La política criminal y el nuevo código de procedimientos penal en Panamá

Criminal policy and the new code of criminal procedures in Panama

Peñalba R., Luis G.

Luis G. Peñalba R.

luchogp26@hotmail.com

Universidad de Panamá. Panamá

Guacamaya

Universidad de Panamá, Panamá

ISSN-e: 2616-9711

Periodicidad: Semestral

vol. 7, núm. 2, 2023

solismu@yahoo.com

Recepción: 20 Noviembre 2022

Aprobación: 31 Enero 2023

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/212/21239882123988009/

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: La crisis que se vivía en el país debido al sistema penal mixto inquisitivo, que son causados por una inestable mora judicial, la desvalorización y la falta de credibilidad de dicho sistema, debido a la corrupción a la que había llegado el sistema inquisitivo mixto, conllevó a un cambio principalmente en la propia institución y la forma como se realiza el trabajo por parte de los operadores de la justicia y los usuarios públicos, lo que propició la implementación del sistema penal acusatorio con la ley 63 del 28 de agosto del 2008. La política criminal es primordial para mantener la paz de toda sociedad. En Panamá se debe apostar por una política criminal integral, para así lograr reducir los índices de criminalidad y una efectiva aplicación de las normas penales. En el presente escrito se revisará la política criminal involucrada en la creación de este nuevo sistema de procedimiento penal, implementado en Panamá, y se analizará cómo está el país, actualmente, en materia de política criminal desde la óptica de la prevención y persecución del delito, considerando la contextualización de las nuevas formas de enjuiciamaineito de causas penales. Por esta razón el autor desarrolló la investigación desde dos vértices; por un lado, lo que es, cuál y cómo se implementa la política criminal en Panamá y su adecuación e implementación a través de la ley 63 del 28 de agosto de 2008, que crea y adopta el Código de Procedimiento Penal, bajo el adjetivo de Sistema Penal Acusatorio.

Palabras clave: código, criminal, política, normas.

Abstract: The crisis that was experinced in the country due to the mixed inquisitive criminal system, which are caused by an unstable judicial delay, the devoluation and lack of cedibility of said system, due to the corruption that the mixed inquisitive system had reached, led to a change mainly in the institution itself and the way in which the work is carried aut by justice operators and public users, which led to the implementation of the accusatory criminal system with law 63 of August 28, 2008 The criminal policy is essential to maintain the peace of the whole society, in Panama it is necessary to bet on a comprehensive criminal policy, in order to achieve a reduction in crime rates and an effective application of criminal regulations. This paper will review the criminal policy involved in the creation of this new criminal procedure system, implemented in Panama, and will analyze how the country is currently doing in terms of criminal policy from the perspective of crime prevention and prosecution, considering the contextualization of the new ways of prosecuting criminal cases. For this reason, the author promoted the investigation from two vertices; On the one hand, what it is, what and how criminal policy is implemented in Panama, and its adaptation and implementation through Law 63 of August 28, 2008, which creates and adopts the Criminal Procedure Code, under the adjective of the Accusatory Penal System.

Keywords: code, penal, policy, norms.

Se entiende como política criminal de Estado, aquellos lineamientos que representan la base para la investigación que se fundamenta en la parte científica, como guía para tomar las medidas necesarias para afrontar los diferentes tipos de delitos criminales.

Según la autora Gómez (2016) precisa que “para su formulación, la intervención de una comitiva de expertos multidisciplinaria debe evaluar en principio” por lo tanto a continuación se exponen, según la autora en mención, lo que principalmente se evalúa:

Los problemas sociales, como influyen en las conductas delictivas, es decir las características y extensión del fenómeno delictivo.

La realidad nacional relacionada a estas problemáticas, sin dejar de lado lo que ocurre en el mundo.

Con la política criminal se busca, principalmente, prevenir el aumento de los delitos en sí, y todas las actividades delictivas que se generan de ella, por consiguiente, se debe formular un accionar enfocado en mejorar los aspectos administrativos de la justicia penal panameña, e ir analizando todo aquello que genera un deterioro de la misma. Según lo antes mencionado la autora Gómez, resalta que el Estado debe ir encaminado, principalmente, en “producir un mejor desarrollo económico y social del país, toda vez que, al tener índices delictivos y índices de violencia menores, habrá una mejor convivencia social y la sociedad se podrá desarrollar de una mejor manera” (2016).

