I. Introducción

La victoria electoral del Partido de los Trabajadores en 2002 constituyó un cambio relevante en Brasil y, al mismo tiempo, influyó, por su peso político y económico, en el debate político y académico de América Latina. Así, en las comunidades académicas de diversos países comenzó a teorizarse acerca del término «nueva izquierda»^[1] al calor de experiencias políticas diversas. En términos generales se pudieron observar tentativas políticas rupturistas o refundacionales como las Bolivia, Ecuador y Venezuela; tentativas con énfasis en lo institucional como las de Brasil, Uruguay, Chile, etc.; y, finalmente, las tentativas mixtas o intermedias como las de Argentina y Paraguay.

En este contexto político se originó un importante debate académico acerca de un renovado protagonismo político de diferentes actores socio-políticos, ya sean organizaciones sindicales o movimientos sociales (Fernández, 2005; Senén González y Haidar, 2009; Etchemendy y Colliers, 2008; Garretón, 2012; Mayorga, 2014; Iglesias y Lucca, 2016). Ahora bien, ¿qué se entiende por el protagonismo político de estos actores? ¿Cuáles son sus principales características, sus modalidades de expresión y los espacios en que intervienen –institucionales, espacio público, etc.? ¿Qué tipo de relación –apoyo, diálogo, confrontación, etc.– mantienen con otras fuerzas políticas? Estas preguntas han definido los principales contornos del debate académico que tuvo lugar desde comienzos del presente siglo.

Este trabajo se inscribe en este contexto política y en el mencionado debate académico. En este sentido, se abordará el protagonismo político de la CUT durante el período 2003-2018, momento en que asumió el Partido de los Trabajadores, encabezado por Lula Da Silva, al gobierno nacional hasta el corto mandato –2016-2018– de Michel Temer, del Partido Democrático Brasileño y quien anteriormente se había desempeñado como vicepresidente de Dilma Rousseff. El protagonismo político es entendido a partir de la capacidad que tiene un actor por incidir y modificar las pautas de interacción política en los procesos decisionales así como también en la orientación de las políticas públicas (Mayorga, 2014). Entre los principales indicadores podemos consignar: la cantidad de cargos políticos –en la arena legislativa, ministerios y secretarías–, tipo de participación en espacios institucionales de diálogo político, capacidad de movilización política y cantidad de afiliados (Iglesias y Lucca, 2016). Y, lo haremos a partir del análisis de procesos y acontecimientos que han sido considerados emblemáticos: el «Foro Nacional del Trabajo» (2004-2008), las «Jornadas de Junio» de 2013, la ley de «Terciarización Laboral» de 2015 y la «Reforma del Trabajo» de 2017.

Este modo de comprender el protagonismo político así como la información recolectada nos ha llevado a formular nuestra principal hipótesis: la gravitación política de la CUT la que se explica principalmente por el tipo de lazo construido con el partido político en el gobierno y secundariamente por su relación con la arena estatal. En este sentido, se pudo apreciar que su gravitación siguió el ritmo marcado por el éxito o fracaso del PT en el gobierno nacional. Así, es posible observar la existencia de dos etapas bien marcadas. Un primer período, de 2004 a 2011, caracterizado por el protagonismo político fuerte de la CUT donde la presión política ejercida sobre el partido en el gobierno activaba mecanismos de colaboración de clases sociales –entre empresarios y trabajadores– y, un segundo período, de 2011-2017, un protagonismo débil, en el cual, a diferencia de la etapa precedente, la CUT no demostró la capacidad que había desarrollado para recrear sus vínculos y afinidades con sus bases sociales.

II. Aspectos teóricos-metodológicos

Inscribimos el protagonismo político de la CUT y su interacción con el PT en la problemática de la acción colectiva, la que ha ofrecido una profusa literatura acerca del modo en que los actores políticos se han relacionado e interactuado. En efecto, desde los años sesenta del siglo XX se revelaron tres claves de lectura en lo que respecta al vínculo entre partidos políticos y el actor sindical: 1. la que se focaliza en el vínculo con el Estado, 2. la que enfatiza las transformaciones de las organizaciones partidarias, y, 3. la que explica los fenómenos utilizando como principal vía de entrada el complejo de organizaciones que constituyen los movimientos sindical y social.

Así, en primer término, destacamos que la clave explicativa que aborda los puntos de contacto e interacciones entre los elementos de la esfera gubernamental y el actor sindical entiende que estos procesos derivan en instancias de colonización y cooptación por parte del Estado hacia las organizaciones sindicales y movimientos sociales entendidos genéricamente. Este punto de vista ha sido desarrollado en la realidad latinoamericana desde principios de siglo XXI, y, puntualmente en Brasil, podemos mencionar a Falero (2007, 2008), Druck (2009), Gohn (2009), Mirza (2006), Svampa (2019), Zibechi (2006). Estos análisis reconocen en la perspectiva identitaria su principal influencia intelectual. En efecto, desde los pioneros estudios de Touraine (1995) y pasando por Castells (2013), Offe (1992), Habermas (1989) hasta Cohen y Arato (2000) se ha entendido que los contactos entre el Estado y el actor sindical derivaban en procesos de cooptación y colonización a partir de los cuales se produce una cosificación de la identidad construida previamente. A pesar de los interesantes hallazgos, ésta no sería la vía de entrada analítica al fenómeno que pretendemos abordar.

