Nuevos funcionarios para un nuevo orden político: los jefes de policía y la configuración provincial. Mendoza, 1828-1860[1]
Claves. Revista de Historia, vol. 9, núm. 16, pp. 1-30, 2023
Universidad de la República
Temática Libre
Recepción: 23 Noviembre 2022
Aprobación: 21 Abril 2023
Resumen: El artículo aborda el elenco de jefes de policía del período recortado para reflexionar en torno de la recomposición de las élites en las configuraciones provinciales post revolucionarias. Un abordaje prosopográfico permite pensar los límites y posibilidades en los trayectos de burocratización de las reparticiones gubernamentales, la relativa profesionalización de sus miembros en los momentos iniciales de estatalidad, y las formas de integración de los grupos dirigentes en los nuevos órdenes políticos. La hipótesis sostiene que la jefatura policial requería saberes y capacidades en la gestión del espacio público que explican la designación de hombres no necesariamente pertenecientes al sector más destacado de la élite local. Asimismo, se afirma que la lealtad política resultó clave por ser un puesto estratégico debido al manejo de recursos materiales y control de movimientos y opiniones de la población.
Palabras clave: estatalidad, policía, burocracia, élites.
Abstract: This article addresses the staff of Chief Constables throughout this period in order to reflect upon the reassembling of the elites within the framework of the post-revolutionary provincial configuration. A prosopography approach provides the elements to consider the limits and possibilities in the bureaucratization trajectories of the governmental offices, the relative professionalization of its members in the initial moments of Statality, and the ways of integration of the leading groups in the new political orders. The hypothesis claims that police headquarters required knowledge and abilities in public space management which explain the designation of men not necessarily belonging to the stalest sector of the local elite. Similarly, it is also claimed that political loyalty was also key since this was a strategic spot due to the management of material resources and the control of movement and opinion of the population.
Keywords: statality, police, bureaucracy, elites.
1 Introducción
Se ha insistido en los últimos años en la historicidad de las prácticas gubernamentales y sus fundamentos jurídicos, y remarcado la importancia de la alteridad de las formas antiguo-regimentales y republicano tempranas en el espacio rioplatense/argentino (Agüero, 2019). También se ha prestado atención a las formas en que se desligaron las funciones de juzgar y gobernar (Barriera, 2018), creando esta última intersticios por los cuales la potestad doméstica del rey (y sus herederos post revolucionarios) pudieron evitar la vía judicial (Agüero, 2007). La función de policía parece, em este sentido, un mirador sugerente para aportar a esta discusión en cuanto pareciera que se habría integrado de forma temprana a la esfera de poder de los gobernadores y convertido en un recurso para actuar política y administrativamente, sobre todo, luego de haber absorbido las atribuciones de los cabildos, desparecidos en el Río de la Plata a partir de la tercera década del siglo XIX (Gastellu 2023). Asimismo, la expansión del campo historiográfico sobre la conformación de las soberanías provinciales luego de 1820 ha permitido conocer a partir de estudios microanalíticos los procesos institucionales particulares y sus interrelaciones (Ayrolo; Verdo 2016Lanteri; Nanni 2016). Las dificultades para edificar órdenes representativos, la discusión acerca de los límites en materia electoral y territorial, el faccionalismo intraélite que nutrió los debates políticos y las intervenciones militares, los dilemas generados por la habilitación de una esfera pública en la que prensa y sociabilidades asociativas, rumores y libelos, desafiaron la gobernabilidad, son aspectos indagados en los ámbitos provinciales posteriores a 1820. Estos trabajos vienen aportando una mirada compleja que permite superar el esquema interpretativo tradicional basado en las díadas unitario-federal o porteños-interior, para dar cuenta de vínculos regionales e interprovinciales (Verdo 2019). En esa línea, han adquirido otra entidad explicativa los vínculos cuyanos en su interior y con otros vecinos (La Rioja, Córdoba, Chile) (Bragoni, 2005. Molina, 2021).
Por su parte, si ya Juan Carlos Garavaglia (2010) marcó una línea de investigación sugerente al estudiar qué había ocurrido con la estructura administrativa colonial en Buenos Aires luego de la Revolución y en las décadas posteriores, mostrando el peso de las redes relacionales familiares en la construcción de trayectorias burocráticas y de la experiencia cotidiana en la adquisición de saberes, los aportes del campo de estudios sobre los procesos de burocratización y profesionalización han ofrecido nuevos interrogantes para pensar cómo se configuraron los conocimientos especializados en una estrecha relación entre técnica y política, y en qué medida ofrecieron herramientas a los Estados para consolidar sus intervenciones sociales de forma diferenciada. La focalización de la mirada en las entidades gubernamentales ha brindado elementos para densificar las interpretaciones sobre la estatalidad, evidenciando el riesgo de las perspectivas monolíticas que le otorgan una tendencia homogénea y centralizadora unívoca (Soprano 2007).
Tomando en cuenta esta trama de cuestiones en este artículo se abordan los actores de una oficina dependiente del gobernador, como funcionarios inéditos en las instituciones locales que parecieron resultar claves para el nuevo orden político provincial. Se definirá al elenco de jefes designados desde 1828, año en que el Reglamento de Policía organizó las jerarquías y la red territorial, y hasta 1860, cuando la creación de un cuerpo urbano de serenos daba cuenta, a través de la creación de una fuerza de seguridad nocturna estable, de una repartición diferenciada dentro del organigrama gubernamental,[2] esto reflejado también en el presupuesto provincial y en su propio proceso de burocratización (Molina 2023). Se considera que este ejercicio prosopográfico puede brindar elementos para reflexionar sobre la recomposición de las élites en el marco de la configuración provincial,[3] la potencial especialización de ciertos agentes en las labores que la oficina asumía y el modo en que el faccionalismo afectó sus carreras. El análisis toma como referencia otros estudios sobre las élites locales, tanto con los que analizaron cómo el proceso revolucionario y las guerras civiles abrieron oportunidades para una movilidad ascendente a ciertas parentelas que se incorporaron al núcleo gobernante (Bragoni 1999), como con los que han dado cuenta de la integración de la clase dirigente en diversos espacios y niveles de gestión de lo público (Fucili 2019 Fucili; Terranova 2020 García Garino 2017), los cuales han ampliado la perspectiva sobre la estatalización provincial ofrecida por enfoques previos centrados en los aspectos institucionales y normativos de la organización de los poderes (Acevedo 1979; Pérez Guilhou 1997; Seghesso 1997) y los que reconstruyeron el equipamiento político territorial de la provincia (Sanjurjo 2004).
