Introducción

En 1983, Argentina emergió de una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea y puso fin a una dictadura cívico–militar que la había sumido en un profundo sufrimiento y deterioro institucional. Cuarenta años después, el país se encuentra inmerso en un momento de reflexión y celebración al conmemorar cuatro décadas de democracia ininterrumpida. Este proceso posee sus avatares, sucediéndose a lo largo del período crisis económicas, inestabilidad institucional y tensiones sociales. El caso argentino es parte de una historia común de la región latinoamericana, que supone que un sistema político inclusivo y participativo, en el que se garantice el respeto por los derechos humanos, el Estado de derecho y la pluralidad de voces, es un desafío que se enfrenta día a día.

La universidad pública es una institución clave en la consolidación y fortalecimiento de la democracia en la región. Desde sus funciones sustantivas —docencia, investigación y extensión—, es un actor relevante en la promoción cultural y científica, la formación de ciudadanía crítica y la generación de conocimiento que contribuye al bienestar social. Sobre todo, es en la extensión donde la universidad ha condensado su compromiso con los problemas de la comunidad regional y se delinean estrategias para un accionar académico integral.

Actualmente, existe una conceptualización bastante consensuada y difundida sobre extensión que la considera como:

“un proceso de diálogo de saberes, crítico, horizontal que vincula educadores de variado tipo (universitarios, técnicos, dirigentes de movimientos y organizaciones sociales, etcétera) con sectores populares, en la búsqueda y construcción de una sociedad más justa, solidaria e igual, en donde desaparezcan los procesos de opresión–dominación y en donde se generen y fortalezcan propuestas anticapitalistas, antipatriarcales y decoloniales”. (Grupo CLACSO y ULEU, 2020. Citado en Parentelli, 2022)

Por supuesto, hay otras formas de entender la función universitaria, y justamente por ello a esta visión se la denomina extensión crítica en alusión tanto a lo que propone como a aquellos paradigmas más tradicionales y verticalistas a los que se opone. Asimismo, es necesario comprender que se debe al devenir de las universidades y de la función en la historia de América Latina.

Desde el modelo crítico se propone con énfasis la integralidad de funciones junto a una batería de otras ideas, conceptos y estrategias tales como el diálogo de saberes, los procesos comunicativos y horizontales, la apropiación de conocimientos y el empoderamiento ciudadano, entre otros. Es por ello que, no me sorprende, pero me parece sumamente pertinente y necesario, que una revista sobre extensión —como lo es +E— proponga en su convocatoria actual poner en debate la integralidad de las funciones. Más aún, si se toma en consideración el momento auspicioso —de Argentina y de la región en general— para reflexionar sobre el proceso democrático, el trabajo académico, el diálogo con los sectores sociales externos y los procesos tendientes a compartir los conocimientos y acompañar el ejercicio ciudadano.

Este artículo pretende profundizar en el rol de la universidad, la extensión e integralidad de funciones en el fomento de la democracia. Por tal motivo, se recuperan los debates en torno al tema en la región: en primer lugar, se destacan algunos aportes que hacen especial mención a la relación de las universidades con su entorno —con las comunidades cercanas y con las problemáticas sociales—, a partir de allí, cómo la institución puede contribuir al fortalecimiento de la democracia; en segundo lugar, se analiza el devenir del campo de extensión latinoamericano, la integralidad de funciones y otros conceptos que se vuelven claves para fomentar la participación ciudadana, el resguardo de las libertades y el efectivo cumplimiento de los derechos. A continuación, se realiza un breve análisis de caso sobre la política de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER, Argentina) y un proyecto de integración de funciones presentado en ese marco institucional. Con ello, se intenta exponer ejemplos concretos de un trabajo académico transversal que contribuye a fortalecer la democracia.

El accionar universitario ante los desafíos contemporáneos

En la III Conferencia Mundial de Educación Superior¹ (WHEC, por sus siglas en inglés) realizada en Barcelona (España) durante 2022, se dejó expuesto el rol clave de las universidades para impulsar el desarrollo y la transformación social en un contexto global que —por entonces— iniciaba la era pospandémica y que se encuentra atravesado por el desequilibrio de los mercados laborales, el aumento de las desigualdades y vulnerabilidades entre la población, la crisis climática, entre otras problemáticas. Esto responde al planteo de Ordorika y Lloyd (2014) sobre el carácter político de las universidades desde las cuales se expresan las exigencias sociales del momento.

Lo expresado en la WHEC resuena especialmente en nuestra región, dado que la historia de las universidades públicas ha estado signada por su misión de afrontar los problemas locales. Sobre ello, cabe mencionar la declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES, 2018, p. 6):

“Los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sostenible. Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que ‘los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan’ y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos. Porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social”.

Tal como se observa en la cita, al abordar la particularidad de las universidades en nuestra región la referencia clave es el movimiento reformista iniciado en 1918 y propagado durante la década de 1920. Este movimiento orientó la educación superior en expresa articulación con el desarrollo de los países de América Latina. Propuso el compromiso de las instituciones con las comunidades que la sustentan para contribuir a la superación de las problemáticas y la transformación social. La potencialidad de la academia en este proceso radica en su doble característica de institución cultural y científica, aportando desde su propia especificidad con la formación ciudadana, el acervo de conocimientos y la articulación con los diferentes sectores de la población.

