Introducción

En septiembre de 2020 conocí el proyecto de la Asociación civil El Bosquecito (sic), a cargo de un grupo de mujeres que durante casi 7 años desplegaron labores de recuperación ecológica de la zona (conocida como el bosquecito de Hernández) buscando crear una identidad colectiva de cuidado en un sector municipal abandonado, con razonables niveles de peligrosidad^[1]. Fue Fabián Ferro, quien nos invitó, junto con Diego Morales, a dar apoyo a tres compañeras colombianas que militaban allí -junto con otras- la agroecología y la permacultura, N, A y T^[2], en un momento en que se sentía la represión policial con más fuerza y en el que algunos jóvenes vecinos, habitantes del territorio, se mostraban hostiles frente al trabajo desarrollado por las integrantes del grupo^[3].

El bosquecito se encuentra ubicado en la localidad de José Hernández (calle 25 y 511) a 8 kilómetros del cuadrado de La Plata. Se trata de un lote de terreno amplio que contiene varias construcciones abandonadas y desmanteladas, en las que funcionó alguna vez FASACAL, una fábrica de cal en donde se empacaba el producto y algunos derivados para ser distribuido y comercializado en todo el país, especialmente en zona porteña^[4]. Hasta allí llegaban los rieles del tren en los 70s, aún se conservan entre la hierba, sobre ellos circulan personas que entran y salen, dando siempre un significado diferente en sus recorridos. De la estructura fabril quedan vestigios, una torre de agua y una chimenea (declaradas patrimonio histórico y cultural. Ver: Lima y otros, 2012), la planta principal de los silos, que es la más visible y a la que se puede acceder por escaleras derruidas pero que se conservan firmes, a un segundo y tercer segmento, desde el que se observa gran parte de la localidad, del Estadio único y del cuadrado de La Plata. Su mejor observatorio, sin embargo, es la torre de agua: allá arriba ventea fuerte, pese a eso no se mueve, lo cual brinda cierta sensación de seguridad: se podría estar allí tranquilamente un buen rato, contemplando tanta planicie y edificaciones: aclarando para sí la importancia del territorio desde donde se mira, por el verdor que aún conserva en medio de todo aquél grisáceo cementerio, por el aire que aún se puede respirar allí, por las aves e insectos, por los árboles y arbustos, por el increíble trabajo de rescate ecológico sobre el territorio realizado por las compañeras de la Asociación civil, por las casuchas que se divisan al fondo, construidas tras la fábrica, del lado de la ferrovía, por las gentes que las habitan: son seis, quizá siete, les veo salir de un rancho rodeado de basura plástica, mirarme desde allá abajo, sus pies sobre tierra pantanosa: la mayoría son infantes, entre 1 y 15 años, también veo a la madre cabeza de hogar con un bebé en brazos; a uno de ellos le escucho gritar -¿Cómo se ve desde ashá? Guarda que te caes. Y luego reír los demás a carcajadas. Sonrío, levanto mi mano y pulgar, - como volando, le respondo de un grito.

Los conflictos

Las primeras observaciones de las compañeras estuvieron relacionadas con los procesos penales y policiales de expulsión por ocupación de hecho que había activado Jorge Mario Larrán y su hijo Germán (respectivamente, propietario y heredero del terreno y de lo que queda de la estructura de la fábrica), el primero del año 2016, continuas presiones desde el 2017 y luego otro procedimiento completamente irregular en el 2018 y más adelante, en continua tensión, la activación de un proceso civil en el 2019 que anunció la expulsión de los habitantes del lugar, dos años después, en el 2021 (Morosi, 2020). En su etapa final se vivieron varias persecuciones a los habitantes del lugar; en febrero se registra un operativo policial irregular (Pulso Noticias, 25/2/2021), más adelante la operación definitiva de desalojo del 15 de julio de ese mismo año, con la consecuente salida de los miembros de la organización de ese territorio y también la de las familias que lo habitaron. Luego, a través de la investigación documental se observaron posibles trasfondos de disputa. En efecto, el acceso a una infografía de la Asociación civil el Bosquecito, proporcionada por uno de los compañeros, permitió vislumbrar que las acciones penales y civiles adelantadas por la familia Larrán se encontraban relacionadas con la prescripción adquisitiva de las porciones del territorio ocupado a favor de sus habitantes y, por consiguiente, en contra de los intereses del poderoso clan. De ahí que Larrán hijo (Subsecretario de Gestión Ambiental de La Plata) hubiese asistido al lugar en más de una ocasión, acompañado de la policía local, amenazante, con ánimos de destruir a cualquier costo todo tipo de iniciativas espaciales que hubiesen podido ser activadas en virtud del descuido de su propiedad a fin de interrumpir el término de la prescripción extintiva de dominio en su contra.

