Editorial
La situación mundial es de gran inestabilidad, caracterizada por altos niveles de inflación internacional que se originan, en gran medida, en la desarticulación de las cadenas de valor global producida a partir de la guerra comercial de EEUU con China y profundizada luego por la pandemia y la guerra en Ucrania. La posibilidad de una implosión de la economía y de las finanzas globales pone en jaque a la globalización. Las tensiones parecen acelerarse en una dirección cada vez más peligrosa, con la posibilidad real de que no haya paz posible en estas condiciones del capitalismo. Como ya lo hemos venido mencionando en números anteriores, el riesgo de una escalada nuclear es cada vez más grave y urgen medidas para darle una salida diplomática al conflicto en Ucrania, porque está en juego el futuro de la humanidad.
Por otro lado, la crisis climática se acentúa al punto tal que el secretario general de la ONU, António Guterres, en la apertura de la 77ª sesión de la Asamblea General de este organismo, declaró: “la desigualdad aumenta, la gente sufre y nos encaminamos hacia un desastre climático del que ninguna región está a salvo [...] Estas crisis amenazan el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta”. Guterres también afirmó que la crisis climática es un paradigma de la injusticia moral y económica en la que los países del G20 generan el 80% de todas las emisiones, pero los más pobres y vulnerables -que son quienes menos han contribuido a la crisis-, están soportando sus repercusiones más brutales. Finalmente, puntualizó: “Hay que exigir responsabilidades a las empresas de combustibles fósiles y a quienes promueven sus intereses: bancos, fondos de capital privado, gestores de activos y otras instituciones financieras que siguen invirtiendo y avalando la contaminación por carbono”.
A estos peligros se suma el avance de la crisis alimentaria y energética mundial, que no son coyunturales. Una de las características del capitalismo hegemonizado por los Estados Unidos ha sido la extracción y depredación de los recursos energéticos no renovables del planeta, que hace que actualmente asistamos a una pérdida continua de productividad de los yacimientos energéticos convencionales y no convencionales de petróleo y gas. Por su parte, las energías renovables no alcanzan aún a cubrir la demanda mundial de energía que crece incesantemente.
Asistimos además a un debilitamiento de la democracia a nivel mundial y a una guerra informativa que obstruye el disenso, naturaliza los conflictos, sustituye los hechos por noticias falsas y apela a sentimientos como el miedo y el odio, buscando invisibilizar la relación existente entre estas crisis y el modelo de desarrollo mundial que alimentan los países ricos.
Sin embargo, ante esta dramática situación resultan alentadores los resultados de la Encuesta Mundial que realiza periódicamente, desde 2012, la Confederación Sindical Internacional (CSI)1. Esta encuesta se llevó a cabo este año entre junio y julio en 17 países, representando a 2.200 millones de personas mayores de 18 años (aproximadamente un cuarto de la población mundial). Entre sus resultados, el estudio arrojó que el 62% de los encuestados considera que no puede haber paz sin justicia social y quiere que su gobierno intente colaborar más con otros países para promover la paz, el empleo y los derechos humanos. En particular, muestra que el 50% de las personas confiaría más en su gobierno si este suscribiera un tratado internacional para prohibir las armas nucleares. Asimismo, el 58% quiere que su gobierno se esfuerce más por promover una transición justa hacia un futuro con cero emisiones netas de carbono. En los países del sur, y, particularmente, en América Latina, esta cifra es mucho más alta, alcanzando casi al 70% en promedio. La encuesta muestra también que el 81% está a favor de las leyes nacionales e internacionales que obligan a las empresas a rendir cuentas por los abusos contra el medio ambiente y las violaciones de los derechos laborales que se cometen en sus cadenas de suministro. Los encuestados también piensan que los gobiernos deben actuar para acabar con la avaricia corporativa e impedir que las empresas se aprovechen. Así, el 72% cree que el gobierno es responsable de garantizar que la ciudadanía tenga un costo de vida razonable y el 68% quiere que su gobierno trabaje para conseguir incrementos salariales para los trabajadores y las trabajadoras. Más de dos tercios de las personas (69%) cree que el sistema económico internacional favorece a los ricos.
