Recepción: 14 Abril 2020
Aprobación: 18 Agosto 2020
Resumen: En las últimas décadas, el cambio climático se ha convertido en el principal problema ambiental global, lo que ha originado diversas transformaciones discursivas y territoriales en países como Colombia. Desde el estudio de un caso en el Oriente antioqueño, se analiza la forma en que se ejerce el poder a través de la problematización del cambio de clima en los discursos ambientales. La investigación utiliza reflexiones teóricas de la ecología política y una metodología de análisis de problematizaciones y discursos que lleva por nombre “enfoque WPR”. Se concluye que la superación del problema depende de ir más allá del reduccionismo de “carbono” en que ha caído la política climática global/local.
Palabras clave: Cambio Climático, Ecología Política, Enfoque WPR, Carbono.
Abstract: In recent decades, climate change has become the main global environmental problem, which has caused various discursive and territorial transformations in countries such as Colombia. From the study of a case in Eastern Antioquia, the way in which power is exercised is analyzed through the problematization of climate change in environmental discourses. The research uses theoretical reflections from political ecology and a methodology for the analysis of problematizations and discourses that is called the “WPR approach”. It is concluded that overcoming the problem depends on going beyond the “carbon” reductionism into which global / local climate policy has fallen.
Keywords: Climate Change, Political Ecology, WPR approach, Carbon.
Introducción
El cambio climático se ha convertido en el mayor reto que enfrenta la humanidad en su conjunto. En su nombre se realizan diversas prácticas que van desde políticas públicas, cumbres globales o proyectos de investigación académica, hasta programas de responsabilidad empresarial, marketing y negocios verdes. Dicha proliferación cada vez más acelerada de discursos y prácticas en torno a este “problema”, tiene que ver en gran parte con su consideración como “la mayor amenaza para la sostenibilidad futura” del planeta tierra, tal como lo han afirmado diversos líderes mundiales y amplios sectores de la comunidad científica.
A pesar de esta amplia gama de agendas el cambio del clima se sigue profundizando, ya que 2016 fue el tercer año consecutivo más caluroso desde que se tiene registro. Un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2017), reportó que el 2016 tuvo una temperatura media superior en 1.1°C con respecto a la era preindustrial, y superó en 0.07°C la temperatura alcanzada en el año 2015. En el presente trabajo se argumenta que, a pesar de la cantidad de esfuerzos, el agravamiento de la crisis climática tiene que ver con la forma en que se plantea dicho problema en los discursos ambientales.
En este contexto, se entiende que las afirmaciones científicas sobre el calentamiento del planeta han sido utilizadas por discursos ambientales de maneras muy diversas y con efectos bastante disímiles. Para este trabajo, se analizaron más precisamente la “economía verde” y la “justicia ambiental”, como aquellos discursos que producen ciertas maneras particulares de entender el problema y sus posibles soluciones. Aunque estos discursos ambientales van coexistiendo y a veces constituyéndose mutuamente, también es cierto que compiten entre sí por las formas particulares de producir imaginarios, significados y prácticas sobre el cambio climático.
En la forma que se construye el problema del cambio climático en los distintos discursos ambientales existen visiones del mundo y de la organización de los territorios en las que subyacen preceptos políticos e ideológicos que no siempre son expresados de manera explícita. Por tanto, el argumento central de este trabajo, es que la manera de problematizar el fenómeno del calentamiento global en los discursos ambientales determina e impone desde un principio ciertas medidas y escalas para entenderlo y darle solución, al tiempo que se excluyen otras, dando como resultado un reduccionismo economicista y de carbono que se centra en las consecuencias y no en las causas del problema, limitando lo que puede ser dicho y hecho con relación a él.
De igual modo, y con el objetivo de ubicar en su propia materialidad el cambio climático y los discursos que a él se asocian, en el presente trabajo se hace referencia constantemente a un país, Colombia, y a una región en particular, el Oriente antioqueño. Dicha región resultó de particular importancia para este estudio, por ser allí donde se formuló el primer Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima del país, colocando el tema del cambio climático en el primer plano de las discusiones ambientales regionales y relacionando el problema con el discurso del desarrollo y la economía verde. Al mismo tiempo, la formulación de este Plan fue un escenario regional de disputas entre discursos ambientales y sus formas de entender y representar el cambio del clima y otros problemas territoriales.
Enfoque teórico y metodológico
Analizar el cambio climático desde una perspectiva crítica implica acudir a un espacio de reflexión de particular relevancia para los estudios ambientales y sociales contemporáneos. Se trata de la Ecología Política (EP), un campo de estudios cuyos análisis permiten desnaturalizar el cambio climático y visualizarlo como una forma particular de problematización que está presente en los discursos ambientales contemporáneos con sus propias formas de construcción de conocimiento y sus ejercicios de poder.
