumir sus cargos, «los funcionarios remitieran a los registros las declaraciones juradas de sus bienes personales, los de sus hijos y cónyuges» (Tcach, 2006: 62- 67-68). Para el autor, de esta manera se buscó identificar al radicalismo como una suerte de «vanguardia moral de la sociedad».

Restaurada la democracia argentina en 1983, los temas que dominaban la esfera pública giraban en torno al restablecimiento del estado de derecho, a la condena para quienes habían sido responsables de la represión y a la recuperación de la economía nacional. No es el propósito de nuestro artículo hacer un análisis o un balance sobre el gobierno alfonsinista. Mucho se ha escrito sobre la cuestión. Lo que sí nos resulta de interés y es adecuado mencionar a fines de analizar la cuestión de la honestidad en relación a la identidad política de la UCR, son aquellas críticas o acusaciones que recibió la administración Alfonsín durante su mandato. Aquellos flancos que fueron objeto de cuestionamientos tanto de la oposición como de distintos sectores de la sociedad. Estos no estuvieron signados por el tema de la corrupción como eje central. Más bien, se relacionaron con la crisis socio-económica que derivó en la escalada hiperinflacionaria y la la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final^[6].

El trabajo realizado por Silvana Luverá (2013) resulta ejemplificador al poner de manifiesto las críticas y el repudio que recibió el gobierno de Alfonsín luego de la sanción de las leyes mencionadas en el párrafo anterior. En cuanto al plano económico, ante la falta de respuestas positivas luego de la implementación de los planes Austral y Primavera, se puso de manifiesto una severa crisis hiperinflacionaria a la par de una profunda degradación del tejido social. Esto sumado a los levantamientos militares de 1987 y 1988, daban una imagen de un gobierno sumamente frágil. En este contexto, durante la campaña electoral de 1989, el candidato Carlos Saúl Menem^[7] señalaba la sensación de vacío de poder. Marcelo Cavarozzi (2009) sostiene que en 1989 la mayoría de la ciudadanía evaluaba que la capacidad de gestión de Alfonsín era nula y Aboy Carlés expresa que la frontera política menemista se constituyó por una parte, a partir de un antagonismo al caos y a la amenaza de disolución de lo social, pero también mediante un «discurso hobbesiano de superación del caos» (Aboy Carles, 2001: 16). Para dicho autor, esto significó una estrategia de auto-constituirse como el «Partido del Orden» (Aboy Carlés 2001, 2002).

Cabe señalar, finalmente, un trabajo en base a material de archivo de la Universidad de la Plata en el marco de un homenaje al ex presidente Alfonsín, que recoge diversos testimonios de una variedad de referentes de la política nacional que se manifiestan sobre la figura de Raúl Alfonsín. Políticos pertenecientes a diversos sectores partidarios como Alberto Fernández, Patricia Bullrich, Aníbal Fernández, Roberto Lavagna y Graciela Fernández Meijide, destacaron su «honestidad», «austeridad» e «integridad»^[8].

IV. Pacto y antecedente: la génesis de la crisis de identidad

El gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) estuvo signado por una gran cantidad de hechos de corrupción. No es el propósito de este apartado enumerarlos, pero sí parece pertinente exponer algunas de las ideas vertidas sobre la problemática durante este período. En este sentido, Hugo Quiroga (2018:241) expresa que durante la administración Menem, la corrupción se organizó desde la cúpula del Gobierno a través de prácticas que transfirieron al máximo los recursos públicos en beneficio personal de los funcionarios. Por su parte, el historiador Luis Alberto Romero (2010:80-81) sostiene que Menem obró en el borde mismo de la legalidad y en particular, destaca la imagen de la corrupción «verdaderamente escandalosa» que practicó su círculo íntimo protegido por la autoridad del jefe y la complacencia judicial. En la misma dirección van las expresiones de Marcos Novaro (2009: 451) quién al referirse al proceso de privatizaciones de empresas las públicas, destaca que el tipo de relación entre lo público y lo privado resultante, y las oportunidades para la corrupción que lo acompañaban, quedaron en evidencia en infinidad de casos. Marcelo Cavarozzi (2009: 123) pone de manifiesto la cultura de la ostentación y expresa que la mayoría de estos «nuevos ricos» ostentosos, muchos de ellos beneficiarios de la corrupción, eran empresarios, gerentes, consultores y especuladores privados. Pero al mismo tiempo, afirma que los personajes que más indignación causaban en la sociedad eran los políticos y funcionarios que «nos están robando nuestro dinero».

