Introducción

La expansión del Estado intervencionista implicó la estructuración de nuevas políticas sociales destinadas a incidir en ámbitos diversos de la vida cotidiana, la familia, el consumo, la sexualidad, el trabajo, el ocio. Los historiadores en la Argentina han realizado avances en el conocimiento sobre estas nuevas políticas sociales, aunque todavía se encuentran pendientes preguntas relativas a cuál fue su impacto político y simbólico entre la población. Parte de la literatura dedicada a investigar estos problemas ha analizado cómo el peronismo gestó un discurso reparador y de ruptura con los años previos que implicó una radical inclusión de la población más excluida, la ruptura de los lazos de deferencia y la instalación de una visión incondicionada de la justicia social (James, 2005; Acha, 2014; M. Barros, 2013; S. Barros, 2009; Garzón Rogé, 2017; Groppo 2009; Milanesio, 2020; Morales y Barros, 2018; Reynares, 2014; Palacio, 2019). Estos trabajos han abierto un campo de posibilidades dentro del que poder ahondar en los efectos que la estructuración de nuevas políticas sociales tuvo en la ciudadanía vivida y en cómo la expansión de las intervenciones estatales fue experimentada por la población. Con la intención de contribuir en parte con esa historia, este trabajo indaga en la construcción desde abajo de la categoría de beneficiario a partir de la revisión de narrativas de personas que intentaron acceder a servicios de asistencia social del estado argentino.[1]

En las solicitudes dirigidas a la administración estatal, los solicitantes hicieron un uso profuso de categorías sociales, políticas y económicas destinadas a presentarse y fundamentar sus pedidos. La elección de determinados términos, su multiplicación, ausencia o yuxtaposición constituyeron acciones destinadas a asegurar su inclusión dentro del grupo de beneficiarios al bienestar. Esto implicó que los vocablos utilizados para presentarse buscaron crear y recrear derechos, obligaciones, legitimidad y “merecimiento” en el ámbito de la administración pública. Lejos entonces de las formas de identidad[2] vividas por la población, a través de esas narrativas es posible analizar cómo las personas percibieron, adoptaron, reformaron y usaron las identidades impuestas y difundidas en la época. En otras palabras, a través de esas narrativas es posible aprehender los lenguajes estatales usados por las clases populares al presentarse públicamente y reivindicar su participación en el bienestar colectivo. La elección terminológica, por lo tanto, permite revisar las concepciones públicas sobre el bienestar, la necesidad, los derechos y la ciudadanía en la Argentina de mediados del siglo XX.

El supuesto principal de este trabajo consiste en reconocer en las narrativas populares la existencia de una pluralidad de definiciones del beneficiario a la asistencia social. En la escritura analizada pervivieron antiguos criterios que describían al destinatario por sus carencias y actualizaban dicotomías que lo agrupaban entre los llamados “pobres válidos” e “inválidos”. Empero, los escritores también adoptaron términos que revistieron al sujeto de la asistencia social de atributos más positivos e instituyentes de “merecimiento”. En las solicitudes convivieron entonces en tensión múltiples acepciones de beneficiario que delatan concepciones tanto de un sistema restrictivo y focalizado como de organizaciones estatales que reconocían los títulos políticos, sociales y económicos que la población más vulnerable tenía a los bienes públicos. Como veremos en las próximas páginas, a mediados del siglo XX, las clases populares en la Argentina utilizaban lenguajes forjados en la experiencia de formas tradicionales de asignar asistencia social, en la sedimentación de un nacionalismo popular promovido oficialmente y, no menos importante, en el impacto disruptivo que el peronismo introdujo en las jerarquías y formas de valoración sociales existentes en el país.

Precisiones heurísticas

Los estudios sobre los modelos de ayuda social, sus beneficiarios y demandas han destacado la manera en que los procedimientos administrativos requieren del solicitante la elaboración de un relato autobiográfico destinado a justificar el derecho o el “merecimiento”.[3] En dicha narración, la necesidad, la pobreza y el mérito personal se construyen estratégicamente con la finalidad de acceder a servicios oficiales (Fassin, 2018; Lorenzo Río, 2012; Matta y Perelman, 2017; Pita, 2020; Bracamonte, 2019; Leo, 2021). En ese tipo de relatos quienes se presentan como beneficiarios ante el Estado llevan a cabo una tarea de identificación a través de etiquetas simplificadoras y economizadoras de los intercambios, clasificaciones sociales destinadas a facilitar la tarea de reconocer y valorar la necesidad y el mérito individual. Esa exposición de la identidad varía de sujeto en sujeto de acuerdo a los recursos políticos, sociales y discursivos que cada escritor tiene para describirse, las expectativas sobre cuáles son los requisitos exigidos, sin olvidar los modos aceptables de presentación del yo (Goffman, 1989). Aunque esas categorías se utilizan de manera individual funcionan también de manera intersubjetiva, al conformar tramas narrativas, guiones compartidos que enmarcan la experiencia y las demandas individuales en moldes comunes que facilitan la comprensión (Lamont, Pendergrass, y Pachuck, 2015; Grimson, 2011; Lamont y Molnár, 2002).