Entre las Ciencias que deben contribuir al desarrollo de estas políticas, se encuentra la criminología, que es una ciencia causal explicativa que estudia el delito, y a la vez “estudia el delincuente y la reacción social que se produce ante el comportamiento de éste. A partir de ella pueden diseñarse estrategias en materia criminal, que encamine al estado a elaborar planes y programas de prevención, tratamiento y resocialización”, (Silva, Vizcaíno, y Ruíz, 2018) para atender los factores criminógenos que concurren dentro de la sociedad los cuales propician la aparición del delincuente.

La criminología se expone por el hecho de que tiene una relación estrecha con la política criminal, al igual que el de los parámetros del derecho penal, ya que:

A la Criminología le interesa los factores de criminalidad y de la criminalización, a la política criminal le interesa los criterios que se deben tomar en cuenta para la creación del derecho penal, y al derecho penal se concentra la imputación del individuo a efectos de hacerlos responsables conforme lo dicta la ley (Silva, Vizcaíno, y Ruíz, 2018).

En dicha relación es de suma importancia que, antes de realizar algún proceso de la reforma penal o las procesales, se cuente con una política íntegra en pro de mejorar el sistema judicial. Con respecto a ello, con la política criminal se busca llegar a una política íntegra, pues va más allá en busca de las causas del delito “intenta verificar la eficacia de las sanciones que utiliza el derecho penal, ayuda a fijar los límites a los que los legisladores pueden extender el derecho penal para limitar lo menos posible, el alcance de la libertad de los ciudadanos” (Gómez, 2016).

También analiza cómo configurar adecuadamente aquellos elementos de un tipo de delito para adaptarse al delito, la situación real y verificar si el derecho penal sustantivo se ha configurado de manera que pueda verificarse y aplicarse en los procesos penales.

Para una mayor comprensión del tema se define el concepto de política, en su expresión más pura se le atribuye a quien introdujo el término griego Politiká, que se puede definir como asuntos de las ciudades. El jurista Gablentz nos explica el término de la siguiente forma: "se apoya ciertamente en el lenguaje griego, según el cual politika singnifica el ocuparse de las polis y de la politeia, es decir, de la cosa pública y de la constitución" (Gablentz, 1977).

Para el ilustre Max Weber el término “política” es de tal amplitud que implica toda índole de actividades, directrices autónomas relevantemente la que se ocupa de la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política, esto es, en nuestros tiempos: el Estado” (Weber, 2008). Como se observa, ambos pensadores concuerdan en que la política tiene que ver principalmente con la cosa pública y el Estado, y es este último el que se encarga de su desarrollo para lograr cumplir con los objetivos planteados en la organización de este.

La palabra criminal, viene del latín criminalis y se puede traducir como “delincuente”, Cabanellas define criminal o delincuente como:

La persona que delinque; el sujeto activo de un delito o falta, como autor, cómplice o encubridor. A estas dos últimas categorías no suele imponérsele penalidad en las faltas. El individuo condenado por un delito penado. Delincuente es el que, con intención (dolosa) o sin intención (culposo), hace lo que la ley ordinaria prohíbe u omite lo que en ella manda, siempre que tal acción u tal omisión se encuentren penadas en la ley (Cabanellas, 2008).

En efecto, para que una persona sea considera como criminal deben concurrir los factores de la teoría del delito, pues para que una conducta sea considerada delito debe ser típica, antijurídica y culpable, como lo plantea el Código Penal en su artículo 13.

Para una mayor comprensión del porqué de la política criminal, a continuación, se desglosan los exponentes más influyentes de esta área:

a) Franz Von Liszt

Para el gran pensador Franz Von Liszt, la política criminal es el “conjunto sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas de las infracciones y de la eficacia de la pena, según los cuales dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio de la pena y de sus formas de ejecución” (Liszt, 2018).

