Tesis

CORPORACIONES AGROPECUARIAS Y ACTORES POLÍTICOS EN EL CONFLICTO AGRARIO DE 2008 EN ENTRE RÍOS

Wilson, Cristian Jorge

Cristian Jorge Wilson

cristianjswilson26@gmail.com

UADER Argentina

Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

ISSN: 2250-4001

Periodicidad: Semestral

vol. 12, núm. 25, 2022

estudiosrurales@unq.edu.ar

Recepción: 05 Abril 2022

Aprobación: 27 Abril 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/181/18131231813123002/

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Introducción, preguntas y justificación

Este trabajo es un resumen de la Tesis de Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presentada por el autor. El tema que trata la misma es el conflicto por las retenciones móviles en la provincia de Entre Ríos en 2008 y el comportamiento político de las corporaciones agropecuarias y las fuerzas políticas. Este conflicto tuvo gran repercusión social y política en Argentina y ha sido ampliamente abordado por la bibliografía de las ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, como sucede en muchas áreas del conocimiento, la mirada suele estar centralizada en Buenos Aires y los actores nacionales, descuidando la dinámica particular de las provincias protagonistas, como en este caso, Entre Ríos.

Esta provincia fue considerada uno de los epicentros de la protesta de los ruralistas, ya que se produjeron cortes de rutas entre los meses de marzo a julio de 2008, los que tuvieron gran atención por parte de los medios nacionales. Los cortes de la ruta nacional 14 en el kilómetro 53 en el acceso a Gualeguaychú, el corte del acceso al Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis del lado de Paraná, y el corte en el acceso de Victoria hacia el puente Victoria-Rosario, mantuvieron a la provincia aislada del resto del país.

Expresa Hora (2010) que una movilización tan masiva y extendida geográficamente no puede comprenderse sin atender a las circunstancias específicas de cada provincia y cada localidad. El abordaje desde una perspectiva territorial de un proceso de alcance nacional nos permitiría comprender la red territorial y social conformada en rechazo a la medida, así como los movimientos de los actores políticos locales en torno al apoyo o disenso en las protestas.

Ahora bien, ¿qué factores económicos-estructurales influyeron para que Entre Ríos fuese uno de los epicentros del conflicto por las retenciones móviles de las entidades agrarias con el gobierno nacional? Y, ¿cuáles fueron los posicionamientos y comportamientos políticos que asumieron ante el conflicto agrario de 2008 las corporaciones del agro y las fuerzas políticas entrerrianas? En búsqueda de respuestas a estas preguntas iniciales, en esta investigación se analizan las transformaciones en el sector agropecuario y la estructura social del agro nacional y entrerriano que posibilitaron el surgimiento de nuevos actores, conformando la base social de los movilizados en contra de la Resolución No 125/08, como también la dinámica política de los meses del conflicto en la provincia de Entre Ríos.

El estudio de las causas y los motivos que llevaron al alto grado de movilización de los ruralistas entrerrianos, en articulación con las entidades gremiales del agro nacional, y el posicionamiento político de otros actores económicos y políticos, dada la escasez de estudios desde esta escala, pretende ser un importante aporte teórico y empírico sobre la historia regional.

Hipótesis y objetivos

Las hipótesis que orientan esta tesis: 1) Las transformaciones estructurales en el agro nacional y entrerriano modificaron la estructura agraria y social, originando nuevos actores y generando homogeneidad de intereses, conformando la base social de los movilizados. 2) El conflicto, de alcance político nacional, ocasionó fracturas y reconfiguraciones en las fuerzas políticas provinciales.

Se formula un objetivo general y dos objetivos específicos o desagregados de aquél. El objetivo general apunta a: relevar los posicionamientos políticos de las corporaciones agropecuarias de Entre Ríos y de las fuerzas políticas (PJ y UCR) durante el conflicto agrario de 2008, atendiendo a las características estructurales del agro entrerriano que condicionaron dichos posicionamientos. En cuanto a los objetivos específicos: 1) describir las transformaciones en la estructura agraria y social de la provincia de Entre Ríos entre la década de 1970 y el año 2008; y, 2) determinar los posicionamientos políticos de las corporaciones agropecuarias y de los actores políticos entrerrianos más representativos durante el conflicto agrario de 2008.