Al respecto, es necesario reconocer que las burocracias han hecho uso de clasificaciones para orientar la acción estatal, incluir y excluir a las poblaciones de los beneficios sociales, ignorar o imponer sobre los mismos tratamientos punitivos destinados a modificar comportamientos indeseados (Lorenzo Río, 2015). En la Argentina, desde el cambio del siglo, las organizaciones estatales impulsaron con intensidad variable, principios, regulaciones, modalidades de vivir, ejercer y ser. A través de lecturas moralizantes, propaganda sanitaria, formularios, registros y certificaciones buscaron activamente producir sujetos políticos modelados mediante grillas sociales, étnicas, etarias y de género que proveían marcos de conocimiento, reconocimiento y acción. La literatura sobre la formación del Estado ha destacado la manera en que esta modalidad de dominación supuso la imposición de una subordinación más poderosa que la coerción, por el hecho de que las mismas herramientas de la crítica, el reclamo y el conflicto se desplegaron en el marco de formas habilitadas y reguladas de identificación (Bourdieu, 2014; Corrigan y Sayer, 1985). De lo anterior se desprende que quienes interactuaron con las oficinas estatales debieron utilizar en sus narrativas personales lenguajes provenientes de las mismas oficinas estatales. Ahora bien, el habla constituye un hecho social con expresiones concretas, situadas y contingentes, difíciles de regular en todas sus expresiones y alcances. Aunque los lenguajes estatales impusieran modos de ser, valorar y actuar, sus conjugaciones, modulaciones, contextos e interlocutores introdujeron desplazamientos y usos intencionales ajenos a los que habían sido previstos. Esto implica asumir la posibilidad de que existieran usos populares que vale la pena explorar (Joseph y Nugent, 1994; Scott, 1999 y 2004).[4] Desde esta perspectiva, la población en el pasado también creó, aceptó, disputó y modificó los criterios de inscripción vigentes, actualizando y reformando los límites que definían el acceso o la exclusión al bienestar estatal. De allí que, si bien es necesario partir de los procesos de atribución propios de las organizaciones estatales, no podemos pasar por alto que las personas también elaboraron sus propios modos de autopercepción, construyeron sentidos distintos de identidad y propusieron modos alternativos de valoración social.

En términos heurísticos, es necesario reconocer las limitaciones que existen en el acceso a registros históricos que permitan analizar las experiencias desde abajo de las políticas públicas. Sin embargo, los archivos estatales preservan piezas de correspondencia enviadas a funcionarios, políticos y burócratas con distinto tipo de solicitudes que pueden constituir una base empírica para aproximarnos a los discursos públicos de quienes se pensaron como beneficiarios.[5] En este artículo más precisamente decidí ahondar en los contactos por correspondencia entre la población y las agencias del Estado responsables de la asignación de bienes y servicios de tipo asistenciales entre inicios de los años cuarenta y mediados de los cincuenta.

Para llevar a cabo esta indagación, adopté como unidad de observación solicitudes individuales de servicios sociales —salud, pensiones, educación y ayuda de diverso tipo— dirigidas a figuras y agencias pertenecientes al gobierno y a la administración pública nacional y provincial.[6] Entre las 327 cartas bajo análisis incluí solicitudes de pensiones graciables que otorgaba el Congreso de la Nación (en adelante, Congreso) por méritos personales o familiares (1946/1955).[7] También utilicé correspondencia con pedidos de subsidios a la Dirección Nacional de Asistencia Social (en adelante, DNAS) de la Secretaría de Trabajo y Previsión en estrecha conexión con la Fundación de Ayuda Social Eva Perón (1943-1951).[8] Finalmente, relevé cartas enviadas o reenviadas al gobierno de la provincia de Córdoba con reclamos por pensiones para las personas mayores de 60 años, pedidos de plazas en los internados de menores existentes en la jurisdicción cordobesa y demandas de atención médica, medicamentos, becas escolares y asistencia de diverso tipo (1943-1949).[9] El corpus se construyó siguiendo un criterio de oportunidad que permitiera obtener la más amplia variedad de escribientes a instancias de diversas procedencias geográficas, etarias, socioeconómicas y de género.

El origen de las cartas de los fondos cordobeses es de ámbitos rurales y urbanos de esa provincia. En el caso de la DNAS, son cartas remitidas desde casi todo el país y, finalmente, las cartas dirigidas al Congreso tuvieron su origen mayoritario en la ciudad de Buenos Aires. Con excepción de las cartas de la Sociedad de Beneficencia/DNAS, que en su mayoría integraron expedientes aceptados, las cartas revisadas en el Congreso y en la administración cordobesa fueron solicitudes con un destino incierto o negativo. Los destinatarios de estas cartas fueron en un 33% Eva Perón, 5% Juan Domingo Perón, 13% el Congreso y 49% gobernadores, ministros y funcionarios diversos.[10]

La construcción de políticas asistenciales en la década peronista

A mediados del siglo XX, la construcción de nuevas políticas sociales alrededor de los estados municipales, provinciales y nacional implicó la democratización de bienes ligados a la salud, la vivienda, la asistencia social y el trabajo previamente inaccesibles para parte de la población. Esto introdujo cambios en las condiciones materiales de vida y en las experiencias y expectativas respecto al consumo y al bienestar (Aboy, 2005; Elena, 2011; Milanesio, 2020; Pastoriza, 2011; Torre y Pastoriza, 2002). Producto de estos procesos, en la Argentina se estructuró una ciudadanía social fuertemente atada al estatuto salarial, destinada a proteger al asalariado sindicalizado y su familia. No obstante, también subsistieron y se incrementaron intervenciones sociales complementarias y superpuestas vinculadas a la educación, la salud, la asistencia y la previsión social que generaron sus propias lógicas y mecanismos de distribución entre población que podía o no estar inserta en el mercado de trabajo. Más específicamente, en la Argentina peronista se expandieron los bienes y servicios asistenciales dirigidos a la niñez desvalida, los ancianos vulnerables, los enfermos y las familias empobrecidas. Esto fue producto tanto de la estatización de muchas organizaciones de beneficencia como también de la adquisición de nuevas competencias oficiales dedicadas a distribuir bienestar y asegurar la subsistencia de quienes atravesaban situaciones críticas (Barry, Ramacciotti, y Valobra, 2008; Guy, 2009; Ramacciotti, 2009; Torre y Pastoriza, 2002).

