1. Introducción

En diciembre de 1949 el ministro del interior, Alberto Fermín Zubiría,[1] miembro del gobernante Partido Colorado en Uruguay, trasladó al directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) una iniciativa para homenajear a José Artigas con motivo de las celebraciones por el centenario de su muerte que ocurrirían al año siguiente. La propuesta consistió en «traer, en el año 1950, aniversario de la muerte de Artigas, a los descendientes de su familia, agricultores especializados, dándoles tierras para su afincamiento definitivo en el país». Antonio Rubio, el presidente del INC, un ente autónomo dedicado a conducir la política pública de tierras en Uruguay, expresó que «ante tan simpática iniciativa» su directorio no debería negarse y podría «ir adelantando camino, procurando determinar en la zona de Canelones, donde vivió habitualmente el prócer, un campo no trabajado por sus dueños, susceptible de ser expropiado por el Instituto con ese fin».[2] De ese modo, la flamante institución se plegó a los preparativos oficiales para conmemorar el centenario de la muerte del prócer. A pesar de un origen auspicioso, la iniciativa de homenajear a Artigas a través del asentamiento de sus descendientes en tierras uruguayas no prosperó en 1950. Luego, la iniciativa presentó altibajos: poco tiempo después de la celebración del centenario resultó archivada; resurgió al impulso de conmemoraciones locales; y, por último, se desvaneció lentamente entre las resoluciones y los expedientes de la burocracia uruguaya. En la década de 1960 ya no había rastro alguno de la iniciativa en las fuentes documentales del INC.

Como varios historiadores señalan hace varias décadas existe una clara diferenciación entre la historia y la memoria (Allier Montaño, 2010). De ese modo, cada vez de forma más autónoma se ha construido un campo fértil sobre la «historia de la memoria» que es donde se inscribe este artículo. Su propósito es contribuir a las memorias sobre José Artigas en Uruguay, haciendo foco en un caso peculiar como resulta ser un homenaje desde el organismo rector de las políticas públicas de tierras. A partir de la particularidad del caso, varias interrogantes resultan plausibles, entre ellas: ¿Qué aspectos se priorizaron desde el INC en el recuerdo de Artigas en 1950? ¿Por qué se quiso conmemorar la memoria de Artigas a través de beneficiar a sus «descendientes» con tierras? ¿Qué relación presentaban estos «descendientes» con la realidad agraria de aquel Uruguay de 1950? Y ¿qué relación simbólica, si es que había alguna, presentaba la conmemoración con el reglamento agrario diseñado por Artigas en 1815?

Para hilvanar algunas respuestas es necesario recurrir muy sucintamente a una serie de conceptualizaciones respecto a las batallas simbólicas que se libran entre el recuerdo y el olvido, a partir de los usos políticos del pasado (Rilla, 2008; Allier Montaño, 2010). La hipótesis principal que se intenta mostrar es que dentro del INC la memoria basada en los usos políticos, entre 1948 y 1958, fue auspiciada tanto por el Partido Colorado y el Partido Nacional, donde primó la idea de nación a partir de la imagen mítica de Artigas. Por el contrario, la política de tierras del reglamento agrario de 1815 fue abandonada a un «lugar de amnesia» (Allier Montaño, 2008).

Las anteriores afirmaciones merecen una breve contextualización. Las conmemoraciones de Artigas en 1950 se realizaron dentro de lo que Rilla (2008) denomina como una «zona de concordia» en torno a su figura y a la construcción de su papel como «padre» de la nación asociada a la «consagración mítica» que describe de los Santos (2012).[3] Se enmarca en una propagación del nacionalismo que guarda relación con las identidades colectivas o «comunidades imaginadas» (Anderson, 2000). De hecho, como sugiere Benedict Anderson, se puede conceptualizar a la nación como una «comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana».[4] Más tarde, los estudios de Eric Hobsbawm reconocieron como propia la definición de Anderson sobre nación y, desde esa óptica analiza la evolución de las naciones y el nacionalismo bajo el concepto de «tradiciones inventadas».[5] Una «tradición inventada» es definida como «un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica de manera automática continuidad con el pasado».[6] De ese modo, las «tradiciones inventadas» pretenden establecer o simbolizar la cohesión social o pertenencia a un grupo, ya sean como comunidades reales o artificiales (Hobsbawm, 2021: 149).

La invención de una tradición como la «nación» fue el resultado de un largo proceso en los siglos XIX y XX a partir de la selección de hechos, recuerdos y memorias específicas. En ese sentido, es necesario poner en tensión otros dos conceptos: los «lugares de memoria» (Nora, 2008) y los «lugares de amnesia» (Allier Montaño, 2008). La perspectiva teórica de «lugares de memoria» ha sido propuesta y desarrollada desde hace varias décadas por el francés Pierre Nora (2008). En una suerte de definición, Nora sostiene que «los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque esas operaciones no son naturales».[7] En ese sentido, debe existir una voluntad expresa de memoria que pretenda ligar el recuerdo mediante una conmemoración desde tres sentidos: material, simbólico y funcional. Por otra parte, Allier Montaño (2008) seguidora de la obra de Nora, señala que uno de sus puntos más discutibles fue el no haber referido a los «no lugares», es decir, a lo que no ingresa dentro de esos «lugares». Para ello, retomando a Hartog, Allier Montaño elaboró una categoría muy interesante que define a esas ausencias, huecos o grietas en la memoria como «lugares de amnesia», que permiten reconstruir también lo que deliberadamente se escoge olvidar. Sugiere que es «de ahí la dificultad de hablar de los no lugares o de los malos lugares de la historia o de la memoria nacional. Es pues necesario incluir en la noción el olvido, la amnesia. Y no solo para los pasados recientes, sino también para aquellos que ya parecen hegemónicos en una sociedad o acordados por esta, pues justamente en estos últimos es en donde más olvidos pueden existir».[8]

