La lectura que lleva como título “Génesis y desarrollo del concepto de nueva gestión pública” de los autores Edgar Ramírez y Jesús Ramírez (2010), permite percatarnos de que la administración pública no tiene una filosofía propia, por lo tanto nutre su legitimidad con valores que ha obtenido de otras ciencias, es por eso que constantemente está cambiando su objeto de estudio, ya que a pesar de los años no ha podido fincar uno que se mantenga por el resto de los años.

En la Nueva Gestión Pública (NGP) hay dos puntos de suma relevancia, los cuales son: el puntal económico y el puntal organizacional. Respecto a dichos puntos, se puede palpar que la nueva gestión pública intenta provocar una influencia en dos dimensiones específicas de la actividad de gobierno; por una parte, en la redefinición de las funciones que le corresponden al Estado y por otra, en las posturas con las que se pretende dar solución al viejo problema de hacer la tarea del Estado más eficiente y eficaz (Ramírez y Ramírez, 2010).

Los dos puntos que se nombraron anteriormente, tienen pilares centrales. En el puntual económico se refiere concretamente en el liberalismo económico y la corriente de “elección racional” a partir de los cuales se sustenta las determinaciones con base al tamaño del aparato de gobierno, así como el comportamiento de los individuos. A lo que se refiere en la organización, su mayor soporte relacionado a las propuestas como autonomía de gestión, cultura organizacional y muchas otras es la teoría de la organización.

Al incorporar tanto lo económico como lo que respecta a la organización, lo medular en este proceso sería el control, y de manera particular el control de los funcionarios y los empleados de gobierno. Desde mi punto de vista creo que la nueva gestión pública ha causado grandes sucesos en nuestras vidas provocando consecuencias tanto morales, administrativas y por supuesto éticas las cuales se pueden traducir como consecuencias de índole empírico y es por eso que al analizarlas se debe hacer con mucha precaución. Actualmente muchos gobiernos de todo el mundo redefinen y cambian sus estructuras y mecanismo para abordar los problemas sociales que se les va presentado, lo cual me parece sumamente importante ya que día con día se van presentando nuevas situaciones que modifican el entorno social.

La NGP está afectando la forma en la que se están construyendo las capacidades gubernamentales y argumentando acerca de cómo construir realmente organizaciones públicas, ya que en diversas ocasiones se aparenta que la NGP parece amparar una visión autoritaria de la sociedad y de la organización. Inclusive se puede decir que su teoría de la organización a menudo tiende a corroer el sentido del imperio de la ley, el cual es necesario en cualquier sociedad contemporánea (Arellano, 2005).

Hodd en conjunto con Jackson (1997) identifican a la nueva gestión pública como una filosofía, es decir, un conjunto de doctrinas, de relativa coherencia entre las justificaciones que se proponen para ellas, dado que la mayoría de las doctrinas actuales muestran ciertas contradicciones. Para estos autores una filosofía es una combinación de respuestas a las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, preguntas que están ligadas a una combinación de justificaciones en tanto argumentos o razones esgrimidas o utilizadas para defender a una doctrina en particular (resulta curioso ver que la mayoría de las doctrinas se enuncian en términos de eficiencia, eficacia, equidad, efectividad, honestidad, confiabilidad, adaptabilidad y solidez) (Hood y Jackson, 1997).

Por su parte, las doctrinas son “enunciados de consejos” que tratan de proponer líneas de acción sobre lo que se debería hacer en la administración; las doctrinas administrativas generalmente no guardan relación con ninguna corriente política o ideológica y pueden ser aceptadas por diversos grupos políticos (Hood y Jackson, 1997). Se puede considerar que la propuesta de Hood y Jackson es explicar el desarrollo teórico de la administración pública no como una búsqueda de grandes verdades y de comprobaciones científicas, sino entendiendo el conocimiento en la administración pública como un conjunto de doctrinas, no sujetas a verificación; en otros términos, las doctrinas administrativas no se evaluarían en función de su contenido de verdad, fundamento empírico, sino de su credibilidad o aceptación que estas van teniendo.