La sanción es un fragmento fundamental en la historia de la humanidad, configura parte de la vivencia del individuo; se trata de la respuesta de la sociedad frente a las alteraciones de la convivencia humana, tanto a nivel individual como a nivel grupal. La pena tiene un objetivo dentro del derecho penal, “se estudia la pena como parte primordial para lograr una armonía social” (Sáenz , 2020). Con base en esta idea, se puede decir que la pena posee objetivo, y esta debe poder ser medida para comprender su verdadero impacto en la sociedad y poder hacer los correctivos oportunos, “esta se desarrolla sobre el supuesto del delito, como su contenido y el sistema penal, donde se ejecuta en nuestro caso el sistema penal acusatorio” (González, 2008).

Este autor plantea que la pena es correcta; siempre y cuando sea justa y necesaria, el poder del Estado (que como se ha visto está relacionado con la política) “enlaza el concepto de fin con la justicia punitiva; solo la pena necesaria es justa” (González, 2008) y penar por todo no es la solución a las problemáticas sociales; para aplicar una pena primero se debe hacer un estudio minucioso, para cuantificar los resultados causados y elegir de manera oportuna y correcta la pena.

"La pena es, en esencia, venganza. No lo podemos decir en el código porque el código es racional. ¿Por qué persiste nuestro sistema? Porque satisface la venganza” (Zaffaroni, 2012). El multiculturalismo, el pluriculturalismo y las variedades culturales representan, desde esta visión, un desafío al concepto de culpabilidad. "Si no lo cuestionamos, nos vamos convirtiendo en cómplices del control social represivo de los sectores hegemónicos, y eso es mortífero hasta que llega un punto en que se convierte en un crimen de Estado" (Zaffaroni, 2012).

En efecto, Zaffaroni critica severamente a los sesgos que se utilizan dentro del control social represivo, donde dependiendo del color de piel, estatus, cultura o religión, se puede obtener un resultado más o menos favorable, se habla de una discriminación que nació con la humanidad, de igual forma el autor es directo al categorizar la pena como una venganza, pero en esencia, la pena existe para satisfacer la venganza y así poder ejercer un control sobre la sociedad y que no impere la ley del talión, donde las víctimas se sienten que se resarció al menos una parte del daño que le hicieron y la sociedad considera que se hizo "justicia".

Para la determinación de cómo debe ser la pena, se debe utilizar la ciencia que estudia la sociedad y su comportamiento, o sea la sociología, mediante la cual se pueda observar la población para poder obtener resultados, los cuales tengan validez y certidumbre. Otra ciencia importante para el sistema penal es la estadística criminal, ya que ayuda a comparar la eficacia de la protección y el alcance de prevención que tiene. “Se debe observar el delito como fenómeno social y la pena como medio con utilidad social” (Díaz, 2018). Este señala, que la pena ataca directamente la voluntad del propio delincuente de forma coercitiva, y que gracias a esta se pueden proteger los bienes.

La pena se dirige contra el responsable de los hechos, es decir el delincuente y no contra el delito en sí, “este plantea que el criminal es el titular de los bienes jurídicos cuya lesión o destrucción constituyen la esencia de la pena” (Díaz, 2018). En el derecho penal es importante destacar tres puntos que son citados por el autor Díaz para una mayor comprensión de lo antes expuesto:

Corrección de las personas que comenten el delito.

Amedrantar a las personas que comenten el delito.

Y controlar a los mismos.

Von Listz, “como pudimos ver puso especial énfasis en la determinación de la pena justa para los infractores de la ley, señalando que la imposición de castigos tiene una función social, más allá de la concepción retributiva de la época” (Díaz, 2018).

b) El Marqués de Beccaria, Cesare Bonesana

En la obra “De los Delitos y las Penas” el ilustre Marqués de Beccaria, buscó hacer un llamado a la atención sobre las extralimitaciones, en la manera que el Estado ejecutaba su autoridad para sancionar a las personas acusadas, encontradas culpables.

Así el Marqués indica, que los pilares en la cual descansa el derecho del monarca a castigar las infracciones, la obligación de justificar el conjunto de la salud pública frente a las apropiaciones particulares y tanto más justas serán las penas, cuanto más sagrada e inviolable sea la seguridad y mayor la libertad en que el soberano conserva a sus vasallos (Beccaria, 2015).

