Introducción

Este trabajo busca compartir los resultados más significativos de un estudio sobre las protestas sociales de la ciudad de Río Cuarto durante el periodo 1989-2003. La investigación fue desarrollada por un equipo interdisciplinario de docentes, investigadores y becarios de Ciencia Política, Historia y Ciencias de la Comunicación. Trabajamos con los registros periodísticos del único diario de la ciudad, Puntal, y buscamos en sus páginas, acontecimientos retratados en términos de protestas sociales. Particularmente aquí nos centramos en un ciclo de protestas de tres años, entre 1998 y 2000, es decir, la antesala del estallido social del 2001.

En un primer apartado, nos interesa ubicar conceptualmente a las protestas sociales como un tipo específico de acciones colectivas que ocurren en el espacio público.

En un segundo momento, proponemos dos entradas comunicacionales que entendemos complementarias para el abordaje. A saber, la que enfatiza los vínculos entre ciudadanos que se reúnen para expresar su malestar, utilizando distintos recursos y haciéndose eco, en algunos casos, de lo que ocurre en otras coordenadas espaciales. Una segunda entrada comunicacional que se centra en los medios de comunicación como productores y reproductores de sentidos, parte de nuestras mediaciones cotidianas y que dotan a las protestas de visibilidad extendida, haciendo que los reclamos trasciendan a los propios demandantes y se tornen asuntos políticos y públicos.

En un tercer momento, daremos cuenta de las principales decisiones metodológicas que acompañaron la investigación y, en los momentos siguientes, presentamos los hallazgos propiamente dichos. Finalmente, desde una mirada de conjunto, destacamos aquellos resultados que se ligan a preocupaciones actuales de investigación.

A más de 40 años del comienzo de la democracia en nuestro país, estos estudios sobre los modos en que se presentan públicamente reclamos y demandas sociales, adquieren relevancia porque hablan de movilizaciones y ejercicios de ciudadanía en la búsqueda de mejores condiciones de vida, no solo propias, sino para el conjunto de la sociedad.

Acciones colectivas en el espacio público

Inscribimos nuestra preocupación por los movimientos sociales, las protestas y la acción colectiva en el marco de los estudios sobre la ciudadanía, la sociedad civil organizada y la democracia. El trasfondo es la disputa de sentidos sobre los derechos ciudadanos que se dirime política y comunicacionalmente en el espacio público. Comencemos por el trasfondo.

Entendemos al espacio público como “un ámbito de lucha simbólica por el poder, el escenario en el que se dirimen los conflictos centrales de la sociedad” (Uranga, 2016, p.70-71). ¿Qué es lo que está en lucha? “Lo público”, concebido como “aquello que conviene a todos, de la misma manera, para la dignidad de todos” (Toro y Rodríguez, 2001, p. 24). Todos los bienes o servicios destinados a la satisfacción de las necesidades comunes e indispensables, que hacen posible la vida digna de todos, son los bienes públicos o bienes colectivos por excelencia: la justicia, la vigilancia de las calles, los servicios domiciliarios (agua, luz, alcantarillado), la educación básica, la salud preventiva, la vivienda mínima, las telecomunicaciones, etc. Cuando la disponibilidad o el goce de estos bienes o servicios excluye a una parte de la población o se construyen en función de intereses particulares, estamos frente a situaciones de exclusión y de inequidad social.

A su vez este acceso a los bienes públicos puede ser entendido desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, en tanto argumento para el planteo de demandas sociales organizadas.

En otro trabajo (Carlosena et. al., 2020) avanzamos en reconocer un conjunto de aspectos que dan sustento a las acciones colectivas desde los derechos, cuestión que será retomada a la hora de comprender varias de las protestas sociales identificadas en nuestro estudio. A saber:

– El fortalecimiento de la institucionalidad democrática “a partir de la capacidad de incidir de manera directa en la orientación general de las políticas sociales, y en los procesos de formulación, implementación, evaluación y fiscalización de las mismas” (Pautassi, 2010, p. 16)

– La consideración de las personas como sujetos de derechos, es decir con calidad jurídica, lo cual les otorga un conjunto de facultades, deberes y omisiones, al tiempo que establece sobre otros sujetos e instituciones, obligaciones y deberes.

– El reconocimiento del deber del Estado de cumplir con determinadas obligaciones en su relación con la ciudadanía. Que no se limitan a satisfacer el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino en adoptar medidas para que, de manera progresiva, se alcance la satisfacción plena de los mismos.

Como señalamos, en los últimos años, la perspectiva de los derechos se ha convertido en parte del argumento del accionar de organizaciones sociales que trabajan distintas temáticas y atienden a demandas, también diversas. He aquí una de las claves para entender a los movimientos y organizaciones contemporáneas, así como a algunas de sus prácticas políticas más habituales.

Volvemos a la definición de lo público y decimos que, si bien refiere al Estado, lo rebasa, “sin que esto signifique desconocer que las instituciones públicas por excelencia deben ser el Estado y las Leyes, precisamente porque su fortaleza proviene de la capacidad de sintetizar y representar los intereses, contradictorios o no, de todos los sectores de la sociedad” Toro, 2003 en Uranga, 2013, p. 191. Esta diferenciación no es apenas una búsqueda de nuevas formas de entender la sociedad, sino que está íntimamente vinculada a nuevas realidades, también a otras formas de participación ciudadana en todos los niveles y en todos los espacios (Uranga, 2013). No reducir lo público a lo estatal, permite abordarlo como “aquello que corresponde a todos y está promovido por distintos actores en función de la construcción colectiva y asociada que apunta al bienestar del conjunto” (Vargas, 2014, p. 5). Concebido de este modo, lo público se construye desde el diálogo entre actores diversos que producen e intercambian sentidos en un proceso de conflicto y negociación permanente, de inter-aprendizaje y producción de consensos. Estas disputas, cuando acontecen en el espacio público, ocurren entre actores que representen y/o sintetizan intereses grupales y comunales, y ello nos lleva a la definición de las acciones colectivas y de las protestas sociales.