En el país tempranamente existieron sistemas de asignación de pensiones para las personas de mayor edad que no contaban con protección familiar. El Congreso de la Nación proporcionaba pensiones graciables para empleados públicos —policías, judiciales, ferroviarios, administrativos, maestros e incluso médicos—, clases altas y medias empobrecidas con antepasados entre las elites políticas y militares; también trabajadores de distinto tipo: costureras, amas de leche, ferroviarios y oficios varios con vínculos laborales con la administración nacional. Este tipo de pensiones tenían sus semejantes en las legislaturas provinciales en donde se gestionaban pensiones graciables para los servidores públicos y sus familiares.

Para quienes no habían integrado la administración estatal, comenzaron a estructurarse desde inicios del siglo XX diferentes esquemas de asistencia social que implicaban pensiones económicas. En algunas provincias se gestionaron pensiones graciables en provecho de ancianos inválidos para el trabajo y sin apoyos familiares también para viudas con hijos a cargo. Este tipo de pensiones de módicas cifras se asignaban en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Entre Ríos. También a nivel nacional, en 1948, con la sanción de la Ley 13478,[11] se crearon pensiones no contributivas. La labor era desarrollada por la Dirección Nacional de Asistencia Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión (en adelante, STyP) en estrecha conexión con la labor desarrollada por la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. De acuerdo a las memorias de la STyP su acción estaba dirigida “al cuidado de la mujer y los menores desamparados, los ancianos sin familia, los inválidos, los no-videntes, etc., con el concepto de que el Estado, en materia de asistencia social debe tratar primordialmente de obtener la elevación moral y la recuperación económico-social del individuo, y de proteger el núcleo familiar o substituir a la familia en caso de que ésta se desintegre o ya no exista.”(STyP, 1947, p. 11).

A mediados del siglo XX, de manera fragmentada y paliativa las situaciones de pobreza extrema o alta vulnerabilidad social se estaban atendiendo a través de diversos sistemas de protección que distribuían bienes y servicios, proporcionaban albergue y tutela, así como asignaban subsidios económicos. Los criterios de admisibilidad fijados por la ley establecían criterios comunes de pobreza, edad, necesidad, residencia y nacionalidad. De acuerdo a la legislación vigente, quienes podían acceder a las pensiones nacionales eran las personas que “hayan prestado a la Nación servicios de carácter extraordinario o eminente y que tuviesen por lo menos sesenta años de edad o se encontrasen incapacitadas para el trabajo”; estas personas debían presentar un certificado de pobreza en el que se certificara “su posición social y la falta de parientes en condiciones ventajosas, de acuerdo a la ley civil”.[12] En 1948 esto último se reemplazó por una “Declaración jurada de que se carece de medios para vivir decorosamente” (Ley nacional 13337, 1948). En los expedientes, los certificados de pobreza expedidos consignaban “es solemnemente pobre y carece de recursos para vivir decorosamente”,[13] “Que es pobre y en la actualidad se encuentra en la mayor indigencia”[14] o “es pobre y carece de bienes”.[15]

En lo que hace a la Caja Popular de Ahorros de Córdoba la ley establecía un beneficio para toda persona mayor de 60 años con residencia continua en la provincia, que contara con ingresos mínimos constatados a través de sumaria judicial (Ley provincial 2820, 1920). En 1941, a ello se sumó una inspección policial en donde se interrogaba a los vecinos sobre si la persona era pobre de solemnidad, si ejercía la mendicidad, observaba buena conducta, si tenía hijos o hermanos, mayores o menores, cómo se llamaban, dónde vivían y cuáles eran sus ocupaciones. Para 1955 el procedimiento judicial fue reemplazado por una “declaración jurada de necesidad y desamparo” y dos testigos que la confirmaran.[16]

Por último, los formularios para solicitar la pensión de la Dirección Nacional de Asistencia Social establecían que se asignarían pensiones “a las personas que por su estado de necesidad lo merezcan” dada la “disminución de la capacidad de trabajo”, “estado de necesidad” o “situación de desamparo” teniendo preferencia quienes hubieran prestado servicios al país o tuvieran hijos argentinos menores a cargo. Asimismo, se reglamentaba principalmente en favor de los argentinos nativos y madres argentinas viudas. En este caso, los legajos personales eran completados con una declaración jurada, certificado de pobreza, parte de inspección, certificado médico, testimonio de desamparo, declaración de testigos, entre otra información (Decreto nacional 15515, 1946).

Las leyes y reglamentos vigentes fijaban criterios de elegibilidad como la necesidad, el desamparo y la condición de “pobre”, términos destinados a identificar a toda persona que carecía de recursos y responsabilidad moral por ello. También se hacía hincapié en las contribuciones y servicios prestados y en la pertenencia nacional. En este trabajo analizamos las cartas personales en donde las personas buscaron adecuar sus identidades a esos lenguajes estatales que circulaban en la administración pública a mediados del siglo XX.

Pobre, empobrecidos y carecientes

En sus narrativas dirigidas al Estado las personas hicieron un uso profuso de etiquetas, menciones casi telegráficas, dirigidas a describir al solicitante en sus condiciones de vida, trabajo y familia: “argentina, viuda de 68 años, con domicilio...”;[17] “humilde obrero padre de 10 hijos menores, sin mas que mi escaso presupuesto”;[18] “una humilde madre argentina pobre, y sin recursos”.[19] Esa manera de simplificar la propia personalidad y situación social recuerda que las solicitudes de bienes públicos debían enfrentar modalidades burocráticas de gestionar los recursos. Esto habría incitado esta tarea activa de traducción de la propia historia y experiencia en una trama con sentido para quienes procesaban las solicitudes. De todos modos, no podemos olvidar de que, a pesar de su brevedad, esos términos regulaban los intercambios, generaban anticipaciones y modelaban las expectativas entre los participantes de la comunicación. En consecuencia, esos términos funcionaban operativamente porque eran densos semánticamente en el contexto de los problemas relativos al bienestar.

