INTRODUCCIÓN

La corrupción en México se ha convertido en un proceso generalizado que afecta en todos los niveles de la administración pública desde diversos aspectos, la administración de justicia, el ejercicio del poder político, que tienen el deben servir a la sociedad como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también a los gobernados y por supuesto a los núcleos sociales incluyendo la familia, que es el núcleo social primario y desempeña un papel fundamental en la formación de los valores y comportamientos éticos de sus miembros, lo que a su vez puede influir en la reproducción del fenómeno de la corrupción, pero también puede prevenirla y contrarrestarla. Al criar a las generaciones futuras con una base sólida ética y brindando apoyo a quienes deseen combatir la corrupción, la familia puede contribuir significativamente a la promoción de la integridad y la transparencia en la sociedad (De Zan, 2004).

La evolución de la corrupción en la vida social ha transformado los entornos sociales deseados en escenarios de impunidad, violencia, violación a los derechos humanos, precariedad, estancamiento y en algunos casos retroceso para las sociedades. La corrupción vulnera los derechos humanos a través de la impunidad, pues muchos servidores públicos con conocimiento de las desigualdades socioeconómicas en sectores sociales vulnerables continúan realizando actos corruptos como el desvío y malversación de los recursos públicos sin ejercer su cargo bajo una perspectiva ética y moral, actos que genera un hartazgo social y, consecuentemente, desconfianza en quienes se encuentran facultados para brindar seguridad jurídica a la ciudadanía.

CONCEPTO DE CORRUPCIÓN

En términos generales se puede considerar a la corrupción como un fenómeno económico, político y social generador de menoscabo patrimonial, pobreza, desigualdad, impunidad e injusticias que impiden el desarrollo de cualquier sociedad. Para Senturia (1993, citado en Rowland, 1996) la corrupción es “el abuso del poder público para beneficio particular”, así, la corrupción engloba y desglosa cada vez más verbos para describir actos viles y deleznables cometidos tanto por gobernantes como por gobernados con la finalidad de obtener un beneficio ilícito perjudicando o lacerando el tejido social.

La corrupción es un lastre tanto para los individuos como para las comunidades donde se integran, además de que viola por su propia naturaleza humana, la convivencia social, la armonía y los valores, violenta los derechos humanos de las personas y, en consecuencia, desarrolla diversos procesos que se enraízan en las sociedades, de ahí que el combate a este fenómeno sea sumamente complejo, por lo que examinar y sistematizar su combate es una tarea colosal tanto para las instituciones de gobernanza como para los gobernados, pues se ha manifestado desde la convivencia con el servidor público, la impunidad, los cuerpos policiacos, los ciudadanos, el crimen organizado, la propia aplicación y administración de la justicia, los procesos electorales, entre otros. Además, “la corrupción es el abuso de un poder confiado para beneficio privado” (Transparencia Internacional, 2022), mientras que, Márquez (2018) afirma que

…el concepto de corrupción es un género que engloba diversas conductas o especies conductuales que impactan horizontalmente en todos los espacios de la vida pública y privada de un país, colonizando y minando los espacios de institucionalidad, lo que en fases avanzadas se traduce en caos y muestra la necesidad de orden…

Se considera que la corrupción pervierte muchos actos económicos, políticos, sociales y religiosos del ser humano, tanto en la vida privada como en la vida pública, tanto gobernantes como gobernados la revisten con un manto hipócrita de legalidad, más aún, a voces de los individuos la corrupción es considerada como un mal necesario para el sostenimiento del sistema, al menos el político, lo cual conlleva a la pérdida de credibilidad y confiabilidad en las instituciones del Estado (Soto, 2003). La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los servidores públicos, sino también del ejercicio del poder político, económico y social que ejercen los factores reales de poder en sus actos cotidianos generando los procesos corruptivos, por lo cual, también los diversos grupos sociales tienen sus actos corruptivos derivados de sus interrelaciones de convivencia en este caso anómalas y que desarrollan actos que a la postre son constitutivos de su propia existencia.

Los actos corruptivos tienen la infortuna de vulnerar los derechos humanos, además de convertirse en un hábito que trasciende las conductas de gobernantes y gobernados y de una u otra manera, se involucran en este tipo de procesos permeando en las generaciones que nacen, crecen y evolucionan con esta perspectiva de la corrupción como algo cotidiano y necesario para el desarrollo de la sociedad y de las personas, sin importar la forma en que se realice, observándose tanto en las actividades públicas como en las personales, en actos de gobernanza pero también al establecer vínculos íntimos con otros sujetos. La corrupción afecta la dignidad humana y es un fenómeno violento, ocasiona daño patrimonial como en el caso del peculado y el fraude, entre otros como la corrupción derivada de la vinculación de los servidores públicos, con las distintas formas del crimen organizado, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, la migración clandestina, etcétera. De igual manera algunos de los servidores públicos, de los cuerpos policiacos y el ejército, se vincula con este tipo de conductas delictivas (Tablante y Morales, 2018). La corrupción en su desarrollo contiene las formas más sutiles de violencia, incluida la ideológica, porque manipula la conciencia de las personas mediante el engaño para obtener indebidamente un lucro, violando evidentemente los derechos humanos.

Se puede considerar que la corrupción tiene un gran efecto destructivo en las organizaciones estatales y no puede cumplir el estado plenamente con la protección de los derechos humanos, sobre todo en personas y grupos en situaciones vulnerables. De esta manera las diversas organizaciones de derechos humanos se plantean constantemente estrategias para el combate a este mal que cada día crece a nivel transnacional ya que afecta a todas las esferas de la relación entre los individuos (Naciones unidas, s.f). Los derechos humanos reciben el impacto negativo de la corrupción porque a pesar de las numerosas recomendaciones de los estados que abordan el compromiso para prevenir y combatir la corrupción a nivel internacional, en muchas ocasiones existen obstáculos que lastiman a los diversos gobiernos democráticos.

El fenómeno de la corrupción en América Latina tiene una gran magnitud porque es multifacética y un elemento esencial que necesita es la transparencia en el gobierno, por ello debilita a las instituciones estatales, y el impacto del menoscabo patrimonial es hasta escandaloso. De acuerdo con Transparencia Internacional (2023a) un trabajo realizado por Reino Unido en México revela dónde hay un nuevo algoritmo que cambian los riesgos de corrupción y pone énfasis no solo en el seguimiento del dinero desviado e ilícito, sino en los efectos de la corrupción en la población, por lo que sugiere establecer vínculos con equipos técnicos del gobierno que puedan medir los impactos de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible de las naciones unidas.

La falta de transparencia ha contribuido al fenómeno de la corrupción en América Latina, ya que en muchos países de la región ha estado arraigado en las estructuras gubernamentales y económicas, creando una cultura de impunidad y falta de rendición de cuentas, con ello, también las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en la mayoría de los casos suelen ser débiles para detectar y sancionar los actos de corrupción, de esta manera, la toma de decisiones del ejercicio del poder político se centra en una minoría rapaz, que se enriquece a expensas del erario público. De igual manera en muchos países de América Latina, hay una desinformación de los medios para con la ciudadanía, sobre todo en la cuestión de la toma de decisiones de cómo se ejerce el presupuesto para los programas de desarrollo, sobre todo los sociales. Por ello, de acuerdo con Transparencia Internacional (2023b) “la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno al fenómeno de la corrupción y se han conseguido avances mínimos o nulos haciendo que el mundo sea más peligroso como producto de la ineficiencia para erradicar la corrupción”.

