1. Introducción

Colombia es un país complejo y heterogéneo que históricamente se ha caracterizado por registrar diversos escenarios de violencia y conflictos armados. Para nadie es un secreto que la violencia sociopolítica medió gran parte de la configuración del conflicto armado colombiano y que sólo fue reconocido expresamente hasta el año 2010, considerándose entonces, como uno de los contextos más dilatados del mundo. Caracterizar la violencia que ha transformado al Estado colombiano en estas últimas décadas, siempre se ha pensado como una de las labores más complejas y arduas, puesto que se ha buscado establecer los diferentes perfiles en que este fenómeno ha adquirido mayor poder en los escenarios sociopolíticos, económicos, culturales, interpersonales y familiares, pero el lograr comprender estos conflictos y sus dinámicas en las entidades territoriales más afectadas, indiscutiblemente se convertido en un verdadero reto para la consolidación de una nueva construcción y cultura de paz frente al diseño de las políticas públicas de posconflicto de todos los involucrados.

En efecto, fue hasta el año 2010 donde se reconoció formalmente el conflicto armado en Colombia, examinándose sus múltiples causas y consecuencias que dieron origen al inicio de la llamada política de prosperidad social, en la cual se expidieron normas como la Ley 1448 del año 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras -LVRT-, que permitió sistematizar y establecer las medidas administrativas, económicas, políticas y judiciales del gobierno colombiano en favor de las víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, a pesar de que dicha norma pretendía la satisfacción de las necesidades de la población tanto directa como indirecta desde la postura de un Estado Social de Derecho, para diversos sectores esta ley se había convertido en una política asistencialista. Empero a ello, de que esta perspectiva pueda basarse desde la subjetividad de cada individuo no deja de ser un avance en el restablecimiento de derechos y un punto y aparte en la terminación del conflicto y una forma de construcción de paz.

Con este panorama más claro y con el fin de no repetir los errores del pasado, se buscó la estructura de un acuerdo integral el cual, según autores como Laura Soto (2014), la importancia radicaba en que:

El Estado tenía como responsabilidad garantizar la participación de las víctimas y propiciar un contexto de reconciliación efectivo que incluya la justicia, la reparación, la restitución, es decir, el logro de una justicia social. Además, de procurar la eliminación de las violencias estructurales, de dar garantías a la oposición política y reestructurarse, de tal forma que dejara de mantener oligarquías políticas y económicas (p. 55-76

Y en este sentido, dicho acuerdo impidiera la existencia de más víctimas, la garantía de derechos, el fin de un grupo armado luego de más de cincuenta años de conflicto, la reincorporación de éstos a la vida civil, reales oportunidades de desarrollo económico como el fortalecimiento de la democracia del Estado y la participación de la ciudadanía en el proceso de construcción de una paz estable y duradera, acto hecho realidad firmado en el año 2012 y que actualmente contiene (6) seis puntos de suma importancia del ideal deseado. En efecto, la firma de este acuerdo de paz no sólo ha implicado el brío político de la institucionalidad sino el compromiso y la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad para enfrentar los retos que conlleva el denominado posconflicto.

Ahora bien, para la Fundación Paz y Reconciliación (2015), frente al tema, afirma que:

El posconflicto plantea numerosos retos. Unos son del nivel nacional y otros del nivel territorial. Unos de corto, otros de mediano y otros de largo plazo. Los temas nacionales son mayúsculos, van desde una gran estrategia de reconciliación nacional, hasta la lucha por mitigar los efectos de factores estructurales que promovieron la violencia (p. 54).

Este proceso al ser considerado un reto en el periodo de transición se ha convertido en una oportunidad para la construcción de paz a partir de acciones fehacientes enmarcadas en el principio de corresponsabilidad. En cuanto a este concepto, Aponte, Chamat, Frost, Millan, Restrepo y Vargas (2011) sustentan que:

La construcción de paz se refiere principalmente a la superación de la escisión maestra de la guerra civil colombiana. Ello implica necesariamente adelantar reformas institucionales, políticas y económicas que permitan la integración efectiva de toda la población al ordenamiento político central, esto es, la ciudadanía plena para toda la población que habita el territorio sobre el cual el Estado colombiano reclama soberanía (p.23).

