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«La escalera se limpia de arriba para abajo, no al revés». La policía en el entramado de la experiencia penal juvenil en territorio

«The staircase is cleaned from top to bottom, not the other way around.» The police in the framework of the juvenile criminal experience in the territory

Nebra, Julieta

Julieta Nebra

julinebra@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires Argentina

Delito y Sociedad

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 2362-3306

Periodicidad: Semestral

núm. 53, 2022

delitoysociedad@unl.edu.ar

Recepción: 15 Marzo 2022

Aprobación: 20 Abril 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/284/28432742843274002/

DOI: https://doi.org/10.14409/dys.2022.53.e0057

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Resumen: En este artículo presentamos las distintas formas en las que la policía va (re)configurando la implementación de las medidas alternativas al encierro y/o al procesamiento judicial (MA) en el sistema penal juvenil. A partir de un trabajo etnográfico realizado en un Centrosociocomunitario de Responsabilidad Penal Juvenil (CESOC) en un municipio del conurbano bonaerense entre 2018 y 2019, relevamos los distintos tipos de hostigamiento policial que padecen los jóvenes (mayoritariamente varones) y sus consecuencias. Ponemos de manifiesto las violencias y el agravamiento de las causas judiciales, pero a la vez develamos algunas consecuencias más sutiles e igualmente perjudiciales que afectan a los jóvenes en su vida cotidiana y en las formas en las que sostienen las MA. Reponemos también, las implicancias de la territorialización de las MA, que suponen un acercamiento social, cultural, afectivo y geográfico de los/as trabajadores/as estatales hacia los jóvenes que permite matizar las «verdades policiales» en relación a su «peligrosidad». Si bien por un lado se observa que la mayoría de los/as actores/as del CESOC cuestionan el accionar policial, manifiestan cierto fatalismo en cuanto a los márgenes de acción y sus intervenciones se centran en que los jóvenes adecuen sus comportamientos para evitar el hostigamiento policial.

Palabras clave: Sistema penal juvenil, medidas alternativas, policía, hostigamiento, territorialización.

Abstract: In this article we present the different ways in which the police (re)configures the implementation of alternative measures to confinement and/or judicial prosecution (MA) in the juvenile justice system. Based on an ethnographic study carried out in a Socio-Community Center for Juvenile Criminal Responsibility (CESOC) in the suburbs of Buenos Aires between 2018 and 2019, we identified the different types of police harassment suffered by young people (mostly male) and its consequences. We highlight the violence and the aggravation of legal cases, but at the same time we reveal some more subtle and equally harmful consequences that affect young people in their daily lives and in the ways in which the MA develops. We also point out the implications of the territorialization of the MA, which suppose a social, cultural, affective and geographical approach of the state workers towards the young that allows qualifying the «police truths» in relation to their «dangerousness». Although on the one hand it is observed that most of the CESOC actors question police actions, they show a certain fatalism regarding the possibilities of action and their interventions focus on young people adapting their behavior to avoid police harassment.

Keywords: juvenile penal system, alternative measures, police, harassment, territorialization.

Introducción

Es bien sabido que, en nuestro país, la policía lejos de configurarse como una respuesta opuesta y demarcada al escenario delictivo, es parte constitutiva del mismo (Sozzo, 2005; Montero, 2013; Pita, 2017; Medina, 2019). Su accionar se entrama en la experiencia territorial, especialmente en los espacios urbanos donde imperan las desigualdades de manera compleja, erosionando los bordes de aquello que delimita lo legal/ilegal, y el accionar contra/en connivencia con el delito. Ahora, si bien afirmamos que este «saber» en torno a la policía no es una novedad, se trata de un conocimiento compartido especialmente por aquellos/as habitantes de los márgenes del Estado (Das y Pole, 2008) que vivencian cotidianamente estas prácticas policiales, y secundariamente es un saber compartido y reelaborado por quienes investigan y/o intervienen en estos espacios. Por otro lado, los medios masivos de comunicación y en ocasiones los discursos políticos de turno, toman como hechos aislados las frecuentes noticias en las que el accionar policial es abusivo, ilegal o ilegítimo. En cambio, los discursos en torno a la juventud (mayoritariamente varones) 1 en conflicto con la ley se endurecen de tal modo que el accionar policial arbitrario termina siendo justificado como una necesidad o en el peor de los casos como algo meritorio.

Este artículo se desprende de una investigación doctoral en la cual indagamos 2 sobre la implementación de medidas alternativas al encierro y al procesamiento judicial (MA) en un municipio del conurbano bonaerense entre 2018-2019. Tomamos como referente empírico -es decir como faro desde donde mirar la experiencia penal juvenil- al Centro Sociocomunitario de Responsabilidad Penal Juvenil (CESOC) del departamento judicial de La Araucaria, analizando puntualmente el municipio de Los Pecanes. 3 En la Provincia de Buenos Aires, los CESOC son los dispositivos encargados de acompañar las MA. Hay un CESOC en cada departamento judicial de la PBA y cada uno abarca varios municipios; pertenecen al Organismo Provincial de Infancia y Adolescencia, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Están conformados por una persona encargada de la dirección y por trabajadores y trabajadoras denominados «operadores/as» y/o «profesionales» asignados a los equipos territoriales de cada municipio.

La particularidad de mi inserción en este dispositivo es que como «contraprestación» a mi investigación, se me solicitó que me desempeñase como trabajadora social dentro de un equipo acompañada siempre por los operadores quienes estaban encargados del seguimiento de los jóvenes. Lejos de considerar que esta doble inserción podría perjudicar mi pesquisa, sostengo el enfoque teórico metodológico «intervención/investigación desde una perspectiva de género» acuñado por País Andrade y González Martin (2014) como un proceso que unifica, comprende la realidad de manera integral y problematiza la ficticia división entre el hacer y el pensar. 4

De esta manera, mi inserción desde la intervención/investigación me ha permitido acceder a distintos espacios tales como audiencias, entrevistas en el CESOC con los/as jóvenes y/o sus familias, encuentros del espacio grupal de jóvenes de dicho centro, a las casas de los jóvenes (varones) y a distintas instituciones vinculadas; pude dialogar y observar a los jóvenes y sus familias, a operadores/as institucionales, agentes judiciales, referentes educativos y culturales, vecinos/as del barrio; como así también tuve aaceso a la lectura de legajos y estadísticas internas del CESOC. Desde un enfoque etnográfico, pudimos reconfigurar de manera situada (Haraway, 1995) la implementación de las MA en este municipio como una «experiencia penal juvenil territorial», entendiendo a la misma como la trama de relaciones y articulaciones entre las políticas públicas, los agentes institucionales, los jóvenes y la comunidad que trascienden los lineamientos formales de las MA. Durante este trabajo de campo que se propuso tener una mirada holística de la experiencia evitando compartimentar la experiencia humana (Achilli, 2006) emergía frecuentemente, la tensa relación entre los jóvenes (varones) y la policía. En este artículo me propongo reponer las formas en las que la policía va configurando esta experiencia penal juvenil territorial. Si bien esta investigación no se ha centrado en indagar exhaustivamente el accionar policial (no he concurrido a comisarias ni he entrevistado a sus agentes), se propone dialogar con aquellas investigaciones que sí lo han hecho (CORREPI, 2019; CELS, 2016; CPM, 2020) para dar cuenta de las formas en las que la intervención policial configura y delimita las experiencias singulares, objetivas y subjetivas de los jóvenes (varones) y de los/as referentes institucionales en una experiencia puntual.

