Artículos de Revisión, Crítica o Contribución
LA PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA CARTOGRAFÍA SOCIAL Y LA MEDIACIÓN COMUNITARIA
VIOLENCE PERCEPTION THROUGH PARTICIPATIVE DIAGNOSIS AND COMMUNITY MEDIATION
Eirene Estudios de Paz y Conflictos
Asociación Eirene, Estudios de Paz y Conflictos A. C, México
ISSN: 2594-2883
Periodicidad: Semestral
núm. 1, 2018
Recepción: 18 Septiembre 2018
Aprobación: 29 Noviembre 2018
Resumen: El derecho a la ciudad, expuesto y desarrollado por el urbanista francés Henri Lefebvre en el año 1968 y recogido en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2012), es el único derecho humano puramente colectivo, es decir, para la interpretación de este derecho es innecesaria su visión individual como derecho. Esta condición del derecho a la ciudad supone también un cambio respecto a cómo se ha de ejercer este derecho colectivo, cuáles son los límites de acción de su aplicación y qué repercusiones genera su incumplimiento. El derecho a la ciudad, tal y como recoge Lefebvre, representa la necesidad de coincidencia que tiene que tener la función, estructura y forma de la ciudad para que se convierta en un espacio urbano habitable y a la postre pacífico. Así pues, si se quiere realizar una intervención comunitaria desde la perspectiva de la mediación comunitaria, entendida como herramienta transformativa del conflicto propiamente urbano, es necesario recurrir a la interpretación y representación que tiene la población respecto a los fenómenos urbanos para poder identificar y valorar los conflictos que se producen en su interior, y así transformarlos. Para tal fin, el diagnóstico comunitario es planteado como una acción colectiva de interpretación del espacio vivido, que permitirá la identificación en el territorio de los principales problemas que ocurren, planteamos para ello una herramienta explotaría que nos muestre una aproximación a la representación puntual del espacio por la comunidad a estudiar: las cartografías sociales.
Palabras clave: Derecho a la ciudad, Conflicto Urbano, diagnóstico comunitario, cartografía participativa.
Abstract: The right to the city, exhibited and developed by the French urban planner Henri Lefebvre in 1968 and included in the World Charter for the Right to the City (2012), is a purely collective human right, that is, for the interpretation of this right is unnecessary the approach from his individual vision as a right. This condition of the right to the city also implies a change as how this collective right has to be exercised, what are the limits of action of its application and what repercussions its non-compliance generates. The right to the city, represents the need for coincidence that the cities function, structure and form must have in order to become a livable urban space and become pacefully. Thus, if we want to carry out a community intervention from the perspective of community mediation, understood as a transformative tool of the urban conflict, it is necessary to resort to the interpretation and representation that the population has regarding urban phenomena to identify and assess conflicts that are produced inside, and thus transform them. For this purpose, the community diagnosis is proposed as a collective action of interpretation of the lived space, which will allow the identification in the territory of the main problems that occur, using an exploitative tool that shows an approximation to the punctual representation of space for the community to study: social cartography.
Keywords: Righttothecity, Urban conflict, communitary diagnosis, participative cartography.
1. La percepción de la violencia: Cartografía social para la mediación comunitaria.
En el marco de la investigación realizada sobre la democratización del territorio a través de la mediación comunitaria, en el programa de Doctorado de Métodos Alternos de Solución de Conflictos impartido en la Facultad de derecho y criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, hemos tratado de comprender y relacionar estos dos conceptos, mediación comunitaria y democratización del territorio, con el fin de realizar una descripción de la percepción de los vecinos del Municipio de Galeana, Nuevo León, respecto al conflicto urbano en su localidad. Esta tarea de aproximación al conflicto urbano nos obliga a establecer una serie de premisas básicas respecto a la intervención comunitaria, el espacio, sus tiempos y sus participantes.
