Introducción: algunos apuntamientos sobre el desarrollo histórico de Río de Janeiro y su configuración urbana.

La ciudad de Río de Janeiro presenta un proceso de construcción continúa a lo largo de su historia, observada en aspectos materiales, sociales, culturales, políticos, económicos, entre otros. La ciudad fue capital de Brasil por casi dos siglos, desde 1763, siendo primeramente capital de la entonces colonia portuguesa, después capital del Imperio Portugués (1808- 1821) y del Imperio Brasileño (1821 – 1889), tras la independencia política del país – una situación sui generis para las Américas, por tener sido la única monarquía consolidada en esta parte del globoⁱ y ser la única ciudad que fue capital de un imperio fuera de su continente de origen. En 1889, con la proclamación de la República como régimen político en Brasil, Río de Janeiro sigue con status de capital nacional, ahora como Distrito Federal, cristalizando una vocación político-administrativa y el rol de ciudad referencia para la construcción de identidad nacional.

Mientras tanto, con la transferencia de la capital de Brasil para la recién inaugurada Brasilia en 1960, la ciudad de Río de Janeiro pierde la condición institucional, pero sigue como referencia cultural, social, política, económica, entre otras para su país e imagen de Brasil en exterior.

Pero, ¿Cuáles serían las consecuencias para Río de Janeiro, ahora que no es más el centro político-institucional de Brasil? ¿Cómo construir una nueva vocación para la ciudad que ha consolidado su identidad, en diversas dimensiones, a través de su vocación administrativa? En síntesis, ¿Lo qué se haría con esta ciudad ahora que no es más capital de Brasil? Una de las providencias fue la creación del Estado-ciudad de Guanabara (1960 -1975), siendo un marco político importante por el hecho de la ocurrencia de las primeras elecciones para elegir representantes del poder ejecutivo y legislativo de Río de Janeiro, una vez que los alcaldes de la ciudad, en la condición de Distrito Federal, eran nombrados directamente por el Presidente de la República. Así, las demandas locales de Río de Janeiro dejan de ser una especie de “asunto de decisiones nacionales”, convirtiéndose en acciones institucionales locales y señalando las disputas de grupos políticos de la ciudad para acceder a los cargos electivos. O sea, los cariocas, como son llamados los habitantes y/o los nacidos, ganaron autonomía político-institucional de decisiones para sus conflictos sociales locales entre los más distintos grupos y clases sociales, lo que redimensionó sus repertorios de acción colectiva.

Los conflictos sociales en Río de Janeiro indican históricamente una dialéctica de la desigualdad a los instrumentos del Estado para ejercicio de la ciudadanía, o sea, el acceso a los derechos formales no se verifica de manera universal. La forma desigual de acceso a los derechos es traducida por la dimensión material. En este sentido, los aspectos económicos afectan las dinámicas sociales e influencian las decisiones de la política institucional, lo que podemos identificar como un rasgo de distinción de clases. El caso del derecho a la vivienda y al habitar es ejemplar para comprender estructuración jurídica y social de dicha distinción. En caso de Río de Janeiro una acción fue movilizada de manera cíclica en la historia urbana de la ciudad cómo práctica de reconfiguración urbanísticas: las remociones.

Entendemos por remoción el proceso de desplazamientos forzados de poblaciones subalternizadas de sus hogares. Los desplazamientos no se presentan de forma homogénea, siendo empleada violencias físicas de manera legal (bajo mandato judicial), ilegal y/o extralegal, o mismo violencias de ordenes morales y simbólicas, por medio de presión de grupos sociales que actúan y estructuran el campo político. En Río de Janeiro, la práctica de las remociones tuve rol determinante en políticas públicas de transformaciones urbanísticas, sea por cuestiones económicas (valor de uso y valor de cambio del suelo), de seguridad (contra violencia urbana, temas sanitarios y ambientales, entre otros), o sociales. Esto último punto señala las relaciones entre los sujetos, pela verificación de la parcela poblacional históricamente afectada por las remociones son grupos marginados, hecho observado en otras ciudades adonde hubo intervenciones urbanísticas con prácticas similares.

El primer período de las remociones en Río de Janeiro se pasó al inicio del siglo XX, con la idea de modernización, defendida por el nuevo régimen político: la República. La reforma urbana del ora alcalde Pereira Passos (1902-1906) desplazó poblaciones pobres del centro de la ciudad, que vivían en vecindades conocidas por “cortiços” o en conjuntos de viviendas precarias en los morros cariocas, llamadas “favelas”. El argumento para estas acciones era que estos grupos sociales eran “clases peligrosas”, considerados degenerados morales y símbolo del retraso por las elites, y asociados a actos reprobables en la sociedad como crimen, prostitución, pobreza, entre otros, siendo así patologizados. La reforma de Pereira Passos se quedó conocida por “bota-abaixo”ⁱⁱ, en referencia a las viviendas derribadas por esta política urbana. Las remociones de esa política urbana desigual fueron marcadas por la violencia de Estado contra dichas clases.

La dimensión patológica de la pobreza es evidenciada en ese periodo de las remociones por la “Revuelta de la Vacuna”, ocurrida en noviembre de 1904, por la resistencia de las poblaciones pobres del centro de Río de Janeiro a la vacunación obligatoria contra la viruela. Dicha vacunación hallábase en el contexto de la reforma sanitaria, puesta en marcha por el régimen republicano. Pero la violencia empleada por fuerzas policiales y agentes de sanitad contra la población más empobrecidas fue un catalizador de la revuelta.

Otros factores de orden moral y social condicionaron la “Revuelta de la Vacuna”. La forma invasiva y agresiva de aplicación de la vacuna, en las nalgas, lo que tenía fuerte resistencia de las mujeres; adjunto a la falta de informaciones sobre los efectos del agente vacunal, proporcionó plantear rumores de esterilización de estas poblaciones. El drama social de la “Revuelta de la Vacuna” puede ser traducido em sus desdoblamientos con la declaración del estado de sitio en la ciudad por la reacción de parte de la población, lo que ocasionó disturbios y enfrentamientos contra fuerzas policiales y militares, además como resultado tuve cerca de 30 muertos y deportaciones para Amazonia brasileña de algunos encarcelados en dicho hecho.