Distintos casos de hostigamiento policial han sido emblemáticos en nuestro país, como es el caso del joven de diecisiete años Walter Bulacio quien en 1991 fue detenido en una razia policial tras asistir a un recital de rock por «averiguación de antecedentes». 5 El chico fue brutalmente golpeado por policías, lo cual devino en su muerte en el Hospital Pirovano de la CABA. Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que falló en contra del Estado argentino y se pronunció en favor de adecuar las legislaciones y normativas que habilitan la detención de personas de manera arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad. Aun así, sabemos que las transformaciones jurídicas no tienen un correlato directo en las prácticas y sentidos cotidianos de los sujetos en los escenarios locales. En los últimos tiempos existen «nuevos» casos emblemáticos como el de Luciano Arruga 6 y el vigente caso ―al momento de esta investigación― de Facundo Astudillo Castro. 7 Estos casos emblemáticos han cobrado notoriedad en los medios de comunicación pero no son los únicos, ni son la excepción a la norma de comportamiento de las fuerzas policiales al respecto de los jóvenes de los sectores populares. Cotidianamente se escuchan referencias a distintas formas de hostigamiento policial en el CESOC de La Araucaria y las mismas si bien indignan a quienes allí trabajan, no sorprenden. En este artículo desarrollaremos las formas que toma el hostigamiento policial en esta experiencia penal juvenil en territorio. Además, analizaremos las emociones que generan a la vez que afectan las posibilidades de actuar sobre estas situaciones.

Antes de esto, cabe destacar que, aun existiendo un fallo de la CIDH, casos emblemáticos vigentes y un conocimiento situado que indica que estos hostigamientos son frecuentes, tal como mencionamos al comienzo, según las investigaciones analizadas desde el CELS (2016) esta problemática no es percibida de esta manera por las autoridades políticas. Las mismas se encuentran focalizadas en «resolver» las demandas frente al «delito juvenil» mediante la incorporación masiva de agentes a las fuerzas. 8

Si bien este problema tiene una larga historia, las personas de esta experiencia territorial identifican el recrudecimiento de algunas prácticas en el último tiempo, que podrían vincularse al giro punitivista del discurso del gobierno nacional y provincial de la gestión Cambiemos durante ese período (2015-2019). También cabe destacar, como eventos significativos, que el 1 de febrero de 2018, el presidente Mauricio Macri y la ministra de seguridad Patricia Bulrich se entrevistaron con el policía bonaerense Luis Chocobar. Este agente se encontraba procesado por «uso excesivo en legítima defensa con homicidio culposo. tras asesinar de un tiro por la espalda a un hombre que escapaba tras haber robado y acuchillado a otra persona en las proximidades. Este caso había cobrado notoriedad en los medios de comunicación masivos en los cuales se enfrentaban posiciones a favor y en contra del obrar del agente. Tras esta reunión, según los medios el presidente le dijo a Chocobar: «Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente» y lo tranquilizó: «te vamos a ayudar a resolver tu situación». 9 De esta manera, observamos que el accionar de este policía se encuentra en una porosa frontera que divide lo legítimo de lo ilegal y lo legal de lo ilegítimo (Kessler y Dimarco, 2013). Y si bien los medios de comunicación presentan estas dos posiciones contrarias, las máximas autoridades nacionales reivindicaron este accionar. Esto se traduce como aval y justificación del Estado para el uso de este tipo de violencia institucional frente a quien se presume cometió un delito.

A continuación, presentaremos algunas de las formas en las que el accionar policial va configurando la trama de la experiencia penal juvenil territorial. Es decir, analizaremos las expresiones situadas del mencionado contexto político y de la problemática estructural de las relaciones y prácticas policiales con los jóvenes (varones) en los «márgenes del Estado» (Das y Poole, 2008). Con tal objetivo, presentaremos escenas etnográficas y recortes de entrevistas en las cuales emerge el accionar policial dando forma a la experiencia.

A su vez, nos interesa dar cuenta de las formas en las que las intervenciones que realizan los trabajadores/as del CESOC se ven interpeladas y delimitadas por este actor policial, cuya presencia es -si bien relevante- lejana en comparación a su rol en otras instancias del recorrido judicial. El CESOC, es un dispositivo que se encuentra en cada departamento judicial y a diferencia de las instituciones de encierro, se trata de un dispositivo de intervención cercano a la zona de procedencia de su población. Las particularidades de la intervención social en un territorio (Carballeda, 2010; Medan, Gaitan y Llobet, 2019) nos permitieron observar una mayor cercanía geográfica, social y cultural entre sus referentes y los jóvenes (varones) que permite establecer lazos de proximidad y afectividad, a la vez que matizar las «verdades policiales» recuperando la validez y legitimidad de las voces de los jóvenes. Pero a la vez, al conocer de cerca el accionar policial se observa indignación, bronca, miedo y por sobre todo la fatalista idea de que nada se puede hacer al respecto.

«El problema de seguridad que tenemos es la policía»: matizando la «verdad policial» desde el CESOC

Federico Medina (2019) da cuenta en su etnografía sobre el campo penal juvenil en Santiago del Estero, de la construcción de la primera versión policial del supuesto delito en tanto «reconstrucción unilateral de los hechos» que se constituye en los cimientos del desarrollo del proceso judicial que se da a partir de ese momento. El autor recupera los aportes de Kant de Lima (1995) en relación al proceso de construcción de verdades, para dar cuenta del «estatuto de verdad» que adquiere la versión policial al conformar el expediente judicial de la causa, en especial para el Poder Judicial quien toma es versión como «lo fáctico» en ese documento (Medina, 2019). Estas verdades policiales (y luego jurídicas) que construyen la imagen de los jóvenes (varones) como delincuentes peligrosos en el escenario barrial y fundamentalmente en el judicial, van perdiendo peso cuando los chicos llegan al CESOC, y sus agentes (policiales y judiciales) también pierden legitimidad en este dispositivo. La policía es representada de manera negativa por todas las personas con quienes compartí en mi trabajo de campo: jóvenes (varones), familiares, trabajadores/as del CESOC, referentes de las escuelas y otras instituciones comunitarias concuerdan en que el accionar policial es -por lo menos- cuestionable.

En un encuentro organizado por el operador social Víctor con Ramiro —un joven de 17 años con MA por robo— su mamá Gladys y su papá Carlos en el CESOC, conversamos sobre la situación en la cual había sido detenido recientemente y por la cual creíamos que el juez le había ofrecido ir a un juicio abreviado en lugar de absolverlo. Habían encontrado al joven con una moto y aparaun sentemente era una «moto trucha», es decir, había sido robada y circulaba sin papeles. Carlos, el papá, desconfiaba porque esa moto había sido adquirida hacía bastante tiempo y le parecía extraña la circunstancia de la detención: «Bueno, pero eso fue raro, porque esa moto estaba hace tiempo y no se entiende por qué justo estaba el dueño de la moto en la comisaría, ni siquiera el comisario de ahí entendía» Víctor no cuestionó lo que decía Carlos, pero insistió en el comportamiento de Ramiro que no estaba cumpliendo con su «compromiso» de ir a la escuela. Pero el padre insistió con su desconfianza ante el accionar policial:

Carlos: Ahora pusieron a la vuelta de casa, no sé, una casa recuperada de los narcos, no sé si van a poner ahí policías... por ahora no está pasando nada porque está la policía ahí…

Víctor: Sí, como siempre seguro engancharon a alguno que andaba por ahí… hasta que venga otro...

Carlos: Intentan limpiar la escalera de abajo para arriba, y todos sabemos que la escalera se limpia de arriba para abajo. (Registro de campo, 2019)

Muchas veces el accionar policial es narrado en relación a cierta desarticulación del delito, como en este caso en el cual se «recupera» una casa que solía estar habitada por «narcos». Y los/as actores también diferencian entre la «policía arreglada» y la «policía que no está arreglada». Es decir, no es un cuestionamiento absoluto a las fuerzas policiales, ni tampoco una demanda por su corrimiento total de los barrios/villas. Por otro lado, se observa la reflexividad de Carlos en relación al accionar policial en general, más allá de los casos puntuales, al recitar el dicho popular «la escalera se limpia de arriba para abajo».

