Introducción

Este artículo tiene como objetivo analizar la potencialidad de la práctica comunicativa en la co–construcción de conocimientos para la incidencia en políticas públicas a partir de la reconstrucción de la experiencia de la primera Encuesta Nacional Migrante de Argentina desarrollada en 2020 (de ahora en adelante ENMA 2020). La primera edición de esta Encuesta tuvo como objetivo principal brindar información y datos inéditos sobre la situación de la población migrante que reside en la Argentina observando el impacto de la pandemia por COVID–19 en las condiciones de vida de este colectivo.

Consideramos relevante recuperar esta experiencia porque fue una apuesta concreta de articulación de dos funciones sustantivas: la extensión y la investigación. Desde esta mirada, consideramos que la ENMA 2020 propuso un enfoque y abordaje novedosos con un trabajo articulado entre la comunidad académica y las organizaciones de migrantes¹ en un vínculo dialógico y democrático. La Encuesta fue impulsada por un equipo de investigadoras e investigadores del Eje de Migración y Asilo de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (RIOSP DDHH–CONICET),² en articulación con un conjunto de organizaciones y referentes migrantes que trabajan en la defensa y la promoción de derechos de la población migrante que reside en nuestro país. Considerando la heterogeneidad de voces involucradas en esta experiencia, resulta necesario reflexionar en torno a las prácticas comunicativas dialógicas en relación con los procesos de construcción de conocimiento, donde se evidencie la participación activa de todes, en una situación específica y un momento histórico particular.

El escrito se estructura en tres apartados: en primer lugar, se recupera un antecedente directo de la ENMA 2020, un diagnóstico que da cuenta de la urgencia de datos actualizados. En segundo lugar, siguiendo la propuesta de Freire (2005), se indaga el posicionamiento desde el cual concebimos la construcción de conocimiento entre la universidad y la sociedad, de cocreación, donde el saber producido en la academia es valorado en el diálogo con otros saberes. En tercer lugar, se describen las diferentes etapas del proceso comunicativo de la ENMA 2020 y las posibilidades de la co–construcción colectiva de conocimiento para incidir en las políticas públicas. Por último, se presentan unas consideraciones finales.

Antecedentes

El antecedente directo de la ENMA 2020 es el diagnóstico sobre la “Situación de la población migrante/extranjera en Argentina frente al avance del coronavirus”³ realizado por el colectivo Agenda Migrante 2020.⁴ Dicho informe diagnóstico expone los resultados de una consulta que brindó información clave sobre la problemática de la población migrante durante la pandemia.

Este trabajo fue una de las varias iniciativas que llevó adelante el espacio Agenda Migrante 2020 ante las condiciones de posibilidad que ofrecía la asunción del nuevo gobierno presidido por Alberto Fernández (2019–actualidad) frente a los reclamos y las demandas por el retroceso de derechos que se vivenció en la política migratoria en el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019) (Gavazzo, Canelo y Nejamkis, 2018; Penchaszadeh y García, 2018).

De este documento diagnóstico, y ante la ausencia de datos públicos sobre las condiciones de vida de la población migrante, surgió la necesidad de generar información estadística y desde un enfoque de derechos con el fin de incidir en la política migratoria del Estado argentino. En relación con las bases estadísticas existentes, se destaca que, al no haberse realizado el Censo del año 2020, se contaba con información desactualizada y poco representativa de la situación real de la población migrante residente en el país.

A pesar de las expectativas generadas respecto de la nueva gestión gubernamental, el contexto de retroceso de derechos se profundizó aún más con la crisis sanitaria suscitada por la pandemia de COVID–19, cuando las personas migrantes resultaron excluidas de las políticas de protección social y de contención socioeconómica debido a no cumplimentar determinados requisitos administrativos impuestos para el acceso a las mismas (Agenda Migrante, 2020; Penchaszadeh y Gavazzo, 2020; OAJ, 2020; Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021). Por ejemplo, para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), prestación monetaria no contributiva excepcional, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria, una de las condiciones era: “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, residente en el país, o extranjero con residencia legal en la República Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud” (Administración Nacional de la Seguridad Social —ANSES—, 2020). Esta condición excluyó de facto a les migrantes internacionales llegados al país hacía menos de dos años, quienes en la mayoría de los casos se encontraban en mayor situación de precariedad y pobreza (OIM, 2019).

