Introducción

En este artículo presentamos un análisis sobre las características de las acciones colectivas (en adelante, AC) en el marco de conflictos sociales en la provincia de Córdoba, Argentina, a partir de la selección, sistematización y análisis de un conjunto de noticias publicadas por el diario La Voz del Interior, durante el periodo 2006-2018. Hemos realizado un estudio cuantitativo de las AC a partir del procesamiento de datos mediante el software de análisis estadístico Statistical Package for the Social Sciences[1] (en adelante, SPSS). Así, el objetivo de esta investigación es conocer y analizar cuáles son los sujetos sociales presentes en el desarrollo de AC, sus principales demandas, a quienes están dirigidas, qué repertorios de lucha son los más frecuentes y, de esta manera, poder brindar claves de lectura que permitan comprender las tendencias de la conflictividad social en la Provincia.

Esta investigación se suma a numerosos estudios que analizan diversas manifestaciones de la conflictividad social a partir de relevamientos periodísticos semejantes al propuesto, a nivel nacional y en otras jurisdicciones de Argentina.[2] Especialmente, destacan las producciones del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acciones Colectivas, radicado en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires que estudió la protesta social entre 1989 y 2007 a partir de un relevamiento de periódicos nacionales como Clarín y La Nación (Schuster, Péres, Pereyra, Armesto, Armelino, García, Natalucci, Vázquez y Zipcioclu, 2006), el Programa de Investigaciones sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina– PIMSA, el Observatorio de Conflictividad de Mar del Plata, el Observatorio de Conflictividad Sociolaboral de la Provincia de Mendoza, el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina y el Observatorio de conflictos laborales de Córdoba.

Los aportes del observatorio dirigido por Schuster y el Programa PIMSA son significativamente valiosos ya que se han abocado al estudio de hechos de protesta, rebelión y cronologías del conflicto, respectivamente, de modo sistemático, a partir del relevamiento de noticias de periódicos nacionales. Si bien los datos analizados se pretenden representativos a nivel nacional, se advierte sobre posibles limitaciones ya que al ser “diarios de la ciudad de Buenos Aires, tienden a publicar menos hechos ocurridos fuera de este lugar” (PIMSA, 2012).

Por su parte, la investigación desarrollada por el Observatorio de Conflictividad Social en Mar del Plata se basa en el periódico de mayor circulación de la ciudad, el diario La Capital y su unidad de análisis es cada acción de rebelión (Nieto, Laitano, Rabino, Nogueira, Luciana., Nogueira, Andreozzi, Becher, Fabiani, Sánchez, Teijón, Marioli, Pironi y Okada, C. Nieto, Laitano, Rabino, Nogueira, Andreozzi, y Okada, 2019). Se trata de un antecedente significativo en tanto supone un estudio localizado de la rebelión a partir de un medio local. En línea similar, aunque con diferencia en la unidad de análisis, encontramos las investigaciones del Observatorio de Conflictividad Sociolaboral de la Provincia de Mendoza que tiene por objetivo “ponderar, evaluar y reflexionar sobre la situación estructural del trabajo, en relación a la dinámica de acumulación del capital, con el foco puesto en la disputa que se expresa en el espacio público” (Collado y Soria, 2020, p. 2). El relevamiento se basó en el diario de mayor circulación y antigüedad en la provincia, Los Andes. Así, el interés por generar conocimiento desde las diversas provincias se acerca a la investigación aquí propuesta, aunque se diferencian ya que el foco de la investigación mendocina se centra exclusivamente en la conflictividad laboral. Con esta misma unidad de análisis encontramos las investigaciones del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina que ha publicado diversos informes sobre dos grandes áreas de estudio, necesariamente articuladas: el conflicto laboral y la negociación colectiva.

En la provincia de Córdoba, se destaca la experiencia del Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba (Roitman, 2018; Morón y Roitman, 2012) que busca caracterizar este tipo de conflictos y los contextos en los cuales se desencadenan, a partir del relevamiento y análisis de una diversidad de medios locales.

En este marco, la investigación aquí propuesta tiene relevancia en tanto supone la generación de conocimiento específico sobre las acciones colectivas desarrolladas en la provincia de Córdoba, a partir de un minucioso relevamiento y análisis de notas periodísticas publicadas en un diario local de alcance masivo en la región. Ello es importante ya que, si bien consideramos que existe una matriz económica y de dominación que incluye todo el territorio nacional, cada provincia cuenta con sus propios dispositivos institucionales y sujetos sociales organizados que pueden configurar conflictos específicos. Por ello, este análisis busca ofrecer un estudio de las AC en contextos de conflictos sociales anclado específicamente al territorio provincial.

Córdoba es una provincia situada geográficamente en el centro de Argentina, con una población de más de 3,5 millones de habitantes, es la segunda provincia más poblada, luego de Buenos Aires. Sus principales actividades económicas se relacionan con el sector agrario, la agroindustria y la actividad inmobiliaria. Estas tres actividades están estrechamente vinculadas entre sí ya que las ganancias generadas por la producción de soja, trigo y maíz —principalmente— son re-invertidas en el sector inmobiliario (Ferrero, Ibañez y Machado Ibars, 2012). Mencionamos brevemente las características de las dinámicas económico-productivas de la provincia ya que resultan de relevancia para comprender los tipos de conflictos sociales que se desprenden del análisis, así como también las características de las AC.

El análisis de las luchas sociales supone centrar la mirada en el cuestionamiento del orden imperante, al tiempo que desnuda los mecanismos de dominación y opresión. Así, el supuesto que subyace a esta visión es que la realidad se caracteriza por ser dinámica, contingente y atravesada por múltiples conflictos sociales que la (re)configuran. Por lo tanto, se trata de una condensación de historicidad conformada a partir de una multiplicidad de temporalidades y experiencias de lucha (Ciuffolini, 2010). Desde esta perspectiva, el análisis de las AC nos permite indagar en las tensiones que se visibilizan en estos conflictos, en las contradicciones originadas por las profundas transformaciones sociales, y la trama de relaciones de fuerzas y sujetos que estas transformaciones suponen.

Para poder abordar el objeto de interés de este artículo, presentamos, en el primer apartado, una revisión de antecedentes de abordajes sobre la conflictividad social en medios de comunicación desde una perspectiva que enfatiza los aspectos metodológicos, sus potencialidades y precauciones. El segundo apartado aborda los conceptos centrales de acuerdo a los cuales se construyó el instrumento de recolección de datos. El tercer apartado se concentra en el análisis de datos sobre las características de las AC a partir de proponer claves de lecturas que permitan interpretarlos. Así, se analizan los principales sujetos de las AC, sus repertorios de lucha, los destinatarios de las AC y las demandas sobresalientes. Por último, se ofrecen reflexiones finales donde sistematizamos las tendencias de conflictos en la Provincia de Córdoba así como nuevas líneas de investigación que emergen del análisis de los datos.

