En el terreno de las ciencias políticas lo común es pensar en el poder como una cierta dominación (principalmente en la perspectiva de Weber), eso no es el verdadero poder para todos los autores. Mientras que para Weber el poder consiste en “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”; para Dussel (2006:13) la dominación solo es la corrupción del poder. En el entendido de que la auténtica esencia del poder es la voluntad colectiva de vivir y de preservar la vida junto con sus condiciones necesarias (1). Cuando el poder deja de usar los medios para propagar la sobrevivencia de su sociedad, se convierte en una dominación de unos sobre otros y les niega derechos vitales, se ha convertido entonces en las ruinas del poder, lo que queda cuando el poder se ha corrompido o “fetichizado” (Dussel, 2006: 13) en las manos de unos cuantos.

Esa voluntad colectiva de sobrevivir y de lograr el bien común se encuentra en la sociedad, y sólo ahí, por lo tanto el poder político lo tiene como fundamento y de manera exclusiva la comunidad política en cuestión, aunque no siempre lo logre expresar, o siquiera conocer. El poder no se genera en un lugar o en una institución, sino en el pueblo entero, en la colectividad, por lo tanto, no es posible tomar o personalizar el poder desde su origen, lo único que puede tomarse o dominarse son las instituciones políticas en las que se ha depositado un cierto grado de poder al momento de otorgar la potestad para cumplir con funciones específicas, y al tomarlas sin el fin para el que fueron diseñadas y para el que se ha depositado ese grado de poder, se comienza a volver corrupto.

El poder reside y se genera en el pueblo (sociedad), en este momento el poder se encuentra en un estado puro, algo que Dussel (2006: 13) denomina la Potentia o Potencia (2), como fuente de todo poder pero aun sin existencia tangible, real u objetiva. En la Potentia se funda el poder político que luego se actualiza mediante la acción política y se delega a instituciones políticas, como una potestad del poder, si no cumpliera todo ese proceso, se quedaría solamente como potencia y no cumpliría su objetivo.

La Potestas (Dussel, 2006: 13) o Potestad del poder es la siguiente etapa, en la que el poder se materializa mediante la acción política en una institución que lo hace tangible. Para analizar este planteamiento en una instancia de nuestra realidad social, una institución que hace tangible un aspecto del poder político es el Congreso Legislativo, y es un aspecto del poder relacionado con la necesidad colectiva de mantener un orden social, lo que se logra mediante la creación y actualización de normas jurídicas, elaboradas por los representantes que fungen como garantes de la voluntad colectiva (en teoría), y que hacen tangible el poder mediante los mecanismos de representación.

La diferencia en las modalidades del poder se observa cuando comparamos el poder de un elector (potencia) y el poder de un representante electo (potestad), aunque ambos sean partes complementarias del mismo poder (representación). La potestad es el delegar el poder del pueblo en ciertas instituciones en las que se reparte un determinado grado de poder para cumplir con funciones específicas, siempre en busca de las condiciones que propaguen y mejoren la vida de la sociedad. La potestad depositada en el Congreso surge a partir de la necesidad colectiva del control social que requiere toda sociedad, pero se actualiza de diversas maneras, ya que es una institución política de gran envergadura en las democracias modernas y cumple con diversas funciones, como son el crear y actualizar las normas jurídicas y generar políticas públicas, entre otras. La importancia de la creación de la norma jurídica es trascendental, ya que al presentarse el incumplimiento de la misma es la única ocasión en que el Estado puede desplegar el uso de la violencia legítima que sólo él posee de una manera válida, así que el margen de acción es precisamente la norma jurídica, fuera de ella, el Estado puede reprimir las conductas. Claro que no es una institución totalizadora al insertarse en un modelo democrático moderno, hay asuntos cuya competencia le pertenece al nivel local y otros al nivel federal, lo mismo ocurre con la función de generar políticas públicas, algunos asuntos son potestad del Congreso, otros se han depositado en el poder ejecutivo, y en ocasiones se delega a la sociedad civil organizada.