Tal como argumenta el historiador ambiental colombiano Germán Palacio (2006), el campo de reflexión de la EP se encarga de discutir acerca de las relaciones de poder en torno a la naturaleza, poniendo especial énfasis en los conflictos naturaleza/cultura. De este modo los distintos conflictos, tensiones y contradicciones socioambientales se estudian utilizando la influencia que han tenido dentro de la EP campos como la antropología de las relaciones naturaleza/cultura (Leff, 2006), la historia ambiental (Alimonda, 2011), los estudios de la ciencia (Mendiola, 2012), la geografía crítica (Porto-Goncalves, 2009), los estudios críticos del desarrollo (Escobar, 1998), así como el feminismo y el ecofeminismo (Rocheleau, 2008).
Dado que el eje central de esta investigación es el análisis de la relación entre cambio climático, discursos ambientales y poder, aquí se opta por realizar una indagación del problema desde la Ecología Política Posestructuralista (EPP). La versión de la EPP se interesa por entender el vínculo entre conocimiento y poder en el análisis de las relaciones socioambientales y sus diversos conflictos. Ulloa (2001), argumenta que la EPP permite situar en el centro de la discusión las implicaciones políticas de los significados y procesos de construcción de conocimiento, lo cual resulta fundamental para confrontar las concepciones ambientales hegemónicas y sus respectivas políticas. Esto facilitaría un abordaje crítico de construcciones tales como ambiente, sostenibilidad y naturaleza, que estarían políticamente condicionadas y enmarcadas en culturas particulares (Gudynas, 2014), lo que también es válido para conceptos como cambio climático, vulnerabilidad y adaptación.
Desde el reconocimiento de la importancia del discurso y el poder en la representación de la realidad ambiental, podría hablarse del análisis de los discursos ambientales y en específico, la forma en que el fenómeno climático es problematizado en ellos.
Metodología
El análisis de las problematizaciones y los discursos a los que estas dan lugar ha sido propuesto por Foucault (1984), quien hacia los últimos años de su vida afirmaba que la noción de “problematización” había servido de base común a los análisis que realizaba. Para Foucault una problematización es el “conjunto de las prácticas discursivas o no discursivas que hacen que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento (bien sea en la forma de la reflexión moral, del conocimiento científico, del análisis político, etc.)” (Foucault, 1984: 371). Desde este punto de vista, es posible estudiar el cambio climático como un tipo específico de problematización que está presente en diversos discursos ambientales.
Por estas razones, aquí se siguió una metodología de análisis crítico que ha sido desarrollada por Bacchi (2009, 2012), y que está basada en la obra de Foucault, en particular en su concepto de problematización. Esta estrategia analítica que es conocida como “enfoque WPR” (What's the Problem Represented to be?), consiste en una lectura de los discursos con miras a discernir la manera en que el “problema” está representado dentro de ellos, y someter esta representación a una lectura crítica. Uno de los argumentos centrales en este tipo de análisis consiste en advertir que los discursos producen “problemas” con significados particulares que definen lo que se hace o se deja de hacer, y terminan afectando la vida de la gente.
El objetivo de esta metodología es comprender mejor los supuestos y las lógicas conceptuales que están arraigadas a la forma de entender los problemas y sirve para interrumpir los puntos de partida fijos e incontrovertibles con que muchas veces se plantean “soluciones” a los “problemas”. Bacchi (2012), afirma que tanto los problemas como sus soluciones están cargados de significados, y para investigarlos recomienda su “problematización”, su cuestionamiento como una forma de práctica crítica.
La estrategia analítica del enfoque WPR se realiza a través de un conjunto de 6 preguntas. Aquí las preguntas fueron adaptadas de manera que se ajustaran al campo de análisis correspondiente en este trabajo:
¿Cuál es el “problema” representado en los discursos ambientales?
¿Qué presupuestos o suposiciones sustentan estas representaciones del cambio climático en los discursos?
¿Cómo han surgido estas representaciones del “problema”?
¿Qué queda sin problematizar en la representación del cambio climático? ¿Dónde están los silencios? ¿Puede pensarse este “problema” de una manera diferente?
¿Qué efectos producen estas representaciones del cambio climático en los discursos ambientales?
¿Cómo y dónde han sido producidas, diseminadas y defendidas estas representaciones del cambio climático? ¿Cómo han sido (o podrían ser) cuestionadas, interrumpidas y reemplazadas?
Como la estrategia metodológica de la presente investigación tuvo un diseño de corte cualitativo y de análisis de caso, se centró en un primer momento en el análisis bibliográfico y documental, en el que se revisó literatura teórica, histórica y análisis de casos. En un segundo momento, se llevó a cabo un trabajo etnográfico de recolección de datos durante 10 meses en el año 2016, tiempo en el cual se aplicaron diversas herramientas como entrevistas semiestructuradas y observaciones participantes.
Se realizaron dieciséis (16) entrevistas con actores clave de la región, como los funcionarios de las autoridades ambientales, integrantes de movimientos sociales y representantes de ONGs ambientalistas. También se realizaron doce (12) ejercicios de observación participante donde se registró la información de manera narrativa en el diario y las notas de campo, apoyado en grabaciones de audio. Dichas observaciones se realizaron en los talleres de socialización del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima del Oriente antioqueño, entre los meses de enero y junio de 2016. Además, se asistió a los simposios sobre cambio climático realizados por la autoridad ambiental regional y a varias reuniones y actividades del movimiento ambientalista del Oriente antioqueño. Posteriormente se sistematizó la información a través de la definición de unas categorías de análisis, cuyos resultados son presentados a continuación.