La principal operación de clasificación destinada a establecer límites al “merecimiento” fue la que definió la situación de carencia de recursos y necesidad. Para realizar una solicitud al Estado, primero fue necesario pasar por ese filtro y esto rutinariamente se definió a través de un procedimiento administrativo que la mayor parte de las veces fue un certificado o sumaria de pobreza.[20] Como hemos visto anteriormente, este era el trámite demandado para las pensiones que otorgaba el Congreso, las pensiones nacionales, pero también era solicitado en el sistema de salud público (Ortiz Bergia, 2021). La autoasignación de la condición de “pobre” constituyó entonces un elemento ineludible de la construcción de una solicitud de asistencia. Sin embargo, la manera de adoptar esa categoría varió de caso en caso y las personas utilizaron la etiqueta de “pobre” dependiendo de la situación socioeconómica, el conocimiento de las normas, el estado de necesidad y el cuidado con la percepción social.

Hay quienes vivían en “la pobreza” y describían esa situación como resultado de una serie factores externos que afectaban su situación personal y familiar, el desempleo, la vejez, el abandono, la enfermedad, la viudez o la familia numerosa. En este tipo de relatos la pobreza era un actante que afectaba a quienes vivían en ella y trataban de combatirla mediante su trabajo y sus solicitudes. Ese era el caso de Rosa[21] una cordobesa que le pedía a un funcionario que internara a su hijo en una colonia infantil porque vivía en una “pobreza que ahoga, pero que a duras penas puede combatir mi trabajo de sirvienta”.[22] También María se dirigía al gobernador de Córdoba para gestionar una pensión a la vejez dado que “la pobreza ha entrado a nuestro hogar despiadadamente”.[23] Algo semejante se desprende de la escritura de Cándida, quien en 1946 pedía una pensión al Congreso en mérito de los servicios prestados por su esposo, un marinero que se encontraba internado en el Hospicio de Mercedes, un establecimiento dedicado a la atención de enfermos psiquiátricos. Para Cándida “la miseria implacable amenaza la salud de la suscripta y su hijita”.[24] Para estas mujeres su pobreza implicaba una circunstancia que era necesario y posible combatir.

En las cartas elaboradas con escrituras más formales, con una ortografía más cuidada, con reducida información personal e, incluso, casi sin fórmulas de petición existía otra manera de autoasignarse la condición de pobreza. Los solicitantes fundaban su petición en la existencia de “recursos insuficientes”, “estado económico insuficiente”, “sin medios de vida”, “precaria situación económica”, “difícil” o “apremiante”, además de otras expresiones como la de “no cuenta con bienes de fortuna para su subsistencia”. La necesidad podía expresarse también a través de la falta de recursos o simplemente apelando a la categoría legal de “pobre de solemnidad”, producto de una certificación y un procedimiento legal.[25] La utilización de estas fórmulas parecía identificar a personas conocedoras de los procedimientos y las condiciones de necesidad y carencia de recursos que fijaban los reglamentos, adhiriéndose a convenciones de la escritura administrativa.

Durante el período también fue habitual el uso de la etiqueta de “pobre”, pero como una categoría social de identificación. De tal modo, en la escritura popular la pobreza también constituyó un elemento de la identidad personal, del “ser”: “siendo pobre”, “soy una mujer pobre”, “soy pobre”, “soi tan pobre”, “un pobre como yo”, “un pobre peronista”, “soy un ciudadano pobre”, “soy completamente pobre”. Ser pobre en este caso constituyó una propiedad individual a la cual estaba ligada una determinada inscripción social. Los pobres constituían, a su vez, un colectivo social, “nosotros los pobres”, “nosotras las pobres y ancianas”, “los pobres”, “las clases pobres”. Esta forma de usar la categoría “pobre” permitía reconocerla como un poderoso elemento de identificación que remitía a una comunidad de pertenencia caracterizada por experiencias e intereses compartidos. Algunos se identificaban, incluso, como clase social, la de los “pobres”, etiqueta de autoinscripción social que convivió con otras, como la de “obreros” y “trabajadores” como veremos más adelante.

Si ahondamos en el sentido de este término, la categoría de “pobre” contrapuesta a la de “rico” tuvo una gran pervivencia en la cultura popular de las entreguerras cuando fue asociada a rasgos positivos romantizados que oponían al buen y digno “pobre” con el egoísta e inmoral “rico” (Karush, 2013). De todos modos, es necesario no olvidar que la categoría de “pobre”, aunque con valoraciones positivas en la cultura popular, era un término utilizado para describir situaciones de carencia e insuficiencia (Ortiz Bergia, 2021). Esto llevó a que en muchas cartas fuera asociado con un registro emocional en donde para describir la situación atravesada se mencionara la “aflicción”, “angustia”, “dolor”, “sufrimiento” y “tristeza” que producía la pobreza. A los pobres y necesitados se los compadecía y se los reparaba según la prensa de la época que presentaba testimonios y colectas para personas identificadas como “pobres”.

Si bien durante el peronismo el discurso político intentó reivindicar la condición de quienes eran “pobres” al demandar su reconocimiento y dignificación, el término siguió designando a quienes estaban imposibilitados de valerse por sí mismos. Dado ese carácter destituyente ligado a la categoría de “pobre”, no resulta extraño que algunos escritores populares introdujeran sustitutos con valencias más positivas como el de “humilde”. Si bien el vocablo ya se utilizaba en los años treinta, se potenció en los cuarenta como un sustituto positivo retomado de la retórica peronista, en especial, de Eva Perón a quien se le atribuía una acción continua en “favor de los humildes”, en tanto “abanderada de los humildes”, “defensora de los humildes”, “ANGEL TUTELAR DE LOS HUMILDES” y de las “clases humildes”. Esto habilitó el uso de esa etiqueta como sustituto de “pobre” en la construcción de la identidad: “un umilde ciudadano argentino”; “todos nosotros los humildes”; “esta humilde descamisada”; “un hogar de condición humilde”; un “humilde obrero padre de 10 hijos”.