En segundo término, la clave de lectura que se enfoca en las organizaciones partidarias explica el período concentrándose, principalmente, en las transformaciones del sistema político y de la clase política –partidos, composición legislativa, elencos institucionales, etc. Así, podemos mencionar a Abranches (2019), Melo y Câmara (2012), Krause y Schmitt (2005), Krause, Machado y Miguel (2017), Palermo (2005), Terrón y Soares (2010), Ribeiro, Vizoná y Cassotta (2016), Secco (2016). Nadie duda de la importancia de estos trabajos. Sin embargo, su mayor acercamiento a las diferentes formas de organización política de la sociedad son las «encuestas de opinión política», las que brindarían, desde esta perspectiva, el parámetro y el contexto político que explican las diferentes formas que asume el Estado o el gobierno.

En tercer término, es posible observar los trabajos que abordan las transformaciones políticas del movimiento sindical, desde la perspectiva de los actores y de las organizaciones sindicales. Así, podemos mencionar a Chauí (2013), Oliveira, Galvão y Campos (2019), Galvão (2006), Galvão y Teixeira (2018), Galvão, Castro, Krein y Teixeira (2019), Krein y Dos Santos (2012), Krein, Maracci Gimenez y Dos Santos (2018), Souza (2013), Riethof (2019). Estos trabajos, también de relevancia, constituyen una mirada en la que las iniciativas estatales, las políticas públicas y las transformaciones en el mercado de trabajo constituyen el contexto necesario donde se emplaza la acción colectiva. En este sentido, se destaca que la acción sindical se entiende en términos de «respuesta», desechando la posibilidad analítica de considerar la incidencia del actor sindical sobre la orientación de las políticas públicas.

En el marco de esta revisión bibliográfica podemos detectar unilateralidades conceptuales. Así, la primera clave interpretativa establece que el vínculo del Estado con el actor sindical es comprendido a partir de la activación de procesos de cosificación, mientras que en la segunda y en la tercera la vía de entrada analítica –organizaciones partidarias o sindicales– constituyen dinámicas políticas excluyentes en el análisis. De acuerdo con esto, y para los fines del trabajo, abogamos por una perspectiva teórica que dé cuenta de la mutua incidencia entre políticas públicas e iniciativas estatales que implementan partidos políticos en el gobierno con las organizaciones del mundo del trabajo. Esto implica observar cómo se modifican los cursos de acción política de las organizaciones así como también dicho accionar produce el cambio en la orientación en el carácter de las iniciativas estatales y de las políticas públicas. Esta perspectiva teórica se encuentra en Anderson (2019), Avritzer (2014); Bringel (2017), Carter (2009), Solano (2019), Radermacher y Melleiro (2007), Rodrigues (2009a y 2009b), Rezende y Golstein (2016), Iglesias y Lucca (2016), Lucca (2013), Rossi y Porta (2011). Este trabajo intenta abonar a este espacio analítico.

De acuerdo al objetivo del trabajo, la hipótesis principal y la perspectiva teórica se acudió a una recolección de la información cualitativa organizada en torno a la entrevista en profundidad realizada a informantes claves, la revisión de noticias periodísticas y el análisis documental. Para Vela Peón (2001) la entrevista en profundidad constituye una estrategia metodológica y, a su vez, una forma de recolección de información. En esta ocasión hemos analizado e interpretado la información recolectada desde la segunda instancia.

Con respecto a la entrevista en profundidad hay que destacar que tuvo un carácter semi estructurado con el objeto de captar información sobre el desarrollo, temporalidades, etapas y puntos de inflexión sobre las diferentes vinculaciones entre partidos, sindicatos y movimientos sociales. El guión de entrevista, en su diseño, contempló temas y subtemas relativos a las causas y las especificidades que asumieron las relaciones entre los actores políticos involucrados entre sí y sus interacciones con las distintas instancias del gobierno y del Estado. Y, la información ofrecida por los informantes claves permitió reconstruir el accionar político de los actores sindicales y su relación con los partidos. Asimismo, hay que destacar que los informantes claves fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: ser referentes políticos de máxima responsabilidad en las organizaciones sindicales y partidarias; que conozcan su historia; que formen parte del proceso de toma de decisiones políticas; que brinden conocimientos específicos de los criterios que motivan las acciones colectivas de los actores así como de las relaciones que establecieron. Los encuentros con los informantes claves se produjeron durante el mes de marzo de 2010^[2], julio de 2013^[3] y diciembre de 2018^[4].

El seguimiento periodístico se concentró en Folha de São Paulo de Brasil, el medio periodístico de mayor relevancia en el Estado de San Pablo. Las razones por las cuales se realizó una revisión periodística remiten a que, por un lado, brindó elementos que caracterizan el contexto político y, por otro lado, a que permitió contrastar y mensurar la información brindada por los informantes claves. Finalmente, el análisis documental se dirigió sobre los documentos que produjeron los actores involucrados, consultándose documentos institucionales de los sindicatos, partidos y movimientos sociales, publicaciones oficiales (boletines), folletos, consignas, revistas, declaraciones en congresos, publicaciones de fundaciones, etc.

Los actores políticos seleccionados responden a los siguientes criterios: representación política, inserción territorial y relevancia cultural. Así, seleccionamos el PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la CUT, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Fuerza Sindical (FS), MST y pastorales sociales.