Resultados y discusión ¿Cuál es el “problema” representado en los discursos ambientales?
Tras la Conferencia de las Partes número 21 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Paris en el año 2015, el ex Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon hacía unas observaciones en las que declaraba que “el cambio climático es el desafío definitorio de nuestro tiempo. Es por eso que lo considero una de las máximas prioridades de mi mandato” (Ban, 2015, párr. 18). Declaraciones similares no han dejado de proliferar por parte de influyentes líderes políticos, científicos y religiosos como Barack Obama (2015), Jeffrey Sachs (2014: 460), el Papa Francisco (2015: 22) o los participantes del Foro Económico Mundial (2016), poniendo el tema del cambio climático en el centro de las agendas públicas a nivel global.
El crecimiento exponencial de la importancia de dicho problema ha resultado en una reestructuración de la política ambiental, en la que el cambio climático ocupa ahora el lugar más destacado. De manera rápida, se está pasando del discurso ambiental del desarrollo sostenible al de la “economía verde” y el “crecimiento verde”, que aparecen como tipos de economías “compatibles con el clima”. Esto ha tenido importantes efectos sobre diversos territorios y en la vida cotidiana de sus gentes.
Uno de estos territorios es el Oriente antioqueño, Colombia (Figura 1). Esta región fue seleccionada para formular el primer “Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima” de Colombia (PCVDCC), que pretendió incorporar la cuestión climática en las agendas de diversos actores regionales. Con este plan, el Oriente sería la primera región de Antioquia y un ejemplo para Colombia en cuanto a la implementación de acciones para abordar el cambio climático (Gutiérrez, 2016). A través de él, se trabajaría en la definición de medidas para disminuir los riesgos climáticos, el impulso de sectores con bajas emisiones de carbono, y la moderación de la expansión agrícola. El proyecto fue concebido desde un principio como una gran oportunidad para incorporar el cambio climático y el crecimiento verde en los planes de ordenamiento territorial del Oriente antioqueño. De este modo, se pretendía que la región se preparara para lograr su “desarrollo en un contexto de cambio climático” (MVC, 2015: párr. 1).
El Oriente antioqueño es una región en medio de la cordillera central de los Andes, ubicada entre los dos ríos más importantes de Colombia: el Cauca y el Magdalena. Por este motivo, se considera una región de abundantes aguas que tienen una importancia central en el desarrollo nacional, lo que en la actualidad la posiciona como una zona de interés geoestratégico. En este sentido, es de remarcar que el Oriente antioqueño es punto nodal del sistema energético y eléctrico colombiano, contando con cinco embalses y seis hidroeléctricas que además de aportar cerca del 30% de la energía del país, es responsable del 73% de la energía del departamento de Antioquia. De igual modo, la región es punto nodal para el sistema vial colombiano, ya que comunica centros urbanos como Bogotá y Medellín mediante una vía rodeada de grandes extensiones de bosques (Cámara de Comercio del Oriente antioqueño, 2016).
Debido a esta posición geoestratégica, este territorio fue elegido para la formulación del Plan, y comenzó a ser presentado como un “laboratorio” de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima para el país. Tal como sucedió en las discusiones globales sobre cambio climático, en el Oriente antioqueño este problema propiciaría un nuevo impulso al desarrollo convencional de la región. En nombre del clima se comenzó a pensar en nuevas políticas para la implementación del desarrollo. Tal como lo señalaba Mary Lou Higgins, directora de WWF Colombia, la construcción del plan resultaría ser una oportunidad para pensar en una “propuesta de desarrollo a nivel local y regional compatible con el cambio climático en términos de adaptación y mitigación y que permite empezar a analizar los costos y beneficios de diferentes propuestas de desarrollo” (MVC, 2015: párr. 4).
En el fondo, se trataba de una serie de estrategias de mediano y largo plazo para definir la política ambiental de los próximos años en la región, y de construir un discurso ambiental que no pusiera frenos a la locomotora minero-energética y urbanística del desarrollo en el Oriente antioqueño. En este contexto, y como se verá de aquí en adelante, el cambio climático fue representado dentro del crecimiento verde como un problema económico y de gestión de moléculas abstractas de CO2, que además debía considerarse desde ese momento como el mayor problema ambiental del territorio.
¿Qué presupuestos o suposiciones sustentan las representaciones del cambio climático en los discursos?
Las políticas de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima llegaron a Colombia de la mano de las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE. Desde el 25 de octubre de 2013, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, anunció formalmente el inicio del proceso de adhesión de Colombia a dicha organización, y desde allí comenzaron las actividades de evaluación y revisión, que permitirían que los estándares definidos por la OCDE fueran incorporados por las autoridades políticas en Colombia. Diversos estudios fueron realizados por aquella época, en los que se evaluaron las políticas y programas ambientales, se identificaron algunas prácticas y se hicieron recomendaciones destinadas a la promoción del crecimiento verde, que fue incorporado finalmente en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014-2018.