Junto al término “humilde”, aunque en menor proporción, aparecen los vocablos “trabajadores” y “obreros”. Eligio, de Huacco Hondo, un paraje rural de Santiago del Estero, que necesitaba una pensión por tener cinco hijos y estar inválido a causa de un accidente, se describía “soy un pobre obrero y padre de familia”.[26] El sentido de esa etiqueta no remitía a la realización de trabajos manuales, sino que describía la pertenencia a un colectivo de sectores socioeconómicos bajos. Irma se dirigía al interventor de Córdoba en 1948, en procura de una beca que le permitiera continuar sus estudios secundarios, presentándose como “la hija mayor de un modestísimo hogar obrero”.[27] Esa fue también la forma de designación elegida para calificar a Silvestre, una persona de 67 años analfabeta de Bernardo Larroude, un paraje rural de La Pampa, en su carta al funcionario nacional decía pertenecer a aquellos “argentinos que hemos vivido siempre como obreros y de eso no he salido”.[28]

Cabe destacar que la disponibilidad de formas de presentación como “humildes” y “obreros” permitió adoptar etiquetas que denotaban la necesidad socioeconómica, sin adquirir el tono destituyente asociado con la de “pobre”. Los “humildes” y los “obreros” eran categorías revestidas de dignidad y méritos sociales y políticos en el marco de un gobierno como el peronista destinado a redimir a los hombres que trabajaban (Cosse, 2006; James, 2005; Acha, 2014; Milanesio, 2014). Más precisamente, durante el peronismo, el “trabajador” fue erigido en sujeto de derechos sociales y políticos y su imagen difundida como símbolo político central en panfletos, afiches, películas y discursos. Según Marcela Gené, “esa figura asciende a héroe o se confunde con el hombre común” (2005, p. 144). En consecuencia, la categoría de “trabajador” constituyó una forma positiva de definir la pertenencia social durante la época.

Para asumir el papel de “merecedor de la ayuda estatal”, entonces, se debían adoptar algunos atributos que calificaban esa situación, pero era posible utilizar una pluralidad de sentidos de la categoría de necesitado. Las personas describieron su necesidad tanto a partir de la carencia de recursos, de su condición de víctimas circunstanciales de la pobreza, así como de su pertenencia a un colectivo social específico, “los pobres”, las “clases humildes” y “obreras”. Esa diversidad de formas de presentación delata conocimientos diferentes sobre los procedimientos requeridos, pero también intentos por traducir heterogéneas trayectorias sociales al lenguaje burocrático. A esto cabe agregar los esfuerzos realizados por adecuar las formas de presentación a la autopercepción y a las cambiantes jerarquías de valor y reconocimiento sociales existentes en el período.

La responsabilidad individual

Desde la perspectiva popular para acceder al bienestar estatal eran necesarios otros trabajos de identificación que no bastaban con la exhibición de la necesidad. Gustaba, viuda de un comisario porteño, justificaba su pedido de pensión graciable “por ser persona de avanzada edad y muy delicada de salud, no tener pariente que le presten ayuda y en la imposibilidad de conseguir algún trabajo”.[29] Esto implicaba aunar a su pobreza el estar impedida para el trabajo. Así pues, desde la perspectiva popular continuaba siendo un requisito demostrar la voluntad de instituirse en participantes responsables y productivos de la sociedad para acceder a la asistencia social.

Las mujeres en particular destacaron sus roles maternales como justificación de su impedimento para valerse por sí mismas y demostrar sus contribuciones personales al bien colectivo. Así pues, en la escritura popular, la figura femenina joven quedó saturada por los sentidos generados por la maternidad y sus roles en la “crianza”, “alimentación” y “educación” de los hijos. Esto no resulta azaroso porque alrededor de la figura maternal estuvieron asociados atributos positivos valorados socialmente como los de abnegación que se actualizaban en la escritura a través de apelaciones al “cariño de madre”, al “dolor de la madre”, “la aspiración de madre”, el “deber de madre”, “buena madre”, “honesta y cariñosa madre”, atributos que calificaban a la “madre argentina”. Porque como citaba en su carta Rosa, una hábil escribiente: “La madre es madre, y eso es todo”.[30] Así las madres parían, criaban, educaban y formaban jóvenes útiles. A ello sumaban un sacrificio aún mayor, entregaban sus hijos a la patria.

De todos modos, existía un sentido común en la escritura popular por el que solamente la invalidez, el embarazo o la existencia de muchos niños pequeños constituían razones que justificaban la ausencia de trabajo entre las mujeres de las clases populares. En muchas de las cartas relevadas las mujeres solían narrar cómo intentaban compatibilizar esforzadamente la costura y, en especial, el lavado de ropa con la crianza de sus hijos. Esa era la situación de una viuda de la localidad de Rafaela, Santa Fe, que solía dedicarse a los trabajos domésticos: “tengo 5 chicos pequeños y como soy muy enferma no puedo trabajar casi nunca de sirvienta que es mi trabajo”.[31] Esa historia también era la de Rita de Ojo de Agua, Santiago del Estero. Rita había estado completamente dedicada al trabajo y a la maternidad hasta un accidente: “Soy muy pobre, tengo seis hijos naturales l mayor de diez años, y el menor de seis meses (este aún de pecho) no obstante mi situación de extremada pobreza, trabajaba en lavado, hilado y ayudar en toda forma a los vecinos mas pudientes, quienes a su vez gratificaban mis servicios y deesta forma iba criando mis hijos”.[32]