Toda institución es creada con fines de satisfacer ciertas necesidades sociales mediante sus funciones, y al momento de crearla se le otorga cierto poder para poder cumplirlas, así pues, aquella persona que es elegida para mandar o funcionar dentro de esa institución fue electa como delegada del pueblo entero en función de representar las exigencias y necesidades de la comunidad en esa institución, sólo es una tarea que cumple para el pueblo(3). La Potentia es el poder en sí, la Potestas es el poder fuera de sí (Dussel, 2006: 13), el verdadero poder es aquel que logra equilibrar ambas etapas con un mismo sentido.

El sujeto a quien está destinado a servir el poder es el mismo que le da origen, el pueblo, un sujeto colectivo, no debe ser en ningún momento algún sujeto particular, o el poder perderá la fuerza que le da sustento, perderá su potencia. Ese poder (que pasa de potencia a potestad) debe cumplir con la esfera material y formal del poder, la esfera material es cumplir las necesidades de la sociedad para poder continuar con vida, la esfera formal se refiere a cumplir las exigencias del sistema de legitimidad. La esfera material para el Congreso es generar un marco de orden social apropiado a las exigencias colectivas, mientras que la esfera formal tiene que ver con la legitimidad de los mecanismos y procesos de representación al tiempo de legislar y formular políticas públicas.

La potestad, o el poder que detentan los representantes se puede llevar a cabo de dos formas, una es escuchando la voluntad del pueblo que lo eligió, cumpliendo su labor originaria, es decir, obedeciendo (poder obediencial) y haciendo que perdure la vida del poder y de la sociedad; y otra es usando ese poder para un propósito que no estaba planeado por el pueblo, para los fines propios del representante, es decir mandando, y es aquí, cuando el representante deja de oír al pueblo e interpone sus propios intereses, haciendo al poder corrupto, perdiendo su esencia, degenerándose. Hay muchas formas en que la potestad depositada en los legisladores se corrompe, un claro ejemplo son las ocasiones en que la norma jurídica se hace pensando en los intereses de grupos poderosos política o económicamente, grupos que financian o respaldan políticamente al legislador en cuestión; cuando el legislador vota en el sentido que su partido le indica sin siquiera razonar el sentir de la población que se representa; cuando los presupuestos (tanto de ingresos como de egresos) se diseñan tomando en cuenta los compromisos políticos y dejando de lado las necesidades de quienes llevan una vida corriente y común (que son mayoría), etcétera. La corrupción es doble (Dussel, 2006: 7), por el lado del representante, gobernante o autoridad que aparenta ser la sede del poder soberano, y por el lado de la comunidad que se lo permite y que pierde el control de su política. Es tan grave la corrupción del poder, que las necesidades de la comunidad pasan a segundo plano en una institución en que debieran ser la prioridad.

El poder fetichizado o corrupto lo podemos distinguir cuando es un poder en busca de metas que no concuerdan con las necesidades de su pueblo, una autoridad que ostenta la fuerza, la violencia o el dominio para cumplir sus objetivos. Un poder fetichizado (4) busca que la voluntad del gobernante sea absoluta, y es entonces que deja de responder a la voluntad colectiva que representa, el resultado es un poder fragmentado, ahora la Potestas pretende fundarse a sí misma (no tiene fundamentos en el pueblo, sino en la autoridad), se afirma como la sede y el fundamento del poder; y la Potentia no cuenta con una existencia objetiva o real (la Potestas ahora no le corresponde a la Potentia) y se convierte entonces en una colectividad pasiva que solamente cumple ordenes de las clases dominantes (5). Entonces el sistema electoral también se corrompe, pues ahora lo que se elige es a los dominadores, no a los representantes, y se vota por el “menos peor” o simplemente se anula el voto (o se abstiene) ya que ningún candidato cumple con las expectativas populares.

