Introducción

El artículo reconstruye la trayectoria del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Fundación Campomar¹, como parte de la relación entre la comunidad científica y el Estado durante los gobiernos que tuvieron lugar en el período que va de 1943 a 1983. Para ello, se caracterizan los orígenes e institucionalización de la entidad. Este análisis parte de la premisa enunciada por Oszlak (2006) respecto del proceso histórico de formación del Estado, sus atribuciones en la agenda social y la relación con otros actores. En este caso, la comunidad científica local.

La investigación tiene por hipótesis que, si bien la institucionalización de la Fundación no fue producto directo de una política de Estado, su organización y devenir histórico subyace a las relaciones políticas con las burocracias estatales en el periodo analizado. En efecto, su historia no puede comprenderse de manera internalista, sino en el marco del contexto político y de las agendas estatales de cada período. Dicha caracterización se realiza a partir del análisis de fuentes de las memorias institucionales de la Fundación.

El caso de estudio se asienta en la noción de “agenda estatal” que forma parte de los postulados teóricos de Oszlak (2006). El autor propone comprender al Estado como la principal institución social capaz de desplegar los recursos humanos, organizacionales y tecnológicos necesarios para encarar los desafíos económicos y sociales del país; y frente a ellos, toma posición sobre los diversos temas que forman parte de la agenda, del mismo modo que lo hacen otros agentes sociales con intereses en juego (por ejemplo, partidos políticos, organizaciones corporativas, medios de comunicación, etc.).

Por último, el recorte temporal permite dar cuenta de contextos políticos, económicos y sociales que expresaron las agendas estatales de los diferentes gobiernos que tuvo la Argentina entre 1946 y 1983.

La agenda del peronismo para la ciencia y la técnica y la Fundación Campomar

La década de 1940 constituyó un punto de partida para la institucionalización de la actividad científica en el país y se encuentra ligada al ascenso del peronismo, a su enfrentamiento con el ámbito universitario y con el modelo de industrialización dirigido por el Estado². Como destaca Oszlak (2006), a partir de la década de 1930, y a medida que se produjo la complejización de las atribuciones estatales, la resolución de las diversas agendas de la sociedad se distribuyó entre el Estado, el mercado, organizaciones de la sociedad civil y redes sociales solidarias no-institucionalizadas (p. 7), lo que produjo la emergencia de diferentes conflictos entre los actores sociales.

Entre 1943 y 1955 se fundaron una serie de institutos de investigación privados, financiados por familias de la élite local y fundaciones norteamericanas como la Rockefeller Foundation (Hurtado y Fernández, 2013). Entre ellos, el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME); el Centro de Investigaciones Médicas de Córdoba; el Instituto de Investigaciones Médicas de Rosario, presidido por Juan Lewis y el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, financiado por el empresario Jaime Campomar y presidido por Luís Federico Leloir (Gordon, 2018). Según las memorias de la Fundación, estas instituciones dieron “refugio” a buena parte del sector científico enfrentado inicialmente con el gobierno militar y luego con el gobierno democrático de Juan Domingo Perón (Fundación Campomar, 1969).

El Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Fundación Campomar nació como una institución de investigación científica no-estatal financiada por los aportes privados del empresario textil Jaime Campomar. En palabras de Hurtado (2010), la institucionalización del campo por fuera del ámbito estatal durante el peronismo se sostuvo a partir de un andamiaje filantrópico que se sustentaba en las relaciones personales y amistosas entre sus miembros y representantes de grandes empresarios locales.

En 1947, Campomar ofreció al médico Bernardo Houssay apoyo económico para la fundación de un nuevo instituto, quien decidió poner en su dirección a uno de sus discípulos, Luis Federico Leloir, quien lo presidió hasta su muerte en 1987. Este nuevo instituto se dedicó a las investigaciones en el área de la bioquímica, principalmente de síntesis y metabolismo de hidratos de carbono. La primera sede de la Fundación, donde Leloir inició sus trabajos, era una pequeña casa sobre la calle Julián Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual permaneció durante diez años. En el acto de inauguración, Leloir relató algunas de las concepciones sobre la tarea de investigación que tenían sus miembros fundadores y que se convirtieron en el “espíritu” de la institución. En dicho discurso, también enunció lo que consideraban las características deseables de las personas que hacen ciencia:

La investigación es una tarea para la cual se requiere una personalidad especial, no bastan: la inteligencia, la salud y los medios adecuados. Es necesario además tener una fuerte vocación. Esta vocación que se traduce por un insaciable deseo de descubrir hechos nuevos, es poco común y muchas veces se malogra por la falta de institutos de investigación. Es por eso que es digna de admiración la obra del señor Campomar. Aquellos jóvenes cuya vocación los lleva a la investigación bioquímica, encontrarán un lugar propicio para aplicar y desarrollar su talento (Fundación Campomar, 1982)

En ese mismo discurso, Leloir enfatizó la importancia de financiar la actividad científica. Esto es resaltado reiteradas veces en las memorias de la Fundación, ya que hasta ese momento no existían organismos gubernamentales con programas específicos que apostaran a su financiamiento. Hasta 1950 la investigación recibía fondos mayormente a través de donaciones estatales y privadas que dependían esencialmente de un trabajo activo por parte de los científicos para conseguir fondos. En su autobiografía escrita en 1982, Luis Federico Leloir recuerda este momento de la siguiente manera:

Nuestro trabajo en el Instituto de Fisiología fue interrumpido en 1943 debido a hechos inesperados y desagradables. Houssay nunca se mezclaba en política, pero había firmado una carta, aparentemente inocente, que aparecía en los periódicos con la firma de muchas de las personas más importantes del país. La carta pedía “normalización constitucional, democracia efectiva y solidaridad americana”. El gobierno reaccionó en forma inesperada y desproporcionada y decretó el despido de todos los firmantes que ocuparan posiciones en instituciones estatales. Muchos de los mejores profesores perdieron sus puestos. Houssay quedó cesante. La mayoría de los miembros del Instituto de Fisiología renunciaron en protesta y se dispersaron. Siguieron días de confusión y preocupación. Finalmente se decidió continuar trabajando, no en la universidad sino en una institución privada —el Instituto de Biología y Medicina Experimental — la cual debía ser organizada de la nada (Leloir, 1982).

Por otro lado, en las memorias de la Fundación Instituto Leloir (FIL) de 1992 se inicia el texto sobre la fundación de la siguiente manera:

El Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar fue fundado en 1947 con el apoyo económico de Jaime Campomar. Aunque parezca una ironía, el momento previo a su creación (1943) fue en cierta forma favorable, debido a la cesantía de profesores por razones políticas (Fundación Campomar, 1982).

En 1951 el gobierno creó por decreto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CNICyT) que dentro de su reglamentación especificaba el rol del Estado en la organización de las actividades científicas y reforzaba su papel tutelar en las academias nacionales de ciencia (Magdalena, 2014). Sin embargo, el Golpe de Estado que derrocó a Juan D. Perón el 16 de septiembre de 1955, imprimió una nueva relación entre la comunidad científica y el Estado.

Una nueva agenda estatal para la ciencia tras el golpe de Estado de 1955

Los agentes académicos opuestos al peronismo encontraron en el gobierno de facto instalado tras el golpe de Estado de 1955 el apoyo necesario para el desarrollo de políticas en ciencia y tecnología afines a sus propuestas. A través de las páginas de la revista Ciencia e Investigación, los científicos agrupados tras la figura de Houssay y Leloir afirmaban: “Nuestra revista, que nació en 1945, pudo sobrevivir la época más desfavorable que haya tenido nuestra historia para el progreso científico, y hoy, ante el triunfo de la Revolución Libertadora, alentamos la esperanza de que se inicie una era de verdadera democracia y libertad” (citado en Hurtado, 2010, p. 92).

Uno de los principales logros del grupo de científicos provenientes de las ciencias biomédicas y opositores al peronismo fue la reorganización del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET). Invitados por Isaac Rojas, vicepresidente de la dictadura, se reunieron junto a la dirección de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para delinear el anteproyecto que dio forma al organismo en 1958. El CONICET, heredero del CNICyT creado durante el peronismo, se erigió como un ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo.