Para hacer frente a esta vulneración de derechos, referentes migrantes miembros del colectivo Agenda Migrante 2020 solicitaron a investigadores y organizaciones de derechos humanos llevar adelante la Primera Encuesta Nacional Migrante en la Argentina. Con el fin de generar un diagnóstico sobre la base de información actualizada y federal sobre las problemáticas y condiciones de vida de las personas migrantes en nuestro país y así poder incidir de manera estratégica en las política públicas. De este modo, entendemos que la demanda social surge desde las propias organizaciones de migrantes ante los límites de gestionar un trabajo de investigación a gran escala y por la urgencia que implicaba la necesidad de esos datos para incidir directamente en la modificación de una traba burocrática administrativa (como es la solicitud de Documento Nacional de Identidad —DNI—) que impedía el acceso a una prestación económica para les migrantes en un momento de crisis.

Por lo arriba mencionado, en el próximo apartado reflexionamos en torno al rol de la academia frente a las demandas de la sociedad y la construcción colectiva y dialógica de conocimiento.

Un diálogo en permanente construcción: universidad y sociedad

Como se mencionó hasta aquí, la pandemia por COVID–19 trastocó la vida de las sociedades en su conjunto en cada una de sus dimensiones: económicas, sociales, culturales, políticas, familiares y afectivas. Ahora bien, cada miembro de la sociedad tuvo formas desiguales de acceder a las necesidades básicas para enfrentar la pandemia (De Sousa Santos, 2020). Particularmente, la población migrante en la Argentina se vio afectada en la sustentabilidad de su calidad de vida con relación a la profundización de la precariedad laboral y documentaria (Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021).

Por su parte, las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) establecidas por el Estado argentino⁵ también tuvieron un impacto directo en el cierre de los espacios físicos de las universidades, trasladando hacia la virtualidad todas las dimensiones del quehacer académico. Una de ellas fue el vínculo con las organizaciones migrantes en el territorio. Les investigadores que conformamos la RIOSP DDHH–CONICET —red nacional de investigadores de distintas universidades interesades por la temática migratoria— mantuvimos contacto con dichas organizaciones recurriendo a las redes sociales como WhatsApp, Facebook, etcétera.

De este modo, resulta clave destacar que la experiencia de la ENMA 2020 fue viable gracias a trabajos previos en articulación entre academia y organizaciones de migrantes de larga data en territorio, por ejemplo, desde la sanción de la Ley de Migraciones 25.871 de 2004 (Mardones, 2005; Correa, 2006), que se materializan en vínculos de confianza que se extienden más allá de las condiciones adversas impuestas por el ASPO y el DISPO. Estos vínculos son variados y amplios y consideramos que pueden organizarse en grandes campos: la generación de espacios de intercambio, como pueden ser charlas, encuentros o eventos académicos, o la construcción de espacios locales y nacionales de incidencia en las políticas públicas, como son las mesas de trabajo o espacios de construcción de agendas colectivas, y el acompañamiento en reclamos y demandas en marchas en la vía pública cuando se necesitó visibilizar injusticias. Es decir, estos campos se dan en el marco de interrelaciones que producen significados compartidos, en este caso por la defensa de los derechos de las personas migrantes en nuestro país, buscando así un país más hospitalario e igualitario. Ello permite (re)pensar el vínculo universidad–sociedad, hacer visible y potenciar su valor para que contribuya a la generación de otros conocimientos.

Si bien en sus inicios la universidad fue concebida desde el paradigma positivista tradicional —y por ende también la investigación y la extensión—, es decir, como espacio de producción de conocimiento científico y fuente de saber que volcaba conocimientos de forma unidireccional hacia la sociedad receptora (Lischetti y Petz, 2009), este trabajo no se inserta en esa línea. En cambio, retoma la propuesta de Freire (2005), quien propone el diálogo y la multiplicidad de voces en las interacciones, donde todes aprenden de todes. Consideramos que ya no puede pensarse la universidad como una institución por fuera de la sociedad, sino que, atendiendo a su carácter de institución pública, se encuentra estrechamente vinculada con otres actores, preocupada por el “compromiso social” (Rinesi, 2012). Es decir, sin desconocer el rol que la universidad tiene en tanto ámbito legitimado de producción, reproducción y circulación de conocimientos, se trata de resignificar aquellos saberes en el proceso de socializarlos, compartirlos, ampliarlos y enriquecerlos junto con las organizaciones sociales (Ávila Huidobro y Kejval, 2017). Así, recuperamos la propuesta de que la “construcción con el otro, colaborativa o cooperativa, lleva al reconocimiento de otros saberes, no necesariamente académicos” (Stein, 2018, p. 27). De esta forma, el compromiso social y político busca transformar e incidir de maneras más o menos directas sobre alguna realidad percibida como injusta.