Es así como el problema del cambio del clima y la solución del crecimiento verde aterrizan en el Oriente antioqueño. Desde marzo del año 2015, un grupo de expertos en temas de cambio climático visitó la región del Oriente antioqueño buscando desarrollar el PCVDCC. Este Plan, liderado por la Corporación Autónoma Regional de los Rios Negro y Nare (Cornare), con el apoyo técnico de organizaciones conservacionistas como la Fundación Natura y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el financiamiento de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), buscó establecer una estrategia para integrar el cambio climático en los procesos de planificación de la región y promover un “crecimiento verde y compatible con el clima” en el Oriente antioqueño.
El objetivo de dicho Plan fue “repensar el desarrollo de la región y orientar la transformación de su economía para mejorar su competitividad, de la mano de la conservación de sus ecosistemas” (Gutiérrez, 2016: párr. 3). De igual modo, se argumentó que a través del PCVDCC, se buscaba generar importantes transformaciones que le permitieran a Colombia reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), crear sectores económicos más competitivos y adaptados al cambio climático, de acuerdo con la hoja de ruta que tomó el país hasta el año 2018 (MVC, 2015).
De la mano del crecimiento verde, llegó al Oriente antioqueño una representación economicista del cambio climático. Roberto León Gómez Charry, subdirector de Desarrollo Local e Institucional de la Fundación Natura, expresaba de la siguiente manera su concepción del problema ligada a la economía:
Todo el mundo siente que el cambio climático es simplemente una amenaza […] El cambio climático es en parte eso, pero también es generación de oportunidades. En la lucha contra el cambio climático hay importantes oportunidades económicas y de emprendimiento. Por ello es importante tener en cuenta los escenarios futuros del clima (Gómez, 2015).
Dicha visión economicista se sustenta en el imaginario de que el cambio climático es un problema de emisiones de GEI, especialmente de dióxido de carbono (CO2). En el caso del Oriente antioqueño, la medición del carbono se convirtió en uno de los ejes centrales del PCVDCC. La región comenzó a ser representada como un territorio emisor de CO2, y el dióxido de carbono, o el simplificado término “carbón” se convirtió en la mejor manera de presentar el clima en este territorio y en una herramienta básica para el planteamiento de las políticas públicas.
A partir de la lógica del carbono y de soluciones económicas como los pagos por servicios ambientales o los “negocios verdes”, la lógica del mercado atrapaba la representación del cambio climático. La propia autoridad ambiental afirmaba que a través de la medición de la huella de CO2 y su respectiva compensación, se abría paso a una nueva mirada que tendrían “los convenios de eficiencia ambiental y de producción más limpia, relacionados con el tema de Negocios Verdes, Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima” (Cornare, 2016a: párr. 3).
Diversos instrumentos fueron diseñados para el cálculo de la huella de carbono. A través de proyectos como “BanCO2” se calculaba la contaminación de cada persona en toneladas de CO2 por año y se traducía automáticamente a un valor económico con el que se compensaría dicha contaminación. La métrica del carbono se convertiría en una medida esencial para el crecimiento verde de la región. Por medio de estudios técnicos de medición del carbono por sectores económicos, municipios y para la región en su conjunto, se tuvo la herramienta clave para dar a entender que en el territorio el problema del cambio climático era realmente relevante, y que para poder solucionarlo, se necesitaba de los negocios verdes, de la conservación del “capital natural” y de la innovación como una nueva manera de entender el desarrollo sostenible.
La representación del cambio climático como un problema económico y en términos de moléculas abstractas de CO2 tiene sus propias condiciones históricas de surgimiento, y serán analizadas a continuación.
¿Cómo han surgido estas representaciones del “problema”?
La Cumbre de Rio de 1992, también conocida como Cumbre de la Tierra, tuvo una importancia esencial para la política climática global puesto que en ella se anunció que se había encontrado una solución definitiva al problema: la política climática debía enfocarse en reducir CO2. En otras palabras, se trataba de la lucha contra la emisión de “carbono” (Sachs, 2015). Dicha Cumbre permitió reforzar la idea de que los problemas relacionados con el cambio climático eran de escala global, pero más importante aún, consolidó la visión de una política y de un pensamiento centrado en el CO2.
Atrás quedaban las antiguas discusiones que vinculaban el problema climático con la urbanización excesiva, la agroindustria, los derechos igualitarios a la atmósfera o el cambio hacia una matriz energética democratizada, renovable, limpia y de bajos impactos. El discurso ambiental hegemónico sobre el cambio climático construyó una visión del mundo centrada en el CO2, cuando bien podría llevarse a cabo una discusión centrada en los combustibles fósiles, la sociedad de consumo o en la justicia climática (Moreno, Speich y Fuhr, 2016).
El privilegio de esta visión del problema, ayudó a consolidar el idioma de la “medición del carbono”. La métrica del CO2 se convirtió en una nueva moneda, traducible a toneladas de carbono que podían ser mercantilizadas y comercializadas a nivel internacional, y al mismo tiempo logró ocultar el incremento absoluto del consumo de materiales y energía, mientras expresaba recortes marginales en las emisiones de GEI. La medición de este gas, pasó a ser hegemónica por encima de otras mediciones ambientales como la huella hídrica, la capacidad de carga de un ecosistema o la huella ecológica (Valdivieso, 2012).