El Marqués indica que cuanta más sagrada e inviolable era la seguridad y mayor la libertad, que el monarca mantenga a sus vasallos; entonces más íntegras serán las sanciones. La sanción es la consecuencia por no cumplir las leyes, la cual legitimiza el derecho a castigar. Entre las consecuencias de la pena que podemos mencionar están las siguientes:

La primera es que estas solo pueden ser promulgada por las leyes y la autoridad competente, para hacerlo sería el legislador. Ningún administrador de justicia puede imponer a voluntad pena a los demás habitantes del Estado, ni modificarla si la estima injusta o fuera de los límites convenidos, ni sancionarla por el bien común y el celo. Para agregar a la pena establecida, es bien sabido que nadie puede ser condenado si la pena no existió antes del delito.

El segundo resultado establece que el monarca tiene la potestad sobre las normas legales generales, las cuales serían de carácter obligatorio para todos los habitantes; sin embargo, cuando alguno de estos no acate estas leyes el soberano no tiene la capacidad para juzgarlo, ya que esta corresponde a los magistrados cuyas sentencias no quepa apelación alguna. Todo magistrado debe manejar la esencia de la justicia y no debe ser un factor por considerar el origen (ya sea acaudalado o humilde) de la persona como factor dentro de su decisión. Ante el derecho no debe existir distinción alguna, ya que se considera que esta es un contrato social entre humanos.

El tercer resultado sería cuando, si se llegase a aprobar los cargos por los que se acusan esto sería opuesto a una adecuada justicia, debido a que en este caso el Estado prefiere convivir en armonía, por lo cual promover la equidad, en lugar de un esclavo irracional, ya no contribuyen a la sociedad al violar la cláusula de igualdad en el contrato de la vida. Porque quieres dejar la violencia por una vida mejor.

los jueces no tienen poder para interpretar la ley penal porque no son legisladores. Las leyes aceptadas por los jueces no son simples palabras, sino la voluntad legítima de una sociedad viva. El autor sostiene que en todo delito, el juez debe hacer perfecto razonamiento o silogismo. “Cuando un juez quiere hacer más de un razonamiento, se abre la puerta a varias versiones, generando incertidumbre en la población” (León, 2000).

El Marqués manifiesta que el fin del castigo no es deshacer un crimen que se ha cometido, porque eso sería imposible. La pena es la resultante de un delito reconocido por la ley y debe ser decidida por un órgano judicial autorizado al efecto.

Podemos decir entonces, que “el objetivo de las penas es lograr que el individuo que cometió un delito, no vuelva a cometerlo; ya que en teoría aprender que este tiene una consecuencia, además de esto busca prevenir que los ciudadanos no perpetrasen crimen” (León, 2000). ¿Qué es el reajuste social? Existen diferentes formas de castigar a los infractores; se buscarán aquellas que causen la menor angustia física al acusado, y aquellas que dejen una impresión más efectiva y duradera de la actitud de un hombre.

Existen varios tipos de penas, entre ellas la privativa de libertad, donde el recluso debe ser recluido en un centro penitenciario, y la duración de la pena puede variar según lo que diga la ley para cada delito. Es común que el sistema dé diferentes denominaciones a estas penas con base en su duración; así pues, tenemos de reclusión, prisión y arresto. También existe la posibilidad de la privación de libertad en el propio domicilio del convicto, y las prohibiciones de dejar el país, entre otros.

Beccaria señaló la importancia de recordar que el propósito del castigo no es torturar a la persona que cometió el delito, ni deshacer el delito, lo cual es notoriamente imposible. En su artículo, el marqués criticaba la dureza y el abuso de la ley penal, especialmente de las penas extremas como la pena de muerte y la tortura, y gracias a este artículo ganó tantos simpatizantes en el círculo filosófico que su obra fue traducida en varias ocasiones. “Beccaria escribe que los principios morales y políticos normativos del hombre derivan de tres fuentes: la revelación, la ley natural y los contratos socialmente establecidos” (Beccaria, 2015). En cuanto al contrato hecho en sociedad, se puede entender que es un acuerdo tácito que se hace como individuo para poder vivir en sociedad, porque se sabe que algunas de las conductas amenazantes pueden ser castigadas.