El desarrollo de las universidades en la región es un proceso no exento de conflictos, que en gran medida ha estado marcado por la oscilación entre “las demandas contrapuestas para incrementar la acumulación de capital, por un lado, y lograr la igualdad social y la democratización, por otro” (Ordorika y Lloyd, 2014, p. 133). En estas contradicciones, el ideal reformista significó aportes concretos para la institución,² pero no se cumplió de forma completa. Por ello en la CRES de 2018, al cumplirse 100 años de la sublevación de Córdoba (Argentina), se insistió en los dolores que quedan como aquellas faltas y actualizaciones ineludibles de los desafíos contemporáneos.

Con todo, puede decirse que existe un ethos universitario propio de América Latina que, inspirado en el reformismo de las primeras décadas del siglo pasado, en aportes sucesivos y aggiornado a la época propone una institución cuyo accionar se orienta a responder los desafíos regionales y trabajar conjuntamente con las comunidades locales para la superación de sus necesidades y demandas.

Ahora bien, me interesa detenerme en uno de los desafíos que enfrenta la región: el del impulso y mantenimiento de la democracia. La inestabilidad institucional es un rasgo característico de la historia de América Latina. Durante el siglo XX se han sucedido períodos dictatoriales que entre sus estrategias llevaron a cabo intervenciones de las universidades, perseguimiento a su comunidad y restricciones a la generación de conocimientos (Kaufmann, 2017). Los gobiernos de facto que atentaron contra la democracia tuvieron como blanco central las universidades, a sabiendas que estas podrían contribuir a la resistencia y emancipación de la sociedad. Actualmente, a través de algunas personalidades intelectuales y políticas, parece propagarse un resurgimiento de discursos en contra del Estado, las instituciones públicas y del sistema democrático. Al respecto, el cumplimiento de 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina es una ocasión especial para reflexionar en torno al tema.

De acuerdo con Chiroleu (2012), al reflexionar sobre la democratización en la universidad se deben tener en cuenta dos planos distintos: la democratización interna del gobierno universitario y la democratización externa que guarda relación con la participación de las diferentes clases sociales en la institución. Cabría agregar otro plano que hace referencia al acompañamiento y contribución a la democracia en la sociedad que puede llevar a cabo la universidad. Todas estas vertientes de la relación universidad y democracia poseen debates que aún no están saldados,³ en este artículo abordaré sobre todo el último plano expuesto.

Llegado a este punto, conviene retomar el planteo de Rinesi (2020), quien destaca que para una profundización de la democracia es necesario tener cada vez más libertades y derechos. Interesa en particular detenerse en la concepción de la vida colectiva como ampliación de derechos:

“los procesos de democratización de la vida social y política de un pueblo pueden pensarse como los procesos por los cuales un conjunto de posibilidades vitales que ese pueblo se había acostumbrado a representar como privilegios o prerrogativas de algunos, que había naturalizado como privilegios o prerrogativas de algunos, empieza a resultar inaceptable, escandaloso, que no sean posibilidades ciertas y efectivas para todo el mundo, y entonces empieza a pensarlas como siendo, como teniendo que ser, derechos, derechos universales, y a veces, como decíamos, derechos humanos: derechos que no puede ser que algunos, en virtud de sus condiciones, de su nacimiento o de lo que sea, no tengan, y que por lo tanto corresponde que el Estado los garantice a todos”. (Rinesi, 2020, p. 16)

Esto sucede con la universidad misma, en cuyo seno existe la tensión entre un tradicional modo de entenderla como privilegio y el reclamo por el derecho a la universidad (Torres, 2016). La CRES de 2018 es contundente en este sentido al declarar a la educación superior como bien público y social, derecho humano y una responsabilidad del Estado. Ello significa que la universidad es un derecho más dentro de la ampliación de derechos que necesariamente conlleva una profundización de la democracia. Todo esto se ubica en el plano de la democratización externa.

A su vez, como institución pública —comprometida con la sociedad y orientada bajo principios democráticos— contribuye a velar por las libertades y, la ampliación y efectivo cumplimiento de los derechos. Es decir, contribuye a la profundización de la democracia. Estos aportes de la institución se exponen claramente en las palabras de Unzué y Emiliozzi (2013), quienes comprenden a la reflexión sobre la universidad como una pregunta política. Dada la particularidad del sistema universitario conformado por instituciones públicas fundamentales dentro de los sistemas educativos y científicos, se convierten en el centro de políticas que se articulan con la producción de conocimiento, el desarrollo social y la democratización.

Sostener y profundizar la democracia se asocia con el ejercicio de la ciudadanía, la inclusión y la mejora en las condiciones de vida de la población, todas cuestiones que asume la universidad en su tarea de acompañar el desarrollo social y su transformación. Asimismo, el proceso democrático forma parte de la política interna de la academia y está en el germen de los debates sobre el acceso a la institución, los vínculos que establece con otros sectores y la circulación de los conocimientos que allí se generan. Por todo ello, se puede decir que la democracia es una preocupación y parte concomitante del accionar universitario, el cual se expresa en sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión.

La extensión crítica de América Latina

Si se trata de abordar el trabajo universitario con relación a sus contribuciones a la democracia, ¿por qué detenerse en la extensión, la cual es solo una de sus funciones? Como podrá observarse en este apartado, al decir de Invernizzi (2004), la extensión en la región cuenta con una considerable experiencia acumulada de vinculación con la sociedad, la cual la vuelve una herramienta teórica y metodológica fundamental para abordar los desafíos contemporáneos y desarrollar formas de participación ciudadana. Asimismo, es desde esta donde se hace mayor énfasis en la integralidad de las funciones universitarias y se realizan otros aportes que acompañan dicha tarea. Por ello, a continuación realizo un breve recorrido histórico⁴ de la extensión en América Latina —centrado en hitos considerados fundamentales para exponer el paradigma crítico⁵— y destaco algunas de sus características que la vuelven pertinente de acuerdo con el tema central del artículo.