En un artículo reciente, la investigadora e historiadora riocuartense Celia Basconzuelo (2020) sintetiza algunos ejes relevantes de las acciones colectivas que aquí retomamos. Sostiene que desde la clásica definición de Charles Tilly (1978) dos aspectos parecen constituirse en centrales al momento de considerar una acción colectiva y la relación con un actor social: episodios que acontecen en el marco de un colectivo social y un efecto performativo de aquella acción sobre el actor que la emprende. En palabras del citado historiador: “se trata de episodios no rutinarios que ocurren como parte de la interacción entre personas y grupos antes que como una performance individual”; y además “los participantes aprenden, innovan y construyen historia en el propio curso de la acción colectiva” (p. 14). A dicha acción el autor le agrega el carácter discontinuo y contencioso. Desde una perspectiva sociológica actual, prosigue Basconzuelo, Schuster (2005) entiende por acción colectiva “cualquier acción que requiere de la participación cooperativa de al menos dos individuos para su realización” (p. 43). También desde la sociología, Sidney Tarrow (1997) sostiene que la acción colectiva sucede todo el tiempo y que incluye a la movilización de grupos interactuando en función de un conflicto, movilizándose por algo, aunque no posean recursos ni metas a largo plazo. Con relación a estos supuestos, Tilly afirma que los actores utilizan repertorios flexibles sujetos a negociación e innovación, los cuales constituyen formatos específicos de acción colectiva.

El equipo de investigación que realizó este estudio definió a las protestas “como una forma específica de acción colectiva situada, de carácter contencioso, deliberado, con visibilidad pública, protagonizada por actores sociales con demandas específicas que expresan un malestar o descontento y se dirigen, directa o indirectamente, al Estado en sus diferentes niveles” (Citado en Basconzuelo y Quiroga, 2023, p. 20). Pueden o no estar protagonizadas por un movimiento social. En los últimos tiempos, se las considera como las acciones directas más populares y eficaces con la que cuentan los ciudadanos para hacer visibles sus demandas y reclamos, hacer escuchar su voz y ejercer la ciudadanía.

Sabemos que estamos frente a protestas sociales en la medida que se trata de reclamos que se intentan instalar y legitimar en el espacio público. Así, las acciones pueden contener, en primera instancia, reivindicaciones específicas que preocupan a los actores inicialmente movilizados. Sin embargo, por efecto de la difusión de la acción, esas reivindicaciones iniciales van construyendo un sentido público abierto que escapa a los autores promotores, sobre todo si logran integrarse bajo la forma de cercenamiento de derechos (Nardacchione en Gordillo, 2012).

El carácter comunicacional de las protestas sociales

Entendiendo a la protesta como una acción colectiva contenciosa que sucede en el espacio público, a través de la cual se dirimen conflictos en términos del acceso a bienes colectivos, nos interesa destacar dos aspectos centrales en tanto entradas comunicacionales para su abordaje.

Por un lado, el reconocimiento de la comunicación como “ámbito de debate socio-político-cultural, también económico y tecnológico donde los sujetos organizan sus vincularidades en función de objetivos y propósitos” (Uranga y Thompson, 2016, p. 39). Esta noción está estrechamente vinculada a la noción de ciudadanía como “modo específico de aparición de los individuos en el espacio público, caracterizado por su capacidad de constituirse como sujetos de demanda y proposición en diversos ámbitos vinculados con su experiencia” (Mata, 2002, p. 67). Se asocia al “reconocimiento recíproco”, es decir, “al derecho a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad” (Martín-Barbero, 2010, p. 47). En este sentido, la comunicación posibilita poner en circulación sentidos y generar espacios de confrontación de ideas, tan necesarios para el ejercicio ciudadano y la vida en democracia. Seguimos el razonamiento del apartado anterior y sostenemos que el espacio público es fundamental para hacer valer la ciudadanía pues es allí donde “los ciudadanos pueden expresarse, peticionar, deliberar, exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías básicas”, en definitiva, “alcanzar el reconocimiento como sujetos de una construcción social” (Schuster, 2005, p. 74). Espacio público y ciudadanía son, para el autor, dos conceptos que se necesitan mutuamente por sus implicancias en términos de derechos. Actualmente esa articulación se da en forma “problemática y conflictiva, en tanto los derechos no son necesariamente garantizados de modo universal por todos los estados a todos los ciudadanos y, por otra parte, las necesidades y demandas se extienden y transforman al punto de que el espacio público es el lugar de redefinición de derechos y garantías” (Schuster, 2005, p. 72).

A este modo de entender la comunicación y de manera complementaria, se suma la perspectiva de los medios masivos, que “dotan de existencia pública a los individuos visibilizándonos ante los demás y permitiendo verse-representarse a sí mismos” (Martín-Barbero, 2010, p. 68). Los medios cobran una gran relevancia en torno a las protestas sociales en tanto permiten ampliar la visibilidad de los reclamos, condición existencial para que las acciones colectivas no sólo sean visibles por aquellos que ocasionalmente pasan por el lugar, sino también por los demandados y la sociedad en general, sin embargo, “las voces de quienes protestan van a pasar necesariamente por el filtro que les imponen los medios, por lo tanto el mensaje ya no será el de quienes protestan sino el que los medios dicen que los que protestan dicen” (Berti y Cantú, 2020, p. 46). Es decir, el tratamiento que los medios hacen está condicionado por la manera en que enfocan la información, por aquello que visibilizan y lo que ocultan. Se enfatiza así la “necesidad de distinguir entre la protesta como hecho y su construcción como acontecimiento mediático y la importancia que revisten los procesos de significación como otro aspecto a tener en cuenta en el estudio de las acciones colectivas” (Berti y Cantú, 2020, p. 37). Pues “la lucha no se libra tan solo en el campo social (a través de prácticas específicas) sino que tiene lugar también en (o se da a través de) las no menos importantes disputas por las significaciones que encuentran en los medios un lugar privilegiado” (p. 38). Si aceptamos esta aserción, prosiguen las autoras, estudiar la protesta supone atender el cruce entre los abordajes de índole más sociológica y política con aquellos que los estudios sobre medios nos pueden ofrecer.