Con el fin de establecer un patrón de intervención en comunidades para la implantación de sistemas de mediación comunitaria e intercultural, partimos de la conceptualización de la mediación comunitaria como herramienta planificadora y democratizadora del espacio urbano. Desde el enfoque transformativo propuesto por Lederach (2003) y teniendo en cuenta que sus acciones deberán ser reflejadas y perceptibles por nuevas transformaciones y fenómenos urbanos favorables a establecer en la comunidad una cultura de paz, la mediación comunitaria debe estar basada en el diálogo y el consenso y no centrada en la elaboración de un acuerdo (Nató, Querejazu, & Carbajal, Mediación Comunitaria. Conflictos en el escenario social urbano., 2006). Desde esta perspectiva, los conflictos en el espacio urbano pueden ser tratados como elementos dinámicos que permiten ser redirigidos por los propios actores urbanos a través de la acción de un tercero facilitador de la comunicación. Desde este punto de vista, la gestión positiva de los conflictos supone una oportunidad de cambio positivo en el interior de una comunidad en tanto en cuanto se convierte en una herramienta de pacificación social capaz de facilitar la autogestión y la descentralización de la toma de decisiones. Tanto para la mediación comunitaria como para la defensa del derecho a la ciudad, la gestión positiva de los conflictos adquiere una misión planificadora en tanto en cuanto, las acciones que se acometen en la actualidad, ya sea en la comunidad o en el espacio urbano, entendido como el marco de convivencia de la comunidad, tendrán una repercusión directa e indirecta en la población. Directa porque supone una intervención en el momento, instantáneas de determinadas situaciones conflictivas en la ciudad; e indirectas, porque la transformación urbana ya sea en su función, estructura o forma, determinará como marco referencial de las generaciones futuras de la comunidad.
Teniendo en cuenta este potencial de la comunidad respecto a su capacidad de transformación de su comunidad y su espacio, nos hemos acercado a la Preparatoria 4 UANL de Galeana, N.L., y hemos realizado una primera aproximación a la percepción de la población juvenil respecto a los conflicto público que se da en el municipio, siguiendo las recomendaciones del Manual de Mapeo Colectivo (Iconoclasistas, 2013). En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, pudimos realizar un primer mapa exploratorio acerca de esta problemática y su disposición en el municipio. Tras una sesión de sensibilización sobre los conflictos que se producen en la vía pública, su relación con cómo gestionamos nuestros conflictos y qué tipos de violencia existen, sesenta alumnos del último curso del centro representaron en un mapa en blanco del municipio los principales tipos de violencia que fueron capaces de identificar.
2. Conflicto Urbano y percepción de la violencia comunitaria.
Lefebvre (1978) planteaba ya desde mediados del s.XX el derecho a la ciudad como una práctica social de desarrollo de la vida urbana, que requiere espacios de encuentro y de transformación para que se facilite el uso pleno de la ciudad. Establece que la ciudad tiene la función, y obligación moral de satisfacer las necesidades antropológicas básicas y aquellas necesidades urbanas específicas, que estarán centradas sobre todo en actividades creadoras propias de la vida y el espacio urbano y, por consiguiente, esta contradicción se representa en nuestras ciudades actuales como estructurales, latentes y a la vez manifiestas.
A raíz de la contradicción entre la función urbana de socialización de la comunidad frente al efecto de segregación generalizado de la periferia respecto a los centros administrativos por la fuerza atractiva del mercado inmobiliario, podemos identificar que las políticas presupuestarias en los municipios del nuevo orden globalizado oscilan entre la financiación de obras públicas a escala regional y la inversión en fondos de interés que maximicen sus resultados económicos (Harvey, 2012), además, la especialización global del espacio urbano en la industria turística limitan la actividad moderna de las ciudades al sector servicios donde la competencia está centrada en ofrecer una experiencia vivida por el turista, reformulando el concepto de ciudadanía a raíz de la globalización y que cada vez más, la actividad turística estará determinada por las ventajas económicas del sector y con cada vez menos sentimiento de vinculación al territorio donde se vive, es decir, la competencia entre regiones turísticas está destinada a ser resuelta por lo barato del destino, repercutiendo directamente en las condiciones sociales y salarios de la mano de obra primaria, definida por Lefebvre como “precariado” (La revolución urbana, 1972). Desde la antropología urbana, el urbanismo y la geografía, los estudios sobre el conflicto urbano han puesto de manifiesto que el crecimiento urbano -producido como tendencia natural de expansión de la ciudad y por el miedo a la devaluación del excedente de capital de la producción urbana- que se ha experimentado a nivel global, determina “de manera abstracta nuestros destinos y fortunas, dictando quiénes y qué somos y cómo deben ser nuestras ciudades” (Harvey, 2008, pág. 145). La mercantilización y financiarización de cualquier hecho urbano, acompañado de la tendencia aperturista de los mercados a nivel global, han supuesto un ajuste estructural a favor de los poderes financiaros en cuanto a la toma de decisiones dentro del proceso de transformación urbana, delimitando el derecho a la ciudad a un rol puramente comercial en el que el ciudadano se convierte en cliente y precariado del sistema productivo urbano. (Harvey, 2012) El empuje al mantenimiento del buen clima para los negocios mediante herramientas de control disciplinario de la fuerza de trabajo y la disminución de servicios sociales ofertados por las administraciones locales han cambiado radicalmente la forma y función de las ciudades modernas, diluyendo el concepto de ciudad como unidad frente a espacio urbano como identidad homogeneizada; producto del mercado turístico, inmobiliario y financiero. (Harvey, 2008).