Durante estos años, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Fundación Campomar se trasladó al edificio del IByME, donde se instalaron sus laboratorios. Tras la muerte de Campomar en 1956, la institución dirigida por Leloir implementó un modelo de financiamiento mixto público-privado para sostener sus actividades, con aportes provenientes organismos del Ejecutivo Nacional como la Universidad de Buenos Aires, la Junta Nacional de Granos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Bienestar Social. Por otro lado, recibió financiamiento de fundaciones sin fines de lucro como la Fundación Judía Argentina y la Fundación Bunge y Born; empresas privadas locales como Laboratorios Bagó y donaciones de individuos (Fundación Campomar, 1974). Sin embargo, dentro de las empresas transnacionales que financiaron los proyectos de la entidad, las memorias solo mencionan a IBM y Cargill. En este sentido, es probable que parte del financiamiento internacional fuese gestionado por los diferentes equipos y líneas de investigación, situación que no refleja las fuentes analizadas.

Retomando lo planteado por Oszlak (2006) respecto de la constitución de la agenda estatal, el periodo abierto tras el golpe de Estado permitió la vinculación de los agentes de la comunidad científica y las instituciones estatales que habían sido creadas durante el peronismo. En este marco, se produjo la expansión de las actividades de la Fundación Campomar, que ahora también recibía fondos públicos para su sostenimiento.

Para finales de la década de 1950, Leloir ya formaba parte del directorio del CONICET y era director departamental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires, lo cual dio pie a un proceso de conexión doble entre la Fundación Campomar y el Estado, favoreciendo por un lado el flujo de docentes, investigadores y estudiantes entre el Instituto y la Facultad y el acceso de financiamiento para la fundación proveniente del Estado a través del CONICET y la FCEyN. Si bien resulta difícil definir si se trató de una orientación política o simplemente la resolución de una necesidad (como se mencionó, en 1956 había fallecido su principal benefactor, Jaime Campomar), lo cierto es que a partir de 1955 comenzó un proceso de diálogo entre la Fundación y el gobierno que resultó en un crecimiento del instituto.

En 1966, una nueva Dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía, autodenominada “Revolución Argentina”, se apoderó del gobierno. En ese marco diversos agentes de la comunidad científica debieron adecuar su relación con las agencias estatales. Un sector, encabezado por investigadores reunidos bajo la figura de Rolando García, decano de la FCEyN de la UBA, fue expulsado de sus lugares de trabajo y fuertemente perseguido. Por otro lado, las autoridades del CONICET pertenecientes al grupo Houssay —entre las que se encontraba Leloir— continuaron en su cargo. Si bien la dictadura intentó intervenir en las políticas de ciencia y tecnología a partir de la creación de diferentes instituciones, sostuvo las actividades del grupo y la autonomía científico-académica de su dirección, al menos hasta el fallecimiento de Houssay en 1971.

Los centros de investigación extrauniversitarios, entre los que se encontraba la Fundación Campomar, no vieron afectada su actividad. En las memorias institucionales de dicho año no se encuentra ninguna alusión a este hecho y en contrapunto se observa una profusa producción académica, incluyendo la organización en su establecimiento, en 1967, de la reunión anual de la Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquímicas (SAIB). Dicha Sociedad había sido fundada en 1965 y varios de sus miembros fundadores y la Comisión Directiva pertenecían a la Fundación Campomar (Fundación Campomar, 1969).

En este contexto, en 1970, Leloir fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus aportes en el conocimiento del metabolismo de los azúcares y su implicación en enfermedades como la galactosemia. Este evento permitió que su figura fuera reconocida socialmente. Según recordaba el investigador Belocopitow en 1982:

Por unos pocos días, en los diarios aparecían términos que buscaban explicar qué hace este argentino; se habla de glucógeno, de enzimas, de uridina difosfato glucosa: pero salvo especialistas que ya conocían esos trabajos, la mayoría de los argentinos oía esas palabras por primera vez (Fundación Campomar, 1989).