En definitiva, desde el campo comunicacional hay, al menos, dos cuestiones que nos resultan relevantes en el marco de este estudio sobre la protesta social como forma de acción colectiva contenciosa en el espacio público. Por un lado, entender que las construcciones discursivas que hacen los medios de comunicación suponen perspectivas parciales sobre las protestas que visibilizan (que no necesariamente son todas las que acontecieron). Por otro lado, y de manera complementaria, el aspecto vincular de la comunicación en la construcción de colectivos sociales, así como de disputa de sentidos en el espacio público y en el marco de la ampliación de derechos ciudadanos.

Acerca de la metodología

En este apartado buscamos compartir las decisiones metodológicas que formaron parte del proyecto de investigación “Hacia un mapeo de la protesta social en ciudades intermedias y agro-universitarias de la provincia de Córdoba. Río Cuarto y Villa María en coyunturas históricas recientes y conflictivas (1989-2003)”, marco institucional de los hallazgos que aquí compartiremos.

Los resultados se refieren a lo antecedido en la ciudad de Río Cuarto, de acuerdo a lo que la prensa local informó durante el período de análisis. Particularmente, nos ocupamos del período comprendido entre 1989 y 2003, “un pasado cercano en cuyo transcurso se asiste, en todo el país, a la recuperación y reconstrucción democrática argentina con sus tensiones sociales, económicas y políticas que complejizaron la agenda de la historia nacional y subnacional” (Basconzuelo et. al., 2023, p. 10). Incluso con consecuencias políticas y económicas que nos acompañan hasta la actualidad.

Dividimos el período completo, 1989-2003, en ciclos de protesta, noción que de acuerdo con Sidney Tarrow (1997) puede entenderse como:

una fase de identificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución. (pp. 263-264)

El concepto de ciclo de protesta nos permite pensar la especificidad de un conjunto de acciones contenciosas cuando se presentan como un ciclo articulado, se caracterizan por un aumento en el nivel de frecuencia del conflicto que incluye a diferentes sectores sociales, que pueden o no haber tenido experiencia previa, pero que articulan su demanda o demandas y legitiman su reclamo a través de nuevos marcos referenciales o significativos. También comprende una rápida difusión territorial del conflicto y cambios de escala de la protesta: local, provincial, nacional o viceversa (Basconzuelo et. al., 2023).

Los eventos acaecidos en Río Cuarto entre 1989 y 2003 constituyeron la unidad de análisis divididos en los siguientes ciclos de protestas: 1989-1991; 1994-1996; 1998-2000 y 2001-2003. Accedimos a las protestas sociales a través de los ejemplares en versión papel del diario “Puntal”, que se encuentran en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Río Cuarto. Por cada protesta social relevada elaboramos una ficha en la que volcamos información de acuerdo a un conjunto de dimensiones de análisis provenientes del modo en que definimos a las protestas sociales. A saber, a) la dimensión situada, la cual hace referencia al entorno (micro y macro) en el que se suceden, b) la que corresponde a los actores protagonistas, en el sentido de quienes reclaman, si cuentan con experiencias previas, las alianzas que se establecen, los procesos de identificación, c) la dimensión de la movilización que hace referencia a la acción en sí misma en términos de las modalidades que adquiere el reclamo en la esfera pública, qué demandas se sostienen y cuáles son los recursos que se posibilitan a la protesta. Por último, la dimensión d) de la alteridad referida a las relaciones de oposición que se establecen en el acto de demandar. A partir de estas dimensiones, hemos decidido centrar los hallazgos en las que versan sobre los actores, los repertorios y las relaciones de alteridad.

La información que se volcaba en cada ficha tenía como única fuente la que aparecía en las notas periodísticas del diario Puntal y que trataba sobre el hecho contencioso. También el diario fue utilizado para densificar la dimensión relacionada al contexto con el objetivo de complementar o discutir aquellos antecedentes bibliográficos mencionados, basados sobre todo en investigaciones sobre protestas ocurridas en centros urbanos diferentes a los de interés para este estudio. Una vez efectuado el relevamiento nos enfocamos en el análisis de los datos.

Particularmente nos enfocaremos en los hallazgos del ciclo de protestas comprendido entre los años 1998-2000. En este periodo contabilizamos 115 protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Río Cuarto según el registro del diario Puntal. La forma en que compartiremos los hallazgos de aquí en adelante es del siguiente modo. En un primer momento, haremos mención al contexto en el que se desarrolla el ciclo de protesta, recorriendo acontecimientos locales y provinciales y lo que sucedía a nivel nacional, todo ello para ubicar espacio temporalmente las acciones colectivas retratadas por el diario. Una vez presentado el contexto, la presentación de los resultados ocurre en función de reconstruir quiénes son los actores protagonistas, qué demandas principales se identifican y a través de qué repertorios de acción se presentan en el espacio público local.

Qué pasaba en Córdoba y en Río Cuarto entre 1998 y 2000

El ciclo 1998-2000 se explica en buena medida por los impactos del modelo neoliberal que se instaura desde inicios de la década del ‘90 en el país y la región. En este apartado reconstruimos las principales coordenadas de ese proceso para situar las acciones de protesta identificadas. Retomamos materiales secundarios provenientes de investigaciones que se han interesado especialmente por lo que sucedió durante el ciclo analizado en la provincia de Córdoba y la ciudad de Río Cuarto, escenario de la investigación. Veamos.