El análisis de las AC a partir de la prensa escrita: materiales y métodos

El análisis aquí expuesto forma parte de resultados de investigación vinculados a un proyecto más amplio, “La racionalidad Neoliberal, el gobierno de la vida y la reconfiguración de lo común como espacio de resistencia en Argentina”, financiado y acreditado por la Universidad Católica de Córdoba a cargo del Equipo de Investigación “El llano en llamas”. Asimismo, este proyecto se articula con los datos relevados por el Observatorio de Conflictos Sociales que lleva adelante el equipo de investigación.[3]

En el marco de este proyecto de investigación se ha realizado una selección, sistematización y carga de noticias de La Voz del Interior vinculadas a AC. Su selección responde a que es uno de los periódicos más importantes del interior del país, de mayor tirada en la Provincia de Córdoba y de publicación diaria.

A continuación presentamos una revisión de antecedentes sobre las potencialidades y limitaciones metodológicas del estudio de la conflictividad a través de la prensa escrita. Es importante aclarar que no se trata de un rastreo exhaustivo del estado del arte sino de recuperar algunas discusiones y abordajes que son pertinentes para este estudio, a partir de enfatizar las discusiones metodológicas que plantean.

Una primera perspectiva de relevancia es aquella desarrollada en el marco de la escuela de Birminghan que sostiene que los medios de comunicación, en concreto los periódicos, son agencias con intereses que, además de decidir qué es noticia, deforman y enmascaran la realidad (Río, 2008). Los autores de esta escuela postulan que la selección de noticias es un reflejo de la estructura social fuera de la agencia de noticias (Gans, 1979). Así, los medios de comunicación son una parte integral de los aparatos ideológicos de reproducción debido a la actividad que realizan de selección, interpretación, así como de clasificación [packaging] de la realidad (Cohen y Young, 1973). La selección y presentación de noticias no es azarosa, sino intencionada, pues refleja las visiones, preferencias e intereses de los grupos económicos y burocracias dominantes (Río, 2008).

A los fines de esta investigación, reconocemos que los medios de comunicación son actores políticos y que, por tanto, aportan a la creación y reproducción de una particular visión sobre la realidad social, en tanto priorizan ciertos eventos en detrimento de otros y contribuyen a la construcción de la realidad socio-política y su conflictividad a partir de las estrategias de enunciación que utilizan.[4] Adherimos a la idea de que los sesgos que ocurren en los medios de comunicación asumen formas a partir del silencio o énfasis en ciertos aspectos de la noticia, de modo que su distorsión no opera como una alteración de un evento, sino a través de la ocultación o insistencia en determinadas características del mismo que afectan a la imagen de los acontecimientos que acaban haciéndose los receptores de las noticias (Franzosi como se citó en Río, 2008).

Ciertamente, los periódicos ofrecen un relevamiento importante de lo que sucede en la sociedad, pero no necesariamente cubren la totalidad de los eventos que en ella se desarrollan. En este aspecto, el análisis aquí propuesto es sobre los conflictos que alcanzan visibilidad pública al ser recuperados por la prensa escrita. Ello supone aclarar que el relevamiento de datos no es exhaustivo ni da cuenta plena de los procesos de lucha social ni de conflictividad total de la provincia.

En consecuencia, y como se advirtió más arriba, no es posible esperar que la totalidad de los conflictos sociales se encuentren reflejados en los medios. Al respecto, disentimos con aquellas perspectivas (Rucht y Neidhardt, 1999) que discuten que los eventos no registrados en los medios representan un problema. Desde aquella perspectiva, si el interés del analista recae en las protestas que resultan potencialmente relevantes para el cambio social y político, es necesario focalizarse en aquellos eventos que son o pueden ser registrados para el amplio público.

Frente a este argumento cabe señalar que establecer una relación lineal entre mediatización y capacidad de cambio social implica un supuesto no comprobable y fácilmente discutible. Si los medios de comunicación son actores políticos con intereses definidos, es posible esperar que la selección de noticias y eventos, así como la invisibilización de ciertos procesos de lucha de gran importancia, se encuentre guiada por ellos. En esta misma línea, el proceso de selección, recorte y construcción que los medios realizan a los fines de dar más o menos relevancia a un hecho, orientan los marcos interpretativos de los “consumidores” y generan principios organizadores de la realidad socio-política, que pueden ser socialmente incorporados en diversos grados (D’Amico y Cels, 2013).[5] De esta manera, es posible que ciertos repertorios de lucha innovadores escapen a los marcos interpretativos hegemónicos y, por lo tanto, sean invisibilizados.

Por otra parte, es preciso discutir la noción de cambio social que estas perspectivas sostienen ya que, en consecuencia, sólo deberían considerarse como relevantes aquellas acciones que logren un impacto masivo a través de su mediatización. Por el contrario, sostenemos que es preciso atender también a aquellos procesos microscópicos y locales que por su propia dinámica pueden implicar un desafío a las formas de relacionamiento institucionalizadas.

A partir de estas advertencias sobre los límites en el registro de conflictos en los medios de comunicación, es posible poner bajo evaluación las fortalezas de realizar un estudio sobre la conflictividad a partir de los periódicos. No se trata de conocer el comienzo y final de cada conflicto, su impacto en la institucionalidad o sus tácticas y estrategias de modo singular, sino que el objetivo es conocer las características de las AC en contextos de conflictos sociales, su localización, los sujetos intervinientes, sus formas de lucha, los objetos de demanda y los destinatarios. De esta manera, la fortaleza viene dada por la posibilidad de realizar un relevamiento sistemático y abarcativo de diversos tipos de lucha que involucran a una heterogeneidad de actores sociales, lo que nos permite dar cuenta de las tendencias que está asumiendo la conflictividad social y los principales ejes de conflicto.

En consecuencia, la opción por relevar conflictos sociales a partir de noticias publicadas en periódicos responde a la posibilidad de acceso a la información:

Los periódicos suplen la ausencia de fuentes documentales alternativas para el análisis de algunos tipos de conflictos sociales. Por otro lado, abren la posibilidad de reunir datos sobre grandes corpus de casos dispersos en el espacio y en el tiempo, permitiendo el seguimiento de la evolución de un determinado repertorio de acción colectiva (Río, 2008, pp. 61-62).