La reforma Pereira Passos tenía como objetivo recalificar la zona central para viviendas de las clases dominantes de Río de Janeiro, al estándar parisiense. La apertura de vías, anchas y largas para albergar tiendas comerciales, para edificios de despachos públicos y privados, y para espacios públicos de ocio, flaneur y paseos para las referidas clases; fue otro factor de desplazamiento de parcela poblacionales subalternizadas de la ciudad, dinamizando el proceso de sub-urbanización, siguiendo los caminos del ferrocarril para la región norte de Río de Janeiro, y de la ocupación de morros de la región central, por la búsqueda inmediata por vivienda. Sin embargo, el primer período de las remociones en Río de Janeiro apunta para una perspectiva predominantemente civilizadora e higienista en relación a las poblaciones más pobres por parte de las elites políticas y económicas de la ciudad.

El segundo período de remociones en Río de Janeiro fue en los años de 1960. La política del gobernador Carlos Lacerda, de la recién fundada provincia de Guanabara, cambió durante su mandato, a lo que se refiere a las favelas cariocas. Inicialmente, la idea de Lacerda era urbanizar las favelas de la ciudad, que sobrevivieron al primer período de remociones, y, por eso, removerlas sería muy costoso política, económica y socialmente. Pero, la guiñada del proyecto de Lacerda para ciudad se dio a mitad de su mandato. En 1962, las remociones vuelven como acciones, ahora con fuerte connotación de mercantilización del suelo. La zona sur de Río de Janeiro fue objeto de interés de inversiones del mercado inmobiliario de viviendas de “alto nivel”, mientras la zona norte de la ciudad se ha convertido en espacios para creación de polos industriales, lo que estimuló el desplazamiento de las poblaciones más pobres para fuera de las favelas de la zona sur, en búsqueda de empleo y vivienda cercanas de sus locales de trabajo (Brum, 2013. Brum & Gonçalves, 2015).

Ese período fue marcado también por la actuación violenta del estado, agravado por el hecho que Brasil estaba bajo una dictadura civil-militar, que dinamizó políticas habitacionales para quitar la población más pobre de las zonas más valoradas financieramente (Brum, 2013). Estas políticas presentaban un carácter civilizatorio sobre urbanización y ciudadanía, por la nueva forma de vivir y habitar en conjunto de edificios, lo que también iba de encuentro a los intereses inmobiliarios. Además, alejaron geográficamente las poblaciones desplazadas de sus lugares de origen. Pero, también hubo resistencia de las poblaciones de las favelas, que ocasionaban prisiones de los liderazgos locales por parte de las fuerzas policiales. Con efecto, el según período de remociones en Río de Janeiro presentó una connotación económica como factor de acciones políticas, lo que señala la dimensión material del acceso a los derechos a través de la trasformación del suelo en mercancía y la ciudad entendida a partir de su valor de uso y su valor de cambio.

Las remociones indican históricamente una inclusión precaria de las poblaciones más pobres de Río de Janeiro a la vida social y jurídica de la ciudad, lo que es un potencial catalizador de crisis. Esas crisis se presentan como permanentes y cíclicas en el capitalismo, pero se agudizan en el caso de América Latina por estar en la periferia de los grandes centros capitalistas, afectando sobremanera el desarrollo de las ciudades de esta parte del globo. En los años 1980, América Latina pasó por un período de transición política y transformaciones sociales, que tuvieron factores económicos. Con la recesión económica – que ocasionaba desempleo en masa - y el fin de los ciclos de las dictaduras, América Latina pasaba por una ola de redemocratización.

Otros problemas sociales surgieron en el horizonte de las democracias formales. Uno de ellos, fue la violencia urbana. En el caso de Río de Janeiro, los 1980 fue el marco temporal del crecimiento de las tasas criminales por cuenta de la ascensión del narcotráfico. Esa actividad consolidó el proceso de criminalización de la pobreza y de la marginalidad en la ciudad, cristalizando la narrativa de las favelas cómo lugares violentos, por la presencia de grupos armados ilegales que controlaban/ controlan un territorio. La violencia se convierte en una faceta de la crisis a ser administrada en Río de Janeiro adentro del capitalismo periférico, por la cuestión de movilizar una red económica por medio del narcotráfico, que fue un factor que ha desestimulado las remociones de las favelas cariocas, consolidando accidentalmente un derecho constitucional: el derecho a la vivienda.

A los años 1990, Río de Janeiro empieza a postular una posición entre las ciudades-globales. Brasil, como toda América Latina, se adentra en una ola de gobiernos neoliberales y, concomitantemente, se cambian las relaciones con los poderes locales por cuenta de una nueva etapa del proceso de globalización. Así, la crisis del capitalismo periférico ya demanda de otro perfil de político, una vez que el poder local se convierte en un actor importante a nivel mundial de la economía. En otras palabras, sale un administrador de crisis y entra un gestor de la crisis, con una imagen de modernidad apartada de los políticos tradicionales y de eficiencia empresarial. Ese cambio es un aspecto de transición de la ciudad-mercado para la ciudad- negocio o ciudad-commodity.

Pero, ¿Cómo hacer esa transición en la ciudad de Río de Janeiro, con problemas sociales e históricos tan profundos y agudos en relación a la violencia, a la segregación y al acceso a los derechos de ciudadanía? Además ¿Cómo se movilizan las fuerzas sociales y cómo se organizan esas transformaciones políticas ante un escenario económico que tiene como objetivo convertir la ciudad en mercancía?

Estos cuestionamientos son el punto de partida para analizar y comprender como el emprendimiento urbano se vale de los mega-eventos, en especial los deportivos, como forma de presentar la ciudad para el mundo y cuáles son sus posibles consecuencias en los países periféricos con la gestión de crisis. O sea, cuáles son los tipos de políticas urbanas desarrolladas por esta nueva forma de capitalismo. A partir de la metodología del pragmatismo sociológico de la acción colectiva, de Daniel Cefai y Alberto Melucci, vamos a analizar ese proceso de Río de Janeiro como ciudad-global por medio de la realización de mega-eventos e identificar sus posibles consecuencias sociales.

El Río Global: ¿una ciudad maravillosa para inversiones del capital?

Inicio esta parte del texto con juego de palabras para provocar la reflexión sobre el contexto urbano de Río de Janeiro, a partir del apodo popular que ha recibido y reproducido: “la ciudad maravillosa”. Esto puede hacer alusión a los paisajes naturales, cómo playas y montañas con florestas, adentro del tejido urbano, diseñando la geografía de Río de Janeiro como una integración entre el hombre y la naturaleza.

Pero, esta interpretación se presenta equivocada, cuando analizamos los procesos históricos de remociones y/o perforación de morros, de áreas verdes derribadas, entre otros para la construcción de autopistas y túneles para la ciudad. Por lo tanto, podemos concluir que la construcción urbana de Río de Janeiro representa la lucha del hombre para dominar la naturaleza, lo que se refleja a su vez en las formas de dominación de clases. Sin embargo, esa mezcla de naturaleza y de urbanidad identificada en Río de Janeiro puede ser convertida en un bien de consumo precioso por una característica particular, la cual es la simbiosis entre trabajo y ocio, que pocas metrópolis del mundo poseen estas calificadoras, siendo un lugar atractivo para inversiones financieras.