Para dar cuenta de los resultados del artículo se utilizan fuentes oficiales del INC que proceden de sus actas de directorio. El artículo se divide en cinco apartados. En el primero se realiza un breve repaso por las etapas de la colonización agraria y la inmigración en el Uruguay, dos asuntos bastante ligados entre sí desde el siglo XIX. El segundo ingresa en los «lugares de memoria» presentados a través de las tres leyendas (negra, celeste y roja) que diferentes grupos atribuyeron al recuerdo de la figura de Artigas. Los apartados tres y cuatro analizan las principales actuaciones del directorio del INC relativas al homenaje de los «descendientes» de Artigas en dos momentos: uno entre 1949 y 1951 y otro entre 1955 y 1958. Por último, se exponen unas breves reflexiones como suerte de conclusiones al artículo.

2. Colonización e inmigración en el Uruguay: un breve repaso

Con la creación del Estado Oriental del Uruguay en 1830 se puede reconocer una legislación inaugural en materia agraria, cuyo propósito central fue remediar las consecuencias económicas y sociales de las luchas por la independencia (1811-1830).[9] En ese marco, se intentó solucionar el asentamiento de la «población errante» y, al mismo tiempo, regular la situación de los ocupantes que carecían de títulos de propiedad de la tierra.[10] Una de las iniciativas más significativas de estos primeros años de la República fue reconocer la posesión de las tierras a un conjunto importante de ocupantes bajo la figura jurídica de enfiteusis (Márquez, 1904). Además, mientras se avanzaba en el proceso de construcción estatal, se aceleró la pérdida de derechos comunales sobre la tierra y hubo un desplazamiento paulatino de poblaciones originarias.

A partir del mencionado contexto, la colonización agraria operó como una estrategia viable para poblar el territorio y promocionar la inmigración en la segunda mitad del siglo XIX.[11] Siguiendo al historiador argentino Julio Djenderedjian (2019) se puede definir como «colono» a un sujeto social agrario que es «un productor agrario a escala fundamentalmente familiar, a menudo también es poblador inicial, en tierras que no le pertenecen al momento de instalarse en ellas; pero sobre las cuales cuenta o contará con derechos, ya sea por el tipo de contrato por el que se ligó a las mismas desde un principio, o por los derivados de su uso continuo y pacífico durante determinado tiempo». De ese modo, se pueden diferenciar acciones en el siglo XIX y el XX. En el siglo XIX se pueden distinguir tres tipos de dispositivos para asentar población en colonias agrarias en el territorio. En primer término, se encuentra la «colonización estratégica», tal como la designa Djenderedjian (2007), y que, en el caso uruguayo, encontró varios ejemplos a través del reparto de tierras en diferentes puntos fronterizos con el objetivo de afianzar la soberanía nacional y estimular defensas ante posibles amenazas externas. A modo de ejemplo, hubo repartos en las tierras situadas sobre los márgenes de los ríos Uruguay, Arapey Chico y Yacuy que incentivó la población en Belén, al igual que donaciones de solares y chacras que permitió la creación de diferentes pueblos: Constitución, Cuareim, Santa Rosa, Villa de Artigas o Treinta y Tres (Márquez, 1904; Muras, 1983).

En segundo término, hubo un período caracterizado por las «empresas colonizadoras» donde, a su vez, pueden distinguirse dos modalidades a partir de la segmentación que significó la «Guerra Grande» (1839-1852). Las más primigenias surgieron antes del inicio del conflicto, destacándose la «compañía de colonos» conformada por los empresarios Juan María Pérez y Juan Bautista Arata que promovió la inmigración procedente desde las Islas Canarias (Thul, 2014). Otras con mayor grado de sofisticación comenzaron una vez culminada la contienda, en especial con la sanción de la ley 320 (1853) que ofreció facilidades para la inmigración de personas dedicadas a la agricultura.[12] Se inició así una etapa de importantes flujos migratorios desde Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Solo para citar algunos ejemplos puede remitirse a lo ocurrido en Colonia y Paysandú. En el departamento de Colonia, el trabajo de la Sociedad del Rosario Oriental a partir de 1857 intentó promover la migración de colonos noruegos. Luego del fracaso de esa empresa, la colonización se focalizó en pobladores valdenses y suizos (Geymonat, 2008; Muras, 1983; Wirth, 1980). En el departamento de Paysandú fue mediante la Sociedad Anónima Agrícola Industrial que en la década de 1870 se impulsó la colonia agrícola Porvenir con fuertes lazos con la comunidad italiana (Cattani y Pizzichilo, 2015; Muras, 1983).

En tercer término, se ubica un período tensionado por las consecuencias sociales de la modernización agraria y las políticas de colonización estatal. Los historiadores Barrán y Nahum (1967), al igual que Jacob (1969), advirtieron en sus estudios pioneros sobre las consecuencias sociales del proceso de alambramiento de los campos que significó la expulsión de miles de familias rurales. En números redondos, representó cerca del 10 % del total de la población rural del último tercio del siglo XIX. En ese contexto deben situarse nuevas medidas colonizadoras. Entre ellas, la ley del 23 de noviembre de 1880 por la cual el Poder Ejecutivo autorizó a formar colonias o ayudar empresas colonizadoras de agentes privados, así como también a consagrar el derecho de expropiación por causas de utilidad pública (Maubrigades, 2000: 5; República Oriental del Uruguay. Cámara de Senadores, 1948: 63). Otro conjunto de normas fue sancionado entre 1882 y 1890, entre las que habilitó concesiones de tierras al emprendedor Lorenzo Cabello para conformar tres colonias: General Rivera, Elisa y Pintado (Maubrigades, 2000; Muras, 1983; Morón, 1945; República Oriental del Uruguay, 1948). Según Muras (1983:89), se puede concluir que la mayoría de los procesos colonizadores de este período no alcanzaron los efectos deseados y en su gran proporción significaron fracasos rotundos.