III. Protagonismo político fuerte (2004-2011)

La victoria electoral del PT en 2002 significó una modificación relevante de la clase política brasileña, cuyo impacto y profundidad asumió rasgos diferenciales en lo que respecta a los elencos gubernamentales –poder ejecutivo, ministerios y secretarías– y poder legislativo –cámara de diputados y senadores y poder judicial. En efecto, los cambios se observaron rápidamente en el cargo del Poder Ejecutivo y en los ministerios y secretarías gubernamentales mientras que en la representación y la arena legislativa –diputados y senadores– la modificación fue de menor envergadura (Araujo y Oliveira, 2011; Radermacher y Melleiro, 2011; Rodrigues y Sadek, 2010; Sadek, 2010). El diario Folha de San Pablo, el 11 de enero de 2004, aludió a este fenómeno como «La república sindical», lo que marcaba la profundidad de las transformaciones en curso. Cabe destacar que la incidencia y participación de sindicalistas o ex sindicalistas constituyó una marca constante, con variaciones, en los períodos gubernamentales de Lula, 2003-2007 y 2008-2011. Con respecto al nivel ministerial Araujo y Oliveira (2011) señalan que «…, de los 64 ministros nominados (o secretarios con estatus de ministro) 17 eran vinculados al sindicalismo y de esos, 14 eran dirigentes de centrales sindicales» (Araujo y Oliveira, 2011: 97). Y, con respecto a la arena legislativa se señaló que la bancada de dirigentes sindicales o ex sindicalistas elevó la cantidad de bancas. Rodrigues (2009b y 2010) sostiene que en la elección de 2002 llegó al 10% del total en la Cámara de Diputados y al 6% en la Cámara de Senadores. Además agrega «Do total de sindicalistas eleitos para a 52ª Legislatura, 43 eran do PT e sete do PCdoB.» (Rodrigues, 2009b: 126).

Este esquema de apoyos políticos se mantuvo, en rasgos generales, durante los dos períodos de gobierno de Lula. Sin embargo, es preciso agregar lo que definía al vínculo entre el PT y la CUT. En este sentido, señalamos que al momento de la victoria electoral de Lula en 2002, habían construido una relación basada en afinidades políticas e ideológicas, la que se organizaba de forma puntual y se expresaba en determinadas coyunturas. Ciertamente, no tenía la tonicidad del momento originario, durante la década de 1980. En efecto, durante ese período podemos señalar la existencia de una relación orgánica de la CUT y movimientos sociales –MST, Vía Campesina, UNE, pastorales sociales, etc.– con el PT, en la cual aquellos participaban en la orientación de las decisiones políticas tomadas por la organización partidaria. El «Frente Brasil Popular», que se presentó a la contienda electoral de 1989, fue encabezado por Lula y su programa político fue elaborado y producto de la plena interacción entre el partido y las organizaciones del movimiento sindical y social. Durante esta década la organización partidaria era la expresión y canalización de los intereses de los movimientos sociales.

En la década de 1990 este tipo de vínculo se modificó y lo hizo al compás de las transformaciones operadas en el régimen de acumulación económica y de la política electoral propia de los procesos de redemocratización política (Meneguello, 2002). Así, se observó el pasaje de una relación «orgánica» a un tipo de relación organizada en torno a «elementos puntuales». En estos años se produjo un cambio importante en la estrategia política de la CUT respecto de sus bases de apoyo político y también de adherentes. Al interior de la organización se planteó una interesante discusión en la cual un ala de izquierda planteaba que la táctica principal debía ser la «huelga general», otra ala planteada que la figura que se debía privilegiar desde la organización sindical era la del «trabajador» y sus condiciones laborales, y, finalmente, la postura triunfante fue la de considerar a los adherentes de la CUT como «ciudadanos». Así, el «sindicalismo ciudadano» que terminó promoviendo la CUT implicó un cambio significativo en su estrategia política y, asimismo, una resignificación de sus bases sociales, las que dejaron de ser designadas en términos de «clase obrera» a ser identificadas como «ciudadanos». Así, los ciudadanos tenían necesidades habitacionales, de salud, laborales, etc. en un contexto de pérdida de derechos y de aplicación de orientaciones neoliberales durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Esta estrategia política fue productiva ya que la CUT incorporó y sumó afiliados en un contexto política y económico adverso. En términos de la relación entre PT y CUT, lo cierto es que se llega una relación «consistente», pero, organizada en torno a afinidades políticas puntuales.

La política de Lula no puede ser calificada de «rupturista». La idea de «gobernar de otro modo» a través de la implementación del Presupuesto Participativo en Porto Alegre como con la «Carta al pueblo brasileño» de Lula en 2002 son dos casos ejemplares de ello. Entonces, al asumir el gobierno nacional, el desafío del PT era cómo canalizar institucionalmente los apoyos políticos del movimiento sindical y social, y, el desafío de la CUT era qué espacio político ocupar con el objeto de representar los intereses de sus bases sociales sin debilitar el poder político de un gobierno con el que tenía afinidad ideológica y social. En este novedoso marco político, de estrecha relación con el PT en el gobierno, la CUT asumió un protagonismo relevante, en especial durante el segundo período de gobierno de Lula, en el que a través del diálogo institucional y la movilización política logró aumentos en el salario mínimo, reducción de la cantidad de horas de trabajo por semana, aumento de salarios vía negociación colectiva, entre los más importantes.

Este período se vio beneficiado por el denominado boom de los commodities, lo que implicó un incremento exponencial del producto bruto interno y una mejora en los indicadores macro-económicos, impactando positivamente en el mercado de trabajo a partir de activar tendencias hacia la generación de puestos de trabajo y formalización del empleo. Asimismo, es preciso destacar los sucesivos aumentos en el salario mínimo y la participación sindical en las convenciones colectivas de trabajo, cuyos reajustes se hicieron por encima de la inflación (Diesse, 2018).