Es debido a este tipo de experiencias que consideramos que el posicionamiento de quien “investiga” incluye la participación y la vinculación con la problemática que pretende abordar y en la cual interviene activamente. Aquí, el trabajo participativo no debe ser pensado exclusiva y excluyentemente en términos de acción y sobre todo de acciones aplicadas, sino también en términos teóricos e ideológicos que corresponden a un campo específico a ser analizado y puesto en cuestión. Por lo tanto, nos posicionamos en el paradigma de investigación que se basa en la construcción del conocimiento a través del diálogo, esto es, no desde un sentido unidireccional del trabajo, ya que “la autoridad del conocimiento individual no existe (tenemos interlocutores, nos inscribimos en una tradición teórica, hay cruces que se entablan con otras disciplinas y otros campos de conocimiento, entre otros). En este sentido, la posibilidad de conocimiento es intersubjetiva” (Neufeld y Wallace, 1998, p. 54). El intercambio nos permite compartir, discutir, negociar y entender al otre. De esta forma, en esa búsqueda de significados comunes se dan las prácticas comunicativas. Abelardo y Menéndez explican que, cuando abordamos “la extensión en su dimensión comunicacional, estamos centrando la atención en el aspecto relacional que se pone en juego en cualquier práctica que la universidad defina con la comunidad” (2018, p. 101). Lo comunicacional se refiere a los modos en los que la universidad se relaciona con la sociedad en un lugar y en un tiempo determinados. Así, la comunicación como proceso social está inmersa en relaciones de poder y tensiones, colabora en la construcción de nuestra subjetividad y genera constantemente sentidos y significados (Lois, Amati, Isella, 2014). Esta dimensión dialógica, en términos de acuerdos y entendimientos mutuos, es indispensable para promover la constitución de espacios de diálogo para la creación de nuevos conocimientos.

Es por lo mencionado hasta aquí que resulta necesario comprender la importancia que tiene la relación dialógica con los sujetos de la comunidad, en el caso de esta experiencia, la población migrante residente en Argentina. A continuación, se describen las prácticas comunicativas en la co–construcción de conocimiento de la ENMA 2020.

La Encuesta Nacional Migrante de Argentina

La propuesta de llevar adelante la ENMA 2020,⁶ como explicamos previamente, resultó de la sinergia colectiva de quienes tenían como horizonte de trabajo proponer información certera y actualizada, que pudiera visibilizar las realidades de la población migrante, fundamentalmente en contexto de pandemia. De esta manera, podemos abonar a la idea de que la comunicación y la extensión están estrechamente vinculadas a lo largo de toda la experiencia y se retroalimentan.

La etapa preparatoria de la ENMA 2020 consistió en una serie de reuniones virtuales entre investigadores, representantes de las organizaciones de derechos humanos y referentes migrantes de todo el país para elaborar la grilla de preguntas que, en este caso, sería mediante un link a un formulario de Google autogestionado y anónimo.

A partir de múltiples debates y trabajo colaborativo, la encuesta fue engrosando la cantidad de preguntas, que se fueron agrupando en ejes temáticos. Se continuaron las reuniones virtuales mediante las cuales se editó y ajustó el cuestionario para que fuera accesible y comprensible, de modo tal que las personas convocadas a participar lo pudiesen completar por sus propios medios. La interacción entre investigadores y referentes migrantes en la elaboración y enunciación del cuestionario fue un ejercicio interesante de puesta en concreto de las formas de preguntar, del orden de la aparición de los temas, de las opciones para responder y del acceso a ello. Este proceso de construcción del cuestionario duró varios meses y no estuvo libre de tensiones.