En 1971, tras la muerte de Houssay, la dictadura intervino el CONICET, tras décadas de dominio del grupo encabezado por el premio Nobel en la organización del campo científico, primero en la institucionalización de la AAPC y su enfrentamiento al peronismo y, luego de 1955, al frente del principal organismo científico del país. Asumió la presidencia Orlando Villamayor, ingeniero aeronáutico cordobés, que dirigió el organismo hasta el regreso de la democracia en 1973.³

1973-1983: de la discusión de la política científica a la despolitización

En el marco de la breve primavera democrática que se abrió con la asunción de Cámpora al gobierno en 1973 y el retorno a la democracia, la Fundación dedicó una parte de sus memorias institucionales a discutir la política científica del país a través de una serie de entrevistas a representantes de distintos sectores políticos, productivos y académicos (Fundación Campomar, 1974).

Entre los entrevistados figuraban Julio Olivera (Secretario de Ciencia y Tecnología), Vicente Cicardo (Interventor del CONICET), Salvador Busacca (Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación), el brigadier Ismael Sierra (Presidente del CITEFA), Vicente Solano Lima (Rector normalizador de la UBA), el Contralmirante Pedro Iraolagoittía (CNEA), Horacio Filgueiras (INTA), Jorge Albertoni (INTI), Pedro Rolan Yañez (Secretario de Salud Pública de la Nación), Julio Broner (Presidente de la Confederación General Económica), Gregorio Weber y Jorge Sábato (investigadores de gran trayectoria fuera y dentro del país).

A partir de las discusiones abiertas, la Fundación elaboró una publicación con propuestas del Instituto de Investigaciones Bioquímicas para el desarrollo de una política en ciencia y tecnología. En primer lugar, se definían medidas de corto plazo que permitan la colaboración y circulación entre institutos de investigación, empresas y el Estado; y medidas de largo plazo, basadas en la definición de áreas estratégicas para el desarrollo. En este sentido, se caracterizaban los principales obstáculos que conducen a la “fuga de cerebros”. Estos eran la falta de planificación de la educación universitaria, la inestabilidad en las condiciones de trabajo de los investigadores, la reducción presupuestaria y la necesidad de involucrar al sector privado en las inversiones del área (Fundación Campomar, 1982).

Por otro lado, también se hacía referencia a la introducción de mecanismos meritocráticos para la asignación presupuestaria y la selección de proyectos de investigación. En este sentido, establecían que debía fomentarse el trabajo de “buenos grupos de investigación”, dedicados a la formación de nuevos científicos y la investigación aplicada. Sin embargo, con el golpe de Estado de 1976, la Fundación no volvió a hacer referencia a ninguna de estas cuestiones en las memorias publicadas durante el periodo de la dictadura.

Si bien la persecución a estudiantes, docentes e investigadores en las universidades comenzó hacia mediados de 1974, a partir de 1976, la implementación sistemática del terrorismo de Estado en todas las esferas de la sociedad, también lo hizo sobre la comunidad científica y las universidades durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Los sectores ligados a la derecha peronista que operaban en la Universidad desde 1974 se hicieron cargo de la dirección de CONICET. Con apoyo de la SECyT y del Ministerio de Economía de la Nación impulsaron la política de creación de institutos y desfinanciamiento de las Universidades Nacionales.

Bekerman (2018) caracteriza al periodo como de contracción y disciplinamiento del campo científico-universitario, y observa en las decisiones de política científica del CONICET “la existencia de un Estado militar que tomó partido actuando unidireccionalmente a través de la intromisión directa en el campo científico, afectando su autonomía” (p. 151). Quienes formaban parte de la comunidad científica y tenían actividad política o sindical también fueron perseguidos por los diferentes mecanismos de control y depuración ideológica implementados, que en algunos casos también se tradujeron en torturas, desapariciones y asesinatos.

Al mismo tiempo que las universidades fueron intervenidas y se desfinanció la investigación en este ámbito, se aumentaron los fondos para el CONICET, para la creación de nuevos institutos y para dotar de mayor infraestructura y equipamiento a los que ya existían (Bekerman 2018).

El período 1976-1983 constituyó un momento de quiebre institucional para el CONICET, marcado por su distanciamiento del sistema de educación superior. Bekerman (2009) asocia estos procesos a una intención general de despolitizar el ámbito científico y universitario.