1. El Foro del Trabajo (2004-2008)

Desde su primer período gubernamental, el PT, generó mecanismos de diálogo y participación política a través de los Consejos, los que dependían de los Ministerios, y de los «Foros o Conferencias nacionales». Así durante los dos períodos gubernamentales de Lula se organizaron 18 Consejos y más de 60 Conferencias Nacionales (Palermo y Melamed de Menezes, 2013). Avritzer (2014) ha señalado que, hasta ese momento, la participación política de los actores sociales tenía un carácter meramente local y lo novedoso consistía ahora en que el alcance de la participación era nacional. Entonces, para Avritzer lo propio de estos mecanismos de diálogo político radicaba en que tenían un alcance nacional y, a su vez, en su carácter «consultivo». Cabe destacar que estas instancias tenían una zona gris que remitía al modo de convertir o traducir en ley lo discutido en esta mecánica con características participativas. La efectividad no estaba garantizada e incluso su escasa efectividad influyó en el alejamiento del PT en el gobierno por parte del MST. En efecto, estos evaluaron que esa forma de diálogo político no era conducente en tanto y en cuanto lo debatido no se expresaba en leyes. Esto, sumado a la insatisfacción por la implementación de la reforma agraria, hizo que el MST se aleje del PT. Carter (2009) y Oliveira (2009) demuestran el escaso alcance e impacto que tuvo la política de reforma agraria en Brasil. Así, el principal encono político de los dirigentes del MST se podía sintetizar en la siguiente frase: «Nosotros no cambiamos, fue Lula el que cambió de posición política» (Entrevista en profundidad a dirigente del MST).

El Foro del Trabajo fue la principal herramienta del PT orientada a modificar las relaciones laborales en Brasil. Y fue implementado por el gobierno nacional como una instancia de negociación y de diálogo tripartito en el que se sentaban sobre una mesa representantes gubernamentales^[5], dirigentes de las representaciones empresariales^[6]y dirigentes sindicales. Con respecto a las representaciones sindicales Lucca (2013) indica que la cantidad de miembros por central estaba relacionado con el nivel de representación, expresado en la cantidad de afiliados de las mismas. En este sentido, señala que la CUT contaba con 12 dirigentes, la FS con 10, la CGT con 5, la Central General de los Trabajadores en Brasil (CGTB) y la Central Autónoma de los Trabajadores (CAT) con 4 (Lucca, 2013: 128). En esta instancia de diálogo era posible observar dos dinámicas políticas. Por un lado, la actuación conjunta entre las representaciones sindicales de mayor envergadura –CUT con FS– en detrimento de las más pequeñas –CGT, CGTB y CAT. Y, por otro lado, la división entre organizaciones sindicales más que la unidad. En efecto, «Os empresários todos bonitinhos, sentadinhos, empresários da indústria, do comercio, da agricultura, das finanças, como se não tivessem problemas entre eles, mas todos se comportando unitariamente e nós brigando na mesa» (Entrevista a máximo dirigente de la CUT).

En cuanto a la CUT existían otros elementos a considerar. Por una parte el desconcierto de la CUT respecto del espacio político a ocupar, consagrado en la idea de presionar o no a Lula con el objeto de no debilitarlo, y que estuvo presente durante el primer período de gobierno del PT. Y, por otra parte, la diversidad de posturas existentes en su interior respecto del Foro, que iban desde una reforma profunda, en clave democratizadora, en las relaciones laborales que impacte en la estructura sindical al reconocimiento de las centrales por parte del Estado.

Lo cierto fue que el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo concibió al Foro como la oportunidad de formar una «gran mesa del consenso nacional» en la que participarían organizaciones que representan los intereses del empresariado así como también de los trabajadores. En efecto, en afinidad con el estilo dialoguista de Lula, se implementó una composición «tripartita» y «paritaria» con el propósito de discutir una reforma mediante el «consenso y no la imposición», en palabras del entonces Ministro de Trabajo, Jaques Warner (Folha de San Paulo, 29/06/03).

¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, hay que destacar que fue un proceso que se prolongó durante 4 años, terminando en 2008, y estuvo signado por importantes avances y retrocesos así como también por cuestiones legislativas y electorales^[7]. En segundo lugar, su resultado palpable constituyó el reconocimiento de las principales centrales sindicales por parte del Estado: CUT, FS, Unión General de los Trabajadores (UGT) y Nueva Central Sindical de los Trabajadores (NCST). Este obedecía a criterios relativos a la extensión y representación territorial, lo que era combinado con una cantidad mínima de afiliados^[8]. Asimismo, el reconocimiento estatal tenía como principal beneficio acceder al financiamiento. Ese era otro gran debate dentro de la CUT, la que llevaba como marca identitaria la eliminación del «imposto sindical», ya que lo consideraba opresivo en la medida que impedía la libertad de sindicalización de los trabajadores. En definitiva, este impuesto no fue eliminado, más bien se modificó su composición. Así, lo que hizo CUT fue tomar la decisión política de utilizar el dinero proveniente de este financiamiento para promover proyectos de solidaridad y capacitación sindical a nivel internacional.

Si se coloca en perspectiva la gravitación política de CUT, se la pudo constatar fehacientemente durante el segundo período de gobierno de Lula. A lo largo de este, encontró un lugar confortable, en el que presionar al gobierno no implicaba debilitarlo sino, más bien, contrabalancear los intereses del empresariado. Así, el protagonismo político de la CUT consistió en obtener aumentos del salario mínimo y la baja de cantidad de horas laborales por semana, por mencionar dos victorias del mundo sindical, lo que se suma al reconocimiento por parte del Estado. Era un escenario político favorable en términos socioeconómicos, lo que hacía posible un amplio espacio para la acción política de CUT.