Es manifiesto el papel trascendental que han tenido las ciudades como marco de relaciones de la vida urbana, han sido recipientes de los procesos creativos de urbanización en la historia de las ciudades y las regiones, así como de la propia libertad de la ciudad. (Harvey, 2008). La teoría del conflicto en el ámbito urbano aporta una condición sine qua non para la transformación y prevención de los conflictos: el conocimiento cabal y consciente sobre el propio conflicto genera una oportunidad para transformarlo y fomentar la cultura de paz (Nató, Querejazu, & Carbajal, Mediación Comunitaria. Conflictos en el escenario social urbano., 2006). Esta condición otorga a las partes afectadas, directa e indirectamente, un papel primordial para su transformación y la concienciación sobre el conflicto: sobre los aspectos profundos y condicionantes históricos del problema. Aspecto que requiere de una actitud voluntaria de las partes para explicarlo, comprenderlo y solucionarlo. En este sentido, la identificación y concienciación del conflicto urbano en general; entenderlo desde su papel transformador y propiedad de la comunidad, supone una oportunidad en cuanto al comienzo de procesos comunitarios, creativos, transparentes y participativos, donde el empoderamiento, el diálogo y el reconocimiento de las partes será la premisa para guiar la transformación de esos conflictos; que permita la generación endógena de una cultura pacífica de convivencia y de gestión de recursos, en este caso, el capital social de las ciudades como medida de desarrollo.
Finalmente, otra aproximación al espacio urbano y a sus conflictos se realiza desde la perspectiva sociológica de la teoría del conflicto comunitario, con carácter eminentemente práctico y también con una clara vocación activista. En este caso, se atiende al objeto del conflicto urbano desde el marco interpretativo de la programación neurolingüística aplicando a escala local las líneas de investigación y análisis del fenómeno conflicto sintetizado por Entelman (2002) de la teoría del conflicto (Nató, Querejazu, & Carbajal, Mediación Comunitaria. Conflictos en el escenario social urbano., 2006). Desde este punto de vista y partiendo de la premisa de la neutralidad de los conflictos (Galtung, 2010) y la capacidad transformativa de estos (Lederach, 2003), el estudio del conflicto en el escenario social urbano se establece desde el estudio de las relaciones sociales que se dan en situación de conflicto. Tiene como objetivo final la transformación pacífica de los conflictos en la escala comunitaria a través de la planificación estratégica de la comunidad con libertad y legitimidad para intervenir en el espacio urbano. Es desde esta perspectiva que se da justificación a la intervención comunitaria desde los métodos alternos de resolución de conflictos (MASC), en concreto la mediación comunitaria. Esta visión del conflicto en el espacio urbano clasifica en tres tipos de conflictos propios de esta escala: conflictos en la comunidad, haciendo referencia a aquellos conflictos que de forma general se dan en una comunidad específica y donde las relaciones interpersonales adquieren un peso significativo para la interdependencia de las partes y el deseo de mantener la relación es implícito; el segundo tipo de conflictos que atañen a la comunidad son los conflictos públicos, aquellos que, por su relevancia en cuanto a número de actores e intereses tendrán repercusiones en el conjunto social; y, por último, los conflictos interculturales referidos a aquellos conflictos causados por diferencias culturales, las cuales requieren un tratamiento intercultural para la intervención en el conflicto urbano.
El abordaje transformativo de los conflictos en el espacio social urbano propuesto por Nató (2006) hace referencia al universo simbólico de la actividad humana y a todas las representaciones que se producen en las relaciones sociales dentro del espacio urbano definido. Al tratarse de una concepción compleja del conflicto, el acuerdo final del proceso queda relegado a un segundo plano frente al papel transformador de la realidad de la mediación comunitaria, palanca para establecer y fortalecer la cultura de paz en la comunidad y reformular la interpretación de la realidad desde la fenomenología y la hermenéutica (Husserl, 2013). Finalmente, la intervención territorial y la gestión del conflicto desde esta concepción del conflicto urbano se hace en torno a cuatro ejes conceptuales que son: la acción colectiva, los actores colectivos y la minoría activa; el acontecimiento en el orden constituido; el liderazgo social; la multitud como sinónimo de masas; y el fortalecimiento comunitario, que podrá ser en cuanto a prevención de riesgos sociales, a representaciones sociales, a la identidad local o a las redes sociales. (Nató, Querejazu, & Carbajal, 2006, pág. 198).