Metodología y fuentes

El tipo de investigación realizado en este estudio es descriptivo y explicativo. El objetivo general nos acerca a un enfoque cualitativo de investigación, ya que éste se orienta a la descripción de los fenómenos sociales y a las interpretaciones del mundo que realizan los sujetos sociales, desde lo particular y factual hacia un nivel mayor de generalización y construcción teórica, más propio del enfoque cuantitativo. Se escogió la triangulación metodológica porque se utilizan diferentes instrumentos de recolección de datos y de trabajo de campo, el trabajo con fuentes estadísticas, más propio de un enfoque cuantitativo, como también el trabajo con fuentes documentales y entrevistas, más específico de un enfoque cualitativo.

Las Unidades de Análisis seleccionadas fueron las Corporaciones Agropecuarias entrerrianas, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) entrerrianos a través de su participación en movilizaciones o actos de protesta, declaraciones y/o discursos. Se estudió el posicionamiento y comportamiento político de estos actores durante el conflicto agrario de 2008 y los indicadores de las variables se definieron como acompañamiento, apoyo explícito a uno de los dos polos en disputa (gobierno nacional y Mesa de Enlace Agropecuaria), o postura particular atendiendo a características de la economía y la política provinciales.

Federación Agraria Distrito Entre Ríos (FAAER), Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos (SRA) y Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), así como los partidos políticos y el gobierno provincial, expresados en la representación de los principales dirigentes de estas instituciones, se consideran como la muestra suficiente que posibilita la comprensión del posicionamiento y comportamiento asumido durante el conflicto. En tal sentido, la selección de las fuentes estuvo orientada a los hechos y declaraciones que tuvieran como protagonistas a los principales líderes, dirigentes de primera línea y funcionarios de gobierno.

Las principales fuentes secundarias directas son los periódicos locales: El Diario de Paraná, Diario Uno de Entre Ríos y Semanario Análisis de la Actualidad. Se relevaron todos aquellos artículos periodísticos vinculados a las problemáticas agropecuarias, políticas agropecuarias, reuniones entre dirigentes del agro y funcionarios de gobierno, como también aquellos artículos referidos a los hechos y situaciones acontecidas durante el desarrollo del conflicto de 2008 en la provincia de Entre Ríos. También fueron consultados, en tanto fuentes primarias, los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y los Proyectos de Resolución emitidos, de los cuales se relevaron hechos y declaraciones públicas de los diferentes actores políticos provinciales.

Además, se utilizan numerosas fuentes documentales secundarias indirectas, como bibliografía específica sobre la temática, artículos académicos, tesis y otras investigaciones, los censos agropecuarios nacionales de 2002 y 2008, publicaciones de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, estadísticas electorales nacionales y provinciales. El entrecruzamiento de estas fuentes permite elaborar conclusiones. La técnica de análisis utilizada fue el análisis de contenido de los textos que contenían las declaraciones de los empresarios y dirigentes agrarios y políticos. Se acude a la Historia Oral a partir de la realización de una serie de entrevistas a protagonistas directos y testigos de los hechos acontecidos. Al tratarse de un objeto de estudio centrado en “lo local” se considera que las concepciones e interpretaciones de los entrevistados, en tanto informantes claves al ser dirigentes que residen en Entre Ríos, son un nexo fundamental para la comprensión de la dinámica del conflicto en sus escalas nacional y local, llenando la laguna existente entre los estudios centrados en lo macro-nacional y los procesos de nivel micro.

Estructura y resultados

La tesis se organiza en siete capítulos y las conclusiones.