El siglo XX se inicia con una participación más activa del Estado en la implementación de las políticas de colonización agraria. Hasta 1930, predominó la concepción batllista dentro del Partido Colorado que vinculó la colonización y a la inmigración como una forma viable para modificar el paisaje agrario, basado en el latifundio ganadero (Moraes, 2008). No obstante, el batllismo no fue fructífero en sus esfuerzos por transformar la estructura agraria, en parte como consecuencia del duro enfrentamiento iniciado en 1913 contra los terratenientes agremiados en la Federación Rural. En cambio, sí consiguió implementar algunos instrumentos como fueron los créditos hipotecarios para estimular una política de colonización agraria que puede dividirse en dos etapas. Una primera de 1905 a 1923 con la Comisión Asesora de Colonización (hasta 1913 denominada Comisión Honoraria de Colonización) que avanzó en algunas experiencias colonizadoras interesantes, entre ellas la colonia rusa de San Javier (Martínez, 2013). La segunda desde 1923 hasta 1947 cuenta con la ley 7.615 como su principal hito, que posibilita la creación de la Sección Fomento Rural y Colonización del BHU que, hasta la creación del INC, centralizó las actividades de la colonización agraria del país (Morón, 1945).

Culminado el ciclo batllista de comienzos de siglo XX, con los gobiernos de Gabriel Terra (1931-1938) y Alfredo Baldomir (1938-1942) hubo un congelamiento respecto a las políticas de colonización agraria. En 1945 se inicia una nueva etapa en relación al papel del Estado bajo un nuevo contexto político, que reconoce de hecho el desgaste de la política colonizadora del BHU. Las críticas se incrementaron por la visualización de un conjunto de problemas socioeconómicos del campo, entre ellos: el estancamiento productivo del sector agropecuario, la concentración de la propiedad de la tierra, la creciente desocupación rural que se manifestaba en el «éxodo rural» y la situación de los «rancheríos» donde se reproducía la mano de obra de las estancias ganaderas (Chiarino y Saralegui, 1994; Jacob, 1981b). En mayo de 1945 la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) organizó un congreso para buscar alternativas al marco normativo de colonización agraria. Desde un tiempo atrás, ya existían propuestas legislativas elaboradas por casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En ese marco, en 1947 se avanzó en un proyecto de ley que impulsó la Comisión Especial de Reforma Agraria, creada tres años antes y que permitió los consensos para avanzar en el origen del Instituto Nacional de Colonización a través de la ley 11.029 de enero de 1948 (Juncal, 2022).

3. Memorias, lugares y colores: ¿Artigas negro, Artigas celeste o Artigas rojo?

Los usos políticos sobre José Artigas son elaboraciones que se modifican según el tiempo y el espacio. Así, existen «lugares de memoria» de determinados grupos sociales como también hay otras desarrolladas desde los aparatos estatales. En este apartado se repasan algunas de ellas que identifican a Artigas en relatos y colores.

El negro puede significar ausencia de luz y suele ser asociado a lo negativo, a lo malo, a lo no deseable. La «leyenda negra» de Artigas se cultivó en textos y ensayos como también en los debates políticos y en las nacientes organizaciones de la sociedad civil luego de su derrota política en 1820.[13] Una representación clara fue el discurso pronunciado por Domingo Ordoñana, un referente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). En 1887, en un homenaje sobre «desembarco del 19 de abril», expuso su visión anti-artiguista señalando:

por mucho que se enlace la memoria del general Artigas, como fundador de la autonomía nacional, yo no lo encuentro en tal concepto, y por el contrario, socialmente hablando, su reputación en la vida de los campos es negra y atrabiliaria, porque arrastró las familias rurales hacia la vida de los campamentos; fundó el caudillaje inferior con los Blasito, los Gamarra y los Fragata, haciendo inhabitable la campaña hasta 1876; complicó la propiedad territorial dispensando títulos sobre particulares privados, que ocasionaros grandes perturbaciones y más grandes y sangrientos episodios, haciendo de la independencia nacional una verdadera mentira.[14]

Los gobiernos militares (1876-1886) comenzaron a delinear lo que más tarde se designaría como «leyenda celeste», al utilizar su figura como culto de un Artigas «uruguayo», «fundador de la nacionalidad» o «héroe fundador» (de los Santos, 2012: 23-25). En tal sentido, Rilla (2008) sostiene que estas nuevas memorias se posicionaron fuertemente desde la escuela pública y los partidos políticos. Esta memoria oficial se fue impregnando en la sociedad uruguaya de mitad de siglo XX, impulsada por la ausencia de un vínculo partidario con Artigas lo que permitió posicionarlo por encima de los partidos políticos y convertirlo más tarde en el «padre nuestro Artigas» (Yaffé, 2001; Rilla, 2008). Por si fuera poco, la asociación con el color celeste tendría una veta deportiva en relación a la camiseta de la selección nacional de fútbol. Los triunfos mundiales y continentales, sin lugar a dudas, contribuyeron para afianzar la idea de nación entre las décadas de 1920 y 1950.

