Introducción

Las primeras cámaras que surgieron en Europa y Estados Unidos fueron con el objeto de identificar comportamientos que alteran el orden social (Hempel y Töpfer, 2009). Sin embargo por atentados terroristas en Reino Unido principalmente, propiciaron que se realizara la instalación de cámaras de vigilancia ingresando en la esfera pública con el propósito de aumentar la vigilancia y de esta manera obtener mayor control, colocándolas en avenidas y edificios considerados estratégicos. Por lo que Londres se convirtió en el referente de la sociedad video vigilada (Fussey, 2007).

De esta manera los estudios iniciales respecto a la videovigilancia estuvieron focalizados en países europeos y se centraron en el análisis de los usos, la efectividad y el nivel de aceptación pública del monitoreo urbano. Estas primeras investigaciones entendieron a los sistemas de videovigilancia como resultado de la interacción entre factores tecnológicos, organizacionales y culturales (Hempel y Töpfer, 2004). Fue entonces que la relación entre las imágenes, la policía y la seguridad pública se profundizaron y sistemáticamente fueron implementándose los CCTV en inglés (closed circuit television) para el monitoreo del espacio público como políticas de seguridad gubernamentales como control y prevención delictivo.

En cuanto a la seguridad pública en México, se tienen estudios recientes de organismos internacionales, nacionales y locales demuestran el constante aumento de los índices delictivos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “El país tiene la tasa de homicidios más alta de la OCDE, y tan solo el 46 % de las personas se sienten seguras de caminar solas por la noche, muy inferior al promedio de OCDE, del 68 por ciento” (OCDE, 2017).

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), revela que:

El 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.2%, mientras que los hombres se ubicaron en 68.9 por ciento (ENSU, 2017, p.1).

Conforme al tiempo y los contextos del país donde intervienen factores sociales, políticos y económicos principalmente, pareciera una desfragmentación de la sociedad mexicana. Así mismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con fecha de publicación de enero 2018, revela que en el estado de Oaxaca ha aumentado sus índices en cuanto a casos de homicidio, con tasas que han ido incrementándose según la tabla 1, indicadas por cada 100 mil habitantes.

Se observa claramente un aumento en homicidios ocurridos en el estado de Oaxaca, por lo que es necesario implementar nuevas estrategias que permitan la reducción de este tipo de delito. (SESNSP, 2018, p.9).

Ahora bien el caso particular del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, conformada por una población según INEGI (2015) de 42,312 habitantes y con un crecimiento poblacional considerable en los últimos años; consecuencia de instalación de instituciones gubernamentales como: El sexto batallón de infantería, la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) y el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), por lo que el tema de seguridad pública no ha sido abordado con la misma intensidad, buscando mejorar o renovar las políticas de seguridad.

Según los indicadores de desarrollo Municipio-Miahuatlán (2017) en el apartado de municipio seguro, tiene como objetivo general “Combatir y prevenir de manera eficaz y eficiente la inseguridad para proporcionarles a los habitantes de Miahuatlán de Porfirio Díaz un clima de paz y garantizando la integridad física de las personas” (p.13). Es decir, se está sobrepasando el estado de derecho sin que se lleve a cabo acciones que permitan recobrar el control de la sociedad.

El papel del Estado, Gobierno y la Administración Pública en la seguridad.

Partiendo que México es un país que se rige por una constitución y un gobierno democrático, realmente debería el Estado, tener la facultad necesaria para colocar al país en otra situación, con menos violencia y una mayor cohesión social con condiciones favorables para todos, Anzalone (2013) señala que los ámbitos de competencia del Estado son casi ilimitados; lo mismo le corresponde establecer el orden, garantizar la seguridad, promulgar el derecho e impartir justicia; que realizar funciones políticas, económicas y administrativas o garantizar los derechos individuales y sociales. En otras palabras, el Estado tiene el poder para realizar cualquier cambio en la sociedad que contribuya con su desarrollo.

De acuerdo con Hobbes (1960) el surgimiento de Estado se dio básicamente por la necesidad del hombre para cubrir las necesidades más básicas como el cuidado de unos con otros; en su obra Leviatán señala que “el Estado es el protector de la vida de sus súbditos, el último fundamento racional de su Seguridad Colectiva” (p. 88). Por lo tanto, la seguridad colectiva o pública es la base fundamental del Estado. Así mismo el Estado es quien tiene el poder y los recursos necesarios para mantener un orden colectivo y acorde con Skinner (2003) señala al respecto: “estado como el detentador monopólico de la fuerza legítima” (p. 62).