El capítulo 1 comprende el marco teórico, donde se recuperan enfoques y conceptos de diferentes fuentes teóricas, además de las consideraciones metodológicas que nos posibilitan abordar al objeto de estudio en su complejidad. Se interpreta el escenario del conflicto por las retenciones móviles de 2008 en Argentina como una coyuntura histórica. Diversos autores coinciden en señalar que a partir del mismo se produce un punto de inflexión: como parteaguas para el gobierno nacional y la oposición política porque se comenzaron a evidenciar dos proyectos prehegemónicos (Pucciarelli, 2017), como la disputa entre dos modelos económicos (Ortiz, 2010), como la primera revuelta fiscal de la historia argentina (Berensztein y Peirano, 2020) o como inicio de un proceso de radicalización progresista en el gobierno de Cristina Fernández (Varesi, 2011). Se inscribe también en un determinado modelo de acumulación en Argentina (Schorr y Wainer, 2017). La decisión respecto de las retenciones a las exportaciones constituye una política pública, por lo que intentamos abordar al estado y a los actores en movimiento (Thwaites Rey, 1999) en un enfrentamiento que tuvo como raíz una política económica, pero que se convirtió rápidamente en un conflicto político y social, que reconfiguró alianzas entre actores económicos, políticos y sociales, quienes se transformaron a partir de esa lucha en fuerzas sociales que se articularon en torno de uno de los dos polos en disputa: “campo” y “gobierno nacional”, en la cual se ganaron y perdieron aliados (Gené, 2017). También nos referimos a la estructura social agraria, esto es, a las clases sociales y fracciones presentes en el agro nacional, su expresión gremial/corporativa y el accionar político en tanto fuerza social/política, por lo que nos centramos en el estudio de las organizaciones formales como sujetos de acción colectiva, su interacción entre las propias corporaciones y con el Estado.

El capítulo 2 desarrolla un amplio estado del arte actualizado, atendiendo afluentes de distintas perspectivas y disciplinas, y se da cuenta de las diferentes explicaciones académicas sobre el conflicto agrario de 2008. Aquellas aproximaciones económico-estructurales, que parten de abordar el contexto económico de la salida de la convertibilidad a partir de 2002, como también las transformaciones estructurales acontecidas durante las últimas décadas y los cambios que éstas produjeron en los actores sociales del sector agropecuario nacional, la organización de sus intereses a través de las corporaciones del agro y su relación con el gobierno nacional. Otros autores indagaron en la dimensión política e ideológica desplegada, enfocándose en la conformación y reconfiguración de las alianzas sociales y políticas de ambos polos contendientes, “campo” y gobierno nacional, las disputas por la hegemonía política y las proyecciones una vez resuelto el mismo con la derogación de “la 125”. Mientras que otros se centraron en la dimensión cultural, discursiva y mediática del conflicto privilegiando un análisis acerca de los discursos y las representaciones sociales que se pusieron en juego durante su desarrollo, la construcción y/o reconfiguración de identidades políticas de las respectivas alianzas, el rol de los medios masivos de comunicación como promotores o detractores de alguna de ellas y la matriz cultural e identitaria de los sujetos que adscribieron al “campo”.

En el capítulo 3 se describe el proceso de agriculturización y el modelo de agronegocios comenzado en la década de 1960 en la región pampeana, que generó un desplazamiento de 5 millones de hectáreas (ha) de la ganadería a la agricultura y la sustitución de variedades agrícolas tradicionales por otras de altos rendimientos, los impulsos en producción de maquinarias e implementos agrícolas, así como también la generalización del uso de semillas mejoradas, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, que también contribuyeron a esta expansión. El sistema de siembra directa a partir de la utilización de sembradoras especializadas difundidas en la década del ’80 posibilitó el doble cultivo trigo/soja. El “paquete tecnológico” difundido en la década del ‘90 está asociado, en el caso de la soja, a tres factores relevantes: la generalización de la siembra directa, la utilización de semillas modificadas genéticamente y el uso de agroquímicos. Así la productividad de la soja tuvo un gran crecimiento.