Presentamos aquí tres tipos de hechos que impulsaron a Río de Janeiro para ser postulada y reconocida para la condición de ciudad-global, en la década de 1990. Los primeros hechos son de tipo políticos internacionales. Con el fin de la Guerra Fría, a partir del desmembramiento de la Unión Soviética, el neoliberalismo logró con éxito dinamizar el proceso de globalización. La ideología neoliberal constituye una nueva etapa de la acumulación capitalista basada en la creencia de que los mercados abiertos, competitivos, desregulados y libres de toda forma de interferencia estatal, tienden a ser el mecanismo ideal para el desarrollo económico. Aunque su concretización sea a través de políticas de Estado y de nuevas formas de regulación económica y social. (Brand, 2008: 11). Es decir, esa ideología no se limita a procesos puramente económicos.

La ideología neoliberal presenta dimensiones culturales, sociales y morales que pueden tener efectos y desdoblamientos en las interacciones de los actores y sujetos sociales que legitiman y/o desaprueban determinada decisión política institucional. Así nuevas formas de gobernanzas son puestas en marcha, bajo el argumento de presentaren mayor efectividad, como la idea de asociaciones público-privadas; que hallase consolidada en administraciones públicas en localidades de Estados Unidos y de Inglaterra (Harvey, 2005: 172). Según escribe Fernando Carrión, la idea de

“grandes proyectos urbanos (GPU), nacida en los EEUU alrededor de los mega-proyectos, logra posicionarse con fuerza en América Latina desde la década de los noventa del siglo pasado, operando bajo la lógica de cooperación público-privada” (Carrión, 2016: 72).

La ideología neoliberal es intrínseca a la idea del emprendimiento urbano, por ser este último una marca de la flexibilización del capitalismo financiero.

Posteriormente, hechos políticos internacionales, cómo la formación de bloques económicos multilaterales y el fin de los ciclos de dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, influenciaron el desarrollo de la política institucional brasileña, lo que también ha afectado la ciudad de Río de Janeiro. El período democrático tras una larga dictadura civil-militar ha traído esperanzas y frustraciones de expectativas de los más variados grupos sociales. Los problemas sociales no fueron resueltos a la medida que la democracia formal era consolidada como régimen institucional a través de sus ritos cómo elecciones directas y voto universal, por ejemplo, indicando la diferencia entre la práctica política y la vida cotidiana.

Los gobiernos nacionales de orientación neoliberal empezaron la descentralización del Estado por medio de la privatización de empresas públicas y/o cooperaciones público-privadas, acciones que consolidaban la presencia del proyecto globalización en la región, aunque esa dinámica neoliberal contra aspectos locales en las dimensiones culturales, sociales, históricos y políticos (Brand, 2008: 13. Carrión, 2016: 47. Das & Poole, 2008). Las prácticas tradicionales de clientelismo de la política institucional de América Latina se hicieron más profundas en Río de Janeiro por las cuestiones de desigualdad y supresión selectiva de derechos de ciudadanía, que se convierten en mercancía política, especialmente las dimensiones de la violencia y de la vivienda.

Finalmente, en tercer lugar, los hechos sociales cierran la serie de condicionantes para un Río Global. Por la dimensión social se destacan la segregación y el crimen en la ciudad, materializándose en las favelas. La sensación de inseguridad producida por cuenta de la violencia urbana fue remetida a los territorios de las poblaciones marginadas, dos de los problemas que las nuevas democracias no consiguieron dirimir: aumento de la pobreza y desigualdad y crecimiento del delito violento.

Con eso, es interesante el concepto de segregación, particularmente su dimensión espacial, una vez que

“es posible conocer el grado de heterogeneidad social de los espacios residenciales de las ciudades, e inferir algunas cuestiones relativas a los mecanismos que (re)producen las desigualdades sociales.” (Carman; Cunha; Segura, 2013: 12).

Cuando planteamos comparativamente la variabilidad social y cultural de la segregación, el caso de las favelas brasileñas es ejemplar porque

“el criterio de clase se complejiza al relacionarse directamente al criterio racial” (Idem, p. 12).

La realidad de conflicto armado entre fuerzas del estado y las bandas de narcotraficantes en las favelas se ha convertido en el tipo ideal en cuanto al imaginario social de violencia. Así, las acciones de seguridad pública han echado para estos territorios con incursiones muchas veces arbitrarias por parte de la policía – marca histórica de la relación de conflicto entre los marginados y el Estado en Río de Janeiro – legitimadas por la sociedad, u ora los enfrentamientos armados entre las bandas rivales, introdujeron la lógica de guerra en el cotidiano carioca (Misse, 2013. Mello & Cunha, 2011). Este estado de guerra urbana no declarada, pero sentida, vivida e imaginada de forma generalizada por la población, aunque grupos sociales que vivan estén más expuestos a la violencia letal de los disparos de armas de fuego; se presentó como principal obstáculo para la transformación de Río de Janeiro en ciudad-global, tomando en cuenta que la ciudad debe ser un emprendimiento seguro en varios aspectos.

Los hechos presentados arriba indican el transcurso histórico de Río de Janeiro para transformarse en ciudad-global, por lo cual podemos identificar la influencia del mercado financiero sobre la administración local y sus consecuencias para las acciones políticas y sociales. Los mega-eventos se anunciaron cómo la forma más eficaz para divulgación de la ciudad-global, a partir de una lógica de marketing empresarial de venta de un producto de consumo y rentable al mismo tiempo, lo que cambia el perfil del alcalde de administrador político para un gestor de empresas.

La primera experiencia de Rio de Janeiro con los mega-eventos fue la Conferencia Mundial de Mudanzas Climáticas, conocida como ECO-92, realizada al año de 1992, bajo los gobiernos municipales y provinciales de Marcello Alencar y de Leonel Brizola, respectivamente, que ha sido considerada exitosa por las condiciones logísticas, aparato de seguridad, aumento del flujo de turistas y actividades del evento que estimulaban la participación de la población local e interacción con los visitantes. Pero, el ciclo del emprendimiento o negocio urbano en Río de Janeiro tuvo su inicio en el gobierno municipal de Cesar Maia, alcalde que sucedió a Marcello Alencar, en 1993, y que gobernó la ciudad por tres períodosⁱⁱⁱ, siendo conocido como icono de ese proceso de globalización.