Las secuelas del proceso iniciado en 1976 con la última dictadura cívico militar se ponen de manifiesto en los años siguientes a la recuperación de la democracia. A partir de la segunda mitad del gobierno de Alfonsín (1983-1989) se produce un deterioro de la situación económica y social, agravándose la calidad de vida de los sectores medios y bajos, escenario que se profundiza más aún con el programa económico neoliberal implementado por Carlos Menem, quien gobernó Argentina durante una década (1989-1999).

De acuerdo a Martín Retamozo (2011), “en el marco del Consenso de Washington, las recomendaciones de liberalización comercial, privatizaciones, apertura y desregulación del mercado y ajuste estructural fueron en gran parte seguidas por la administración de Carlos Menem por lo que el país se convirtió en un ejemplo de las políticas impulsadas por los organismos internacionales” (p. 4). Esto trajo como consecuencia la precarización del empleo, la flexibilidad laboral y una alta concentración económica que contribuyó al aumento de las desigualdades sociales y a una desocupación sin precedentes.

La provincia de Córdoba no estuvo al margen de estas políticas acogidas a nivel nacional. Según reconstruye Carlos Reynoso (2017), Eduardo Angeloz, entonces gobernador de la provincia de Córdoba, por la fuerza política Unión Cívica Radical (en adelante UCR) y opositor al modelo del Ejecutivo Nacional, proyectó a la provincia “como una alternativa (posible)” (p. 54), buscando colocarla como un “modelo a seguir”, distinto de lo que pasaba a nivel central. La preeminencia del partido político radical (primero con Angeloz y luego con su sucesor Ramón Mestre) desde la vuelta a la democracia, se vio interrumpida por el triunfo del peronismo cordobés de José Manuel De la Sota en 1999, cuya fuerza política gobierna hasta la actualidad (2024). Lo mismo sucederá a nivel nacional, a los 10 años del gobierno peronista de Carlos Menem (1989-1999), le siguió el triunfo del gobierno de la Alianza (UCR FREPASO) con la presidencia de Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez.

En síntesis, en relación a las coordenadas políticas del ciclo que analizamos (1998-2000), a nivel nacional sucedieron dos gobiernos de distinto signo político, Carlos Menem hasta 1999 y luego Fernando de la Rúa. A nivel provincial, ocurrió un proceso similar, de Mestre (UCR) que gobernó la provincia entre 1995 y 1999) a José Manuel de la Sota (PJ) que retomó el poder en 1999 y se desempeñó como gobernador en tres oportunidades no consecutivas (1999-2007 y 2011-2015).

La perspectiva provincial con la que se encontró Ramón Mestre en 1995 no era “prometedora”, ya que “la provincia se encontraba sin financiamiento y con una grave crisis social y política” (Arriaga et. al., 2012, p. 39). En ese período “se constituyó como un gobierno de transición: de desarticulación del Estado de bienestar y de su reorganización bajo postulados neoliberales y también de transformación de los modos de participación y construcción política precedentes” (Arriaga, et al., 2012, p. 48). Como sostiene Carlos Reynoso (2017), la gestión de Mestre se caracterizó por “una búsqueda de reordenamiento administrativo y financiero” (p. 57) y lo hizo a partir de leyes nodulares que marcarían su impronta de gobernabilidad. Esto se tradujo en la reducción de personal y de salarios. A su vez, se estableció un límite al derecho a huelga de los trabajadores estatales, “por el cual una vez llamada la conciliación obligatoria ni aquellos ni las entidades gremiales podían disponer de una medida de fuerza que afectara la prestación del servicio público, bajo la advertencia de aplicar descuentos en sus remuneraciones” (Arriaga, et al., 2012, p. 43).

Según Reynoso (2017), la reducción del personal del Estado fue uno de los datos más significativos durante el gobierno de Mestre. El cambio de paradigma de la administración pública, la racionalización del gasto público y la falta de articulación con sectores sociales y políticos tuvo como correlato la movilización de diferentes sectores estatales y no estatales. En síntesis, la gestión de Mestre significó un desmantelamiento del Estado interventor en áreas sociales y coincidentes con los principios del gobierno nacional, modificó no sólo las estructuras burocráticas y administrativas del Estado, sino que transformó los niveles de participación y de consenso que caracterizaban al gobierno de Angeloz.

A nivel local, durante el ciclo de protesta analizado, se sucedieron las intendencias de Antonio Rins por la Unión Cívica Radical (1991-1999) y de Alberto Cantero (1999-2004) por el Partido Justicialista. Se presenta la misma situación que a nivel nacional y provincial de signos políticos opuestos que se suceden en los años analizados, lo cual, a modo de conjetura para profundizar en futuros trabajos, puede constituirse en una condición de posibilidad para la aparición de conflictos sociales. Por ejemplo, en el marco de procesos de transferencia de responsabilidades centrales a las provincias o en la dependencia del financiamiento nacional/provincial para la concreción de políticas locales.

En términos socio económicos, la cifra de desempleo en Río Cuarto, que por entonces contaba con unos 156.800 habitantes, promedió el 12% en los años analizados, dado que la crisis que atravesaba el país y que fuera reseñada anteriormente, afectó sus actividades económicas centrales puesto que la ciudad actúa como centro de comercio y servicios en una región con predominio de la actividad agropecuaria.