PROCESOS CORRUPTIVOS

Es pertinente establecer el modo o forma en cómo se suscitan los procesos corruptivos en los diversos actos tanto de autoridades como de particulares que forman el binomio de estos. Existen diversas teorías y experimentos sobre la manera en que se desarrollan estos procesos, el Observatorio Corrupción Impunidad establece que para entender el proceso corruptivo se refuta la teoría de Slippery Slope, o pendiente resbaladiza, falacia que consiste en manipular las emociones del receptor, que en términos generales podemos entender como aquello que parte de un evento y que desencadena otros eventos que por lo regular son negativos, que en el caso a estudio, sería la corrupción como un primer acto y los siguientes eventos corruptivos que conforman el comportamiento de la sociedad en diversos actos de corrupción (Julián y Bonavia, 2017). Así, de acuerdo con la Vázquez, Cardona y Ortíz:

Las democracias en América Latina no han logrado cumplir con la expectativa de mejora en la calidad de vida de las personas. Los estudios sobre calidad democrática ya dedican tiempo y páginas para entender qué es lo que ha sucedido. La palabra “corrupción” comienza a repetirse de forma sistemática. La corrupción es un problema para la democracia porque supone la apropiación privada del poder público, conlleva el desvío de fondos y el uso de relaciones ilegales para ganar licitaciones que tienen el objetivo de generar bienes u ofrecer servicios públicos (2017, p. 8).

La corrupción es un fenómeno complejo que implica el abuso de poder o posición para obtener beneficios personales o privados, a menudo a expensas del interés público. Puede manifestarse en diversas formas, como el soborno, el nepotismo, la malversación de fondos públicos, entre otras. Para formular una hipótesis sobre la corrupción, generalmente se necesita una declaración clara y específica que describa una relación entre variables relevantes. (Vázquez, et al., 2017). El combate a la corrupción en México ha tenido intentos fallidos, sobre todo en el aspecto administrativo, en un estudio de la corrupción en América Latina se puede observar que el impacto de la corrupción es parte de las transacciones rutinarias y práctica constante en diversos trámites burocráticos, minando los valores y principios de la democracia a lo que se le denomina corrupción política, dando como consecuencia que la sociedad pierda la confianza en las instituciones y que esta corrupción sea parte de la existencia cotidiana (Pastrana, 2019). Aunado a lo anterior, Sánchez (2020) nos dice que, al realizar un análisis sobre la corrupción en la administración pública y el sistema nacional anticorrupción, que siempre ha existido y también formas de combate al mismo, y que nunca ha existido voluntad política al menos en los últimos tres sexenios, para decretarla como un problema de gobierno que requiere un control preventivo, sancionador, y una profesionalización de los empleados públicos para combatirla eficazmente.

Así, el término “proceso corruptivo” se refiere a la serie de acciones, interacciones o prácticas que conducen a la corrupción en una sociedad o institución. Puede manifestarse de diferentes maneras y no necesariamente se limita a una sola dirección de corrupción. Puede involucrar tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos o gobernados (Reátegui, 2014). La corrupción implica el uso indebido del poder o la posición de autoridad para obtener beneficios personales o ventajas indebidas de manera ilegal o no ética. Un proceso corruptivo suele seguir un patrón que involucra a personas que están dispuestas a cometer actos corruptos ya quienes se les ofrece o solicitan sobornos, influencias indebidas o favores inapropiados.

Aunque los detalles de un proceso corruptivo pueden variar ampliamente dependiendo de la situación y el contexto, algunos elementos comunes pueden incluir la identificación de oportunidades: el proceso comienza cuando alguien en una posición de poder o influencia identifica una oportunidad para obtener un beneficio personal. mediante la corrupción. Esto podría ser un funcionario público que tiene el poder de tomar decisiones que afectan a otros, como otorgar contratos gubernamentales o tomar decisiones judiciales. En la corrupción, generalmente hay dos partes involucradas:

1. El servidor público corrupto: Este es un individuo que ocupa un cargo público y abusa de su posición para obtener beneficios personales, ya sea a través de sobornos, malversación de fondos, nepotismo u otras prácticas corruptas.

2. El ciudadano o gobernado corruptor: Este es un individuo o entidad que intenta influir de manera indebida en el servidor público, ya sea ofreciendo sobornos, regalos o presionando de alguna manera para obtener un beneficio indebido o ventajas injustas.

La corrupción puede ser bidireccional, es decir, ambas partes pueden estar involucradas en prácticas corruptas, o puede ser unilateral, donde solo una de las partes actúa de manera corrupta, y la forma en que se manifieste la corrupción puede variar ampliamente según el contexto y las circunstancias específicas (Bautista, 2017). Por lo tanto, no se puede afirmar de manera categórica que la corrupción siempre se origina desde el servidor público corrupto o desde el ciudadano corruptor. Ambos pueden contribuir al proceso corruptivo, y la lucha contra la corrupción generalmente implica abordar ambas facetas, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la ética tanto en el gobierno como en la sociedad en general.

Las investigaciones y estudios sobre la corrupción en su mayoría la establecen como actos o acciones de una autoridad para obtener ganancias ilícitas, sin embargo, poco se ha analizado sobre la corrupción como un proceso, en este sentido los procesos corruptivos son una serie de pasos o etapas que generalmente implican a través de las cuales alguien abusa de su poder o posición para obtener beneficios personales o ganancias ilegítimas. Aunque los detalles precisos pueden variar según la situación, algunos de los elementos comunes en el proceso de corrupción incluyen: ser en los controles internos, falta de supervisión adecuada o un sistema que permita el acceso indebido a recursos o decisiones importantes. La corrupción tiene un gran impacto en el debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho, lo que se traduce en una violación a los derechos humanos, de esta manera, el objetivo 16 del Desarrollo sostenible que establece la Agenda 2030, marca varias metas para combatirla (Organización de las Naciones Unidas, 2020).

Otro referente en materia de corrupción es Vázquez, quien aporta datos sobre la violación a los derechos humanos a partir de los datos de corrupción como son: el abuso de poder, la impunidad, el financiamiento ilegal de campañas ilegales, la malversación de fondos, el uso de información privilegiada, sobornos, el nepotismo, entre otros (2021). En este sentido, la corrupción como forma de violación a los derechos humanos permea sutilmente en las instituciones públicas. Además, la corrupción también pueden ser explotación y tráfico de personas: la corrupción en las fronteras y los sistemas de inmigración puede facilitar el tráfico de personas y la explotación de migrantes vulnerables. Esto viola los derechos humanos de las personas que son víctimas de este tipo de delitos, de acuerdo con Tablante y Morales (2018) los actos de corrupción son en esencia sumamente lesivos, tienen graves consecuencias tanto para la sociedad como para la economía de un país. La lucha contra la corrupción es un objetivo importante para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos. La corrupción puede contribuir a la desigualdad económica al permitir que las élites corruptas acumulen riqueza a expensas de la mayoría de la población. Esto puede socavar el derecho a un nivel de vida adecuado y a la igualdad económica.

La exclusión y discriminación también constituyen acciones de corrupción en la asignación de recursos y beneficios gubernamentales puede vulnerar los derechos humanos de grupos marginados y vulnerables, violando su derecho a la igualdad y no discriminación y la promoción de la rendición de cuentas son componentes clave para garantizar el respeto de los derechos humanos, la corrupción puede tener un impacto significativo en la violación de los derechos humanos al socavar los principios de justicia, igualdad, transparencia y responsabilidad que son fundamentales para la protección de los derechos fundamentales de las personas; la lucha contra la corrupción cualquier sociedad (Estrada, 2013). Aunado a ello, el enfoque Norberto Bobbio puede ser útil para analizar la corrupción desde una perspectiva ética y política, ya que la corrupción socava los principios democráticos y la igualdad ante la ley al permitir que algunos individuos o grupos se beneficien injustamente a expensas de otros; sus teorías sobre el Estado de derecho y la importancia de la moralidad en la política podrían ser relevantes al discutir cómo la corrupción afecta la calidad de la gobernanza (cit. en Román, 2015).