La extensión inicia su recorrido en la región durante los primeros años del siglo XX. En 1905, la Universidad de la Plata (Argentina), bajo la figura de Joaquín Víctor González, la incorpora como función permanente. En ese entonces se reconoce como la competencia de la universidad para “crear y difundir las relaciones de la enseñanza propia de sus aulas con la sociedad ambiente” (González, citado en Cecchi et al., 2013, p. 57). También, la Universidad de México (actual UNAM) incluye a la extensión en su ley fundacional en 1910 y desde 1912 comienza a funcionar la Universidad Popular Mexicana, en cuyo marco se llevan a cabo conferencias y cursos destinados a la clase trabajadora. Otro antecedente que puede mencionarse es el I Congreso Americano de Estudiantes efectuado en Montevideo en 1908, en el cual se propone la creación de consultorios jurídicos gratuitos y la realización de conferencias públicas con el fin de acercarse a los obreros (Cano Menoni, 2019).

Estas primeras experiencias perfilan la función como actividad pedagógica, la cual significa grosso modo extrapolar lo que sucede en el aula a otros sectores sociales. Una figura clave en este contexto es Rafael Altamira, intelectual español que difunde en América Latina el modelo extensionista de la Universidad de Oviedo, fuerte impulsor de acciones formativas destinadas a la clase obrera. Por entonces, la relación educativa está imbuida de un carácter paternalista —o lo que Freire caracteriza luego como educación bancaria— comprendiendo, en un polo, al sujeto académico poseedor de conocimiento y, en el extremo opuesto, al sujeto social carente del mismo. Es preciso destacar que la extensión en la región comienza con la intención de dirigirse hacia las clases menos favorecidas, como la clase baja y obrera —aquellas que no acceden a la universidad—, cuestión que permanece en la actualidad.

La segunda y tercera década del siglo están marcadas por el reformismo universitario mencionado anteriormente, que proclama cambios políticos y sociales tanto internos a la academia como en lo que concierne a los vínculos entre la universidad y la sociedad —democratización de la institución, mayor acceso de toda la población, compromiso con el proceso productivo local y con las demandas de la comunidad—. La extensión configura un aporte a la proclama de transformación universitaria, al mismo tiempo que se nutre del clima de época para profundizar sus objetivos. Durante este período pueden rastrearse cuestionamientos políticos que contribuyen a conformar una visión de la función —y, de modo general, una concepción de la universidad— que tiene vigencia actualmente; por ejemplo, aquellos que refieren a la contribución de la institución a la transformación y emancipación social.

Posteriormente, se suceden dos acontecimientos cruciales: la creación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) en 1949 y la realización por parte de esta de la Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria en 1957. En la Carta de Guatemala —escrito fundacional de la UDUAL— se rescatan las reflexiones del momento sobre la educación superior y se interpela a un esfuerzo por la concreción de los ideales reformistas. La extensión cultural —como se la denomina— se entiende como aquellas actividades que estimulan los conocimientos científicos, literarios y artísticos para el desarrollo cultural de la sociedad. Por su parte, en la Conferencia de 1957 se delinea un concepto de extensión a partir de cuatro dimensiones: 1) por su naturaleza, es una función de las universidades; 2) en cuanto a sus contenidos y procedimientos, son las actividades científicas y culturales que se realizan a partir del análisis de las problemáticas sociales; 3) de acuerdo a sus fines, son la vinculación con la comunidad, el desarrollo social, científico y técnico, y la generación de soluciones a los problemas de interés general; 4) su misión es proyectar las investigaciones y conocimientos de las casas de altos estudios posibilitando a toda la población participar de la cultura universitaria, aportando a la elevación del espíritu e intelecto y al crecimiento social (Tünnermann Bernheim, 2000).

Estos antecedentes muestran los esfuerzos por buscar una integración y concretar las aspiraciones del reformismo, al mismo tiempo que imprimen en el trabajo académico y de extensión características propias de la región. Claramente, se establece como compromiso de la universidad y de la función en particular el de contribuir al desarrollo social, sobre todo, de los sectores marginados y vulnerados. Entre las propuestas de extensión realizadas bajo estos parámetros se distinguen: conferencias, exposiciones, cursos de verano, programas radiales, actividades de índole artística —teatro, coro, danza— y, en algunos casos, alfabetización y educación para adultos, asesoría a sindicatos y empresas, consultorios jurídicos populares (Tünnermann Bernheim, 2000).

En la misma época, en Argentina, se crea el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. En su balance realizado en ocasión del primer aniversario de funcionamiento se da cuenta de un programa concreto, orientado a la creación de un centro de desarrollo en la Isla Maciel. Esta experiencia, comandada por Gino Germani, propone un trabajo sobre las necesidades de la comunidad: educación, asistencia sanitaria y familiar, implementación de la radio como medio desde el cual la Universidad podía llegar a un público masivo, puesta en funcionamiento de una biblioteca popular. De esta manera se expresa su postulado básico:

“Si la universidad quiere responder a las necesidades del país, deberá encarar la solución de los problemas fundamentales que orienten y enriquezcan su tarea, mediante la convergencia de las distintas perspectivas y de los distintos puntos de vista que integran nuestra realidad”. (Universidad de Buenos Aires, 1957, p. 4)

La piedra de toque de la extensión universitaria como se comprende en nuestra región hasta el día de hoy se da a partir de la propuesta de Paulo Freire y su obra clave para el campo, Comunicación o extensión, de 1971. En dicho estudio se realiza una crítica profunda a la función, así como, a las propias ideas de conocimiento y educación. De acuerdo con el autor, la extensión se asocia a prácticas como la transmisión, entrega, donación, mesianismo; mecanismos a partir de los cuales la academia se dirige las personas legas para otorgarles los conocimientos. En cambio, propone la comunicación como un diálogo horizontal entre agentes que, entendiendo el saber como actividad dinámica, transforman el mundo a partir del acto investigativo y pedagógico. Entonces, la tarea de las y los educadores no es contraponerse como sujetos del conocimiento ante una comunidad carente del mismo, sino establecer una instancia comunicativa superadora (Freire, 1983). En esta propuesta, tanto la investigación como la educación y la extensión forman parte de un mismo proceso. Esto configura uno de los primeros antecedentes donde se identifica claramente una propuesta de integralidad —sobre lo cual se avanzará luego.