Así, la prensa constituye un recurso realista para recopilar información de eventos dispersos en el espacio y en el tiempo, lo que representa una gran ventaja con respecto a otras fuentes que suelen estar disponibles para períodos de tiempo más cortos (Barranco y Wisler, 1999). De allí que el relevamiento sistemático en los periódicos proporcione la más completa cantidad de eventos para una muestra amplia de unidades temporales y geográficas (Olzak, 1989).

Son diversos/as los/as investigadores/as que han remarcado la fiabilidad de algunos datos de la prensa sosteniendo que “los periódicos ofrecen información fiable [reliable] en torno a datos como fecha, localización, los episodios, la duración, y la naturaleza de los conflictos” (Olzak, 1994, p. 206). En la misma línea Roberto Franzosi (1987) subraya que los periódicos suelen ofrecer información rica, homogénea y significativa sobre algunas características de los eventos. Proporcionan información “válida y fiable” sobre el tipo de acción de la que se trata, la localización, la fecha del evento, su identidad general, y, en menor medida, sobre algunas características generales del perfil social de los participantes (si dominan en las protestas trabajadores, estudiantes, campesinos, miembros de grupos étnicos, religiosos, etc.).

Por otra parte, en relación a la selección del periódico se privilegió que fuese local, masivo y cotidiano. Esta decisión se fundamenta en resultados de investigaciones anteriores. En la investigación llevada a cabo por Daniel Myers y Beth Caniglia (2004) hallaron que menos de la mitad de los conflictos que fueron publicados por diarios locales fueron, a su vez, publicados por grandes diarios nacionales. Así, la opción por el diario La Voz del Interior, de corte local, persigue el objetivo de evitar la infrarrepresentación de AC provinciales que suelen realizar los periódicos de alcance nacional.

En definitiva, sostenemos que es posible relevar conflictos sociales a partir de la prensa escrita siempre que se consideren las advertencias metodológicas expuestas más arriba. Recabar noticias publicadas por los diarios es una estrategia posible en la medida en que el análisis propuesto no apunta a conocer las características de un conflicto en particular en profundidad, sino de advertir sobre las características generales y agregadas de las AC en el marco de conflictos sociales desde una perspectiva diacrónica. La recolección de noticias implica también ciertos marcos interpretativos para la construcción de categorías y dimensiones de análisis, decisiones que serán presentadas a continuación.

Precisiones conceptuales: las AC y la construcción del instrumento de recolección de datos

Se han relevado AC entendiendo por ellas a todas las acciones o manifestaciones colectivas llevadas adelante por un conjunto de personas contra una institución, funcionario, ex funcionario o empresa con el objetivo de reclamar, demandar, repudiar o denunciar una situación. Es decir, toda acción de lucha que sea llevada adelante por diversos sujetos como vecinos/as, trabajadores/as, estudiantes, campesinos/as, entre otros. Este modo de conceptualizar las AC supone reconocer que deben presentarse estos cuatro elementos simultáneamente: un colectivo movilizado, un contra quién identificable, un repertorio de lucha específico y una demanda concreta.[6]

Por acción colectiva entendemos “episodios que comprometen a participantes que no actúan juntos de modo rutinario y/o que emplean medios de acción distintos que adoptan para la interacción cotidiana” (Tilly, 2002, p. 10). En este sentido, la acción colectiva es, por definición, “discontinua y contenciosa: no está construida sobre rutinas diarias y tiene implicancias para los intereses de personas distintas al grupo que actúa, así como para los propios intereses compartidos de los actores” (Tilly, 2002, p. 10). En consecuencia, se entiende como sujetos de la acción colectiva a los protagonistas de la misma.

En la construcción del instrumento de recolección de datos y de las diversas pruebas pilotos, fue posible identificar a: trabajadores/as, ya sean formales o informales, de la más variada rama laboral; partidos políticos, cuya característica reconocible es su intervención en la disputa eleccionaria; vecinos/as, como el conjunto de personas que no responden a una estructura organizativa que les identifique;[7] movimientos u organizaciones sociales con fuerte presencia territorial y que no se encuentran movilizados por la disputa eleccionaria;[8] ONG’s, cualquier organización privada que no se reconozca como parte de la esfera gubernamental y que, a su vez, cuente con personería jurídica reconocida por el Estado; beneficiarios/as de programas o planes como aquellos sujetos que son adjudicatarios de alguna política pública; y las cámaras empresariales que las entendemos como grupos empresariales poderosos congregados en alguna organización que los reconoce por la propiedad de ciertos medios de producción.[9]

En toda acción colectiva se construye un destinatario, un oponente que es desafiado. Esta construcción de un “otro” es de fundamental importancia toda vez que las luchas son “entendidas como luchas contra la autoridad, contra los efectos del poder en la vida cotidiana y, consecuentemente inscriptas en las instancias de poder más próximas e inmediatas” (Ciuffolini, 2010, p. 19).[10] Los destinatarios pueden ser el Gobierno en cualquiera de sus niveles (provincial, nacional o local); la policía o gendarmería; las empresas públicas o privadas; la dirigencia sindical; y/o los partidos políticos.

Las formas de lucha que pueden desarrollar los sujetos en una contienda se denominan repertorios ya que son muy variadas y diversas. Se las reconoce como herramientas disponibles e incorporadas a la práctica cotidiana, utilizadas para efectuar peticiones o reclamos de distinto tipo. Así, los repertorios de acción política corresponden a “un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas, a través de un proceso de elección relativamente deliberado” (Tilly, 2002, p. 31). Según Tilly (2002), es en los ciclos de protesta donde la gente aprende la manera de accionar colectivamente, de modo que los sujetos de un lugar y un momento determinado desarrollan una cantidad limitada de formas de acción organizadas en repertorios.

Los diversos repertorios de lucha pueden caracterizarse por haber sido incorporados a la práctica frecuente, en cuyo caso se trata de un “repertorio de acción colectiva contenida”; o por contener acciones de mayor carácter disruptivo, que importan quiebres en la rutina, a los que se denomina como “repertorios de confrontación”. Un tercer tipo de acciones que involucran a la violencia como medio privilegiado y sistemático se denomina “repertorios de violencia” (Avalle, 2010). Así podemos identificar las siguientes formas de lucha: acciones de repudio en la vía pública; toma de edificios, espacios públicos o privados; acciones de difusión y/o visibilización; asambleas o reuniones; paro o abandono de tareas; presentaciones administrativas o judiciales; enfrentamientos directos o resistencia física.