La política bajo este enfoque se encarga de resolver el problema social (6) haciendo un uso adecuado y coherente del poder. Básicamente, una buena política es el correcto desarrollo del poder que debe permitir a todos los miembros de la comunidad que vivan bien, equitativamente y con todo lo necesario para tener dignidad, continuidad y calidad en su vida. Así pues, el papel del Congreso y de cada legislador debe ser generar legislación acorde con esa buena política, del mismo modo que políticas públicas y mecanismos e instancias de aplicación que concuerden con la misma.

Un gobernante, representante o autoridad política, al actuar como tal, debe siempre hacerlo bajo la luz pública, pues sus funciones derivan de una potestad que se le ha delegado bajo el cobijo de esa misma luz, su elección y designación han sido procesos públicos y funciona con presupuesto público, además de que sus funciones legislativas deben ser encaminadas a resguardar a la colectividad, cuando lleva las atribuciones públicas al terreno privado, la coherencia entre potencia y potestad se desvanece. El buen político, el que sabe mandar obedeciendo, debe ser responsable de la potestad delegada, cumplir con su función exclusiva y rendir cuentas, en otras palabras, un buen legislador debe cumplir con su labor (lo cual incluye su presencia y discusión a favor de sus representados) a nombre del interés público, y si sus funciones políticas las lleva a un ambiente privado es donde más fácilmente se puede corromper el poder. Por todo lo dicho hasta aquí, es posible deducir que el poder delegado al Congreso, en tanto institución, se ha corrompido, pues los legisladores suelen actuar como representantes de su partido, velando por el interés de sus dirigentes, en vez de hacerlo a favor de la comunidad que representa, la regular ausencia de muchos de ellos a las sesiones también incumple con su labor de estar ahí para hacer valer el interés colectivo y la falta de transparencia en algunas resoluciones y actos en los que participan no permiten asegurar lo contrario.

Las instituciones políticas surgen para resolver ciertas necesidades colectivas, con el tiempo empiezan a mostrarse cansadas, desgastadas, además, el esquema burocrático en el que la mayoría se desenvuelven poco a poco permite el paso de la corrupción, transformándolas en instituciones burocráticas autorreferentes (Dussel, 2006: 7) que pretenden justificar su poder por su propia existencia y se olvidan de resolver la necesidad social que les dio origen, volviéndose opresoras y poco funcionales. Por ello es necesario que las instituciones estén en constante renovación (7). Es fácil identificar del momento en que se deben realizar cambios, es cuando la insatisfacción o la ineficiencia que produce la institución no compensa ni supera la satisfacción de la necesidad que la originó (Dussel, 2006: 75). Que una institución sea necesaria en un momento de la historia de su sociedad no significa que sea una necesidad eterna, al contrario, la institución que nace por exigencias políticas en determinado tiempo debe cumplir su función y desaparecer o transformarse (8) antes de ser corrompida por el paso del tiempo o de las personas.

No hay sistema institucional imperecedero, lo importante es conocer el momento de cambiar o dar mantenimiento a sus componentes. Las instituciones deben usarse como meras herramientas de la potestad de manera pasajera y delegada, nunca deben ser la referencia de la potencia, ya que las instituciones deben cambiarse según las necesidades, y con el paso del tiempo el pueblo y sus necesidades van cambiando. Si todos los ciudadanos tuviesen la oportunidad de formar parte en alguna institución, el poder (potestad) seria repartido y distribuido entre todos, generando un sistema más participativo y menos corrupto (9).

Por su parte, al haber sido depositado el poder mediante potestades en una estructura institucional encargada de la satisfacción de las necesidades sociales, puede tener grados de consolidación, algo que Huntington (1965: 393, 394) identifica como la institucionalización. Si analizamos la institucionalización de la democracia, según Huntington (1965: 386, 407) son importantes indicadores el cambio político y el desarrollo político, en su trabajo Political Development and Political Decay, contrasta dichos indicadores con aquellos que forman parte de la perspectiva contrapuesta, el declive o decadencia política, que nos permiten entender un poco más a fondo el fenómeno político.