Así, sin ánimo conciliatorio, en esta disputa territorial entablada por los Larrán en contra de los habitantes de la abandonada porción de tierra^[5], se pudieron observar las más variadas estrategias de ataque y las más laboriosas defensas y resistencias. Entre las primeras, (1) los Larrán contaron con apoyo policial que intervino el lugar continuamente, manteniendo una presión constante sobre los habitantes (integrantes del Bosquesito y familias), buscando encuadrar sus comportamientos habituales en delitos, cuando no se trató más que de prejuicios, como lo reconoció siempre la autoridad judicial en materia penal, quien negó en todo caso las medidas de corte punitivo sobre los ocupantes. (2) Para el reconocimiento de una segunda estrategia de ataque de los Larrán, bastó realizar una visita de campo: se trató de una jornada de trabajo que vinculó labores de limpieza, reparación y pintura de vivienda, y sobre todo de contacto, compartir y conexión, con las familias que habitaban el territorio. Este acercamiento permitió reconocer a quienes había observado meses atrás desde arriba de la torre de agua y conocer a otros más, además de apreciar la frágil construcción. Especialmente, aquél día pude ver a una persona (hombre, mayor de edad) quien vivía en un rancho próximo al que nos encontrábamos, sobre el que se informó que tenía contactos con los propietarios, quienes permitieron su estancia en el lugar con el objetivo de ejercer vigilancia permanente de los demás ocupantes. (3) Las intensas divisiones internas de los ocupantes, sus distinciones de clase marcadas entre quienes habitaban el territorio como vivienda^[6]y quienes lo hacían como integrantes del Bosquesito^[7], fueron de alguna manera aprovechadas para la generación de situaciones de confrontación, en las que se pusieron en riesgo la vida y la integridad física de varias compañeras, especialmente de N, A y T. Ellas y otres fueron víctimas de hostilidades -una recibió alguna vez una pedrada en su espalda-, amenazas, incendios provocados por personas no identificadas que quemaron el invernadero. (4) Finalmente, la presión y los ejercicios de injerencia sobre otras entidades e instituciones del nivel local por parte de los Larrán, impidió la continuación de algunos procesos de articulación y extensión entre la Asociación Bosquecito Experimental y la Universidad Nacional de La Plata, lo cual puede ser observado como una estrategia de cerco y asfixia, a través de la disminución del ámbito de oportunidades para el desarrollo de proyectos y la participación social en la ejecución de recursos públicos^[8].

Del lado de las defensas y resistencias, las estrategias fueron variadas también, ajustadas a la medida de las circunstancias, al ámbito de las oportunidades y a las condiciones de acción colectiva. (1) La articulación y coordinación de actividades con otras organizaciones civiles permitió la activación de equipos de contención que aportaron estrategias de apalancamiento territorial y de solidaridad, buscando la generación de vínculos empáticos entre todos los ocupantes del territorio. (2) En el aspecto mediático, las articulaciones mencionadas implicaron la activación de canales noticiosos a través de los cuales se hicieron públicas las circunstancias atravesadas por las compañeras. Efectivamente, se realizaron bazares, talleres, encuentros, aunque sólo se buscó socializar los pormenores en una etapa muy avanzada del proceso. (3) La vinculación, a través del seguimiento constante, al proceso penal por violación de Derechos Humanos adelantado por las autoridades judiciales, con ocasión a una denuncia presentada por Juan Carlos Guillermet, ex habitante de los amplios campos de basura de las instalaciones de FASACAL y ex vecino de la localidad, víctima de la última dictadura militar declarado como tal en el año 2006, ante el Juez Federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak. (4) La activación de campañas de información en los alrededores del territorio, por 25 y por 511, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la pérdida del espacio. Igualmente, las actividades de pintura de muros en las periferias del territorio y la pegatina de carteles con mensajes alusivos al desalojo y a las denuncias por violación de Derechos Humanos: todos ellos fueron violentamente destruidos, rayados, pintados con mensajes vandálicos, con sólo un día de realización.