Es importante reconocer en toda AC el “objeto de la demanda” que moviliza la acción, es decir, aquello por lo que se lucha y pone de manifiesto una necesidad o reclamo incumplido. Los tipos de objeto de demanda que se han identificado son: acceso a los medios de comunicación; demanda o rechazo de acción de la justicia; demanda de acceso o regularización a la tierra o la vivienda; defensa de bienes naturales y su saneamiento; rechazo de emprendimientos productivos o al uso de contaminantes; rechazo de políticas, leyes y/o autoridades políticas; rechazo o aprobación de decisiones en ámbito de trabajo; demanda de infraestructura urbana; demanda de políticas, leyes o programas estatales.

La identificación de las categorías de análisis hasta aquí expuestas surgió a partir del marco general del proyecto de investigación que dio origen al Observatorio de Conflictos Sociales. Definidas las categorías analíticas se procedió a una prueba piloto del registro de noticias a través de un formulario. Una vez realizada esta actividad, se ajustó la base de datos al incorporar nuevas categorías y reclasificar otras para obtener un mejor registro. Por ejemplo, se permitió la disquisición entre dos o más adversarios a los que están destinadas las acciones colectivas; el reconocimiento de todos los sujetos sociales implicados en la contienda (que incluyó además una categoría abierta para colocar el nombre de estos sujetos movilizados), entre otras.[11] El procesamiento de la base de datos se realizó a través del software SPSS, que permitió la sistematización de los sujetos sociales de las acciones colectivas, sus demandas, los destinatarios y los repertorios de lucha recogidos a partir de las notas periodísticas.

En este artículo analizamos los primeros resultados obtenidos que nos permiten delinear tendencias de las AC desarrolladas en la Provincia de Córdoba para el periodo 2006-2018. Se trata de un análisis de lo que entendemos son los principales elementos de estudio de luchas colectivas. Esto supone proyectar una segunda etapa de análisis que nos permita estudiar el desarrollo de las AC a lo largo del tiempo, las modificaciones en los repertorios de lucha y destinatarios. Estamos trabajando en este análisis que esperamos poder publicar en un futuro próximo. Además, el trabajo del equipo de investigación continúa para acrecentar el período temporal incluyendo años anteriores y posteriores al análisis aquí reflejado.

A continuación exponemos el resultado y sistematización de estas categorías de análisis.

Análisis de las AC en la Provincia de Córdoba

Principales sujetos protagonistas de las AC[12]

En un análisis de frecuencias de los sujetos movilizados, protagonistas de las AC, se registran:

Gráfico 1
Frecuencias de Sujetos de Acción Colectiva
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos.

En el Gráfico 1 destacan como principales sujetos movilizados para el desarrollo de AC los Sindicatos. Estos sujetos presentan una frecuencia que duplica a los que se encuentran en segundo lugar (vecinos/as autoconvocados/as) y concentra un 35,7%. La centralidad de este actor en la conflictividad social refiere a mecanismos tradicionales de participación y lucha política. De acuerdo con Avalle (2017; 2010), su importancia como actores colectivos protagonistas de las luchas sociales es de larga data en Argentina y en América Latina. Este protagonismo, así como el interés académico por su estudio, sufrió una crisis a partir de la imposición del golpe de Estado de 1976 que desplegó una diversidad de dispositivos de control y represión sobre los espacios sindicales. Sin embargo, este colectivo aparece en la escena pública, en la lucha por el regreso de la democracia. Los ‘90 en Argentina revistieron un nuevo momento de inflexión para estas organizaciones, dadas las políticas de ajuste y precarización laboral que cercenaban los derechos de los/as trabajadores/as y desactivaban el poder de movilización de los sindicatos. En este marco, es que diversos autores/as han señalado el proceso de revitalización de la lucha obrera a través de los sindicatos, que se desarrolla a partir del año 2003:

La recuperación del protagonismo de los sindicatos en Argentina es un hecho indiscutible. Eso ha abierto una serie de debates acerca de sus causas y sus características específicas. No es para menos, el nuevo protagonismo sindical se da luego de 15 años de tesis de la pérdida de centralidad de la clase obrera y de sus organizaciones, y se da, además, en un país en donde no puede comprenderse la historia del siglo XX sin analizar el accionar de los sindicatos como protagonistas no sólo de las luchas sociales sino de las crisis políticas (Varela, 2014, p. 2).

A su vez, el mayor protagonismo de los sindicatos como sujetos de la AC en la prensa escrita puede deberse a que cuentan con comités de prensa que contactan a los medios de comunicación, los convocan y les proveen de comunicados que resumen las jornadas de lucha y las acciones desarrolladas:

Como mostraron Kielbowicz y Scherer (1986) analizando el “rol de la prensa en la dinámica de los movimientos sociales”, con frecuencia la mayor posibilidad de publicación de un acto estará ligada a la capacidad de los líderes y organizadores de la acción colectiva para concertar la presencia de los periodistas, ofreciéndoles citas atractivas que incluyan la manipulación de recursos simbólicos condensadores del sentido de la acción, así como facilidades de cobertura rápida. Esto es lo que ocurre con los llamados “eventos planeados” por y para ser cubiertos por los medios de comunicación (Río, 2008, p. 72).

En segundo lugar, en orden de frecuencia, encontramos a los/as vecinos/as autoconvocados/as con un 17,1%. Se trata de un dato novedoso y de relevancia ya que estas formas de participación política han cobrado visibilidad en la última década, como expresiones de formas de participación ciudadana. En principio no se trata de organizaciones estructuradas y asentadas sino, por el contrario, de vecinos/as que se organizan frente a la emergencia:

Este tipo de luchas no se estructuran desde marcos ideológicos específicos, sino que, al contrario, la constitución de estos marcos parece darse de manera conjunta con la práctica política diaria, a partir de problemas y situaciones cotidianas, amalgamándose desde allí conceptos y tradiciones en pos de dar inteligibilidad a sus problemas y desafíos. (…) se reconoce que estas organizaciones surgen como esfuerzos autoconvocados por los propios afectados para deliberar y reflexionar sobre qué hacer juntos. En general, no hay ninguna instancia externa que convoque para formar y dirigir hacia un formato específico de organización; ello sucede, sobre todo, como reacción “espontánea” (Alonso, de la Vega y Saccucci, 2015, p. 4).