A esta mirada que representa a una importante mayoría de la población mundial se suma la incipiente emergencia de un orden multipolar que puede redefinir las relaciones internacionales en términos de mayor democracia, igualdad y soberanía nacional. Esta perspectiva de multipolaridad puede convocar a los países de la periferia a institucionalizar plataformas de intercambio financiero y comercial que estén por fuera del dominio del dólar y puedan sustituir a la hegemonía norteamericana por la cooperación entre naciones soberanas. Los países periféricos y semiperiféricos se resisten a seguir siendo el proveedor de trabajo y materias primas baratas y tienen, con China incluida, el poder relativo suficiente como para oponer esa resistencia.
Por otra parte, el triunfo electoral de Lula da Silva, en Brasil, abre esperanzadoras perspectivas para un avance en la integración latinoamericana, en un marco propicio derivado de la nueva ola de gobiernos progresistas en los países más importantes de la región, donde además de Argentina y Brasil se suman el de Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras, con Cuba y Venezuela, entre otros. Esa posible integración podría incluso contemplar una moneda común basada en las capacidades productivas de la región, que no solo tiene los recursos energéticos, mineros y alimenticios requeridos por nuestros países, sino que puede proveerlos al resto del mundo.
En este marco de incertidumbres y contradicciones, nuestro país se ve sometido cada vez más a los condicionamientos de diversos sectores de poder que buscan impedir el avance de un proyecto popular, con inclusión social y soberanía. Actúan sobre el gobierno nacional, que por debilidad, temor o convicción, pierde permanentemente legitimidad al ceder ante las exigencias de estos sectores y del Fondo Monetario Internacional, establecidas en el acuerdo con este organismo que ata al país al endeudamiento infinito. Con una inflación desbocada, un ajuste sobre los asalariados y jubilados, y una inacción sobre la promesa incumplida de actuar sobre un sector judicial que viola permanentemente la constitución y las leyes, la disputa con el poder concentrado y una derecha muy violenta se hace cada vez más difícil. Si estos grupos lograran imponer sus candidatos en las próximas elecciones llevarán al país a una situación de mayor empobrecimiento, represión, violencia y pérdida de derechos, lo cual ya han anunciado. Esos sectores están dispuestos a todo, como lo ha demostrado el gravísimo y espantoso atentado contra la vida de la Vicepresidenta. En ese modelo de país, la ciencia y la tecnología no son necesarias, y las leyes e instituciones que permiten su desarrollo pueden ser barridas de la noche a la mañana con un simple decreto.
Aún se está a tiempo de evitar que se imponga ese camino. Para ello debe haber un proyecto nacional coherente que fije un rumbo en términos de desarrollo, justicia, igualdad y soberanía. No es con un modelo extractivista agroindustrial como se sale de esta situación. La posible desglobalización abre oportunidades inéditas para la región y el país, y los recursos naturales que Argentina posee, administrados con una perspectiva soberana, brindan la oportunidad única de desdolarizar la economía, independizarse del FMI, y crecer con justicia y equidad.
En el plano específico de las políticas científico-tecnológicas en nuestro país, cabe mencionar que el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 fue aprobado en el Senado por 58 votos a favor y solo uno en contra, y fue enviado a Diputados, donde se buscará convertirlo en ley. El Plan, que define el conjunto de políticas para la próxima década, traza los diez desafíos nacionales y las estrategias I+D+i para abordarlos. Sin embargo, cabe mencionar que la única garantía de que no sea borrado de un plumazo por un decreto presidencial es que el próximo gobierno no esté en manos de los mismos sectores que convirtieron al MINCyT en secretaría y desfinanciaron la CyT en el periodo 2016-2019.
Un aspecto que sigue siendo preocupante en el sector de CyT es la situación salarial, al igual que la desactualización de los montos de los subsidios para investigación. En ambos casos se hace necesario una urgente recomposición. Por otro lado, nuestro complejo científico y tecnológico enfrenta, en los últimos tiempos, restricciones y limitaciones para publicar los trabajos de investigación y acceder a la producción científica generada en otras latitudes. En particular, los espacios de publicación más reconocidos por sectores académicos a nivel global requieren que se realicen diversos tipos de pago, los llamados APC o tasas de procesamiento de artículos, para acceder a la producción y circulación de trabajos en revistas especializadas. En ese sentido en este número publicamos una declaración elaborada por la Red PLACTS (espacio que integramos quienes hacemos esta revista) referida específicamente a esta temática y que contiene una serie de propuestas para una política soberana en materia de publicaciones científicas.