La relación entre la Corrupción y la violación a los Derechos Humanos se da de forma menos evidente, ya que el propósito de este acto es la disminución de los recursos públicos, lo que ocasiona que se tengan menos bienes disponibles al servicio de los gobernados, lo cual repercute directamente en la calidad de los servicios ofrecidos por las instituciones públicas y esto se ve materializado en desabasto de insumos y material médico, falta de apoyo en obras de infraestructura en el ámbito académico, así como en espacios de públicos de esparcimiento, fomento a la cultura, trasgrediendo las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos humanos individuales y colectivos. Esta disminución se da mediante el desvío de recursos, o a través de la solicitud de sobornos para el préstamo de bienes o servicios generando sobreprecios.

De acuerdo con Vázquez, et al. (2017), la literatura nos muestra una relación entre la Corrupción y la violación a los derechos humanos que se denomina captura estatal o corrupción estructural, que radica en la distorsión de los procesos de diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo público, como las playas costeras, la explotación de las minas o la expropiación de propiedades particulares que se ven obligadas a donarlas mediante la al Estado con el propósito de construir nuevas vialidades. Ese estudio muestra la relación entre la Corrupción y la violación a los derechos humanos que se denomina captura estatal o corrupción estructural, que radica en la distorsión de los procesos de diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo público, como las playas costeras, la explotación de las minas o la expropiación de propiedades particulares que se ven obligadas a donarlas al Estado mediante un proceso legal que se lleva a cabo en muchos países cuando es necesario adquirir terrenos privados para proyectos de interés público, como la construcción de nuevas vialidades, infraestructuras, hospitales u otros proyectos gubernamentales. Algunos de los actos de corrupción que pueden surgir en el contexto de la expropiación de propiedades incluyen: Evaluación injusta en virtud de que algunos de los funcionarios encargados de determinar el valor de las propiedades, inflan artificialmente los precios para justificar una mayor compensación, esto podría considerarse un acto corrupto.

Es decir, si la selección de las propiedades a expropiar se basa en el favoritismo hacia ciertas personas o empresas, en lugar de considerar criterios legítimos y justos, sería un acto corruptivo. O bien, si los propietarios son forzados o sobornados para que acepten una compensación injusta o para que vendan sus propiedades, esto constituiría un acto de corrupción. Además, la falta de transparencia en el proceso de expropiación, como la ocultación de información o la falta de acceso a procedimientos legales justos, puede dar vida a actos de corrupción. Es importante destacar que la expropiación en sí misma no es necesariamente corrupta; de hecho, es un mecanismo legítimo para llevar a cabo proyectos de interés público. Sin embargo, la corrupción puede entrar en juego si se abusa del proceso para beneficio personal o de terceros en detrimento de los derechos de los propietarios afectados. Por lo tanto, es fundamental que los países tengan leyes y regulaciones claras y un sistema judicial independiente para supervisar y garantizar que la expropiación se realice de manera justa y transparente (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019). De acuerdo con Cano,

Las formas en que se da este fenómeno son múltiples, puede ser un acto aislado de abuso de la función de poder en beneficio privado (propio o de terceros) y también una forma más compleja o estructural, al ser una práctica que define el funcionamiento de ciertas instituciones y que opera a través de redes de poder, cuya principal función es proteger y mantener en la impunidad la corrupción funcional a su grupo (2008). Además, Nash bajo un enfoque analítico distingue cuatro dimensiones que pueden establecer vínculos sustantivos entre corrupción y derechos humanos:

… (a) prácticas corruptas que violan directamente un derecho humano; (b) prácticas corruptas que conducen a violaciones de derechos humanos, pero que, consideradas en sí mismas, no violan un derecho; (c) contextos de violaciones de derechos humanos que permiten prácticas corruptas y sistemas corruptos que fomentan violaciones de derechos humanos; medidas que debe adoptar el Estado en materia de corrupción vinculadas con la garantía de los derechos humanos (2019).

Los procesos corruptivos explican el desarrollo de las diversas sociedades a través de su particular evolución histórica, sobre todo el aspecto económico, así Vitelli (2006) establece que:

…es indudable que las intensidades y modos que asumió lo espurio han variado significativamente en el tiempo. Las caracterizaciones acerca de lo que conformaron prácticas corruptas difirieron, y de manera considerable, en función de las morfologías ideológicas e institucionales, de las metodologías económicas y de los intereses predominantes en cada período histórico…

Por ello, las maneras en que se ha no solo conceptualizado sino incorporado al marco legal ha dependido de las trayectorias particulares de cada nación. Los procesos corruptivos explican el desarrollo de las diversas sociedades a través de su particular evolución histórica, sobre todo el aspecto económico, así, la transformación de una sociedad es un proceso complejo que involucra una variedad de factores, incluyendo varios aspectos socioeconómicos, muchas sociedades han experimentado períodos de corrupción, pero también han pasado por fases de evolución económica y social significativa. Actualmente, Los factores que impulsan el desarrollo pueden incluir la inversión en infraestructura, educación, innovación tecnológica, estabilidad política, acceso a recursos naturales.

EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción ha tenido diversos efectos que trasgreden esferas, tanto en el ámbito público como en el privado y, violenta derechos sin importar género, edad, clase social, etc., e incluso ha llegado a considerarse como un mal necesario en la dinámica social haciéndolo parte de la vida cotidiana. La corrupción evoluciona como la vida misma, vicia los procesos de desarrollo social y traspasa las barreras de “lo lógico y justo”, alimentando en el ser humano sentimientos de poder, ambición y negligencia, logrando así formar seres humanos que sacan lo peor de sí con la finalidad de obtener de un bien o un servicio que debería ser gratuito para el gobernado un determinado beneficio para si o para terceros; Vázquez, proporciona la siguiente información:

Solo para darnos una idea, en 2017 el país mejor ubicado fue Nueva Zelanda con 89 puntos. El peor ubicado fue Somalia con 9 puntos. Con la misma calificación que México están República Dominicana, Honduras, Kirguistán, Lao, Papúa, Paraguay y Rusia. Si bien parece que la caída de México es poca, ya que pasó de 34 puntos en 2012 a 29 en 2017, si lo miramos en la posición del ranking pasamos del lugar 105 al 135, es decir, perdimos 30 puestos. Esto nos indica que probablemente en el mundo se están haciendo cosas contra la corrupción, en México no (2019, p. 238).

Se infiere entonces que los esfuerzos realizados por el Gobierno de México en un intento por hacer frente a esta problemática han resultado insuficientes e ineficientes para resolver la problemática, pues existen deficiencias al respecto, ya que al realizar y ejecutar estas acciones se ejercen a la vez actos corruptos, luego entonces sería ilógico pensar que podría resolverse el problema. Para combatir la corrupción se requiere aplicar las leyes ya establecidas, pero también acompañada de acciones simples iniciadas en el núcleo familiar, cimentadas en procesos de enseñanza-aprendizaje y materializadas en las relaciones e interacciones entre ciudadanos y gobernantes.

Los actos de corrupción detectados durante tres sexenios ejemplifican este fenómeno, así, en la época de Salinas de Gortari, se cometieron de actos de corrupción, por los cuales debería juzgarse a este expresidente, que tienen que ver con la profunda corrupción que imperó en su gobierno, encabezada por su clan familiar. Ejemplo de ello, fue el manejo ilícito de la extinta “partida secreta” de Los Pinos, que, operada en forma discrecional por Raúl Salinas de Gortari, quien trasegó cientos de millones de pesos del erario a cuentas en el extranjero de la familia presidencial, con Peña las casas de su segunda esposa; con López los sobres amarillos, la casa de Houston, etc. al respecto, Flores comenta que los

Gastos anómalos en remodelaciones a la Residencia Oficial de Los Pinos, compraventa fraudulenta de bienes inmobiliarios y el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador en el marco de la sucesión presidencial de 2006, así como contratos irregulares entre Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex) figuran en la lista de posibles actos de corrupción cometidos o ligados a Fox y a sus familiares, que podrían llevar al expresidente a ser sujeto de un juicio social (2021).