Maia tenía como objetivo trasladar un modelo español para reconfiguración del espacio urbano en Río de Janeiro. La administración de Maia presentó un Plan Estratégico, por lo cual fue firmada una cooperación público-privada que tuvo como consultora la empresa catalana Tubsa (Araújo, 2011: 9). El primer intento del modelo español tuvo como referencia la ciudad de Bilbao, con el objetivo de revitalización de la zona portuaria de Río de Janeiro a través de la instalación de una sucursal latinoamericana del Museo Guggenheim, albergado en la ciudad vasca, que acabó por no ocurrir (Castro Coma, 2011).

En ese sentido, la segunda opción de modelo español de gobernanza urbana fue de la ciudad catalana de Barcelona, que albergó los juegos olímpicos de verano en 1992, siendo considerada un modelo exitoso de reconfiguración de ciudad a partir de la premisa de legado heredado por la realización de estos mega-eventos.

Esa dinámica presentó la noción de recalificación del espacio urbano para recibir los mega- eventos y tornar la ciudad en un polo de atracción de inversiones financieras y de turismo, o sea, circulación de capital. Mientras tanto, esa recalificación de Rio de Janeiro fue ajena a los actores que no fueran del capital económico, idea opuesta a la presentada en el Plan Estratégico de Maia, que tenía como objetivo una participación social “sin precedentes” por abarcar todas las expectativas (Araújo, 2011: 9).

De esa forma, la calificación de los territorios no ha tenido la participación social “sin precedentes” en el proceso decisorio de la Administración Pública en asociación con la iniciativa privada, acarreando una inclusión precaria de las clases sociales más populares en el proyecto desarrollador de la ciudad-global en el contexto del emprendimiento urbano (BRUM, 2013. Cunha & Mello, 2011), indicada por la segregación en sus dimensiones espacial y social. Pero, la práctica de esa dinámica ha apuntado la permanencia de conflictos sociales dentro de la ciudad en Río de Janeiro y su reconfiguración urbana, a partir de la lucha de residentes de áreas, entonces, populares por fijarse en eses territorios y afirmar dos sus derechos en relación a la especulación inmobiliaria, influenciando en las decisiones del Estado (Brum, 2013: 198- 199. Cunha & Mello, 2011. Oliveira et ali, 2012; 2014. Rolnik, 2009).

Lo que se refiere a la vivienda y la reconfiguración del espacio urbano, la acción a destacar de la administración de Cesar Maia fue el proyecto favela-bairro. Dicho proyecto buscaba urbanizar las favelas para que se convirtiesen en barrios. A pesar de que el proyecto ha sido continuado al término de la administración de Maia - incluso ganando premios nacionales e internacionales como formas de reconocimiento-, el Favela-bairro es criticado por la falta de verificación de sus efectos prácticos en el sentido de (re)inserción de poblaciones marginadas hacia el tejido citadino. Una de las críticas más fuertes es sobre el alcance del proyecto adentro de los territorios para allá del sentido estético de las entradas de los territorios, sino la cuestión de la permanencia de las bandas de narcotraficantes.

La realidad de Río de Janeiro se acerca más a la de Colombia, país vecino de Brasil, que a España, lo que indica cuales son los actores involucrados y sus márgenes de participación política. La ciudad colombiana de Medellín es un paralelo interesante a título de comparación para comprender el contexto carioca en relación a violencia urbana e instituciones políticas. La ciudad colombiana vivió un largo período de criminalidad en larga escala, principalmente en la época en que Pablo Escobar era jefe del cartel del narcotráfico de dicha ciudad, lo que influenció las políticas institucionales de la ciudad y del país cómo un todo, tomando en cuenta otros problemas de la realidad de Colombia, como la guerra civil entre grupos guerrilleros y el gobierno central (Jaramillo & Gil, 2014^iv Perea & Rincón, 2014^v).

Aunque Medellín ha sido reconocida internacionalmente por un título estigmatizador como la “ciudad más violenta del mundo”, por las situaciones de violencia e inseguridad, especialmente las tasas altas de homicidios, la ciudad colombiana también presenta múltiples iniciativas económicas y sociales innovadoras para intentar transformar esa imagen, a través de políticas para disminuir las ocurrencias homicidas, lo que ha tenido algún éxito, a pesar de la permanencia de otros tipos de violencia (Angarita, 2016: 199).

La relación de Río de Janeiro con Colombia también es material, teniendo en cuenta que el narcotráfico en dicha ciudad estableció las asociaciones entre los carteles colombianos y la mafia italiana, al inicio de los años 1980, transformando a Brasil en polo consumidor de la cocaína y no más una ruta de pasaje. Entonces, hay relaciones históricas y sociales que categorizan las ciudades de América Latina, lo que incluye a Medellín y Río de Janeiro, como ciudades relacionales, propias de la modernidad tardía, que podemos

“identificar dos coyunturas urbanas, donde las estructuras de poder y sus gobiernos asumen características particulares” (Carrión, 2016: 47).

A pesar de la conexión casi inmediata con Medellín debido a la realidad marcada fuertemente por la violencia urbana, el caso de la reconfiguración urbana de Barcelona guarda también situaciones paralelas a las que se pasaron en Río de Janeiro. En Barcelona, las áreas consideradas estratégicas fueron revitalizadas para construcción de una memoria colectiva formal también, a partir de un “multiculturalismo escénico” (Delgado, 2007), una vez que la ciudad tiene que parecer un producto consumible y rentable para albergar los mega-eventos. Mientras tanto, la falta de participación civil en la gestión de esa transformación urbanística ha ocasionado un proceso de gentrificación y criminalización de jóvenes de periferia de la ciudad catalana (Aricó, 2016: 192-193. Delgado, 2007: 184).

La violencia policial también fue empleada contra los movimientos sociales que reivindicaban los derechos activos en las decisiones sobre la ciudad. De hecho, existen beneficios para la ciudad a partir de los mega-eventos, pero la contrapartida social, en el sentido de promoción y garantías de derechos, no ha alcanzado la totalidad de los habitantes de Barcelona. Como efecto, ese planeamiento profundo significó la segregación social en la ciudad catalana, tornándola una “ciudad para pocos”, como defiende Manuel Delgado, en su libro La ciudad mentirosa: fraude y miseria del “modelo Barcelona” (2007). Rio de Janeiro ha pasado por situaciones semejantes a las ocurridas en Barcelona, cómo la revitalización del área del puerto de la ciudad y las dos remociones de barrios populares para construir los pasillos de los mega-eventos.