Con respecto al contenido y enunciación de las preguntas, por ejemplo, algunas de las discusiones giraron en torno a qué países debían incluirse en el listado desplegable para indicar lugar de nacimiento, y en el caso de no figurar allí, seleccionar “otro”. Finalmente, se resolvió tomando el diseño muestral y las ponderaciones de nacionalidades del Censo de 2010 y la Encuesta Permanente de Hogares de 2018 y 2019. Asimismo, hubo debates al interior del grupo de trabajo en cuanto a si debía aparecer la categoría “migrantes” o “extranjeros”. Esta discusión proviene del ámbito de la academia sobre la forma de nombrar a las personas con otra nacionalidad que residen en nuestro país, ya que se considera necesario erradicar el término extranjero, que proviene del lenguaje jurídico y construye otredad. No obstante, algunas organizaciones de migrantes consideraban que les propies migrantes no suelen denominarse a sí mismos de ese modo, sino que se autodenominan “extranjeros”, término con el cual suelen ser nombrados en las oficinas gubernamentales. Finalmente, se optó que la ENMA 2020 respondiera a un enfoque de derechos humanos y, por eso, se utilizó el término “migrante” en el cuestionario. Otra categoría que se modificó en el cuestionario a partir del diálogo con las organizaciones de migrantes fue el término “salario” para las preguntas vinculadas al trabajo, y se cambió a “ingreso”, ya que el primero excluía a trabajadores independientes.

Sobre las formas de lograr participación de la encuesta, un aspecto que generó un interesante intercambio de conocimientos para su elaboración consistió en su extensión. La ENMA no podía ser muy larga; les referentes migrantes daban cuenta de las dificultades en el acceso tecnológico y a Internet, por lo tanto, tenía que ser breve ya que, en muchos casos, los celulares tenían “pocos datos”, las personas tenían dificultades para desplazarse y lograr acceder a alguna red de Wifi, y su escasa conexión se priorizaba para las necesidades de comunicar la asistencia alimentaria y sanitaria.

En paralelo, un equipo de investigadores con mayor experiencia en teoría cuantitativa, estadística y procesamiento de datos, fue armando la encuesta y el método de procesamiento.

De esta manera, la construcción de un instrumento, como una encuesta, fue tomando forma, teniendo en cuenta que las prácticas y las modalidades de participación de quienes intervenían también debían inscribirse en un paradigma de derechos humanos y no solo la información que se buscaba alcanzar.

Una vez que la encuesta obtuvo el consenso de quienes participamos en su armado se propuso la traducción a los idiomas creole haitiano, chino y wolof, para llegar a determinadas comunidades no hispanohablantes que residen en nuestro país y así ampliar el alcance de la muestra. La traducción fue realizada por los propios referentes migrantes. Así, de forma anecdótica, podemos hacer referencia a que, cuando se lanzó la encuesta en creole, de un día para otro aumentó el registro en 50 respuestas, aproximadamente, de personas haitianas.

Otro aspecto crucial para lograr una mayor participación de migrantes en la encuesta fue la difusión masiva a través de redes sociales como: Facebook, Instagram y WhatsApp, apelando así al efecto denominado “bola de nieve”, es decir, que fueran las propias redes sociales las que multiplicaran la convocatoria a participar. Uno de los mensajes elaborados para la convocatoria fue: “+información + derechos”. Las organizaciones de migrantes plantearon la importancia de que la comunicación de la encuesta llegara desde sus propios referentes, como garantes de legitimidad, mediante sus propias redes sociales y medios de comunicación. Fue así que se diseñaron y realizaron spots radiales en diversos idiomas (que se transmitieron en radios provinciales y municipales), piezas comunicacionales (folletos de difusión gráfica con mensajes en varios idiomas) que dieron testimonio de la participación en la elaboración de la encuesta. A medida que la convocatoria alcanzaba mayor visibilidad, se multiplicaban los pedidos de los medios de comunicación solicitando notas para difundir el lanzamiento de la ENMA 2020 y así dar cuenta de la vacancia de datos cuantitativos sobre les migrantes. Desde el equipo de trabajo de la encuesta se intentó que variaran quienes brindaban las notas (tanto de académicos como referentes migrantes) y relataban tanto la experiencia como la importancia del acceso a los datos para la ENMA. Entonces, a partir de las demandas de los medios, se transmitía el pedido en el grupo de chat de trabajo para que quienes tuvieran disponibilidad pudieran dar testimonio. Además, la difusión por múltiples canales tenía el objetivo de alcanzar a diversos agentes estatales que, de acuerdo con su rol, podrían incidir en el diseño y ejecución de políticas públicas integrales que mejoraran las condiciones de vida de la comunidad migrante, por ejemplo, en el acceso a la regularización migratoria y trámites de residencia, que es un reclamo histórico pero profundizado por los últimos años de gestión de la Alianza Cambiemos en el gobierno nacional y que continuó con el inicio de la pandemia (Rosas, 2021; AA. VV., 2021).