2.1. Derecho a la ciudad: la función planificadora de la mediación comunitaria.
Entendemos que el derecho a la ciudad, en su carácter colectivo, debe ser conseguido mediante la planificación estratégica y el ordenamiento territorial de las localidades nos permite contradecir la asunción imperativa de que el turismo es una de las más rentables fábricas globales ya que su actividad repercute directamente en la toma de decisiones sobre la ordenación territorial y, por ende, en la mercantilización del espacio urbano y en la reinversión del excedente de capital urbano. El programa de Pueblos Mágicos de México (Velázquez García, 2013) , propone un modelo de desarrollo para localidades pequeñas en los Estados Unidos Mexicanos donde el turismo y los procesos artesanales de producción se conjugan para dinamizar políticas públicas para el desarrollo de los municipios, el principal problema de este modelo de desarrollo es la falta de participación de todos los agentes implicados en el desarrollo de una comunidad. Galeana no forma parte de este programa.
Desde una visión antropológica de las repercusiones que tiene el turismo sobre el propio desarrollo, los cambios que se producen bajo el efecto del fenómeno turístico no suponen siempre ventaja para con las condiciones de vida local, suponiendo en ocasiones un aumento en la desigualdad social territorial. (Martínez Mauri, 2015, pág. 353) .Así como el foro romano o las ciudades antiguas griegas estaban organizadas para el ejercicio de la democracia, la ciudad actual ordenada para el turismo en su centro y desarticulada en su periferia por la economía de escala del modelo de turismo de masas; en su proceso de expansión y masificación, determinará las relaciones culturales, sociales y económicas de las comunidades actuales y futuras. Es la falta de gestión social de las transformaciones urbanas el origen del conflicto urbano que se dan en los centros urbanos o “lugares centrales” denominado Gentrificación por Ruth Glass en 1969. (García Herrera, 2001) , a nuestro entender ese proceso de gentrificación se produce en cualquier ámbito urbanizado y esa intervención no sea gestionada por los propios vecinos; por la comunidad y para la comunidad. Es por culpa de una mala gestión pues, que la población de esa comunidad, en su mayoría de clase media o baja, es desplazada y sustituida en el espacio por otra de mayor nivel social. Por un lado, autores como Judd (2003, pág. 52) hacen referencia a la fracturación que se da en los espacios urbanos al aparecer nuevos los enclaves turísticos, no solo mediante un control autoritario del espacio urbano, cambios en el consumo o pérdida de identidad local, sino que también suponen generación de diversidad y diferencias dentro de la ciudad. En esta visión del turismo se plantea que la gentrificación se ha dado gracias a la iniciativa pública de desarrollar el turismo urbano globalizado y el aumento de la financiarización y acceso a financiación de las ciudades actuales. Hacemos pues nuestra la conceptualización actual de la gentrificación y nos alineamos con la concepción de este fenómeno como producto de una tendencia global favorecida por el modelo de turismo de masas, insostenible y deshumanizado que expresan Hiernaux y González (2014, pág. 67) . “En el recinto gentrificado, abundan los conflictos, pero estos no son solo los que han registrado los textos ahora ya clásicos sobre la gentrificación: expulsión de residentes tradicionales, encarecimiento de la renta del suelo entre otros. Pensamos que se asiste a una guerra de signos enraizada en la oposición entre el sistema de espacios, objetos y signos que sustentan la vida cotidiana de los residentes versus la construcción fantasiosa de los turistas que ejercen otra lectura del espacio barrial; esta guerra facilita, define y perenniza los mecanismos de gentrificación.”