La problemática de la corrupción se convirtió así en un eje central en la discusión pública nacional y fue uno de los flancos principales elegidos por la oposición al momento de argumentar contra la administración Menem. Así lo demuestra el trabajo de Martín Astarita (2014), quien señala que la cuestión de la corrupción concitó un marcado interés en el ámbito académico en la década del 90’. En el ámbito nacional, el autor cita, entre otras publicaciones, La carpa de Ali Baba. El Grupo de los Ocho contra la corrupción (1991), de Hugo Barcia y Norberto Ivanchich; Un país al Margen de la ley, de Carlos Nino (1992) y La Corrupción, de Mariano Grondona (1993). Además, en este período proliferaron los estudios provenientes de la ciencia política y también de la economía, en los que la lucha contra la corrupción aparece como un factor clave para el éxito económico.

Las elecciones legislativas de 1993 resultaron un espaldarazo para el gobierno de Carlos Menem. Marcos Novaro (2009) sostiene que en las elecciones previas, de 1991, sus votos podían atribuirse a un efecto transitorio de la experiencia aún demasiado presente de la hiperinflación y al «éxito momentáneo» de la Convertibilidad. Pero respecto a las del año 1993, el autor explica la retención del votó peronista por parte del gobierno a través de dos factores. a) una aprobación programática más amplia y firme; y b) la competencia electoral del PJ, como un partido profesionalizado y disciplinado. El efecto inmediato de esos resultados fue la activación del proyecto que había ido ganando cada vez más centralidad para el Ejecutivo: la modificación de la Constitución para habilitar la reelección presidencial a través del Pacto de Olivos^[9] (Novaro, 2009: 456-457). La trama que derivó en este acuerdo bipartidista fue compleja, y se desarrolló en un clima de alta tensión dominado por un largo conjunto de negociaciones y concesiones tanto intra como extra-partidarias^[10]. Isidoro Cheresky (1996) afirma que al suscribir a la firma de ese pacto, Ricardo Alfonsín dio un giro completo en su posición que, hasta ese entonces, había sido de acérrima crítica al autoritarismo del gobierno.

En el plano intrapartidario, Hugo Quiroga reconoce que «el pacto de Olivos abrió una crisis profunda en el interior de la Unión Cívica Radical que puso al partido centenario al borde de la ruptura» y recuerda que se intervinieron distritos rebeldes cuyas conducciones se negaban a aceptar el pacto decidido por Alfonsín (Quiroga, 2005: 1999). Autoras como Violeta Dikenstein y Mariana Gené (2014: 47) indican que la firma de este acuerdo propició un escenario desfavorable para el partido que no solamente se tradujo en posibles rupturas y migraciones de sus miembros: al ceder a las intenciones reeleccionistas de Menem, la capacidad del partido para presentarse como alternativa opositora se volvió problemática. Javier Zelaznik (2013) también destaca el desdibujamiento del rol opositor de la UCR, que además debilitó notoriamente al partido en el plano electoral.

Apenas anunciada por el oficialismo la posibilidad de convocar a un plebiscito, se desataron los conflictos al interior de la UCR. Los gobernadores radicales enfrentaron una disyuntiva: apoyar el discurso opositor sostenido por el partido o resguardar su posición institucional. Existían dos elementos que los inclinaban a favor de la última alternativa. El primero se ligaba con las reformas reeleccionistas que habían conducido en sus propias provincias, lo que sugería una alineación con la propuesta presidencial. El segundo se vinculaba con el presidencialismo y el débil federalismo fiscal argentino. Con un Ejecutivo nacional fuerte y con manejo de los recursos, los gobernadores no tenían el margen para oponerse a la iniciativa presidencial (Pegoraro y Zulcovsky, 2011:108-109).