Como ya se ha señalado anteriormente, el escenario de posconflicto en Colombia muestra profundos desafíos políticos, sociales, económicos y culturales, pero quizás el mayor de ellos, se refiere a la capacidad de todos los ciudadanos de decidir afrontar el sentido de la reconciliación como un proceso no sólo relacionado con la voluntad política de los diversos actores involucrados sino con el uso o la utilización de todas aquellas herramientas e instrumentos que hacen parte de un sistema de justicia a lo largo de la historia de Colombia. Se habla entonces, de la capacidad del Estado de responder institucional y estructuralmente a la resolución de conflictos.

Se debe comprender que el hecho de que siempre existan escenarios de conflictos no se debe referir al uso exclusivo de instrumentos o actitudes de agresión, violencia y guerra, esta concepción, para una de las regiones colombianas más afectadas históricamente por éste fenómeno como lo es la región del Catatumbo, se ha convertido en la oportunidad de reconstruir el tejido social y la participación directa en la formulación de políticas encaminadas en la transformación social, en la resolución de conflictos y en una verdadera cultura de paz.

Bajo esta perspectiva, a través de un análisis teórico conceptual con enfoque cualitativo de tipo descriptivo desde un estudio documental y socio jurídico de corte transversal, se propone desde una reflexión constructiva, la implementación de herramientas alternativas que permitan contrarrestar los impactos del posconflicto y que éstas sean aprovechadas en la aplicación de la justicia y en la incidencia de esta frente a la superación de conflictos.

En el presente artículo se busca hacer hincapié en la necesidad de seguir desarrollando el nuevo concepto de mecanismos alternativos de solución de conflictos –MASC- como el abanico de posibilidades en el que las partes de forma pacífica y con mayor celeridad, estén dispuestas a resolver sus controversias desde la perspectiva de la adaptación conceptual del conflicto armado y el fortalecimiento del considerado mayor reto del Estado y sus actores, a corto plazo, en el escenario del posconflicto en la búsqueda del restablecimiento del orden público y el bienestar de la ciudadanía.

2. Desarrollo

2.1. El conflicto y sus generalidades una historia desde la región del Catatumbo

La noción de conflicto es considerada como un fenómeno innato en el ser humano, donde las dificultades e intereses enfrentados, sin duda alguna, no son ajenos a la coexistencia de vida de una sociedad en el planeta, puesto que representan una realidad invariable y por tanto su proceso de superación o logro será aquel reflejado desde una toma de decisiones en conjunto y de vital importancia para la subsistencia de la humanidad. Cuando se busca argumentar sobre la teoría de los conflictos y las alternativas de solución a estos conflictos, es posible verse en la necesidad de conceptualizar interrogantes claves como ¿Qué es un conflicto? ¿Esencialmente es visto como una situación negativa? y ¿De dónde nacen estos conflictos y en qué se caracterizan?, el encontrar respuestas a estas cuestiones, a decir verdad, no es tarea fácil ya que se cuenta con grandes contrastes de fuentes teóricas y disciplinarias que abordan la base de la teoría del conflicto y la superación de este de manera diferentes, sin embargo, es importante resaltar brevemente la conceptualización a estos interrogantes.

En ese sentido, una de las definiciones de conflicto refiere a que se considera como:

Un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto (Silva, 2008, p.1).

De acuerdo a ello, se deduce que los conflictos por naturaleza representan un fenómeno en una sociedad, es decir, inherente al ser humano porque nacen en una relación social en la que se producen constantes desacuerdos, discrepancias, intereses, percepciones y necesidades diversas, empero a ello, es importante aclarar que la noción de violencia y paz son sólo aprendizajes sociales, es decir, no se encuentran de manera natural, biológicamente hablando, en la humanidad, pero el conflicto en sí, es connatural. Frente a sus características, se presume que surgen en cualquier parte del mundo, que se puede observar en diferentes espacios (familia, colegio, empresa, comunidad, entre otros), en diversas situaciones (públicas y privadas), pueden reflejar o terminar en algunos casos, en actos violentos y que dependen de la tipología contextual (social, familiar, jurídico y racial) como de quienes componen esta controversia.