IV. Desconcierto, crisis y derrota política (2011-2017): protagonismo político débil

Dos movimientos políticos se encuentran en la base de este período. En primer lugar, Dilma deja de apoyarse en el ala industrialista y hace alianza con la financiera del empresariado. Y, en segundo lugar, cobra consistencia una reconfiguración de la clase trabajadora, donde los sectores tradicionalmente sindicalizados y movilizados no suman empleos como sí lo hace el sector servicios durante el período 2004-2011. Esto originó un lento y progresivo proceso que terminó minando las bases de apoyo político del PT y de la CUT, circunstancia observable con mucha nitidez en 2013, con las «jornadas de junio», y que se prolongó y continuó, teniendo puntos álgidos con la ley de terciarización laboral en 2015, el proceso de impeachment en 2016 y la reforma del trabajo en 2017. La exitosa estrategia política de la CUT ingresa a una etapa crítica, cuyo final era incierto en ese momento.

Es preciso señalar que la crisis internacional de 2009, desatada por el boom inmobiliario, a partir de 2012 impactó decididamente en Brasil así como también en diversos países de la región. El producto bruto interno dejó de crecer a las tasas en las que lo venía haciendo durante los gobiernos de Lula, y esta retracción influyó negativamente en el funcionamiento del mercado de trabajo y en la tasa de sindicalización. En efecto, desde 2014 Galvão, Castro, Krein & Teixeira (2019) demuestran cómo se transformó el funcionamiento del mercado de trabajo: las actividades de alta sindicalización y con capacidad de movilización pierden empleos, y suman puestos de trabajo el sector servicios al mismo tiempo que se observa la incorporación de mano de obra femenina y de negros.

El trazo grueso de la política de Dilma consistió en no alterar completamente el esquema de colaboración de clases estructurado por Lula. Sin embargo, modificó su composición, lo que terminó dañando el funcionamiento del esquema de poder organizado en torno al «presidencialismo de coalición». Así en 2012 en vez de apoyarse en la fracción industrialista del empresariado comienza a hacerlo en el ala financiera (Singer, 2018), en el marco de un proceso de debilitamiento de la relación con las organizaciones del mundo del trabajo y de la CUT en particular. «Lula llamaba a sus ex compañeros sindicalistas, que ocuparon cargos jerárquicos. Dilma también llamaba a sindicalistas de la CUT, pero, no habían ocupado ese tipo de cargos» (Entrevista en profundidad a referente máximo de la CUT) Este testimonio marca la notable diferencias en las estrategias de apoyo político ejecutadas por Lula y Dilma.

Entonces, la modificación del esquema de apoyo político implementada por Dilma se hizo evidente en el desconcierto del PT y de la CUT ante las «jornadas de junio» de 2013. Ciertamente el vínculo entre ellos funcionó. Sin embargo, lo que no funcionó fue su relación con la sociedad y con sus bases sociales de apoyo político.

1. Las «jornadas de junio de 2013»: el comienzo del fin

«…cuando decidimos formar parte, fuimos vandalizados» Dirigente de CUT

Las denominadas «jornadas de junio» comenzaron con protestas de pequeña envergadura comandadas, originalmente, por el Movimiento Passe Livre, que perseguía la reducción de la tarifa del transporte público, particularmente colectivo y subte^[9]. Sin embargo, la mecha se encendió cuando se decidió reprimir a los manifestantes desplegando a la Policía. Así, lo que comenzó como un fenómeno rutinario y circunscripto a de Passe Livre y a estudiantes secundarios y universitarios se volvió masivo.

La masividad de las protestas modificó su dinámica y su fisonomía. No sólo se agregaron personas sino, también, se sumó la presencia de organizaciones y de culturas políticas. El protagonismo del Movimiento Passe livre, de la UNE, los estudiantes universitarios y Black Blocs de corte anarquista fue eclipsado por organizaciones de derecha como «Movimiento Brasil Libre», «Vem pra Rua» y Anonymus, que usaban máscaras negras de Guy Fawkes. El giro a la derecha también implicó nuevas consignas, las que se dieron en el marco de la Copa de Confederaciones: «Queremos hospitais padrão da fifa», «Fora Dilma», «Fora Alckimin», «Basta de corrupção», etc. De acuerdo a testimonios de entrevistados y a los publicados en diversos medios de comunicación, la masividad implicó la negativa de usar banderas e identificaciones políticas y partidarias, sobre todo porque eran usadas por organizaciones ligadas a la izquierda y, hubo casos, también, en que estas organizaciones fueron expulsadas del lugar de protesta. Según Iván González «Yo vi movilizaciones donde expulsaban a la gente de la CUT y del MST con las banderas. Entonces, algo bueno no hay ahí desde la característica de ese movimiento. Porque ya pasó a ser otra cosa. Y cuando la Globo detiene la novela o el partido de fútbol para transmitir las movilizaciones…bueno, es sospechoso» (Entrevista a dirigente de la Confederación Social de las Américas).

Las «jornadas de junio» abrieron un intenso debate en los círculos de la izquierda académica y política que remitía a develar las características identitarias de los sujetos que protagonizaban las protestas. Este debate duró hasta 2015 o 2016, momento del impeachment, donde quedó claro que las respuestas políticas del PT fueron ineficaces y parciales. Lo cierto fue que Neri (2012) inicia el debate sobre la «nueva clase media», concepto que fue construido en torno al nivel de ingreso y consumo. Así, para Neri (2012) el 50% de la población brasileña pasó a engrosar la denominada clase «C» de la estructura social. Esto encendió las alarmas de intelectuales de izquierdas ligados al PT y la CUT, los que entendían que no se podía hablar de clase media sino de un tipo de clase trabajadora. Marcio Pochmann los denominó «nueva clase trabajadora», Jesse Souza «batalhadores» y André Singer «sub proletariado». ¿Qué alertaban? Que este contingente de personas que ascendieron socialmente mantenía un nivel de consumo similar al de clase media. Sin embargo, para ello debían trabajar todo el día, lo que los mantiene muy alejados del ideal de clase media organizado en torno a la posibilidad de planificar su vida o la de poseer cierto control sobre ella. ¿Quiénes eran estos sujetos? Para Pochmann (2010) eran jóvenes sin experiencia sindical que se definían como «emprendedores».