Lo que Huntington (1965: 415) denomina decadencia política, permite analizar el fenómeno a la inversa, cuando el sistema político atraviesa por una crisis es necesario un cambio que le permita perdurar. Entre los factores que menciona como explicativos de la decadencia política sitúa a la corrupción (10). Ésta puede llevar a la desinstitucionalización, por su parte, la sociedad necesita contar con los medios que reduzcan la corrupción, como son las políticas de transparencia y rendición de cuentas que castiguen esa conducta y fortalezcan el proceso a favor de la institucionalización.

El correcto funcionamiento de las instituciones políticas en cualquier Estado, genera un nivel positivo de Gobernabilidad, una situación que junto con otros factores, como la legitimidad y el resguardo de los derechos humanos, se identifica con el “buen gobierno”; que, a su vez, implica que hay un funcionamiento institucional ajustado al nivel de demandas de la población, que debe reflejarse en un alto índice de confianza social en las instituciones políticas, cuya percepción es que son capaces y suficientes para generar lo que el pueblo necesita en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas para garantizar a la población un nivel de vida con dignidad, así como los derechos y libertades que los fundamentan y los complementan. Lo anterior hace suponer que las instituciones deben ser soberanas, alejadas de la manipulación de las élites, garantizando así un mínimo de derechos y libertades políticas y civiles, que junto con la equidad política, transparencia y legalidad, nos pueden dar una idea de que existe gobernabilidad.

Para poder considerar que un sistema político cuenta con un “Buen Gobierno”, el cual asegura que la corrupción es nula o mínima, según la postura de la ONU (11), debe cumplir con ciertas características básicas: Participación, Legalidad, Transparencia, Responsabilidad, Consenso, Equidad, Sensibilidad, Eficacia y Eficiencia. Así pues, cuando las instituciones son fuertes, se evita que terminen funcionando para servir a los intereses personales de las autoridades, de no ser así la debilidad las hará someterse y desviar sus funciones originarias. Cuando hay organizaciones y procedimientos de alto nivel de institucionalización, entonces se puede pensar en que busquen servir al interés público (que en realidad es el interés de la misma institución pública). Con ello además obtienen legitimidad en sus acciones por el simple hecho de actuar para la función que fueron creadas. Y el sistema se acerca más a tener un buen gobierno.

Cuando las instituciones funcionan mal, es posible hacer referencia a un mal gobierno, algo que puede manifestarse en muchas variantes, una de ellas es la actitud anti-política (12) del pueblo y un contexto de desconfianza en la población respecto a sus instituciones y las autoridades que forman parte de ellas. El Estado debe estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones, y bajo el enfoque del nuevo institucionalismo sociológico (March y Olsen, 1984), puede hacerlo mediante su diseño, o bien, mediante el manejo congruente de su discurso. Cuando se presentan etapas de crisis es indispensable que se presente un cambio que le permita al sistema adaptarse a las exigencias y perdurar en el tiempo.

En resumen, para fines analíticos, el poder puede referirse a la voluntad colectiva de conservar y propiciar las condiciones de vida de la sociedad y la satisfacción de sus necesidades, que se manifiesta mediante una estructura institucional en la que se reparten las funciones necesarias para ello. Hablar de corrupción política implica hacer referencia un mal uso de las facultades institucionales (modificadas arbitrariamente para conseguir intereses particulares o distintos a los comunes) y a las prácticas que riñen con la ética y el bien común, son hábitos que percibe la sociedad civil como dados entre los responsables de la toma de decisiones, o bien en su implementación, que utilizan el ejercicio del poder en beneficio personal o particular. El mal uso del poder y los recursos institucionales es por sí mismo, una forma de detener el progreso, tal como sucede en cualquier sistema en el que sus partes no cumplen las funciones para las que fueron diseñadas.

Referencias

Dussel, E. (2006) 20 Tesis de Política. México, D.F.: Editorial Siglo XXI.

Huntington, S. (1965) "Political Development and Political Decay" En World Politics. Vol. 17. No. 3. Pp. 386-430.

March, J. y Olsen, J. (1984) “The new institutionalism: organizational factors in political life” En American Political Science Review, Vol. 78, num. 2, pp. 734-749.

Notas