Pero sobre todo, el reduccionismo de carbono permitió afianzar la idea de que el cambio climático era un asunto económico. El discurso ambiental del crecimiento verde se nutrió de esta problematización para consolidar sus principales postulados. En el año 2006 ocurrió un hito histórico en los debates globales sobre el clima. Por primera vez un economista y no un climatólogo presentaba un informe sobre cambio climático por encargo de un gobierno. Nicholas Stern, economista británico y antiguo miembro de las directivas del Banco Mundial, elaboró un informe por encargo del gobierno del Reino Unido, titulado “la economía del cambio climático”, más popularmente conocido como el “Informe Stern” (Stern, 2006).
En dicho informe, se argumentaba principalmente sobre la necesidad de una acción rápida y decidida en el ámbito de la política climática, con la finalidad de ahorrar gastos, ya que según argumentaba Stern, los beneficios económicos de una acción rápida serían muy superiores a los costos. El informe Stern fue considerado un “divisor de aguas” en la política climática y un elemento central en la consolidación del discurso de la economía verde. Moreno (2013) expresa que dicho informe tradujo en términos económicos los costos pero también las oportunidades de ganancia y nuevos negocios del cambio climático.
Así, el problema comenzó a expresarse en términos económicos y a entrar en las cuentas de distintas instituciones públicas y privadas. Al mismo tiempo, comenzó a ser considerado como “la mayor falla del mercado que el mundo ha visto” y algunas ideas como la “descarbonización de la economía” o el “desarrollo bajo en carbono” proliferaron en los discursos de dirigentes por todo el mundo (Stern, 2006).
En la etapa posterior a Rio+20, el crecimiento verde se convirtió en “una especie de concepto globalizador que podría agrupar a diversos intereses sectoriales, económicos y territoriales en torno a una agenda común” (Turok y Borel, 2013: 335). Así empezaron a incorporarse los nuevos intereses en las políticas nacionales, y los conceptos de crecimiento verde y economía verde comenzaron a aparecer como sinónimos de desarrollo bajo en carbono y descarbonización de la economía.
Para el caso del Oriente antioqueño, el desarrollo regional entendido como industrialización, urbanización, aumento de la productividad y de la tecnificación, no fue cuestionado por el discurso del crecimiento verde. Desde la construcción del PCVDCC se apoyó este tipo de proyectos ya que se trataba de “enverdecer” el desarrollo convencional. En este sentido, Cornare comenzaría a firmar acuerdos de “Fomento del Crecimiento Verde y el Desarrollo Compatible con el Clima”, con sectores como el de la construcción, avícola y porcicultor, industrial, agrícola, piscícola y de estaciones de servicios. Con dichos convenios se permitiría que los gremios fueran “competitivos en armonía con la economía ambiental”, al tiempo que fomentaran el crecimiento verde minimizando la emisión de GEI, en especial de CO2 (Mi Oriente 2016a; 2016b).
¿Qué efectos producen estas representaciones del cambio climático en los discursos ambientales?
La representación hegemónica del cambio climático que se difunde a través del discurso ambiental del crecimiento verde, produce efectos de violencia epistémica y material en los territorios a donde llega. La violencia material, está asociada a los proyectos que se realizan en nombre de la mitigación del carbono, pero que producen efectos negativos sobre la matriz social y ambiental de los territorios. Mientras tanto, la violencia epistémica está asociada a la mercantilización de la naturaleza y al empobrecimiento del pensamiento de las cuestiones ambientales producto del reduccionismo climático y del carbono en que ha caído la política global/local.
Para ilustrar la violencia material, Ojeda (2014) demuestra la forma en que las iniciativas de mitigación del cambio climático se han articulado con formas violentas de reconfiguración, uso y control de los territorios. En Colombia, los Mecanismos de Desarrollo Limpio para la mitigación del CO2 y el despojo de tierras han tenido un estrecho vínculo, donde muchos proyectos agroindustriales de siembra de palma de aceite y teca han sido detonantes de violencia. El despojo se ha configurado como una consecuencia de la implementación de cultivos para la mitigación del cambio climático, que han sido exportados de Colombia con el fin de reducir el uso de combustibles fósiles en otros países del Norte global.
De igual modo, Roca (2005) manifiesta que los proyectos forestales en el marco de las estrategias de mitigación de emisiones de carbono han tenido efectos ambientales y sociales muy negativos. La reforestación con especies de rápido crecimiento es un buen mecanismo de absorción de CO2, pero puede tener otro tipo de efectos sobre la matriz ecológica y social de los territorios. En este sentido, Rodríguez (2007) afirma que los monocultivos de plantaciones forestales implementados en estos proyectos tienden a disminuir el rendimiento hídrico de las cuencas, acidifican los suelos, agotan sus nutrientes y alteran la diversidad de flora y fauna.