Una de las particularidades de las escrituras populares que analizamos fue la incorporación de los varones como sujetos legítimos de asistencia social bajo ciertas condiciones. Las razones del pedido de asistencia para los hombres fue la falta de trabajo o las familias numerosas que desequilibraban los presupuestos obreros. Argumentos utilizados eran entonces los de “estar cargados de familia” o “mi marido es poco lo que gana y mucha la familia”. En el caso de Francisco, del paraje rural cordobés de Santa Catalina, solicitaba internar a un hijo en la colonia escolar de la zona, para lo cual escribía: “Invoco para este pedido mi situación precaria en que me encuentro, pues siendo de profesión jornalero debo atender ocho hijos en edad escolar.”[33]

Si la obligación moral de instituirse en miembros útiles y productivos de la sociedad constituía un rasero para medir al conjunto de los solicitantes, la condición de “anciano” no bastaba tampoco para solicitar ayuda. A mediados del siglo XX, las personas cercanas a los sesenta años podían utilizar su edad para argumentar sus solicitudes de asistencia, etapa que por la época coincidía con las posibilidades de “sentirse viejo” (Otero, 2020). Sin embargo, para los escritores populares no era suficiente una edad determinada para identificarse como anciano merecedor de ayuda, sino que era necesaria la incapacidad para trabajar asociada con alguna invalidez, el cansancio y la enfermedad. Ese era el caso de Segundo, un anciano de Arroyito, localidad de Córdoba, quien gestionaba una pensión a la vejez provincial “por en contrarme en una situación en suma precaria devido a queno pude conseguir trabajo”. Por eso también solicitaba “semede un umilde empleo soy ulmilde suidadano argentino dispuesto a trabajar a apezar de mi vejez y mala salud.”[34] En un trabajo semejante de justificación del “merecimiento”, en 1944, Pedro de Río Cuarto intentaba acumular razones para su solicitud “Soy un hombre de ochenta y dos años de edad, pobre, sin ninguna clase de recursos para comer, enfermo e imposibilitado para trabajar señor Gobernador”.[35]

También la asistencia a la infancia se justificaba solo por lo que el niño estaba destinado a ser: “hombres útiles”, “soldado defensor de la patria”, un “delincuente”, “un peligro para su vida y para la sociedad el día de mañana”. Así se justificaba la asistencia solicitada para los niños consistente en becas escolares, plazas en hogares estatales y acceso a servicios de alimentación. La leyenda “formar un miembro útil a la sociedad” era repetida insistentemente en la manera de describir valores sociales queribles y deseables entre las familias.

En estas narrativas populares el trabajo era pensado como un criterio que medía la valía de las personas ante las reparticiones estatales, por lo que únicamente bajo ciertas condiciones de imposibilidad involuntaria para el trabajo —como la edad, la invalidez o las responsabilidades familiares— era posible anular las obligaciones morales a la autosubsistencia. En la relevancia adquirida por el trabajo como criterio de identificación se actualizaban nociones relativas a la caridad católica y liberal que instituían distinciones entre los “pobres válidos” e “inválidos”. Esa dicotomía intentaba establecer límites materiales y simbólicos entre quienes necesitaban asistencia dada su incapacidad para valerse por sí mismos y quienes pudiendo trabajar no lo hacían producto de sus defectos morales.

La distinción entre “pobre válido” e “inválido”, “pobre verdadero” o “pobre falso”, se desarrolló entre los siglos XVIII y XX. Así pues, tempranamente la Ilustración introdujo concepciones que hicieron del trabajo un instrumento de reforma social,[36] luego retomadas a instancias de las presiones capitalistas tendientes asalarizar a las clases populares.[37] Esa valoración positiva de quienes mediante su trabajo contribuían al bienestar colectivo fue central en las narrativas populares de mediados del siglo XX. En los discursos públicos, incluso, para Perón todos los argentinos productivos merecían condiciones de vida digna (Elena, 2011, p. 69).

La acumulación de capas de sentido positivas sobre el trabajo hizo del mismo un regulador central en el acceso a la asistencia social y la reiteración de esta forma de identificación muestra la extensión de las definiciones de derecho al bienestar fundadas en principios retributivos. Desde esta perspectiva a la sociedad se debía el trabajo individual en pos del bienestar colectivo y este principio reglamentaba los intercambios entre la ciudadanía y el Estado.

“Viva la Patria aunque yo perezca”

En la historiografía reciente una de las líneas de abordaje ha sido el de las subjetividades políticas y el lenguaje de derechos que se difundió a partir del peronismo. Desde esa perspectiva se destaca que las subjetividades se politizaron más allá de las derivas institucionales del sistema de partidos por lo que el impacto simbólico y afectivo del peronismo adquirió temporalidades autonomizadas de las intervenciones ejecutadas (Reynares, 2014). Desde esta perspectiva, el uso activo de la categoría “peronista” como principio de autodesignación tuvo consecuencias positivas para quienes la utilizaban al remitir a una comunidad de derechos y beneficios distintos de quienes quedaban fuera. Así pues, Jesús de la pequeña localidad cordobesa de Cañada de Luque, le escribía a Perón para que le ayudara a dejar su trabajo de hachero para instalar una verdulería con la que hacer frente a los gastos de su familia, su esposa y ocho hijos, la mayor de 16 años. Jesús aseguraba en el cierre de su carta “yo soy un soldado del Ejercito, Civil de nuestra causa y me mantengo con sinceridad y cumplo con lo que Nuestro Jefe Supremo lo ordena para bien de todos nosotros los humildes”.[38] En su solicitud de pensión al Congreso, Manuela, desde Lunarejos Tucumán, afirmaba que “Al formular este pedido lo hago invocando mi condición de humilde soldado del peronismo y con toda fé de que los señores diputados han de tener presente siempre a la que fuera nuestra abanderada nuestra querida EVITA esperanza de los humildes”.[39] Incluso, los escritores establecían jerarquías para determinar a los verdaderos peronistas. Oneximo le pedía a Eva Perón tener en cuenta que su pedido dado que era el “de un peronista afiliado ante del 24”.[40] Roberto escribía que su papá era “peronista Afiliado Antes del 24 de febrero”[41] y Carlos afirmaba ser “Peronista de primer fila”.[42] De tal modo, para la mirada popular esa categoría de identificación política creaba expectativas firmes de inclusión en los beneficios otorgados por el Estado en base a los méritos construidos a través de la adhesión y la militancia partidaria.[43]