La fuerza policial es incluso señalada como la principal causa no solo del peligro que enfrentan los jóvenes (varones) de ser hostigados o terminar heridos o asesinados en un enfrentamiento, sino de las prácticas delictivas que llevan adelante. La directora María en una entrevista hacia el final de nuestra estadía en el campo compartía sus reflexiones:

Tenemos un gran problema con el sistema de seguridad, hay un gran problema también desde lo cultural y desde la concepción de qué son las fuerzas de seguridad en este país desde la historia de represión que tenemos. Cuál es el rol de la policía como mano de obra de la fuerza militar. En algún momento de nuestra historia hasta la construcción de cómo equilibran la relación de fuerza entre los ciudadanos comunes y las fuerzas delictuales de los barrios y la policía (…) el problema que tienen los pibes, el problema que tenemos de seguridad, es la policía. Y en esto de (que) la policía maneja ese poder, la relación de fuerza en los barrios… un chorro adulto o quien transgrede la ley o quien tiene negocios a espalda de la ley en los barrios y es adulto (tiene una) capacidad de negociación con efectores políticos, comunitarios, con otros adultos policías (que) es mucho mayor que la que pueden ofrecer los tres pibes que están tomando cerveza en la esquina, que uno de ellos se droga, que viene otro lo levanta en un auto, muchas veces un adulto le dice «che me acompañan...»Los pibes en los barrios tienen un embelesamiento por el auto grande, por la moto, por los bienes de consumo… entonces... son presa fácil... y esa vulnerabilidad los hace carne de cañón ante los manejos policiales y ante los manejos de las fuerzas delictuales… (María, directora del CESOC, 2019)

La directora del CESOC realiza una reconstrucción crítica del rol de la policía en tanto fuerza de seguridad en nuestro país, 10 y pone de manifiesto las tensiones, negociaciones y pujas de fuerza en los barrios/villa de donde proviene la mayoría de los jóvenes (varones) con MA. Hemos observado en nuestro trabajo de campo que se comienza a dar una demarcación en relación a las verdades policiales y judiciales que van dando forma a los sujetos del sistema penal juvenil como delincuentes y/o peligrosos. Se produce un corrimiento en esta trama vincular que mueve a los jóvenes (varones) del lugar de peligrosos al lugar de «carne de cañón» de las personas adultas ya sea policías o de organizaciones vinculadas al delito. En este sentido, la territorialización de las MA permite a los/as trabajadores/as del CESOC tener un contacto mucho más cercano y directo con los jóvenes, sus familias y referentes barriales y poder identificar que la policía ocupa un lugar central en «el problema de seguridad». Es decir, en el despliegue de prácticas ilegales vinculadas a delitos penales.

A la vez, esta proximidad les permite conocer los barrios/villas de donde provienen y, por ende, contextualizar las experiencias juveniles. De esta manera, emergen desde distintos espacios los cuestionamientos al accionar policial en relación a los jóvenes y la circulación cotidiana de anécdotas sobre tiroteos, golpizas y hostigamientos en general. Se va construyendo una verdad intersubjetiva (Maffia, 2013) que empieza a matizar las verdades policiales y judiciales, dando forma a lo que podríamos denominar como «verdad territorial» en la cual se intersectan distintas valoraciones sobre el accionar policial abusivo y el lugar que ocupan junto con los jóvenes en dicha relación de fuerza. En una entrevista en el CESOC con Carla, la madre de Emanuel, un joven con MA por robo, nos contaba una anécdota en la cual su hijo había sido detenido:

Una sola vez robó a un laburante... un caminante como le dicen en la jerga, y yo le dije que ¿cómo iba a hacer eso? Que el tipo iba a laburar y le robó una mochila, ¿con qué? Con el uniforme de trabajo, porque ni plata tenía. Le dije «¿y si era yo a la que le robabas?» Yo cuando lo busqué en la comisaría, lo cagué a palos y me dijo «mamá ya me pegó la policía» y le dije, «bien, les voy a pagar para que te peguen» Y el policía ahí me miraba con una cara. (Carla, madre Emanuel, 2018)

En primer lugar, es relevante destacar que la gran mayoría de los jóvenes varones que fui conociendo en el CESOC relataban algún hecho de este tipo al momento de ser detenidos. Más aún es relevante destacar que en ningún momento estas narraciones eran puestas en duda por los/as referentes del CESOC. Los chicos en ocasiones mentían o tergiversaban sus relatos cuando no estaban cumpliendo con alguna pauta (ir a la escuela, estar viviendo en una casa y no en otra, etc.) y los referentes institucionales los interpelaban en busca de «descubrir» la verdad. Ahora bien, esta puesta en duda de la veracidad de la narración jamás ocurría ante un relato sobre hostigamiento policial. Siempre la voz de los jóvenes era tomada como cierta. Es destacable ya que nos permite sostener que en este entramado se va matizando la verdad policial y judicial, y como consecuencia de este corrimiento del mote de «peligroso» y «delincuente» se iban habilitando otras formas de identificación y valoración positiva y/o de vulnerabilidad, sobre los jóvenes, sin que esto implicase la negación de su participación en un delito. Ahora bien, esta verdad territorial es también configurada por otros/as actores, como en este caso Carla la madre de uno de los chicos. Ella toma por cierto que la policía le había pegado a su hijo, no lo pone en duda, se trata de una verdad territorial. Ahora bien, ella considera que esto es legítimo debido al accionar de su hijo que le robo a una persona «caminante» como ella. Si bien Carla estaba enojada en ese momento, y su perspectiva no es la de todas las madres, es relevante identificar como los límites entre lo (i)legal/lo (i)legitimo se van tornando porosos.

En las relaciones de poder en el territorio, los jóvenes (varones) representan la parte más baja de la escalera que menciona Carlos. Es decir, para los actores de esta experiencia los jóvenes son el «chivo expiatorio» de la policía y la sociedad. Al hostigarlos, apresarlos y/o asesinarlos se ofrece una respuesta momentánea a la «problemática de la inseguridad» cuyas raíces son más profundas y cuyos orígenes se encuentran en la «cima de la escalera».

En los siguientes dos apartados observaremos las formas en las que se despliegan estas prácticas policiales abusivas y en el tercero daremos cuenta de las emociones y limitaciones que genera esta verdad territorial en el CESOC.

«No pasa nada, les pones 20 lucas y salís»: hostigamientos y arreglos con «la gorra»

Un informe del CELS (2016) recoge las distintas formas de lo que denomina «hostigamiento policial» a partir de investigaciones cualitativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Resistencia. Los/as expertos/as afirman en este informe que el «hostigamiento» es un fenómeno principalmente situado en los barrios pobres (rara vez se observan en barrios de sectores medios) y que, debido a sus características, es difícil de registrar y sistematizar. Sostienen que no se trata de una categoría analítica o científica y la definen como prácticas de abuso cotidianas que:

(…) incluye(n) detenciones reiteradas y arbitrarias, amenazas, insultos, maltrato físico, robo o rotura de pertenencias; en algunos casos involucra formas más graves de abuso físico como torturas y lesiones graves -en ciertas ocasiones provocadas por armas de fuego- y de arbitrariedad policial, como el armado de causas penales. El elemento extorsivo también está presente en muchas de estas interacciones. Eventualmente pueden dar lugar a casos extremos de violencia policial, como ejecuciones o desapariciones forzadas. El foco principal del hostigamiento son los jóvenes varones pobres. (CELS, 2016:13)

Distintos trabajos locales dan cuenta de las formas de violencia institucional que atraviesan los jóvenes (varones): Maximiliano Linzer junto a otros autores/as (2007), en una investigación sobre uso de fuerza letal de fuerzas de seguridad sobre menores de 21 años en el AMBA, intentaron hacer un registro estadístico de estas muertes, pero se encontraron con dificultades debido a la falta de datos. Destacan que esto no es una falla del sistema sino la misma lógica del funcionamiento del control policial. Entre todos los menores de 21 años, el 83 % se concentra entre los 16 y 20 años y el 97 % son varones. En este mismo sentido, pero desde un abordaje etnográfico, Augusto Montero (2010) recoge las voces de distintos jóvenes que sufrieron violencia policial en la ciudad de Santa Fe. Este comportamiento se incrementa con la edad y la vinculación con el delito. Refiere que existe un proceso de «iniciación» por medio de la demostración de fuerza policial a los más chicos, el pasaje de la infancia a la juventud se relaciona con el incremento de la violencia policial, y aún más cuando los jóvenes comienzan a relacionarse con algunas prácticas delictivas. El informe del CELS (2016) también confirma que los jóvenes (varones) que realizan prácticas frecuentes o esporádicas vinculadas al delito, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de recibir hostigamiento policial.