Según un informe especial publicado por el diario Puntal, hacia 1998 el 52% de la actividad económica local estaba concentrada en lo comercial y de servicios; el 34% al sector agropecuario y el 14% a la actividad industrial. En este sentido, Río Cuarto puede ser caracterizada como una agrociudad (Carniglia, 2015) en tanto funcionan comercios proveedores de insumos, casas matrices de empresas agropecuarias nacionales y regionales, bancos que ofrecen servicios financieros para el ámbito agropecuario, instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad, industrias transformadoras de productos agropecuarios, entre otros. Al mismo tiempo, dada esta dinámica económica, la ciudad brinda otros servicios que completan las necesidades comerciales de las empresas, tales como: numerosas plazas hoteleras, servicios de gastronomía, salones de reuniones y eventos, entre otros (Maldonado y Finola, 2017).

Actores protagonistas de las protestas sociales en el ciclo 1998-2000

Comenzamos por lo más obvio. No hay acción colectiva sin actores. Esta “obviedad” articula, sin embargo, un conjunto de reflexiones en torno a quiénes accionan en cada ciclo de protesta, cómo construyen las demandas o reclamos que toman estado público, qué estrategias van desarrollando para legitimar estos pedidos, si tienen proposiciones, si hay alianzas o actuaciones sectoriales. En definitiva, quien/es se movilizan y a través de qué argumentaciones y relaciones generalizan sus pretensiones iniciales. Cómo tentar a otros acerca de los reclamos propios.

El actor colectivo más movilizado del ciclo 1998-2000 de acuerdo a las notas periodísticas del diario Puntal fue el de los trabajadores, de los que se destaca su pertenencia a los siguientes sectores: educación (26 notas), servicios (13 notas), administración pública (11 notas), en general (11 notas) y salud (8 notas). Estos números se integran a la lectura general del período analizado (1989/2003) y muestran el amplio protagonismo de este actor colectivo como movilizador de acciones de protesta a nivel local. De acuerdo a las notas periodísticas a los trabajadores le siguen los ciudadanos (11), los estudiantes (9), los desocupados (8) y los familiares y amigos (7).

Dentro del grupo de trabajadores, las diferencias más notorias se vinculan a los rubros de pertenencia. Mientras los vinculados a la educación aparecen como constantes en los tres años relevados, los relacionados a servicios se destacan en el año 2000. Más adelante analizaremos el vínculo de los actores con las demandas que los agrupan y motivan la visibilidad de las protestas.

Otro dato que nos interesa destacar se refiere a la forma organizativa con la cual los actores se manifiestan públicamente. Al igual que en el período total analizado (1989/2003), puede apreciarse una tendencia que privilegia ampliamente los formatos de carácter institucionalizado (principalmente la acción sindical-gremial) en los tres años que constituyen el ciclo de protesta (1998/2000) con un total de 61 notas que informan este aspecto sobre 115 relevadas; luego siguen las iniciativas de tipo autoconvocadas (20 notas), y las protagonizadas por multisectoriales (11 notas). Completan el panorama las formas organizativas de tipo institucionalizada territorial (7 notas), estudiantil (3 notas), otras (2 notas) y empresarial (1 nota).

Si realizamos una lectura integrada acerca de los actores de las protestas sociales, podemos observar la relación directa entre las formas organizativas institucionalizadas, por caso, en sindicatos y gremios, con quienes se han movilizado. De esta forma, los trabajadores de la educación agrupados principalmente en gremios (UEPC, SADOP, AGD), así como en organizaciones de segundo grado, caso confederaciones (CTERA, CONADU), encabezan las movilizaciones en el período 1998/2000. Por ejemplo, en abril de 1999 UEPC y SADOP congregados en la CTERA llamaron a la realización de un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para demandar al gobierno nacional el cobro del incentivo docente en el marco de un pedido generalizado por mejoras salariales y laborales. En septiembre del año 2000, días previos a la conmemoración del Día del Maestro, se realizaron lecturas de cartas en los actos de los colegios con fuertes críticas al gobierno nacional y a los intentos de “tercerizar” la educación, lo que al entender de los gremios ponía en peligro la calidad educativa y generaba precarización laboral. Lo que variará luego en los acontecimientos retratados por el diario es cómo ha resultado la convocatoria a nivel local dependiendo, por ejemplo, si a los docentes les descuentan o no la ausencia.

Ejemplos de protestas protagonizadas por trabajadores vinculados a la administración pública son las que han realizado los bancarios en enero de 1998 ante la inminente “fusión de bancos (Social y Provincia de Córdoba)” y la “posible privatización del Banco Nación a nivel nacional”, lo cual representa un caso con seguimiento por parte de la prensa durante varios meses por las consecuencias del hecho y la centralidad de las organizaciones en cuestión.

En torno a trabajadores relacionados a servicios, se pueden mencionar las movilizaciones protagonizadas por taxistas y remiseros para pedir mayor seguridad en el trabajo o mejoras en las tarifas de sus prestaciones. En todos los casos prevalecen las formas organizativas institucionalizadas tipo gremios/sindicatos y la formación de multisectoriales con aliados también institucionalizados.

Por su parte las modalidades organizativas autoconvocadas han sido mayoritariamente protagonizadas por actores colectivos agrupados en las categorías “vecinos”, “ciudadanos”, “estudiantes”, “familiares y amigos” y “desocupados”. Ejemplos que podemos mencionar los constituyen protestas vinculadas a hechos de violencia o accidentes de tránsito que motivan la movilización de familiares y amigos para pedir justicia y celeridad en las causas. Estudiantes del Colegio Normal que en noviembre del año 2000 hicieron una sentada frente al edificio para pedir mejoras edilicias ante la presencia de murciélagos. Un grupo de vecinos que pide la reincorporación de un médico contratado por el Municipio en un dispensario y que fuera despedido por “irregularidades administrativas” (Puntal, 25 de marzo de 1998). Protestas frente a hipermercados de la ciudad por parte de familias de desocupados para pedir alimentos (2 de abril de 1998), así como también medidas de fuerza protagonizadas por “comercios ligados al sector agropecuario” y un “grupo de empresarios de la zona sur de la ciudad” en apoyo a un paro convocado por entidades agropecuarias durante una semana en abril de 1999.