Además se desarrolla el devenir histórico de las corporaciones agropecuarias nacionales. Estos cambios operados en el agro pampeano y en las organizaciones corporativas produjeron una tendencia hacia la dispersión y pluralidad de actores del heterogéneo nuevo agro argentino, a la vez que generó otra tendencia hacia la concentración y la unidad, cohesionando posiciones y acciones ante el estado, derivado de un “síndrome de marginalidad” (Lattuada, 2006) o reacción defensiva y unitaria del sector ante la pérdida de importancia estratégica de la agricultura (frente al sector financiero y de servicios) y a la disminución de poder e influencia de sus elites en los centros políticos. La tradicional impugnación a las retenciones realizada por las entidades agropecuarias desde la segunda mitad del siglo XX (captación de recursos del agro para sostener “industrias artificiales”, mantenimiento de una burocracia estatal ineficiente) y su valorización como sector primordial de la economía argentina, sufrió algunas transformaciones a partir de la década de 2000. En ese sentido, Gras (2012) señala que para éste sector con las retenciones se perjudicaba un proceso virtuoso, ya que el cambio técnico presenciado por el sector agropecuario durante las últimas décadas había sido el que posibilitó dicho crecimiento económico y el desarrollo social. Por otra parte, se analiza el modelo de acumulación con la salida de la crisis de 2001 y la relación del gobierno nacional con las entidades agropecuarias, en particular el comportamiento respecto a las retenciones. La gran relevancia que adquirieron las retenciones a partir de la devaluación las convirtieron en un instrumento central de la política económica durante el gobierno kirchnerista que, según Barsky y Dávila (2009), con la suba de los precios internacionales “explican por sí solos el superávit fiscal” (p. 144), siendo de cobro inmediato y automático, claves para coyunturas de ahogo fiscal. Pese al descontento de las entidades agropecuarias y de los productores, más allá de algunas declaraciones e intentos de protesta, no hubo paros agropecuarios ni movilizaciones contra las subas de retenciones antes de 2008.

El capítulo 4 aborda el contexto económico y político de la provincia de Entre Ríos hacia el año 2008, deteniéndose en las transformaciones y los impactos productivos, territoriales y sociales de la expansión de la agricultura. Entre Ríos fue una de las provincias que experimentaron los cambios con mayor intensidad: se combinaron procesos de concentración de la propiedad con una fuerte subdivisión del suelo. Hasta la década de 2000 había heterogeneidad productiva en los cultivos, pero a partir de allí la soja se convierte en el principal cultivo en la gran mayoría de departamentos (en el período 2000-2007 aumentó a un 120% la superficie sembrada y la cosecha en tn un 96%), siendo el 70% oleaginosas y el 30% cereales, producía el 7% de la producción nacional 2000 y 2007, siendo la 4ª provincia en área sembrada de soja. Domínguez y Orsini (2009) señalan que, por otro lado, el modelo hegemónico productivo basado en la soja homogeneizó los intereses económicos entre los pequeños, medianos y grandes productores, sean estos propietarios puros, propietarios arrendatarios o arrendatarios puros, heterogéneos a su vez en cuanto a propiedad del suelo y del capital. Ante este proceso de concentración de la propiedad del suelo, los productores expandidos se vieron en la necesidad de aumentar la escala mediante contratos de arrendamiento como forma de llevar adelante una explotación económicamente viable, y también por los importantes incrementos en el valor de la tierra.

De esto deriva la importante presencia de nuevos actores en el agro entrerriano. De las 2.000.000 de ha de superficie agrícola el 62% era trabajada por nuevos actores (Villanueva, 2014): productores extra-provinciales y pooles de siembra, en menor medida, y otros actores provinciales como pooles locales, grandes propiedades, proveedores de servicios, profesionales del sector y cooperativas, que territorializan la renta agrícola. Entre éstos últimos, se destacan los productores familiares capitalizados expandidos, siendo el 57% del total, que ocuparon el 45% de la superficie agrícola, capitalizados en los años ’70 y ’80, quienes tomaron tierras y se reconvirtieron mediante una gestión empresarial. Actores tradicionales y nuevos, junto a otros ligados al complejo sojero de manera indirecta, constituyeron la base social de los movilizados en pueblos y ciudades de Entre Ríos. Los “productores/autoconvocados” fue la denominación genérica para aquellos afiliados o no a las entidades agropecuarias que se movilizaron, aunque más del 80% no era afiliado (Sartelli, 2008), que incluía a una heterogeneidad de actores productores de distintos tamaños, contratistas de maquinaria, proveedores de servicios, rentistas y transportistas de cereales.