A partir de la consumación del «Pacto de Olivos» en el año 1994, es posible captar un antecedente que denota la tensión entre lo nuevo y lo sedimentado en relación al eje UCR/honestidad. Esto no quiere decir que el Pacto de Olivos haya estado signado por la corrupción o que haya incluido conductas corruptas. Lo que más bien se intenta señalar es que para un sector importante del electorado radical, el pacto significó una claudicación enorme por parte del partido al considerar que sus representantes habían pactado con un presidente sumamente corrupto. Su traducción electoral fue inmediata: en las elecciones constituyentes de abril de 1994 la UCR obtuvo sólo el 19,8% de los votos, es decir, alrededor de 10 puntos menos que en los comicios parlamentarios del año anterior (Persello 2007: 319-321; Fidanza 1997). La curva descendente mutilaba ahora a un segmento del propio voto radical, en consonancia con la irrupción del Frente Grande, una coalición de peronistas y radicales disidentes, intransigentes, demócrata cristianos y socialistas, que alcanzó el 12, 7% de los votos. Fidanza (1997) reconoce al respecto que existe un consenso acerca de que el acuerdo Menem-Alfonsín tuvo consecuencias negativas sobre el caudal electoral del radicalismo en todo el país. Desde su mirada, fue la peor elección que hizo el radicalismo desde 1983, sólo superada el año siguiente por lo que obtuvo la candidatura presidencial de Massaccesi.

En efecto, la disconformidad se vio claramente reflejada en las elecciones nacionales de 1995 en las que el candidato a presidente de la UCR, Horacio Massaccesi obtuvo el 16,7% de los votos, 20 puntos porcentuales menos que en las anteriores elecciones nacionales de 1989. Fidanza (1997) se remite a un estudio de opinión realizado por su consultora luego de la celebración del Pacto de Olivos en el cual la «traición» aparece como sentimiento de muchos radicales luego de celebrarse el acuerdo. Un dato no menor es que hasta 1995 predominó nítidamente un esquema bipartidista en las elecciones presidenciales. A partir de allí se reconoce un importante declive de la UCR respecto a su performance electoral.

Otra de las cuestiones que emergen a partir de ese estudio es el señalamiento a partir de lo que se consideró una pérdida de capacidad opositora de la UCR. Estos argumentos si bien pueden parecer algo generales, no estaban alejados del sentir del electorado radical de ese entonces. Cheresky (1996) sugiere que el efecto principal de esta experiencia parece haber sido el debilitamiento de la oposición, habiéndose integrado una parte del radicalismo al estilo político decisionista del partido dominante (PJ). El carácter inicialmente secreto del pacto entre Menem y Alfonsín, al margen de las estructuras partidarias coadyuvó a fortalecer esa percepción (Quiroga 2005: 199). Como se puede observar, no hay un factor determinante que explique el debilitamiento electoral del radicalismo durante este período, pero parece pertinente incluir al Pacto de Olivos como un acto constitutivo que entró fuertemente en tensión con aquello sedimentado respecto de la honestidad como un pilar fundamental de la identidad de la UCR. Para Persello la UCR, «al negociar con el oficialismo, había perdido los últimos restos de credibilidad» que le quedaba (Persello, 2007:322). No sólo dejo de ser percibido como un fuerte partido opositor sino que, al tratarse el gobierno de Menem de una administración sumamente corrupta, es posible reconocer el primer antecedente en el cuál la UCR no se ve reflejado como aquel espacio político inclaudicable en la lucha contra la corrupción.

V. Esperanza y desilusión

Hacia mediados de 1997 el ciclo menemista ya estaba agotado. Si bien el régimen de convertibilidad continuaba vigente, los índices macroeconómicos eran muy negativos. Sobre todo los relativos al crecimiento de la pobreza y la desocupación. Este panorama se sumaba a la enorme cantidad de escándalos de corrupción que rondaban sobre la figura presidencial y su entorno. En este contexto se consumó la alianza entre el FREPASO^[11] y la UCR que adoptaría el nombre de Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación y debutaría electoralmente en los comicios nacionales de 1999. Para conducir la agrupación de los partidos se estableció un grupo de cinco personas: Graciela Fernández Meijide, Carlos «Chacho» Álvarez, Rodolfo Terragno, Fernando de la Rúa, y Raúl Alfonsín.

Fernández Meijide era una referente destacada del ámbito de los Derechos Humanos desde el retorno de la democracia y en los tempranos 90’ comenzó su militancia política partidaria en el espacio de orientación de centro-izquierda llamado Frente Grande. Carlos Álvarez era una figura proveniente del peronismo pero durante la presidencia de Menem se escindió del oficialismo junto con otros referentes para conformar el «Grupo de los ocho»^[12] para llevar una política de oposición al menemismo. De la Rúa, a partir de 1996 fue electo Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la UCR alcanzando el 40 por ciento de los votos. Terragno, ocupó el ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Alfonsín y luego se desempeñó en cargos legislativos. Era uno de los cuadros partidarios más relevantes del partido en ese momento. El ex presidente Raúl Alfonsín continuaba siendo el presidente del Comité Nacional de la UCR y máximo referente partidario.