Como herramienta de intervención comunitaria y democratizadora del territorio, para Puntes (2007, pág. 26) , la mediación comunitaria es la reconstrucción voluntaria y participativa de la convivencia y los vínculos sociales. Según este autor, todos los modelos de mediación comunitaria requieren de un sistema dinámico que circule entre conceptos, técnicas y objetivos diversos en función de la realidad y el momento de cada comunidad. Entendemos que la mediación comunitaria tiene como objetivo instaurar una cultura de paz que promueva el diálogo y el entendimiento racional entre los actores que conforman la comunidad para una correcta gestión de los conflictos comunitarios. Es también concebida como una política pública: una estrategia estructurada, estable y sistematizada de carácter social donde la administración pública, junto a la ciudadanía, busca la “cohesión social” a partir de la gestión directa de los conflictos por parte los ciudadanos y sus agrupaciones naturales. (Gorjón Gómez & Rivera Hernández, 2014, págs. 151-154) . Tal es el caso de la mediación comunitaria en la República de Panamá, donde esta política pública implementada desde 2016, establece la Justicia Comunitaria de Paz como una justicia especial, basada en los MASC y encargada de solucionar conflictos comunitarios a través de las figuras de Juez de Paz y Mediador comunitario. Esa ley, basada en los principios de diversidad cultural, gratuidad, independencia, imparcialidad, oralidad y respeto a los Derechos Humanos, tiene legitimidad dentro del país para tratar una serie de problemáticas comunitarias, que podemos agrupar, según la propuesta de Nató (2006) , como de naturaleza pública, como son los actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad o la instalación de servicios; de relaciones interpersonales, ruidos, molestias, daños, entre otros; y asuntos comunitarios, como es la prevención y las pensiones alimenticias o los asuntos relacionados con servicios y espacios públicos. (Ley 16 de 17 de junio de 2016 “Que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre Mediación Conciliación Comunitaria”)
Desde la disciplina del trabajo social, la mediación comunitaria como herramienta de intervención, de creación de cultura democrática y pacífica, se plantea como una intervención abordada bien como un método para mediar entre vecinos o bien para mediar entre agentes que intervienen en el espacio comunitario. (Adasme Calisto & Quinteros Flores, 2014, págs. 223-224) .Así mismo, la mediación comunitaria también puede ser concebida como una metodología de intervención social para la democratización social del territorio: un sistema de justicia vecinal desde la perspectiva del desarrollo humano, que fomenta el protagonismo de las comunidades a través de la construcción de una cultura común, comunicativa y de diálogo para que, democrática y responsablemente, facilite al mismo tiempo la resolución de conflictos por y para la comunidad, la adopción de acuerdos en la vida comunitaria, disminuya los riesgos de exclusión de la población más vulnerable y genere oportunidades de creación de nuevos vínculos sociales a partir del desarrollo de capital sinérgico de esta. (Adasme Calisto & Quinteros Flores, 2014, págs. 237-238) .
Respecto a la gestión del capital social, entendido no solo como el capital económico de una localidad sino como todo aquel capital, social, económico o cultural, que se genere en una comunidad, la mediación comunitaria en su definición se establece como un proceso de democratización del territorio primero debido a su carácter preventivo y resiliente y segundo a su capacidad de canalizar y facilitar la gestión y planificación de una comunidad. La mediación comunitaria genera pues una cultura que responsabiliza y genera aprendizaje de resolución de conflictos en un territorio o comunidad. El proceso se respalda en la participación activa de las partes para la consecución de acuerdos que beneficien a todos los agentes implicados en una disputa (Iglesias Ortuño, 2013, pág. 416) . Estos acuerdos, facilitados por la intervención de la figura del mediador, se convierten en una palanca que beneficiará la democratización del territorio, ya que por sus aportes tangibles e intangibles (Gorjón Gómez & Sáenz López, 2006) generan un fortalecimiento y empoderamiento del propio capital social de la comunidad sirviendo como un punto de partida para la gestación de nuevos planes y proyectos comunes. En su aplicación, la justicia comunitaria de paz en Panamá establece que el juez de paz es una figura capaz de aplicar medidas provisionales como son órdenes de alejamiento, órdenes de suspensión temporal de actividades y obras o cauciones pecuniarias. (Ley 16 de 17 de junio de 2016 “Que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre Mediación Conciliación Comunitaria”) . A su vez, esta legislación también recoge y define la representación de la comunidad en la Comisión Interinstitucional y la Comisión Técnica Distrital. Finalmente, y ahondando en los principios de independencia e imparcialidad, se establece que le corresponde a la comunidad o a una organización social postular al Juez de Paz o mediador comunitario de su respectivo ámbito local. Pese a que en esta ley no se recoge su función planificadora, la mediación comunitaria puede ser entendida como herramienta para facilitar el desarrollo de una comunidad.