Otro sexenio plagado de corrupción es el correspondiente al periodo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien ha sido objeto de denuncias por el actual presidente López Obrador, el cual, en la llamada guerra contra el narcotráfico declarada bajo el pretexto de acabar con la violencia en el país, fue una estrategia ineficaz, en virtud de que la inseguridad que buscaba termino en el aumento de homicidios y los delitos de robo, la extorsión, el secuestro y los asaltos, crecieron más rápidamente, situaciones no relacionadas directamente con el narcotráfico, sino con la descomposición social que empezaba a brotar por las inconformidades de la ciudadanía ante la impunidad y la corrupción. Además del aumento de la pobreza, ya que, para el 2006 había 46.5 millones de mexicanos en pobreza patrimonial, y en 2012 eran 61.4 millones, un aumento de casi 15 millones. Dado que en 2010 se tenía a 58.5 millones, ello implica que, en los dos últimos años, y a pesar de que existió crecimiento económico superior al promedio de los últimos 12 años, el número de pobres patrimoniales se incrementó en 2.9 millones, básicamente por el deterioro del mercado laboral (Centro de investigación en Economía y Negocios, 2013).

Diversos actores políticos y criminales, han buscado a través de sus organizaciones criminales, integrarse e incrustarse en el aparato gubernamental mediante amplias redes de complicidades, incluso subordinándose al juego político en los procesos electorales, además de formar parte en la organización de los cuerpos policiacos corruptos, como el caso de Genaro García Luna y sus redes de protección y vinculación con las organizaciones del narcotráfico, en la llamada “operación rápido y furioso” como una estrategia fallida se demostró que la corrupción e impunidad imperan en las altas esferas políticas y policiacas de México. Algunos testigos vinculan al expresidente Felipe Calderón con estas acciones de corrupción (Feuer y Abi, 2023).

Las afirmaciones de Veytia se presentaron en el juicio federal por corrupción a Genaro García Luna, quien en su momento fue el principal funcionario de seguridad de México de Felipe Calderón, y quien enfrentó acusaciones en el mismo tribunal de Brooklyn de haber recibido sobornos por millones de dólares del cártel de Sinaloa para ayudar a los traficantes a trasladar cargamentos de narcóticos inmensos a Estados Unidos, la duración del cargo fue de 2006 a 2012 como secretario de Seguridad Pública ocupando un puesto de alto rango, en el que tenía a su cargo la “supuesta” guerra del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga (Feur y Abi-Habib, 2023).

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se llevaron a cabo actos de corrupción que han sido motivo de análisis e investigación, sobre todo porque se convirtieron en procesos que hasta la fecha han impactado a la sociedad mexicana negativamente, si bien es cierto que el inicio de su gobierno causó gran expectación por el apoyo de su partido político (PRI), además que impulsó la Reforma Constitucional para dar pie paradójicamente al Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, que debió ser un cambio para establecer el fomento real a la lucha, combate y prevención de la corrupción en México.

La corrupción puede observarse en diversos actos, tiene muchos rostros y facetas, no solo se ven inmersos los gobernantes con mayor poder, sino que también los ciudadanos ordinarios, quienes con sus acciones forman una enorme red de corrupción, pues la omisión también es un factor determinante para dar paso a los distintos procesos corruptivos. Así, la ciudadanía que se involucra conscientemente en los procesos corruptivos atiende a causas sistémica y estructurales que penetran en todos los niveles de la sociedad y, no se limita a los gobernantes de alto rango; también puede involucrar a funcionarios públicos de nivel medio o bajo, así como a ciudadanos comunes. La corrupción puede manifestarse en sobornos, nepotismo, malversación de fondos, favoritismo y otras formas como la omisión, es decir, no denunciar o tomar medidas contra la corrupción cuando se tiene conocimiento de ella, puede ser vista como una forma de complicidad. Los ciudadanos que ignoran o aceptan pasivamente la corrupción en lugar de denunciarla también pueden contribuir al problema generando una complicidad ciudadana que puede deberse a diversas razones, como el temor a represalias, la falta de confianza en el sistema de justicia, la percepción de que la corrupción es la norma o la falta de conciencia sobre cómo denunciarla adecuadamente.

El senado de la República (2015) a través de la LXII legislatura realizó por medio de la Dirección General de Análisis Legislativo, un estudio denominado “Mirada Legislativa” que aborda la Corrupción en México mencionando los siguientes factores de carácter jurídico:

· La falta de una regulación específica en la materia.

· El incumplimiento de las leyes existentes.

· Leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidad del funcionario público o del juzgador que las aplica en el proceso judicial.

· Falta de oportunidad de la sanción penal.

· Legislación penal incompleta y obsoleta.

Si bien es cierto que los anteriores factores jurídicos no especifican plenamente el alcance de cada uno de ellos, también es cierto que el abordaje de cada uno de ellos se referencia de manera genérica. La corrupción se entiende entonces como un proceso multifactorial, en el que el marco jurídico existente es insuficiente para hacer frente mediante acciones de disminución a la corrupción, así también la sociedad es carente de una cultura irrestricta de la legalidad, si bien el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, este lo convierte en un ciudadano participe de actos corruptivos o víctima de los mismos; las leyes no son lo suficientemente claras, es por ello que, resulta entonces hacer una clasificación jurídica en un primer momento y posteriormente una adecuada valoración judicial, precisamente por la razón anteriormente expuesta es que existe también un alto índice de incidencia en impunidad en las resoluciones judiciales.

Por ello, para Le Clercq y Rodríguez (2020) México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados en el Índice Global de Impunidad 2020. En la edición de 2017, ocupó el lugar 66 de 69 y en el Índice Global de Impunidad-2015, México obtuvo el lugar 58 de 59 casos estudiados. Sin embargo, a partir de la pandemia covid-2019:

… en México, la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) heredó niveles delictivos muy altos, graves casos de corrupción y problemas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia por parte del gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La implementación de reformas al sistema penal ha favorecido la despresurización de las prisiones mexicanas. Sin embargo, hay un sentimiento de impunidad por un mal desempeño de las instituciones de seguridad y justicia que no se han acoplado de hecho a este sistema garantista (Le Clercq y Rodríguez, 2020).

La relación entre el marco jurídico y la sociedad es fundamental en un sistema legal democrático con constantes y dinámicos cambios en la búsqueda de una mejor convivencia social. De esta manera, la sincronización con la sociedad del marco jurídico, que incluye las leyes y regulaciones penales, debe evolucionar en consonancia con los cambios. A medida que la sociedad avanza, surgen nuevas formas de comportamiento, tecnología y desafíos éticos que pueden no estar contemplados en las leyes existentes. Por lo tanto, es importante que el sistema legal sea flexible y adaptable para abordar adecuadamente estos problemas emergentes. Para combatir eficazmente la corrupción, las leyes y sanciones relacionadas deben mantenerse actualizadas para abordar las tácticas y estrategias cambiantes de los actos corruptivos. Esto implica una revisión y modificación periódica de las leyes para garantizar que sean efectivas y proporcionales a la gravedad de los delitos (Castañeda, 2016).