Durante la etapa de implementación de la encuesta, también se sumó el apoyo de múltiples organismos, instituciones y agencias del Estado, que explicaban su importancia e invitaban a participar mediante las cuentas oficiales de sus redes sociales. Entre ellos se destacan: el Ministerio las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

Finalizada la etapa de encuestar a las personas migrantes residentes en nuestro país, y a partir del procesamiento de los datos⁷ recolectados por la ENMA 2020, se procedió a organizar la interpretación y el análisis de los resultados en 14 núcleos temáticos para ser publicados en el primer Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020.⁸ Para tal fin, les integrantes del equipo de la ENMA se dividieron en dichos ejes conforme a sus propios intereses, formaciones, trayectorias, inserciones en el territorio, militancias, etc. De esa manera, hay núcleos con más participantes que otres. Cada uno de ellos tenía un coordinador/a que gestionaba la dinámica del grupo. El Anuario Migratorio Argentino 2020 fue el resultado final de esta experiencia.

El número total y final de respuestas válidas obtenidas por la ENMA 2020 después de la limpieza de la base de datos fue de 3114 personas. Este número resulta significativo ya que se logró captar información de ciertos colectivos migrantes, particularmente aquellos arribados luego de 2010 (como el venezolano, colombiano, haitiano, senegalés), para los cuales no hay disponible información estadística o censal representativa.

Los principales resultados que dan cuenta de la situación de les migrantes en la Argentina y, a su vez, visibilizan la medida en que impactó la pandemia en sus calidades de vida, exponen que:

• “El 67 % de les migrantes no percibe ningún apoyo social o económico, ya sea de parte del Estado argentino, de organismos internacionales o de organizaciones de la sociedad civil (Gráfico 1). Acerca del 33 % que recibe algún tipo de ayuda, y teniendo en cuenta que se trata de una pregunta de selección múltiple, se observa que la recepción de ayudas estatales mediante prestaciones sociales resultó la más escogida (15 %), seguida, en orden de relevancia y con valores similares, por la concurrencia a comedores, merenderos u ollas populares (6 %); la asistencia que depende de las propias redes y lazos de solidaridad gestados en las comunidades migrantes (6 %), y la procedente de organizaciones sociales, barriales o comunitarias (5 %). Es decir, retomando lo señalado previamente, solo el 15 % de las personas migrantes encuestadas indicó recibir alguna ayuda social del Estado argentino”.

Gráfico 1
Población migrante según recepción de ayudas económicas, alimentos y otras por parte del Estado, organismos u organizaciones
Fuente: Debandi, Nicolao y Penchaszadeh (Coords.), 2021, p. 89.

• “En relación con la pandemia, es destacable que el 82 % de las personas migrantes no accedió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (Gráfico 2). Los datos de la ENMA no sorprenden al demostrar que solo el 18 % de la población migrante encuestada accedió al IFE. Entre quienes sí lo recibieron, la mayoría corresponde a personas que están hace más de 5 o 10 años en el país, siendo solo 1 de cada 10 llegados hace menos de 5 años beneficiarie del subsidio, lo cual se vincula directamente con las exigencias documentales que tuvo el IFE”.

Gráfico 2
Población migrante según acceso al Ingreso Familiar de Emergencia
Fuente: Debandi, Nicolao y Penchaszadeh (Coords.), 2021, p. 102.

• En contexto de pandemia, mientras que el 47 % tuvo continuidad en sus ingresos, el 53 % de las personas migrantes perdió parcial o totalmente sus ingresos (Gráfico 3). En este grupo se encuentran migrantes que declaran ocupación en “changas y trabajos informales” (91 %), en “trabajos temporarios o estacionales” (85%) y en “trabajos independientes” (57 %). Muy de cerca, les siguen quienes poseen “trabajos en cooperativas u organizaciones” (53 %). Las personas que se vieron menos afectadas por el ASPO fueron migrantes que trabajaban en “relación de dependencia”, que en un 74 % declararon continuidad en sus ingresos, luego quienes realizaban “trabajos independientes” (43 %) y, por último, quienes declararon “trabajos en cooperativas” (47 %).

Gráfico 3
Incidencia del ASPO según actividad laboral de las personas migrantes
Fuente: Debandi, Nicolao y Penchaszadeh (Coords.), 2021, p. 82.