“Vecinos/as autoconvocados/as” refiere a un renovado modo de participación política que aglutina mayormente a sujetos que se organizan para la defensa de su territorio o bien para reclamar por condiciones que afectan la vida en común. Estudios recientes destacan la centralidad que han cobrado estos sujetos de las AC, especialmente vinculados a las luchas socio-ambientales (Svampa y Viale, 2021; Pesquero Bordon, 2021 y Wagner, 2019). Así, vecinos/as autoconvocados/as destacan por ser sujetos diversos que se organizan en torno a un emergente específico, de modo espontáneo, a diferencia de las organizaciones propiamente ambientales que por lo general se organizan en torno a un marco interpretativo común.

Estos estudios señalan el dinamismo y propositividad de estas formas de lucha, que han tenido grandes impactos en términos democráticos:

Se expresan principalmente de forma civil/social, sin embargo, atraviesan las organizaciones políticas y modifican lo político-institucional (mostrando efectos en los tres poderes del Estado como en las agendas político-partidarias). La conflictividad socioambiental se expresa en espacios y momentos no institucionales —en los cuales genera crisis circunstanciales del régimen político subnacional y con repercusiones multinivel— y en formas de participación política ampliada que reencauzan dicha existencia política cotidiana y paralela (Pesquero Bordon, 2021, p. 31).

En definitiva, estos sujetos de las AC son aquellos que presentan mayor novedad, por el formato de participación, por los reclamos que presentan, vinculados a problemáticas territoriales, y por los impactos que tienen en la institucionalidad y agenda pública.

En tercer lugar, con un 15,2%, encontramos a las asociaciones profesionales o empleados. Se trata de luchas vinculadas al mundo del trabajo pero que no se canalizan a través de los sindicatos. Es decir, son sujetos profesionales no sindicalizados cuyas demandas no encuentran contención en la figura tradicional sindical, a pesar de que responden a una problemática laboral. Estos sujetos tensionan las formas tradicionales de representación que ejercen los sindicatos.

En cuarto lugar, encontramos las Cámaras o agrupaciones empresariales/comerciales o productoras, con un 5,8%. Se trata de un dato significativo, no solo por la frecuencia que presenta, en términos relativos, sino además por los actores políticos a los que refiere: sectores empresariales organizados. Resulta novedoso que estos actores sean protagonistas de AC ya que ello supone ser sujetos principales de la conflictividad social. Así, la opción por el desarrollo de AC por parte de Cámaras[13] vinculadas a diversas actividades económicas da cuenta de un alto nivel de conflictividad y la necesidad de ocupar el espacio público para manifestar sus reclamos frente a acciones que puedan dañar sus intereses sectoriales.

En términos generales, el estudio de las formas de lucha de las asociaciones empresariales no ha sido una preocupación por parte de los estudiosos de las AC. Los sociólogos Offe, Wiesenthal y Keane (1985), plantearon al respecto que, en las sociedades capitalistas, los empresarios no precisan organizarse colectivamente para alcanzar sus intereses. Al tener claridad sobre la definición de sus intereses y ocupar una posición dominante, no precisan acuerdos o diálogos entre los empresarios (Offe, 1992). Así, la lógica misma del capitalismo haría de la decisión individual de invertir o no, su principal fuente de influencia. Desde esta perspectiva, se configuraría una homogeneidad dada de los intereses empresarios, que tornaría innecesario cualquier tipo de acuerdo previo. De manera que estos autores enfatizaban la homogeneidad a priori de los intereses del sector empresario y, por ende, desestiman la posibilidad de organización y de acción colectiva por parte del empresariado, haciendo irrelevante el estudio de sus formas organizativas.

Al respecto, diversas investigaciones locales (Lissin, 2008; Dulitzky, 2018) han discutido esta idea al señalar que al menos en lo que refiere al caso argentino, resulta más adecuado hablar de heterogeneidad de intereses empresarios que de homogeneidad dada o a priori:[14]

esto no implica desestimar la existencia de algún tipo de homogeneidad pero que en el caso del empresariado, donde diversos actores empresarios coinciden en sus intereses frente a una determinada coyuntura específica o una determinada política pública, resulta más conveniente hablar de un tipo de homogeneidad de rasgos coyunturales la cual denominaremos homogeneidad construida ya que en el caso de existir la misma se configura y se alcanza en el desarrollo de los procesos políticos y económicos concretos e históricamente situados (Lissin, 2008, p. 20).

Así mismo, se resalta la necesidad de considerar la variable del contexto histórico, social y político donde el empresariado se encuentra inserto (Granovetter, 1985) y en cual desarrolla sus acciones. El mismo, y sus características, resultan determinantes para comprender los movimientos y las decisiones estratégicas que realizan las corporaciones empresarias en términos de desarrollo de AC (Lissin, 2008).

La presencia de cámaras empresariales como sujetos de las AC puede estar visibilizando tensiones y disputas entre las distintas fracciones del capital y la configuración de nuevos modos de ejercicio del poder. Por motivos de extensión no podremos abordar con mayor profundidad el análisis, sin embargo, es preciso señalar que la propia significatividad de los datos empíricos exige que puedan desarrollarse estudios que den cuenta de en qué contextos estos sujetos desplazan el característico lobby para profundizar la opción estratégica por las AC, y qué particularidades asume.

Resulta sumamente llamativa la poca presencia de partidos políticos como sujetos relevantes en el desarrollo de AC. Los partidos se encuentran en el octavo lugar y concentran un 1,9% en términos de frecuencia. Este dato resulta paradigmático ya que en el sistema democrático argentino, los partidos políticos concentran el monopolio de la representación política institucional. Sin embargo, estos sujetos no aparecen como significativos en términos de presencia en el espacio público y desarrollo de AC. Este fenómeno ha sido estudiado por una diversidad de investigadores/as tanto a nivel europeo,[15] como a nivel latino americano y local (Mustapic, 2002; Novaro, 1998). En general, la literatura que analiza este proceso en Argentina coincide en que esta crisis alcanzó su máximo nivel de expresión entre los años 1990-2002 y que persiste con menor intensidad en la actualidad. Así, las acciones de los partidos políticos se concentran en torno a los canales formales, especialmente en torno a acciones proselitistas. En consonancia, el desplazamiento del protagonismo de los partidos políticos ha sido ocupado por otros sujetos políticos con menores grados de institucionalidad.