En cuanto al sistema político y las fuerzas políticas entrerrianas, el gobierno de Sergio Urribarri (PJ), previo al conflicto, se mostró como la continuidad de su antecesor Jorge Busti y alineado con el modelo económico nacional, con el objetivo de lograr inversiones en obras y financiamiento a las cadenas de valor. Tanto en Senadores como en Diputados el peronismo provincial tenía amplia mayoría. Se registraron antecedentes de reclamo del radicalismo por reparación a la provincia por las retenciones impuestas por Nación.

Al final del capítulo se hace referencia a antecedentes de los posicionamientos de las corporaciones agropecuarias entrerrianas respecto de las retenciones, así empresarios y dirigentes del sector, si bien las toleraban, valoraban negativamente las retenciones ya en los meses anteriores a marzo de 2008, en tanto: -impuesto arbitrario para que el Estado nacional financie su “caja” y “la política”; -las provincias y pueblos del interior que producen la renta agraria generan un dinamismo económico, sin retorno de esos recursos; -producen un desaliento a la producción, -el subsidio al sector industrial; -en un contexto internacional favorable a la exportación de granos, la intervención del Estado producía una distorsión de los mercados; y, -las retenciones en el 2002 tenían un objetivo “social” y veían con preocupación su permanencia en el tiempo y su “institucionalización”.

El capítulo 5 realiza una descripción cronológica de los acontecimientos, analiza el impacto de la Resolución No 125/08 ME en la provincia de Entre Ríos en la primera etapa del conflicto (11 de marzo – 2 de abril) y se construye una periodización tomando como referencia los trabajos de Giarraca (2010), Sartelli (2008) y Pucciarelli (2017). El Ministerio de Economía nacional publicó el 10 de marzo de 2008 la Resolución No 125/08 que establecía que la fórmula de la alícuota de derecho de exportación se compondría en función del precio FOB (free on board) de los granos de manera móvil, teniendo cada grano una alícuota que implicaba que si el valor internacional de ese grano se incrementaba lo mismo sucedía con la retención que se debía pagar al Estado en concepto de derecho de exportación. Así, la alícuota para el girasol y la soja se elevarían entre 7 y 9 puntos, mientras que habría una rebaja para el trigo y el maíz de 1 punto; con los valores de ese momento, la soja pasaría a pagar del 35% el 44% de retenciones y el girasol de 32% al 39%. Una de las mayores debilidades de la resolución 125 fue la de no haber distinguido entre productores grandes, medianos y pequeños, así como tampoco entre la zona núcleo de la Pampa Húmeda (donde se concentran los mayores niveles de productividad por hectárea cultivada) respecto de aquellas zonas marginales o extrapampeanas con menores rindes promedio que la pampeana, es decir, el gobierno no tuvo en cuenta las heterogeneidades productivas de la estructura agropecuaria argentina. El día 12 de marzo las cuatro entidades nacionales más representativas del agro (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO) anunciaron la conformación de la Mesa de Enlace Agropecuaria (MEA) decidiendo un paro de 48 horas a nivel nacional contra las retenciones móviles dispuestas por el gobierno de Cristina Fernández. A escala provincial se conformó una MEA provincial, la cual ya tenía una historicidad de trabajo compartido en relación a temas como lucha contra la fiebre aftosa, impuesto inmobiliario rural y emergencia agropecuaria. Hubo fuerte rechazo y, en los días siguientes y tal como estaba sucediendo en algunas provincias, movilizaciones con cortes de rutas y asambleas en varios puntos de la provincia por parte de los productores/autoconvocados, lo cual obligó a los dirigentes de las corporaciones agrarias a “ponerse al frente” del reclamo, con algunas tensiones entre autoconvocados y dirigentes de la MEA provincial y respecto a las disposiciones de la MEA nacional. Se registran los enfrentamientos ocurridos en Gualeguaychú y el Túnel y la nueva estrategia de la MEA provincial dirigida hacia la búsqueda de acompañamiento por parte del gobierno provincial y de los sectores urbanos. Por último se elabora un cuadro con las acciones ruralistas de dicho mes en distintos puntos de la geografía provincial, se describen los posicionamientos en el PJ provincial (que evidenciaban una incipiente fractura en el PJ a partir de apoyos al reclamo rural por parte de dirigentes políticos oficialistas) y, además, se incorporan las interpretaciones de los dirigentes agrarios respecto de los gobiernos kirchneristas, las retenciones y en relación a la medida que originara el conflicto.