Un abordaje analítico de quiénes trabajaron a la cabeza del Departamento en el período, cuáles eran sus procedencias de nacimiento y ocupaciones, cuántas veces ocuparon los cargos y por cuánto tiempo, qué otros puestos públicos desempeñaron, ayuda a pensar los trayectos de burocratización de una repartición gubernamental y la relativa profesionalización de sus miembros, tanto como las formas de integración de los grupos gobernantes durante la organización provincial.[4] Se enfoca la atención en los jefes policiales y no en los comisarios, objeto de otros estudios sobre instituciones policiales para los territorios argentinos (Vaccaroni 2020a; Galeano 2017) y mirador para otras cuestiones (Milliot, Saisir).
La hipótesis sostiene que la jefatura requería ciertos saberes y capacidades en la gestión del espacio público y comunitaria que explican la designación de hombres que no necesariamente pertenecían al sector más prestigioso de la élite local. La lealtad al grupo político de turno resultó clave para los nombramientos en el marco de los vaivenes facciosos al ser un puesto estratégico por el manejo de los recursos materiales y el control de los movimientos y las opiniones de la población. La exposición estará organizada en tres apartados: en el primero se delineará el grupo de jefes policiales, la periodicidad en el cargo y la recurrencia, vinculando ambas con el proceso institucional y la conflictividad política; luego, se indagará en otros cargos públicos desempeñados para evaluar el capital político requerido para acceder a la jefatura y el que esta aportó a quienes lo desempeñaron; por último, se atenderá a las redes de relaciones en las que los sujetos estuvieron insertos, para reflexionar sobre la vinculación entre capital social y cargo público. Se usan fuentes originales e impresas del Archivo General de la Provincia de Mendoza (en adelante AGPM) de la sección independiente. Los datos de bautismo, matrimonio y defunción fueron consultados en el repositorio Family Search (https://www.familysearch.org/es/).
2 Los jefes de policía: un elenco nuevo a las órdenes del gobernador
El Reglamento de Policía de 1828 delineó con claridad agentes, atribuciones y procedimientos luego de marchas y contramarchas en la definición de la función policial (Molina 2023).[5] Dispuso la división de la provincia en departamentos con comisarios a la cabeza; estos, a su vez, fueron segmentados en cuarteles que siguieron a cargo de los anteriores decuriones. En la cúspide del diseño institucional provincial se ubicó al jefe de policía como «ejecutor ó agente inmediato del Gobierno para espedirse en este ramo», a quien se debía proponer los candidatos para cubrir los escalones medios e inferiores del organigrama. Las responsabilidades y capacidades atribuidas a la máxima autoridad recogían no solo las previstas para el ramo por la vieja Real Ordenanza de Intendentes, sino que sumaban otras que se habían agregado durante las experiencias revolucionaria y posterior a 1820 que reflejaban un contexto sociopolítico diverso al de fines del XVIII (Molina 2023).
Su primer objeto de interés sería el «aseo, ornato y buen orden de la Ciudad y sus arrabales», reafirmando la incidencia inmediata del jefe en ese espacio y su aplicación a la materialidad urbana. Se recuperaban las disposiciones borbónicas sobre puentes, caminos, calles, iglesias, plazas, detallándose para su cuidado una serie de edificios públicos que antes habían sido consignados genéricamente: cárceles y prisiones, hospitales, cementerios, escuelas y colegios, conventos, capillas, monasterios. Para la conservación y mejoramiento de estas construcciones contaría con la mano de obra de los presos, de cuya distribución de tareas diarias quedaba encargado. El segundo aspecto clave del cargo tenía que ver con la «seguridad y tranquilidad civil», a fin de precaver situaciones que pusieran en peligro la vida familiar y personal de los «ciudadanos». La aprehensión de ebrios, vagos, ladrones, salteadores y asesinos apuntaba a la conservación del orden público, una noción que si conservaba la idea de quietud vinculada a la armonía comunitaria (Casagrande 2015) también delataba una situación social más compleja (Godicheau 2013), con mayor movilidad de población y creciente temor de las élites hacia lo que percibían como un aumento de la criminalidad conectado con la militarización revolucionaria y posterior en ciertas coyunturas (Molina 2013). Otras dos cuestiones adquirían un lugar relevante entre las ocupaciones de la jefatura: la instrucción de primeras letras y la salubridad, por la cual debía vigilar la distribución de la vacuna y las actividades de las boticas.