Si bien el Estado es el legitimado con el poder, el gobierno es la autoridad política a la que todos debían obedecer y a la que cualquiera podía recurrir y apelar para dirimir conflictos. Para Locke (2006) el gobierno era ‘el remedio de males’, porque a través de él se impedía que los hombres fuesen jueces de sus propios actos y propias causas, dado que tiene como fin remediar los inconvenientes del estado de naturaleza mediante su establecimiento. En este sentido se tiene una relación entre estos dos actores de manera equilibrada, para ello, en un tipo de gobierno democrático es necesario que suceda lo que menciona Porrúa (2005) como: el mejor gobierno es el que no tiene dentro de sí ni a un régimen totalitario ni a un régimen autoritario, es la que encierra en su estructura las normas fundamentales y esplendorosas de la democracia como forma de gobierno (p.235).

Al mismo tiempo para llevar a cabo las acciones gubernamentales y velar que se lleven a cabo los objetivos trazados, la administración pública toma su relevancia. Según señala Woodrow (1985) "La administración es la parte más visible del gobierno; es el gobierno en acción; es el poder ejecutivo, el que actúa, el aspecto más visible del gobierno y es, desde luego, tan vieja como el gobierno mismo" (p.85). La administración pública es el reflejo de lo que proyecta el gobierno mediante el Estado, apoyándose de sus estructuras que en este caso son los órganos e instancias gubernamentales para la ejecución de los objetivos, planes, programas, proyectos del gobierno. Por todo lo anterior el papel del Estado, gobierno y administración pública van a proveer por un lado las reglas del juego y por otro las condiciones para lograr objetivos que impliquen un desarrollo colectivo.

La seguridad pública y las teorías preventivas

La seguridad pública se considera parte esencial del bienestar de una sociedad en un país democrático como México. Según el Diario Oficial de la Federación (DOF) la seguridad pública la define como: "(...) función del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas..." (DOF, 1995). Es decir, todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y disminuir las conductas fuera de la ley y que atentan contra las personas. También es un estado de derecho donde se involucran los tres niveles de gobierno para actuar con forme la ley y poder garantizar las condiciones, para que cada individuo pueda realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida y sus bienes se encuentran exentos de peligro o riesgo, como señala Moreno (1980) al respecto:

La seguridad pública tiene como fines prioritarios: Mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, colaborar en la investigación y persecución de los delitos y auxiliar a la población (…) y todas son fundamentales para la estabilidad de un país, cualquiera que falle, propicia la inseguridad de la población con las consecuencias negativas que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos (p.83).

En primer lugar, la prevención desde el positivismo Ferri (1887) destaca la importancia en comparación con la Escuela Clásica en donde la disminución de la criminalidad había fracasado, por esta razón el autor argumentaba que: “estudiar al delito, primero en su génesis natural, y después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente diversos remedios a las varias causas que lo producen los que, en consecuencia, serán eficaces”. En comparación con la escuela clásica, el positivismo profundiza el estudio de la prevención del delito más allá de una subjetividad, descartando posibilidades de comportamiento del delincuente analizadas con nociones religiosas, morales o como conceptos universales y absolutos. Desde la desorganización social que implica “Cualquier forma de cambio que provoque alteraciones sensibles en la vida social tiende a romper los hábitos; y con la ruptura de las costumbres sobre las que se apoya la organización social existente, ella destruye la organización social misma” (Park, 2008, p.120).

En segundo lugar, Sutherland (2011) sostiene que una de las mejores explicaciones para dar cuenta de una alta tasa de delitos se debe a la desorganización social. Sin embargo, agrega una postulación más específica donde propone sustituir organización social por organización social diferencial. “La mayoría de las comunidades están organizadas en favor de conductas delictivas como anti-delictivas, y en ese sentido la tasa de delitos es una expresión de la organización grupal diferencial” (p.122). La criminología contemporánea considera la prevención del delito en tres categorías: social, situacional y ambiental (Palacios, 2014). Sin embargo, para las tres categorías existen características en común y altamente vinculantes.

La prevención primaria tiene su base en la educación y va dirigida a todas las personas; […] la prevención secundaria va dirigida a atacar factores de riesgo presentes en determinados grupos de personas […] así como en zonas de alta criminalidad. La prevención terciaria se conduce hacia la población reclusa a través del trabajo y la educación ‘programas de readaptación’ (Núñez, 2011, p. 69).