Como he expuesto anteriormente, Río de Janeiro presentó un escenario de enfrentamientos armados, ora entre narcotraficantes, ora de ellos contra las fuerzas policiales, lo que llevó a la población local a experimentar sentimientos de inseguridad y miedo. En ese contexto social marcado por la violencia y la desigualdad, el proyecto de globalización y de mercantilización de la capital carioca demandaba de un catalizador para agregar la sociedad de una ciudad partida. Así, las ideas de neutralidad y de universalidad del deporte (Castro Coma, 2011) podría ser este catalizador y facilitar las transformaciones urbanas a través del discurso de legado que los mega-eventos de esa naturaleza proporcionarían a la ciudad sede de los mismos. Eventos fueron realizados en Río de Janeiro para la realización de los juegos olímpicos de 2016, cómo los juegos panamericanos de 2007. Dicho evento, en especial, ha identificado la violencia urbana como el problema principal para la realización de estos mega-eventos, lo cual conllevó a la movilización por parte de las autoridades locales con miras a lograr una planificación que garantice la seguridad necesaria para su realización.

En los casos del Mundial de Fútbol 2014, cuya final fue en Río de Janeiro, y de los juegos olímpicos de 2016, son sintomáticos para comprender la relación de los intereses de grupos privados capitalistas conjugadas con acciones de gobierno y de Estado para desarrollar un proyecto de emprendimiento urbano. El recorte para esto son dos monopolios del Estado: uso legítimo de la violencia física y tributación. En el primer caso destaca la política de seguridad pública de Unidades de la Policía Pacificadora, conocida por su sigla UPP. Las UPP, inauguradas en 2008, fueron un proyecto considerado exitoso por un largo período en Río de Janeiro por su reducción de tasas criminales, con el objetivo principal de desarmar el crimen en las favelas. Las UPP presentaron su delineación geográfica preferencial de forma estratégica por la circulación de mercancías y personas por las vías de acceso terrestre, aéreo y marítimo; áreas de interés inmobiliario y turístico y los nombrados “pasillos olímpicos”. Algunas UPP fueron puestas en áreas consideradas peligrosas de la ciudad. Las UPP serían una política de seguridad pública pensada para la realización de los mega-eventos deportivos, aunque proyectos sociales y políticas públicas de viviendas populares en áreas de UPP han sido efectuadas de manera puntual.

Las UPP también presentaron asociaciones público-privadas, a través de inversiones de empresarios, lo más conocido era Eike Batista. Batista firmo un contrato en 2010 con el gobierno provincial de Río de Janeiro, bajo la administración de Sérgio Cabral Filho, por lo cual garantizaba inversiones de R$ 20 millones (algo acerca de US$ 8 millones) al año para el proyecto UPP, siendo su más grande donador individual. Esas interacciones buscaban disminuir la burocracia estatal para hacer las políticas necesarias para desarrollar el emprendimiento urbano, o sea, dar aires de modernidad empresarial a partir de un perfil de gestor eficaz que ocupa el estado. Pero, a pesar de las exenciones fiscales dada al empresario por sus “actos ciudadanos desinteresados”, en 2013, Batista canceló las inversiones anuales en el proyecto UPP, lo que ocasionó un problema para costear y mantener los números crecientes de unidades por la ciudad de Río de Janeiro.

Curiosamente, Cabral se encuentra en la cárcel en la actualidad y Batista llegó a estar encarcelado, por desviación de dinero público y sobreprecio de los valores de obras para el Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos, junto con otros empresarios. Es interesante pensar que el negocio urbano también se presentaba como la forma más segura de evitar los desvíos de la política tradicional, como el robo de dinero público. Estos hechos refuerzan el argumento de que las UPP fueron un proyecto con fecha de caducidad, una vez que, al cierre del período de los mega-eventos en Río de Janeiro, las mismas parecen estar llegando al fin de su ciclo también.

Las UPP nos hacen reflexionar sobre algunos aspectos por medio de determinados conceptos teóricos para comprender las acciones colectivas en el contexto del negocio urbano de Río de Janeiro. El primero de ellos es el concepto de militarismo urbano, de Stephen Graham (2011), que afirma que las ciudades contemporáneas están bajo un tipo de vigilancia que dirime los conflictos sociales a través de acciones violentas de las fuerzas del Estado, indicando la defensa de los intereses de grupos políticos y sociales como si fuera interés de Estado. La militarización del territorio en el caso de las UPP es verificable por la idea de “pacificación” de las favelas cariocas a través de la ocupación y permanencia de la policía militarizada por ser fuerza auxiliar del Ejército brasileño, según la constitución del país^vi, no siendo una exclusividad de la provincia de Río de Janeiro. La idea de orden insertase en el concepto de militarismo urbano de Graham para garantizar una supuesta seguridad que indica la armonía necesaria para transformar Río de Janeiro en ciudad-global.

Otro concepto que podemos utilizar para analizar el proceso de transformación de Río de Janeiro en ciudad, defendido por Giorgio Agamben (2012), es sobre el Estado de excepción. Ese concepto teórico parte del presupuesto que la excepción es el paradigma del Estado contemporáneo, o sea, los derechos de ciudadanía pueden ser suspendidos por la voluntad de un poder soberano. Podemos analizar el caso de las UPP utilizando este concepto por medio de la ocupación militar en las favelas cariocas, que son rotuladas por la noción de guerra. Para Agamben, la situación ley marcial ordinaria y no del derecho ordinario, lo que acarrea un proceso de restricciones de libertades.

El ejemplo utilizado por Agamben sobre estas posibles restricciones es la idea de “detención preventiva”, lo que permitía, en el período nazista, llevar individuos bajo custodia legal, independiente de su conducta (Agamben, 2012: 163), principio contrario al concepto de habeas corpus, base de las libertades individuales del Estado moderno (Ídem: 120), y que, sintéticamente, sería la presunción de inocencia. Ese revés legal puede ser identificado no solo en las favelas cariocas, sino también en toda sociedad brasileña, pero la recurrencia de situaciones con las poblaciones marginadas por prenociones morales, raciales, de clases, entre otras las tornan más vulnerables a los actos de violencia arbitraria. Así, otro punto argumento que Agamben plantea es que esas poblaciones se encuentran abandonadas en la dimensión protectora del derecho formal, o sea, él afirma que no existe concretamente un individuo “fuera de la ley” y si un individuo desprotegido por ella, situación definida por Agamben en la idea de bando.