El pensar como surgen los conflictos en la humanidad, hace que se desvíe la mirada hacia sus orígenes, que ya sean mencionados algunos, como la naturaleza de las sociedades, la funcionalidad del sistema social, los objetivos perseguidos de parte y parte y la necesidad de poder frente a una situación, una persona, comunidad o ente. De lo anterior se puede afirmar que el conflicto, el universo y la vida están entrelazados y que el hecho de existir una necesidad de conocer las fuentes del mismo se convierte una pregunta existencial en sí, que no tendría un fondo, que depende del referente, del pensamiento ya sea objetivo o subjetivo y del aporte o incidencia del mismo, pese a ello, se resalta las más comunes, la naturaleza y el hombre, los objetivos frente a la competencia y las discrepancias que varían de acuerdo a los valores y al poder.

El departamento de Norte de Santander se encuentra ubicado en la región andina del país colombiano, aproximadamente cuenta con una extensión de 22.130 km2 y se conforma por sus 40 municipios, distribuidos en seis subregiones de este. En la zona norte del departamento se localiza la región del Catatumbo que se extiende hasta la frontera con Venezuela, y que comprende, según el Plan de Desarrollo del departamento de Norte de Santander, 11 municipios: Tibú, Convención, El Carmen, La Playa, Ábrego, Ocaña, Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Sardinata. Una región caracterizada por su riqueza natural, por la presencia de resguardos o comunidades indígenas, donde se encuentran las más importantes reservas del sector minero energético como el petróleo, el uranio y el carbón, en fin, el territorio más conocido como la Tierra del Trueno. Sin embargo, a pesar de estas condiciones que resaltan la productividad y diversidad de esta tierra, la misma, a lo largo del tiempo, se ha visto afectada directamente por la ausencia del Estado, por las dinámicas impuestas bajo la presencia y actuar de actores armados legales e ilegales.

No se puede comparar las historias, pero al igual que en otras regiones donde también se visto marcada la historia del conflicto armado, las causas y consecuencias de los mismos se caracterizan por ser coyunturales y estructuradas, en resumen representan causas socioeconómicas, políticas, desconfianza del Estado por el reiterado incumplimiento de acuerdos y compromisos con la comunidad y actores armados involucrados, por la cultura de la ilegalidad y por el aumento de la militarización, que a pesar de ser una respuesta estatal que busca la seguridad y el bienestar de la comunidad, en muchas ocasiones provoca y propicia la afectación directa a los derechos humanos de los habitantes de estas localidades. Con el inicio de las negociaciones entre las FARC-EP y el Gobierno nacional a partir del año 2012, se buscaba minimizar y erradicar todo aquel acto de violencia e iniciar una transformación social hacia una cultura de paz, pero, para nadie es un secreto que, a pesar de este acuerdo como herramienta positiva para la construcción del ideal deseado, los habitantes de esta región persistían bajo el escepticismo, la incertidumbre y la desconfianza frente a este proceso.

Bajo esta perspectiva, se define un proceso de paz como aquel conjunto de etapas de negociación y de mediación entre las partes dentro de un conflicto, en el cual se busca llegar a un acuerdo para su subsistencia y superación, pero que finalmente va más allá del sólo hecho de dar cumplimiento a lo acordado en él. Un ejemplo de ello señalado por Fisas (2010) corresponde a que:

En Centro américa, es frecuente constatar el surgimiento de nuevas violencias comunes, ya desvinculadas a la violencia política del pasado, que pueden producir un número de víctimas igual o superior a las que tuvo el país en cuestión durante la etapa de confrontación armada (p. 5).

En este caso, la superación del proceso de paz no está vista en la firma del acuerdo sino en el cumplimiento de este y es aquí donde el Estado, los actores armados y la sociedad en general juegan el papel más trascendental frente a la transformación social del concepto de paz. Este modelo que se ha pretendido adoptar, empieza en el cambio de una cosa por otra, de tomar una serie de medidas multilaterales, transversales, participativas y recíprocas que permitan resolver las diferencias surgidas en una sociedad que se ha visto afectada por actos violentos y que vulneran los derechos humanos a través de niveles exponenciales. Es decir, la construcción de un escenario de paz en la región como el Catatumbo implica la legitimación de las instituciones del Estado, la gobernanza y gobernabilidad local, la intervención de políticas y espacios de participación en donde los procesos de reconciliación sean asumidos por la sociedad como mecanismos de resolución de conflictos, esencialmente ajustados en la problemática de la paz, como la mediación.