Con respecto a la prevención situacional, que es la teoría que puede aproximarse al tratar de comprender mejor la realidad del tema de estudio considerando también, las características que guarda la localidad. Actualmente las autoridades locales de Miahuatlán responden de manera reactiva. Es decir, continúan con una vigilancia tradicional mediante roldines, no se cuenta con un plan de seguridad municipal que contemple control, mantenimiento, tiempos de respuesta, seguimiento y mucho menos estudios que contribuyan con la formulación de políticas que contribuyan con la seguridad de la población.

Por lo anterior, la investigación se fundamenta sobre la teoría preventiva situacional y de oportunidad esto por las condiciones que la localidad implicada guarda con respecto al fenómeno.

Partiendo del análisis de las circunstancias que dan lugar a formas específicas de delito, introduce discretos cambios ambientales para reducir las oportunidades de que estos delitos ocurran. Por lo tanto, se focaliza en el escenario del delito más que sobre aquellos que cometen actos delictivos. Busca impedir la ocurrencia del delito más que detectar y sancionar a los ofensores. No busca eliminar las tendencias delictivas a través del mejoramiento de la sociedad o sus instituciones sino meramente hacer las acciones delictivas menos atractivas para los delincuentes (Clarke, 1997, p.2).

Por otro lado, la oportunidad juega un rol fundamental en la consecución del delito puesto que en la localidad, tal parece que el delincuente tiene todas las facilidades como para que acceda con total seguridad. La oportunidad que señala Felson y Clarke (1998) se articula perfectamente con la situación actual en la localidad estudiada: “la oportunidad causa el delito” (p.203). El delito puede ser prevenido pensando y aplicando acciones que permitan la reducción de oportunidades, como mejorando la vigilancia como una medida prioritaria.

Gobierno Electrónico, TIC y la importancia de la vigilancia.

El Estado lo integran tres elementos fundamentales territorio, población y gobierno, por lo que a la medida que éstos fortalezcan sus articulaciones, se obtendrán mejores resultados. Precisamente es uno de los principios del Gobierno Electrónico (GE) es el mejorar las relaciones entre gobierno y ciudadano empleando las Tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, que GE puede ser considerada una estrategia del Estado para que el gobierno administre sus funciones con mayor precisión mediante el uso de las TIC, permitiendo al mismo tiempo, mejorar las respuestas gubernamentales a sus ciudadanos. Según Gil-García, Ignacio y Téllez (2017) el gobierno electrónico se basa en: “El potencial de las TIC para mejorar la actividad gubernamental y administrativa, así como la relación de las organizaciones públicas con la ciudadanía” (p.3).

En este sentido, las TIC ofrecen al gobierno una gama amplia de herramientas que pueden cubrir una necesidad prioritaria y colectiva como lo es propiamente el de seguridad, acompañadas de bases que permitan garantizar el éxito para evitar el fracaso o se vean afectados los objetivos planteados. Esto es la tecnología es un medio poderoso hoy en día, pero no es el fin último de Gobierno Electrónico, como bien señala Naser (2011):

La utilización de estas tecnologías en la gestión pública puede traer grandes beneficios pues constituyen pilares fundamentales para la modernización y eficacia del Estado, ayudan al control interno y externo aportando transparencia al sector público, disminuye costos del sector público al compartir recursos, ayudan a la descentralización acercando al gobierno a los ciudadano y facilitan la participación ciudadana en los procesos de tomas de decisiones, entre otros (p.16).

Con respecto al poder de la vigilancia, se deriva de la alineación e integración de diversos actores y sistemas, La vigilancia es tan amplia y resbaladiza, abarca una variedad de prácticas, tecnologías, usos y contextos, y se refiere a todo tipo de procesos, que no es fácilmente susceptible de generalizar afirmaciones (Haggerty y Ericson, 2006). Por lo anterior, la vigilancia tiene una vinculación con el control del delito y ha sido vista como una parte del control social, el poder disciplinario y como subjetividades modernas. La video vigilancia como panóptico, Foucault (2002) define al panóptico como “Es visto, pero él no ve (…). De ahí el mayor efecto del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder” (p.204). poder que tiene que ver con las formas de control del delito.

Otro señalamiento de la videovigilancia se tiene de Koskela (2000) “La video-vigilancia modifica la forma en la cual es ejercido el poder, modifica las experiencias emocionales en el espacio urbano y afecta la forma en la cual la realidad es conceptualizada y entendida” (s.p). Así mismo Lyon (2002) “los mismos sistemas que pueden ser temidos por su poder para realizar un seguimiento de la vida personal se han establecido para proteger y mejorar las oportunidades de vida, para promover la justicia respecto de la propiedad, o la participación en la vida política” (pp.1-7).