Finalmente, en torno a las formas organizativas multisectoriales, mencionamos algunos ejemplos: en 1998, una convocada por el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS) y contribuyentes individuales para manifestar su desacuerdo ante un impuesto inmobiliario urbano que se implementó sin previo aviso, medida que contó con aliados institucionalizados tales como el Defensor del Pueblo, dirigentes vecinalistas, el CECIS y legisladores opositores al gobierno provincial. En el 2000, una multisectorial formada por “los universitarios” se manifestó en contra del recorte presupuestario anunciado para la educación superior, con focos en Salta, La Plata y en un contexto de “pobreza” y “falta de alimentos”. Hicieron parte del paro sin asistencia a los lugares de trabajo y de la realización de una marcha, las federaciones que agrupan a la comunidad universitaria y sus distintos estamentos: CONADU por los docentes, FATUN por los no docentes y la FURC por los estudiantes.

Esta caracterización de quiénes son los actores que protagonizan acciones colectivas tipo protestas sociales pueden ser interpretadas desde el cruce de ciudadanía, comunicación y espacio público. La protesta es quizás, en los últimos tiempos, la acción directa más popular y eficaz con la que cuentan los ciudadanos para hacer visibles sus demandas y reclamos, de hacer escuchar su voz, de ejercer la ciudadanía. Este marco conceptual permite comprender la relación entre actores colectivos y formas organizativas. Los hallazgos informados indican una tendencia hacia la institucionalización en sindicatos, asociaciones de base, multisectoriales u organizaciones de segundo grado (tipo federaciones). Formas que tienen su correlato en quiénes protagonizan las protestas: en su mayoría trabajadores públicos en relación de dependencia de diversos rubros (educación, salud, administración), quienes toman voz pública con el reclamo, con su propia manera de organizarse y las demandas planteadas. Las formas organizativas colaboran en la constitución de los “sujetos de demandas” y en la visibilidad como condición esencial de las acciones colectivas. A su vez, y como veremos en el próximo apartado, las protestas sociales en los sectores mencionados se constituyen en áreas sensibles del cotidiano que repercuten no sólo en los propios demandantes, sino en la población en general, sea por la suspensión de actividades en el hospital o por paros realizados por docentes. En síntesis, las formas en que se organizan los actores colectivos para ejercer su derecho a la protesta social hacen parte de la protesta social como acción colectiva en el espacio público, con repercusiones en lo que se demanda, en el cómo se realiza ese reclamo públicamente, a quiénes afecta y en la visibilidad que suscita el acontecimiento para que se constituya en hecho noticioso susceptible de ser informado.

Principales demandas

La movilización es otro aspecto importante de la propia definición de protesta social y refiere a la acción contenciosa en sí misma, es decir, su dinámica concreta a través de la irrupción en un tiempo determinado y explicitando una demanda que se manifiesta por un/os canal/es específico/s. Para su abordaje interesan el estudio de las demandas (el para qué de la protesta), los repertorios de acción (las formas en que se visibilizan las protestas), los recursos organizativos a los cuales recurren los actores colectivos para concretar las demandas y la cronología de las protestas (surgimiento y duración).

Mientras que referirnos a los actores explora quiénes protestan y de qué forma se organizan, la movilización hace referencia al porqué o para qué, al cómo, con qué y cuándo esos actores se hacen visibles. A los fines de este trabajo, les presentamos a continuación los reclamos y propuestas que se tornaron visibles en el ciclo 1998-2000.

Las protestas se articularon fundamentalmente en torno a demandas vinculadas a la política económica (35 notas) y a cuestiones laborales (16 notas), sumando entre ambas el 44% sobre el total de las acciones registradas en el ciclo estudiado. Otras que se destacan son las salariales (11 notas), las vinculadas a los derechos humanos (9 notas), la educación (9 notas), el trabajo (7 notas), la seguridad (7 notas) y la justicia (7 notas). En un número más bajo se encuentran protestas que tuvieron como foco de reclamo a la salud (5 notas), la política social (5 notas), el gobierno (3 notas) y la seguridad social (1 nota).

En relación a las demandas vinculadas a la política económica, en 1998, 9 protestas la tuvieron como protagonista compartiendo la cima con la demanda laboral; en 1999 el número asciende a 15 y en el 2000, si bien baja a 11, sigue ocupando el primer lugar por delante de las demás. Estos números evidencian el nivel de descontento social hacia las decisiones gubernamentales tanto a escala nacional como a provincial en lo que respecta a lo económico con afectaciones a nivel presupuestario y que repercutieron directamente en la calidad de los servicios públicos y de áreas prioritarias como la salud y la educación.

La demanda laboral desciende considerablemente de 1998 a 1999 registrándose nueve protestas en el primer año y solo una en el segundo. En el 2000 ocupa el tercer lugar con 6 casos, apenas por debajo de la demanda por educación que tiene su pico más alto durante este año (9).

La demanda salarial disminuye progresivamente (pasa de 5 en 1998, a 4 en 1999 hasta llegar a 2 en 2000) mientras la demanda por trabajo aumenta de 2 en 1998 a 4 en el año 2000. Para entender por qué sucedió esto es importante tener en cuenta quiénes son los actores de estas protestas. En el año 2000, de las cuatro protestas que tuvieron como foco de demanda al trabajo, tres fueron protagonizadas por desocupados y desocupadas, es decir, el reclamo no era por tener mejores salarios sino por tener trabajo.

Con el correr de los años se diversifican las demandas y se amplía el espectro de las mismas. En 1998, las protestas se centraron en ocho demandas diferentes (laboral, política económica, derechos humanos, seguridad, trabajo, salud, salarial y educación) y luego se agregan dos por año (en 1999, justicia y política social y en el 2000, seguridad social y gobierno). La demanda por los derechos humanos se mantiene relativamente constante en los dos primeros años (entre 4 y 5) y en el 2000 no se registra ninguna protesta de acuerdo a nuestros hallazgos.