Para ilustrar la violencia simbólica, es necesario observar la forma en que la reducción de las discusiones a una medición cuantitativa del carbono y el planteamiento de la economía verde como la única respuesta posible, han negado la exigencia de un debate más amplio sobre los problemas ambientales del Oriente antioqueño. Tal como está planteado, este nuevo tipo de proyectos sobre el clima y sus efectos territoriales pueden ser observados como nuevos ámbitos de acumulación de capital. Esta manera de plantear la cuestión del cambio climático, define desde un primer momento la forma en que se puede entender el problema, al tiempo que se invisibilizan y excluyen otras formas de entenderlo.
El PCVDCC del Oriente antioqueño aportó un total de 30 medidas y 23 proyectos para ejecutar a corto, mediano y largo plazo, entre los que se cuentan los proyectos de pagos por servicios ambientales, de consumo responsable, de energías alternativas, gestión de la huella de carbono, ordenamiento climáticamente inteligente, entre otros. El Plan no cuestionó el proceso de desarrollo convencional de la región, caracterizado por la urbanización, el privilegio de procesos agroindustriales y el extractivismo minero-energético, sino que más bien se convirtió en la parte ambiental que era necesario incorporar a una visión del desarrollo que en general cambió muy poco de su estructura.
¿Qué queda sin problematizar en la representación del cambio climático? ¿Dónde están los silencios?
Bajo esta representación del cambio climático se presentan como neutrales ciertas concepciones de la naturaleza, como aquellas ligadas al carbono, el capital natural y los servicios ambientales. Las políticas del crecimiento verde instauraron el concepto de capital natural como la narrativa unificadora del nuevo discurso ambiental hegemónico. Bajo la idea del capital natural todo lo que antes era considerado como “funciones ecológicas” pasó a tener el nombre de “servicios ambientales”. Por ello, algunos de los primeros avances en la implementación de políticas de crecimiento verde se basaron en las estrategias de “pagos por servicios ambientales” (Roa y Rodríguez, 2012). Estos nuevos “activos” fueron caracterizados, medidos y calculados para su negociación en los mercados. En un contexto económico dominado fundamentalmente por el capital financiero en crisis, la creación y adición de nuevos activos a los mercados de finanzas fue una de sus principales estrategias (Fatheuer, 2014; Moreno, 2013).
En el caso del Oriente antioqueño, se comenzó a hablar de la construcción de algunos proyectos que harían parte del PCVDCC entre los que se encontraban el proyecto de pagos por servicios ambientales “BanCO2”, las nuevas alternativas de producción sostenible del sector empresarial y la generación de políticas públicas (Zuluaga, 2016). Para la implementación de estos proyectos, sería fundamental la presentación y adopción de conceptos como “capital natural” y “servicios ambientales”.
El concepto de capital natural comenzó a aparecer de manera sistemática en los documentos institucionales de Cornare a partir de la influencia que tuvieron la Fundación Natura, la WWF y CDKN en la región. En su Plan de Acción Institucional, Cornare consideró que los negocios verdes eran una alternativa de conservación del “capital natural”, que ahora se re-significaba para promover el “desarrollo económico y social” de las comunidades. El medio ambiente apareció allí como el “capital natural que soporta el desarrollo del territorio”, por lo tanto se consideró necesario mejorar la calidad ambiental, la biodiversidad y sus “servicios” que eran la base del desarrollo económico y social para la adaptación al cambio climático (Cornare, 2016b).
Así, lo importante en el discurso del crecimiento verde fue utilizar el concepto de capital natural para evaluar las formas en que era posible valorar monetariamente la naturaleza y cómo esto se podía aprovechar para profundizar el “desarrollo” y nuevas formas de “riqueza” que se hicieran “compatibles con el clima” presente y futuro.
Uno de los ejes estructurales del PCVDCC fue la “conservación de los ecosistemas y sus servicios”, cuyo objetivo fue definido como la promoción de una gestión integral del “capital natural”, asegurando la prestación de los “servicios ecosistémicos” para los sectores productivos y las comunidades (PCVDCC, 2017). Esta fue la manera en que el lenguaje económico comenzó a colonizar todos los espacios donde se discutía sobre problemas ambientales en la región, y en especial sobre el cambio climático.
¿Cómo han sido (o podrían ser) cuestionadas, interrumpidas y reemplazadas estas representaciones del cambio climático? ¿Puede pensarse este “problema” de una manera diferente?
La representación del clima bajo una mirada netamente económica y de reduccionismo del “carbono”, fue contestada en el Oriente antioqueño por la acción colectiva de los movimientos sociales. A continuación se destacan los puntos de vista, las críticas y propuestas que configuraron una visión del cambio climático y el medio ambiente a partir de nociones como patrimonio ambiental, bienes comunes y defensa del territorio.
En el caso del Oriente antioqueño, las representaciones dominantes del cambio climático han sido agenciadas por actores institucionales, junto con algunas ONG, que reúnen expertos para consolidar el crecimiento verde. Sin embargo, muchas discusiones en espacios públicos contribuyeron a politizar el problema del cambio climático en la región, y a llamar la atención sobre las limitaciones de los enfoques económicos y desarrollistas para enfrentar la crisis ambiental contemporánea. Así, desde muchos líderes y organizaciones se articuló un discurso que muchos caracterizaron como “justicia ambiental”, y que señalaba una serie de críticas al PCVDCC.