La Política Criminal en Panamá

“Panamá ha carecido históricamente de una visión penal integral al no contar con una política penal sancionada legalmente, lo que ha dado lugar a que muchas reformas sean improvisadas o con resultados aislados” (Gómez, 2016), provocando el clamor de la ciudadanía y provocando la acción del gobierno.

En Panamá a la mayoría de los políticos les interesa más el ranking político que la seguridad y bienestar social a largo plazo, prueba de esto es que desde que entró en vigencia el nuevo Código Penal se han dado 33 modificaciones, lo que sí ponderamos, significa que este código ha sufrido modificaciones cada cuatro meses, esto aunado al hecho de que cada gobierno que sube al poder viene con su propio plan de acción y no le da continuidad a los planes y estrategias implementadas por el gobierno anterior, lo que trae como consecuencia de que no se pueda dar un cambio real, ya que para que este se dé es indispensable acciones y planes a largo plazo, bien pensado y ejecutados para que puedan dar como resultado verdaderos cambios en la sociedad.

Tristemente lo antes mencionado evidencia que en Panamá a pesar de que sí existe una política criminal contenida en el Decreto Ejecutivo número 260 del 2006, que adopta los lineamientos generales para una política criminológica del Estado panameño, esta no responde a las necesidades de la sociedad, al menos no a largo plazo, esto debido a que dentro de sus metas a corto plazo era aumentar el número de penas y la cantidad de tiempo de estas, lo que trajo consigo que en vez de buscar soluciones para prevenir la delincuencia, todos aquellos comportamientos que no sabían resolver como sociedad se convierten en un delito, o sea solo se buscaba sancionar sin hacer hincapié en qué otras medidas se podían tomar para solucionar la problemática, lo que trajo como resultado que en Panamá existan cárceles que sobrepasan su límite de capacidad y violan un sinnúmero de derechos humanos.

Esto de la mano que en Panamá no se buscan medidas preventivas para evitar la delincuencia. Al no tener políticas preventivas claras en el país, y viendo cómo la pobreza multidimensional, la falta de empleo, la deserción escolar, entre otros problemas sociales, además de que estos ya estaba en crisis antes de pandemia, ahora se ha intensificado con el aumento en los índices de violencia y delincuencia, que penosamente seguirían aumentando si no se toman las medidas apropiadas por parte del gobierno, quien es el responsable por mandato constitucional de asegurar el buen funcionamiento de la sociedad mediante las políticas públicas. El problema en el país se seguirá empeorando.

La poca celeridad e importancia que se le ha dado al anteproyecto de ley número 134 presentado en 2021, es la evidencia de la poca voluntad política que existe en Panamá. Este anteproyecto aún se encuentra en etapa preliminar y contiene los lineamientos claros de cómo se debe manejar la política criminal en Panamá, además de que especifica las fases que se deben seguir para la creación de una y contiene los lineamientos para la creación de un Consejo especializado en política criminal, el cual, al ser un equipo multidisciplinario, tendría la posibilidad de crear políticas criminales objetivas, necesarias y coherentes con la realidad nacional.

La Política Criminal y el Nuevo Código de Procedimiento Penal en Panamá “El camino hacia un nuevo código penal se inició con el Decreto Ejecutivo 541 del 17 de noviembre de 2005, y posteriormente el presidente conformó un equipo técnico y nombró un Comité de Codificación del Código Penal y Proyecto de Procedimiento Penal para su elaboración” (Vega, 2020).

Luego de un proceso de consulta pública y codificación el 28 de septiembre de 2006, el proyecto de ley fue presentado aproximadamente 6 meses después de la constitución de la comisión, luego de lo cual se facultó al Gobierno y al Ministerio Público para ejercer iniciativas legislativas, razón por la cual el 3 de octubre del 2006, se presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para aprobar la Ley Penal.