La capacidad político-administrativa de este funcionario sin jurisdicción quedaba fijada al establecer que actuaría con las facultades de los «ejecutores», debiendo prender a los delincuentes «sin perjuicio de los deberes de los Jueces á este respecto». Esto evidenciaba que se movía por fuera de los procedimientos judiciales, planteando cierta tensión con quienes estaban a cargo de estos. Se precisaba que todo individuo detenido por la Policía sería «inmediatamente puesto à disposición de la Justicia Ordinaria» con expresión de las causas de la prisión, cuidando el jefe que sus subalternos se condujeran con «moderación».[6]
El Reglamento de 1828 atribuía al jefe de policía responsabilidad respecto de una diversidad de comportamientos conectados al decoro y ornato público en lo material y moral, multiplicidad de tareas que también ha sido marcado para los casos oriental y porteño (Casagrande 2015; Duffau, 2018, 3; 2020, 98; Vaccaroni 2020a).[7] Pero a lo previsto en la normativa, la dependencia directa del gobernador le sumó una acumulación de tareas adicionales. La más común, fundamental en momentos de guerra interprovincial o enfrentamientos con los indígenas, fue la vinculada con las contribuciones extraordinarias. La jefatura se convirtió en engranaje clave del circuito de órdenes para notificar y exigir pagos a los vecinos, colaborar en la definición del reparto, organizar y recibir composiciones de los abastecedores, mediar en las excepciones, reunir y distribuir recursos entre las tropas o a quienes realizaban servicios al gobierno (Molina 2023). Su rol central en las medidas fiscales se reflejó también en el cobro de patentes o impuestos especiales a las tiendas urbanas. Asimismo cumplieron órdenes del gobernador en materia de elecciones, indagación sobre noticias o reconocimiento de personas en coyunturas críticas.[8] Como en el caso uruguayo, el jefe policial se convirtió en brazo del ejecutivo con un rol eminentemente político (Duffau, 2018, 87)[9] y al respecto es llamativo que el Reglamento de Policía de la Provincia Oriental fuera sancionado solo un año antes (Duffau, 2018, 90-91), lo que revelaría la circulación de modelos de ordenamiento institucional dentro del Río de la Plata que quizá tuvieron en cuenta el ejemplo de Buenos Aires (Vaccaroni, 2020a).
A partir de la compulsa de un diversificado corpus de fuentes se ha podido reconstruir el listado de jefes policiales para el período, precisándose año y mes en los casos que se halló la referencia documental. En los nombramientos anuales o en datos reiterados se agregó «desde» para expresar permanencia y se agregó asterisco si la designación fue como interino.
Tabla 1: Jefes de Policía de Mendoza, 1828-1860
Se pudo detectar el nombramiento anual como jefe titular publicado por el Registro Ministerial u Oficial en 4 casos: Juan Isidro Maza (para 1834, 1835, 1836 y 1837),[17] Nicolás Guiñazú (1838, 1839),[18] Juan Montero (1840)[19] y Benito Molina (1845).[20] Parecería que quien logró mayor estabilidad fue el primero, ocupándolo 4 años consecutivos. Pero, por la correspondencia se sabe que Montero también ejerció en ciertos meses de 1842, 1843 y 1844.[21] Por otro lado, el interinato no significaba falta de continuidad, como muestra el caso de José Benito Rodríguez, quien fue elegido en esa calidad en 1847, 1848 y 1849, habiendo ya ejercido el puesto antes en dos ocasiones, una de ellas también como interino.[22] Su situación mostraría que desde la esfera gubernamental se reelegía sujetos que habían demostrado saberes y habilidades en el cargo. Algo que, para un período anterior, había ocurrido con Pedro León Zuloaga, nombrado «Jefe de Policía Provisorio» en 1830, luego de haber cumplido funciones previas al Reglamento de 1828:[23] entre 1826 y 1827 había sido juez de policía y aguas, experiencia que debió ser tenida en cuenta al convocarlo para organizar el Departamento «cuanto antes».[24] De hecho, es probable que haya tenido continuidad hasta abril de 1831, cuando debió ser removido por la gestión que recuperó el poder provincial para la facción federal, que designó como nuevo jefe a José Silo Videla.[25]
En la década de 1850 fue Melitón Arroyo el comodín para cubrir licencias o asumir tareas por sí. En 1852 realizó un reemplazo, pero en 1855 y 1857 volvió a ser designado como titular o interino.[26] El futuro gobernador, Luis Molina, recurrió por 2 períodos en la jefatura entre 1852 y 1854, probablemente en forma continuada entre julio del primer año y al menos hasta mayo de 1853.[27] La recurrencia se ha verificado, sin embargo, en solo 7 de los 22 jefes detectados, evidenciando que, excepto casos de despliegue de gran pericia en la labor (como J.I. Maza o J.B. Rodríguez), o fidelidad política (como Montero), no hubo una tendencia general a la reelección en el cargo. Por el contrario, la cantidad de sujetos para el período refleja inestabilidad en la cabeza de la oficina, pues en 32 años hubo más de una veintena de jefes.
La edad al desempeñarse por primera vez evidencia que se optó por hombres maduros, ya que de los 13 casos en los que se logró precisar el año de nacimiento, todos ocuparon el cargo con más de 30 años,[28] y tuvieron menos de 55,[29] mostrando que se requería sujetos proactivos, pues el puesto implicaba variedad e intensidad de labores diarias. Ello muestra un promedio en torno de los 40 años similar a la franja etaria hallada por García Garino en su elenco legislativo mendocino (2017 75) y al encontrado por Fucili en su corpus de funcionarios, aunque en su caso la edad límite promedio se prolongó hasta los 60 (2019 96).