Por su parte, resulta interesante analizar la escasa presencia de movimientos sociales/ organizaciones de base, que presentan una frecuencia de 1,4%. Este modo de participación política fue clave en la década de los ‘90 en Argentina, como canalizadores de la conflictividad social y articuladores de las demandas sociales (Ciuffolini, 2010; 2008; Palomino, 2005; Zibechi, 2003). Estos movimientos se originaron en el quiebre o erosión de las instituciones y mecanismos de integración social consolidados a lo largo del siglo XX:

Los movimientos pueden ser concebidos como respuestas sociales a la desinstitucionalización de vastos sectores de la población operada en los noventa, como esfuerzos autónomos de crear y recrear nuevas formas de articulación laboral y social. Esta orientación es clara en los intentos de los movimientos de fortalecer una economía social y solidaria que, al mismo tiempo que recupera formas seculares como las cooperativas, particularmente importantes en los emprendimientos productivos, explora nuevas formas organizativas débilmente institucionalizadas aún. Esta exploración se realiza en un contexto caracterizado por la emergencia de una nueva informalidad laboral, originada en la desestructuración de las relaciones sociales y productivas urbanas, y claramente diferenciada de la vieja informalidad vinculada con el crecimiento económico o la migración rural-urbana (Palomino, 2005, p. 22).

Resulta llamativo que los movimientos sociales no alcancen visibilidad mediática como principales sujetos de las AC. Al respecto es necesario, primero, sostener la advertencia metodológica ya señalada sobre el posible subregistro del periódico sobre AC realizadas por los movimientos sociales. En segundo lugar, es posible arriesgar una clave de lectura: resulta llamativa la preponderancia de la presencia de vecinos/as autoconvocados/as frente a movimientos sociales. Esto puede deberse al posible desplazamiento del protagonismo de los movimientos sociales hacia formas de participación política menos organizadas y más espontáneas. Ciertamente esta tesis demanda ser explorada e indagada con mayor profundidad y especificidad, sin embargo, puede estar señalando un progresivo desapego a la participación política vinculada a marcos políticos-ideológicos más o menos estructurados, para optar por la participación política que se organiza en función de la emergencia, de la defensa frente a lo que se considera perjudicial, sin perspectivas políticas claras a priori.

Principales objetos de demanda de las AC

Uno de los intereses principales de este trabajo es poder analizar qué tipos de demandas sostienen los sujetos en lucha en el campo cordobés. Atender a estos elementos podrá darnos huellas sobre cómo se (re)configuran las tramas conflictivas y qué lógicas se ponen en tensión.

En cuanto a los principales objetos de demanda de las AC destacan las siguientes:[16]

Gráfico 2
Frecuencia de Principales Demandas de AC
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos.

Consecuentemente con los sujetos más movilizados, los sindicatos, destacan los rechazos/demandas de decisiones en el ámbito laboral, con un 41,8%. Esto se relaciona con el proceso de “revitalización sindical” (Senén y Borroni, 2011) al cual ya hemos referido. A su vez, este dato puede interpretarse por una profundización de la conflictividad en el mundo del trabajo por los nuevos avances sobre los derechos de los/as trabajadores/as formales y nuevos procesos de precarización progresiva que se expresan en las decisiones cotidianas que toman las patronales.

Destacan los/as trabajadores/as estatales (tanto del ámbito educativo como del administrativo) que realizaron masivas movilizaciones y huelgas en resistencia a los despidos o congelamientos salariales. En el Gráfico 3, se desagrega este objeto de demanda: las demandas de aumento salarial/regularización de pagos de salarios representan el 57,4%. Esto refleja la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario frente a las condiciones económicas, caracterizadas fuertemente por ciclos inflacionarios. Las demandas por mejoras de condiciones laborales representan el 15,1%; el rechazo de despidos o suspensiones de trabajadores/as, el 9,6% y el rechazo a la oferta salarial o laboral representa el 8,4% de las demandas en relación al trabajo. Luego, hemos identificado que el 4,1% de las demandas son por el reconocimiento del derecho laboral y sindical; 3,9% por demandas de puestos laborales y, finalmente, de manera paradigmática, el 0,9% denuncias de formas de explotación laboral.

Gráfico 3
Objeto principal de la Demanda de Trabajo desagregado
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos

En conjunto, las demandas en relación al trabajo dan cuenta de la precariedad del mundo laboral, incluso en sujetos inscriptos en relaciones laborales formales.

El segundo objeto de demanda, por orden de frecuencia como se refleja en el Gráfico 2, es el rechazo a políticas, leyes y/o autoridades políticas, con un 17,7%. En una mirada desagregada de este dato (recogido en el Gráfico 4), resulta destacable que el 91,1% de los reclamos están vinculados al rechazo o impugnación de una política o ley dando cuenta que los procesos conflictivos se dirimen en la arena legislativa, canalizando en ella la resolución de los problemas sociales.

Gráfico 4
Rechazo a políticas, leyes y/o autoridades políticas
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos.

En cuanto a las demandas de políticas, leyes o programas estatales, que encontramos en tercer lugar con el 14,2% de frecuencia y representamos en el Gráfico 5, se destacan las políticas de seguridad (27%), las demandas de políticas de salud representan (10,9%), mientras que la demanda de políticas educativas solo es del 8,8%. Estos dos últimos datos se relacionan con el progresivo congelamiento del presupuesto destinado a salud y educación que, dada la acuciante inflación anual y los progresivos ajustes, ha significado un proceso de precarización de la garantía de estos derechos sociales.[17]

También se han registrado AC que están destinadas a reclamar al Estado acciones y políticas específicas y focalizadas. Estas demandas son heterogéneas y refieren a cuestiones como: el aumento de jubilaciones, la extensión de planes de asistencia social ya sea en su duración o alcance poblacional, el reconocimiento formal de organizaciones, la intervención en conflictos territoriales, contrataciones a trabajadores/as de la economía popular, entre otros. En general, estos reclamos se canalizaron a través de la acción directa, entendida como las “formas de acción contenciosa que no se encuentran mediadas por la institucionalidad dominante” (Pérez y Rebón, 2012, p. 21). En este sentido, los modos de manifestación de la protesta popular rebalsaron los canales clásicos de participación y se expresaron mediante modalidades disruptivas como cortes de calles y rutas, tomas de edificios, acampes y bloqueos.

Gráfico 5
Demandas de políticas, leyes o programas estatales
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos

Y en cuarto lugar de relevancia, destacan las demandas o rechazos de acción de la justicia, con un 7,9%. Este dato desagregado en el Gráfico 6 está compuesto por: las demandas, rechazos de acción de la justicia y esclarecimiento de causas judiciales por delitos comunes, 38,5%; los pedidos de esclarecimiento de causas judiciales vinculadas a seguridad, el 18,6%; la demanda de esclarecimiento de causas judiciales por delitos de género el 18,6%.