Los conceptos presentados por Graham y Agamben nos permiten analizar las potencialidades coercitivas de las acciones del Estado conjugadas con el interés de la ideología neoliberal materializada a través del negocio urbano. A pesar de que las UPP puedan ser una unidad de análisis interesante para la comprensión de tales conceptos, ellos se encierran en la idea de racionalidad administrativa del Estado. En ese sentido, los conceptos defendidos por Graham y Agamben son incompletos para comprender otras dimensiones de las interacciones implicadas en el desarrollo del negociourbano, una vez que una de las facetas del nuevo perfil de gestor urbano es mantener la aparente tranquilidad, y no más por la administración de las crisis cíclicas del capitalismo, tomando en cuenta que no hay una gran revuelta masiva, si se compara con lo ocurrido al inicio del siglo XX en Río de Janeiro, por ejemplo.

Por el contrario, hay una aceptación social que se presenta de larga escala, o, por lo menos, no hay una movilización capaz de impedir ese proceso, aunque consideremos las manifestaciones de masa de 2013 en Brasil, que tenían pautas diversas, incluso algunas pidiendo un nuevo modelo de gobernanza urbana. Los mega-eventos efectivamente fueron realizados en la opinión pública. Así, las relaciones entre los actores involucrados en ese proceso también deben ser gestionadas para que sean lo menos conflictivas posible, o sea, la experiencia de estos actores es relevante para orientar que tipo de acción colectiva serán empleadas para la toma de decisiones. Para identificar y comprender los componentes de la acción colectiva que viabilizan el desarrollo del negocio urbano y las posibles resistencias contra él, a partir del uso de la metodología de la Sociología Pragmática.

Las posibles contribuciones de la Sociología Pragmática para analizar el proceso de negocio urbano en Río de Janeiro.

En 2010, América Latina se convirtió en la región más urbanizada del mundo, con cerca del 80% de su población residiendo en las ciudades (Carrión, 2016: 45). Carrión afirma que la distribución poblacional en América Latina no es equilibrada, lo que apunta para una desigualdad social que es materializada a través de la construcción de territorios, denotando que

“existe la concentración bipolar de la población y el universo urbano tiene un comportamiento heterogéneo.” (Ídem: 45).

En ese sentido, David Harvey señala que los actores de la ciudad capitalista poseen objetivos y compromisos remitentes a sus respectivas clases, a partir de la hegemonía del control de la fuerza de trabajo (Harvey, 2005: 169).

Por lo tanto, Harvey defiende que hay un tipo de carácter cívico en las alianzas del mercado financiero y los gestores del negocio urbano, una vez que la coalición de fuerzas sociales debe ser amplia para la reorganización de la vida urbana (Ídem: 171). La conjugación de los argumentos Carrión y Harvey indican una metodología mínimamente dialógica, aunque potencialmente conflictiva, para desarrollar el negocio urbano, además en el contexto periférico de América Latina, Carrión señala que las ciudades latino-americanas funcionan a manera de una red global, al establecer que:

las ciudades metropolitanas asumen la condición de nodo de articulación internacional y de ejes de integración nacional, las ciudades pequeñas conforman una nueva relación con el campo, comportándose como intermediarias de la ruralidad con la urbanidad y viceversa. Las ciudades medias cumplen una función de articulación de los sistemas urbanos nacionales entre las ciudades metropolitanas y las pequeñas (…) Esta diversidad y dinámica de ciudades vive una gran transformación a nivel de la organización territorial y de los actores, las cuales conducen a singulares mutaciones al gobierno de la ciudad. Para comprender este proceso es preciso comparar el hecho histórico precedente, cuando el gobierno central era el actor principal. (…) La heterogeneidad de los tipos urbanos y la dinámica de la urbanización latinoamericana demandan gobiernos próximos a esta realidad (Carrión, 2016: 46).

Las transformaciones urbanas influenciaron el cambio de perfil administrador para perfil gestor de los políticos en América Latina. A partir de la centralidad del municipio como actor global de la economía y del mercado, estrategias de gobernanza local son modificadas, lo que replanteó las disputas y los conflictos sociales en las instancias políticas. Esta mutación indica que el lenguaje puede cambiar por la presencia de actores diferentes con las más distintas formas de pensar del gobierno local, aunque permanezca el contenido de la constante administración de crisis, la forma es de gestión empresarial de la ciudad, con un barniz democrático y moderno en América Latina (Brand, 2008. Carrión, 2016: 68). Entonces, ¿Cómo se administran esas crisis con componentes tan agudos como la violencia urbana? ¿Cómo estos actores se movilizan colectivamente para acciones decisorias en este contexto?

El caso de Río de Janeiro es muy interesante para aplicar la metodología de la Sociología pragmática para analizar como el negocio urbano fue exitoso a través de la realización de mega- eventos en dicha ciudad. Daniel Cefai (2009) rescata esa metodología para plantear nuevas perspectivas de cuestionamientos acerca de las organizaciones colectivas en las dimensiones culturales y afectivas de las acciones públicas, más allá de la dimensión racional. Así, las experiencias colectivas para Cefai son componentes de actuación en la “arena pública”, una vez que las oportunidades políticas y objetivos de la acción tienen sus horizontes redefinidos por lo público (Cefai, 2009: 16).

El conflicto emerge de esas acciones públicas por desplazar incesantemente las fronteras a respecto de “lo que es político” de “lo que no es político”, que trae ambivalencias para lo que es establecido para un orden o integración por ser consideradas “negativas” por determinado espectro social, como el caso de un acto de resistencia a alguna violación de derechos, por ejemplo, afirma Cefai. Sobre el poder, Cefai argumenta que el mismo, no es entendido solamente como relación de dominación y de subordinación, ni de normalización y de resistencia, sino que también es entendido como potencia de instituir capacidades y derechos – junto al Estado - y como potencia de actuar en acuerdo – al lado del público (Cefai, 2009: 17).

Cefai hace un diálogo con otro teórico de la acción colectiva: Alberto Melucci. Melucci (1994) hace una diferenciación de grupos, a partir del reclutamiento, de historias de vida y de fines, tomando en cuenta que tipo de compromiso se asume colectiva y públicamente. Él presenta el llamado “capital humano” de determinados profesionales y de élites establecidas como forma de inserción más exitosas de estos grupos en la política institucional, por su abanico más grande de conocimientos e informaciones interpersonales, lo que orienta la formación de su identidad colectiva y los objetivos de sus acciones. Ya el grupo de los marginados presenta un perfil más plural, por tratarse de intersecciones de género, etarias, sociales, raciales, entre otros. El teórico también subraya el grupo de la vieja clase media que reacciona contra la pérdida de su posición social anterior, categorizados como reaccionarios. Melucci afirma que estos tres grupos mantienen distintas capacidades para construcción y negociación de una identidad colectiva en el tiempo; desarrollan, por lo tanto, diferentes expectativas en relación a sus acciones (Melucci, 1994: 176).