La negociación fue difícil porque dirigentes tanto del FREPASO como del radicalismo discutían por cuestiones ideológicas o de modelo económico. Así, por ejemplo, la discusión que enfrentó a Machinea con el economista Enrique Martínez, al que acusó de «populista»^[13].

Amancio Vázquez (2014) recuerda que el Pacto de Olivos fue uno de los ejes centrales de las controversias y que por otra parte los gobernadores radicales (Córdoba, Chubut y Río Negro) casi provocaron la frustración de la negociación. En cambio, los radicales de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, consideraban las enormes ventajas electorales que suponía un acuerdo con el FREPASO y terminaron por inclinar la balanza a favor del acuerdo. En términos generales, a la UCR se le hacía quizá más difícil reconocer un equilibrio de poder en el seno de la coalición. Incluso los radicales más proaliancistas planteaban que el radicalismo debía ser considerado como la fuerza hegemónica de la Alianza. Sin embargo desde el FREPASO se ponía sobre la mesa de negociaciones la elección presidencial de 1995 en donde obtuvo el 30% de los votos contra un pobre 16,9% de la UCR. La decisión final de concretar la Alianza se tomó repentinamente y en secreto. Federico Polak, vocero de Alfonsín junto a los «Cinco Grandes» o «Grupo de los Cinco» (Alfonsín, Álvarez, Fernández Meijide, Terragno y De la Rúa) dieron nacimiento a la Alianza. A los pocos días se dio a conocer a la prensa otro escrito «El Compromiso de la Alianza»: un acuerdo programático de acción legislativa donde se sientan las bases para la definición de una fórmula conjunta presidencial. Es decir, formalización de acuerdos acerca del interés que afectaba a ambas partes –propuestas políticas alternativas a las menemistas y candidatura conjunta a la Presidencia en 1999–. Este «Compromiso de La Alianza», junto con la «Carta Constitutiva de La Alianza», serán la base de la «Carta a los Argentinos»^[14] formulada un año después en agosto de 1998 como un documento mucho más elaborado y conocido. Allí figuraban cuestiones atinentes a diferenciarse del gobierno de Menem, como por ejemplo, que los ministros, secretarios y subsecretarios deberían presentar su declaración de bienes antes de asumir el cargo; que se promovería la negociación colectiva de trabajo en todos los niveles; que se aumentaría el presupuesto destinado a la educación y que se elevarían progresivamente los salarios de los docentes.

Si se observan los mensajes durante la campaña^[15] cuando el candidato a presidente, Fernando De la Rúa, aseguraba que tenía «cien casos de corrupción para llevar a la Justicia»^[16], que le cortaría «la cabeza a la corrupción» o que el dinero que iba «a quitarle a la corrupción» se invertirá en educación, se reconoce que la intención central del trazado de una frontera política iba en dirección de antagonizar con el menemismo a partir del clivaje honestidad/corrupción. Este componente del discurso fue el que más adhesión generó en la ciudadanía.

1. Cuando «lo nuevo» no es asimilado por «lo viejo»

El 29 de marzo de 2000, mientras se debatía en la Cámara alta la Ley de Reforma Laboral, el líder sindical Hugo Moyano expresó que durante una reunión, a fines de enero de 2000, en el marco de una cena en el club Obras Sanitarias, el Ministro de Trabajo Alberto Flamarique de la Alianza, le dijo que para los senadores del PJ que se negaban a aprobar la reforma, él tenía «la Banelco». Moyano contó que en ese encuentro se discutió la ley de reforma laboral, y que él, en su condición de líder sindical, se opuso. Señalo que Flamarique hizo esa afirmación cuando evaluaron que la norma iba a ser aprobada en Diputados, pero no en el Senado, donde tenía mayoría el peronismo. Moyano, entonces titular de la CGT disidente, ofrecía así el primer indicio sobre supuestas coimas que se habían pagado a senadores para la aprobación de una norma de flexibilización laboral a medida del Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, la ley fue sancionada tras una aprobación escandalosa que provocó, entre otras consecuencias, la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez, quien no tuvo apoyo para impulsar una investigación esclarecedora de los turbios hechos. Años más tarde, Mario Pontaquarto se transformó en el eje de la investigación, al confesar que había recibido y entregado el dinero de las coimas. Bajo la figura del «arrepentido», sacó a la luz la vinculación que tenía De la Rúa con los sobornos, y relató en detalle la operación para intentar probar que el ex presidente y el entonces Ministro de Trabajo Flamarique sabían lo que estaba ocurriendo.