Gráfico 6
Objeto principal de la Acción de la Justicia desagregado
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos.

El repudio a la represión, criminalización, judicialización de protestas y solicitud de juicio por delitos relacionados con derechos humanos representan 16,3%. Este dato puede estar vinculado con el aumento de la represión y judicialización de los conflictos sociales en toda la provincia y con impugnaciones de hechos que vulneran los derechos humanos sucedidos en otras áreas del país.[18] De acuerdo con Ciuffolini (2014), la represión y judicialización de la protesta/lucha social es un rasgo sobresaliente del dispositivo de seguridad cordobés. La selección estatal de un acto de protesta como “ilícito penal” constituye un supuesto de criminalización ilegítima, o de “criminalización de la protesta” porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho. A su vez, la práctica institucionalizada del “gatillo fácil” y de acciones policiales de hostigamiento y detenciones arbitrarias de jóvenes de sectores populares ha desencadenado diversos ciclos de lucha para reclamar la garantía de los derechos humanos.[19]

Los repertorios de lucha

El análisis de los repertorios de lucha es particularmente interesante ya que, dependiendo de qué tipos de repertorios sean los más frecuentes pueden caracterizarse los niveles de conflictividad en el periodo estudiado y las dinámicas que asumen las AC. A continuación se ha sintetizado la información en el Gráfico 7:

Gráfico 7
Repertorios de lucha
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos.

El repertorio de lucha más frecuente son las acciones de repudio en la vía pública, con una frecuencia del 34,6%. Resulta interesante este dato ya que, recuperando la clasificación de Tilly (2002) anteriormente señalada, estas pueden ser caracterizadas como repertorios de confrontación. Estos tipos de repertorios suponen acciones disruptivas en tanto involucran acciones directas que se expresan en los espacios públicos e “irrumpen” en la cotidianeidad. De este modo, estas acciones hacen visible el conflicto y lo ponen en agenda.

En segundo lugar, encontramos a las Asambleas o reuniones, con una frecuencia de 21,3%. Este repertorio contrasta con la disrupción del primero ya que da cuenta de acciones de lucha que pueden ser clasificadas como “AC contenidas”. Estas refieren a aquellas acciones que son de un nivel de confrontación menor pero que son igualmente importantes. Estas formas de lucha dan cuenta de la importancia de la construcción colectiva y de la democracia de base en la toma de decisiones en el marco de los conflictos.

En tercer lugar, se encuentra el paro o abandono de tareas, con una frecuencia del 17,1%. Este repertorio de lucha remite directamente a los conflictos de los/as trabajadores/as con relación de dependencia o incluso algunas nuevas dinámicas de contratación más flexibles. Resulta llamativo que, siendo los/as trabajadores/as los/as principales sujetos movilizados, los paros y abandonos de tareas aparecen recién en tercer lugar. Ello puede deberse, al menos en parte, a las duras políticas de disciplinamiento del conflicto social que se han aplicado en la provincia frente al reclamo de diversos sectores en relación de dependencia con el Estado, como el caso de la lucha docente. En muchos de estos casos, la provincia aplicaba férreos descuentos salariales a quienes se adherían a las medidas de fuerza, a pesar de que se trata de sanciones que atentan en contra del legítimo derecho constitucional consagrado a la protesta.

Por último, encontramos las presentaciones administrativas o judiciales, con una frecuencia del 14,1%. Nuevamente, se trata de AC contenidas ya que son acciones de lucha de bajo nivel de conflictividad. Refiere a acciones que inscriben los reclamos o denuncias en el Estado y que suponen el inicio de un proceso que incluye diversos niveles administrativos. Aquí está incluida la estrategia de judicialización de los conflictos que realizan los propios colectivos en lucha para reclamar al Poder Judicial que se expida y tenga injerencia en los conflictos.

Destinatarios de las AC

El análisis de los destinatarios de las AC supone explorar qué sujetos públicos o privados son claves en la conflictividad social. A partir de identificar los principales destinatarios podremos tener una fotografía completa de las características del conflicto y de los sujetos que lo conforman. A continuación se presenta el Gráfico 8 con las frecuencias:

Gráfico 8
Destinatarios de la AC
Elaboración propia a partir de la sistematización de datos recogidos.

El principal actor destinatario de las AC es el Poder Ejecutivo Provincial (en adelante, PEP), con una frecuencia del 31,2%. Este dato da cuenta de dos elementos importantes, el primero, el gran peso que tiene el PEP en cuanto a decisiones políticas, motivo por el cual se convierte en la contraparte principal de los conflictos. Segundo, que el PEP es sujeto activo de la conflictividad social al intervenir de diversos modos, ya sea a través de acciones, como a través de omisiones, que son percibidas por los colectivos como afrentas a sus intereses.

En segundo lugar, aparece el Gobierno municipal, con una frecuencia del 24,1%. Este dato remite a conflictos localizados específicamente dentro del municipio capital, que interpelan a este nivel de gobierno como actor con injerencia. La presencia del gobierno municipal como objetivo directo de las demandas puede estar vinculado a los reclamos sindicales o bien a la fuerte presencia de demandas por las condiciones de servicios públicos urbanos (alumbrado, transporte, recolección de basura) que se manifiestan por la desinversión que afecta al sector.

En tercer lugar, encontramos al Poder Ejecutivo Nacional, con una frecuencia del 12,2%. Este dato resulta llamativo ya que supone apelar al tercer nivel de gobierno. Esto refleja el problema de descentralización del Estado inaugurada con la Reforma Constitucional del ‘94 que es fundamental para comprender la dinámica administrativa y, ciertamente, le ha dado protagonismo a las provincias en una diversidad de áreas relevantes. En este sentido, observando los objetos de las demandas que señalamos más arriba, las cuestiones laborales que sobresalen entre las más importantes están menos definidas por el Poder Ejecutivo Nacional dependiendo más de las negociaciones a nivel provincial. Lo mismo ocurre, como hemos señalado recientemente, con cuestiones relacionadas a reclamos urbanos, como servicios públicos, infraestructura y medio ambiente que responden a niveles más bajos de gobierno. Conjuntamente, esto nos lleva a señalar que las determinaciones estructurales condicionan la relación sociedad-Estado y, por ende, la manifestación de la conflictividad.