En estos encuentros -como se señaló- las compañeras advirtieron también sobre la denuncia penal interpuesta por Guillermet, en la cual indicó haber sido testigo de quemas de cuerpos humanos, torturas y desapariciones en la fábrica FASACAL, perpetrados por fuerzas de seguridad y militares, en la época en que vivió en su familiar (entre 1974 y 1979), ubicada en frente de las instalaciones de la fábrica calera. El proceso judicial de reconocimiento como víctima de la dictadura militar había sido activado por Guillermet desde el 2006, con su participación en la Causa N 2 adelantada por el Juzgado Federal 3 de La Plata. Sin embargo, en una nueva denuncia interpuesta en el 2019, Guillermet detalló cómo eran esos operativos de desaparición, en los que finalmente se utilizaban los hornos de la fábrica para la calcinación de los cuerpos (lo cual sugiere que parte del material producido en la época -con el que posiblemente se construyeron algunas obras urbanas- contuvo en su mezcla restos humanos). Se ordenó informar a la Comisión Provincial por la Memoria, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y a la Fiscalía, para que allegaran información relacionada con FASACAL y con su presidente en época de dictadura militar, Jorge Mario Larrán^[9].

Las acciones

La propuesta de trabajo coordinado con las compañeras, desde el primer acercamiento, estuvo centrada en un proyecto de reconstrucción de memoria organizacional, de derechos humanos y de defensa del territorio, a través del cual se pudiera lograr un relato de lo que significaba habitar ese espacio para quienes llegaron a conformar la Asociación Civil del Bosquecito Experimental. En ese sentido se creó un Drive en Google, con información compartida por algunas compañeras y compañeros^[10], relacionada con el trabajo organizacional y las luchas por el territorio y la memoria, que implicó la generación de nuevas preguntas dirigidas al proceso penal adelantado por denuncia interpuesta por Guillermet, una golondrina sola que no ha podido hacer verano porque la Fiscalía^[11] no halla más testigos y, habiendo consultado los archivos pertinentes, ha intentado varias veces cerrar la causa, pasados tres meses luego de su apertura en 2019, hasta el más reciente pronunciamiento judicial del 2021, en el que el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, presidido por Kreplak, ordenó labores de prospección del terreno a la Escuela Argentina de Antropología Forense.

Al decaimiento de la causa penal se han opuesto organizaciones como La Maza y Justicia Ya La Plata, quienes señalan algunas lagunas halladas en la información proporcionada a la investigación preliminar por los organismos del Estado consultados. Así lo resalta Estefanía Velo (11/3/2021), a través del testimonio de Carolina Vilches, integrante del Colectivo La Maza, quien indica que en el Archivo Nacional de la Memoria se halló información sobre FASACAL, en la causa Almeyda (sic) 2955 (Juicio del Circuito de Camps), pero no fue debidamente detallada, ni se allegó a la Fiscalía copia de dicha actuación para así comprender el contexto en el que fue mencionada. De otro lado, el archivo de la DIPPBA, gestionado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), proporcionó una ficha relacionada con Jorge Mario Larrán, que lo vincula como miembro del Colegio de Abogados de La Plata entre los años 1966/67. Igualmente, integrantes de esos colectivos de Derechos Humanos señalan que Larrán llegó a ser Secretario de Gobierno de La Plata, asumiendo el cargo mediante Decreto Nº 7 del 26 de marzo de 1976, año que coincide con el ejercicio del poder de facto de la Junta Militar (Velo; Gallo; Álvarez, 21/7/2021).