¿Por qué fue el comienzo del fin? Sintéticamente, porque lo que se originó como una protesta que aglutinaba estudiantes secundarios y universitarios, y que un sector de la izquierda no petista miraba con simpatía, constituyó un proceso político capitalizado por fuerzas políticas y organizaciones sociales de la derecha brasileña. Con todo, estos eventos demostraron que los principales apoyos políticos del PT –CUT, MST, UNE, etc.– habían perdido el «control de la calle», y, fundamentalmente, que habían perdido el protagonismo y la centralidad que tenían cuando llevaron al PT al escenario nacional.

2. Segundo gobierno de Dilma (2014-2016) y la reforma del Trabajo de Temer

«El entusiasmo por defender a Dilma, en 2015, ya no existía…» (Dirigente sindical de CUT)

La cuarta victoria electoral del PT en el gobierno nacional encuentra a Dilma en una situación política compleja. En primer lugar, ante la virtual mayoría que se tenía en el ámbito legislativo, si se contemplaba la suma de los escaños conseguidos entre el PT y el PMDB, se podría deducir que el «presidencialismo de coalición» gozaba de buena salud. Sin embargo, el vínculo entre Dilma y el PMDB se dañó o, simplemente, se destruyó, lo que implicó hacer estallar el funcionamiento de la coalición gubernamental. La diferencia con la situación de los dos primeros años del gobierno de Lula, 2005 y 2006, radicó en que con Dilma el PMDB formaba parte del gobierno y su poder de fuego era mayor así como también sus recursos –institucionales, políticos, materiales, etc. En efecto, Singer (2018) describe el modo en que Dilma modificó la distribución de ministerios al inicio de su segundo mandato en detrimento del PMDB y en favor de partidos menores o de baja relevancia. Esta acción política se ejecutó sin tener el control legislativo^[10], y, en un contexto de pérdida del peso electoral del PT. La consecuencia se hizo sentir instantáneamente, el PMDB comenzó a funcionar como la principal oposición política formando parte de la coalición gubernamental (Tible y Moraes, 2015). Asimismo, cabe destacar que los contactos entre PMDB y PSDB, activados desde mediados del primer gobierno de Dilma, cobraron mayor consistencia y funcionaron en tándem para debilitarla durante su segundo período gubernamental, ya sea impulsando iniciativas legislativas –como la ley de terciarización laboral– hasta la de promover y aprobar el golpe vía impeachment.

En segundo lugar, Dilma asumió ejecutando un importante viraje en su orientación ideológica, el que había sido anticipada durante la campaña electoral. La prueba cabal de ello fue la confirmación, en ese momento, de que el ministro de economía sería Joaquín Levi, un conocido economista ortodoxo. En 2014 el giro a la derecha producido por el PT fue capitalizado por el PSDB, no sólo en la elección a presidente sino también a nivel legislativo, siendo el partido que más bancadas sumó. Así, con menor apoyo legislativo, con el PMDB funcionando como oposición política, incluso, formando parte del gobierno, la debilidad del PT aumentaba progresivamente.

En este período de gobierno el espacio de acción política de la CUT así como también de los movimientos sociales se redujo notablemente. En efecto, los dirigentes de CUT estaban dispuestos a defender a un gobierno del PT. Sin embargo, las posibilidades para hacerlo eran cada vez más reducidas. «Ir a manifestaciones en San Pablo o cualquier ciudad diciendo «No al golpe, fuera Levi» era una cosa extraña». (Entrevista a Dirigente de la CUT) Así y todo, en un escenario político adverso, con un PT inclinado hacia la derecha en su orientación, la CUT se dispuso, junto a otras centrales sindicales, a organizar jornadas de protestas contra lo que en ese entonces se conoció como la ley de «terciarización laboral». La aprobación de esta ley constituyó una derrota significativa para la CUT, particularmente porque sucedió con un partido en el gobierno con el que tenían una historia en común y afinidades políticas e ideológicas.

3. Terciarización contractual y derrota del movimiento sindical de 2015

La precarización laboral no constituía una situación novedosa en el mercado de trabajo de Brasil. Sin embargo, hasta ese momento su alcance era circunscripto y, por sobre todas las cosas, no contaba con una normativa que la avale ni la regule. Existía para determinadas tareas en ciertos sectores de la actividad económica, por ejemplo, en el sector comercio donde la tarea era la reposición de mercadería en supermercados o, también, en el sector limpieza de los edificios de la administración pública, etc. Lo novedoso de esta iniciativa política residía en que se proponía la regulación, vía flexibilización, de la contratación de la mano de obra en todas las actividades económicas. Y, claro está que esta situación torna vulnerable a los trabajadores así como también debilita su capacidad de acción y de representación política por parte de las organizaciones sindicales.

El Proyecto de Ley Nro. 4330 fue presentado por el diputado opositor Arturo de Oliveira Maia, del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), enfrentando al empresariado y los partidos de oposición que se ubican a la derecha del gobierno de Dilma con los representantes del PT, las federaciones y organizaciones sindicales y movimientos sociales. Mientras tanto la posición de Dilma consistía en limitar el alcance de lo que en ese entonces sería la futura normativa. En efecto, Dilma y el PT no tenían el control parlamentario, con lo cual su rango de acción era limitado. La posición de Lula era similar, su estrategia consistía en promover que los representantes del PT discutieran este proyecto con «sectores que no son afines» asegurando que «evitar la aprobación es intentar que el Congreso respete las conquistas históricas de nuestra clase trabajadora» (TelesurTv.net, 15/04/2015).

