Toda la mentira del sistema representativo se asienta en la ficción de que el poder y la cámara legislativa, surgidos de la elección popular, deben absolutamente, o incluso pueden representar la voluntad real del pueblo. (Mijaíl Bakunin, El oso de Berna y el oso de San Petersburgo, reclamación de un suizo humillado y desesperado)

Dieciocho años atrás escribí:

Hace algún tiempo escuché en una canción de Serrat una oración que decía: "sin utopía, la vida sería un ensayo para la muerte" (Da Jandra, 1994)[1]. Hoy, a más de un año de distancia del último proceso electoral, cuando me convenzo más de la densidad del aire que se respira en nuestro país, siento un halo tanático que se cuela por las fosas y hace estallar los pulmones: es un aire desangelado, sin utopía, con aromas de apatía y algunos tufillos de resentimiento. Las elecciones y los conflictos poselectorales se desvanecen en un patético reflujo; pareciera que ahora vienen los tiempos de pensar serenamente y de asumir las consecuencias de una acción basada más en una locura teleológica que en la madurez ciudadana (Topete, 1995, 4).

Y parece que fue ayer.

En el pasado fueron frecuentes las acusaciones de “padrones rasurados", insuficiencia de boletas en las casillas especiales en las cuales sufragaban inicial y principalmente granaderos, soldados, policías y otros tipos de funcionarios públicos, tráfico de votos, coerciones institucionales, "mapachismo", funcionarios de casilla --y electorales en general-- seriamente comprometidos con el partido en el poder (Partido Revolucionario Institucional, principalmente), terrorismo publicitario, casillas ubicadas deliberadamente en lugares poco localizables, inducción del voto, ofrecimiento de imágenes como si fuesen mercancía, "carruseles" de votantes, "tacos de votos", "urnas embarazadas" desde antes de iniciar las votaciones, "acarreos hormiga", robos de urnas, sustitución de funcionarios de casilla de último momento, etcétera, etcétera. Luego se adicionaron el partidarismo de los medios masivos de comunicación y del Instituto Federal Electoral, el fraude cibernético y, recientemente, los plásticos con dinero electrónico canjeable en centros comerciales. Y esto es increíble: el que hoy la ciudadanía proclame su inocencia –o ignorancia- en torno de los procesos y resultados electorales -y sus consecuencias- es i-nu-si-ta-do. No basta, ante facta consumatum est, colocarnos la leyenda "A mí no me culpen, yo no voté por...", porque el meollo es precisamente el voto: la idea que se tiene del voto, del sistema de partidos, del régimen de poderes, de los políticos y de la política.

En efecto, azora que, aún a sabiendas de las tácticas y las estrategias diseñadas antaño y hogaño por una maquinaria estatal-partidaria, creada para garantizar el statu quo y que conscientes de que el sistema político-electoral mexicano no proporciona las condiciones de una "sana competitividad", la oposición –terrible y ciegamente fragmentada-[2] y la ciudadanía en México hayan cifrado sus esperanzas en el voto, y en la institucionalidad vigente donde el juego partidario evidencia más a los partidos como empresas y agencias de colocaciones. Sorprende esta falta de memoria histórica y de culturas tanto política como historiográfica; pasma tanto como escuchar las quejas por las reformas políticas y económicas del 2013 que, justamente, están dirigidas contra la mayoría de los votantes y los que no sufragaron por conciencia, desidia, rechazo o incapacidad legal. Y todo por los votos.

Pero, ¿qué es un voto? ¿No es acaso el contrato mediante el cual se cede la voluntad[3], se entrega poder legalmente –quizá legítimamente en la gran mayoría de los casos- con el cual constituir un diputado, un senador, un jefe del ejecutivo? La respuesta es positiva: con el voto se pretende la constitución de un poder; pero también se pretende –o al menos se cree- que, a través de ese poder, se puede liberar -o aminorar, al menos- las cargas y trabas que pesan sobre el electorado, a más de hacerles justicia. Consecuentemente, el ciudadano, al ceder la parte de poder que posee antes de sufragar, cae en la ficción de que desde los gobiernos constituidos mediante su voto habrán de llegar, como en cascada, los "dones" del bienestar, la seguridad y la felicidad sociales. El votante, así, parece reconocer que su destino sociopolítico no le pertenece y que no es capaz de forjarlo: por alguna razón de orden histórico-cultural, las antañas certezas de que las decisiones se tomaban dentro del grupo (aunque acotado a los mayores, conforme con la idea de mayoría propia) conservando para sí la soberanía, no han sido estudiadas ni ensayadas lo suficiente; quizá nunca existió algo así.