Ahora bien, en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (Diario Oficial de la Federación, 2019) la cuestión es que no ha avanzado de manera importante la disminución de los índices de corrupción en los diversos actos corruptivos de los servidores públicos, inclusive existen diversos ordenamientos penales en las entidades federativas que contienen las normas aplicables para la sanción de conductas delictivas que sean actos de corrupción. La corrupción genera no solo consecuencias negativas a nivel social, sino que también grandes pérdidas económicas para el país y cada uno de los ciudadanos que la integran, para el caso de México, de acuerdo con lo señalado por el Índice de Percepción de la Corrupción, de esta manera se considera que la corrupción es un proceso lacerante que limita el desarrollo de las comunidades, afectando en gran medida los objetivos del desarrollo sostenible que contempla la agenda 2030 de las Naciones Unidas, y que el Gobierno de México considera como una hoja de ruta con el fin de alcanzar horizontes comunes orientadas en acciones multisectoriales que beneficien a las personas y al planeta. Cabe señalar que la meta 16.5 del Objetivo 16 establece: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Luego entonces existe un plan en la agenda 2030 para combatir la corrupción. Que el Estado Mexicano, a través de sus diversas autoridades asume (Gobierno de México, s. f.).

Los resultados de México en el índice de percepción de la corrupción en 2019 y 2020, ilustraban una tendencia positiva para este país en materia de control efectivo de la corrupción. Sin embargo, la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la fiscalía general de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio, demostrando que uno de los poderes tradicionales del sistema político mexicano que es precisamente el judicial, está inmerso en la corrupción (El CEO, 2023).

Para Transparencia Internacional (2022) y de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción creado en 1995 como principal indicador de la corrupción en el sector público y con fuentes confiables como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y empresas privadas entre otras, asigna puntuaciones a 180 países sobre estos índices de corrupción, e indica que no se ha combatido la corrupción, ya que solo el 95% por ciento de los países ha conseguido avances mínimos o nulos desde 2017. La siguiente gráfica que ubica a México en el lugar 126 de 180 países mencionados, establece que el país aún está muy lejos de mostrar un avance significativo en el combate a la corrupción.

Gráfica 1. Percepción sobre corrupción en México
Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción, 2022 (citado en: Transparencia Internacional, 2022).

En muchos casos la falta de instrucción para el correcto desarrollo de un procedimiento judicial por parte de los operadores jurídicos, el desconocimiento de la norma y la falta de capacitación constante, el exceso en la carga laboral, entre otros aspectos, propician un ambiente susceptible de procesos corruptivos, ejercidos por los servidores públicos quienes muchas veces incurren en delitos como abuso de autoridad, intimidación y tráfico de influencias fomentando la cultura de corrupción con la que nuestro país ha tenido que cargar por varias décadas y que obstaculiza el desarrollo y que coloca a nuestra nación en el ámbito internacional como uno de los países más corruptos y peor posicionados.

Con el objeto de lograr eficacia en el combate a la corrupción, es necesaria la participación de la sociedad en los procesos políticos y legislativos y, para fomentar esta participación ciudadana que sufre de manera persistente el flagelo de la corrupción cotidianamente, es necesario que se establezcan mecanismos adecuados, como consultas públicas, procesos electorales justos y transparentes, y canales de comunicación efectivos entre el gobierno y la sociedad civil. Además, es esencial promover la transformación económica política y social por medio de la educación en todos los niveles para crear conciencia sobre la importancia de la participación en la lucha contra la corrupción.

La participación de la sociedad en los procesos políticos y legislativos es una herramienta poderosa para combatir la corrupción y fortalecer la democracia. Cuando los ciudadanos se involucran activamente en la toma de decisiones, contribuyen a la creación de políticas más justas y a un gobierno más responsable. De esta manera se puede afirmar que la responsabilidad y la lucha contra la corrupción en cualquier sistema democrático responde adecuadamente cuando los ciudadanos participan activamente en los procesos políticos, tienen la oportunidad de acceder a información relevante sobre las decisiones gubernamentales y legislativas. Esto promueve la transparencia y permite a la sociedad civil monitorear de cerca las acciones del gobierno y los legisladores evitando que se den actos corruptivos en virtud de que se crea un ambiente en el que los funcionarios públicos y los legisladores se sienten más obligados a rendir cuentas ante la población, ya que saben que sus acciones y decisiones serán examinadas y evaluadas por los ciudadanos, lo que les hace más responsables de sus actos.

La corrupción puede conducir a la discriminación en la aplicación de la ley, debido a que aquellos individuos que tienen recursos financieros o conexiones políticas pueden evitar la persecución por sus acciones corruptas, mientras que los ciudadanos comunes pueden ser perseguidos de manera más agresiva por infracciones menores. Esto socava el principio fundamental de igualdad ante la ley existiendo una erosión de la confianza en las instituciones; de igual forma la corrupción mina la confianza de la población en las instituciones gubernamentales y en el Estado de Derecho en general. Cuando la gente percibe que las instituciones son corruptas o que los funcionarios públicos no son responsables por sus acciones, es menos probable que confíen en el sistema y participen en la sociedad de manera activa y constructiva. Impacto de la corrupción en los derechos humanos (Tablante y Morales, 2018).

Otras acciones de la corrupción en el ámbito de la función pública consisten en el desvío de recursos públicos hacia manos privadas, que podrían destinarse a servicios esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. Esto puede tener un impacto devastador en los derechos humanos, especialmente para las poblaciones más vulnerables que dependen de estos servicios básicos: la corrupción puede hacer que sea más difícil para las personas acceder a servicios como atención médica, educación y justicia. Por ejemplo, los sobornos pueden ser necesarios para recibir atención médica adecuada o para acceder a la educación de calidad, lo que limita el ejercicio de los derechos fundamentales.

La Corrupción en el ámbito gubernamental, incluyendo sobornos a funcionarios, manipulación de elecciones y prácticas corruptas; en la administración pública Corrupción en el sector empresarial, como el soborno a ejecutivos o la competencia desleal; en la sociedad en general, que puede abarcar desde prácticas corruptas en instituciones educativas hasta corrupción en organizaciones no gubernamentales. En el sistema judicial, que incluye sobornos a jueces o abogados, así como influencia indebida en procesos legales, dando lugar a establecer una dimensión ética involucra el análisis de las normas y valores morales que subyacen a la corrupción y cómo afectan la sociedad en su conjunto. analizar las consecuencias de la corrupción, tanto a nivel individual como a nivel social y económico, esto erosión de la confianza pública, el deterioro de la calidad de los servicios públicos, el impacto en la inversión y el crecimiento económico, así como el debilitamiento de las instituciones democráticas.

De lo anterior podemos establecer que la estructura del objeto de estudio de la corrupción involucra la definición del fenómeno, la identificación de sus dimensiones, el análisis de causas y consecuencias, la elección de métodos de investigación apropiados y la aplicación de un marco teórico que permita una comprensión más profunda de este problema social. Combatir la corrupción de manera efectiva, requiere un enfoque integral que abarque la transparencia y rendición de cuentas; establecer leyes que contemplen la y transparencia y rendición de cuentas; establecer leyes y regulaciones que promuevan la transparencia en el gobierno y las empresas, garantizando la divulgación de información financiera, además de la creación de organizaciones ciudadanas reconocidas por el Estado, que luchen contra la corrupción que supervisen y hagan cumplir la legislación anticorrupción, para ello es necesario facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y económicas a través de consultas públicas y procesos democráticos sólidos.