Es probable, que la designación de Domingo Felipe Cavallo como ministro de economía constituyese un golpe contundente a la identidad radical. La periodista Irina Hauser^[17] señala que el Megacanje fue una maniobra para favorecer a un grupo de bancos en el canje de títulos de la deuda en plena crisis de 2001, cuando se avecinaba el default. En el juicio que se le inició a Cavallo por incumplimiento de deberes de funcionario público, se defendió y sostuvo que decir que el canje se hizo para beneficiar a los bancos era «tergiversar los hechos» y que «era importante para el bien público que se canjeara la mayor cantidad posible de bonos»^[18], Cavallo reconoció haber diseñado y acordado el Megacanje con David Mulford, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien en el año 2001, representaba los intereses del Credit Suisse. El Megacanje incluía también al Banco Galicia, el Santander, el Banco Francés, el HSBC y JP Morgan. El ex legislador Mario Cafiero, uno de los denunciantes originales, expresó que no se trató de una estafa simple; hubo un Megacanje, los bancos aumentaron sus acreencias, esperaron la reestructuración y cambiaron los bonos por préstamos garantizados. Cavallo creó un grupo de acreedores privilegiados, blindados^[19].

Muchos años después la justicia argentina dictaminó en ambas causas- coimas en el senado y megacanje - que no existían pruebas suficientes como para condenar a los funcionarios del gobierno de la Alianza. No se trata aquí de evaluar el funcionamiento del Poder Judicial respecto a estos acontecimientos. Lo que sí es objeto de este análisis son las implicancias de dichos sucesos que fueron cuanto menos opacos y llevaron a una gran parte la sociedad argentina hacia la desconfianza, no sólo de los funcionarios del gobierno sino también al descrédito de los políticos en general.

VI. Corrupción y actos constitutivos

Hay dos cuestiones importantes que merecen ser señaladas. La primera es que los actos constitutivos pueden ser voluntarios pero también condicionados. Como ejemplo de ello podríamos señalar que un acto constitutivo voluntario del gobierno de Carlos Menem fue darle impulso del proceso de privatizaciones de empresas públicas. Por su parte, un acto constitutivo condicionado, fue la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto final durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Otra cuestión no menor respecto de los actos constitutivos remite a que estos pueden tratarse de iniciativas que finalmente no se concretaron. Por ejemplo, puede tratarse de un proyecto de ley o de un decreto, que al generar tanto conflicto, tuvo que anularse. En este caso el mismo proyecto puede reconocerse como acto constitutivo.

Por supuesto que las caracterizaciones de un acto constitutivo están sujetas a una infinidad de interpretaciones, pero en la primera parte de nuestro trabajo hemos dado una serie de ideas capaces de darle un marco conceptual a la cuestión. En el caso del gobierno de la Alianza, y según nuestra óptica, los actos constitutivos durante este período serán considerados como «malos recuerdos» en la memoria colectiva. Al momento de realizar un análisis sobre las identidades políticas, la selección de actos constitutivos forma parte de un hecho subjetivo y sujeto a interpretaciones. No obstante nuestra justificación respecto a dicha elección no es antojadiza ya que gira en torno a la honestidad como un valor sedimentado en la identidad política radical.