Luego de varios debates en el seno de la Asamblea Nacional, fue remitido al presidente de la República y firmado por éste, se estableció el régimen de imputación penal No. 63 del 23 de agosto de 2008 y se publicó en el Gaceta Oficial el 22 de mayo de 2007 No. 25796, el cual entró en vigor un año después de su promulgación, prevé la aplicación progresiva del Código Procesal Penal a partir del 2 de septiembre de 2009, por un plazo máximo de cuatro años. Sin embargo, dicho plazo no pudo cumplirse y el procedimiento se inició el 2 de septiembre de 2011 en Coclé y Veraguas, que integran el Segundo Distrito Judicial, y culminó el 2 de septiembre de 2012 en la jurisdicción de Herrera y Los Santos, ambos conformaron el Cuarto Distrito Judicial, solamente en sus primeras etapas.

A pesar de que está previsto que en los años 2013 y 2014 estaba proyectada la implementación del sistema en el Tercer y Primer Distrito Judicial, esto no fue posible ya que fue pospuesta mediante la Ley N° 8 del 6 de marzo del 2013, la implementación en el año 2015 en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, y en el 2016 en la provincia de Panamá, Darién y Colón (Vega, 2020).

En la exposición de motivos del proyecto se documentan los intentos de los codificadores por cumplir con los lineamientos de la política criminológica antes descrita, pero al mismo tiempo se reconoce la urgente responsabilidad del Estado de incluir una estructura política interinstitucional coherente y sistematizada, como revitalizar el sistema penitenciario, económica y científicamente para indicar en su función una forma de prevenir y reprimir el delito al mismo tiempo. Para la investigadora, a pesar de que sí se toman los lineamientos para la creación del código, al no estar instaurados en una ley como tal deja en un limbo al sistema penal, ya que como se ha visto desde que entró a regir este código se le han hecho un sinnúmero de modificaciones, las cuales no todas siguen los lineamientos ya mencionados. Por ello es de suma importancia que se le dé prioridad al Anteproyecto de ley 134, ya que este llevará a tener una política criminal clara y coherente con lo que necesita el país para ir mejorando.

En el código procesal penal que actualmente está en vigencia en Panamá, en el título preliminar del capítulo 1 del libro primero, se indican un conjunto de supuestos básicos que orientan el trabajo de los administradores judiciales, los cuales deben ser utilizados, aunque no sean reconocidos explícitamente.

El Código Penal busca ser más garantista en cuanto a los derechos humanos, prueba de esto son el artículo 1 y 5 en los cuales impera el respeto a la dignidad humana, respetando el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, “debemos tener presente que los derechos humanos consignados en nuestros ordenamientos jurídicos son mínimos y no excluyentes de otros que inciden sobre los derechos fundamentales de las personas" (Ley N°63, 2008).

Esta declaración permite que se reconozca en favor del ser humano no solo aquellos derechos fundamentales contenidos en la Constitución y los que han sido incorporados al bloque de la constitucionalidad como lo es el artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos o pacto de San José, sino también todos aquellos derechos que están contenidos en los tratados y convenios internacionales a los cuales Panamá está suscrito, esto encuentra su validez en el artículo cuatro de nuestra Constitución (Costa, 2019).

De igual forma este incorpora un principio que equivale a una intervención mínima como una limitación del derecho penal, tal como se puede ver en el artículo 2 y 3 ; este artículo si bien lleva a disminuir las conductas penalizadas, no es lo único a lo que quiere hacer referencia, ya que también dice “que las acciones omisiones que se agreguen como hechos punibles deben ser las que realmente representa un peligro para la sociedad o ya sea que pueda causar un daño efectivo a bienes jurídicos relevantes” (Ley N° 63, 2008), además de esto plantea que “el derecho penal solo debe emplearse cuando no sea posible utilizar otro mecanismo de control social” (Jescheck, 2004), lo cual a criterio de la investigadora no se está cumpliendo, ya que además de que en Panamá no existen políticas criminales que ayuden realmente a la prevención de los delitos, también está que las políticas criminales que sancionan y llevan a los criminales a prisión se salta el paso de resocialización, lo que ha traído como consecuencia un número considerable de delincuentes reincidentes, que no solamente reinciden en el delito por el cual fueron sancionados la primera vez, sino que también dentro de estas prisiones aprenden otras formas de delinquir, haciendo muchas veces que esto sea un peligro mayor para la sociedad.