Esa efervescencia de un Artigas «celeste» fue creciendo a medida que se aproximaba la conmemoración del centenario de su muerte. Por ejemplo, se creó el «Archivo Artigas» mediante la ley 10.491 (1944) y con la ley 11.473 (1950) se conformó la comisión nacional de homenaje para las conmemoraciones.[15] En ese contexto, siguiendo el trabajo de Rilla (2008) se pueden encontrar los dos discursos pronunciados por el presidente de la República en el marco de las conmemoraciones oficiales: uno en el Instituto Histórico y Geográfico y otro en la meseta de Artigas en Paysandú, organizado por la Administración Nacional de Puertos. En este último evento, Batlle Berres enfatizó que era «necesario que afirmemos nuestra independencia económica (…) la ANP, expresión del monopolio del Estado para los servicios del país es una forma de liberación económica. La ANP, la ANCAP, el Banco de Seguros del Estado, la UTE, el Instituto Nacional de Colonización, en sus comienzos, son una expresión de nuestra libertad económica».[16] De ese modo, el naciente INC, creado por ley 11.029 de enero de 1948, ingresó como un espacio asociado a la libertad económica del país.

Por otra parte, también hubo homenajes desde «abajo». Uno de los más llamativos fue el organizado por el nuevo ruralismo liderado por Benito Nardone. A través de su personaje Chico-Tazo en Radio Rural, utilizó un radioteatro para homenajear a Artigas con una libre interpretación de su vida bajo la adaptación a los ideales y necesidades políticas de la Liga Federal de Acción Ruralista (Jacob, 1981).[17]

El rojo como color asociado a las banderas de los trabajadores se había instalado definitivamente en el siglo XIX. En el Uruguay de los años sesenta cesó la tregua y comenzó a emerger una nueva batalla sobre los usos políticos del artiguismo. La crisis económica y social, a nivel nacional, como las segmentaciones culturales de la guerra fría en el contexto latinoamericano, polarizaron los posicionamientos políticos. En tal sentido, las luchas memoriales no estuvieron ausentes en tres conmemoraciones artiguistas: el sesquicentenario de las Instrucciones del año XIII (1963), el bicentenario del natalicio (1964) y otro sesquicentenario, el del reglamento de tierras (1965). A modo de ejemplo, en 1963 el Parlamento encontró diferentes valoraciones sobre los contenidos ideológicos de la figura de Artigas, más allá de los acuerdos para impulsar la ley 13.124 que declaró que abril de ese año fuera el «Mes de Artigas» para conmemorar el aniversario de las Instrucciones del Año XIII (Delgado, 2015). En cambio, dos años después, hubo tímidos festejos oficiales en Paysandú para celebrar el sesquicentenario del reglamento agrario.[18] En este contexto, para muchos intelectuales vinculados a la izquierda, el «Reglamento provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados» de 1815 constituyó una suerte de programa inconcluso para derrocar al latifundio con una lectura desde el presente que hizo énfasis en la necesidad de la reforma agraria. Por si fuera poco, bajo el lema de «los más infelices serán los más privilegiados» se acompañó la protesta que se generó en torno movilizaciones de los «cañeros» de Bella Unión.[19] Justamente, a raíz de ello, resulta necesario mencionar brevemente la construcción de una «leyenda roja» que también se fue gestando a través del revisionismo historiográfico y del crecimiento de las izquierdas poniendo énfasis en las propuestas económicas y sociales que los partidos políticos tradicionales dejaron a un lado entre las décadas de 1920 y 1950 (Yaffé, 2001; González Demuro, 2003).

4. Primer impulso: los .descendientes. de Artigas (1949-1951)

En 1949, como se hizo referencia en la introducción, se presentó la iniciativa de identificar y traer a los «descendientes» Artigas por parte del Ministro del Interior, Zubiría, al INC. Antes de ingresar específicamente en el devenir de la propuesta, conviene situar brevemente qué antecedentes existían en el punto referido a los «descendientes» de Artigas. Desde las décadas de 1930 y 1940 el tema era conocido en la política uruguaya, aunque había ciertas controversias sobre los vínculos sanguíneos con Artigas. Sin embargo, eso no fue impedimento para promover una serie de pensiones graciables a familiares del prócer, de apellido Gadea. El primero de ellos fue José Liborio Gadea cuya pensión fue otorgada por la ley 9.631 (1936) por «su calidad de descendiente legítimo del General José Gervasio Artigas». Seis años más tarde, durante el mandato presidencial de Baldomir, el mismo beneficio fue extendido a Manuel Gadea mediante un decreto-ley del 3 de setiembre de 1942. Poco tiempo después, en junio de 1943, el Poder Ejecutivo encabezado por Juan José Amezaga envió un proyecto al parlamento para congraciar a la ciudadana Julia Gadea de Gadea con una pensión por su condición de «descendiente» de Artigas. Según el artículo primero de la ley 10.435 (1943) se le otorgó una pensión graciable «en su calidad de miembro de la familia del Jefe de los Orientales, José Gervasio Artigas». El caso no estuvo exento de controversia, tal como se puede seguir en el debate parlamentario. Allí los diputados Marcelino Urioste y Hector Payseé Reyes, ambos del Partido Nacional, plantearon reparos antes de la votación y cuestionaron la calidad de «descendiente» de Julia Gadea de Gadea. Según los representantes nacionalistas el modo más adecuado era utilizar la expresión «perteneciente a la familia» como consecuencia de que su parentesco era con un hermano del prócer.[20] Dos décadas más tarde, en 1961, el periodista Osvaldo Grieco de la revista Reporter le realizó una entrevista a la señora Gadea a la que denominaron como «bisnieta de Artigas». Con sus 99 años pretendía que se le ajustara el monto de su pensión graciable a la inflación del país. En el reportaje la señora Julia Gadea repasó una parte de su trayectoria: desde los vínculos de su difunto esposo con el presidente José Batlle Ordoñez; sus trabajos como planchadora y limpiadora; los lazos que estableció con los sucesivos presidentes de la República; incluso, las peripecias para cobrar la pensión en la Caja Militar o para atenderse en el Hospital Militar. Por último, el reportaje de Reporter no dejó pasar desapercibido una foto suya de perfil que intentaba demostrar sus rasgos semejantes a los del retrato de Artigas en sus últimos años en el Paraguay.[21]