Como hemos presentado en el apartado anterior, tras detener a Emanuel, la policía le había pegado. Estas golpizas que no pueden fundamentarse siquiera en el uso de la fuerza mínima necesaria (el chico ya está detenido), se encuentran legitimadas, ya que quienes las reciben son jóvenes (varones) que cometieron algún tipo de delito. De hecho, es la misma madre de Emanuel quien dice que le va a pagar a la policía para que le peguen. En este sentido, estas prácticas abusivas, cuando son dirigidas a jóvenes (varones) que no son «inocentes» tensionan los límites entre la legitimidad y la ilegalidad de las prácticas. Tal como aconteció con el policía Chocobar a quien el presidente felicitó por su accionar. O el reciente caso del asesinato y tortura de Lucas González, un joven que 17 años que volvía de entrenar con sus amigos cuando fueron abordados por policías de civil. 11 Es llamativo cómo los medios de comunicación en general resaltaban que se trataba de un chico que no era delincuente para fundamentar el mal accionar policial. Estos discursos dejan traslucir la existencia de una doble moral en relación al juzgamiento del accionar policial abusivo. Pareciera que el foco de la (i)legitimidad está puesto en la víctima y no en la (i)legalidad de la acción policial. Si la persona hostigada e incluso asesinada ha cometido un delito, el accionar policial abusivo recibe un cuestionamiento menor (o incluso una justificación y/o celebración).

De esta manera, podemos pensar las vidas de estos jóvenes (varones) que cometen delitos como «nuda vida» de la forma que propone Agamben (2018) y retoman Das y Poole (2008) para ciertos sujetos en los «márgenes del Estado». No solo sus vidas no merecen ser reclamadas, sino que quienes cometen esos homicidios (y violencias en general) no van a ser interpelados.

Otro elemento a tener en cuenta, que queda por fuera de la mayoría de los trabajos que indagan sobre las violencias institucionales ejercidas por las fuerzas de seguridad sobre los jóvenes (varones), es el atravesamiento de clase y género. Si bien ya hemos presentado los antecedentes que refuerzan que son principalmente jóvenes varones de barrios/villas quienes reciben el hostigamiento policial, en pocas oportunidades se hace mención a que también son jóvenes varones de sectores populares los agentes policiales:

Los policías muchas veces se comportan como una banda de jóvenes. Retoman o reproducen ciertos códigos cuando interactúan con ellos, como escupir el piso o «buscar un mano a mano«. En los barrios de los partidos bonaerenses de Moreno y Florencio Varela una explicación que encuentran algunos referentes barriales para estos fenómenos es el hecho de que muchas veces los policías son, ellos mismos, jóvenes de esos barrios. No solo conocen los códigos sino que arrastran conflictos, broncas o relaciones personales conflictivas que luego son re enmarcadas como conflictos entre la autoridad y los jóvenes. (CELS, 2016:32)

Cada vez que un joven (varón) hacía una referencia a la policía se trataba de varones. De esta manera, también podemos pensar la violencia institucional y la violencia reactiva de los jóvenes hacia la policía, como transacciones de violencia en las cuales las manifestaciones de masculinidad cobran un sentido relevante. Siguiendo a Connel (1997), entendemos la violencia también, como una política de género entre los varones. En este ejercicio de poder se pone en juego quién «aguanta», quién tiene «más poder» y quién no, en un territorio donde la correlación de fuerzas es desigual.

En una ocasión el joven Ramiro le contó con indignación al operador Víctor que David, otro de los chicos que también concurría al CESOC, era un «transa» que «arregla» con la policía. El operador decidió citar a su mamá Fabiana a una entrevista en el CESOC. La señora se lamentó por su hijo: «Es una pena», ya que David de chico jugaba a la pelota en el club Chacarita, se juntaba con otros diez chicos a las seis de la mañana y se iban a entrenar. Contaba que él era muy inteligente y que cuando terminó la primaria con todas buenas notas, le dieron una beca en un colegio privado, pero que a ella le quedaba «muy a trasmano». Finalmente terminó yendo a una escuela secundaria por su barrio, pero por conflictos con otros chicos dejó de ir, contaba su mamá. Y añadió: «Tenía problemas y yo no me di cuenta, a veces te das cuenta tarde».

También contó que David había aprendido barbería con su hermano de diecinueve años, quien estaba preso hacía un año. El joven solía trabajar en dos locales, uno ubicado en su casa y otro más lejos. Fabiana, su mamá, le dijo que ella no quería que fuera al local que estaba en el otro barrio porque había gente que no le gustaba, que venían de otra localidad porque habían matado a dos adolescentes. Según Fabiana: «porque no les servían más… ellos compran casas por todos lados y ponen eso que le dicen quiosco, bueno y ponen a los pibitos, le ofrecen plata, auto, motos, y después cuando no les sirven más los matan como a estos pibitos». Entonces Víctor le preguntó si creía que David estaba vendiendo droga y la madre lo negó. Dijo que le revisaba sus cosas, le olía la ropa y nunca encontró nada, «no lo veo comprándose cosas tampoco, lo normal... a veces va al Unicenter a comprar una remerita todos los fines de semana... y se compra quizás zapatillas una vez al mes. No es que tiene un montón de plata». Víctor y yo le dijimos que la ropa en ese shopping era cara pero la madre lo desestimó aunque dijo: «(...) lo que no sé es por qué anda tanto en remise... no sé si tiene miedo por lo de su hermano». La señora estaba preocupada por su hijo, pero no creía que él estuviese involucrado en la venta de drogas. Víctor insistió:

Víctor: En ese grupito en el que estaba cuando la policía lo detuvo... no habrá sido él, pero otros estaban vendiendo seguro, se juntan de a varios...

Fabiana: Siii ―enfatiza― por todos lados… hasta los padres de familia, bajan del colectivo y en vez de ir para la casa pasan por estos lugares... yo ya me quejé en la municipalidad un montón de veces. Porque, le digo, mi hija trabaja para el jefe de seguridad, y ella sabe, sabe cuándo va a haber un allanamiento, y yo le digo a David: «Mirá que van a ir a allanar a tal y tal lado, y si vos estas ahí te mato», y ella sabe… mi hija… es una vergüenza porque todos saben que es el hermano, y ella... hasta le hizo escuchar un audio... ¿viste que hacen escuchas?… bueno, y se las hace escuchar para que sepa, pero a él no le importa nada. Y nosotros andamos con miedo. Porque a veces pasan de a dos camionetas por la puerta de mi casa… y eso no es normal. Aparte de que esta gente que te digo está arreglada con los de la comisaría ―dice nombres que yo no retengo―… hay un tipo que en la plaza 25 de mayo, va con un equipito de música y se sienta ahí, en medio de la plaza a plena luz del día y vende… eso salió en el Facebook…

Víctor: Y la policía sabe… si Julieta y yo sabemos que si queremos comprar tenemos que ir a plaza 25 de mayo… es que la policía sabe, ¿no va a saber?

Fabiana: ¡Pero saben todos! Si están todos pagados… es terrible… y yo le digo David que sí está metida la policía esto no es pavada, pero él es como si no pasara nada… no se da cuenta, no sé.

Fabiana concurría a charlas en un Centro Juvenil para madres y padres de jóvenes que están pasando por situaciones conflictivas. Contó que al hablar con otros familiares se dieron cuenta de que «están en todas partes», entonces por más que ella se mudara, los «transas» tienen quioscos en todos lados y están en la búsqueda de soldaditos. La señora le dijo a su hija mayor que no mandara a su nieto de quince años a ver a David en el local del otro barrio, porque «así empiezan, van a hacer un mandado, y están ahí nomás de esa gente, y le regalan plata y así los enganchan... les ponen plata auto, moto, todo… y después si no les sirve más, lo matan».

Como hemos presentado en otros trabajos (Nebra, 2015, 2021), los jóvenes (varones) desean tener objetos que el mercado les ofrece para sentirse jóvenes, masculinos, conquistar a jóvenes mujeres y así, sentirse felices. De esta manera, los «transas» que ofrecen el acceso a estos recursos de manera rápida (no diremos «fácil», ya que está en juego la vida) a la vez que ofrecen la protección de la policía arreglada y, por ende, una cierta libertad e impunidad para manejarse en el barrio/villa que también genera un sentimiento de poder. Esto nos lo transmitía David cada vez que sonriente y despreocupado nos decía: «No pasa nada, les pones 20 lucas y salís».