Dentro del nuevo código penal, que se instauró en el país se eliminaron varios delitos como les son la apropiación indebida de cosas extraviadas "los tipos penales agravados relacionados con la falsificación de pasaporte entre otros” (Orestes, 2021), a la vez que se incluyeron otros delitos como son los delitos contra la humanidad, delitos de la manipulación genética, de los derechos de los consumidores y usuarios; en este punto cabe preguntarse si los codificadores, al no tener clara las fases y los lineamientos de la política criminal en Panamá, pudieron medir el alcance social que trajo o podría traer estas modificaciones.

En el código penal vigente hay aproximadamente 275 tipos penales, de estos más o menos 125 serán susceptibles de detención preventiva, lo que entra directamente en conflicto con lo que se planteaba, la creación de este nuevo código penal donde se buscaba bajar la cantidad de delitos tipificados y por ende las sanciones, se trata de buscar métodos alternos para la solución de los delitos tipificados que no fuera únicamente la cárcel.

En este se exige una mayor labor de vigilancia y control por los organismos pertinentes, para garantizar la seguridad en el país, además de esto como un postulado imperativo contiene que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado (Orestes, 2021).

Sin embargo, como dice el dicho, el papel lo aguanta todo y a pesar de que este sistema tiene años instaurado en el país, la reinserción social está casi en cero, las cárceles superpobladas violentando los derechos humanos, y la prevención de que tanto se habla parece más un mito que una realidad.

Y es que para que se gane la lucha contra la incoherencia y se garantice un sistema penal capaz de trabajar políticas criminales preventivas, además de hacer conciencia y docencia en estos temas, esto resulta sumamente difícil, ya que al no tener una política criminal cónsona con lo que se está buscando, se crean programas que en realidad no responden a las necesidades sociales y se siguen invirtiendo millones en programas, algunas en soluciones a corto plazo y otros que ni siquiera dan soluciones.

Hay que estar conscientes de lo que plantea la política criminal actualmente en el país: “donde buscan aumentar el número de penas principales, adicionando la multa y arresto de fin de semana; incorporación de nuevas conductas delictivas” (Silva, Vizcaíno, y Ruíz, 2018), la tipificación de nuevos delitos penales, la incorporación de penas sustitutivas y “la incorporación de postulados básicos en materia penal sustantiva” (Zaffaroni, 2012), como se aprecia dentro de esta política criminal no todo es malo, pero hay que ser sensatos; ya que se necesita una política criminal clara, que no todo es malo, sino que se sienten las bases para la creación de un sistema penal de verdad preventivo, resocializador y que solo tome la prisión en casos necesarios.

Es que, sin las reglas claras del juego, que se deben seguir, se carecerá de concordancia dentro del derecho penal y esto traerá como consecuencia que se esté sesionando contra cualquiera conducta que el legislador quiera sancionar, sin que esta en realidad necesite una sanción, sino que necesita una prevención y un plan a largo plazo que permita la disminución de los delincuentes, a la vez de la resocialización de los que ya existen.

Conclusión

Como hemos podido constatar en el presente escrito, la política criminal es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo coherente e íntegro del sistema de justicia penal. A pesar de que en Panamá se han dado pasos importantes hacia la implementación de política criminal como lo hemos contactado en la creación del código penal y de procedimiento penal que actualmente rige en nuestro país, aún falta mucho por trabajar en este tema, ya que si se siguen haciendo modificaciones penales sin tener una política criminal clara, que señale el camino a seguir al momento de la confección de las reglas, además de que también indique las fases y el estudio que debe hacerse para poder implementar nuevas leyes o artículo a nuestra norma penal, seguiremos teniendo falencias dentro del sistema penal.

Como se pudo observar en este documento, la política criminal actual de Panamá podría decirse que es represiva, ya que contiene más elementos represivos que preventivos; por otra parte el código procesal lo que busca es la forma de castigar, y aunque es cierto que contiene los métodos alternos de resolución de conflicto, en esencia busca la forma de castigar al no tener claro los lineamientos de la política criminal que limite al legislador, donde puede hacer modificaciones a la política criminal seguirán buscando las formas de tipificar nuevos delitos.