De modo que, en diciembre de 1949, cuando la propuesta del ministro Zubiría fue tratada por primera vez, ya se conocían varias personas con supuestos vínculos sanguíneos con Artigas. Por lo tanto, la iniciativa de Zubiría doblaba la apuesta: pretendía buscar personas con vínculos sanguíneos con Artigas en el preciso momento que el INC comenzaba a dar sus primeros pasos. De hecho, su primer directorio se había constituido poco tiempo antes, en junio de 1948, y se mantuvo con la misma conformación de cinco miembros hasta setiembre de 1950. La composición de aquel primer directorio del INC, de acuerdo a la ley 11.029, se hizo a partir del nombramiento del Poder Ejecutivo con personas de reconocida trayectoria en la materia. Tres designaciones fueron de forma directa por parte del Poder Ejecutivo: presidente, vicepresidente y uno de los vocales. Al asumir Antonio Rubio la presidencia del INC, superaba los 65 años y era un hombre con dilatada experiencia en filas batllistas.[22] Permaneció en la presidencia hasta el 15 de setiembre de 1950, cuando renunció para presentarse como candidato a senador a las elecciones de ese año.[23] Para ocupar la vicepresidencia fue elegido Humberto Franco Maglio, un fiel militante del blancoacevedismo del Partido Colorado, oriundo del departamento de San José.[24] El cargo de vocal designado por el Poder Ejecutivo fue ocupado por el ingeniero agrónomo Juan B. Echenique en representación del Partido Nacional.[25] El directorio se completó con dos miembros para representar a las organizaciones gremiales del agro. La palabra definitiva la tuvo el Poder Ejecutivo luego de evaluar los candidatos postulados, a excepción de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de la Federación Rural y de la Confederación Granjera que no propusieron nombres. De ese modo, las cuatro candidaturas que compitieron por dos lugares fueron Eduardo Llovet por la Asociación Rural del Uruguay; Alberto Morelli y Alberto Márquez Ponce de León por la Confederación de Sindicatos Cristianos Agrícolas: y, por último, Amadeo Rodríguez por la Federación Agraria Nacional (FAN).[26] El Poder Ejecutivo escogió para integrar el directorio del INC al ingeniero agrónomo Eduardo Llovet[27] y al doctor en medicina Alberto Morelli.[28]

En definitiva, cuando la propuesta de Zubiría llegó al cuerpo directriz, el INC apenas contaba con poco más de un año y medio en funciones y estaba en plena organización de su actividad interna. Solo como ejemplo, recién había conseguido un edificio para su sede central en la intersección de las calles Cerrito y Treinta y Tres, en la Ciudad Vieja montevideana. Asimismo, estaba elaborando el organigrama de su estructura-funcional en base al presupuesto asignado y había definido prioridades de su política colonizadora, disponiendo centrar su atención en tres sujetos agrarios, en el siguiente orden: los agricultores arrendatarios desalojados, la población de los rancheríos y los agricultores extranjeros. De hecho, a iniciativa del presidente Rubio, en la sesión del 20 de abril de 1949 se acordó que durante el primer ejercicio el 90 % de las tierras adquiridas debía destinarse para los colonos nacionales, atendiendo específicamente la situación de los agricultores arrendatarios que eran desalojados. Solamente el restante 10 % debería tener destino para la colonización con inmigrantes.[29] En parte era una señal de la situación que vivía el campo uruguayo y que modificaba los rasgos de la política batllista de las primeras tres décadas del siglo, que priorizó la inmigración asociada a la colonización.

En ese escenario, cuando la propuesta fue recibida, el director Llovet avisó que había identificado un inmueble rural adecuado para la iniciativa. Informó al pleno del directorio que existían unos campos en las proximidades de Sauce y que estaban mal explotados por sus dueños. Además, notificó que esos campos habían estado antes destinado a la lechería y en aquel momento una de sus fracciones era arrendada por el Instituto de Biología Animal, dependiente del Ministerio de Ganadería y Agricultura (MGA). Tal como consta en las actas, el directorio se dio por enterado y pasó el tema a la gerencia general de su organismo para que continuara con los estudios de la situación de los campos.[30]

Al año siguiente no hubo demasiadas novedades sobre la situación de los campos y el primer semestre de 1950 transcurrió sin avances. Recién durante el segundo semestre de aquel año los expedientes comenzaron a agilizarse un poco: el 22 de agosto de 1950, el ingeniero agrónomo Llovet informó que el número de padrón del campo y su localización en la 6ª sección judicial de Canelones.[31] Con esas informaciones, el directorio volvió a resolver que el trámite continuase en la gerencia general para su estudio.

El 14 de setiembre, a menos de dos semanas de los festejos oficiales por el centenario de la muerte de Artigas y un día antes de la renuncia del presidente Rubio, el directorio del INC sesionó de forma extraordinaria para tomar varias resoluciones respecto a los festejos. La primera de ellas fue adherir «a los homenajes que la República rinde a la memoria del Fundador de la Nacionalidad, General Don José Artigas. Luego de las manifestaciones formuladas a ese respecto por los señores Directores, se adoptaron las resoluciones que, en los órdenes respectivos, debidamente autenticados, se agregan en esta acta de la que forman parte integrante».[32] Entre otras resoluciones adoptadas, se homenajeó al prócer denominando «una de las colonias del Instituto con el nombre del General José Artigas».[33] Sin ninguna argumentación, ni discurso, ni designándose un inmueble en particular para el homenaje, José Artigas pasó a integrar la nomenclatura de colonias del INC.