A su vez, tal como mencionaban Víctor y Fabiana «todos saben», en este sentido estas relaciones entre policías y «transas» son un «secreto a voces» (Medina, 2018). No sólo los vecinos y vecinas del barrio saben dónde se vende droga, y la policía arreglada también, sino que distintos agentes del Estado sabemos de estas tramas y aun así opera una suerte de «secreto» del cual no queda registro.

De los relatos que fuimos reconstruyendo, identificamos dos formas de obrar policial abusivas distintas para con los jóvenes (varones): por un lado, las prácticas de hostigamiento policial y por otro, las prácticas denominadas «arreglos».

En cuanto a las prácticas de hostigamiento, pudimos reconstruir tres tipos. En primer lugar, aquellas que acontecen cotidianamente como cuando la policía «para» a los jóvenes (varones) aunque no estén haciendo nada ilegal. Estas prácticas, inscriptas dentro de cierto margen de legalidad, al ser reiteradas y dirigidas principalmente a jóvenes varones pobres, van generando de a poco, malestares, broncas, sentimientos de injusticia, que afectan de manera directa e indirecta la trayectoria de los jóvenes y su experiencia penal territorial.

En segundo lugar, hay prácticas de hostigamiento que se dan cuando los jóvenes efectivamente cometieron delitos. Esto se relaciona con la construcción de las verdades policiales que desarrolla Medina (2018) y que tienen una incidencia en las causas judiciales de los chicos, aunque en la experiencia penal juvenil vayan perdiendo legitimidad: una vez que fuimos a la casa de Brian, un joven con MA, y nos comentó que lo habían llamado del juzgado.

Víctor: Me llama la atención esto, suelen esperarnos ―lo dice mirándome a mí―. Esto quiere decir que te están atrás, ¿cómo fue la causa, vos por qué estabas?

Brian: Por robo.

Víctor: ¿Un auto?

Brian: Sí.

Víctor: Pero ¿cómo fue el robo? ¿Con arma?

Brian: No sé...

Víctor: Nooo pará… te lo pregunto no para andar informando, sino para saber por qué te andan atrás.

Brian: ―Asiente con la cabeza y cierra los ojos― Sí, hubo un arma.

Víctor: ¿A quién le robaron?

Brian: Una señora con dos nenes, una nena y un nene... dicen que le pegamos… pero no.

Víctor: Ah… la policía le dijo que diga eso seguro. Bueno, capaz que por eso te andan atrás.

Este segundo tipo de práctica de hostigamiento que identificamos sucede en relación a los delitos que cometieron los chicos y si la primera práctica estaba en los límites de la legalidad, esta otra ya se aleja por completo. Se trata de la práctica que podemos denominar como «agravamiento policial del delito». En estos casos, los jóvenes cometieron un hecho delictivo pero la policía se encarga de aportar elementos que hagan que se trate de un hecho de mayor gravedad. En nuestras observaciones en territorio, nos encontramos dos veces con esta situación. Otro joven nos contó, refiriéndose a su causa, que la policía les dijo a dos víctimas adolescentes mujeres que dijeran que habían sido tironeadas hacia el interior de un auto. Entonces lo que para los jóvenes era un intento de robo de unas mochilas, se presenta como un intento de secuestro. De todas formas, esta no era la carátula de su causa, pero él estaba preocupado por cómo esto podría ser interpretado por el juez y por la reputación que esto le podría generar.

Finalmente, encontramos un tercer tipo de práctica de hostigamiento vinculada al ejercicio de la violencia física, ya sea durante la persecución (tirar tiros) o la detención (golpizas). Estas suponen un riesgo respecto de la vida de los jóvenes (varones) muchas veces justificadas bajo el rótulo de «resistencia a la autoridad», nuevamente tensionando los límites entre lo ilegal y lo legítimo. En ocasiones, esto termina en heridas de gravedad o en la muerte.

La otra forma de relacionamiento entre los jóvenes y la policía es aquella mencionada como «arreglar». En principio, observamos que se hacía referencia a dos formas de «arreglar». Por un lado, ante la comisión de un delito y la detención del joven (varón) se le exige el pago de una suma de dinero para ser liberado. Esta práctica podría ser entendida como una forma ilegal de ejercer una medida alternativa al proceso judicial. La persona no es juzgada y para librarse de todo tipo de consecuencia legal y punitiva abona un dinero, como decía David: «pones 20 lucas y salís». La segunda forma implica un involucramiento mayor de la policía en connivencia ya con organizaciones delictivas más estables en lugar de hechos esporádicos, y el ejercicio de presión de parte de algunos agentes de la policía para salir a robar o vender droga. Esta segunda forma aparece enunciada de manera subrepticia cuando la madre de David afirma que la gente a la que le tenía miedo y que pasaban por el frente de su casa «esta arreglada con la policía» y que «si está metida la policía esto no es pavada». Casi ocho meses después de haber finalizado mi trabajo de campo, concurrí al CESOC de visita a saludar a sus trabajadores/as. María, la directora, me dijo que podía mirar las estadísticas que había reconstruido de ese año mientras preparaban el mate. Abrí el cuadernillo que había armado la directora y vi entre los motivos de la finalización de las medidas un fallecimiento. Ese número en la estadística era David. Lo habían asesinado, pero su familia no quiso que se investigara. Pudo haber sido la policía, los transas o alguna bronca del barrio/villa, señaló María.

Cuadro 1.

Hostigamiento policial observado en el CESOC de La Araucaria

Entre las consecuencias de este hostigamiento policial nos encontramos con heridas, asesinatos y agravamiento de causas; la comisión de nuevos delitos y su persecución, entre otras. Pero también, de nuestro trabajo de campo cotidiano, emergió una consecuencia mucho más sutil y difícil de cuantificar: el impacto subjetivo del hostigamiento policial y su vinculación con las posibilidades de los jóvenes (varones) de relacionarse con otras instituciones y acceder a derechos. A continuación, profundizaremos.

El diablo se esconde en los detalles: ramificaciones y sutilezas en el «parar» policial

Una mañana, el operador social Víctor me pidió que entrevistara a Joaquín —un chico de 17 años con MA por robo— para llenar con él unas planillas para poder incluirlo al programa Autonomía Joven. 12 Ya lo habían conversado y él estaba entusiasmado con la posibilidad de cobrar un dinero que le permitiera construir una habitación propia en la casa familiar. Víctor me reenvió por WhatsApp un mensaje de la mamá del chico que decía «ola como esta keria contarle ke mi hijo joaquin esta contento» y a continuación «el dise ke el jueves tiene keir donde uste lo mando me pone contenta ke uste puefa ayudar ami hijo muchad gracias ke dios le bendiga» (sic). Con toda esta información me imaginaba que sería una tarea sencilla porque él ya estaba motivado y solo tendríamos que ir completando algunas preguntas del formulario. Al llegar, estaba muy serio, nos sentamos en una oficina, le ofrecí mate y no quiso, le empecé a hacer preguntas y contestaba monosilábico mirando un punto fijo. Tras insistir sobre las preguntas del formulario que requerían que se explayara un poco más (sobre el proyecto que quería desarrollar con el dinero de la beca, sus intereses y conocimientos), me di cuenta de que era una tarea imposible de realizar a menos que yo fuese diciendo todo y que él solo contestase «sí» o «no». «¿Te pasa algo? ¿Te sentís mal?» pregunté, pero él negó. «Necesitamos llenar esto para el programa» le expliqué nuevamente, pero con cara disgustada me dijo: «Dejalo ahí, dejalo ahí nomás, no lo voy a hacer». Su respuesta me sorprendió y lo intenté convencer, pero él insistió: «Dejá, no lo quiero», finalmente desistí y le dije: «Bueno, lo dejamos. Me habían dicho que estabas entusiasmado con esto y me parece que te pasa algo, que estás molesto o triste y por eso no lo querés hacer.» Él seguía con gesto de disgusto, no tenía ganas de contarme qué le pasaba, le di la opción de irse y pensarlo para otro momento y la aceptó. Nos saludamos y se fue. Le mandé un mensaje a Víctor diciéndole que para mí «algo le pasaba a Joaquín» y el operador me dijo que luego hablaría con el chico. A la semana siguiente, me contó que se comunicó con él y que le dijo que «no le había pasado nada, solo que lo paró la policía antes. Le dije que te lo tenía que decir porque te preocupaste por él. Ahora está re entusiasmado con Autonomía Joven».