La afinidad político-facciosa parece obvia pues difícilmente era designado un opositor para un lugar tan estratégico desde el punto de vista informacional y de control de recursos. Personajes como Rodríguez ilustran esto: se desempeñó en la jefatura durante el tramo final del gobierno de José Félix Aldao, hasta días después que asumiera el ejecutivo Pedro Pascual Segura;[30] y volvió en abril de 1847, en el marco del movimiento que promovió la renuncia de este y colocó en su lugar al coronel Alejo Mallea, quien no solo lo mantuvo ese año en la cabeza departamental, sino también en 1848 y 1849, reflejando la vinculación de Rodríguez con los sectores más rosistas del federalismo local. El caso de B. Molina evidencia lo mismo con signo faccioso diverso: nombrado por el flamante gobernador Segura al comienzo de su mandato, posiblemente se mantuviera durante 1846 y comienzos de 1847, hasta la crisis que presionó para que aquel renunciara; en ese contexto, fue reubicado en el organigrama provincial, siendo trasladado a la Cámara de Justicia (un lugar menos estratégico para la acción política inmediata).[31] La trayectoria de J. I. Maza, a su vez, muestra sus lazos fuertes con el partido federal y su relación con el gobernador Pedro Molina entre 1833 y 1837, dando cuenta de colaboraciones exitosas entre ejecutivos y jefes policiales que luego se repitieron, como lo evidencia la continuidad de Juan Montero durante la gestión de Aldao.[32]
El caso de Pedro León Zuloaga expresa con signo político contrario la relación estrecha con la facción unitaria. Había comandado el grupo de sublevados en setiembre de 1829 que buscó unirse a las fuerzas del general Paz en San Luis (Morales Guiñazú 359), y en el marco de la reorganización de las milicias iniciada por el gobierno unitario fue encargado del regimiento de dragones.[33] Ello explica su nombramiento como organizador del Departamento en mayo de 1830, dos meses después de que ese grupo hubiera accedido al poder provincial; seguiría en la jefatura quizá hasta enero de 1831, antes que los federales retomaran la hegemonía mendocina. Conviene agregar que mantenía estrechos lazos con el sector reformista de la élite que había estimulado cambios institucionales para reemplazar al cabildo un lustro antes (Molina 2021) y en ese contexto había sido juez de policía y aguas.
Durante la década de 1850 la jefatura de policía parece haber reflejado los vaivenes de la vida política local analizada por García Garino (2017 94-100). El consenso post rosista del reflotado gobernador Segura (1852-1856) fue acompañado en el Departamento por Melitón Arroyo y Luis Molina, quienes se alternaron en el cargo durante el período, mientras la conflictividad del posterior ejecutivo impactó en la nominación de sucesivos jefes hasta la asunción del gobernador Laureano Nazar en 1859, un fraccionamiento político que también se evidenció en la sucesión de ministros secretarios que remarcó García Garino (2017 97).
Así, el caso mendocino mostró una situación semejante a la oriental, en donde los vínculos políticos de quienes se designaron atentaron contra su continuidad en el cargo (Duffau 2020, 94). No obstante, para profundizar el análisis del elenco resulta importante relacionar su nombramiento y desempeño con otros cargos públicos ejercidos por los actores, para detectar si hubo experiencia previa y la carrera posterior que pudo habilitarles la jefatura.
3 Trayectorias públicas y capital político: ¿la jefatura de policía como escalón?
¿Qué tipo de cargos habían tenido los jefes policiales al ser designados por primera vez en el puesto? ¿Eran ámbitos relacionados con saberes referidos a las múltiples tareas que tendrían que cumplir a la cabeza del Departamento o habían acumulado el suficiente capital político como para ser nombrados en un puesto estratégico? ¿Mientras se desempeñaron en él cumplieron otros servicios que los obligó a diversificar su atención? ¿La jefatura les sirvió de trampolín para puestos futuros o constituyó un paso más dentro de trayectorias en las que acumulación de capital social, además del político, resultó prioritaria para ocupar lugares hegemónicos de la esfera pública? Se intentará responder estos interrogantes a partir de una serie datos recogidos para 18 del elenco de 22 jefes, ya que para J.S Videla, Lima, Domínguez y García no se han logrado determinar referencias claras.
La gran mayoría (14) había ya ejercido al menos un cargo antes de asumir la jefatura primigeniamente: P. Zuloaga, Obredor, Guiñazú, Maldonado, L. Molina, Lemos Godoy, Solanilla, Arroyo, F. Maza, J. I. Maza, Montero, Rodríguez, Reta, B. Molina. En general se trataba de escaños legislativos o roles judiciales. Solo los primeros 6 habían adquirido experiencia o saberes en el ramo policial. Zuloaga había sido juez de policía y aguas. Obredor había ocupado la subdelegacía de San Carlos en 1828, un sitio que requería vigilar el tráfico de personas y mercancías en los pasos cordilleranos y territorios cercanos a la población indígena no sometida, implicando habilidades de gestión administrativa y de recursos milicianos/militares (Molina 2017).[34] Guiñazú había sido elegido para ese mismo cargo y lugar de ejercicio a propuesta de los propios hacendados del Valle de Uco (Academia Nacional de la Historia 212),[35] lo cual evidenciaba su posesión de un capital social considerable. De hecho, ya tenía experiencia en la justicia de proximidad pues en 1814 había sido decurión en San Vicente (Acevedo 47) e integrado la comisión redactora del Reglamento de Estancias de 1834 que reguló la relación entre patrones y peones rurales (Sanjurjo 50-54).
Los restantes, si bien no habían ocupado puestos en los que la praxis hubiera predominado, sí parecen haber manejado saberes conectados con el ramo policial, participando en diversas comisiones. Maldonado había integrado la de evaluación de la obra del cementerio,[36] L. Molina la de revisión y ampliación del Reglamento de Estancias en 1845 y la que tuvo a cargo el dictamen sobre una obra hídrica en 1847,[37] mientras que Lemos Godoy había estado en la encargada de reformar la reglamentación de policía meses antes de asumir como jefe de esta.[38] Tal como Lanteri (2015) ha mostrado para la dirigencia nacional de la Confederación (1852-1862), los saberes y el entrenamiento adquiridos en la experiencia de lo público conformaba un capital clave a la hora de ser reclutado para puestos en los nuevos órdenes políticos (43).