Las ideas de Freire influyen en la Segunda Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural (UDUAL, 1972). En este contexto, se entiende por extensión la interacción entre la universidad y los demás agentes sociales “a través de la cual esta asume y cumple su compromiso de participación en el proceso social de creación de la cultura y de liberación y transformación radical de la comunidad nacional” (UDUAL, 1972, p. 344).

La confluencia de los aportes nucleados por la perspectiva reformista y la crítica freireana orientan las acciones de extensión que se dirigen, principalmente, a las poblaciones marginadas y vulnerables. Durante la década del 90 comienzan a sentirse con mayor fuerza las consecuencias del modelo neoliberal implementado en la región. En este sentido, la academia estrecha sus lazos con las comunidades que sufren mayormente la crisis —niños, mujeres, adultos mayores, personas en situación de encierro, pueblos originarios, comunidad barrial, entre otros— y con las instituciones comunitarias en franca decadencia —escuelas, vecinales, dispensarios, comedores, entre otras (Castro y Oyarbide, 2015). Ya no basta con contribuir a la educación, cultura y desarrollo económico —objetivos del período fundacional—, las consecuencias del modelo político–económico viran las prioridades hacia el abordaje de la pobreza, la marginalidad y la desigualdad social.

Durante esta época se realiza el I Encuentro Latinoamericano de Extensión Universitaria (La Habana, 1996) —antecedente de la creación de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU) en 1999. Desde entonces comienzan a sucederse reuniones anuales que confeccionan una sistematización de las problemáticas en torno a la función e intentan una definición con perspectiva regional, enfatizando su dimensión de vínculo ético con el entorno y la necesidad estratégica de integrarla junto a la docencia e investigación. A partir de aquí se hacen presentes ciertos rasgos de época que configuran las principales preocupaciones de la actualidad: la exhortación a pensar la acción académica en el contexto de globalización y, particularmente, enfocar desde esa perspectiva la situación de América Latina de dependencia, pobreza y desigualdad social. Se impulsa a las universidades a intervenir con vistas a transformar la realidad social, apoyándose en alianzas interinstitucionales, nacionales e internacionales.

El nuevo siglo trae aparejado un dinamismo en el campo. En la Universidad de la República de Uruguay (Udelar) se plantea un proceso de curricularización de la extensión e integralidad con las demás funciones, combinando un conjunto de iniciativas teórico–prácticas que proponen superar la división tradicional del trabajo académico. En Argentina se crea la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) cuyo estatuto establece como misión generar políticas en vistas a contribuir a una universidad democrática, solidaria y socialmente comprometida. Su principal propósito es lograr la implementación de la función como actividad curricular, lo que implica su equiparación y articulación con la docencia e investigación (Consejo Interuniversitario Nacional, 2008). Por otro lado, las redes de trabajo como la ULEU continúan con sus aportes y se incorporan otras, como la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que posee un grupo de trabajo específico sobre la temática desde 2012. Asimismo, comienza la publicación de la revista +E, fundamental para la profundización de los debates.

La extensión de América Latina crece de forma cuantitativa y cualitativa. Empiezan a proliferar y diversificar las experiencias, reuniones y aportes reflexivos. En el plano teórico, se recuperan antiguos interrogantes y se generan nuevos, lo que aporta una serie de conceptos para poder analizar no solo los procesos extensionistas, sino el accionar universitario en su conjunto. Siendo consciente, en esta tarea, de la particularidad de las sociedades, sus intereses y demandas, así como del singular devenir de la universidad en la región. En ese contexto toma fuerza la propuesta de integralidad de funciones.

La integralidad de funciones desde la extensión

El campo de la extensión en la región resulta fecundo para reflexionar en torno al accionar académico a nivel general. Desde su seno se propone la integralidad de funciones y, por otra parte, dispone de nociones susceptibles de complementarse y enriquecer la labor académica, como: extensión crítica, segunda reforma universitaria, compromiso social universitario, diálogo y ecología de saberes, comunicación y apropiación social de las ciencias.

La integralidad implica, como fui exponiendo, el trabajo conjunto entre la docencia, investigación, extensión. Este accionar no responde a una suma o aportes aislados desde las diferentes funciones sino a una efectiva articulación entre estas, como lo señala Iribarne: “la transformación de cada una de ellas [las funciones universitarias] en una nueva integración de saberes para el abordaje de problemas situados en un tiempo y lugar concretos” (Perentelli, 2022, p. 104). En esta cita surge otro tipo de integración, entendiendo la realidad como conjunto de fenómenos complejos resulta necesario abordar con una propuesta interdisciplinaria que incluso tienda a la transdisciplina, donde las fronteras entre los campos de conocimiento se diluyen (Perentelli, 2022). Por otra parte, al tener como objeto de intervención los problemas sociales, se precisa el involucramiento multiactoral, es decir, en el cual realicen sus aportes mancomunadamente la comunidad universitaria y la extrauniversitaria. Los agentes no académicos poseen sus propias experiencias y saberes que se integran a los conocimientos del orden científico y se genera así una agenda de trabajo conjunta.