Con estas informaciones, algunas preguntas emergentes condujeron la indagación hacia el innegable y hasta ahora inexplicado vínculo entre FASACAL y la dictadura militar. En primer lugar, el Informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad (CELS, 2017) no registra ningún dato sobre esta fábrica y sólo arroja referencias, entre el sector minero, a Loma Negra, la calera de Olavarría de la que se señala que al menos seis trabajadores fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad en 1976 y otros seis más fueron detenidos y procesados irregularmente en 1978 (Ib. 335-336). Igualmente quedan registros del secuestro y tortura de dos abogados laboralistas, asesores del sindicato minero de Olavarría, uno de ellos ejecutado (Carlos Moreno) y el otro liberado, delitos por los que se condenó en el 2012 a Emilio y a Julio Méndez (ambos civiles) y de los cuales fueron absueltos en 2021 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2021). El informe del 2017 es claro en resaltar que

En todos los casos, hay evidencias e indicios de responsabilidad empresarial en dichos crímenes: denuncia de los empresarios ante autoridades militares, amenazas con el uso de la fuerza e intervención y cuadros militares en las fábricas son evidencias que se suman al visible aprovechamiento que hizo la compañía de las nuevas relaciones de fuerza producto de la instalación del golpe para recuperar terreno en el ámbito de la autoridad y orden en la planta fabril, y en términos de manejos arbitrarios de las relaciones y condiciones laborales: las renuncias forzadas, los retiros voluntarios y la tercerización son muestras de ello. En el caso de los dos abogados, resulta llamativa la relación de los secuestros con las demandas laborales que estos promovían por cuestiones de salud del trabajo. (CELS, Ib., 336)

Como se observa, aunque no existen suficientes indicios que permitan a las autoridades determinar la responsabilidad penal empresarial de FASACAL en la comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, las estrechas relaciones entre el propietario de la fábrica, Jorge Mario Larrán y la Junta Militar^[12], junto con las declaraciones de Guillermet en la denuncia, arrojan un manto de duda sobre la legitimidad de las acciones y operaciones desplegadas en territorios fabriles de la calera durante aquélla época. Resultan pertinentes aquí las preguntas sobre los costos y beneficios económicos de producción de FASACAL, sus estados financieros y contables durante la vigencia del Proceso de Reorganización Nacional (24 de marzo de 1976- 10 de diciembre de 1983); las relaciones con sus trabajadores y su postura ante las organizaciones sindicales y la militancia que éstos incorporaron; las decisiones tomadas por Larrán desde los escenarios de poder que ocupó: ¿Qué temas públicos regularon y cómo lo hicieron? Si fueron asuntos de gobierno ¿De qué modo estuvieron relacionadas con la ejecución de delitos de lesa humanidad o con la omisión de su debida denuncia?

Es claro que la tendencia de estas preguntas se dirige a identificar las relaciones empresa (empresarios)/terrorismo (terroristas) de Estado, sin la pretensión de establecer la responsabilidad penal de la clase empresarial en la comisión de delitos de lesa humanidad (pues no somos jueces). Se trata aquí de identificar más bien el ámbito de las oportunidades, las relaciones costo/beneficio, las conciliaciones y acuerdos tácitos, sobre los que se hace necesaria la aplicación de cierta paleografía y diplomática, a fin de leer, como en un palimpsesto, lo que se encuentra en el fondo de lo reescrito. Lo que está claro por ahora es que la captura y el control del sector minero de la época (caracterizado por su animosa organización sindical) fue una operación estratégica para la conducción de los intereses de la Junta Militar, lo que conllevó a crear ciertos lazos de cercanía y complicidad con los participantes de la cadena de producción y comercialización de la piedra caliza, entre quienes figuraron grandes empresarios, destacados personajes del desarrollo industrial argentino de la época, próceres. Durante esos años se observó un crecimiento del sector, impulsado principalmente por la gran familia de Loma Negra.