Para nuestro estudio abordamos la mediación como aquella intervención comunitaria que busca generar una cultura de paz comunitaria en la cual se produzca beneficio colectivo, participación ciudadana y democratización del territorio. Se entiende como beneficio colectivo aquella satisfacción de necesidades y demandas de los miembros de una comunidad, en nuestro caso hemos concretado beneficio colectivo aquel que supone la intervención en las violencias directas que se dan en el espacio público, aquellas que pueden ser observadas por la población joven del municipio. Entendiendo la mediación comunitaria como una herramienta de gestión positiva del conflicto, la aplicación de esta supondrá, como política pública, una intervención destinada a garantizar justicia social teniendo en cuenta y favoreciendo la participación de las partes implicadas en el conflicto para que solucionen ellas mismas sus problemáticas. (Gorjón Gómez & Sauceda Villena, 2015, págs. 8-9) . La Participación ciudadana y cultura democrática como práctica de la mediación se abarcará desde la premisa de que son las partes, los agentes sociales, los mejores cualificados para conseguir y cumplir un acuerdo que suponga una transformación positiva del conflicto y alcanzar así una convivencia pacífica duradera. Finalmente, la democratización del Territorio se verá reflejada en la relación funcional y vínculos de pertenencia, la identidad, derechos y deberes de una comunidad y sus espacios comunes: Tal y como comentan Gorjón y Sauceda (2015) , la mediación comunitaria está orientada a que las personas y colectivos que conviven en un mismo espacio mantengan la relación y el vínculo comunitario pero es necesaria la intervención de un tercero, imparcial, que les ayude a alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Además, partiendo de la concepción que propone Puntes (2007) de ejercicio de la ciudadanía como la relación funcional entre pertenencia, identidad, derechos y deberes, a través de la mediación comunitaria los conflictos que se van a transformar son aquellos que resultan por el hecho de compartir recursos, comportamientos y espacios comunes por una comunidad. (Gorjón Gómez & Sauceda Villena, 2015, págs. 11-12)
3. Gestión positiva del conflicto urbano: Cartografía social como herramienta de diagnóstico de conflictos
Tal como lo mencionan Cabello-Tijerina & Vázquez-Gutiérrez (2018, pág. 27), con la fundación del Instituto Francés de Polemología, a cargo de Gastón Bouthoul en 1945 se dio impulso a una nueva forma de abordar el estudio del conflicto, fuera de ideologías políticas, pacifistas o de cualquier sesgo, con la apertura de un análisis multidisciplinar y multidimensional del fenómeno denominado conflicto, hoy, se puede entender dentro de muchos otros resultados, que la comunidad tiene la doble responsabilidad de crear y relacionar a ciudadanos informados, capaces de tomar decisiones respecto a eventos que afecten sus condiciones de vida y su desarrollo como comunidad que les permita “satisfacer las necesidades humanas fundamentales y con claros objetivos sociales, culturales, económicos y de medio ambiente; donde se dé prioridad a la disminución de la pobreza y de otras condiciones de desigualdad, preservando el medio ambiente” (Esteinou, 2003). El empoderamiento, la participación ciudadana como acción que realizan los sujetos sociales tratando de medir su nivel de compromiso, el índice de cumplimiento de objetivos y el tipo de participación con que operan en el grupo analizado, se convierte en una herramienta efectiva para medir y dinamizar los procesos planificados de desarrollo y formación de actitudes para la construcción de una identidad, local acorde con la estrategia a seguir, en el caso de la mediación este desarrollo está encaminado a conseguir una cultura de paz territorial.
Este sistema de relaciones de una comunidad a su vez se puede desagregar en cuatro planos diferentes (Boisier, 2005, pág. 53): el plano político, donde se toman las decisiones, participación ciudadana política; el plano económico, en el cual se realizan los intercambios y la gestión de recursos, sobre todo respecto a la reinversión de excedente local y la mercantilización del espacio urbano; el plano científico tecnológico, como aquel donde se intercambian los conocimientos y se genera capital intangible comunitario; y por último, el plano cultural en cuanto a recuperación de la cultura tradicional y la construcción de una nueva cultura acorde a las necesidades que se identifiquen en el proceso. En nuestra exploración, nos propusimos como objetivo medir las componentes de estas relaciones culturales y sus manifestaciones en el espacio público a través de la representación de las diferentes violencias en el mapa colectivo. El patrimonio cultural urbano se entiende pues como aquel capital, tangible e intangible de la ciudad, -así como del significado, uso y actividades que se le otorgue a este-, y que está relacionado con los bienes culturales, construidos socialmente, los cuales adquieren atributos y valores colectivos. (Dossier El patrimonio cultural urbano: identidad, memoria y globalización., 2009). Entendemos pues que patrimonio cultural no es solo la parte intangible del espacio, sino cómo se sociabiliza dentro de este.
La cartografía social o mapeos colectivos, es una técnica de recopilación de datos espaciales orientada a facilitar la toma de decisiones comunitarias mediante una correcta medida, representación y análisis de las percepciones que tiene la comunidad respecto a los fenómenos estudiados. (Barrera Lobatón, 2009, pág. 24). El potencial de esta técnica de recopilación de datos cualitativos y cuantitativos es la capacidad de transformación de conflictos ambientales y sociales a diferentes escalas debido a su capacidad de aproximación al fenómeno conflicto en estudio (Bastidas, 2009, pág. 1). Además de conflictos, la cartografía social sirve en la actualidad para la gestión de sistemas más complejos como mapas de redes, de servicios o, incluso de gestión de tráfico y movimientos urbanos, para todos es fácil identificar aplicaciones móviles que facilitan el movimiento en las ciudades, donde la participación activa de las personas construye la información relevante para los sistemas de navegación o de valoración de espacios y negocios urbanos.