Existen distintos grados de tensión que se generan entre los actos constitutivos y lo sedimentado en una identidad política. En este sentido, toda identidad política se reactiva con lo nuevo, pudiendo mantener o no los elementos centrales que la estructuran. La envergadura de la tensión pasa entonces por la capacidad de asimilar lo nuevo a lo sedimentado. Eso no está predefinido y se resuelve en la práctica misma. Si analizamos la crisis de la identidad política de la UCR, protagonista central de la Alianza (1999-2001), es imposible soslayar el nombramiento de Domingo Felipe Cavallo -ex ministro estrella del gobierno menemista– como ministro de economía de la Alianza. Al margen del eje corrupción/honestidad en relación a la UCR, este hecho profundizó el problema de la crisis de representación tan ligado al proceso de identificación: ante sucesos de esta característica, los partidos políticos pierden protagonismo en aquel mecanismo de discriminación para elegir «lo que me representa» o aquello de «lo que me siento parte»; comienza a operar entonces otro tipo de discriminación en el proceso identificatorio que podría plantearse como «políticos corruptos vs ciudadanía estafada» porque gran parte del electorado comienza a considerar a «los políticos» como una casta que acomodaba discursos y prácticas de acuerdo a conveniencias coyunturales. Además de esto, el nombramiento de Cavallo no dejó de ser percibido por gran parte del electorado radical como el voto de confianza de un gobierno, que antes de asumir levantó las banderas de la transparencia, para un ministro que había sido protagonista de una administración corrupta como la de Carlos Saúl Menem.

Por otra parte, si consideramos al intento de soborno en el ámbito parlamentario que fue el detonante de la crisis del 2001 como un acto constitutivo, podríamos reconocer con claridad que este acto operó con un alto grado de tensión respecto de lo sedimentado («lo viejo») en la identidad política radical respecto al eje «radicalismo-honestidad», un pilar fundamental hasta ese entonces de la identidad política radical. Si bien la cuestión del Megacanje es más «técnica» y está sujeta a discusiones más sofisticadas, es posible seguir en una línea de razonamiento que no se aparta mucho de la misma cuestión. Estos hechos generaron que la «reactivación» se produzca con un alto grado de tensión con lo anterior.

VII. Consideraciones finales

Podemos afirmar que evidentemente el fracaso del gobierno de Fernando De la Rúa no se debió únicamente a estos acontecimientos. Pero no es objeto de este análisis cuestionar los motivos del precipitado final del gobierno aliancista. El objeto aquí es tratar de entender de qué manera lo ocurrido durante este período significó un cimbronazo para la identidad política de la UCR: cuando «lo nuevo» no fue fácilmente asimilado de acuerdo a «lo viejo». Con esto lo que se pretende poner de manifiesto es que además de una cuestión política, la crisis de la UCR fue identitaria: al tener en cuenta la magnitud de esta fuerza partidaria, por supuesto, esta crisis incidió en el sistema de partidos en general.

El hecho de implementar políticas reprobadas por una mayoría social seguramente conspira contra la continuidad del gobierno que las llevó adelante. Un gobierno cuya política económica fracasa estrepitosamente, vería garantizada una mala performance en la siguiente elección. Pero aquí hablamos de otra cosa. Cuando se produce: a) una evidente contradicción entre la frontera política enunciada durante la campaña electoral y las prácticas políticas que se desarrollan durante el gobierno; y b) un alto grado de tensión entre los actos constitutivos del gobierno y «lo sedimentado» en aquella formación política; lo que ocurre es una crisis identitaria. La emergencia de este tipo de crisis no sólo complica las chances de una buena performance electoral en el corto plazo. Aquí, las consecuencias son mucho más nocivas; operan a largo plazo y eventualmente pondrían en riesgo la supervivencia de la fuerza política. De más está decir que para las elecciones nacionales de 2003 la UCR obtuvo un magro 2.3%. En cambio habría que prestarle atención a lo ocurrido en las elecciones nacionales del año 2007 cuando la UCR ni siquiera contó con un candidato propio, o en los comicios de 2011, diez años después del gobierno de De la Rúa, cuando obtuvo un 11% de los votos. Es decir, ¿Si en 1989, luego del fracaso de la gestión económica del gobierno de Alfonsín, la UCR con Angeloz de candidato, obtuvo el 37% a nivel nacional; por qué en las elecciones presidenciales luego del gobierno de Fernando de la Rúa (cuya gestión económica también fracasó), el candidato Moreau obtuvo el solo 2% de los votos a nivel nacional? ¿A dónde se encuentra la diferencia? Esto hemos tratado de explicar.

No obstante, como advertíamos en la introducción a este artículo, la identidad radical es fuerte: había logrado pervivir más de un siglo y distó de desaparecer. Se transformó pocos años después a partir al compás del renovado clivaje entre institucionalidad y populismo, esta vez en confrontación con el kirchnerismo y en alianza con fuerzas de derecha y centro derecha. Pero el rearme o el reavivamiento de la identidad radical a partir del 2015 ya escapa a los propósitos del presente texto.

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Notas