Esas adscripciones no fueron las únicas categorías políticas utilizadas en la construcción de la identidad del beneficiario al bienestar estatal y en la escritura popular se entrecruzaron contenidos ligados a las creaciones modernas de nación. Las adscripciones llevadas a cabo en torno a la identidad nacional variaron mucho entre sí al estar asociadas a diversos estatutos políticos y socioeconómicos: “todos los Argentinos” “una argentina sin esperanzas”, “en mi condición de ciudadano argentino” “soy una ciudadano argentino” “un umilde ciudadano argentino” “una mujer argentina” “una humilde madre argentina pobre” “una Sta argentina y descamisada” “una estudiante argentina”. Asimismo, fue habitual que la identificación como “argentino” en el encabezado de muchas solicitudes funcionara como un descriptor administrativo que emulaba los documentos producidos por la policía y la justicia: Niceforo decía en su carta “soy argentino hijo natural de 35 años de edad, nacido y criado en Makalle (Chaco)”.[44]

La residencia y la nacionalidad eran requisitos para obtener beneficios sociales, sin embargo, en las cartas la nacionalidad se utilizó como categoría destinada a reivindicar la pertenencia a una comunidad política y cultural generadora de lazos de obligación política y moral. Hilda de San Carlos, Mendoza, madre de 4 hijos, embarazada y con un marido enfermo, le escribía a Eva Perón “Como Peronista, como argentina” y luego reiteraba en distintas partes de su carta su nacionalidad, la de su esposo y mencionaba su condición de “hogar argentino” y “otra familia necesitada argentina”.[45] También María Ana de Arrecife, provincia de Buenos Aires, una mujer viuda inválida de 62 años, cerraba su carta a Eva Perón con la frase “La saluda una argentina” y las fórmulas populares “Viva la Argentina Viva la Patria”.[46]

Esas cartas permiten reconocer la existencia de un nacionalismo popular que hacía uso frecuente de la noción de “patria” como comunidad de pertenencia. Se trabajaba por la “patria” y era a la “patria” a la que se debía recurrir para salvar las crisis personales. La “patria” hermanaba a las personas entre sí y las enlazaba con un pasado y un destino común.

Las mujeres elaboraron sus cartas haciendo uso extenso de ese nacionalismo popular. Entre las escribientes se insistía con imágenes que enlazaban la maternidad con su función política en la formación de los futuros ciudadanos, trabajadores y soldados, instituyendo a las mujeres de las clases populares en actores políticos y económicos centrales (Bertoni, 1992).[47] De allí que, según palabras de Ana María, siendo madre de 9 hijos, ella ya había “cumplido con la patria” y ahora esperaba que “la patria me ayude”.[48] También Justa, una viuda de la Capital Federal que estaba enferma, se dirigía al interventor de la Lotería Nacional para acceder a un subsidio. Justa se describía como “sola y con un pequeño hijo a quien alimentar y educar para la Patria”.[49] Por su parte, Sara criaba a sus dos hijos de 14 y 17 años sola, pero se encontraba enferma y sin recursos. Es por eso que le solicitaba a Eva una plaza en un internado técnico para el mayor de ellos y le advertía “recuerde que tengo dos soldados para defender a la Patria”.[50] Es necesario señalar que la asociación entre maternidad y responsabilidad política constituyó un contenido de la instrucción pública básica que se impartía en las escuelas nacionales de todo el país (Lionetti, 2005). La extensión de esos contenidos y su popularización explica la destreza popular demostrada en la aplicación de los contenidos del maternalismo político en la construcción del “merecimiento” a la asistencia social.

Ahondando en esta cuestión, esas narrativas populares actualizaban contenidos patrióticos enseñados en la escuela a través de textos, símbolos y celebraciones. Esto fue el resultado de la acción tanto del Estado como de la sociedad civil que desde el cambio de siglo “montó un vasto y capilar dispositivo nacionalizador” alrededor de la “educación patriótica”, que incluso sería reforzado en los años treinta (Ascolani, 2019; Lionetti, 2005; Terán, 2008, p. 121).[51] Hacia mediados del siglo XX, a ello habría que agregar los contenidos difundidos por las nuevas industrias culturales. En la cultura de masas, el nacionalismo también fue objeto de espectacularización a través del uso de sus tópicos en películas, literatura y programas radiales que adoptaron los temas patrióticos a partir del centenario (Cuarterolo, 2010). A través de esos medios fue difundida una cultura política destinada a alcanzar a las clases populares (Rubinzal, 2016).

La eficacia de la nacionalidad como criterio de identificación colocó en una situación crítica a los extranjeros quienes a mediados del siglo XX constituían más de la mitad de la población mayor de sesenta años.[52] Es por ello que Pedro se presentaba a Eva Perón destacando su condición de extranjero nacionalizado solo después de “13 años de haber llegado a este acogedor Pais (...) Llego a Ud. en la absoluta certeza que contemplará mi problema y no permitirá que un argentino, porque lo soy”[53] Así pues, para salvar su condición de extranjeros los solicitantes introdujeron información relativa al tiempo de permanencia en el país, sus aspiraciones por adquirir la ciudadanía argentina y/o el trabajo realizado en provecho de la “patria” de adopción. Así, Eugenio, una persona de la Capital Federal de 53 de años enferma, le escribía por una pensión a Eva Perón, la “dama de la esperanza”. En su carta afirmaba que “luego de haber luchado en esta tierra tan querida por mi ya que mi condición de ser español me la hicieron amar desde que llegue en todos sus aspectos, trabajandola y amandola en sus cuatro puntos...”.[54] Por su parte, Julián de Marcos Juárez, un anciano español que solicitaba al gobernador de Córdoba agilizar los trámites de su pensión a la vejez, destacaba sus servicios a “esta nación grande que tantas veces yo Con mi sudor he regado su bendito suelo”.[55]