Muchos estiman las doctrinas administrativas como un conjunto de enunciados que probablemente son contradictorios, sin fundamentos y plenos de metáforas y argumentos no verificables. Las doctrinas muchas veces son aceptadas bajo determinadas circunstancias y rechazadas en otras. La argumentación administrativa, juega un papel fundamental en la forma en que son presentadas las doctrinas; puede constituirse en un nuevo campo para el estudio de la administración pública.

Los motivos de la reforma administrativa contemporánea serán probablemente nobles, vinculados al propósito de los gobiernos de ser fieles a su misión pública y tratar de realizarla con eficiencia y responsabilidad en el marco de las nuevas condiciones sociales. En los hechos, la reforma administrativa ha sido la respuesta obligada a los problemas crecientes de operación del gobierno, al déficit fiscal paralizante de los Estados, a la calidad incierta de los servicios públicos y a los tristes hechos de políticas económicas erróneas que postraron el desarrollo de la sociedad y lo que si provocaron fue una crisis.

La reforma es una respuesta a la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad y seriedad directiva de sus gobiernos, que en algunos países se combina con debilidades institucionales evidentes. Cuando se da ese cambio por la NGP se presenta un redimensionamiento y eficiencia en cuanto a la administración pública (Arellano, 2005; Cabrero, 2010), dicha reforma representó una sacudida a la arraigada creencia y la expectativa que ciudadanos y personal público compartían acerca de la acción gubernativa y administrativa del Estado. En pocos años se modificó significativamente el tamaño, la estructura, y la operación de los gobiernos con una exigente orientación hacia la obtención de resultados, el alto desempeño y, en conexión, se favoreció la descentralización de las decisiones hacia los niveles administrativos intermedios u operativos, se promovió la competencia interna entre los organismos públicos que actuaban en un mismo sector de actividad y procedió a llevar a cabo ciertas funciones públicas mediante terceros, empresas privadas u organizaciones sociales, por mencionar algunas (Aguilar, 2006).

Se podrían denominar como neoliberales los cambios propuestos por la NGP ya que están “reinventando” y dicho termino se refiere a crear en el seno de la administración pública una “cultura de espíritu empresarial” que facilite la introducción de mecanismos de mercado y pensamiento estratégico en el sector público. Ahora, las organizaciones públicas tendrán que operar con una orientación de planificación estratégica de largo plazo, centrándose en los resultados, remitiéndose a los incentivos del mercado y tomando en cuenta las actitudes y los comportamientos del «cliente-ciudadano», para satisfacer plenamente sus demandas y expectativas (Lawrence y Thompson, 1999).

Dado que la administración significa básicamente el conjunto de actividades directivas y operativas que múltiples agentes llevan a cabo para realizar de manera eficiente las decisiones que la alta dirección ha tomado, fue lógico que los errores y las ineficiencias de los gobiernos se atribuyeran a defectos organizativos u operativos de la administración pública y que señalaran como críticos varios campos de la gestión administrativa, tales como el manejo financiero, la elaboración de la políticas y programas, la asignación y uso de los recursos públicos, el control interno del gasto, la forma de organización del trabajo, la gestión de los recursos humanos, los procesos de prestación de los servicios, el trato con los ciudadanos, entre otros (Aguilar, 2006).

Debido a todas las irregularidades nombradas anteriormente, era natural que se modificara la normatividad de las estructuras administrativas, ya que presentaban un desorden y una ineficiencia sumamente palpable en la administración pública y por lo tanto no cumplían con sus funciones. Los cambios presentados desde la NGP cubren varios rubros los cuales son fundamentales para producir una serie de transformaciones que son necesarias en la estructura de la administración y también gracias a estas modificaciones se presentaron formas de gestión financiera, estratégica y de calidad.