Otro tema importante incluso de derechos humanos es la protección de la libertad de prensa y el periodismo de investigación, quienes contribuyen a apoyar la difusión de información sobre casos de corrupción y fomentar la responsabilidad mediática mediante la colaboración entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en la investigación y denuncia de casos de corrupción. Un punto muy importante es la implementación de programas de educación anticorrupción en escuelas y universidades para inculcar valores éticos desde una edad temprana. La Agenda 2030 busca abordar los problemas de la corrupción, promover los derechos humanos y fomentar la paz a través de sus principios y objetivos globales, con un enfoque particular en el ODS 16, que se centra en la paz, la justicia y las instituciones sólidas como elementos clave del desarrollo sostenible. De lo anterior se desprende que la lucha contra la corrupción es un desafío constante y requiere un compromiso sostenido de todos los sectores de la sociedad. La colaboración entre el gobierno, el sector privado, los medios de comunicación y las organizaciones civiles es esencial para lograr un progreso significativo en la erradicación de la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

Respecto a los derechos humanos, la Agenda 2030, reconoce la importancia de respetar, proteger y promover los derechos humanos en todos los aspectos del desarrollo sostenible. Los derechos humanos son un componente central de la paz y la justicia, y se espera que los países tomen medidas para garantizar que sus políticas y acciones sean coherentes con los principios de derechos humanos. Cabe mencionar que erradicación de la corrupción, por lo menos la lucha constante en su contra estimula la construcción de instituciones sólidas y la promoción de la paz y la justicia. La Agenda 2030 incluye un llamado a reducir la corrupción y asegurar la transparencia en todos los niveles de gobierno y en la sociedad en general (Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito, 2018).

La corrupción a menudo conlleva costos adicionales para las personas en forma de sobornos, tarifas infladas, y servicios de mala calidad debido a la falta de inversión en infraestructura y servicios públicos. Estos costos adicionales afectan directamente a todas las personas, especialmente a las más vulnerables. La corrupción tiene efectos perniciosos en todas las capas de la sociedad, afectando también a integrantes del núcleo familiar, escalando en todos los niveles de la sociedad, incluida la familia. La corrupción esta arraigada en la estructura social y consecuentemente los integrantes de una familia observan este fenómeno que se convierte en cotidiano y es vista como una práctica normal o incluso aceptable. Cuando la corrupción se considera la norma, es más probable que se perpetúe en todos los niveles de la sociedad, desde el gobierno hasta las relaciones familiares.

Ejemplos de arriba hacia abajo: Cuando los líderes gubernamentales son corruptos o se involucran en prácticas corruptas, establecen un mal ejemplo para el resto de la sociedad. Esto puede llevar a la normalización de la corrupción en todos los niveles, ya que las personas pueden pensar que es la única forma de avanzar o prosperar. La corrupción opera a través de redes y conexiones. Esto puede implicar que las personas participen en actos corruptos para obtener protección o favores de sus conexiones corruptas. Estas redes pueden abarcar todos los niveles de la sociedad, desde el gobierno hasta las relaciones familiares, al respecto, Sabido (s. f.) considera que cuando los padres no saben educar a sus hijos con los requerimientos de interacción social que los lleve a niveles de calidad de vida, esas hijas e hijos, siguen los patrones aprendidos de sus progenitores en el núcleo familiar como puede ser el inicio de un proceso corruptivo.

Abundando en lo anterior, el nepotismo y el favoritismo son comunes tanto en el gobierno como en la familia. Esto significa que las personas pueden obtener puestos de trabajo, contratos o beneficios simplemente porque tienen relaciones familiares o conexiones políticas, en lugar de ser seleccionados por mérito. Luego entonces es necesario transformar los mecanismos mínimos de concientización (códigos éticos, cartilla moral, etc.) para combatir la corrupción en todos los niveles de la sociedad, es fundamental implementar medidas efectivas de prevención y rendición de cuentas. Esto incluye promover una cultura de integridad, fortalecer las instituciones anticorrupción con contempla el marco constitucional mexicano, con el objeto garantizar la transparencia y la apertura en el gobierno y fomentar la educación y la conciencia pública sobre los efectos negativos de la corrupción. Además, es importante que las familias y las comunidades promuevan valores de ética y honestidad para evitar que la corrupción se arraigue en las relaciones familiares y sociales (Gobierno de México, s. f.).

DERECHOS HUMANOS

Todas las constituciones de los Estados Democrático-Liberales establecen normas encargadas de los derechos humanos y esto también se da con una visión política global que obliga a los Estados a establecer tratados Internacionales, siendo importante destacar los siguientes:

Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; entre otros… (Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, 2006).

Todos estos tratados abordan la problemática sobre la defensa de los derechos, por ello es menester mencionarlos, aunado a ello, existen otros acuerdos y tratados de carácter internacional que sancionan las conductas que vulneran os derechos humanos y los propios actos de corrupción en el contexto global. En este sentido existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y es un instrumento global destinado para prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas y en diversos sectores, estableciendo un marco legal y de cooperación internacional para abordar este problema. Ese documento tiene como objetivo prevenir y combatir la corrupción en áreas como el soborno, el enriquecimiento ilícito, la financiación de partidos políticos, el blanqueo de capitales y la cooperación internacional en la recuperación de activos robado, establece medidas para prevenir la corrupción, incluida la promoción de la ética y la integridad en el sector público y privado, la supervisión de las finanzas públicas, la regulación de la financiación de campañas políticas y la promoción de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. También establece sanciones penales que los estados parte establezcan sanciones penales efectivas y proporcionadas para los actos de corrupción, como el soborno y el enriquecimiento ilícito. También fomenta la cooperación entre países en la extradición de personas acusadas de corrupción y la recuperación de activos robados.

De igual manera, promueve la cooperación entre países en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción transnacional, cabe mencionar que los Estados parte, se comprometen a proporcionar asistencia mutua en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción y en la recuperación de activos robados. Se considera que es un instrumento importante en la lucha global contra la corrupción, y muchos países han firmado y ratificado este tratado. Además, la convención facilita la cooperación internacional en la prevención y el combate de la corrupción, lo que es esencial para abordar este problema que atraviesa fronteras y tiene un impacto significativo en el desarrollo económico y social (Naciones Unidas, 2003).

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se ha constituido como un hito significativo en la historia de los derechos humanos y tuvo un impacto profundo en la creación de compromisos de derechos fundamentales y la participación abierta de los Estados democráticos en la cultura occidental y en todo el mundo de tal manera que estableció por primera vez un conjunto de estándares universales de derechos humanos que se aplican a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, género, religión u origen (Naciones Unidas, 2012). La Declaración de los Derechos Humanos ha generado un cambio importante en la percepción de los derechos humanos, al afirmar que estos derechos son inherentes a la dignidad humana y deben ser protegidos en todo el mundo, inspirando la adopción de numerosos tratados y convenios internacionales de derechos humanos que ya hemos mencionado, estos acuerdos son vinculantes para los Estados que los ratifican y comprometen a los gobiernos a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en sus jurisdicciones. Ejemplos notables incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual se establecieron organismos de supervisión de derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema interamericano, y el Comité de Derechos Humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Estos organismos tienen la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de los tratados y proporcionar orientación a los Estados para mejorar sus prácticas en materia de derechos humanos (Naciones Unidas, 2012).

La comunidad internacional enfrenta una serie de desafíos actuales que requieren una respuesta eficaz en términos de protección de los derechos humanos. Estos desafíos incluyen conflictos armados, crisis humanitarias, movimientos migratorios, discriminación y desigualdad, entre otros. Los tribunales internacionales son fundamentales para asegurar que se respeten y protejan los derechos de las personas en medio de estos desafíos. Camarillo (2016) afirma el Desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, justamente se enfoca en el protagonismo del individuo, en gran medida está enfocado en la relación existente entre los Estados, sin embargo generó cierto aprecio por los derechos humanos del derecho internacional, que dio cabida a reconocer al individuo su status de sujeto de derecho internacional, lo que trae reconocimiento de su subjetividad jurídica internacional y por ende su capacidad procesal internacional para defenderse. De aquí la importancia del derecho Internacional de los derechos humanos.