Con respecto al período en el que estos actores desempeñaron la jefatura, menos de la mitad cumplieron tareas simultáneas no conectadas a lo policial. Solo 7 fueron jefes mientras fueron representantes, al menos durante algunos meses (Montero, Rodríguez, B. Molina, Maldonado, Lemos Godoy, F. Maza, J. de la C. Videla),[39] y solo 2 integraron comisiones que se vinculaban a responsabilidades del ramo: Zuloaga en la de reparto de una contribución extraordinaria y Arroyo en la de administración del Hospital.[40] Esto indica alguna especialización en la tarea mientras la cumplían, lo que revela que las autoridades quizá eran conscientes de la enorme y variopinta serie de actividades que conllevaba (Cicchini 45), lo cual contrasta con la acumulación de cargos simultáneos marcada por Lanteri para su elenco de la Confederación (2015 53-54) y García Garino para su grupo de legisladores (2017 80-81).
En cuanto a qué pasaba después de la jefatura, al parecer ninguno fue llamado de nuevo a ocuparla, pues la recurrencia fue consecutiva (o casi) dentro de un cierto período de meses o años. Quizá el único caso en que fueron más espaciados los ejercicios fue en el de Arroyo (jefe en 1852, 1855 y 1857), aunque no cubrió más de un lustro. Si se tiene en cuenta esto, sumado al hecho de que la mayoría fue llamada para otros puestos con posterioridad a su jefatura, se aprecia que esta significó solo un momento de sus trayectorias que no implicó una especialización en el rubro policial. Solo 3 se desempeñaron luego en tareas conectadas a este en el período: Reta integró comisiones de reparto, inspección de obra pública y educación;[41] Guiñazú en la que reelaboró el Reglamento de Estancias de 1845,[42] y Lemos Godoy fue subdelegado en San Carlos y Tupungato.[43] A ello hay que agregar que 15 fueron elegidos como representantes en los años posteriores, mientras que 5 llegaron a la primera magistratura (J. I. Maza, B. Molina, L. Molina, Arroyo, F. Maza) y 4 al consejo de gobierno que la asesoraba (Obredor, J. I. Maza, B. Molina, Arroyo).[44] Además, 6 fueron designados en puestos judiciales (Obredor, J.I. Maza, Reta, B. Molina, Maldonado, L. Molina)[45] y otros en comisiones fiscalizadoras de cuentas, repartos y agricultura, presidentes de mesa o electores de gobernador, aunque en ciertos casos rechazaron los nombramientos. Algunos, incluso, llegaron a tener largas carreras políticas, como Arroyo (hasta 1875) y Reta (hasta 1877) (Fucili 80).
De tal modo, si la jefatura visibilizó en la esfera pública a ciertos actores y demostró su capacidad en la gestión gubernamental, esta parece no haber sido decisiva para sus trayectorias posteriores. Es más, el arribo al ejecutivo provincial del puñado referido tuvo que ver más con la dinámica de la lucha política que los posicionó en lugares de lealtad a ciertos grupos, que con cualquier efecto del puesto de policía. J. I. Maza fue gobernador interino y delegado en 1839 y 1841 en el contexto de crisis regional debida a la avanzada unitaria, en la cual debió ser su reconocida fidelidad rosista la base del rol destacado que ocuparía. Así, en 1847, al presionar el movimiento encabezado por el futuro gobernador Alejo Mallea para que Segura renunciase, Maza fue elegido para la Sala doblada que nominaría a aquel como legítimo sucesor mientras que el flamante ejecutivo lo nombraría camarista.[46] En cuanto a B. Molina, su primera gestión como gobernador fue durante la crisis que representó el levantamiento del Guaso Rodríguez en el sur provincial (Bransboin 109-123), la cual requirió la presencia del gobernador propietario en el sur provincial, nombrándoselo como delegado; una situación un poco extraña porque si bien su perfil federal no estaba en duda, había sido jefe policial del gobernador anterior cuya fidelidad rosista sí se había considerado dudosa (Bransboin 39-45), siendo trasladado a la Cámara de justicia apenas comenzó la nueva gestión, como ya se marcó; no obstante, sus cargos de representante y miembro de ese tribunal podrían explicar la delegación en él de la gobernación en diciembre de 1847. Su segundo momento como gobernador en 1859, al igual que los casos de L. Molina, Arroyo y F. Maza, fue expresiva de la labilidad política que jaqueó la institucionalidad local (García Garino 97-100).
No obstante, al menos 2 jefes de policía lo fueron por poco tiempo y no parecen haber tenido experiencia previa al ser designados. De los datos recabados se desprende que tanto Ortiz como Garay no disponían de un capital político considerable al recibir el nombramiento, pero luego sus trayectorias fueron diversas: mientras el primero tuvo una proyección nacional (Fucili 69), el según no cumplió un rol destacado, al menos a partir de las fuentes consultadas y los estudios realizados (García Garino 2017; Fucili 2019). El caso de Garay sería similar a las trayectorias efímeras de ciertos jueces de paz estudiados por Fucili y Terranova (2020), que luego de ocupar uno o dos cargos volvieron a sus oficios (11). Solo hay que agregar que ambos fueron representantes durante el breve período de la Revolución de los Colorados (1866),[47] como lo fue también J de la C. Videla (García Garino 449, 452 y 453), quien ya había sido representante en dos períodos consecutivos y llegaría a tener largo desempeño público con anclaje departamental,[48] mostrando una trayectoria pública descendente que Fucili (2019 72) ha detectado en otros recorridos individuales dentro de la dirigencia mendocina.
Se podría, entonces, distinguir diversas trayectorias. Por un lado, la de quienes llegaron al cargo con una reconocida experiencia en el manejo del gobierno deproximidad o en labores que requerían saberes letrados y administrativos. En este grupo se podría incluir a Guiñazú, Arroyo y Rodríguez, el primero con experticia en la gestión jurisdiccional de los territorios tanto desde la praxis sobre el terreno como en la reglamentaria, mientras que el segundo y el tercero tenían prestigio por sus conocimientos contables obtenido en las comisiones tarifarias, presupuestarias, fiscales y en el gremio de comerciantes. Sus densos cursus honorum evidencian que la jefatura fue un escalón que pudo permitirles acumular mayor capital social, pero también que su prestigio excedía los logros obtenidos en ella.