Como se habrá notado, las conmemoraciones oficiales culminaron sin concretar el proyecto de traer al país a los «descendientes» de la familia Artigas. Antes de finalizar 1950, el directorio del INC que ya se constituía con cuatro miembros ante la renuncia de Rubio, volvió a tratar el asunto el 14 de diciembre. Con base en dos expedientes, se notificaba al directorio de las informaciones relativas a la inspección agronómica y la tasación correspondiente al inmueble rural ubicado en las proximidades de Sauce. El directorio resolvió que la expropiación del campo era de interés, pero solicitó que se completaran los estudios sobre el campo y que, por intermedio del Ministerio del Interior, se ampliara la información sobre los «descendientes» de la familia de Artigas.[34]

Luego, no se registraron más avances. De ese modo, la iniciativa se fue desdibujando hasta que fue archivada por el directorio del INC en agosto de 1951.[35]

5. Segundo impulso: los «descendientes. de Artigas (1955-1958)

En 1955 el directorio del INC retomó el asunto sobre el homenaje a Artigas a través del asentamiento de sus «descendientes» aragoneses en el país. La situación que atravesaba el Uruguay era bastante diferente a seis años atrás. Por un lado, hubo dos cambios presidenciales y regía una nueva Constitución (1952) que determinó la conformación de un Poder Ejecutivo colegiado. Por otra parte, se evidenciaban los primeros síntomas de agotamiento del modelo industrial propuesto por el neo-batllismo y, de alguna manera, las diferencias internas dentro del Partido Colorado aventuraban la derrota electoral que efectivamente ocurrió en noviembre de 1958 (Caetano y Rilla, 1995). Casi de forma paralela, algunas fracturas en el batllismo emergieron a partir de las primeras críticas y un cierto desencanto sobre las posibilidades de una reforma agraria. En ese marco, algunos legisladores batllistas detectaron las deficiencias de la ley de colonización de 1948 y promovieron la sanción, en 1954, de la ley 12.100 sobre arrendamientos rurales. Con ella se pretendía reforzar las soluciones destinadas a los agricultores arrendatarios que estaban siendo desalojados de los campos y que la ley 11.029 no había podido contemplar de manera suficiente.

Tras la renuncia del batllista Florentino Guimaraens[36] como presidente, en 1955 el directorio del INC volvió a quedar conformado con dos representantes colorados y dos blancos. En filas coloradas, Manuel B. Pereira[37] se desempeñó como vicepresidente desde 1952, mientras que el vocal continuaba siendo Humberto Franco Maglio. En filas nacionalistas, los vocales eran Celio Riet[38] que había ingresado en 1954 y Alberto C. Morelli, que todavía ocupada su cargo desde 1948.

Ese era el contexto para reflotar el asunto de los «descendientes» de Artigas. Aunque por razones obvias, ya no podría vincularse a las conmemoraciones de 1950, la iniciativa recobró interés luego de una exposición de Manuel B. Pereira.[39] De ese modo, repasó los principales antecedentes y pretendió retomar el proyecto, según expone la versión taquigráfica del directorio del 26 de abril de 1955:

El entonces Presidente de este Directorio Don Antonio Rubio, informó al mismo, de una iniciativa del, a la sazón Ministro del Interior Doctor Alberto Zubiría, tendiente a traer al país y a proporcionarles tierras para su afincamiento definitivo, a los descendientes del Jefe de los Orientales General José Artigas, en ocasión del primer centenario de su muerte. Esta iniciativa mereció el calificativo de «simpática» del señor Presidente del anterior Directorio, Don Antonio Rubio, juicio que compartieron los demás señores Directores. Como consecuencia de lo informado por el señor Rubio, el Directorio resolvió «determinar en la zona de Canelones donde vivió habitualmente el prócer, un campo no trabajado por sus dueños, susceptible de ser expropiado por el Instituto, con ese fin». Realizados los estudios de varios padrones de Canelones, por los técnicos del Instituto, no se encontró tierras para tal finalidad, y por resolución N°10 del 22 de agosto de 1951, se mancó archivar el respectivo expediente. Entiende el señor Vicepresidente, que el hecho de haber transcurrido el año de Artigas, no quita méritos ni oportunidad a la iniciativa del doctor Zubiría, que se proponía rendir, en tal forma, merecido homenaje a nuestro Libertador y a su estirpe al cumplirse los cien años de su muerte. Y entiende también, que aún, en el más apartado rincón de nuestra tierra –libre por el esfuerzo supremo de nuestro máximo héroe- merece el honor del asiento en su seno, de una obra de progreso recordatoria de la gratitud del pueblo oriental, al campeón de las libertades. Consecuente con este pensamiento –y tomando como base la iniciativa del Doctor Zubiría- propone que el Directorio resuelva tomar las medidas pertinentes, que hagan posible la adquisición de un campo destinado a la implantación de una colonia agrícola integrada por miembros de la estirpe Artigas, actualmente radicados en Puebla de Albortón, Provincia de Zaragoza (España), 14 de los cuales declaran por cartas que obran en su poder, y que entrega al Directorio, ser de profesión agricultores, once de ellos; dos mecánicos y uno electricista y estar dispuestos a trasladarse al Uruguay, con sus respectivas familias, a la vez que se comprometen a cumplir las normas que fije el Instituto Nacional de Colonización. Que a los fines expresados, se tenga en cuenta, por los técnicos de este Organismo, no el departamento o jurisdicción de ubicación del campo, sino la clase de tierra, su área, medios de transporte y otras circunstancias que señalaran las Oficinas intervinientes. Los señores Vocales expresan su opinión favorable a la proposición formulada por el señor Vicepresidente, y, luego de un cambio de ideas, el Directorio resuelve: aprobar la moción formulada por el señor Vicepresidente. Oportunamente, una vez realizados los estudios correspondientes y estudiada la financiación del proyecto de referencia, se solicitará al Poder Ejecutivo la colaboración necesaria para la realización del mismo.[40]

Entre junio de 1955 y mayo de 1956 se realizaron modificaciones en la composición del directorio del INC en función de la nueva integración del Consejo Nacional de Gobierno (CNG) con Luis Batlle Berres a la cabeza. En el INC, la representación colorada sufrió las salidas de Manuel B. Pereira y Humberto Franco Maglio quienes fueron suplantados por Antonio Gianola[41] y Gabriel D’Amado como vicepresidente y vocal, respectivamente.[42] Además, el batllista Florentino Guimaraens retornó a la presidencia del ente autónomo. En filas nacionalistas, se mantuvieron tanto Celio Riet como Alberto Morelli como vocales.