Conclusiones

La videovigilancia ha sido insertada desde la postura panóptica como un dispositivo disciplinario y de control de comportamientos que el gobierno electrónico ha optado como una importante herramienta con el objeto de disminuir los índices delictivos. Sin embargo como se declaró al principio, la tecnología por sí sola no otorgará que se cumplan los objetivos trazados. Por esta razón el interés de estudiar las implicaciones para la videovigilancia y tratar de aportar un conocimiento con base al trabajo de campo desde la perspectiva de la teoría preventiva situacional y reducción de oportunidades.

El caso de la localidad de Miahuatlán Oaxaca, es un lugar con características peculiares en comparación con otras localidades aledañas, puesto que, convergen tres instituciones federales que pudieran o no influir en el fenómeno delictivo y la intención es tratar de encontrar las relaciones de lo social y lo político en términos anteriormente mencionados, finalmente proponer un modelo que integre la mayoría de características en torno a la mejora de la vigilancia y a su vez pueda contribuir con la seguridad de dicha localidad.

Referencias

Anzalone, A. (2013). El Estado, sus fines y su relación con el derecho. La perspectiva de Felice Battaglia. Lex Social. Vol. 3, núm. 1/2013. pp. 59-74.

Clarke, R. (1997). Situational Crime Prevention. Successful Case Studies. N.Y: Harrow and Heston.

DOF. (1995). dof.gob. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4885840&fecha=11/12/1995

ENSU. (Julio de 2017). boletín de prensa núm. 290/17 Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_07.pdf

Felson, M. y Clarke, R. (1998) La ocasión hace al ladrón. Teoría práctica para la prevención del delito. Londres.

Ferri, E. (1887) Los nuevos Horizontes del Derecho y del Procedimiento Penal. Madrid: Centro Editorial de Góngora.

Foucault, M. (2002) Vigilar y Castigar. Buenos Aires: Siglo XXI.

Fussey, P. (2007) Observing Potentiality in the Global City: Surveillance and Counterterrorism in London. International Criminal Justice Review 17 (3), 171-192.

Gil-García, Ignacio y Téllez (2017). Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados. Ciudad de México: INFOTEC.

Haggerty, K. y Ericson, R. (2006) The New Politics of Surveillance and Visibility. Toronto: University of Toronto Press.

Hempel, L. y Topfer, E. (2004) CCTV in Europe. Centre for technology and society, 1-72.

Hempel, L. y Töpfer, E. (2009) The Surveillance Consensus: Reviewing the Politics of CCTV in Three European Countries. European Journal of Criminology 6(2), 157-177.

Hobbes, T. (1960) Leviatán o la materia forma y poder de una república eclesiástica y civil. México: Fondo de Cultura Económica.

INEGI (2015) cuentame. inegi. Recuperado de http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Oax/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=20

Koskela, H. (2000) The gaze without eyes: video-surveillance and the changing nature of urban space. Progress in Human Geography, 243-265.

Locke, J. (1690) Estado de naturaleza. Segundo tratado sobre el Gobierno Civil. Logos. Madrid. Alianza.

Lyon, D. (2002) Surveillance Studies: Understanding visibility, mobility and the phenetic fix. Surveillance & Society, 1-7.

Moreno Rodríguez, R. (1980). La Administración Pública Federal en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. México.

Municipio-Miahuatlán (2017) municipiomiahuatlan. Recuperado de http://municipiomiahuatlandeporfiriodiaz.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/V.pdf

Naser, A. (2011) “El gobierno electrónico en la gestión pública”. CEPAL. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7330/S1100145.pdf?sequence=1

Nuñez, L. (2011) La prevención del delito a través de los paradigmas criminológicos. Criminología reflexiva, discusiones acerca de la criminalidad. pp. 49-76.

OCDE (2017) How’s Life in México? Recuperado de: http://www.oecd.org/mexico/Better-Life-Initiative-country-note-Mexico.pdf

Palacios, G. S. (2014). Criminología contemporánea. CDMX: INACIPE.

Park, R. (2008) La organización de la comunidad y la delincuencia juvenil. en Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Nº 25, Santa Fe, 115-124.

Porrúa, F. (2005) Teoría del Estado. México: Porrúa.

SESNSP. (2018) Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2017. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recuperado de: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas122017.pdf

Sutherland, E. (2011). Una exposición de la teoría. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales N° 31, Santa Fe 2011a, 119-122.

Woodrow, W. (1985) Estudio de la Administración. La Función Administrativa, los Sistemas de Organización y Otros Aspectos, México, Trillas.