El capítulo 6 refiere al desarrollo del conflicto nacional en las etapas siguientes, relevando los hechos y posicionamientos desde un enfoque histórico, analizando el comportamiento de las corporaciones agropecuarias y los actores políticos, desde la particularidad del territorio provincial. A partir de la segunda etapa, fundamentalmente, cuando “el campo” se lanza a la estrategia de obtención de apoyos sociales, se puede evidenciar que en Entre Ríos distintos sectores sociales urbanos y empresariales del comercio y la industria se solidarizaron, en algunos casos no como apoyo explícito pero sí de acompañamiento en el reclamo, aunque no en la metodología de cortes de ruta, ya que afectaba sus propios intereses. Uno de los aliados perdidos por el kirchnerismo (y ganado por “el campo”) fue el sector bustista del PJ, que incluía bajo el liderazgo de Jorge Busti a los diputados provinciales del PJ y a los diputados nacionales alineados con él, cuando los apoyos sociales inclinaron la balanza hacia el “campo” se mostró favorablemente al reclamo por la resolución del conflicto vía marcha atrás de las retenciones móviles, con el argumento de la defensa de “los pequeños y medianos productores de la provincia”. Aunque evitó confrontar directamente con los Ejecutivos nacional y provincial (“elegidos democráticamente”) el gran peso político de Jorge Busti desafiaba y desautorizaba al gobernador y a su estrategia de alineamiento con el kirchnerismo.

En el territorio entrerriano todos los actos y movilizaciones visibilizaron al polo del campo. Si bien este polo, recibió apoyos sociales de sectores urbanos que incluyó algunas expresiones políticas destituyentes, quedó demostrado que el objetivo político perseguido no remitía al desplazamiento de las autoridades, sean provinciales (con la excepción del secretario de la Producción) o nacionales, por lo cual los dirigentes agrarios oficiaron de “contención” en los momentos más radicalizados de las protestas. Aunque no dejaba afuera el uso de metodologías como las del “escrache” a funcionarios de gobiernos locales, o a dirigentes políticos del oficialismo para que adoptasen su propia postura en los debates en el Congreso. En lo que respecta al polo del gobierno nacional, excepto declaraciones y comunicados de agrupaciones políticas, partidos políticos pequeños, expresiones estudiantiles y de pequeños empresarios, si bien evidenciaban un posicionamiento en defensa del modelo económico y social de redistribución de ingresos, esto no se tradujo en una disputa en el espacio público con movilización de los actores. En el espacio del PJ entrerriano, aunque se señalara que había expresiones en ese sentido, el liderazgo verticalista disciplinó a las bases peronistas, temiendo un enfrentamiento. En el desarrollo de este capítulo se incorporan las diferentes medidas dispuestas por el gobierno nacional atinentes a reintegros y compensaciones de retenciones a pequeños productores del interior con el intento de despegar a la FAA de la MEA y, por último, se introducen sus interpretaciones a partir de las propias voces de estos actores.

En el capítulo 7 se indaga en la cuarta etapa de desenlace del conflicto, incorporando interpretaciones. Se reconstruyen las movilizaciones ruralistas y las modificaciones cuando el Proyecto de Ley fue enviado al Congreso nacional, las cuales fueron rechazadas, dado que el objetivo de la MEA era el de “derogar la 125”. Asimismo se indaga en los debates respecto a la posibilidad planteada por productores autoconvocados de segmentación de las retenciones para productores pequeños y medianos entrerrianos, dada la capacidad productiva diferencial respecto a los de la zona núcleo pampeana. Por último, las conclusiones retoman los objetivos e hipótesis de acuerdo al recorrido metodológico seguido, aportando una mirada analítica a la problemática.

Se plantea como desafío continuar profundizando en el estudio sobre la relación entre las corporaciones agrarias y el estado y las políticas públicas a partir de un enfoque de historia regional con proyección nacional, que analice las corporaciones como bloque agrario y la mediación política con las respectivas instancias de representación en el Estado y su injerencia en el diseño de políticas públicas, además de las acciones colectivas de protesta.

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