Para interpretar estos tres sujetos estatales como destinatarios de las AC es preciso considerar que se trata de procesos de lucha que interpelan al Estado en sus múltiples niveles reclamando por sus acciones y/u omisiones. Al decir de Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell (1995), el accionar del Estado puede ser entendido como política pública, tanto en su acción como su omisión frente a una determinada situación, y, por lo tanto, lo que el Estado hace impacta inevitablemente en la configuración de una sociedad. Los autores ejemplifican que una toma de posición activa, por ejemplo, puede implicar desde iniciar la cuestión y legitimarla, hasta acelerar algunas de sus tendencias, moderar otras o bloquearla. Una toma de posición como omisión, por su parte, podría incluir desde la decisión estatal de esperar a que la cuestión y la posición de los demás actores esté más nítidamente definidas, dejar que se resuelva en la arena privada entre las partes involucradas o considerar que la inacción constituye el modo más eficaz de preservar o aumentar los recursos políticos.

Por último, en cuarto lugar encontramos las Empresas Privadas Nacionales, con una frecuencia del 6,7%. Este dato es especialmente significativo ya que refiere a actores privados de gran alcance y tamaño. A su vez, que sean destinatarios de AC puede estar advirtiendo procesos de lucha e impugnación en torno al modo de producción y explotación de los/as trabajadores/as y de los bienes comunes a manos de empresas privadas.

Hemos expuesto hasta aquí aquellas tendencias significativas por donde discurre la conflictividad social en la Provincia de Córdoba entre los años 2006 y 2018, a partir de analizar los sujetos en lucha, sus demandas, sus repertorios de acción y destinatarios del reclamo. Este análisis nos permite vislumbrar posibles campos de acción por donde se expresará la lucha social de la provincia destacando los nuevos sujetos ejecutores de demandas y destinatarios de las mismas.

Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos analizado las características de las AC desarrolladas en la provincia de Córdoba en el periodo 2006-2018. Se trata de un avance de investigación de mayor alcance, que pretende estudiar un periodo temporal más extenso, así como profundizar el análisis a partir de establecer cruces de variables. En estos 12 años la conflictividad social cordobesa destaca por su intensidad, heterogeneidad, por la multiplicación de los sujetos contenciosos organizados, por las demandas y reivindicaciones diversas y por los repertorios de lucha que se ponen en juego.

Dada esta complejidad y heterogeneidad no hemos podido profundizar lecturas de algunos aspectos novedosos e interesantes. Es por ello que este análisis no puede brindar conclusiones sino más bien plantear nuevos interrogantes que pueden convertirse en renovadas líneas de investigación. Así, este acercamiento a las tendencias de las AC representa un paso importante para el planteo de nuevas hipótesis con sustento empírico que permitan complejizar el análisis y establecer relaciones entre categorías. A continuación destacamos algunos de los datos más significativos, no por sus frecuencias sino por la novedad o continuidad que plantean.

Una primera idea relevante en el análisis refiere a los principales sujetos movilizados. Aquí, encontramos tanto continuidades como novedades; en términos de continuidades, destacan los sindicatos como principales sujetos de la conflictividad. Se trata de sujetos “clásicos” dentro de los estudios de conflictos aunque no deja de ser un dato relevante en el contexto argentino. Como se mencionó en el análisis, este dato da cuenta del proceso de revitalización sindical que puede ubicarse pos crisis del 2001 y que volvió a colocarlos como sujetos centrales. A su vez, debe ser entendido a la luz de diversos procesos de ajuste, precarización y avance sobre derechos laborales conquistados que exigieron sostener la organización colectiva para su defensa.

En términos de novedades, destaca la emergencia de los/as vecinos/as autoconvocados/as como sujetos relevantes en la conflictividad social. Resulta novedoso en tanto supone la emergencia de un nuevo colectivo social con características singulares. Se trata de agrupaciones nuevas, autónomas (por fuera del Estado y los partidos políticos), que se organizan en torno a lo emergente, vinculados a la demanda de infraestructura urbana o la defensa del territorio y los bienes comunes. Por motivos de extensión no hemos podido desarrollar “cruces” de datos que permitan abordar con mayor profundidad esta dimensión. A tales fines, proyectamos esta futura línea de investigación que habilite una interpretación más completa y compleja.

Un tercer dato destacable es la presencia de AC desarrolladas por Cámaras o agrupaciones empresariales. Como señalamos en el apartado de análisis, se trata de una novedad ya que, desde las perspectivas teóricas clásicas no se considera que estos actores opten por AC como estrategias en el marco de conflictos. Por el contrario, los datos dan cuenta de diversos ciclos signados por la coyuntura, en los cuales los grupos de poder desarrollan AC a los fines de intentar traccionar la relación de fuerzas para proteger sus intereses. El abordaje de estas novedosas prácticas por parte de los grupos dominantes puede constituirse en otra nueva línea de investigación.

En cuanto a los principales objetos de demanda, en general, están vinculados a desacuerdos con el rol desempeñado por el Estado, en sus diversos niveles, ya sea por acción o por omisión. Esto incluye las impugnaciones a decisiones tomadas, así como también demanda de leyes y programas estatales. A su vez, destaca como objeto de demanda el repudio a la represión, criminalización, judicialización de protestas y solicitud de juicio de delitos relacionados con derechos humanos. Este dato resulta significativo ya que remite a las características de las políticas de seguridad desarrolladas en la provincia, las cuales han profundizado la represión y judicialización de la lucha social así como la práctica del “gatillo fácil”, hostigamiento y detenciones arbitrarias sobre todo a la población joven de sectores populares.

Por último, de acuerdo a los repertorios de lucha más frecuentes en las AC, es posible señalar que este periodo estuvo atravesado por una diversidad de formas de lucha que dan cuenta de intensidades variables. La centralidad de acciones en la vía pública da cuenta de conflictividades altas pero sin ejercicio de la violencia. Esto muestra una práctica constante de movilización colectiva que asume que la estrategia más efectiva para visibilizar el conflicto es la irrupción en el espacio público. Si bien no se trata de un dato novedoso para la conflictividad en Argentina, se trata de una actualización de repertorios cuyos orígenes pueden encontrarse en la lucha piquetera que se organizó en la década de los ‘90, frente a los crudos ajustes neoliberales.

Finalmente, destacamos la inmediatez de los destinatarios de las AC, siendo la Provincia y la Municipalidad los contrincantes principales, esto está relacionado con la búsqueda del poder más cercano como sujetos responsables de dirimir los conflictos pero también con el proceso de descentralización estatal de Argentina que transfirió algunas responsabilidades a jurisdicciones de menor alcance. Como dato novedoso y línea de investigación futura, aparecen como destinatarios las Empresas Privadas Nacionales lo cual advierte procesos de lucha e impugnación al modo de producción y explotación de trabajadores/as y bienes comunes.

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Notas