Este tipo de cartografía, no necesariamente euclidiana y positivista, (Barrera Lobatón, 2009, pág. 18) nace de la necesidad de representar la experiencia vivida de una población respecto a un espacio tanto en el ambiente académico como político y empresarial. Su evolución ha estado ligada a las investigaciones de carácter investigación-acción, donde se ponen en valor la participación ciudadana y la sociedad civil organizada con una clara visión crítica a los paradigmas actuales de desarrollo económico. Estas experiencias también han estado enmarcadas a un empoderamiento de la población a favor de movimientos sociales denominados de Abajo-Arriba o Bottom-up que abordan temáticas de diversidad, complejidad y dinamismo de estilos de vida alternativos a las propuestas institucionales actuales. (Bastidas, 2009, pág. 4), es por ello que se han convertido en una herramienta que requiere de una visión multidisciplinar. Un proceso ejemplificador de cartografías sociales es el propuesto por el colectivo Iconoclastas, (Ares & Risler, 2013), en el cual se ejemplifica la intervención de esta metodología en la población a través del estudio de varios proyectos aplicados en América Latina y España. La tarea de estos proyectos era fundamentalmente la representación simbólica y de percepciones de los diferentes grupos sociales respecto a temáticas específicas, variables concretas elaboradas desde el autorreconocimiento de la comunidad (Barrera Lobatón, 2009): desde la lucha ambiental indígena hasta la voluntad de transformación de espacios urbanos degradados de Europa, la cartografía participativa ponen de manifiesto los intereses de la comunidad con una clara intención política. Esta metodología trata de transformar la narrativa local a través de la utilización de iconos, símbolos y representaciones de diferentes fenómenos en el mapa y en el espacio, para ello es siempre necesario el trabajo previo del equipo director que requiere preparar y realizar una función pedagógica previa. La vocación de esta herramienta es ayudar a los participantes a tomar conciencia sobre una problemática concreta, que dependerá de la compleja interacción que se da en el espacio entre la estructura, el contexto y los actores que lo conforman. (Bastidas, 2009, pág. 11). Una vez sensibilizados los participantes sobre la herramienta y la problemática, el vaciado de datos se produce normalmente en conjunto con celebraciones de jornadas especializadas, para concluir analizando los datos conjuntamente y poder así, arrojar luz sobre el fenómeno estudiado y proporcionando posibles líneas de actuación de la futura planificación estratégica.
4. Resultados: el mapa colectivo de la percepción de la violencia pública de los alumnos de la preparatoria 4 de Galeana, Nuevo León.
Una vez realizada la exposición magistral sobre conflictos y violencias en los dos salones de la Preparatoria 4 de la UANL en la Unidad de Galeana, N.L., mediante una lluvia de ideas se identificaron que los principales conflictos o violencias que se producen en la vía pública de Galeana son: consumo de drogas, de alcohol, asaltos en la vía pública y pandillas, trabajo infantil, contaminación ambiental y acoso callejero.
Tras la recopilación de los datos la distribución por colonias sobre los diferentes tipos de violencia percibidos se distribuyó de la siguiente forma:
Tabla 1 Distribución de las violencias, Galeana | |||||||
Colonia | Drogas | Alcohol | Asaltos | Infantil | Ambiental | Acoso | Total |
Ascensión Charles | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
Centro | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 49 |
Cristo Rey | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
El Atole | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
El Chamizal | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 25 |
El Maestro | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
Genaro Ramirez | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Guanajuato | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Las Cordeladas | 4 | 19 | 6 | 1 | 7 | 4 | 41 |
Mariano Escobedo | 24 | 15 | 8 | 5 | 14 | 9 | 75 |
San Pablo de Labradores | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Santa Rita | 31 | 9 | 7 | 1 | 5 | 14 | 67 |
Sócrates Rizzo | 7 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 |
Total | 104 | 112 | 40 | 19 | 48 | 70 | 393 |
Podemos observar en la Tabla 1 que el consumo de alcohol primero y drogas segundo en la vía pública son los principales problemas que observan los participantes en la vía pública, seguidos por el acoso a las mujeres, la contaminación ambiental, los asaltos y el trabajo infantil en último lugar. Destacan la colonia Mariano Escobedo.
Respecto a la distribución por colonias, la percepción sobre la violencia callejera de los alumnos de la preparatoria, sita en la colonia de Las Cordeladas, queda representada por proporcionalmente representada en la Gráfico 1. Finalmente, utilizando el Software de Sistemas de Información Geográfica QGIS en su versión 3.4, obtuvimos el siguiente mapa:
Así pues, quedan identificados los diferentes tipos de violencia en el espacio público que pueden percibir los jóvenes del municipio, sirviendo a modo de pilotaje para la realización de un atlas de las violencias comunitarias en el municipio. Podemos observar como las circunferencias que representan la proporción de identificaciones de violencias es menor en las colonias centrales y aumentan su tamaño a medida que nos acercamos a los límites de la cabecera municipal; del espacio urbano de Galeana. También es significativo que los jóvenes relacionan el centro, lugar de mayor sociabilización de los vecinos de Galeana, con consumo de alcohol y drogas y con la presencia de hechos de acoso a las mujeres.