Las relaciones con la policía son relaciones territorializadas en las que la impronta sociocultural del barrio/villa cobra vital relevancia. Hemos hecho referencia a los homicidios perpetrados por fuerzas de seguridad, poniendo de manifiesto que son principalmente los jóvenes varones las víctimas fatales de las fuerzas. Pero como señalamos, también la policía ejerce distintos tipos de violencias, aunque estas no terminen siendo letales, que van marcando las trayectorias de los jóvenes (varones). Para Medina (2018), estas violencias pueden resignificarse como «rituales» en cuyas prácticas se producen y perpetúan clasificaciones sobre los jóvenes como sujetos peligrosos, reforzando así la legitimación del accionar policial. Uno de estos ejemplos es la práctica de ser «parado por la policía», esto es que la policía solicite el documento para averiguar antecedentes y/o los papeles del vehículo, también realizar preguntas y en muchos de esos intercambios aprovechar para agredir o avergonzar a las personas demoradas, especialmente a jóvenes (varones), como le sucedió a Joaquín. Estas prácticas no son letales, ni inciden necesariamente en sus causas judiciales, pero repercuten en la vida de los jóvenes como pudimos observar en el relato presentado, a partir del cual nos preguntamos: ¿Qué hubiera pasado si al chico no se le hubiera ofrecido otra oportunidad de inscribirse? ¿Cuántas veces las instituciones no vuelven sobre los motivos del «desinterés»? Las relaciones con la policía afectan a los jóvenes y a la trama de relaciones que establecen con otras instituciones y, de esta manera, a la posibilidad de acceder a otros recursos que no se relacionan directamente con la órbita del control y la seguridad.

Una dimensión no tan explorada sobre las prácticas policiales abusivas, es la dimensión emocional. Es decir, las formas en las que estos rituales van configurando sentimientos de resentimiento, bronca, tristeza, humillación y abulia en los jóvenes (varones). Las emociones se han estudiado desde distintos enfoques, inclusive constituyendo un campo específico (Lutz y White, 1986; Sirimarco, 2010), pero muchas veces han quedado relegadas en un lugar secundario en relación a las dimensiones materiales de las desigualdades. Si bien nuestra indagación no se inscribe en este campo especifico de estudio, recuperamos el valor de las emociones como parte constitutiva de la trama de la experiencia penal juvenil en territorio. La adrenalina, la diversión, el compartir con sus pares, adquieren una dimensión significativa en la experiencia territorial de los jóvenes (varones), pero también la bronca, el resentimiento y la humillación. Es decir, para analizar las implicancias de las formas abusivas policiales se deben considerar las dimensiones culturales y expresivas en torno al delito y la transgresión (Kessler, 2014; Tonkonoff, 1998) y los mandatos masculinos de fortaleza (Cozzi, 2015; Montero, 2013; Tonkonoff, 2001), ya que en esta imbricación se configuran las subjetividades situadas de los jóvenes.

Por todo esto, recuperamos el dicho popular que sostiene que «el diablo se esconde en los detalles». En este caso, el detalle es la negativa de Joaquín de llenar la planilla para el programa que lo favorecería, entre otras cosas, económicamente. Es decir, no se trata de una consecuencia explícita como una golpiza, una causa judicial, o un homicidio, sino de una ramificación sutil pero no por eso inocua. Es cotidiano observar un comportamiento que podría ser señalado como de «apatía» o «desinterés» por parte de los jóvenes (varones) hacia distintas propuestas institucionales como la escuela o talleres. Este comportamiento la mayoría de las veces los aleja de la posibilidad de acceder a recursos y derechos, como así también a vínculos significativos. En la vorágine y desborde cotidiano de las instituciones de la comunidad (Nebra, 2020) se hace difícil desentrañar las causas de este desinterés manifiesto (la imagen recurrente es la del joven varón sentado al fondo del aula con los auriculares escuchando música mientras transcurre la clase) e incluso genera rechazo y bronca, y en el peor de los casos refuerza los estigmas negativos que sobre ellos recaen.

En nuestra investigación doctoral hemos reconstruido que existen distintas dimensiones que configuran el sentido que los jóvenes (varones) le otorgan a sus experiencias institucionales (Nebra, 2021). Esta multiplicidad de cuestiones que configura la relación entre los jóvenes y las instituciones (escuela, centro de salud, club, etc.) dificulta aún más poder identificar la relevancia del accionar policial abusivo en dicha relación. No por esto, debe dejarse de lado las implicancias de estos abusos policiales en las vidas cotidianas de los sujetos. El caso señalado se torna un gran ejemplo ya que puede observarse directamente la existencia de un interés previo y de un beneficio objetivo (el económico) y uno subjetivo (el acompañamiento) que se ven obturados ante el hecho puntual de haber sido «parado» por la policía momentos antes del encuentro en el CESOC. Aquí los elementos están claros, y la relación es bastante explícita. Cabe destacar, que muchas veces esto no ocurre de esta manera, pero podemos reconocer que las emociones que suscita esta práctica policial, al ser cotidiana van configurando estos sentimientos y predisposiciones ante otras instituciones. Es decir, sumado a todas las consecuencias que ya conocemos sobre el accionar policial abusivo y que hemos sintetizado en el apartado anterior, incorporamos su dimensión emocional que repercute en la subjetividad de los jóvenes (varones) que, entre otras derivas (como el deseo de revancha o venganza), obtura el acceso a derechos tales como la educación, la salud, la recreación, entre otros; a la vez que en este sentido, incide en el cumplimiento de las pautas impuestas en la MA que incluyen la participación de los chicos en actividades diversas. Podemos sostener que las prácticas policiales abusivas son como un témpano en el cual sólo se nos hace evidente la punta (las prácticas abusivas más extremas) pero cuyo alcance llega a lo profundo de la experiencia juvenil, repercutiendo en aspectos de la vida cotidiana mucho más difíciles de observar.

Miedo, bronca y fatalismo: emociones que paralizan

Tomás vivía con su mamá Ivana. Tenía 18 años y una causa por «robo agravado en poblado y en banda», junto a otras personas le había robado el auto a una mujer en un barrio residencial del municipio. Una tarde, llegaron al CESOC para entrevistarse con Fabián, otro operador social del equipo, y conmigo. Como era un día de sol y calor, Fabián preparó una mesa y unas sillas en el jardín, bajo un laurel. El chico parecía tímido y preocupado. Ivana, su mamá, era una señora de alrededor de 40 años que hablaba con voz suave y preocupada. No estaba citada a la entrevista, pero quiso ir «para conocer el lugar».

Ivana: Ah ¿cómo es eso de la policía? Porque a él lo pararon y les saltaba la causa y lo llevaron...

Julieta: ¿Dónde te agarró la policía?

Tomás: En la puerta de mi casa...

Julieta: ¿Te habían ido a buscar o algo así?

Tomás: No... Me pararon porque sí...

Ivana: Claro. Los policías ya buscan... lo ven así… yo también cuando bajo del tren y veo unos chicos así como él, pienso «ay me van a robar» porque están mal las cosas

Fabián: Claro, encima tenés la policía en los barrios que anda buscando si tenés gorrita y eso…

Ivana: Encima te tratan despectivamente mal... en la comisaría de ahí cuando me pidieron no sé qué papeles me dijeron «ah la mamá del pibe ese...» ―puso cara despectiva y lo miró a Tomás― y a mí no me gusta... no estoy acostumbrada... yo seré pobre pero siempre trabajé ―en tono de reclamo.