Los repertorios de acción

Los tres más recurrentes son: las huelgas en 45 ocasiones, las movilizaciones en 29 y las asambleas en 15 oportunidades lo que significa el 77% de las protestas visibilizadas por Puntal en el ciclo 1998-2000. Por otro lado, el corte de ruta fue implementado en 6 protestas mientras que la entrega de petitorios, en 5. En la categoría “otros” todos aquellos repertorios que se implementaron menos de cinco veces durante el ciclo, por ejemplo, escraches, tomas, caravanas, apagones, cortes de ruta, radios abiertas, entre otros tantos.

El alto número de protestas en las que se utiliza las huelgas y asambleas como repertorios podemos comprenderlo a la luz de los actores, pues son los trabajadores en relación de dependencia quienes adquieren mayor protagonismo durante este ciclo. Estas dos metodologías implementadas les permiten hacer visibles sus reclamos, no asistiendo a sus lugares de trabajos o bien manteniendo reuniones asamblearias, cualquiera sea el caso, ponen un alto a su jornada laboral y llaman la atención de sus demandados. Así como estos repertorios son una herramienta para los trabajadores, la movilización se convierte en un repertorio al que la ciudadanía en general o grupos específicos como empresarios, familiares y amigos o estudiantes acude para hacer visibles sus reclamos.

Veamos ahora qué sucede al interior del ciclo con los repertorios más implementados. La huelga se mantiene en el primer lugar durante los tres años. En 1998, 13 protestas usaron este repertorio; mientras que en 1999 y 2000, se implementó en 16 oportunidades cada año. Por ejemplo, en el año 1998 varias de las acciones de protesta protagonizadas por los bancarios en reclamo por la unificación de bancos en el Banco social y el planteo de la desafectación de trabajadores y su traslado a otras dependencias públicas provinciales sin reconocimiento de la antigüedad, motivó huelgas y asambleas en los lugares de trabajo y en zonas céntricas como la plaza Roca para visibilizar la demanda.

En abril de 1999 y durante tres días se produjo un paro convocado por entidades gremiales del sector agropecuario (Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederación Rural Argentina y Coninagro) que produjo la “no comercialización de productos ni actividades comerciales y bancarias”. El hecho que desencadena la protesta es la “insuficiencia de las respuestas dadas por el gobierno nacional a los requerimientos del sector”, en un contexto en que el Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación era el sucesor del riocuartense Gumersindo Alonso. La medida fue acompañada por “entidades del comercio y la industria, transportistas, acopiadores y consignatarios” (Nota Puntal, 19 de abril de 1999).

Otro ejemplo en el que podemos observar los repertorios utilizados por los actores protestatarios, lo situamos en el año 2000 y es protagonizado por los empleados vinculados al Poder Judicial de la provincia que mediante asamblea decidieron ceses de actividades para reclamar la inclusión de partidas relacionadas a ascensos y movilidad de la planta laboral en el presupuesto 2001 y poner en la agenda pública “el estado de emergencia en que se encuentra la justicia” (Nota Puntal, 1° de agosto de 2001).

La movilización, por su parte, pasó de ser utilizada en 5 ocasiones al inicio del ciclo, a un pico de 14 en 1999, hasta llegar a 10 en el 2000. A este repertorio acuden fundamentalmente aquellos actores cuyas formas organizativas son autoconvocadas como los casos de desocupados, ciudadanos que reclaman justicia ante hechos de violencia o accidentes, organizaciones de derechos humanos, entre otras. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 1999, familiares y amigos de dos jóvenes que protagonizaron un accidente en la vía pública, se movilizaron ante la liberación de uno de los imputados tras el pago de la fianza. En la ocasión se exhibieron “carteles con los rostros de los demandados y el pedido de justicia”. (Nota Puntal, 30 de noviembre de 1999).

En relación a las multisectoriales, también es un repertorio utilizado para mostrar la correlación de fuerzas, tal el caso del sector educativo universitario que en noviembre de 2000 marchan por las calles de la ciudad en reclamo de la deuda que el gobierno nacional mantiene con las universidades y en contra de los anuncios a posibles recortes presupuestarios. (Nota Puntal, 7 de noviembre de 2000).

La asamblea tuvo su pico más alto en 1998 cuando se efectuaron 7 protestas con este repertorio, luego descendió a 2 y hacia finales de ciclo volvió a tomar fuerza, cuando se usó en 6 oportunidades.

Un hecho que amerita que nos detengamos es el incremento del número de cortes de ruta hacia el año 2000. Mientras que en 1998 y 1999, sólo se contabiliza una protesta por año con este formato, hacia inicios del nuevo siglo, fueron 4 en las que se implanta esta modalidad para hacer visibles los reclamos. Esto podría interpretarse en correlato con lo que sucede a nivel nacional donde también se observa el crecimiento de este tipo de formato en las protestas de este periodo debido a que son trabajadores y trabajadoras desocupados quienes empiezan a ganar las calles haciendo visibles sus reclamos. Sin embargo, esto no sucede en la ciudad de Río Cuarto. De los 6 cortes de la vía pública que se registran en este ciclo, solo uno es protagonizado por estos actores (específicamente, en 1998) mientras que los cinco restantes fueron realizados en cada caso por un actor diferente (estudiantes, trabajadores, empresarios del agro, etc.). Esto significa que, a partir de los datos relevados, no encontramos una relación directa entre el aumento del uso de este repertorio y el incremento de notoriedad que van ganando los desocupados y las desocupadas en la esfera pública local. Aunque resulta interesante la creatividad de los formatos empleados por estos actores que van desde tomas de espacios públicos como la catedral hasta mateadas con los funcionarios.