Paulatinamente, comenzó a disminuir el peso de las universidades en ámbito de la investigación científica y tecnológica a partir de una asignación decreciente de recursos del Estado nacional: “Mientras que en 1920 casi todas las actividades de investigación que se desarrollaban en el país estaban ubicadas en el ámbito universitario, en 1973 el porcentaje de recursos asignados a dicho ámbito era de 16% del total y en 1988 alcanzaba al 8,1% (Oteiza, 1992, pp. 51-52).

En concordancia con lo antes relatado y en contraste con lo observado en años anteriores, las memorias institucionales de la Fundación Campomar entre 1976 y 1982 reflejan una clara despolitización. Las mismas se redujeron a la mínima expresión, ajustándose sólo a agradecer los aportes financieros y a relatar el trabajo científico realizado cada año. Sin embargo, se destaca en este período un suceso muy importante para la Fundación. En las memorias de 1977 se observa:

El 21 de julio de 1977 se realizó un acto en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, durante el cual el intendente brigadier (R) Osvaldo Andrés Cacciatore entregó al instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar un terreno para que se construya su futuro laboratorio (Fundación Campomar, 1977).

Se trataba de un terreno frente al Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires cedido por la Ordenanza Municipal Nº 33.607. En dicho acto, Leloir, director del instituto, afirmaba:

En nombre de todos los miembros del instituto de investigaciones bioquímicas Fundación Campomar agradezco profundamente al intendente las palabras que acaba de pronunciar. Resulta agradable comprobar la preocupación que ellas manifiestan por el desarrollo de la ciencia en el país (Fundación Campomar, 1977).

El discurso de Leloir refleja la disociación entre la política general y la política científica heredada de la tradición inaugurada por Houssay, representante local de la visión dominante de la comunidad científica internacional.

Con el retorno a la democracia en Argentina en 1983 comenzó una etapa de reconstrucción de las capacidades científicas y de las universidades nacionales. Tras asumir la presidencia, Raúl Alfonsín llevó adelante la intervención de todas las casas de altos estudios públicas y su retorno a las ideas reformistas de autonomía y cogobierno, a los que se sumó el ingreso libre e irrestricto. Además, fueron reincorporados profesores que habían sido expulsados por motivos políticos.

Tras varios años de construcción, en 1983 la Fundación Campomar se mudó al actual edificio de Parque Centenario. El nuevo inmueble contaba con 6.000 metros cuadrados cubiertos distribuidos en 5 plantas, lo que posibilitó la instalación de equipos de mayor envergadura y el crecimiento cuantitativo de investigadores en la Fundación.

Conclusiones

La conformación de las instituciones y de las agendas científicas es el resultado de un proceso histórico. En este sentido, la reconstrucción realizada en este trabajo acerca de los orígenes del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Fundación Campomar, no puede disociarse de las coyunturas políticas y económicas del país, ni de las respectivas agendas estatales para la ciencia y la tecnología.

El modelo institucional de la Fundación tuvo en sus inicios la característica particular de organizarse como un centro de investigación científica privado. Sus orígenes se relacionan con un momento de distanciamiento entre la comunidad científica y el gobierno peronista. Sin embargo, tras el Golpe de Estado contra Juan D. Perón en el año 1955, los agentes de la comunidad científica involucrados establecieron vínculo con el Estado, llegando algunos de ellos a formar parte de la conducción de las instituciones recientemente creadas, particularmente el CONICET, para llevar a cabo las políticas en ciencia y tecnología.⁴

La última Dictadura Militar (1976-1983) fue un periodo de crecimiento del CONICET y de los institutos dependientes de esta institución, producido a expensas del desfinanciamiento de la investigación en las universidades nacionales y del terrorismo de Estado aplicado a científicos, académicos, docentes y estudiantes que fueron objeto de desapariciones, torturas y exilios forzados. En este contexto y teniendo en cuenta su interacción con los diferentes agentes políticos, militares y empresariales del momento, es posible comprender el crecimiento de la Fundación Campomar, sus relaciones con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (dependiente del Poder Ejecutivo Nacional) para la construcción de su edificio definitivo y su desarrollo institucional posterior.

Bibliografía

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Notas