Julieta: Ah, pero también te llevaron a la comisaría…

Ivana: ¿Pueden hacer eso? Porque yo le decía, mirá si lo para la policía cuando viene para acá solo… porque le salga la causa

Julieta: En realidad no pueden hacer eso, porque vos no tenés una prisión domiciliaria, podés andar por la calle. Lo que podés hacer si querés es sacarle una copia a la medida y si te paran les decís: «tengo una medida alternativa»

Ivana: ¡Ah! SÍ, sí, eso tenemos que hacer… porque encima que te tratan mal... Bueno y él les contesta. El otro día no sé qué le querían poner como de… no escuchar a...

Julieta: La autoridad.

Tomás: Resistencia a la autoridad.

Fabián: Bueno, vos eso tenés que ver cómo te manejas con la policía, intenta ser correcto, deciles: «no hice nada no me puede llevar detenido, este es mi documento» ―lo decía enfatizando el tono tranquilo― porque si no...

Julieta: Ellos te detienen y para ellos no es ningún problema. Es problema para vos y para tu mamá que te tiene que ir a buscar… a ver… la policía no debería hacer eso, está mal, pero ya sabemos cómo es… por eso mejor evitar los problemas.

A Tomás lo paró la policía «porque sí» y, al tener una causa, fue llevado a la comisaría. La familia no entiende cómo debería ser el accionar policial, si es correcto o no que lo hayan parado y demorado. Nuevamente el accionar policial se encuentra en una zona porosa y opaca entre lo (i)legal y lo (i)legítimo difícil de determinar. Ante esta situación surge el desconcierto, pero también la indignación de la mamá que señala la selectividad policial basada en estigmatizaciones (aunque ella misma asumía esa práctica) a la que se añade el trato despectivo que recibió en la comisaría. Ella, que «siempre trabajó», no merecía ese trato, ¿quién lo merece entonces? Ante esta pregunta, nos aproximamos a considerar que el hostigamiento policial dirigido a jóvenes (varones) que cometen delitos se inscribe en una trama de sentidos compartidos en los barrios/villas que justifica estas prácticas siempre y cuando se efectúen sobre las personas «correctas».

La devolución que le hicimos a la familia es que el obrar policial «está mal» porque Tomás no estaba haciendo nada ilegal. Tanto a Fabián como a mí, nos indignaba y nos preocupaba el abuso policial sobre los jóvenes (varones) pero aun así le sugerimos al joven que sea él quien modifique su actitud. En una entrevista con Fabián, le pregunté sobre estas experiencias frecuentes:

Si, a ellos les afecta... y a mí también... no me gusta esta desigualdad que hay, como a veces el poder mediático lo maneja, el poder ejecutivo también, poniendo toda la culpa en los pibes y tratando el tema como si no hubiera un origen de todo esto, ¿dónde empieza la violencia?, ¿En los pibes empieza la violencia o anteriormente en la desigualdad?, ¿En la violencia estructural?, ¿En esos barrios donde nadie debería vivir así mientras otros viven a todo culo? Entonces es fácil caerle a los pibes y hacer política con la seguridad y pensar que todo depende de que haya más o menos policías, y todo eso es violento... todos esos discursos esa manera de tratar este tema...

Es claro el posicionamiento de Fabián al respecto de las violencias que padecen los jóvenes (varones). Ahora bien, esta lectura sobre la complejidad del tema y de la «política de la seguridad» que venimos describiendo y que afecta a los/as referentes del equipo desde la indignación y el miedo, se engarza con otra sensación generalizada: el fatalismo. Bourdieu (1997) en una conferencia sobre las transformaciones de la economía y su impacto en las prácticas y sentidos de las personas, hace referencia al «fatalismo económico» o al «fatalismo del banquero». Estos sentidos reproducen la idea de que «el mundo no puede ser diferente a lo que es» aunque no nos guste. Con esto en consideración, retomamos la idea del «fatalismo» no como una naturalización o falta de mirada crítica de los/as trabajadores/as —como sugieren otras investigaciones—, sino como una sensación de imposibilidad de transformar lo que existe por más injusto que esto se considere.

Entre la indignación y el fatalismo, las estrategias que se le sugiere a los jóvenes (varones) son las de evitar las situaciones que habilitarían a los policías a hacer abuso de su fuerza. Por un lado, mostrar la documentación cuando se la solicite que acredite la identidad y también que informe sobre las características de la medida alternativa. Por otro, adoptar una actitud tranquila y sumisa para no darle «excusas» a la policía para continuar con el hostigamiento. De esta manera, aun desde una mirada crítica se transfiere la responsabilidad hacia los jóvenes (varones) sobre el hostigamiento policial.

De todas formas, cabe destacar que pudimos observar un interés sobre estos temas tanto en los trabajadores y trabajadoras del equipo de Los Pecanes, como en el gobierno municipal. El área de Derechos Humanos llevó adelante durante el «Mes de la juventud» (por el día del estudiante el 21 de septiembre) una encuesta sobre «Hostigamiento de las fuerzas de seguridad» destinada a jóvenes del municipio. Esta información nos la compartió la directora del CESOC María, con la intención de que se la pudiéramos hacer a los jóvenes (varones) con MA. Le sugerí que podríamos incluir cuestiones específicas de la población con la que se trabajaba en el CESOC y ella estuvo de acuerdo, iba a indagar con las autoridades si se podía agregar preguntas y si no «lo hacemos igual y nos queda a nosotros». Convenimos con Dario, otro operador, que haríamos las modificaciones a la encuesta en conjunto. La encuesta municipal preguntaba si se había sufrido hostigamiento, por qué tipo de fuerzas y cómo se había percibido. Entre los tipos de hostigamiento la encuesta presentaba las siguientes opciones: «pedido de documentos, revisión de pertenencias, demoras en vía pública, traslado a comisaría, te sacaron fotos, golpes, amenazas, exhibición de armas de fuego, tortura, armado de causa». Junto con Darío sumamos algunas preguntas vinculadas al hostigamiento en el marco de la causa por la cual tenían una MA. Elaboramos preguntas relacionadas a saber si la persona que realizó la detención había declarado algo que no había ocurrido (presencia de armas o drogas, violencia hacia víctimas) y en relación a la forma de la detención (tiempo, agresiones físicas, sexuales y psicológicas, revisaciones médicas, otras personas detenidas, amenazas, interrogatorio, maltrato a familiares, extorsiones, etc.). Finalmente, esta encuesta no se llevó adelante. En este sentido, el instrumento se torna relevante no en tanto herramienta de recolección de información, sino como dato en sí mismo, ya que nos permitió identificar las cuestiones que el operador consideraba relevantes en relación a las formas de obrar policial abusivas. En cambio, la encuesta municipal sí se llevó adelante, pero al indagar sobre sus resultados me informaron que la herramienta estaba mal elaborada, que las personas que encuestaban no habían sido capacitadas y por ende los datos arrojados no servían. De esta manera, si bien me contacté con distintas personas referentes de esa área del municipio, no pudimos acceder a los resultados.

Observamos una intencionalidad en torno a la identificación de la violencia institucional padecida por los jóvenes (varones) en el municipio que definimos como de baja intensidad. La complejidad de la problemática requiere no sólo la «buena intención» de recabar dicha información, sino la puesta en juego de recursos financieros y humanos que permitan realizar la indagación de manera rigurosa y seria. En este sentido, este conocimiento que se tiene sobre los hostigamientos y arreglos policiales, continúa como un «secreto a voces» compartido por todos los actores de la experiencia, pero para el cual no existe un registro que pueda presentarse a otras instancias administrativas. De esta manera, indignación y miedo conviven con la fatalidad y la inacción ante estos abusos policiales.

Secreto a voces: reflexiones finales sobre el accionar policial y la experiencia penal juvenil

Tal como versa el nombre de este artículo, el accionar policial se presenta en la experiencia penal juvenil territorial vinculado a sentidos en torno a su inoperancia, inadecuación y abuso. En este trabajo presentamos cuatro hallazgos centrales que nos permitieron reponer la reconfiguración situada de la intervención policial en la experiencia penal juvenil territorial. Sabemos que otras dimensiones han quedado por fuera de este recorte ya que nuestra investigación doctoral no se ha centrado en el accionar policial, sino en la experiencia enmarcada en el CESOC y no hemos podido abarcar la profundidad y multidimensionalidad de la cuestión. En este sentido, estos hallazgos que sintetizaremos deben entenderse como algunas de las dimensiones constitutivas de esta problemática, y como ventanas para continuar complejizando en el conocimiento en torno a las formas en las que el accionar policial interviene en la implementación de MA.