Además, Melucci defiende que la

“solidaridad del grupo no está separada de la búsqueda personal y de necesidades afectivas y comunicacionales de los miembros, en su existencia cotidiana” (Melucci, 2001: 97).

Aun en esa perspectiva, cuando él diserta sobre la eficacia de las organizaciones, son presentados los puntos de la cual ésta depende: de apertura, de receptividad y de eficiencia de las formas de representación; con esos atributos, la acción colectiva no puede ser separada de las demandas y de las necesidades individuales, siendo esa acción amenazada de forma continua por la atomización y por la privatización. Por otro lado, Melucci escribe que

“el impulso conflictual que desarrolla la lógica del sistema no a través de lo político, exactamente por eso no puede dejar depender para la política” (Melucci, 2001: 99).

Las afirmaciones de Melucci dialogan con los argumentos de Cefai en varios aspectos, al punto de presentar definiciones comunes. Un ejemplo de esa articulación teórica y argumentativa es que esos movimientos colectivos tienen potencial de cambio institucional, algunos para conquistas de derechos, otros para consolidar posiciones antidemocráticas. Para Cefai, esas organizaciones colectivas son creadoras de experiencias que estructuran relaciones sociales a través de

“esquemas de circulación de informaciones, de repartición de poderes y de división de tareas, de cooperación entre operadoras, de distribución de derechos y concentración de decisiones”, aunque, al paso que hagan esas elecciones organizacionales, “determinan inmediatamente los tipos de experiencias y reivindicaciones, de alianzas y conflictos, de tipos de acciones y márgenes de actuación que tendrán” (Cefai, 2009: 19).

Las experiencias colectivas y públicas no son una sumatoria de acciones individuales y privadas. Según Cefai, por medio de la Sociología pragmática puede ser construido un concepto de experiencia que incluya las dimensiones de la afectividad y de la sensibilidad, de la memoria, de la imaginación y del proyecto (Cefai, 2009: 26-27). Para el sociólogo, estos movimientos constituyen una cultura pública que articula la vida pública en los sentidos de derecho, realidad y justicia de los actores colectivos para decisiones que tengan efecto práctico en la institución política.

Los argumentos de Cefai y de Melucci aclaran las cuestiones de la construcción de una idea de integración social colectiva y seguridad para una ciudad-global bajo la idea de negocourbano. Como se ha señalado anteriormente en este artículo, la premisa de coerción violenta no se sostiene cómo forma primaria de gestión de las crisis porque la noción de guerra tiene que ser retirada del cotidiano urbano, y, por eso, hay una predilección para un diálogo democrático. Mientras tanto, ese diálogo es mantenido por relaciones de poder asimétricas determinadas, muchas veces, por el poder económico. Eso también reduce los costos de las políticas sociales para gobernanza urbana o los reubican para las cooperaciones público-privadas. Así, se constituye un punto que puede agregar algunas de las voces más insatisfechas en el capitalismo periférico: el acceso al consumo. En ese sentido, las experiencias colectivas pueden ser transformadas en mercancías consumidas, o manoseadas política y culturalmente, para construcción social de un “nosotros” idealizado.

Los mega-eventos deportivos poseen una idea de neutralidad y universalidad ideal para el desarrollo y la consolidación del proyecto de negociourbano. En caso de Río de Janeiro, las realizaciones del Mundial de Fútbol, en 2014, y de los juegos olímpicos de verano de 2016 fueron exitosas al pasó que estimularon la autoestima social y colectiva por la idea vehiculada de pertenecer a los más grandes espectáculos deportivos de la Tierra. Con eso, la dimensión afectiva y emocional gana importancia por ser productoras de acciones. En el caso de los mega- eventos, muchas viviendas fueron removidas para construcciones de obras que serían el “legado olímpico”, por las cooperaciones público-privadas, lo que ocasionó actos de resistencia colectiva por parte de los afectados por esas intervenciones urbanísticas.

Otra barrera para la realización de los juegos fue la amenaza de huelga de los policías provinciales de Río de Janeiro por retrasos salariales, lo que afectaría la sensación de seguridad en la ciudad. En los dos casos, los actores fueron severamente criticados por no pensar en una especie de “bien común”, que serían los juegos olímpicos. Las críticas partieron principalmente de los sectores empresariales y de la clase media, que hicieron presión política para que las autoridades locales, provinciales y federales resolviesen estos conflictos para garantizar sus inversiones. Además, quien se opusiera a la realización de los juegos olímpicos era valorado de manera negativa. Se difundieron mensajes tales como: #SomosTodosOlímpicos y #CidadeOlímpica, los cuales estaban por casi toda la ciudad, demostrando la tentativa de producir una narrativa de unidad social con fuertes contornos afectivos para realizar el evento. Volviendo a la contraposición entre la coerción y el diálogo en el contexto denegocio urbano, tenemos algunas condicionantes que ponen en choque perspectivas sociales y culturales de seguridad, lo que puede influenciar en el proceso de transformación de Río de Janeiro en ciudad-global.

El escenario internacional hizo que las autoridades brasileñas movilizasen tropas militares para Río de Janeiro bajo la amenaza de actos terroristas durante los juegos olímpicos. Las tropas estaban en todos los accesos de las competiciones olímpicas. En general, la población local demostró sentirse segura con todo el aparato militar desplegado para el evento, pero la mayoría de los turistas europeos no parecían tan confortables. La presencia de los militares remetía a los estados de emergencia tras ataques terroristas en sus países de origen, donde se estableció la ley marcial, en países como Francia, por ejemplo.

Comparativamente a otra ciudad que albergó juegos del Mundial de 2014 en Brasil, Porto Alegre^vii, que no poseía el rótulo de violencia urbana que tenía Río de Janeiro, la impresión de algunos turistas neerlandeses era de inseguridad por la presencia ostensiva de policías armados. Por lo tanto, las ideas de militarización urbana y Estado de excepción son puestas de manera secundaria en elnegocio urbano, para que no sea tan vivido, sentido, percibido; una vez que sus señales pueden reactivar memorias colectivas negativas y acciones defensivas por parte de determinados grupos que tangan pasado por experiencias violentas. Pero, el Estado de excepción y la militarización urbana totalizadas en Río de Janeiro tuvieron sus temporalidades, mientras que en algunos territorios de la ciudad esos conceptos son aplicados de forma permanente.