Puede entenderse la propuesta de integralidad desde diversas facetas imbricadas entre sí, como una articulación entre funciones, disciplinas, agentes y saberes. Estas acciones se dirigen hacia el abordaje de la realidad social y, en este sentido, otros aportes desde el campo de la extensión contribuyen a profundizar las reflexiones sobre las experiencias de encuentros entre la universidad y el entorno.

La idea de segunda reforma universitaria reivindica el legado del movimiento iniciado en 1918. Pasado un siglo de esta gesta, se impulsa a cumplir, de manera definitiva y acoplada al tiempo actual, con el ideal latinoamericano de universidad democrática, de alto nivel académico y comprometida socialmente. Para dicha tarea, se destaca como fundamental la extensión dado su trabajo específico sobre el vínculo entre agentes universitarios y no universitarios (Arocena, et al., 2010). Como complemento, está el compromiso social universitario, que se supone transversal a la actividad académica. La docencia, la investigación y la extensión deben orientarse a interactuar, interpretar y aportar a las problemáticas sociales existentes en la región. Por tal motivo, resulta deseable superar el accionar de las funciones como compartimentos estanco hacia un trabajo complementario con un objetivo en común. Ello nos regresa a la integración como estrategia central.

Si se trata de abordar los problemas sociales, como mencioné, ello exige la incorporación de las comunidades extrauniversitarias, que quizás no son especialistas en una disciplina o campo específico pero tienen un background de conocimientos y experiencias desde donde pueden aportar para la transformación de la realidad. En este punto, las nociones de diálogo y ecología de saberes se vuelven una herramienta fundamental. El diálogo permite pensar en instancias de encuentros donde se comparten cosmovisiones, conocimientos, prácticas, con la idea de contribuir a un objetivo común. En tanto, la ecología da cuenta de la conjunción entre diferentes saberes como los científicos, populares, indígenas, campesinos, entre otros (Perentelli, 2022).

Entre los conocimientos identificados, aquellos de tipo científico–tecnológicos resultan centrales en las sociedades contemporáneas y sin duda son claves a la hora de planificar una intervención en la realidad. Al interior de las universidades, este tipo de saberes estructura las funciones sustantivas, como expone Zabaleta: “el modo en que el conocimiento se produce, se valida y se socializa, constituye un eje central de la universidad como institución y, por lo tanto, atraviesa el conjunto de sus funciones” (2018, p. 16). Naturalmente, la extensión tiene como objetivo las prácticas orientadas a compartir los conocimientos. En su deriva latinoamericana está presente una valoración per se sobre las ciencias para el desarrollo social. Dentro de este eje del análisis, el concepto de apropiación social de las ciencias es esclarecedor en la medida en que refiere al diálogo entre diversos agentes que, teniendo como finalidad superar una situación particular o transformar sus realidades, resignifican los conocimientos. La extensión es un espacio simbólico potencial para poner en común, intercambiar, fusionar las ciencias y otros saberes y, de este modo, crear nuevas experiencias y conocimientos. Este proceso no se limita a alguna área o campo de expertise, sino que implica también una apropiación en el orden cultural, político y económico, aportando a la toma de consciencia ciudadana y su accionar en la esfera pública (Wursten, 2022).

El conjunto de afinidades teóricas, políticas y metodológicas presentado aquí se identifica desde la extensión crítica:

“1. Una lectura crítica del orden social vigente en América Latina y el Caribe, cuestionando el papel integrador y reproductor que ha jugado en ello la educación en general y universitaria en particular.

2. Una meta de contribuir al fortalecimiento y emancipación de los sectores dominados como sujetos históricos protagonistas del cambio social; fortaleciendo la autonomía de sus organizaciones y democratizando el poder hacia la base social.

3. Un trabajo en territorio con movimientos, actores y organizaciones sociales como un proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando (todos pueden aprender y enseñar). Proceso que contribuye a la producción de conocimiento nuevo y vincula críticamente el saber académico con el saber popular.

4. Un abordaje interdisciplinario y el trabajo en conjunto entre movimiento/actores y organizaciones sociales, en todas y cada una de las etapas: definición del problema, planificación, ejecución y evaluación”. (CLACSO–ULEU, 2020, p. 3)

Dentro de este núcleo común de acuerdos se encuentra la integralidad de funciones, disciplinas, agentes y saberes.

Extensión, integralidad y democracia

La integralidad, como se plantea desde la extensión, identifica dos ámbitos: uno interno a la universidad —la conjunción entre funciones y disciplinas— y otro externo —la participación de todos los sectores involucrados y el intercambio de saberes—. En ambos, conforme a Tommasino y Negro (2011), las relaciones deben estar pautadas por una posición democrática. Si lo que se busca es la inclusión y el desarrollo de toda la población, no hay otro camino que el democrático. Al ser las universidades instituciones de ciencia y tecnología, en un primer lugar, esta cuestión atiende al acceso, comunicación e involucramiento de los diferentes sectores sociales en la universidad y a la generación y circulación de conocimientos. Por otro lado, el trabajo integral desde las funciones pone de relieve la institucionalidad del sistema y contribuye con el ejercicio ciudadano y sus derechos.