En efecto, sufragación no es –ni puede ser- cesión ni pérdida de soberanía, sino sólo la acción mediante la cual se instaura una autoridad soberana cuyo poder mana de los votantes mismos, en el sentido Roussoniano; tampoco puede ser para la instauración de un estado que absorbe la soberanía de los votantes, el pueblo, en el sentido hobbessiano, porque implicaría una pérdida de capacidad de decidir sobre sus propios destinos como personas y su derrotero como entes colectivos constituyentes del Estado. El problema es que se tiene la idea de un Estado y de un gobierno que realmente consensa voluntades y orienta sus acciones en el sentido de la justicia y el bienestar, y que los encargados son las autoridades investidas con el voto. Nada más alejado de la realidad: los políticos en calidad de gobernantes o legisladores, si realmente estuvieran detrás de proyectos comunes estarían más en contacto con los votantes, retroalimentando su acción con las voluntades y proyectos de los electores; pero no es así: están mucho más próximos a las decisiones y voluntad del partido, con lo que se produce una gran paradoja: el pueblo –bueno, realmente un sector muy reducido de él- elige a quienes obedecen consignas partidarias más que las generadas por los sufragantes; en el menos deseable de los casos, atienden a los intereses de las minorías que son la cúpula del partido y todavía menos deseable, pero real, a los intereses de los grandes empresarios.

Ahora, parecería que la mejor salida la han tenido los no votantes, aunque el abstencionismo también es un absurdo. La anulación de la voluntad para sufragar y ahogarla en sí mismo, es tan perniciosa como la cesión de la soberanía mediante el voto: al eximirse de votar, el ciudadano cede a los votantes -que si bien en términos absolutos pudieran ser mayoría entre los que acudieron a las urnas, nunca serán mayoría en términos de la totalidad de posibles electores, a menos que se logre cierto consenso en torno de un candidato y un partido- la posibilidad de elegir a quien coseche votos, simpatías, confianza, lealtades, clientelismos, o la parte del capital social que, transformada en capital político acrece los sufragios en su favor hasta el triunfo. Veamos.

El abstencionismo en los procesos electorales en México posee una envergadura considerable: en 1982, hubo un porcentaje del 33.1% y en 1994 fue de 24.15%; ambas elecciones han sido las más bajas en abstenciones. En cambio, las más altas fueron las de 1985 (49.32%) y 1988 (52.58%) (IFE, 2014). Ahora tomemos como referencia los dos extremos: Las elecciones federales para el Jefe del Ejecutivo las ganó Carlos Salinas de Gortari (CSG) con un 50.36% de los votos totales; las de diputados, el PRI con el 49.29% y las de senadores también con un 48.97% (De la Madrid, 2013). Ahora relativicemos: de cada cien votantes, para el ejecutivo, 47 no acudieron y 53 sí lo hicieron; si todos éstos hubiesen votado unánimemente por Salinas, las decisiones de éste, en calidad de presidente, estarían avaladas por la mayoría; sin embargo, de los 53 que sí lo hicieron sólo un poco menos de la mitad (26) decidió su voto por el candidato del PRI. Resultado: la voluntad de una cuarta parte de los ciudadanos llevó a la Presidencia de la República a CSG a decidir el destino de las tres cuartas partes restantes inscritas en el padrón electoral; los abstencionistas colaboraron en muy buena medida a consolidar la situación. Ahora tomemos el otro extremo (1994): de cada cien, 24 se abstuvieron, y 76 fueron a las urnas; de ellos, el 48.69% votaron por el PRI (IFE, 1994), es decir, 37 ciudadanos decidieron el destino de cien y, en este caso, aunque los abstencionistas jugaron un papel menos relevante, también coadyuvaron a la consolidación del resultado. En cualquier caso es evidente que la mayoritaria voluntad popular ha estado y está ausente y que las decisiones de las minorías se han sobrepuesto a las mayorías (que son más minorías cuando los electos obedecen a sus partidos y a los intereses empresariales). El número de votos, por lo tanto, significa poca cosa o ninguna y menos valor tiene aun cuando los representantes del pueblo no lo son tácticamente.