Por otro lado, estaban las de quienes tuvieron su momento público destacado a la cabeza del Departamento sin lograr (o quizá tampoco querer), catapultar su servicio público.[49] Como Montero, quien fue mano derecha de Aldao, pero que luego despareció de la vida política e institucional local, o al menos de los puestos relevantes. También fue el caso de Garay que tuvo muy escasa actuación posterior, aunque la diferencia entre él y Montero salta a la vista en el hecho de que este último se consolidó en el cargo casi por un lustro, debiendo lograr cierto manejo de las labores de policía más allá de su obvia fidelidad rosista.
Finalmente, están aquellos que lograron visibilidad pública a partir de su gestión en la Policía y que, si bien su suerte posterior se debió a una combinación de elecciones personales y factores circunstanciales del devenir político local, regional y nacional, aquella quizá funcionó como trampolín. B. Molina es el mejor ejemplo, por cuanto su gestión durante el mandato de Segura, sin experiencia previa (pues solo había sido elector de la Sala doblada que había elegido gobernador a aquel),[50] le permitió visibilizar su figura, siendo luego camarista y gobernador delegado en la siguiente gobernación y luego, en el momento post Caseros, volviendo con quien había sido su socio político al ser designado por Segura mayor de plaza en 1852.[51] En el lustro siguiente sería varias veces representante, miembro del consejo de gobierno y ejecutivo provisorio, actuando hasta 1861 (Fucili 80). No obstante, varias de esas carreras exitosas se pueden explicar no solo por la experticia en la gestión de lo público, sino también por el capital social heredado o construido por los mismos actores.
4 Pertenecer tiene sus privilegios: vínculos familiares y sociales
Tal como ha marcado Bragoni (1999) en relación con el éxito de la trayectoria política de Lucas González, este no se debió solo a su perfil profesional, sino a un conjunto de bienes materiales y recursos inmateriales que su parentela había construido (208). Así, desde el punto de vista de las tramas de relaciones se pueden distinguir dos grupos dentro del elenco de jefes policiales: los que pertenecían al núcleo tradicional de la élite local y quienes no mantenían lazos de pertenencia con parentelas de prestigio y debieron su ascenso al cargo y su trayectoria posterior a sus propias habilidades políticas o saberes administrativos. Era claro, como afirma Lanteri (2015), que la política se sustentaba en un tejido de vínculos que debían ser trabajados y reproducidos con laboriosidad (43).
Dentro del primer grupo estaba el organizador del Departamento, Pedro León Zuloaga, cuyo nombramiento en 1830 (y el anterior como juez de policía y aguas) debió conectarse con su inserción en la densa red de familias de linaje de la jurisdicción. Por su madre descendía de la segunda rama de los Godoy, siendo esta hija de Domingo Godoy y Rita Videla Zalazar (Morales Guiñazú 128-129). Su padre tenía fuertes lazos con los Sotomayor, pues fue uno de los fiadores junto a Domingo Corvalán, Melchor y Pedro Molina, de la designación de José Agustín Sotomayor como ministro tesorero de Real Hacienda de Mendoza interino en agosto de 1810, aportando cada uno $1500 como respaldo (Comadrán Ruiz 127). Pedro se casó con Josefa García, cuya madre procedería de los Ladrón de Guevara, quienes habían llegado desde Burgos a fines del siglo XVI o comienzos del XVII (Morales Guiñazú 139-142). Ambos fueron, además, padres de otro jefe de policía, Leopoldo Zuloaga, letrado reconocido (Morales Guiñazú 359) que se destacó en gestiones públicas de clara formación intelectual.[52]
Los Maza pertenecían también al núcleo de la élite local. Juan Isidro era hijo de Isidro Sáinz de la Maza y Petronila Sotomayor (Correas t. III 177), pertenecientes a una trama de parentelas denunciadas a mediados del siglo XVIII por su cooptación de los principales lugares del cabildo y negocios con influyentes personajes en Santiago de Chile y la corte real (Comadrán Ruiz 1958). Federico, otro de los jefes policiales, era su sobrino, hijo del ilustre diputado mendocino al Congreso de Tucumán, Juan Agustín Maza, y yerno de Nicolás Guiñazú (jefe policial entre 1838 y 1839), el cual tenía, como ya se dijo, un capital social relevante entre los hacendados de Valle de Uco, tanto como para que lo eligieran subdelegado.[53]
Los Molina asimismo tejían fuertes lazos relacionales: Benito era hijo de Melchor y Luis lo era de quien fue tres veces gobernador de la provincia, Pedro, por lo que eran primos hermanos (García Garino 469).[54] Eran sobrinos nietos de Manuel Ignacio Molina, representante mendocino en la Junta Grande reunida en Buenos Aires a fines de 1810 y con una destacada trayectoria en la primera Sala provincial (Correas t. III 183-187). Pero Luis también estaba conectado por su madre con el linaje de los Videla, al que también perteneció otro jefe policial, Juan de la Cruz, quien fue un importante propietario en el paraje de Cruz de Piedra, en el Este provincial (Correas t. IV 281). Más allá de la pertenencia familiar, los primos Molina debieron tener una relación cercana pues Benito designó a Luis como su primer albacea testamentario.[55]
Por su parte, Melitón Arroyo había logrado al asumir la jefatura policial una movilidad ascendente que ya ha sido descripta por Bragoni (1999. 189-191). Originario de Buenos Aires, se convirtió en el hombre de confianza de los González, ocupándose de sus tropas y arreos, de su almacén y tienda urbana. Se casó con Trinidad Godoy, parte de una familia de linaje local, logrando autonomizarse de sus patrones al acumular su propio capital económico y social, muestra de lo cual fue su elección como síndico de los agustinos y su designación en el tribunal de comercio. A esa trama familiar de su esposa pertenecía por parte de madre Francisco Lemos Godoy,[56] cuyo padre, Juan José, a su vez, fue cabeza de una nutrida casa en un cuartel inmediato a la ciudad en 1823[57] y también portador de un apellido reconocido en la sociedad mendocina.[58]
Pedro Julián Obredor, si bien no tenía ascendientes de linaje sí pudo heredar de su padre las relaciones sociales derivadas de la actividad comercial y productiva. Su progenitor poseía un considerable y diversificado patrimonio conectado con el arreo de ganado y el tráfico de mercancías, a partir del cual se convirtió en acreedor de vecinos destacados y del gobierno revolucionario.[59] El propio Pedro en su testamento daba cuenta del muy estrecho vínculo que lo unía a Nicolás Villanueva, miembro de la élite local que había ocupado y ocuparía cargos en la esfera política provincial,[60] al cual nombraba primer albacea y tutor de sus hijos, además de encargado de su tropa de carretas.[61] Ese documento también daba cuenta de que la esposa de Pedro era hija del muy reconocido propietario y hacendado de Valle de Uco Pedro José Aguirre, quien no solo se había desempeñado allí como juez de proximidad, sino que había sido un colaborador importante de San Martín en la logística de caballadas y ganado durante la formación y expedición del Ejército de los Andes.