5. Conclusiones
La mediación comunitaria, por definición, trata de solucionar conflictos que ocurren en una comunidad. En una primera aproximación al conflicto urbano, en una comunidad los conflictos podrán ser internos cuando los afectados directos e indirectos pertenecen a la propia comunidad, véase por ejemplo una disputa en una comunidad de vecinos sobre asuntos de convivencia en el interior del condominio. A su vez, los conflictos que se pueden producir en la comunidad, tal y como mencionábamos antes, pueden ser entre miembros de una comunidad y personas o grupos externos a estas: los problemas derivados del cambio de uso del suelo hacia actividades turísticas o la gentrificación o turistificación de áreas centrales de la ciudad, suponen una problemática que afecta tanto a la población residente como a la población turista, a las organizaciones privadas que explotan los recursos turísticos e incluso a las áreas periféricas que dan soporte a la industria turística de los centros urbanos, ya sea por la aportación de mano de obra o la aparición de nuevos tipos de residencias turísticas basadas en economías colaborativas como son el “coach surfing” o empresas privadas como Airbnb, esto da lugar a un cambio en cuanto a las relaciones que se producen en el espacio público, determinando el comportamiento de las personas en el espacio público en Galeana. La menor proporción de percepciones de violencia en las colonias centrales del municipio nos dan un ejemplo de cómo el centro del municipio se convierte en un lugar más seguro que la periferia. La percepción de los jóvenes de Galeana refleja que en el centro del municipio
Siguiendo el planteamiento de mediación comunitaria por Alejandro Nató (2006), los conflictos perceptibles que se producen en el seno de una comunidad se pueden clasificar en tres tipos de conflictos propios de esta escala: conflictos en la comunidad, haciendo referencia a aquellos conflictos que de forma general se dan en una comunidad específica y donde las relaciones interpersonales adquieren un peso significativo para la interdependencia de las partes y el deseo de mantener la relación es implícito; el segundo tipo de conflictos que atañen a la comunidad son los conflictos públicos, aquellos que, por su relevancia en cuanto a número de actores e intereses tendrán repercusiones en el conjunto social; y, por último, los conflictos interculturales referidos a aquellos conflictos causados por diferencias culturales, las cuales requieren un tratamiento intercultural para la intervención en el conflicto urbano.
El abordaje de los conflictos en el espacio social urbano propuesto por Nató (2006) hace referencia al universo simbólico de la actividad humana y a todas las representaciones que se producen en las relaciones sociales dentro del espacio urbano definido. Al tratarse de una concepción compleja del conflicto, el acuerdo final del proceso queda relegado a un segundo plano frente al papel transformador de la realidad de la mediación comunitaria. Esto supone aplicar una interpretación de la realidad desde la fenomenología y la hermenéutica (Husserl, 2013). Así pues, la intervención territorial y la gestión del conflicto en la mediación comunitaria se hace en torno a tres ejes conceptuales que son: la acción colectiva, los actores colectivos y la minoría activa; el acontecimiento en el orden constituido; el liderazgo social; la multitud como sinónimo de masas; y el fortalecimiento comunitario, que podrá ser en cuanto a prevención de riesgos sociales, a representaciones sociales, a la identidad local o a las redes sociales. (Nató, Querejazu, & Carbajal, 2006, pág. 198). La percepción que puede tener una comunidad respecto al conflicto urbano, entendido como falta de gestión social del excedente de capital social urbano, es imperceptible directamente, pero supone una serie de condicionantes que pueden ser identificados como es el uso del espacio público, la capacidad de planificación y reflexión estratégica de la comunidad y la capacidad de transformación directa del espacio urbano por la organización colectiva.
Estos ámbitos de actuación de la mediación comunitaria deben ser tratados de forma correlacional, es decir, es recomendable realizar actividades concretas que profundicen sobre la realidad de la comunidad respecto a cada una de las temáticas que le afecten. El triaje, o selección de prioridades, dependerá directamente de la voluntad institucional y de la capacidad propia de la comunidad para abordar cada uno de los problemas, su capacidad de aprendizaje, comunicación y diálogo determinarán la capacidad real de afrontar los conflictos comunitarios en una localidad. En este sentido, entendemos que la acción democratizadora de la mediación comunitaria debe ir acompañada de una voluntad real de las partes por transformar la comunidad en un lugar más pacífico y habitable.
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