Mirada de conjunto y líneas actuales de investigación

Culminado el proceso de investigación que encuadra los hallazgos aquí presentados, nos interesa destacar un conjunto de reflexiones finales y de apertura a nuevas preguntas que habilitan actuales iniciativas de indagación.En primera instancia nos interesa hacer foco en la relación entre espacio público como trasfondo y escenario de las acciones colectivas protagonizadas por organizaciones y movimientos sociales en el marco de la reivindicación de bienes públicos desde una perspectiva de derechos ciudadanos. Allí ubicamos a las protestas sociales como una forma específica de acción colectiva situada, de carácter contencioso, deliberado, con visibilidad pública, protagonizada por actores sociales con demandas específicas que expresan un malestar o descontento y se dirigen, directa o indirectamente, al Estado en sus diferentes niveles. Pueden o no estar protagonizadas por un movimiento social. En los últimos tiempos, se las considera como las acciones directas más populares y eficaces con la que cuentan los ciudadanos para hacer visibles sus demandas y reclamos, hacer escuchar su voz y ejercer la ciudadanía.Si hacemos una lectura de conjunto del ciclo de protestas visibilizado por el diario Puntal durante los años 1998, 1999 y 2000, vemos que los principales actores colectivos devenidos en sujetos de demandas, son los trabajadores principalmente del sector público y vinculados a sectores como la educación y la salud. Que las formas organizativas en las que están contenidos están institucionalizadas y sus demandas se refieren principalmente a la política económica decidida a nivel estatal, sobre todo en lo concerniente al gobierno provincial y a sus derivas locales. El principal demandado es el estado en su calidad de garante de servicios públicos y de empleador. Es decir, las demandas principales pueden leerse como reclamos por mejoras salariales, pero también como parte de las discusiones más amplias sobre servicios públicos, tales como la educación y la salud. Cuestiones que tienen una amplia vigencia hasta nuestros días. Los trabajadores y las trabajadoras de estos sectores tan sensibles socialmente no solo reclaman por sus salarios, sino por las condiciones en que se brindan tales servicios a los ciudadanos, sobre todo si lo enfocamos desde el gobierno provincial. Los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, así como aquellos desocupados y desocupadas que demandan en el espacio público por comida y trabajo, amplían el espectro de las protestas, poniendo de relieve las tramas políticas, económicas y sociales de acontecimientos protagonizados por actores institucionales en distintos niveles y con afectación en áreas sensibles para la población.En segundo lugar, nos interesa destacar desde las entradas comunicacionales anunciadas anteriormente, las que remitían por un lado a la faceta vincular y la otra a la mediática. En relación al tratamiento noticioso de los acontecimientos encuadrados como protestas sociales, podemos decir que aquellas acciones colectivas locales ganan el protagonismo en la cobertura que realiza el medio Puntal. Sea a través de fotografías, de la aparición de los anticipos en tapa, de los testimonios relevados, o por medio de los seguimientos informativos durante varios días, y de las repercusiones de las acciones en distintos ámbitos de la cotidianeidad citadina. Este protagonismo en ocasiones coincide con acciones de protesta que suceden a nivel provincial y/o nacional, y que son mencionadas en las notas periodísticas para situar lo que acontece a nivel local.En relación al despliegue del contenido, la mayoría de las notas identificadas forman parte de la sección que el medio menciona como de “Información general”. Es decir, más allá de que las demandas son específicas, sean por cuestiones laborales, en defensa de la educación o de la salud, en reclamo al Estado por mejores condiciones para la prestación de servicios, las notas se tematizan en la sección mencionada con énfasis en “lo general”. Una diferencia en tal sentido puede encontrarse con aquellas notas de demandas de justicia ante hechos delictivos o accidentes, que se ubican en la sección de Policiales. Lo anterior, de algún modo, abona a la idea de que es tan importante estudiar la protesta en sí, sus componentes y repercusiones, como el modo en que se la tematiza y encuadra a través de la prensa gráfica, aspecto que no fue parte de los objetivos de conocimiento, y que requeriría otras entradas y análisis en trabajos posteriores.Por otro lado, si hacemos énfasis en el aspecto vincular de la comunicación, esto es, como posibilitadora de la construcción de colectivos y movimientos sociales, así como partícipe a en la disputa de sentidos en el espacio público y en el marco de la ampliación de derechos ciudadanos, podemos sostener que, de acuerdo al tratamiento informativo analizado, este aspecto no aparece retratado en la misma medida que la protesta en sí. Es decir, lo que se convierte en noticia es la demanda en sí, lo que ese reclamo implica sobre todo para la ciudadanía, por ejemplo, si se suspende la atención al público por la realización de una asamblea o un paro, o si se interrumpe el tránsito ante una protesta en la ruta, más que en quienes son los actores protagonistas y sus formas organizativas. Es decir, lo que hay detrás de una toma de decisión colectiva, lo que conlleva una forma organizativa tipo gremio, sindicato o multisectorial. Aspecto que comunicacionalmente se revierte de algún modo cuando los movimientos y organizaciones sociales comienzan a producir sus propios contenidos y los ponen a disposición, por caso, a través de las redes mediadas por las tecnologías. En instancias actuales de investigación nos interesamos, por ejemplo, por la perspectiva de la incidencia pública de las organizaciones sociales, es decir, por procesos comunicacionales que van de abajo hacia arriba, que buscan sensibilizar a la población, visibilizar reclamos, pero también proponer formas creativas de resolver problemas sociales, asentados en la perspectiva de los derechos humanos como fundamento de las acciones. Entendemos que al abrir el debate de las protestas sociales como acciones colectivas desde este aspecto vincular de la comunicación, puede enriquecer los debates en torno a la sociedad civil organizada, el ejercicio de la ciudadanía y lo que se disputa públicamente como aquello que es de la dignidad de todos.

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