• “El relevamiento de la situación habitacional de las personas migrantes arroja que el 51 % no cuenta con acceso a alguno de los tres servicios mínimos: agua potable (13,8 %), red cloacal (40 %) y gas (38,5 %)”.⁹

La etapa final del proceso comunicativo de esta experiencia consistió en una campaña de difusión de los resultados obtenidos en la ENMA 2020. Así, gran cantidad de notas en medios de comunicación daban cuenta no solo del impacto de la pandemia, como pudimos ver previamente, sino también de la vacancia de datos sistematizados sobre les migrantes.¹⁰

Comenzamos el trabajo afirmando que nos interesaba reflexionar sobre la práctica comunicativa y la construcción colectiva del conocimiento a partir de la ENMA 2020. Uno de los aspectos que atraviesa este trabajo tiene que ver con la polifonía y lo colectivo, las maneras en que se puede construir desde la diversidad tanto en la teoría como en la práctica, pensando las perspectivas y las trayectorias de quienes componen todo grupo de trabajo. En sintonía con esto, también nos interesaba analizar las maneras de construcción metodológica (Clifford, 1988) de instrumentos como una encuesta de forma colectiva. Es decir, en qué medida este tipo de métodos nos permite visibilizar aspectos de la población migrante y a cuáles no podemos acceder.

Es por ello que el desafío de construir una encuesta de forma colectiva y no asistencialista, concibiendo a les migrantes como sujetos activos de derechos y participantes fue crucial desde el inicio. En este sentido, el resultado de la participación de les migrantes fue muy positivo, las respuestas alcanzadas a nivel federal fueron más que suficientes para alcanzar los requisitos necesarios para el procesamiento de datos.

Asimismo, cabe destacar que, si bien la inscripción para percibir el IFE se abrió por una única vez, tanto los reclamos como los cambios en las situaciones de las personas dieron lugar a variaciones entre quienes recibieron la primera transferencia, la segunda y la tercera. En lo que respecta a la población extranjera, “la segunda transferencia fue recibida por unas 3500 personas más, lo que indica que hubo una revisión de los casos inicialmente rechazados” (Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina “Gabriel Chausovsky”, 2021, p. 20).

Conclusiones

En la actualidad, los registros administrativos no siempre incluyen información relativa a las personas migrantes y en la mayor parte de los casos no disponen de campos para completar el país de nacimiento y/o nacionalidad o bien estos no se completan. Aun cuando la información se recolecta, los datos no son publicados sistemáticamente, aunque a partir de la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 (2016) se logra acceder a la información de manera más sencilla. Sin embargo, no existe a nivel nacional un área que se ocupe de recolectar, monitorear o sistematizar información relativa a las personas migrantes, ya que la Dirección Nacional de Migraciones contempla solo aquella información relativa al control de ingreso y permanencia en territorio argentino y no a la protección y acceso a derechos.

En un escenario de vacancia de información específica e incompletitud de datos sistematizados de la población migrante, sumado a la emergencia epidemiológica, fue urgente la necesidad de realizar un relevamiento mediante un instrumento como la ENMA 2020, que pudiera conocer el estado actual de dicha población. La manera de llevar adelante esta inmensa tarea generó la consolidación de lazos, mayormente los ya existentes, entre la academia, representada por investigadores en diversos puntos del país, y organizaciones de migrantes y de derechos humanos. Desde la dimensión comunicacional, el trabajo en conjunto de difusión, las interacciones mediante las reuniones virtuales, grupos de chats y redes sociales también convocaron a un diálogo federal que enriqueció las perspectivas de quienes participamos: la territorialidad de cada une, con sus propias actividades, intervenciones e investigaciones, visibilizó y generó nuevos vínculos de intercambio con vistas a un horizonte común de incidencia en las políticas públicas a nivel nacional para las personas migrantes y solicitantes de asilo residentes en nuestro país.

Sin pretensiones de agotar el debate, nos propusimos en este escrito aportar a las discusiones existentes sobre las prácticas comunicativas desde la extensión, quedan abiertas distintas vías de exploración para dar continuidad a la temática. Por ejemplo, continuar reflexionando en torno a la comunicación popular y comunitaria en el espacio local y considerar la incorporación de la diversidad lingüística en las prácticas comunicativas. En síntesis, consideramos necesario avanzar en la elaboración de futuras líneas conceptuales sobre la temática, la articulación de antecedentes teóricos y resultados de experiencias concretas que enriquezcan la mirada.

Referencias

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Notas