El segundo grupo de jefes policiales, por el contrario, no pareció tener vínculos familiares prestigiosos. Eran los jefes con mínima trayectoria previa y un mayor despegue de sus carreras a partir de este puesto. Así, ni por nacimiento ni por matrimonio Montero y Rodríguez pertenecían a la élite. Este último tenía cierto reconocimiento dentro del sector de los comerciantes locales, lo que explica que se lo hubiera designado para comisiones de cuentas y tarifarias antes de ser llamado al Departamento policial. En una nota dirigida al ministro de gobierno en la que rechazaba su nombramiento para la primera de ellas, decía que estaba a cargo del balance de cuentas de un negocio,[62] mientras que en la que también rechazaba el segundo nombramiento, decía que comerciaba con «corto giro» y no despachaba por «mostrador», haciendo ver que el propio Montero (también designado en ella), tenía menos aptitudes aún ya que no ejercía el comercio.[63]
Carlos Solanilla asimismo podría incluirse en este grupo, aunque sí tenía fuerte inserción en la trama comunitaria de Carrodilla (Luján), donde era un vecino destacado.[64] Tanto su padre Antonio como su madre Mercedes Estrella, integraban parentelas arraigadas en la zona, con cuyos apellidos se designaba la acequia principal y eran referencia del barrio.[65] Incluso, él mismo cumplió allí otras funciones públicas electorales y en el regimiento de Luján,[66] datos que revelan una legitimidad territorial como base para su elección en cargos públicos, como ha marcado Fucili en ciertas trayectorias (2019 101-103). De hecho, habiendo sido notificada su defunción en el barrio de San Nicolás, cercano a Ciudad, en mayo de 1859, su entierro fue anotado dos meses después en el referido paraje lujanino.[67] Así, si una parte de su patrimonio estaba allí radicado, incluyendo finca y molino amoblados, ganado cabalgar y lanar, cultivos de grano y producción de caldos.[68] Al final de su vida, su capital social acumulado se expresaba en la casa urbana donde murió, por lo que no es un dato menor que su cuerpo fuera trasladado a su lugar de origen y pertenencia.
Desde el punto de vista patrimonial, si bien algunos pudieron tener fortunas considerables por herencia o su propia gestión, los vaivenes de la lucha política local y regional pudieron afectarlas y desintegrarlas. El caso de J. I. Maza pareciera ser ilustrativo: en el rechazo a un nombramiento como defensor de menores explicaba al ministro de gobierno que no podía hacerse cargo ya que había arrendado una hacienda para su subsistencia, «una ocupación que me ha precisado adoptar mi fortuna debastada por causas demasiado notorias».[69] Incluso, el gobierno le donó una buena porción de tierra por los servicios prestados a la provincia y el «exacto y puntual llenado de sus deberes del actual empleo que ejerce de Ynspector General de Policía».[70] Algo similar alegaba Obredor para renunciar a otra designación tiempo después, diciendo que no pudo restablecer su patrimonio luego de la entrada de Lamadrid.[71] También Maldonado argumentó con las pérdidas padecidas por la «malignidad» de sus opositores y la situación creada por los «salvajes» para solicitar que se le rebajaran los derechos de las mercancías que empezaría a comerciar con el fin de aminorar la pérdida de su negocio.[72]
Otros lograron una fortuna considerable a través de estrategias empresariales combinadas, en las cuales los contactos políticos y los vínculos con parentelas destacadas a nivel local, regional e internacional no debieron estar ausentes. La trayectoria de B. Molina parece cuadrar con la de los empresarios analizados por Bragoni y Richard Jorba (1997) para el espacio mendocino. La inició sin patrimonio propio, pues declaró en su testamento que no llevó nada al matrimonio pues su padre no le legó bienes y empeñó los de su madre, además de dejar deudas de las que debió hacerse cargo. Pero, articulando distintas actividades productivas y comerciales desde la conexión con plazas en Córdoba y Chile para el intercambio de harina, artículos de ropa o ganado, hasta una notable confianza en las inversiones monetarias a interés y las rentas inmobiliarias, logró amasar un diversificado conjunto de bienes, con el cual no solo sustentó a su familia nuclear sino que pudo ayudar a sus hermanos.[73]
Así, en sintonía con lo revelado por Lanteri (2015, 35) en su estudio sobre la dirigencia nacional, si bien es claro que el poder económico otorgaba recursos para posicionarse políticamente, en la práctica no conformó un elemento excluyente pesando a la par el capital simbólico acumulado, los saberes y el entrenamiento en cargos anteriores y el capital de las redes relacionales. Y tal como mostró García Garino para su elenco legislativo (2017, 78), si bien los comerciantes con grandes patrimonios pudieron tener un lugar importante, este no fue mayoritario en el conjunto , ya que si hubo un núcleo duro de linajes en donde se reclutó funcionarios, esto no se redujo a él pues hubo un «segundo círculo» más disperso (83).