Uno de los principales actores ambientales de la región llamado el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio MOVETE, publicó notas, realizó reuniones y encuentros formativos para discutir la cuestión del cambio climático y el crecimiento verde. Este movimiento se definió a sí mismo como una organización que lucha por la justicia ambiental en el Oriente antioqueño: “MOVETE se inscribe en el ambientalismo popular, centrado en la defensa del acceso comunitario a los bienes comunes […] Las luchas son por la justicia ambiental, esto es, contra las asimetrías y desigualdades territorializadas en el uso de los comunes y la disposición de la contaminación y los costos ecológicos” (MOVETE, 2015: párr. 1).
El MOVETE manifestó desde el principio un rechazo frontal a la lógica y las concepciones a través de las cuales se formuló el Plan, y a su entendimiento de las problemáticas ambientales, entre las cuales se encontraba el cambio climático. Este movimiento produjo declaraciones y comunicados en los que dejaba entender que su posición frente al cambio climático tenía un carácter político y de justicia social y ambiental, al tiempo que un rechazo del crecimiento verde y el desarrollo compatible con el clima (MOVETE, 2016).
Uno de los principales elementos críticos que surgieron en el discurso de la justicia ambiental sobre la economía verde y su entendimiento del cambio climático, fue su apología del desarrollo y el crecimiento económico. Por los primeros días de la formulación del Plan, muchas organizaciones sociales comenzaron a discutir sobre crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima, y a sugerir que no era posible una visión ambiental del territorio pensado en los mismos términos del desarrollo, la urbanización y el crecimiento económico.
En este sentido, se consideraba que para lograr la superación de la crisis climática era necesario ir más allá del concepto de desarrollo y de su manera de entender el mundo, que se identificó como la causante de muchos problemas ambientales de la región. Esto propició una crítica del concepto de “desarrollo compatible con el clima”, por considerarlo contradictorio, y donde el cambio climático aparecía como un simple “adorno” de la palabra desarrollo, pero sin cuestionar su lógica (Entrevistado 8, 2016).
Para los actores que hablaban desde el discurso de la justicia ambiental, en el Oriente antioqueño no existía una manera de hacer compatible el desarrollo con el clima, sino que más bien para superar la crisis climática era necesario un cuestionamiento profundo del modelo de desarrollo que se estaba implementando en el territorio. Muchos activistas y líderes comunitarios comenzaron a “leer del tema y a darse cuenta que el asunto tenía que ver con el deseo del gobierno nacional de entrar a la OCDE, que detrás de eso estaba toda la expresión del capitalismo” (Entrevistado 10, 2016), por lo que se creó una desconfianza hacia la lógica con la cual se pensaba el crecimiento verde y el cambio climático en la región.
En el discurso de la justicia ambiental una de las principales causas de vulnerabilidad fueron los proyectos hidroeléctricos y de minería, que comenzaron a ser identificados como causantes de desplazamientos y de violencia, pero al mismo tiempo como causantes del cambio climático local. Muchos pobladores campesinos y líderes sociales argumentaban que el extractivismo era causante de alteraciones en el microclima de muchos lugares, afectando la producción de alimentos, las fuentes de agua y la temperatura apropiada para las actividades diarias de muchas comunidades (Entrevistado 3, 2016).
Pero no sólo conceptos como vulnerabilidad y adaptación fueron politizados, sino también los de “capital natural” y “servicios ambientales”. En muchos de los encuentros de socialización del Plan, se hicieron importantes críticas a la visión de la naturaleza como un tipo específico de capital. De este modo, se entendió que el capital natural era un concepto funcional al modelo económico y de desarrollo de la región, y que despojaba a la naturaleza de la lógica del bien común con la que muchas comunidades habían vivido durante mucho tiempo (Entrevistado 2, 2016).
Muchos activistas consideraron que ésta no era una discusión menor, puesto que la forma en que se entendía la naturaleza ejercía un poder sobre la manera de relacionarse con ella (Entrevistado 16, 2016; Entrevistado 3, 2016). Así, se argumentaba que no era lo mismo entender la naturaleza como capital natural, a entenderla como madre tierra, patrimonio natural o bienes comunes. Estas lógicas se encontraron en una constante tensión, por considerarse que el lenguaje utilizado en el Plan proponía una mercantilización de la vida y convertía la naturaleza en un negocio (Entrevistado 4, 2016).
Así, una parte del movimiento social y ambiental de la actualidad en el Oriente antioqueño rechazó los pagos por servicios ambientales, argumentando que las empresas que aportaban dinero en dichos esquemas estaban destruyendo los territorios y después presentándose con una máscara ambiental (Entrevistado 6, 2016). Se referían a empresas mineras, hidroeléctricas y bancos que hacen parte del proyecto de pagos por servicios ambientales “BanCO2” en la región, como Anglo Gold Ashanti, Antioquia Gold Inc, Argos, Asocolflores, Bancolombia, Empresas Públicas de Medellín, Isagen, Sumicol, entre otras. Muchos líderes sociales deslegitimaron las acciones de estas empresas y de sus megaproyectos, que fueron identificadas como destructoras del medio ambiente, y que les quitaban la posibilidad de construir el territorio desde sus propios imaginarios, discursos y prácticas (Entrevistado 14).