En primer lugar, dialogamos con otras investigaciones que reponen la relevancia de la construcción de las verdades policiales que devienen en estigmatización, criminalización y cooptación por el sistema penal mediante la judicialización. Observamos cómo la verdad policial se va matizando, es decir, perdiendo su fuerza instituyente y estigmatizante, a medida que los jóvenes (varones) ingresan al CESOC. Allí sus trabajadores y trabajadoras y demás referentes de instituciones de la comunidad concuerdan en que antes que «jóvenes peligrosos son jóvenes en una situación de vulnerabilidad y eminente peligro. En segundo lugar, retomamos algunas investigaciones de carácter macro que nos permitieron poner en contexto las distintas violencias policiales, para poder reponer las dos grandes formas de obrar policial abusivas que observamos desde el CESOC: por un lado, los hostigamientos que incluyen distintas acciones de persecución y/o maltrato, y por otro los llamados arreglos policiales, los cuales implican una cierta «complicidad» entre las partes aun con distintos grados de implicación y de poder. En tercer lugar, nos centramos en relevar las consecuencias más sutiles y ramificaciones del accionar policial abusivo, ya que consideramos que aquellas más evidentes tales como el daño físico, la criminalización, el agravamiento de una causa o incluso la muerte, han sido señaladas por distintos organismos. En cambio, pudimos relevar el devenir más sutil de estas prácticas abusivas, las cuales generan emociones como la bronca, la humillación y la apatía, que repercuten en el acceso a derechos y experiencias de los jóvenes (varones). Finalmente, en cuarto lugar, señalamos que los/as referentes del CESOC reconocen estas situaciones como injustas, pero las vivencian en el marco de un sentimiento de fatalidad que frena la posibilidad de acción, o de incluso problematización del propio accionar institucional ante tales hechos.

Con todo este recorrido, podemos sostener que el accionar policial en esta experiencia penal juvenil territorial reviste las formas de un «secreto a voces»: todas las personas que fui conociendo saben y comparten una crítica al accionar policial, escuchan cotidianamente referencias a comportamientos abusivos y observan las consecuencias evidentes y/o sutiles en los jóvenes (varones) y sus familias, pero toda esa información no se encuentra sistematizada ni enunciada en forma de reclamo o denuncia, ya sea por temor o principalmente por el sentimiento de fatalidad. Entendemos este «secreto a voces» como característica central de la forma en la cual se configura el accionar policial en esta experiencia, y como uno de los principales impedimentos para su transformación. De esta manera, continúan siendo los jóvenes (varones) —el flanco más débil en la relación de poder asimétrica— a quienes se les aconseja el despliegue de estrategias de evitación de estas prácticas y sobre quienes recae la responsabilidad por prevenirlas, y en el peor de los casos, de merecerlas.

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Pita, M. V., Gómez, J. S. (2017). Historias mínimas. Apuntes para una etnografía del control contravencional y la gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires. En: Pita, M. V. y Pacecca, M. I. (Editoras) Territorios de control policial: gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos, (77-147). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Sirimarco, M. (2010) Memorias policiales. Narrativas de emotividad. Publicar, VIII (IX). 123-139.

Sozzo, M. (2005) Policía, Violencia y Democracia. Ensayos Sociológicos. Santa Fe: UNL Ediciones.

Tonkonoff, S. (1998). Desviación, diversidad e ilegalismos. Comportamientos juveniles en el Gran Buenos Aires. Delito y Sociedad, 1(11/12), 139-168.

Tonkonoff, S. (2001). Meter caño. Jóvenes populares urbanos: entre la exclusión y el delito. Delito y Sociedad, 1(15/16), 171-182.

Notas

1 Utilizamos la expresión «los jóvenes (varones)” para dar cuenta y destacar la doble condición del sistema penal juvenil: su aparente neutralidad y su sesgo de género. Por ende, con «los jóvenes (varones)» nos referimos a toda la población joven (incluidas las mujeres) conformada mayoritariamente por varones. La aclaración «varones» puede resultar reiterativa para quien lee, pero aun así la sostenemos ya que es nuestro objetivo poder dar cuenta de que la experiencia penal juvenil es una experiencia masculinizada. En otros trabajos profundizamos sobre esta dimensión.

2 Optamos por alternar las voces de enunciación entre la primera persona del singular (para dar cuenta de la inserción en el campo) y la primera persona del plural (para referir a la tarea colectiva de la reflexión científica).

3 Los nombres son ficticios para preservar el anonimato.

4 En mi tesis doctoral he desarrollado las implicancias y decisiones ético-metodológicas que esta doble inserción me llevó a tomar.

5 Fallo CIDH (2013) Bulacio VS. Argentina. Ficha técnica disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=285#:~:text=Sumilla%3A,del%20joven%20Walter%20David%20Bulacio.&text=%2D%20Luego%20de%20su%20detenci%C3%B3n%2C%20fue,numerosas%20ocasiones%20por%20agentes%20policiales. Consultado el 25 de agosto de 2020.

6 Luciano Arruga fue un joven de 16 años quien estuvo desaparecido desde el 2009 hasta el 2014 tras haber sido detenido por la policía de la PBA. Se descubrió que su cuerpo había sido enterrado en el cementerio de la Chacarita como «NN” al poco tiempo de su desaparición e ingresado como un accidente vial. En 2015 el policía Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por torturas cometidas en el destacamento policial. La causa por su desaparición y muerte continúa impune.

7 Facundo Astudillo Castro fue un joven de 22 años quien fue detenido por la policía de la PBA en abril del 2020 por haber violado el aislamiento decretado por la pandemia COVID-19. Desde ese día no se lo volvió a ver. En el mes de agosto se encontró su cuerpo asesinado por asfixia por sumersión. La investigación por su desaparición y muerte continúa.

8 «Solo en la provincia de Buenos Aires, entre 2005 y 2015, los efectivos pasaron de ser 45 mil a aproximadamente 90 mil. Según esas cifras, la tasa de agentes cada cien mil habitantes en territorio bonaerense estaría en el orden de los 530, tasa que supera el promedio registrado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) en los diferentes países que informan este dato. El promedio en los países registrados varía en torno a los 250-300 efectivos cada 100 mil habitantes. En la Argentina, para 2014, la tasa indicaba 794,9.» (CELS, 2016:14)

9 La Nación [en línea]. Disponibilidad: https://www.lanacion.com.ar/politica/mauricio-macri-a-chocobar-estoy-orgulloso-de-que-haya-un-policia-como-vos-al-servicio-de-los-ciudadanos-nid2105660 consultado el 25 de agosto 2020.

10 Para profundizar se sugiere el trabajo de Gabriela Águila (2018) quien sostiene que en las investigaciones en torno a la represión durante la última dictadura militar «(…) el foco ha estado puesto fundamentalmente en el accionar de las Fuerzas Armadas, principales responsables del comando y ejecución de la represión, y menos en las otras fuerzas que desempeñaron un rol significativo en el despliegue represivo de los años 70, tal y como sucedió con la policía.» (Gabriela Águila, 2018:122).

11 Infobae [en línea]. Disponibilidad: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/12/19/caso-lucas-gonzalez-ordenaron-la-detencion-de-otros-cinco-policias/ consultado el 18 de enero de 2022.

12 El programa «Autonomía Joven», depende al igual que el CESOC del Organismo de Niñez y Adolescencia de la PBA está destinado a jóvenes ―en su mayoría varones― entre 16 y 21 años que hayan estado institucionalizados (ya sea como medida de abrigo o penal) aunque sea por un periodo muy corto. Se trata de un programa que ofrece acompañamiento y que otorga una beca del 80 % del salario mínimo para la realización de un emprendimiento o proyecto personal.