En la CRES (2018, p. 9) se interpela a las instituciones de educación superior a “ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región” (el destacado es propio). En este sentido, puede encontrarse un horizonte de trabajo en la extensión por su compromiso social, la aspiración al diálogo y producción colectiva. Además, desde esta función se impulsa fuertemente la integralidad del accionar académico que rompe con barreras tradicionales —institucionales, disciplinares y agenciales— con los objetivos de incluir a la ciudadanía y propiciar su desarrollo cultural y social, propósitos vinculados estrechamente con el fomento a la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Para profundizar sobre este tema, se expone como caso de análisis la política de extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y un proyecto de integralidad presentado en ese marco institucional. Se desarrollaron los debates de nivel teórico en la región y, respecto de ello, el carácter sustancioso de estos aportes amerita reflexionar sobre algunos ejemplos de prácticas universitarias para poder analizar, entre otras cuestiones: ¿en qué medida el acervo conceptual se refleja en las acciones concretas? ¿Cómo se reinterpretan los aportes teóricos en el orden de las prácticas? ¿Cómo, efectivamente, puede la extensión e integralidad universitaria contribuir a la democracia?

Política de extensión en la UNER

Para abordar el caso de la UNER antes conviene mencionar —aunque sea brevemente— la experiencia de la Udelar que, como se comentó, tiene un papel fundamental en el crecimiento actual del campo de la extensión e influye significativamente en la política de su universidad vecina. La institución uruguaya fue germen de muchos de los aportes conceptuales al mismo tiempo que se hizo eco de los debates contemporáneos. En sintonía con lo planteado en este artículo, la institucionalización de las prácticas integrales en la Udelar tiene como eje articulador a la extensión. En 2009, se crean los Espacios de Formación Integral (EFI) que conforman dispositivos educativos con la intención de articular la enseñanza, extensión e investigación en el proceso formativo del estudiantado a través de acciones en terreno. Estos espacios toman cuerpo en proyectos y programas de extensión que posee la Universidad, por ejemplo, el Programa Integral Metropolitano,⁶ que funciona como una plataforma para prácticas integrales. Los EFI se configuran como estrategias políticas de la Udela desde las cuales intenta concretar los ideales de la universidad latinoamericana.

Inspirada en estas experiencias, la UNER —en 2010 y hasta la aprobación de una nueva ordenanza en 2018— atraviesa un proceso de cambios en su política y normativa de extensión. En este marco, se asocia la extensión crítica con el compromiso con sectores más postergados de la sociedad y se generan convocatorias de proyectos de Curricularización de la Extensión e Integración de las Funciones Universitarias, en cuyos documentos se expresa una serie de ideas en sintonía con los debates contemporáneos, impulsando el trabajo académico articulado a través de acciones en terreno.

Las experiencias de ambas universidades se desarrollan en paralelo y se nutren mutuamente, son verdaderos esfuerzos institucionales para implementar las reflexiones sobre la extensión e integralidad que se destacan en la región como fuente de referencias. Ahora bien, Tommasino identifica tres tipos de modelos en los que se ha desarrollado la integralidad (Parentelli, 2022). El caso de la UNER se aproxima a los modelos uno y dos, donde existe un trabajo secuencial y no articulado entre las funciones, o bien se articula sobre la base de prácticas socioeducativas. Esto se identifica en las convocatorias de integración de las funciones universitarias. En definitiva, se trata de proyectos de extensión que proponen un accionar académico conjunto que queda por fuera del acto educativo obligatorio. Con la curricularización sucede algo similar, se basa en proyectos de extensión, pero las experiencias en territorio se incorporan como obligatorias a la formación del estudiantado —cabe aclarar que en esto no se contempla la investigación—. La Udelar, en cambio, logra a través de los EFI una integración genuina de las funciones universitarias ubicándose en el tercer modelo, en el que “el acto educativo esté como ‘tomado’, como ‘jaqueado’ por la extensión y la investigación” (Parentelli, 2022, p. 31).

Actualmente, la UNER lanzó una nueva convocatoria a Proyectos de Integralidad de Funciones 2023. Si bien la gestión y administración de esta propuesta continúa a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, se estipula un mayor acompañamiento e involucramiento de las Secretarías Académica y de Ciencia y Técnica. En sus bases se considera un proyecto de integralidad aquel que articula las funciones universitarias, posibilitando experiencias formativas entre docentes y estudiantes ancladas en el territorio y, paralelamente, se busca contribuir a la mejora, fortalecimiento y/o transformación de las problemáticas sociales. Respecto de los objetivos que siguen estos proyectos, se debe destacar que coinciden con las discusiones del campo expuestas e intentan aportar a la inclusión, a la ampliación de derechos y a la democracia. En primer lugar, se reconoce la baja capacidad de retención estudiantil en la educación superior y se considera que los proyectos de integralidad, en cierta medida, podrían atender positivamente a la cuestión. En este sentido, de manera implícita, se trabaja sobre el derecho a la universidad, el cual no solo pretende el acceso, sino también la permanencia y el egreso del estudiantado. En segundo lugar, se procura estimular la relación de la institución y su medio a través de la identificación y búsqueda de soluciones a las problemáticas locales, lo que se sustenta en el compromiso social universitario. Finalmente, el documento hace mención a la interacción, co–construcción y diálogo con el territorio cuestiones que, necesariamente, llevan en su germen un profundo sentido democrático (UNER Res. N° 314/23).

Conviene señalar que los 40 años de democracia ininterrumpida de Argentina coinciden con el aniversario número 50 de la UNER. A este respecto, la institución, a través de sus distintas unidades académicas, viene desarrollando un conjunto de iniciativas que conmemoran ambos acontecimientos, tales como publicaciones, eventos académicos, charlas públicas, ferias de carreras, actividades artísticas y recreativas, entre otras. La convocatoria a Proyectos de Integralidad se enmarca en este año particular y en las políticas de la Universidad.