Si bien a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 (CNDH) alcanzó una significativa relevancia para tutelar y proteger los anhelos más caros de la persona como son la dignidad, la libertad y el respeto en la convivencia social, ahora estos han tomado una gran relevancia derivados del crecimiento de la población y las constantes violaciones que le acompañan bien sea de quienes ejercen el poder en los propios estados o entre los Estados que derivan en guerras, lo que ocasiona una constante adecuación en las normas nacionales e internaciones en aras de esta protección y tutela. La cultura sobre los derechos Humanos que surge por medio de los diversos Tratados Internacionales, impone a los gobernantes de todas las latitudes del mundo a protegerlos mediante el cumplimiento de las obligaciones a que se comprometen, contando para ello con diversos Tribunales y Cortes investidos de fuerza vinculante y no vinculante, como ya hemos mencionado, la corrupción debe de ser considera en toda la magnitud del daño que ocasiona, a la sociedad y particularmente a la cultura en todos los aspectos del concepto sociedad, no solo socava el desarrollo económico al desviar recursos públicos hacia intereses privados y alejar la inversión creando una cultura de la impunidad.

La tolerancia hacia la corrupción puede dar lugar a una cultura de la impunidad en la que los funcionarios corruptos rara vez enfrentan consecuencias legales por sus acciones. Esto socava el respeto por la ley y fomenta la perpetuación de la corrupción. La corrupción socava los valores éticos y morales que culturalmente poseen las distintas sociedades. Cuando la corrupción se normaliza, puede erosionar la integridad y la honestidad en todas las esferas de la vida, incluida la cultura de la participación ciudadana que puede desalentar el compromiso político de los ciudadanos. Si la población percibe que el sistema está manipulado por intereses corruptos, es menos probable que se involucre en procesos democráticos y de toma de decisiones. Abordar la corrupción no solo es una cuestión de justicia y legalidad, sino también una necesidad para preservar y promover una sociedad sana, justa y ética. Combatir la corrupción implica reformas institucionales, transparencia, rendición de cuentas y promoción de una cultura de valores éticos y ciudadanía activa. Esta lucha es esencial para proteger y fortalecer la cultura y la cohesión social en cualquier sociedad (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019).

Los derechos humanos han constituido una parte importante del desarrollo económico, político y social de la comunidad internacional prueba de eso es su evolución en diversas generaciones que de manera progresiva se han constituido cada vez más en las particularidades que la sociedad en general necesita, de esta manera se constituye la primera generación que incluye los derechos Políticos y Civiles que origina la convivencia social, teniendo como fundamento el derecho a la vida; en la segunda generación se destacan los derechos económicos, sociales y culturales y finalmente la tercera generación de derechos humanos, derechos colectivos, derechos de la solidaridad o derechos emergentes (Aguilar, s. f. ). El grado de conflictividad ocasionada por el deterioro de las relaciones internacionales entre occidente y oriente, donde el poder bélico de los países de uno y otro lado entran en la problemática de la gobernabilidad y por supuesto en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y que constituye el discurso político de la mayor parte de los países que suscriben tratados internacionales en torno a los Derechos Humanos y también sobre la corrupción como ya lo hemos mencionado, sin embargo es notorio que del discurso político se pasa al discurso retórico con tintes corruptivos, pues prometen erradicarla sin que haya avances siquiera mínimos la disminución de las practicas corruptivas, a pesar del gran catálogo de protocolos, convenciones, y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y corrupción. Por lo que falta mucho por hacer al respecto, sobre todo crear una conciencia en los gobernantes y gobernantes, de acuerdo con la realidad política e incluso electoral, sobre todo por el interés superior de la sociedad de alcanzar una convivencia social que permita combatir los factores corruptivos que de una u otra manera permiten, solapan o impulsan algunos actores políticos que detentan el ejercicio del poder político. En última instancia, es necesario crear una conciencia ética sólida y un compromiso genuino entre los gobernantes y actores políticos es esencial para abordar la corrupción y promover una convivencia social justa y ética. Este esfuerzo debe ser continuo y estar respaldado por reformas legales y políticas que fortalezcan las instituciones democráticas y la rendición de cuentas.

El respeto a los derechos humanos, constituyen un reto impostergable, dando lugar una Reforma Constitucional en la materia en junio de 2011, existiendo un antecedente en la Corte Interamericana con el precedente “Caso Radilla”, con el que se obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso a establecer que los Derechos Humanos reconocidos en fuente constitucional o Internacional tienen la misma validez, circunstancias que demuestran por parte de los estados, el deseo de no dejar en el vacío actos de corrupción por la falta normatividad sobre la esencia del respeto a los derechos humanos, aun así constituye es un problema grave en muchos países y puede tener efectos perjudiciales en la sociedad. En México la Constitución es la norma suprema del sistema jurídico y que otras normas, incluyendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos, deben ajustarse al ordenamiento constitucional. Esto se refleja en el principio de jerarquía normativa que establece que la Constitución se encuentra en la cima de la jerarquía y que ninguna otra norma puede contradecirla. En México, este principio se ha establecido a través de diversas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El concepto de “bloque de constitucionalidad” que se utiliza en otros países para indicar que los tratados internacionales de derechos humanos tienen igual jerarquía que la Constitución, no se aplica de la misma manera en México.

Abundando lo anterior, cuando se interpreta la legislación relacionada con derechos humanos en México, es importante tener en cuenta que la Constitución Federal establece los límites y los marcos dentro de los cuales se deben ejercer estos derechos, y cualquier norma, incluyendo los tratados internacionales, debe ser interpretada y aplicada de manera consistente con la Constitución. Esto significa que, si existe un conflicto entre una disposición de la Constitución y una disposición de un tratado internacional en materia de derechos humanos, la Constitución prevalecerá en el ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, en la práctica, México ha buscado armonizar su legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos para evitar tales conflictos y cumplir con sus compromisos internacionales en esta área (Bustillo, s. f.). En este sentido los mecanismos de derechos humanos aun no logran alcanzar los objetivos planteados en la norma constitucional, porque a pesar de que la supremacía constitucional es una garantía de protección a los derechos humanos en la práctica no se cumplen a cabalidad, por lo que es menester seguir manteniendo el reto de la máxima tutela los derechos humanos.

CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

La relación entre corrupción y violación de los derechos humanos es compleja y multifacética. Si bien no se puede establecer una relación causal directa en todos los casos, existe una interacción significativa entre la corrupción y las violaciones de derechos humanos en muchas situaciones. En este sentido la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (s. f.), considera que la corrupción tiene una relación con la violación de los derechos humanos, sobre todo con integrantes de grupos vulnerables, marginados y discriminados, grupos indígenas, migrantes, niñas, niños, y todos aquellos grupos que dependen de los bienes y servicios del Estado, quienes Inclusive están en el frente de mira de los actos corruptivos.

La corrupción carcome la conciencia humana al grado de adoptar a la corrupción como un modo de vida, poniéndole en un panorama donde lejos de erradicarse debe adoptarse como parte de la “cultura” y base de las interacciones humanas. Sin importar el nombre del partido político o la administración en el caso de México, la corrupción ha estado presente desde hace años, viciando el actuar de los partidos políticos y los procesos judiciales. Al respecto, Lizcano refiere que:

…hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos; su distanciamiento y falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual sensación general de corrupción política propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad. Muchos ciudadanos se sienten incluso secuestrados en el ejercicio de sus derechos por unas organizaciones que monopolizan el poder, controlando tanto el poder legislativo como todos y cada uno de los niveles de gobierno, así como la composición de las más altas instituciones del Estado (2014).