En la valoración decreciente de lo extranjero desde la perspectiva popular probablemente incidiera la difusión para los años cuarenta del discurso criollista. A partir de las posguerras se intensificaron los procesos políticos e intelectuales que llevaron a la consolidación del imaginario del argentino criollo en la Argentina. Un proceso que derivó en su idealización como arquetipo de la nación argentina al cual se adhirieron una serie de adscripciones morales como patriotismo, honestidad, amor familiar y fervor religioso (Chamosa, 2012, p. 13). El peronismo hizo uso de una serie de figuras culturales que asociaban valores positivos con quienes habían nacido en el país y conservaban su impronta cultural (Gené, 2005; Bockelman, 2011; Chamosa, 2012; Adamovsky, 2019).

De acuerdo a los escritores populares ser “argentino” constituía una condición personal que posibilitó instituirse en beneficiario del bienestar colectivo. La extensión de los contenidos del nacionalismo popular permitió a los solicitantes construir su identidad como ciudadanos activos y responsables merecedores de la asistencia colectiva. La nacionalidad, la ascendencia, los orígenes criollos y los servicios prestados a la patria definieron entonces también posiciones utilizadas desde abajo para construir derechos, obligaciones y “merecimiento”.

Conclusiones

Recapitulando: “como argentino y como pobre, como enfermo y como criollo”[56]

Hacia mediados del siglo XX en la Argentina se edificó un esquema de protección social destinado a atender situaciones de vulnerabilidad social como la crianza de niños y adolescentes, la subsistencia diaria y el acceso a servicios diversos. Si bien la historiografía ha avanzado en el conocimiento sobre estos fenómenos, se ha prestado menor atención al impacto político y simbólico de la construcción del Estado social y a la manera en que la población vivió cotidianamente las transformaciones destinadas a convertirlos en destinatarios de las políticas de bienestar. En este artículo se intentó aproximarme a esa compleja cuestión a través de un análisis cualitativo de las solicitudes de asistencia social elaboradas por medio de cartas. El corpus abordado constituye una pequeña muestra de un universo extenso, pero que posibilita ahondar en cómo la población se apropió e hizo uso de los lenguajes estatales disponibles para pensar la necesidad, los derechos, el bienestar y la ciudadanía.

Al respecto, es necesario reconocer que quienes fijaron las palabras en el papel pensaron detalladamente los términos a utilizar en procura de que sus cartas alcanzaran su objetivo. Por lo tanto, las identidades autoasignadas en las cartas de solicitud no constituyeron un espejo a la subjetividad, sino un conjunto de acciones conscientes y calculadas tendientes a asegurar el acceso al bienestar. El “Ser argentinos de padre argentino”, “ser hija de un patriota”, “ser madre viuda y honorable” fueron estrategias dirigidas a habilitar el acceso a los bienes públicos muy deseados y necesarios. A ello cabe agregar que en el conjunto de las cartas fue habitual la inclusión de más de una categoría, así como el énfasis puesto en elaborar jerarquías en su interior en procura de extremar las posibilidades de acceder a los bienes y servicios fundamentales para el diario vivir. Por lo tanto, quienes solicitaron la asistencia estatal elaboraron sus demandas creando, recreando, disputando y modificando los criterios de inscripción vigentes, actualizando y reformando los límites que definían el acceso o la exclusión al bienestar estatal dentro de un sistema asistencial que generaba expectativas firmes, pero restrictivas.

En lo que hace a los términos utilizados, en las cartas revisadas funcionaron varias dicotomías a partir de las que se construyeron las identidades de beneficiarios al bienestar: pobre/pudiente; pobre válido/inválido; argentinos/extranjeros. Cada uno de esos pares de categorías da cuenta de la sedimentación de capas de lenguajes gestados a lo largo de décadas en el marco de las prácticas de asistencia social. Algunas de ellas remiten a las tradiciones católicas y liberales de asistencia social cargadas de valoraciones negativas para quienes se convertían en dependientes sociales. El uso de términos de identificación como “pobre”, “careciente” e “inválidos” revela la actualización de definiciones del beneficiario que enfatizaban las carencias materiales y las responsabilidades morales.

No obstante, en las cartas de solicitud también se entremezclan términos y sentidos que remitían a la expansión de la ciudadanía, el nacionalismo y al discurso socialmente igualador gestado por el peronismo. Así pues, entre los solicitantes se utilizaban formas de identificación que reivindicaban la condición de “obreros” y “humildes” o describían a los beneficiarios como participantes activos de una comunidad nacional. Esto implica que, a mediados del siglo XX, en las definiciones populares del beneficiario de la asistencia social convivían acepciones restrictivas y focalizadas, junto a otras que legitimaban las demandas populares al bienestar colectivo.

Agradecimientos

Versiones preliminares de este artículo fueron discutidas en el Seminario de Historia Social del Colegio de México en donde se benefició de la atenta lectura de María Dolores Lorenzo Río. También fue expuesto en el grupo de trabajo “Estado y sociedad en la implementación de políticas públicas” del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”. Agradezco los comentarios realizados por quienes participaron en ambas instancias. Deseo destacar también la labor efectuada por los evaluadores anónimos del artículo quienes llevaron a cabo una lectura muy atenta y crítica, que sin duda mejoró su escritura. Este trabajo se efectuó en el marco de los proyectos de investigación “Producción y reproducción de la desigualdad social en clave diacrónica. Pasado, presente y futuro de un fenómeno persistente”, PUE-CONICET y “El estado en acción. Actores sociales y políticos en la implementación de políticas públicas, Córdoba, Argentina, 1912-1976”, SECYT-UNC 2020.

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Notas