Proyecto de integralidad

En la convocatoria de Integralidad de Funciones 2023 de la UNER, se presentó el proyecto titulado “Educación, derechos y tecnologías digitales en la escuela y la universidad”,⁷ del cual formo parte como codirector. Lo primero que cabría destacar es que el mismo está integrado por un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEdu), de asignaturas, áreas y proyectos pertenecientes a las carreras de Comunicación Social y Educación, y campos disciplinares diversos. Asimismo, se propone establecer vínculos entre la Universidad y las escuelas secundarias locales.

De manera sucinta, el proyecto procura desarrollar encuentros y talleres entre la comunidad universitaria y secundaria para reflexionar en torno al carácter protagónico de las tecnologías informáticas y digitales en la vida contemporánea, sobre todo, los desafíos que plantea el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación. Además, mediante el trabajo colaborativo de las y los participantes, se espera elaborar producciones educomunicacionales sobre la temática que puedan constituirse como recursos formativos para compartirse entre las instituciones educativas, las plataformas digitales y los medios de comunicación propios de la Universidad.

La cultura actual está integrada por herramientas tecnológicas y entornos digitales en los que —de manera cada vez más creciente— se producen interacciones humanas (Andrés, 2021). Se torna relevante como problemática propia del mundo contemporáneo abordar las características y consecuencias de tal situación. Estos desarrollos tecnológicos se producen dentro de la dinámica político–económica del sistema capitalista, y como tales tienden a reproducir las desigualdades existentes. Es imperante atender a estas asimetrías, reflexionar y fomentar la participación en el espacio educativo sobre los nuevos dispositivos y expresiones culturales.

En cuanto a sus objetivos, el proyecto se plantea “contribuir al desarrollo de una ciudadanía digital plena en el marco del derecho a la educación, a la comunicación y, en consecuencia, a la consolidación del sistema democrático” (el destacado es propio). La intención última se dirige hacia la contribución de la consolidación de la democracia, y como claves para ello se propone trabajar con la ciudadanía y los derechos de educación y comunicación.

La iniciativa presentada aún no está en ejecución, pero en su formulación se puede apreciar la vinculación entre la extensión, la integralidad y el ejercicio democrático. Esto la coloca en sintonía con la política de extensión de la UNER, con la convocatoria específica, y con los debates en torno al compromiso social universitario, la extensión, el trabajo integral de las diferentes funciones, y su contribución al ejercicio de la ciudadanía, el resguardo a las libertades y la ampliación de derechos. En su conjunto, todos son aportes que se dirigen a la profundización de la democracia.

Reflexión final

La democracia es un desafío que tenemos como sociedad. Debemos velar por la estabilidad del Estado y las instituciones públicas, la inclusión y participación ciudadana, las libertades y la ampliación de derechos. Este es un proceso de construcción colectiva permanente. En América Latina, contamos con las universidades como actores relevantes a partir de los cuales se puede contribuir a cumplir dicho objetivo, especialmente desde la extensión y la propuesta de integralidad de funciones.

En este artículo se abordó cómo el devenir de la extensión en la región está unido por una trama de pensamientos y acciones que giran sobre al compromiso de la universidad con el entorno, el diálogo con los diferentes sectores de población, la circulación y apropiación de conocimientos, entre otras propuestas que buscan colaborar con la superación de las problemáticas comunitarias y la promoción de la inclusión y el desarrollo social. Todo ello portando un sentido democrático tanto en su interior, procurando el acceso y participación en la academia, las actividades y conocimientos que se generan en la misma, como al exterior, siendo partícipe en el ejercicio ciudadano y el reclamo por sus derechos.

Por otra parte, en estas páginas se planteó a nivel teórico cómo la propuesta de integralidad de funciones canaliza el acervo auspicioso de aportes desde la extensión en articulación con la docencia e investigación. En tanto, no solo ello guarda relación con el accionar interno de la academia, sino que también plantea la inclusión de los agentes y saberes de otros ámbitos externos a la misma en la búsqueda de resolución de las problemáticas de las sociedades contemporáneas. Esto la vuelve una estrategia fundamental para la consolidación del ideal universitario y la consolidación democrática.

Tanto la política institucional como el proyecto presentados son ejemplos reales del rumbo tomado por la extensión en la región. Por supuesto, existen diferencias entre los aportes teóricos y las experiencias concretas. En principio, en la práctica se percibe una centralidad del trabajo desde la extensión que, en ocasiones, atenta contra la integralidad e involucramiento de las demás funciones. Otra cuestión que puede señalarse es el rol preponderante de la universidad en las relaciones con otros sectores sociales; aunque se pretenda un intercambio horizontal, muchas veces se inclina la balanza hacia los conocimientos científicos y la comunidad experta. Asimismo, las propuestas están marcadas por las formas y tiempos de la institución. Finalmente, es preciso remarcar que los ejemplos expuestos son escasos para poder realizar generalizaciones y se circunscriben a la Argentina, que difiere respecto de los sistemas de educación superior de otros países.

No obstante, los casos descritos responden al devenir histórico de la universidad en la región y sus debates actuales:

1) Se ubican en la realidad latinoamericana y las problemáticas de su población, con énfasis en la vinculación con las comunidades vulnerables y marginadas.

2) Sus propuestas se basan en el diálogo entre sectores universitarios y extrauniversitarios y una ecología de saberes a partir de la cual los conocimientos de todas las partes involucradas interactúan.