Con la nueva composición del directorio, el proyecto de los «descendientes» perdió fuerza bajo los términos planteados por Pereira. Sin embargo, rápidamente recobró interés a través de una nota que el Comité Ejecutivo Bicentenario de Paysandú envió al directorio del INC en julio de 1956. La misiva apuntaba a que «dicho Comité empeñado en propiciar como homenaje a Paysandú una serie de importantes iniciativas, plantea ante este Organismo la reactualización del proyecto tendiente a que en forma oficial sean traídos al país los descendientes del General José Gervasio Artigas, que residen en «Puebla de Albortón», España».[43] De ese modo, el proyecto volvió a tomar impulso, esta vez asociado al departamento de Paysandú.

La situación financiera del ente autónomo sumado a los recambios en el directorio y algunas confrontaciones políticas dentro del gobierno podrían ser líneas explicativas para la falta de concreción de la iniciativa. En agosto de 1956, apenas un mes después de que el Comité sanducero presentó su nota, se produjeron variantes en la composición del directorio. El presidente Guimaraens renunció nuevamente, esta vez para asumir funciones como Ministro de Defensa Nacional. Su lugar pasó a desempeñarlo el batllista Antonio Gianola y se integró como vicepresidente otro batllista, Teófilo Collazo,[44] quien desempeñó un papel relevante en la lucha presupuestal.

En el tramo final del gobierno neo-batllista, el CNG y el MGA seguían apostando al proyecto de reforma agraria impulsado por Amílcar Vasconcellos. Por lo tanto, en 1957 el Poder Ejecutivo solicitó a los integrantes del directorio del INC que deslizarán sus opiniones y consideraciones al respecto.[45] Una de las voces disidentes fue la del vicepresidente Collazo. Desde marzo de 1957 reclamaba mayor compromiso parlamentario para habilitar fondos para la colonización como forma de hacer frente a las obligaciones que, por entonces, ya superaban los diez millones de pesos.[46]

En ese contexto de diferencias internas en el batllismo la propuesta decayó completamente, tal como lo demuestra la versión taquigráfica del 16 de mayo de 1957:

Luego de un amplio cambio de ideas; teniendo en cuenta que la iniciativa de que dan cuenta estos antecedentes resulte de verdadero interés porque la misma, de ser realizada, constituiría un homenaje a nuestro máximo Héroe; considerando que el Instituto carece de los recursos necesarios con los cuales encarar la realización de la misma, el Directorio resuelve remitir estos antecedentes al Poder Ejecutivo expresando que, si se arbitran los recursos con los cuales el Instituto puede llevar a la práctica la iniciativa aludida, el Ente podría llevar a cabo su realización; y ofrecer, al mismo tiempo, la colaboración de este Organismo, para el estudio de las soluciones a adoptar en el caso de que el Poder Ejecutivo considere del caso proponer la sanción de disposiciones legales que faciliten al Instituto los recursos aludidos.[47]

Meses después se acordó enviar un mensaje al titular del MGA, junto con la redacción de un anteproyecto de ley y una fundamentación elaborada por la oficina jurídica del INC:

Aprobar y hacer conocer al Ministerio de Ganadería y Agricultura el anteproyecto de ley y su fundamentación, formulados por la oficina Jurídica, expresando a dicho Ministerio que, a los efectos de completar dicho anteproyecto y determinar el monto de las sumas a invertir en la realización del mismo, sería menester recabar una información actualizada de las personas que se traerían al país, en la forma indicada en el informe del Departamento Técnico. [48]

De allí en más no hay rastros de que el directorio del INC tratase el tema en sus sucesivas sesiones. Un indicio bastante claro de que 1958 significó el último estertor de la propuesta sobre los descendientes de Artigas se aprecia en su notorio olvido en 1964. De ese modo, no hubo ninguna mención a dicho homenaje en el marco de las conmemoraciones por el bicentenario del natalicio de José Artigas. Para ese entonces el directorio del INC continuaba con una mayoría nacionalista como consecuencia de los resultados electorales de noviembre de 1962.[49] El bicentenario del natalicio de Artigas fue conmemorado mediante la adquisición de un busto y la idea surgió de un funcionario, ni siquiera de uno de los miembros del directorio. La propuesta fue trasladada al presidente en el mismo mes de junio y rápidamente el presidente del INC mocionó para «colocar un busto del Prócer en el hall del Instituto, con motivo de los actos de conmemoración que todo el país se apresta a celebrar».[50] Todos los demás directores apoyaron la iniciativa y, en pocos días, se le encomendó a un taller la compra del busto como forma de participar en los festejos oficiales del 19 de junio.[51]

6. Reflexiones finales

Este artículo se centró en el período 1948-1958 cuando el Instituto Nacional Colonización (INC) transitaba por su primera década de vida institucional y era dirigido por una mayoría política del Partido Colorado. Los resultados más salientes de este período se observan en la adquisición de casi 150 mil hectáreas (menos del uno por ciento de la superficie productiva del país) para fines de la colonización agraria y con el foco en atender la situación de los arrendatarios que eran desalojados de los campos del mercado privado. En ese contexto, se inserta el objetivo de este artículo respecto a las batallas memoriales sobre la figura de José Artigas dentro del INC en el período considerado y que merecen tres breves comentarios.