Acorde con esto, el PMDB y el PSDB habían decidido impulsar un proyecto de terciarización contractual, avalado inclusive por el titular de la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP), Paulo Skaf, quien aseguraba en los medios de comunicación que con ella se promovería la «especialización». El PT se oponía al proyecto de ley. Y, en el congreso ante su inminente tratamiento propuso un conjunto de modificaciones, tendientes a limitar las modalidades contractuales que promovían la terciarización. Sin embargo, ninguno de estos fue aceptado por la mayoría legislativa.

La CUT decidió realizar una fuerte presión sobre los representantes del Parlamento bajo el supuesto de que en un gobierno «petista» eso no podría suceder. Así la estrategia sindical reconocía dos vectores: uno al interior del ámbito legislativo y otro centrado en la protesta por afuera orientada a obtener la aceptación de la opinión pública. En este sentido, la CUT había decidido visitar y reunirse con los diputados, de todos los signos partidarios, para promover la negativa a la norma. Además, organizó movilizaciones durante todo el tratamiento legislativo, incluso en varios estados, concentrando sus esfuerzos en Brasilia. De acuerdo con Lucilene Bendfiele «Teníamos una planificación, por ejemplo, del 2 al 7 de abril iba el sector de comercio, después servicios públicos, después el sector metalúrgico…y así nos íbamos movilizando Estado por Estado» (Dirigente máxima de la Confederación de Comercio y Servicios, afiliada a CUT).

La CUT y la CTB se movilizaron en todo el país contra esta iniciativa legislativa, conocido como de «terciarización laboral». Asimismo, el día en que fue aprobado centrales sindicales y movimientos sociales se concentraron en las afueras del congreso como medida de protesta. Adílson Araújo, Secretario General de la CTB, señaló que el proyecto estuvo paralizado durante once años y su único objetivo era «sepultar la cartera del trabajo, legitimar el contrato fraudulento, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborables» (TelesurTv.net, 23/4/2015).

Aprobada la ley, se abrió un debate en el marco del sindicalismo acerca de la representación política de los trabajadores terciarizados. Las tensiones se producían entre las federaciones más grandes con las más pequeñas. Las más poderosas, que tenían trabajadores bajo modalidades de sub-contratación, no querían ceder esta representación, a pesar de su evidente desinterés por representarlos. Y las más pequeñas pugnaban por sumar nuevos afiliados con el objeto de hacer su organización más poderosa política y económicamente.

La aprobación de esta ley implicó una derrota política importante para el movimiento sindical y la CUT en particular. Principalmente porque a cargo del ejecutivo se encontraba una representante del PT, cuyo principal ladero era Lula Da Silva. Los interesantes debates que se abrieron en el mundo sindical por esta normativa fueron interrumpidos rápidamente con la reforma del trabajo que impulsó Temer en diciembre de 2016. La razón más poderosa fue que esta propuso profundas modificaciones que prometen alterar el modelo sindical que se forjó con Getulio Vargas en 1943.

4. Reforma del Trabajo 2017, contra la estructura sindical

La «reducción del gasto público»^[11], la «reforma laboral» y la «reforma previsional» fueron objetivos prioritarios del traumático gobierno de Michel Temer. En sus dos discursos de posesión del cargo durante 2016, en abril de forma interino y en agosto de forma definitiva, estas cuestiones estuvieron presentes y fueron planteadas como prioridades políticas.

Así, el gobierno encabezado por Temer colocó en la agenda pública a la «Reforma del Trabajo» haciendo eje en la cantidad excesiva de organizaciones sindicales que existían gracias a la contribución sindical. Así, el gobierno nacional hizo ingresar, el 16 de diciembre de 2016, al Parlamento el Proyecto de Ley 6787. Y, en el recinto legislativo recibió modificaciones y fueron más drásticas y en afinidad con los intereses del empresariado. En efecto, la propuesta oficial contenía 13 puntos específicos y, el texto definitivo, presentado en abril contenía «…casi 40 ítems que implicaron la alteración de cerca de 200 dispositivos (entre alteración de artículos y párrafos e inclusión de nuevos preceptos) de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), es decir, el Código Laboral brasileño» (Cavalcanti Boucinhas, 2017: 161). El senado aprueba el proyecto de ley en abril de 2017 y se promulga en julio bajo el Nro. 13.467.

¿Qué es lo que distingue a esta reforma de las anteriores? Esta normativa introduce profundas modificaciones en la organización de la estructura sindical modificando la dinámica de la negociación colectiva –dándole un lugar secundario a las organizaciones sindicales–, el financiamiento de las organizaciones y federaciones sindicales y, finalmente, el vínculo entre el empleado y el patrón. En efecto, constituyó el intento más serio y sistemático de desmantelar las LCT heredadas del varguismo.

Reconstruimos los puntos considerados de mayor relevancia son:

• Debilita la negociación colectiva dando prioridad a lo «negociado» entre el patrón y el trabajador por sobre lo «legislado». Se rompen principios jurídicos establecidos en la CLT, ya que en términos prácticos permite acuerdos entre el patrón y el empleado con respecto a su relación contractual –cantidad horas de trabajo por día, banco de horas, días de vacaciones, hora de almuerzo, etc. Cabe destacar que dicho acuerdo se hace en términos individuales, sin la intermediación sindical, y, las decisiones tomadas tienen prevalencia sobre lo legislado.