Para finalizar, debe añadirse que, según la versión de los hechos rendida por Guillermet en la denuncia penal, se alcanzan a configurar algunos elementos de la responsabilidad empresarial en la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de FASACAL. Así, la presencia de cuadros militares en la fábrica; el uso del espacio fabril como sitio de conducción, detención y tortura de personas no identificadas; el suministro de personal de vigilancia de la fábrica para el desarrollo de operativos militares (que eran realizados sutilmente, evitando siempre la presencia de testigos) y los beneficios económicos captados por la persona jurídica FASACAL (o por Larrán como persona natural) en auge del terrorismo de Estado argentino (Basualdo/Nassif, 2021). En cuanto a las relaciones FASACAL/Sindicatos Obreros, no se tienen mayores informaciones, salvo que el pago de pensiones y demandas laborales figuran entre las causales que llevaron a la quiebra.

Categorías y análisis

La noción de memoria urbana (Golda-Pongratz, 2019) permite comprender las dinámicas de uso, apropiación, destinación y habitación del territorio y las transformaciones realizadas sobre el mismo a causa de procesos localizados de significación y resignificación política, económica, social o cultural. Esta noción se encuentra vinculada de un lado, con los marcos espaciales en los que se produce el acontecimiento o se revive su recuerdo (Halbawchs, 2004) y, del otro, con las inscripciones territoriales, las signaturas del pasado presente, las heridas/suturas de la ciudad, de las calles, como observara Lefebvre (1980). Las marcas territoriales en la ciudad se convierten así en fuente de comprensión de la memoria urbana, a partir de las cuales el observador dispone de un texto (o varios) que deberá leer en el contexto ideológico que produjo esas intervenciones espaciales. En esta línea de la memoria urbana, como marco e inscripción espaciales, la metáfora del palimpsesto territorial ha sido aplicada en metodologías de investigación arqueológica y urbanística (Golda Pongratz, 2019; Mancera, 2019), con el objetivo de dar cuenta de las transformaciones reales, continuas y prolongadas, de las ciudades y de las fuerzas, muchas veces traslapadas, que las propician. La idea de palimpsesto territorial sugiere de antemano una superficie con textura sobre la que se puede escribir y reescribir un texto. Además, supone la idea de un trazo inicial, de una intervención originaria sobre la que se van superponiendo otros trazos que no logran más que ocultarla sin llegar a borrarla. De acuerdo con lo anterior, (1) los trazos, las marcas, las huellas, las inscripciones, las edificaciones, producidas en el espacio urbano hacen parte de la memoria colectiva, (2) al igual que los intentos de borramiento, las demoliciones, las superposiciones, las reescrituras y sobreescrituras y (3) las representaciones que los grupos humanos producen acerca de aquellas, hacen parte de los objetos de investigación social de dicha memoria.

La noción de palimpsesto territorial permite observar, además de los cambios físicos en la superficie, las representaciones espaciales atribuidas a dichas transformaciones como causas o consecuencias. Aunque desde su versión más urbanista el concepto ha sido asimilado como “una suerte de constantes superposiciones de capas físicas y huellas de memorias tangibles y efímeras que explorar de nuevo en cada momento histórico igual que en cada recorrido urbano” (Golda, 2019, 1), en este trabajo intentaremos aplicar esa herramienta conceptual a las posibles representaciones hacia FASACAL, realizadas por los participantes de las dinámicas de conflicto por el territorio y por la memoria anteriormente esbozadas. Para su mejor comprensión, estas dinámicas pueden clasificarse como: (a) las referentes a la ocupación territorial por la Asociación Civil El Bosquecito y por familias de escasos recursos económicos (que vivieron entre sí momentos tensionantes), relacionadas con la posible configuración de la prescripción adquisitiva de dominio y las continuas maniobras del clan Larrán para evitarlo a toda costa. (b) las producidas con relación a los niveles de peligrosidad por abandono, contaminación y violencia del territorio de la ex FASACAL y (c) las emergentes del proceso de indagación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el territorio.