El primer comentario es la necesidad de subrayar que las conmemoraciones del centenario de la muerte del «fundador de la nacionalidad» se vinculan también con el origen de la política del INC. En ese marco, es factible que esos acontecimientos estimularan la iniciativa de 1949 que se basaba en traer desde España a los «descendientes» de Artigas como una suerte de homenaje. Precisamente por ello, no debería resultar llamativa la apelación a un «lugar de memoria» que se asocia al origen, es decir, al período infantil del prócer en la zona de Sauce. Tiempo después, en 1955, esa vinculación con Sauce desapareció siendo sustituido por un espacio indefinido, pero que pretendió anteponer las condiciones materiales o agrologicas en la definición del campo objeto del homenaje. Ello no necesariamente se conjuga como un «no lugar», sino que de modo inverso podría suponerse que dicha ausencia de un lugar específico representaría, eventualmente, la voluntad de asociar a Artigas con el territorio uruguayo en sentido más amplio. Por otra parte, también puede leerse como una decisión pragmática por resolver cuanto antes la disponibilidad de un campo para el homenaje. Lo cierto es que no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Más tarde, un nuevo «lugar de memoria» emergió en el marco de las conmemoraciones que el Comité Ejecutivo Bicentenario de Paysandú pretendía impulsar para 1957. En definitiva, las tres opciones fracasaron y la iniciativa ideada por el ministro Zubiría en 1949 no pudo llevarse a cabo y en la década de 1960 no había ningún rastro de dicha iniciativa. Lo curioso es que entre 1949 y 1958 el INC no dispuso de ningún inmueble rural para desarrollar el homenaje en términos materiales. Las actas no permiten identificar las razones, pero si aventurar algunas posibilidades: la primera, la dificultad en tiempos y recursos para expropiar un campo; la segunda, la urgencia por atender a los arrendatarios desalojados que fue definido como prioritario; la tercera, la falta de continuidad del proyecto ante los sucesivos cambios de directores que hubo y que explica, en parte, los vaivenes en la iniciativa.

Un segundo comentario refiere a la cuestión de la elección simbólica de los «descendientes» de Artigas y su ubicación en España. A diferencia de lo sucedido tiempo antes con los supuestos «descendientes» de Artigas en Uruguay que fueron homenajeados a través de pensiones graciables, en este caso se optó por buscarlos fuera del país y el lugar, en cierto sentido, también remitió al origen. En este caso, al origen de la familia Artigas en Puebla de Albortón, en Zaragoza. La consulta de las actas del INC no permite responder varias interrogantes sobre esas decisiones memoriales, entre ellas ¿Sí con ello se pretendía alimentar cierto imaginario nacional de «pueblo transplantado»? ¿Se perseguía una asociación directa entre la inmigración y la colonización agraria? Las fuentes tan solo permiten colocar ciertas tensiones o contradicciones entre las formas de colonización agrícola diseñadas por el batllismo antes y después de 1948 con la creación del INC. Desde la creación del ente autónomo, las autoridades que representaron al batllismo redirigieron las prioridades y la inmigración asociada a la colonización agraria ocupó un espacio marginal. De hecho, su directorio a sugerencia del presidente Rubio planificó que apenas el 10 % de sus tierras podrían estar contempladas para casos de población inmigrante. Por lo tanto, es este nuevo escenario, los agricultores extranjeros no fueron una prioridad para las políticas de tierras como si lo había sido durante las primeras tres décadas del siglo XX.

Como ya fue mencionado, el homenaje no consiguió realizarse. En cambio, se puede hacer breves menciones a las batallas memoriales respecto a la figura de José Artigas entre 1948 y 1973 dentro del INC. Allí se aprecian tres «lugares de memoria». El primero sobre su figura porque en 1950 el directorio resolvió que su nombre fuera designado para una colonia. Tiempo después, en 1953, fue inaugurada colonia José Artigas que actualmente tiene más de 20 mil hectáreas y se ubica en la zona de Cuaró, en la 5ª sección del departamento homónimo. El segundo consta en el homenaje realizado en el marco del bicentenario del natalicio de Artigas, en junio de 1964, donde el directorio del INC ordenó adquirir un busto de su figura. El tercero, refiere a la conmemoración del sesquicentenario de las «Instrucciones del año 1813». Aunque oficialmente se había definido que abril fuese «Mes de Artigas», la designación de la colonia fue realizada en junio de 1963, a partir de una escueta moción del director nacionalista Juan Antonio Ribeiro[52] que propuso designar con el nombre de «Instrucciones del año 1813» a la ex estancia Las Mercedes en el departamento de Soriano.[53]

Por último, vale mencionar que en el homenaje a través de los «descendientes» de Artigas existió un claro olvido: el reglamento agrario de 1815. En sentido más amplio, representa la tónica de la etapa 1948-1973 donde ni siquiera hubo una mención a su legado en el directorio del INC en ocasión del sesquicentenario del Reglamento de Tierras celebrado en 1965. Por lo tanto, por varias décadas el reglamento agrario de 1815 fue olvidado y ocupó un «lugar de amnesia» dentro del INC. Recién fue rescatado de ese olvido con los gobiernos frenteamplistas del siglo XXI (2005-2020) cuando emergió una nueva etapa de luchas memoriales. En ese contexto, el «Reglamento de Tierras» de 1815 tuvo un espacio como «lugar de memoria», por ejemplo, integrando la nomenclatura del INC con una colonia en el departamento de Florida. ◊

7. Obras Citadas

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Notas