3) Como consecuencia del punto anterior, se rompe con las barreras académicas tradicionales y se plantean procesos de apropiación, resignificación y creación de conocimientos en el encuentro entre saberes de los órdenes científico y popular.

4) Con la intención de generar una genuina integralidad de funciones universitarias, se busca contribuir al desarrollo social y al ejercicio ciudadano y, de esta manera, aportar a la consolidación de la democracia.

Referencias

Andrés G. (2021). Tecnología, comunicación y conocimiento. Apuntes sobre la mediatización contemporánea. Imago Mundi

Arocena R., Tommasino H., Rodríguez N., Sutz J., Alvarez Pedrosian E., Romano A. (2010). Cuadernos de Extensión N° 1: Integralidad, tensiones y perspectivas. Cuadernos de Extensión.

Cano Menoni, A. (2019). Cultura, nación y pueblo. La Extensión universitaria en la UNAM (1910–2015). UNAM.

Castro, J. O. y Oyarbide F. (Comps.) (2015). Los caminos de la extensión en la universidad argentina. Universidad Nacional de La Pampa.

Cecchi, N., Pérez, D., Sanllorenti, P. (2013). Compromiso social universitario. De la Universidad posible a la Universidad necesaria. IEC–CONADU.

Chiroleu, A. (2012). Expansión de las oportunidades, inclusión y democratización universitaria. En Chiroleu A., Suasnabar C. y Rovelli L. Política Universitaria en la Argentina. Revisando viejos legados en busca de nuevos horizontes. (pp. 87–98). IEC–CONADU.

Consejo Interuniversitario Nacional (2008). Acuerdo Plenario N° 681 “Red Nacional de Extensión Universitaria”. https://www.cin.edu.ar/archivo.php

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2020). Grupo de Trabajo: Extensión crítica: teorías y prácticas en América Latina y Caribe. https://www.clacso.org

Conferencia Regional de Educación Superior (2018). Declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. https://n9.cl/hloj

Freire, P. (1983). ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Siglo XXI Editores.

Invernizzi, N. (2004). Participación ciudadana en ciencia y tecnología en América Latina: una oportunidad para refundar el compromiso social de la universidad pública. CTS, 2(1), 67–83.

Kaufmann, C. (Dir.) (2017). Dictadura y Educación. Tomo 1: Universidad y Grupos Académicos Argentinos (1976–1983). FahrenHouse.

Ordorika, I. y Lloyd, M. (2014). Críticas del Estado y la disputa por la educación superior en la era de la globalización. Perfiles Educativos, 26(145), 122–139.

Parentelli, V. (Coord.) (2022). Integralidad revisitada: abordajes múltiples y perspectivas. Udelar.

Rinesi, E. (2020). Universidad y democracia. CLACSO.

Tommasino, H. y Cano, A. (2016). Modelos de extensión universitaria en las universidades latinoamericanas en el siglo XXI: tendencias y controversias. Universidades, 67, 7–24.

Tommasino, H. y Rodríguez, N. (2011). Los Espacios de Formación Integral y sus aspectos instituyentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Universidad de la República. Ponencia. XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. https://n9.cl/2egyb0

Torres, S. (2016). Contra el mérito. Derecho a la Universidad e igualdad del conocimiento. En Rinesi E., Smola J. y Ríos L (Comps.). Hombres de una república libre. Universidad, inclusión social e integración cultural en Latinoamérica. (pp. 35–55). UNGS.

Tünnermann Bernheim, C. (2000). El nuevo concepto de la extensión universitaria. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia. https://n9.cl/z05x

Unión de Universidades de América Latina (1972). La difusión cultural y la extensión universitaria en el cambio social en América Latina. Memorias de la II Conferencia Latinoamericana de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UDUAL. http://dspaceudual.org/handle/Rep–UDUAL/808

Universidad de Buenos Aires (1957). 1er. año de extensión universitaria. https://n9.cl/a3cyk

Universidad de la República (2010). La extensión en la renovación de la enseñanza: Espacios de Formación Integral. Montevideo: UdelaR. https://n9.cl/bw6t4

Universidad Nacional de Entre Ríos (2023). Resolución N° 314. https://extension.uner.edu.ar/archivos/res314-2023.pdf

Unzué M. y Emiliozzi S. (Comps.) (2013). Universidad y políticas públicas ¿En busca del tiempo perdido? Argentina y Brasil en perspectiva comparada. Imago Mundi

Wursten, A. (2018). Investigar sobre extensión. El caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos. +E: Revista de Extensión Universitaria, 8(8), 26–43. https://doi.org/10.14409/extensión.v8i8.Ene-Jun.7712

Wursten, A. (2022). Ciencia, Tecnología y Sociedad: El potencial de la Extensión Universitaria como interfaz mediadora. Ciencia, Tecnología y Sociedad, 17(50), 37–63.

Zabaleta, V. (2018). La construcción de conocimiento y la integralidad de funciones en la agenda actual de la extensión universitaria. +E: Revista De Extensión Universitaria, 8(8), 12–25. https://doi.org/10.14409/extension.v8i8.Ene-Jun.7710

Notas

Información adicional

Contribución del autor/a (CRediT): Conceptualización: Wursten, A. Redacción: Wursten, A.

Biografía del autor/a: Andrés Gabriel Wursten, Doctor en Ciencias Sociales. Licenciado en Comunicación Social. Docente de Metodología de la Investigación Social y Problemática de la Ciencia de la Licenciatura en Comunicación Social (Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos). Investigador y extensionista. Ha dedicado su carrera a las problemáticas de las ciencias en torno a su producción y circulación, dentro de estos intereses estudia la Universidad y su rol social.