5 Consideraciones finales
El trabajo ha intentado reconstruir el elenco de actores que se desempeñaron como jefes policiales durante el fortalecimiento inicial del Departamento de Policía como oficina gubernamental. A partir de la sistematización de un diversificado corpus documental se detectaron 22 jefes para los 32 años que abarca el trabajo, lo que evidencia que, más allá de casos puntuales con una clara recurrencia o continuidad, hubo una gran rotación y circulación de personajes. Esto es similar a lo que García Garino (2017, 74) ha mostrado para el elenco legislativo mendocino de 1852-1880, evidenciando una dirigencia con escasa especialización, lo que ha sido ratificado por el estudio de Fucili para un grupo y un período más amplio (2019, 66 y 118), en la misma línea y con similar explicación. De hecho, el análisis de los jueces de paz finiseculares de Fucili y Terranova (2020, 9), confirmaría la persistencia de ese amplio recambio y dispersión del personal público. Esto resulta interesante porque da cuenta de que la institucionalización del Departamento no dependió de la personalización para delinear un espacio de gestión, como sí viene siendo demostrado en otras agencias locales.[74] Además, es claro que el compromiso «político» del jefe explica su inestabilidad, como ha mostrado Duffau (2018) para el caso oriental (94), esto a diferencia de los comisarios estudiados por Vaccaroni (2020b) quien dio cuenta del modo en que la longevidad en el cargo se vinculaba no solo con los saberes que manejaban, sino también con la reactualización de su autoridad en la gestión territorial de sus jurisdicciones (40).
Un segundo aspecto relevante es que, junto a la experiencia previa en el gobierno jurisdiccional de los territorios, también los saberes administrativos resultaron relevantes dado el cúmulo de órdenes, informes de ejecución, registros de ciudadanos y una amplia documentación que la oficina debía emitir, conservar, ordenar y archivar. De allí que quienes habían mostrado conocimientos contables fueron candidatos a ocupar la jefatura, una expertise quizá más relevante que las habilidades militares tal como quizá podría suponerse para una función que en su versión contemporánea suele relacionarse con las nociones de seguridad y uso de la fuerza (Palma Alvarado, 2016 Duffau, 2018). Esto confirmaría una cuestión que ya los estudios de la policía han remarcado: la relevancia de la cultura de lo escrito, de la producción de un discurso propio y de una actividad de sistematización de la información como recurso clave para la vigilancia, el control y el disciplinamiento de la población (Milliot 2006). Esto se halla en sintonía, de hecho, con lo planteado por Fucili (2019) para la dirigencia mendocina de la segunda mitad del XIX, al revelar cómo si los cargos relevantes fueron ocupados por comerciantes y propietarios, estos debieron desarrollar en la misma práctica las destrezas para desempeñar las labores requeridas (101).
La fidelidad política de quienes fueron designados como jefes policiales no fue ninguna sorpresa. Era claro que un puesto desde el cual se reunían y distribuían recursos materiales, se gestionaban imposiciones fiscales o excepciones, se observaban comportamientos y opiniones, conformaba un lugar estratégico que convertía a quien lo ocupase en lugarteniente del gobernador. Precisamente, Duffau (2020, 3) plantea la necesidad de problematizar la relación poder político-poder policial a fin de descartar la visión que aborda la policía como un aparato con lógicas de funcionamiento unívocas concentradas en el combate del delito. Ciertos dúos con continuidad (J.I. Maza con P. Molina; Montero con Aldao; Rodríguez con Mallea) demuestran que podían resultar eficaces para un gobierno político-administrativo que evadía los procedimientos judiciales del paradigma jurisdiccional para concretar medidas o proyectos. Hasta se podría pensar la jefatura casi como un termómetro del devenir político provincial, por cuanto ciertas épocas de estabilidad institucional fueron acompañadas de gestiones policiales continuas, mientras la conflictividad local se expresó en la cabeza de un Departamento que vio sucederse un jefe tras otro, tal como ocurrió desde 1857 a 1860.
Por último, se ha podido determinar que, si el capital social fue un elemento clave para el cargo, hubo casos en los que saberes previos o fidelidades políticas suplieron la falta de vínculos de linaje. A su vez, el desempeño de la jefatura pudo servir para catapultar carreras políticas al dar visibilidad a ciertos sujetos, incluso a quienes ya contaban con el privilegio de pertenecer a parentelas prominentes. Este puesto parece haberse constituido en un escalón dentro de algunos cursus honorum del elenco, otorgando experiencia gubernamental a quienes lo detentaron. Si bien se ve que no generó una especialización de largo plazo en los sujetos en cuestión, ni tampoco engendró «familias» policiales,[75] pudo servir como espacio de aprendizaje de la gestión de lo público en clave político-administrativa. En este sentido, es relevante empezar a pensar en este tipo de experiencias gubernativas como ámbitos de adquisición de saberes y entrenamiento para élites que más allá de la reproducción de sus linajes había visto incorporarse a nuevos miembros por diversas estrategias de ascenso social durante y después del proceso revolucionario, tal como ha mostrado el estudio de los González analizado por Bragoni (1999) y el de Lanteri (2015) sobre la dirigencia nacional en el marco de la Confederación Argentina. ◊
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Notas