Ahora bien, otro aspecto a revisar lo descrito por José Tuvilla Rayo en su artículo: “Cultura de Paz, Derechos Humanos y Educación Para La Ciudadanía Democrática”, la Cultura de Paz es un paradigma que representa la oportunidad histórica de construir un modo de organizar el mundo basados en el derecho de saber y aprender a vivir juntos. Enmarcado en la concepción occidental del Derecho a la Paz, emanado de la Declaración de los Derechos Humanos, el autor reconoce en la Educación una herramienta básica de creación y regeneración de cultura, como proceso global de la sociedad. Siendo necesario aterrizar este importante paradigma a la realidad de Colombia.

Respecto a la legitimación, sería objeto de un análisis profundo por la situación presentada en Colombia, así como lo referencian los autores Barreto, Borja, Serrano, y López (2009) señalan que:

Es de esperar, por tanto, que los grupos que ejercen la violencia creen un discurso social que contenga creencias grupales que enmarquen la situación social como injusta con el propósito de convertir la percepción de injusticia en motivo para participar y legitimar la violencia política y que, además, incluya creencias grupales que responsabilicen al grupo adversario de la situación en la que se encuentra y, por ende, lo deslegitime (p.739).

2.2. Las dinámicas del posconflicto y los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Las experiencias de países como Guatemala y El Salvador frente a los escenarios de posconflicto que ellos han vivido han demostrado los enormes retos y desafíos que se adquieren y que son muy diferentes a los de un proceso de paz con respecto al conflicto armado. Un proceso de negociación y un acuerdo de paz no garantizan un país, en este caso, una región, en algo verdaderamente pacífico, lo que se desarrolla es un concepto de paz limitado, imperfecto y frágil. La conceptualización de posconflicto es entendida como el periodo de tiempo que va después de un conflicto armado, a ello es referido la noción de superación ya sea total o parcial de hechos que marcaron a una población como vulnerable. El postconflicto total es aquel que se desarrolla cuando las partes han logrado llegar a un acuerdo de paz, inclusive a cuando sólo una de las partes se es sometida a las decisiones de la otra, que contrario sensu a un posconflicto parcial, este se da cuando un miembro o actor armado deja las armas y es aquí cuando se reintegra o se reincorpora a la sociedad civil, a su familiar culminando la era del conflicto e iniciando así una nueva vida.

En esta etapa entran en juego diversos aspectos en la región, específicamente aquellos que estuvieron en la fase de planeación durante el proceso de paz, uno de ellos es la reconstrucción como aquella referida a lo físico o a la estructura como tal y otras como la rehabilitación, la reparación integral a quienes son denominadas víctimas, el papel de la fuerza pública (militares) en el ejercicio del conflicto, la reconciliación social y la construcción de paz. Para el ex Secretario General de la ONU, Boutros Ghali (1992) “La construcción de paz consiste en acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto”. Y en ese sentido se puede deducir dos grandes enfoques, el posconflicto y la construcción de paz y esta última puede verse desde diferentes visiones (minimalista, intermedia y maximalista), diversas interpretaciones ya sea por su contenido, por la actividad y por el plazo o tiempo.

Por otra parte, dentro de la superación del posconflicto, el Estado colombiano, ha formulado herramientas con la búsqueda de aplicar los postulados ya descritos, pese a ello, la idea de mecanismos judiciales para la solución de conflictos específicos se ha contrapuesto con la capacidad y eficiencia del Estado de responder institucional e integralmente a la resolución de dichas problemáticas. En existencia de esa crisis del sistema judicial, les hizo necesario recurrir a otros medios extrajudiciales, que permitiera mediar escenarios de conflictos, vividos actualmente en el país, pero que aborden problemáticas que permitan la reconciliación social y garantía de derechos, pero materializándose en decisiones justas y duraderas.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos –MASC- evidentemente inciden en las dinámicas del postconflicto, puesto que contribuyen con la administración de justicia, con la sociedad y con los territorios que actualmente se encuentran más vulnerables como la región del Catatumbo, en la toma de decisiones eficientes y claras enfocadas en la reconstrucción y reconciliación social. Algunos autores señalan que la conciliación es el mecanismo más adecuado para ser aplicado a problemáticas relacionadas con respecto al posconflicto. Sin embargo, desde la postura de este artículo, se piensa que la mediación como mecanismo, no sólo propicia al diálogo, sino que además permite una transformación social basada en la empatía frente a las problemáticas que se ven enfrentadas y bajo esta postura en el siguiente capítulo se desarrollará la temática planteada para finalizar en el proceso metodológico de la noción de construcción de paz en la región del Catatumbo.