(a) Propiedad privada en abandono, objeto de procedimientos judiciales y extrajudiciales de recuperación de la posesión, tierra ocupada para vivir (hábitat) o para recuperar, proteger y sembrar (permacultura/agroecología): representaciones y memorias que se entretejen en un mismo nudo territorial conocido como el Bosquecito de Hernández, en continua disputa por los marcados intereses contradictorios de las partes que señalan su límite: dualidad representacional propietario/ocupantes, respaldada por las normas del Estado (civiles y policiales), que otorgan amplios poderes y defensas a favor de los primeros, excepción hecha con las figuras jurídicas de extinción de dominio, prescripción adquisitiva de dominio y función social de la propiedad. Igualmente, dualidad representacional entre los ocupantes, por sus distinciones de clase, por su capital cultural, político, social, por la destinación que pretenden dar y dan al sitio que ocupan, por su relación con la superficie de la tierra que habitan, en fin, por el ¿para qué ocupan, poseen o son propietarios del territorio?

* Es importante traer al análisis un elemento ya advertido: según los acercamientos realizados por Lima y demás (2012, 14), “[...] existe una Declaración de Patrimonio Histórico y Cultural que [...incluye a FASACAL...] conjuntamente con la estación ferroviaria y la Cruz de Madera existente en las calles 31 y 511 de la localidad de Hernández” (corchetes añadido). En este sentido, ha sido fuente de muchas inquietudes el hecho de que el clan Larrán haya ordenado demoliciones de algunos apartados de la edificación y en varias ocasiones haya intentado demoler otras tantas (Velo, 2019), incluso ante la orden de “no innovar” expedida por el Juez Federal Kreplak a cargo de juzgar y sancionar las posibles violaciones a Derechos Humanos cometidas en ese sitio. De este modo, el sitio es representado por el clan Larrán como propiedad usurpada que, luego de ser recuperada, será demolida para la construcción de una nueva obra con fines de capitalización: así lo sugieren la elaboración de dos propuestas arquitectónicas presentadas en el 2019 ante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (Ver, Pulichino y Muiños).

* En cuanto las representaciones del espacio construidas desde la familia que lo habitaba, aunque el trabajo de investigación para este escrito no pudo ahondar con entrevistas, es posible afirmar que ésta lo concebía como hábitat en temporalidad. Es cierto que el establecimiento de las razones para la ocupación territorial de la familia sobrepasan esta propuesta analítica. Sin embargo, está claro que la invasión de terrenos en abandono se ha convertido en una opción de los desposeídos para acceder a la propiedad/posesión de un predio en el conurbano bonaerense. El caso Guernica, que fue desalojado en octubre del 2020 (Deutsche Welle - DW, 2020), es un buen ejemplo de este fenómeno. Igualmente, la conformación del grupo familiar, con mayoría de infantes, todos desescolarizados, proporcionó criterios de diferenciación con los demás ocupantes y transeúntes del sitio. Uno de los miembros de mayor edad (entre 15 y 16 años aproximadamente) desempeñaba el rol de proveedor de alimentos y seguridad a la familia, para lo cual trabajaba en los semáforos, limpiando vidrios junto con otros niños de la misma edad o menores o en cualquier actividad a través de la cual se garantizara el ingreso familiar.

* Finalmente, las representaciones construidas por las y los integrantes de la Asociación Civil el Bosquecito, quienes desplegaron labores de recuperación y conservación sobre el territorio bajo análisis, estuvieron estrechamente relacionadas con la adopción de la agroecología, la permacultura y de prácticas liberadoras de la madre tierra que vincularon la participación activa de varios vecinos y vecinas del territorio. La tierra para sembrar y para quien la trabaja, se constituyeron así en consignas a partir de las cuales se hizo posible la mancomunidad en las intervenciones de defensa territorial y de la memoria colectiva (talleres, bazares, ferias, etcétera).