Presentamos este nuevo número de CTyP habiendo alcanzado los 50000 lectores y con un nuevo reconocimiento. Por resolución 260/22 nuestra revista ha sido declarada de interés por el Senado de la Nación. Por otro lado, la doctora Lucía Céspedes, de la Universidad Nacional de Córdoba, quien trabaja temáticas relacionadas a la comunicación científica, el multilingüismo en las ciencias, y los procesos de circulación de conocimiento, se ha integrado a nuestro Comité Editorial.
En este número entrevistamos a Silvio Funtowicz, filósofo de la ciencia, argentino radicado en Europa que desarrolló el concepto de ciencia posnormal como forma de comprender las relaciones entre conocimiento y política en contextos de incertidumbre y complejidad.
Recordamos la figura del físico Miguel Ángel Virasoro por su compromiso con el país y la ciencia nacional. Científico brillante que hizo importantes aportes a la física y fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en 1973 y director, entre 1955 y 2002, del Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam de Trieste.
Noela Invernizzi analiza cómo los procedimientos de evaluación científica dominantes inciden en las agendas científicas, forzándolas hacia temáticas internacionalizadas, y cómo ello refuerza la tendencia persistente a producir una ciencia poco aplicable, en el contexto latinoamericano. En su artículo nos propone algunas alternativas para salir de esta situación.
Agustín Barberón da un panorama de las iniciativas que se han implementado en Argentina para agregar valor a los recursos litíferos del país, la política científico-tecnológica desarrollada en relación al litio y las principales acciones que se están llevando adelante actualmente.
Sergio Cimbaro y Eugenia Chiarito, respectivamente el Presidente y la Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del Instituto Geográfico Nacional de la Argentina, nos cuentan la trayectoria y las actividades científico-tecnológicas que actualmente lleva adelante este organismo y su rol en la construcción de la identidad nacional y en la obtención de información geográfica para el desarrollo integral del país.
Manuel Gonzalo, Yamila Kababe, Gabriela Starobinsky y Patricia Gutti discuten las oportunidades y desafíos que enfrenta una empresa pública, Agrogenética Riojana SAPEM, ubicada en la provincia de La Rioja, que desarrolla su producción con diversas tecnologías.
Ezequiel Sosiuk analiza el Proyecto de Desarrollo Pesquero llevado a cabo, entre 1966 y 1974, por el Instituto de Biología Marina de Mar del Plata en colaboración con la Food and Agriculture Organization (FAO). Concluye que, a pesar de que el proyecto promocionó tanto investigaciones orientadas a la explotación como a la conservación, no tuvo los resultados esperados y discute los posibles motivos.
Rosa María Medina Borges y Jorge Laureano Garrido Céspedes explican cómo Cuba ha logrado -en algo más de seis décadas- pasar de ser uno de los países con menos desarrollo científico-tecnológico de Latinoamérica a convertirse en una potencia médica y biotecnológica del sur global.
En la sección dedicada a la producción de tesistas, estudiantes de posgrado y otras contribuciones presentamos un trabajo escrito por Manuel Fonseca, que discute el concepto de soberanía sanitaria analizándola a partir de cuatro dimensiones políticas sobre las que se apoya.
Para la sección Fragmentos, seleccionamos partes de un texto de Cecilia Helena Payne-Gaposchkin, astrónoma que en 1956 fue la primera mujer en alcanzar el puesto de profesora asociada en la Universidad de Harvard, y, posteriormente, de directora de departamento. En este texto describe las difíciles condiciones en las que tuvo que desarrollar su carrera por ser mujer. Y, como siempre, podrán encontrar nuestra sección de Recomendados y Clásicos.
Agradecemos a quienes colaboraron en este nuevo número de la revista, y muy especialmente a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) y a YPF Tecnología (Y-TEC) que nos brindaron los fondos y el apoyo para hacer posible su edición. También va nuestro agradecimiento a la Coordinación General de Revistas de la UNLP y al Portal de Revistas de la UNLP, que sostiene la plataforma informática sobre la que trabajamos diariamente.
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