El objetivo principal del negocio urbano con la realización de las Olimpíadas en Río de Janeiro fue la integración generadora del consumo. Las fiestas en los espacios públicos revitalizados hicieron circular personas de todas las partes del Mundo en Río de Janeiro, lo que promovió una imagen positiva de la ciudad en el transcurrir de los juegos. De hecho, hubo demostraciones públicas masivas de adhesión y de satisfacción por parte de la población carioca al respecto de las programaciones culturales, de ocio de los juegos olímpicos, para allá de la agenda deportiva. Mientras tanto, esas manifestaciones positivas escamotearon acciones excluyentes, como la reubicación de comerciantes ambulantes del centro de Río de Janeiro para locales distantes de sus puntos de venta tradicionales. La motivación para ese desplazamiento fue el arrendamiento del suelo por parte de la alcaldía para grandes empresas patrocinadoras de los juegos olímpicos para realizar sus eventos secundarios, en el período del mega-evento. Los food-trucks fueron la marca de la modernidad vendida por la idea de negocio urbano en oposición al retraso que las carpas de los comerciantes locales representaban.

Además, el Estado de excepción se manifestó a través de su violencia simbólica durante los juegos olímpicos. Un ejemplo fue de los residentes de las cercanías del Estadio Olímpico Nilton Santos, conocido como “Engenhão”^viii donde fueron realizadas las pruebas de atletismo. Los vecinos de la mencionada infraestructura tuvieron que registrarse en la alcaldía para acceder de auto a sus propias casas. Ese caso señala la violación de uno de los principios básicos de la ideología liberal: el derecho a la propiedad. Pero, no hubo alguna movilización tumultuosa en ese caso, más allá de las reclamaciones verbales individuales o bromas sobre la situación por parte de los residentes.

Por el contrario, la mayoría no criticaba los juegos olímpicos, pero sí los poderes políticos. Incluso personas que perdieron sus casas o tuvieron otro tipo de daño por cuenta del dicho “legado olímpico” parecían involucradas emocionalmente con las Olimpíadas de manera positiva. De hecho, parecía haber una atmósfera anestésica en el deporte, cuando se mira bien cerca y/o está dentro de un mega-evento de esa magnitud. Pero, fue efímero y la realidad carioca se impuso tras quince días de juegos. Aquella realidad de ciudad partida.

Conclusiones

Aunque hubo mejoras físicas y reclasificación de los espacios, la idea de negocio urbano tuvo como efecto, la implementación de una estrategia excluyente socialmente. Un nuevo perfil de gestión empresarial de la ciudad mantiene la premisa de administración de crisis cíclicas del capitalismo. Sus problemas sociales son históricos, marcados por la realidad de la desigualdad expresada, principalmente, por las favelas y periferias, incluidas de forma precaria al tejido urbano de Río de Janeiro. Esa inclusión precaria también es verificada por las dimensiones de los derechos y por la segregación.

Mientras tanto, no es posible afirmar categóricamente que todas las decisiones fueron tomadas solamente tomando en cuenta la dimensión económica. De hecho, los componentes de experiencia de la acción colectiva, a través de la metodología de la Sociología Pragmática, indicaron otras condicionantes para que este proyecto fuera cuestionado de manera masiva. La idea de pertenecer a una totalidad ciudadana movilizó acciones emocionales y afectivas por parte de la población, aunque hayan sufrido algún tipo de daño directo o indirecto con los Mega-eventos. Al final, el negocio urbano tiene un argumento muy fuerte que es de mejorar la ciudad.

Mientras tanto, esas mejorías son sectoriales. Las cooperaciones público-privadas indican que la gestión empresarial de la ciudad de Río de Janeiro privilegió una élite financiera, a través de una relación muy cercana de políticos con empresarios, con intereses simbióticos. Además, otros poderes constituidos, parecían hacer parte de las decisiones. Algunos sectores revitalizados siguen siendo utilizados por la población carioca; otras obras del llamado “legado olímpico” cayeron en el ostracismo. Las políticas de seguridad pública también fueron influenciadas por la idea de negocio urbano, una vez que la violencia era un obstáculo para que Río de Janeiro fuera ciudad-global.

Las UPP tuvieron vida útil, por así decir, dentro del ciclo de mega-eventos en la ciudad. A pesar de su militarización territorial las favelas de Río de Janeiro, proporcionaron posibilidades económicas para las poblaciones locales, a partir de los emprendimientos que explotaban el carácter de exotismo de las favelas cariocas para los turistas, lo que demostró las contradicciones sociales involucradas en el proceso de intervención urbanística por medio del despliegue de políticas de seguridad pública. Ese hecho torna menos dura la idea de coerción permanente y totalizadora de las UPP, pero no le retira la potencialidad de violencia y vigilancia de estas poblaciones, por este programa reforzar estigmas sobre los residentes de las favelas. Además, las UPP y las posibilidades económicas en las favelas sirven de analogía para ilustrar la situación de Río de Janeiro: si no es una ciudad para pocos, no es una ciudad para todos.

Finalmente, al cierre del ciclo de mega-eventos, Río de Janeiro enfrenta una crisis económica y social que afecta sobremanera a los servidores públicos provinciales. No es muy sencillo recordar que en 2016 el escenario era bien distinto en relación al actual. Había cierto optimismo, aunque la crisis ya se anunciase y viera al fin del mismo año. La ciudad parece tener su rutina histórica de vuelta, con los problemas de violencia urbana más agudizados, con el retorno de los tiroteos constantes en las favelas, por ejemplo, de red de transportes precaria que no integra la ciudad como un todo, la desigualdad que aparta las clases sociales, no solo en el aspecto geográfico, sino simbólico también, por caracterizar un conjunto de desventajas de las poblaciones subalternizadas para acceder derechos y reconocimiento social.

En la actualidad, crisis de diversos ordenes se presentaron para la población carioca entre los años de 2019 y 2020. Primer, la crisis del agua potable que expresó la desigualdad social, demostrando el deterioro y la corrosión de lo que restaba en las estructuras de un Estado, con muy poca orientación social. Tras todo esto, la pandemia mundial de COVID-19 ha socavado sobremanera la población de Río de Janeiro y ha evidenciado la bancarrota de la administración pública, en los niveles municipal y provincial, por exponer una crisis sanitaria en la red pública de salud, ocasionando muchas muertes. Este recurso que en su momento demostró ser el de mayor consumo y en consecuencia el más vendido por parte del negociourbano en Río de Janeiro durante las dos semanas que duraron la celebración de los juegos olímpicos de 2016; paradójicamente ese breve tiempo de facturación que tuvo el producto, conllevará años de duración en lo que corresponde a su pago social.

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