(b) Según la teoría de las ventanas rotas (Kelling/Coles, 1996) un sitio abandonado transmite la idea de deterioro, desinterés y despreocupación que, con el tiempo, puede provocar la ruptura de códigos de convivencia y otro tipo de normas. Aunque es cierto que dicha teoría ha sido objeto de fuertes críticas por su carácter determinista, posee una valiosa capacidad explicativa de las representaciones construidas por los vecinos de la ex FASACAL, que pudieron ser consultados en desarrollo de esta investigación, con respecto a su territorio. En efecto, varios de ellos, testigos de las transformaciones territoriales por habitar la localidad desde hace más de 10 años, afirmaron haber padecido diferentes tipos de violencias desde los desmantelamientos y la identificación del sitio como un “lugar sin ley” en el cual era posible arrojar cualquier tipo de desperdicio^[13] y realizar cualquier tipo de actividad normalmente prohibida en otros lugares urbanos (excepción/regla). Así, cierta percepción de permisividad territorial se fue alojando en la psicología social local, en una relación proporcional al progresivo abandono de la propiedad y su decaimiento[14]. Aunque es claro que un estudio criminológico permitiría probar esta tesis (periodicidades, tipos de delitos cometidos que vinculan ese sitio, auges, caídas), la percepción de peligrosidad del territorio de la ex FASACAL condujo a que algunos vecinos adoptaran medidas tendientes a la transformación del sitio y a la modificación de esas representaciones y a su vez, incentivó a que por lo menos una familia buscara ocupar una pequeña porción del sitio como vivienda. Hay quienes caracterizaron como inimaginable el hecho de poder caminar por el predio abandonado tranquilamente o de simplemente estar allí, aportando a esta investigación con su testimonio, antes de la activación de tareas de recuperación realizadas por las y los integrantes de la Asociación Civil el Bosquecito de Hernández.

(c) Un manto de duda sobre la legitimidad de las acciones realizadas por miembros de la clase empresarial e industrial en época de terrorismo estatal ha sido arrojado desde los primeros años de transición argentina hacia la democracia. Sin embargo, los procesos adelantados para el reconocimiento de la responsabilidad penal empresarial durante más de 30 años han logrado producir pocas sentencias en firme (Basualdo/Nassif, 2019, 1; Basualdo/Esponda/Nassif, 2021). En este nivel, las dinámicas de conflicto producen la emergencia de representaciones signadas por las ideas de complicidad, impunidad y beneficio. Pareciera reforzarse así cierta idea metafórica del derecho, que lo observa como una gran red de araña, en la que los pequeños insectos quedan atrapados mientras animales más grandes la rompen.

De otro lado, sobre FASACAL como sitio de memoria, Candau indica que:

Una vez que el lugar es producido, es difícil abolirlo. Salvo en los casos de amnesia espontánea de un grupo, esto no puede llevarse a cabo sin la destrucción física del lugar, cuando se trata de un lugar material (…) la destrucción de un lugar tiene como objetivo la muerte de una memoria, objetivo que no se alcanza mientras viva alguien que recuerde. (2006, 112).

Es claro que las intenciones del clan Larrán fluctúan por la vía de la demolición del sitio y por tanto por la modificación de la memoria urbana, pese a las medidas de corte patrimonial público y de carácter penal que recaen actualmente sobre el territorio.

Conclusiones

El enfoque antropojurídico sobre el territorio y la memoria permite observar las relaciones y dinámicas de poder localizado y las transformaciones espaciales producidas por los procesos de significación y resignificación política, económica, cultural y social. Para ello, las nociones de memoria urbana y palimpsesto territorial, como herramientas metodológicas y analíticas, brindan la posibilidad de distinguir y clasificar las representaciones construidas en torno a las intervenciones espacio- temporales. De ese modo, las inscripciones, marcas, trazados y en general, las huellas urbanas, así como las representaciones (de)construidas frente a aquéllas, se constituyen en importantes fuentes de información a partir de las cuales se hace posible comprender y abordar dialécticas conflictivas. Siguiendo a Halbwachs (2004), la memoria otorga sentido dentro de marcos sociales que comprenden el territorio, con lo que la transformación de éste último modifica inevitablemente la representación de los recuerdos. Asimismo, siguiendo a Lefebvre (2013), las representaciones espaciales (espacios concebidos en planos, mapas y lenguajes técnicos -incluido el jurídico), los espacios de representación (espacios del “debería ser”, de la apropiación y la transformación social) y las prácticas espaciales (espacios percibidos, es decir de producción y reproducción social), constituyen elementos de análisis de los procesos ideológicos de transformación urbana desde esta perspectiva.

Referencias

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Notas