Panamá debería apostar más a políticas preventivas y de resocialización, para así poder asegurar que bajen los índices de violencia y delincuencia en nuestro país. Se necesita que el sistema penitenciario funcione adecuadamente a su capacidad y no se sigan perpetuando las violaciones a derechos humanos que actualmente se dan por la sobrepoblación de las cárceles, si no que muy por el contrario que el mecanismo penal funcione de tal manera que los delitos que lleguen a ameritar cárcel sean muy reducidos.

El país también debería darle más importancia y pedir la aprobación lo más rápido posible del Anteproyecto de Ley 134, ya que es de suma importancia para que este siente las bases de la política criminal, más coherente en nuestro país. La política criminal es esencial para el derecho penal y por ende deberíamos apostar más a esta, para que en la medida que un equipo multidisciplinario identifique las problemáticas sociales y también estudie las normas penales actuales, se pueda avanzar a convivir en una sociedad más pacífica.

Referencias

Asamblea Nacional. (2008). Ley N° 63. Que adopta el Código Procesal Penal. Obtenido de Gaceta Oficial: 26114: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_pan_ley63.pdf

Beccaria, C. (2015). Tratado de los delitos y de las penas. Carlos III University of Madrid. https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf

Cabanellas, G. (2008). Diccionario juridico elemental. Argentina: Heliasta.

Costa, H. (2019). Convencion Americana sobre derechos humanos, Pacto San Jose de Costa Rica. Tribunales. https://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/7/#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20Americana%2C%20tambi%C3%A9n%20llamada,respetados%20por%20los%20Estados%20Partes

Díaz, S. (2018). La pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas la reinserción social del condenado. Universidad de Panamá., Maestría thesis. http://up-rid.up.ac.pa/1725/1/sonia%20d%C3%ADaz.pdf

Gablentz, H. v. (1977). En Introducción a la ciencia politica (pág. 23). Editorial: Herder.

Gómez, A. (2016). Política Criminológica y el nuevo Código Penal. Panamá: Editora Novo Art S.A. https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/07/politica_criminologica_y_el_nuevo_codigo_penal.pdf

González, J. (2008). Programa de Formación Inicial de la Defensa Pública. Poder Judicial de Costa Rica: https://www.corteidh.or.cr/tablas/27646.pdf

Jescheck, H. (2004). Tratado de Derecho Penal. En Derecho Penal Parte General (pág. 18).

León, R. (2000). El razonamiento jurídico. Lima-Perú: Academia de la Magistratura. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32764.pdf

Liszt, F. V. (2018). Teoría y práctica en la política-criminal . J.M. boscch Editor .

Ministerio de Gobierno y Justicia. (07 de Junio de 2006). Decreto ejecutivo 260. Que adopta lineamientos generales para una Politica Criminologica del estado panameño. Panamá: Gaceta Oficial.

Orestes, A. (2021). El delito de apropiación indebida en Panamá. Revista Saberes APUDEP, 4(2), 150-167. https://www.revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep/article/view/2229

Sáenz , J. (2020). El Derecho Penal como mecanismo de control social. Universidad de Panamá . http://doctorajuliasaenz.com/wp-content/uploads/2020/04/El-Derecho-Penal-como-mecanismo-de-control-social.pdf

Silva, G., Vásquez, J., & Rodríguez, Z. (13 de Septiembre de 2021). Anteproyecto de ley 134. Que establece los lineamientos de la Política Criminal en Panamá. Asamblea Nacional de Panamá. https://asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2021/2021_A_134.pdf

Silva, G., Vizcaíno, A., & Ruíz, G. (2018). El objeto de estudio de la criminología y su papel en las sociedades latinoamericanas. Utopía y Praxis Latinoamericana, 23(1), 11-31. https://www.redalyc.org/journal/279/27957769014/html/

Vega, F. (2020). Antecedentes del Sistema Penal Acusatorio de Panamá. https://storymaps.arcgis.com/stories/5ce812b549af418192c14ecdfa46de57

Weber, M. (2008). En El politico y el cientifico (pág. 7). http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf

Zaffaroni, E. R. (2012). La pena es, en escencia, venganza. Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, (pág. 3).