2.3. La mediación como solución alternativa en la región del Catatumbo frente a la construcción paz

Con el transcurrir de los años son muchas las investigaciones que apuntan a un mismo fin “la solución de conflictos” para nadie es un secreto que en el día a día de cualquier persona puede verse inmiscuido un conflicto. La mediación, es un mecanismo en el que dos o más sujetos buscan solucionar sus diferencias de forma independiente y amigable, claro está, con el apoyo de un tercer sujeto que es aceptado por las partes, es decir, una herramienta a través de la cual las partes someten sus desigualdades a un tercero diferente del Estado, con el resultado de buscar un arreglo amistoso. En estos casos, este tercer sujeto, debe caracterizarse en un ser neutral, elegido en ninguna circunstancia especial, que las propuestas que plantee no sean de obligatorio cumplimiento o acogida pero que si busque reducir el grado de desigualdad a través de una solución tolerable para ambas partes.

La relevancia e importancia de la mediación al igual que otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, radica en el intento de una decisión equitativa, ya que por lo general, en la justicia formal o común puede verse beneficiada la posición del fuerte sobre la del débil, sin embargo, en la mediación persiste la democracia, aquella que propicia al diálogo, a la facilidad de crear acuerdos y a la construir de relaciones de manera paralela constituyéndose en una autorregulación social. El desarrollo de la implementación de la mediación en Colombia no ha sido el mayor, ya sea por la existencia de otros métodos más privilegiados, como es el caso de la conciliación, la amigable composición y el arbitraje. La mediación por su parte como alternativa a la justicia consiente en que las partes en conflicto lleguen a un arreglo en el que se refleje un gana - gana.

En el marco del posconflicto, es entendido que, para materializar los postulados dispuestos, con el fin de superar los escenarios de violencia y en un país donde la sociedad y el Estado se encuentra en constante transición paradigmática de un conflicto hacia la paz, es importante la existencia de herramientas institucionales enmarcadas en la protección y garantía real de derechos bajo el enfoque de una reconstrucción del bienestar social. Por lo anterior, la mediación se convertido en pieza clave para el avance de una transformación que genere resultados en el accionar gubernamental a partir de la formulación de políticas públicas, que tomen en cuenta los cálculos necesarios de impacto en la sociedad. Como apreciación general del término política pública, muchas veces es relacionada con el inconformismo por parte de la ciudadanía que no conciben satisfechas sus necesidades y que es resultado de las acciones del Estado, en el no cumplimiento de estas.

La perspectiva del posconflicto ya es un desafío real frente a los sectores sociales claves en la construcción de paz y de la cual muchos temen hablar como el medio ambiente, la cultura, la educación y la ciudad. Y si hablaran de las ventajas del uso de este mecanismo, se empezaría favoreciendo al tiempo y el dinero, puesto que a decir verdad son procesos con soluciones casi inmediatas y de menor costo, de hecho, no requieren de un abogado. Constituyen en sus etapas, la creación de soluciones únicas y originales, que buscan presentar la eventualidad de crear una nueva cultura frente a la resolución de conflictos.

En la historia existen experiencias de mediación que se afirman ser constructoras de paz en las cuales se puede evidenciar las alternativas de participación social de la sociedad civil en los conflictos armados, como la mediación comunitaria, aquella realizada entre las Iglesias, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas. Inclusive, actores armados que en la actualidad hacen parte del cambio, están dispuestos al diálogo y a los acuerdos con poder transformador. Cuando se habla de construcción de cultura de paz, se refiere a la capacidad que trasciende de las negociaciones y acuerdos entre las partes enfrentadas, es aquella que involucra en el posconflicto, ya sea por las víctimas, los reinsertados, dolientes y sociedad del común. La cultura de paz surge desde la sociedad civil, es el reto ético para hacer frente a esta situación, involucra la empatía y una trasformación de forma pacífica de los conflictos generados, buscando ennoblecer los valores el reconocimiento, el cuidado y autocuidado frente a las situaciones de violencia.