La definición que nos proporciona Aguilar Villanueva sobre reforma administrativa es sumamente rica[1], pero no se puede tirar por la borda los siete componentes esenciales que presento Hood, los cuales son: la búsqueda de una administración profesional y proactiva de las organizaciones, la creación y empleo de estándares e indicadores claros de desempeño, el mayor énfasis en el control de productos y menor en el de insumos y procesos, el impulso a la desagregación y descentralización de las entidades administrativas, la mayor competencia en el sector público, el impulso a los estilos gerenciales provenientes del sector privado y una mayor disciplina y austeridad en el uso de los recursos (Hood y Jackson, 1997).

Aguilar en su definición cubre muchos elementos los cuales desde mi punto de vista son necesarios para reformar la gestión pública, aunque Hood agrupa más herramientas que son obligatorias para dicha reforma, Hood abarca desde un profesionalismo hasta que es necesario el tener cierta austeridad para tener un control de los recursos y plantearse en qué medida deben ser usados los recursos. Lo único que sumaría y que hoy en día es crucial es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes. Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o agentes para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna (Sirvent, 2009).

Conclusión

La modernización de la administración pública ha surgido como una respuesta a la crisis de legitimidad. Se ha presentado un uso indiscriminado respecto a este concepto lo cual ha provocado un abuso, entonces lo que se necesita como primera instancia seria, diferenciar los niveles de análisis presentes en la llamada modernización de la administración pública.

Esencialmente aparece como un proceso transformador de una administración pública ineficiente, anquilosada, que desperdicia recursos y energía organizacional debido a la conformación de un sistema administrativo con exceso de personal y técnicas administrativas obsoletas. Mediante la modernización se considera indispensable la racionalización de los recursos y el cambio a procedimientos y técnicas administrativas modernas.

Es de suma importancia este proceso ya que arroja una serie de soluciones, la más común es el redimensionamiento del aparato, es decir: achicamiento; racionalización de los recursos humanos, materiales técnicos y financieros, y nuevas estructuras administrativas (Cabrero, 2010). La modernización de la administración pública es necesaria ya que vivimos en un mundo cambiante, por lo tanto los gobiernos deben elaborar políticas buscando ordenar y solucionar problemas de interés público, afectando a la sociedad con costos y beneficios sociales, donde la mejor forma de actuación implicaría múltiples aspectos y con efectos multiplicadores. Para los ciudadanos reviste gran importancia que la actividad gubernamental no se convierta en una carga perniciosa para la vida pública. Su efectividad no depende del volumen burocrático de su administración, sino de su capacidad de articular demandas y esfuerzos sociales (Cabrero, 2010).

La modernización va más allá del simple establecimiento de nuevas estructuras, procedimientos o formas. Responder, y hacerlo bien, implica ubicarse en el contexto actual de desarrollo, en el cual se requiere consolidar la democracia, el establecimiento de una gobernabilidad permanente, el logro de metas de desarrollo económico vinculadas con metas sociales, que no deben ser dejadas de lado o limitarlas por otro tipo de prioridades.

Referencias

Aguilar, L. (2006) Gobernanza y gestión pública. México: Fondo de Cultura Económica.

Arellano, D. (2005) La Nueva Gestión Pública y su teoría de la organización: ¿son argumentos antiliberales? Justicia y equidad en el debate organizacional público. Gestión y Política Pública, XIV (3), 599-618. Obtenida de http://observatoriodepolitica.com/avances/wp-content/uploads/2011/06/16.pdf.

Cabrero, E. (2010) Administración pública. México: Biblioteca básica de administración pública.

Hood, C. y Jackson, M. (1997) La argumentación administrativa. México: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública.

Lawrence, R. y Thompson, F. (1999) Un modelo para la nueva gerencia pública: lecciones de la reforma de los secretarios públicos y privados. CLAD Reforma, (15).

Ramírez, E. y Ramírez, J. (2010) Administración pública. México: Biblioteca básica de administración pública.

Sirvent, C. (2009) Sistemas Jurídicos contemporáneos. Editorial Porrúa. México.

Notas