La postura del MOVETE fue de rechazo al crecimiento verde y al desarrollo compatible con el clima porque afectaba los patrimonios ambientales, era considerado una falsa solución y afectaba a las familias campesinas a través de la mercantilización de la naturaleza (Entrevistado 6, 2016). Con este tipo de proyectos, se violaba la autonomía comunitaria y se perdían las tradiciones culturales (Entrevistado 4, 2016). Como propuesta frente a ello, se consideraba importante establecer una matriz productiva propia y de soberanía alimentaria, al tiempo que fortalecer las organizaciones sociales y la participación (Entrevistado 6, 2016).
En síntesis, el discurso de la justicia ambiental en el Oriente antioqueño hizo un cuestionamiento profundo del desarrollo y el crecimiento económico, los cuales consideró incompatibles con un contexto de cambio climático. De hecho sus cuestionamientos develaron la lógica inversa, e indicaron que es justamente el modelo de desarrollo y crecimiento económico, enmascarado ahora en el crecimiento verde, la causa antrópica del aceleramiento del cambio climático. El capital natural y los servicios ambientales fueron identificados en este discurso como concepciones sobre la naturaleza y el territorio funcionales al modelo de desarrollo hegemónico y que pretendían una mercantilización aún mayor de la naturaleza.
En el contexto local, actividades económicas como la urbanización, el emplazamiento de industrias o el extractivismo minero-energético fueron identificadas como causantes de vulnerabilidad y del cambio en el clima de la región. En este sentido, el calentamiento global fue entendido como un problema político, y la visión económica y el reduccionismo de carbono fueron cuestionados.
Conclusiones
Desde esta perspectiva, se hace necesario analizar la forma en que los discursos ambientales asociados al cambio climático producen prácticas específicas en lugares concretos. Resulta imprescindible indagar por lo que hacen cotidianamente quienes se dedican a trabajar alrededor del problema climático y la forma en que sus prácticas discursivas se difunden a través de los territorios. Es importante volver la mirada sobre la forma en que los discursos ambientales asociados al cambio del clima ejercen su poder sobre el pensamiento y la acción en la vida diaria de las comunidades locales y evaluar la manera en que instituciones públicas, privadas y ONGs, reúnen burócratas y expertos en los territorios para llevar a cabo sus tareas.
En el caso analizado, se evidenció una continuidad entre los mandatos de actores económicos de nivel global y las políticas locales que le dieron cohesión al discurso. Aquí se mostró el encadenamiento existente entre lo planteado por actores globales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y lo que apareció en el documento final del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo compatible con el Clima, donde el problema se entendió y representó como una cuestión de emisiones de “carbono”, como una oportunidad de negocio y como una nueva narrativa para reestructurar la política de desarrollo sostenible de la región.
Este Plan no cuestionó los efectos destructivos del desarrollo sobre el territorio del Oriente antioqueño, sino que más bien fue útil para presentar el extractivismo, la agroindustria y la urbanización como procesos ambientalmente sostenibles. Conceptos como crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima no se centraron en solucionar las causas del cambio climático, pero han podido convertir sus efectos en “negocios verdes”, y en “competitividad” ambientalmente sostenible. De este modo, el Plan se constituyó en un eficiente mecanismo que disminuyó la presión social de una población local cada vez más preocupada por los problemas ambientales, pero sin cuestionar el modelo de desarrollo del territorio.
De igual modo, en el Oriente antioqueño, desde el accionar de las organizaciones sociales se acudió al discurso de la justicia ambiental para señalar las relaciones de poder desequilibradas en las discusiones sobre cambio climático, en las que prevalecieron los discursos expertos de los promotores del crecimiento verde, que entendieron el cambio climático como una responsabilidad abstracta de la “humanidad”, en lugar de entenderlo como una responsabilidad de las empresas mineras y de energía hidroeléctrica, que modificaban el microclima local y destruían las condiciones ambientales propicias para enfrentar los cambios en el clima de una manera más apropiada.
El cambio climático, sus efectos adversos y la necesidad de adaptación, no se manifiestan en los territorios solamente a través de fenómenos biofísicos, sino que también tienen implicaciones en los discursos, la definición de los problemas y el planteamiento de soluciones. En definitiva, está ligado a las formas de producción de conocimiento y a ejercicios de poder muy concretos que tienen efectos en la vida cotidiana de la gente y en la configuración de los territorios. Por todo ello, una visión desde la ecología política ayuda a entender mejor la crisis ambiental y climática, devela sus causas y la diversificación de sus efectos a manera de estrategias de mercado, permite plantear mejores preguntas, ir más allá de la economía verde y el reduccionismo de carbono, y sobre todo a agudizar una visión crítica de los problemas ambientales.
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