• Financiamiento sindical. Rompe con el «impuesto sindical», que constituía el tipo de financiamiento que otorgaba el Estado a las organizaciones sindicales. Lo que era obligatorio ahora se tornó opcional y, además, el Supremo Tribunal Federal decidió que la entidad sindical no puede recaudar contribuciones de trabajadores no sindicalizados. Finalmente, el gobierno obliga a cada trabajador a autorizar todos los meses por escrito el descuento por parte del sindicato, con lo cual cada trabajador tiene que cumplir un trámite y hacer una gestión ante el Ministerio de Trabajo para autorizar y efectivizar la contribución sindical. Cabe destacar que la CUT fue contraria al impuesto sindical, el que fue alterado en el Foro del Trabajo que se inicia con el primer gobierno de Lula en 2004 y culmina en 2008. En esa ocasión el impuesto sindical no dejó de existir sino que se modificó en su composición. En esa ocasión, la CUT con el propósito de no arruinar el proceso político de negociación que se experimentó en el Foro aceptó esta medida, sin embargo, como política se autoimpuso que dicho dinero proveniente de los afiliados sea reorientado a actividades que posteriormente redunden en beneficios de estos. En efecto, dicho dinero fue utilizado para actividades relativas a la solidaridad sindical y a la capacitación sindical, para lo cual se crearon líneas de acción específicas y que se aplicaron en misiones internacionales como en Haití, Paraguay o países de África.

• La reforma prevé que las mujeres embarazadas puedan trabajar en espacios insalubres, siempre que lo hagan «voluntariamente».

• No se contempla dentro del pago el tiempo de traslado al lugar de trabajo, lo que afecta directamente a los trabajadores rurales.

La estrategia de la oposición partidaria fue la de actuar en varios frentes. Sin embargo, lo hacía en un contexto de debilidad política, bajo el impacto del impeachment de Dilma y con un Lula que si bien gozaba de buenos índices de popularidad, no contaba con recursos institucionales. Así, los representantes del PT en la cámara alta, encabezados por Gleisi Hoffman, intentaron bloquear el tratamiento, sin mucho éxito. También se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, la que no fue considerada por Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros.

El movimiento sindical afín al PT –CUT, CTB, etc.– y el social –UNE, MST, pastorales sociales, etc.– realizaron protestas en las calles, sin obtener resultado alguno. Asimismo hay que destacar que FS encabezada por Paulo Pereira, actuaba en alianza con Temer. Su estrategia consistía en dialogar con el gobierno para lograr determinadas pautas que, en su visión, evitarían el desmonte de la estructura sindical. Esto nunca sucedió, básicamente porque el gobierno de Temer no requería de modo imprescindible el apoyo de FS. La protesta de mayor relevancia se realizó el 28 de abril de 2017, donde se congregaron 35 millones de trabajadores y fue organizadas por todas las confederaciones sindicales.

Y, finalmente, los virtuales ganadores fueron lo que genéricamente se podría denominar «la patronal». Así, la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN) y la Federación de Industrias de San Pablo estuvieron a favor y fueron las que más se movilizaron para que esta reforma del trabajo se apruebe. Estas organizaciones argumentaban que había que modernizar las relaciones laborales y que esta reforma era un paso necesario para la generación de empleo y para la creación de una economía moderna.

La norma entró en vigencia a fines de 2017. Las tendencias del mercado de trabajo relativas a la precarización laboral –informalidad, subcontratación, extensión de la jornada de trabajo, etc.– se agudizaron y ahora son reguladas y validadas. El financiamiento de las organizaciones también impactó rápidamente en las grandes confederaciones –CUT y FS– como también en las más pequeñas –CTB, UGT, NCST–, estimándose que entre un 40 y 25% de las organizaciones sindicales que pertenecían a estas confederaciones desaparecieron (DIESSE, 2018). El desmantelamiento de la estructura sindical heredada del varguismo comenzó a toda velocidad.

V. Conclusiones

El análisis de las variaciones en el protagonismo político de la CUT a partir de procesos significativos para las organizaciones del mundo del trabajo arroja como principal hallazgo que éste ha sido dependiente de la estrategia política del PT en el gobierno. Esto se pudo constatar gracias a identificar dos etapas en la que su gravitación política varió de modo sustantivo: una de fortaleza (2003-2011) y otra de debilidad (2013-2018). En efecto, el segundo mandato de Lula constituyó un punto significativo de protagonismo porque la CUT logró enlazar de modo equilibrado los aspectos relativos a la participación institucional, la consecución de conquistas políticas para la clase trabajadora y la movilización social. Por el contrario, en la etapa posterior, el espacio de acción política se redujo notablemente desde 2013, precisamente cuando el PT en el gobierno comenzó a mostrar signos de debilidad. Este fue perdiendo su rumbo y horizonte político, situación que se cristalizó desde 2015, momento a partir del cual para la CUT era inequívocamente incómodo defender al partido en el gobierno, sobre todo cuando éste había ejecutado un giro ideológico hacia la derecha cuya máxima expresión fue la de designar en el Ministerio de Economía a Joaquín Levi. Así, el tratamiento legislativo del proyecto de terciarización laboral y el proceso de impeachment fueron procesos sumamente delicados donde los cursos de acción de la CUT no tenían la efectividad política de antes. La razón principal de ello radicó en que el partido en el gobierno había comenzado una lenta y consistente crisis, que al menos desde 2013 fue capitalizado por la derecha brasileña, en 2014 por el PSDB y a partir de 2017 por Bolsonaro.

El accionar político de los actores sindicales en su relación con los partidos políticos constituye en América Latina una clave de lectura significativa a la hora de explicar los procesos políticos que se sucedieron desde comienzos de siglo XXI, ya sea para explicar su momento de auge como su crisis. Este trabajo ha intentado aportar e incursionado en esta vía de entrada analítica.

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Notas