La solución tampoco está en el abstencionismo, ni en la sufragación y, si no está allí, ¿dónde está? Hasta el momento sólo se ha hablado del voto y del no-voto, como si la democracia se redijese a una escrutiniomanía, aunque en buena medida, en México, esa idea campea en la educación cívica que el IFE[4] diseña para los destinatarios de su ejercicio mediante promocionales, trípticos, cuadernillos, cursos, etc. Precisamente, esa escrutiniomanía ha arrastrado a quienes han ofrecido hasta su integridad física en la defensa del “voto por voto”: el encanto, la magia del sufragio y la pasión por el candidato y/o el partido obnubila el sentido de la democracia; y de esa ceguera es que se alimentan en cierta forma los partidos y sus dirigencias, tanto como del “marchismo” y del “asambleísmo popular” en defensa de los recursos energéticos, “a toro pasado”, cuando sus propios partidos has propiciado las reformas que ponen en peligro. La democracia, en definitiva, no rasguña puntos porcentuales para ubicar mejor a tal o cual partido o a tal o cual candidato, de la misma manera que tampoco es votar para desentenderse de los asuntos que les son propios.

La certeza de que poder (política) y economía se encuentran indisolublemente unidos en el devenir histórico obliga a pensar la democracia como una forma de vida en la que la plena conciencia de que si el poder emana de la persona, el destino de la acción de su poder asignado se haga en el sentido que su voluntad y su conciencia indicaron –u orientaron- mediante el sufragio; pero esto implica una severa responsabilidad porque cada persona estaría obligada a refrendar su soberanía mediante la exigencia del comportamiento político y económico de su elegido. Incluso, tal exigencia debería expresarla quien no sufragó por él y, en el extremo, quien no fue a las urnas. Implicaría reconocer que el sufragante es soberano sobre sus gobernantes quienes estarían obligados a “mandar obedeciendo” (imposible y subversivo, ¿verdad?) y eso no estaría dispuesto a aceptarlo político profesional alguno, ni lo legislaría.

La práctica democrática, en este sentido, significa un compromiso autónomo, un constante dar y recuperar poder (no de enfrentarse al poder, a la autoridad, sino sólo a la institucionalizada) y libertad como manera de que la utopía social no devenga en formas autoritarias. Se vincula con un compromiso unilateral, por cuanto el derecho propio no genera la obligación del otro (los asuntos propios no pueden abandonarse a los demás, aun así, sean "los mejores") y ubica la práctica política en el terreno de una ética con escasos simpatizantes, incomprensible (cuyas metas son el máximo de felicidad y libertad posibles) y, en tanto ética, incoercible por instancia moral o jurídica externa (la parte más delgada del hilo). Y esto es justamente lo que más ha fallado en nuestro sistema político mexicano (y en muchos otros con rostro occidental): en un país cuyo grado de escolaridad apenas rebasa el nivel primario, disquisiciones de tal fineza no se han elaborado aún; donde los pregoneros de la democracia olvidan frecuentemente al obrero y al campesino (de donde proviene en buena medida el poder y la autoridad que le fueron conferidos) y deleitan veleidosamente a los intelectuales, además de que se regodean en el ensimismamiento y la sumisión a los dictados de las cúpulas de sus partidos, proyectos como esos no son viables. En una sociedad que exalta la racionalidad teleológico-utilitarista y menosprecia la axiológica, el vórtice del poder incrementa su fuerza centrípeta y engulle al ciudadano desde que es un proyecto: pensar y construir utopías sociales pareciera que debieran ser ajenidades cotidianas tanto para niños como para adultos; es decir, que sólo las utopías individuales debieran escapar al poder devastador del ente anti utópico por excelencia que llamamos Estado. En un país así, la política vigente es un ensayo para el funeral de las utopías (y de la democracia misma, en tanto utopía) y el voto, en las circunstancias actuales, una forma de firmar su acta de defunción.

Referencias

Da Jandra, Leonardo (1994) "La utopía", en La jornada semanal, No. 253, México.

De la Madrid Hurtado, Miguel (2013) Las elecciones del 1988, en http://www.mmh.org.mx/h_elecciones.php (acceso., 5 de enero de 2014).

IFE (1994) Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/nuevo_1994/pres_94/nac_edo/nac_pre_94.html (acceso., 5 de enero de 2014).

IFE (2014) Estudio sobre abstencionismo electoral en México, en http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/vgn_ivestigacion/estudio_sobre_abstencionismo.htm (acceso., 5 de enero de 2014).

Topete Lara, Hilario (1995) “Yo no creo en los votos”. En Episteme, Vol. I, No. 2, México.

Notas