Respecto al poder judicial, se puede considerar que en muchos casos hay complicidad en sus actuaciones, lo que lo convierte en una de las esferas más expuestas del fenómeno de la corrupción, el sistema judicial es una esfera especialmente sensible debido a su importancia en la protección de los derechos y la justicia. Cuando la corrupción permea el sistema judicial, socava la confianza de la población en la justicia y la rendición de cuentas, lo que a su vez puede llevar a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y otros delitos graves. Además, la corrupción en el sistema judicial puede tener un efecto cascada, ya que debilita la capacidad de las instituciones judiciales para abordar otros casos de corrupción y delitos (Naciones Unidas, 2018).

Las políticas planteadas por el Estado resultan obsoletas ante una sociedad que está en constante cambio resulta entonces necesaria una reestructuración en cuanto a la organización y funcionamiento de aquellas instituciones cuya tarea primordial es el combate a la corrupción.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de los derechos humanos (2019) “la impunidad y la corrupción menoscaban la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo cual también genera impunidad que exacerba el clima de violencia. Es un problema que permea desde las policías, las instituciones de justicia, muchas procuradurías y genera una percepción generalizada de impunidad”. Y como bien se menciona en el anterior texto en reiteradas ocasiones una vez realizada la denuncia respecto de la comisión de un hecho constitutivo de delito las autoridades se muestran omisas, incluso son los funcionarios públicos quienes incentivan la revictimización, puesto que la víctima que ya es parte de un grupo vulnerable por su condición se ve aún más coactada en cuanto al pleno ejercicio y goce de sus derechos, por lo anteriormente expuesto es que muchas veces las personas no denuncian o bien deciden “tomar la justicia por su propia mano”.

Si una institución pierde credibilidad frente a la ciudadanía, pierde control y respeto frente a los gobernados, medir la corrupción resulta difícil pues es un proceso complejo que puede ser analizado bajo diferentes estándares y tiene diversas vertientes. Si bien es cierto que la relación entre la corrupción y la violencia puede ser un desafío, incluso desde la visión de su Genesis ya que es un tema complejo y multifacético que a menudo involucra factores interrelacionados, de alguna manera hay algunas formas en que se puede abordar la demostración de esta relación, este término lo afirma en entrevista con Chamorro (2020). De acuerdo con Swissinfo.ch (2022) el costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades asciende a 9.500 millones de pesos (cerca de 475 millones de dólares).

La corrupción tiene niveles inimaginables, lamentablemente una sociedad que desconoce o que es manipulada por información mediática y poco comprobable, lo cual, es aprovechado por funcionarios corruptos trae como consecuencia desinformación y caos, pero sobre todo conformismo que se ve materializado como la adopción de la “cultura de corrupción” no significa que estemos de acuerdo en ello, la consideración es que así lo manejan los medios de la información de quienes tienen y detentan el poder político, económico y social en México. La corrupción vista como “mal necesario” para la población, luego entonces la corrupción se sustenta que la desinformación, la manipulación de la información y el conformismo son factores que pueden agravar aún más este problema. Cuando una sociedad carece de acceso a información precisa y verificable y cuando los funcionarios corruptos pueden influir en la narrativa pública a través de medios de comunicación controlados o sesgados, se crea un ambiente propicio para la normalización de la corrupción. Esto puede tener consecuencias graves, como la erosión de la confianza en las instituciones y la perpetuación de prácticas corruptas.

Se requiere pues, que los medios de comunicación sean independientes y el periodismo de investigación denuncie casos de corrupción e informe imparcialmente al público sobre sus efectos perjudiciales. De esta manera promoción de la educación y la alfabetización mediática es esencial para que la sociedad pueda discernir entre información verídica y desinformación. Los ciudadanos necesitan las habilidades necesarias para evaluar críticamente la información que consumen y participar en debates informados (Organización de las Naciones Unidas, 2020). El presidente Andrés Manuel López Obrador refiere con relación a la corrupción, que este es un mal de los gobiernos anteriores, mantiene su visión de que el centro de toda política debe ser ayudar a los pobres y eliminar los privilegios de los ricos y de la burocracia dorada, hace una reelaboración de la teoría marxista. Desde su punto de vista, el origen de la acumulación de la riqueza y la desigualdad no es el robo del plusvalor al trabajador por parte del burgués, sino la corrupción del Gobierno (Raziel, 2023).

Como ya se ha afirmado, un proceso corruptivo se refiere al conjunto de acciones y pasos que se llevan a cabo para cometer actos de corrupción. La corrupción implica el uso indebido del poder o la posición de autoridad para obtener beneficios personales o ventajas indebidas de manera ilegal o no ética. Un proceso corruptivo suele seguir un patrón que involucra a personas que están dispuestas a cometer actos corruptos ya quienes se les ofrece o solicitan sobornos, influencias indebidas o favores inapropiados. Incluso el Presidente López Obrador, considerando como parte de la lucha contra la corrupción, ha establecido medidas consistentes en establecer la suspensión por completo fueros y privilegios, así como establecer la obligación a todos los funcionarios de presentar y hacer pública su lista de bienes y propiedades así como la cancelación de la compra de vehículos nuevos o de lujo, la suspensión de bonos y prestaciones especiales, desaparece el gasto para seguros médicos particulares, prohíbe los viajes injustificados al extranjero y los recursos para ese propósito (Najar, 2018).

La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir la trasferencia de bienes y recursos públicos a particulares, las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población. Con este propósito el Poder Ejecutivo Federal pone en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo referente a la retribución legítima y razonable de su trabajo (Plan Nacional de Desarrollo, 2019). Además de contar con las sanciones que impone el Código Penal Federal que en su artículo 212, establece:

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente. De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a veinte años… (Diario Oficial de la Federación, 1931).

De lo anterior se desprende que falta mucha voluntad política de las autoridades ejecutivas, voluntad jurisdiccional de la autoridad judicial y voluntad de impulsar nuevas leyes que cumplan el combate eficaz de la corrupción por parte de la autoridad legislativa.

A pesar de lo anteriormente expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, ya se ha indicado por Transparencia Mexicana, México obtuvo 31 puntos sobre una escala de 100, ello debido sobre todo a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los factores que impiden el desarrollo de la sociedad y la reducción de las desigualdades, debido a que no hay sentencias firmes en casos de corrupción notables como Odebrech, Pemex, Segalmex, o la estafa maestra, peor aún de que el Índice de Percepción sobre la Corrupción considera que hay evidencia pública de que la impartición de justicia en esta materia se usa de atendiendo a intereses político electorales (Transparencia Mexicana, 2023). Por ello, es complicado erradicar la corrupción, pero habría que evaluar la viabilidad de ciertas acciones encaminadas a su disminución pues es éste el primero paso para su erradicación.

CONCLUSIÓN

Los procesos corruptivos se constituyen hoy por hoy en un fuerte agravio en todas partes del mundo, y se refieren a la serie de acciones, interacciones o prácticas que conducen a la corrupción en una sociedad o institución. Puede manifestarse de diferentes maneras y no necesariamente se limita a una sola dirección de corrupción. Puede involucrar tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos o gobernados en atención a que va más allá del alcance de la tutela y protección de los Derechos Humanos. La corrupción en México se plantea como un factor que impide y obstaculiza el desarrollo político y social de país, más aún de acuerdo con lo ya visto anteriormente en las estadísticas del índice de la percepción de la corrupción, dónde se observa que México se ha estancado a pesar de los diversos ordenamientos y reformas constitucionales. Los procesos corruptivos se han mantenido en el mismo camino de retroceso o estancamiento al menos en los últimos tres sexenios, y en el presente, los grandes casos de corrupción han quedado impunes debido a componendas de los impartidores de justicia o a las deficiencias de investigación de quienes procuran la justicia, disminuyendo por un lado la confianza en las instituciones y por otro aumentando las desigualdades que dan como resultado el aumento del crimen organizado y un deficiente desarrollo educativo que alimenta todos aquellos factores negativos.

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