En este sentido, se busca un perdón multidimensional como el acto voluntario que asiente en el restablecimiento de las relaciones sociales; la desnaturalización de la violencia, en la contribución al proceso de la victimización horizontal en la integración de prácticas jurídicas locales y mecanismos alternativos de solución de conflictos que sean capaces de reconocer las características territoriales del conflicto armado, la guerra y las fracturas sociales. La incorporación de la mediación en los diferentes ámbitos es un ejemplo claro que encamina no solo a promover escenarios pacíficos de aceptación y convivencia, sino también, la generación de contextos de formación para la construcción de paz y reconstrucción del tejido social.

3. Conclusiones

Es evidente que el escenario de posconflicto en una de las regiones más afectadas por la violencia como lo es la Región del Catatumbo conlleva a profundos y grandes desafíos políticos, sociales y económicos, a la transformación dinámica de una sociedad. No se trata simplemente de cambios referidos a lo político con vínculos económicos, se trata de lograr una construcción de paz en todas las instancias. El proceso de construcción de paz involucra perspectivas mucho más amplias como los derechos humanos, el enfoque de las poblaciones de manera diferenciada, la seguridad humana la perspectiva de género, la planeación territorial, la gestión pública, el desarrollo humano sostenible, de la capacidad de las comunidades de resolver sus asuntos y de contribuir al desarrollo de sus territorios por medio de la articulación y participación de diversos actores territoriales, entre ellos el Estado, la sociedad civil, las agencias públicas y el sector privado con el objetivo de amplificar las habilidades de una sociedad para gestionar conflictos de forma pacífica a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Por medio de estos mecanismos se puede generar una región que conceptúa en la idea de una cultura de paz y reconciliación social, promoviendo la participación de la población en la gestión pacífica de sus conflictos. Sin duda alguna, han demostrado su gran eficacia ya con arreglos satisfactorios para las partes se favorece al mutuo bienestar y reconstrucción del tejido social. Para el presente análisis, la mediación es la herramienta más útil en las dinámicas del posconflicto en la región del Catatumbo, ya que le permite al Estado a través de dicho arreglos realizar una mirada retrospectiva de problemáticas sociales para que después en su actuar gubernamental logre implementar en su ejercicio políticas públicas interinstitucionales que aporten a la minimización de riesgos y de problemáticas sociales que se produce por la falta de diálogo entre las víctimas, los reinsertados y la sociedad en general.

El generar nuevas herramientas de construcción social, son apreciables para garantizar que el proceso del posconflicto, no se vea inmiscuido en procesos tradicionales de justicia y, que, por consiguiente, se formulen mecanismos alternativos que se tienen consagrados en nuestra legislación, pero que, bajo esta perspectiva, puedan ser útiles para fines puramente sociales y resocializadores que contribuyan a una cultura de paz. Que las partes de un conflicto puedan llegar a una solución equitativa a través de la mediación, que sean muestras de experiencias de mediación a través del diálogo.

En ese sentido que, si se lograra implementar una política pública, el Estado deba vigilar las condiciones de sus servicios o la prestación de estos, para que la población pueda hacer uso del mecanismo de la mediación en caso de existir algún conflicto, toda vez que debe buscar la legalidad, su cumplimiento y la inclusión social. A pesar de que la mediación y la conciliación mantengan un mismo fin, las etapas y procedimientos de estos, es diferentes, sin embargo, aún falta política reguladora del mismo por parte del legislador. Progresivamente se está construyendo una cultura de cambio en estas regiones mayormente afectadas por la violencia, se está fomentando el intelecto de las partes a través diálogo y la empatía, reconociendo las diferencias, comprendiendo que en la justicia no se trata de quien tiene la razón o el poder en un conflicto sino en construir relaciones integrales y armónicas por medio del respeto a la dignidad humano del otro.

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