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El trabajo de los organismos electorales frente a los “servidores de la nación” en las elecciones de 2021 en México

The work of the electoral bodies in front of the “nation’s servers” in the 2021 elections in Mexico

Antonio Faustino Torres
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Ius Comitiãlis

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ISSN: 2594-1356

Periodicidad: Semanal

vol. 6, núm. 11, 2023

iuscomitialis@uaemex.mx

Recepción: 16 Febrero 2023

Aprobación: 31 Mayo 2023



Resumen: Este artículo analiza el trabajo de los organismos electorales frente a los Servidores de la Nación, quienes han sido acusados de intervenir en las elecciones para beneficiar al partido en el gobierno en México. A través de solicitudes de información pública ante las autoridades electorales, se busca constatar dicha intromisión en los comicios federales de 2021. Como hallazgos identificamos la falta de precisión y sistematización de denuncias de irregularidades y la dificultad para identificar fenómenos de condicionamiento de programas y recursos públicos.

Palabras clave: organismos electorales, derecho electoral, elecciones, democracia, partidos políticos.

Abstract: The purpose of this work is to analyze the work of the electoral organizations against the Servants of the Nation, who have been accused of intervening in the elections for beneficiaries of the party in government in Mexico. Through requests for public information before the electoral authorities, it seeks to verify said interference in the 2021 federal elections. As a determination, we identified the lack of precision and systematization of complaints of irregularities and the difficulty in identifying phenomena conditioning public programs and resources.

Keywords: electoral bodies, electoral law, elections, democracy, political parties.

INTRODUCCIÓN

El uso de recursos públicos en los procesos electorales es un aspecto que interfiere en la celebración de elecciones libres, justas y competitivas. Por lo cual, es preciso que existan controles tanto de recursos como de funcionarios que desempeñan roles esenciales en el gobierno para que su actuación no afecte la imparcialidad que debe regir en los procesos comiciales. Dicha práctica se encuadra en el concepto de fraude electoral pues, de acuerdo con López-Pintor, se trata de una intencionalidad por parte de funcionarios públicos que buscan desvirtuar el resultado del sufragio. Lo cual implica una mala práctica deliberada por parte de los funcionarios electorales u otros agentes involucrados en el proceso electoral, que distorsiona la voluntad individual o colectiva de los votantes (2017, p. 452).

En el caso mexicano, la prohibición de utilizar el poder público de manera facciosa se contempla en el artículo 134 constitucional, en el párrafo séptimo y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 449, numeral 1, inciso d) donde se dispone que los servidores públicos de la Federación de las entidades federativas, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, lo cual aplica para los llamados “Servidores de la Nación” (SN).

Por otra parte, los organismos electorales son piezas esenciales del entramado institucional que tienen como misión asegurar que se cumplan con estándares mínimos de confianza y otorguen legitimidad a los funcionarios emanados de las elecciones. De modo que se trata de instituciones relevantes para nuestra indagación, pues en ellos recae la responsabilidad de propiciar un piso parejo en materia electoral. Precisamente, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), son los responsables de la organización, desarrollo, conducción, declaración de validez y declaración de representantes electos, así como de resolver las impugnaciones a la aplicación de la norma (artículo 41 CPEUM).

Por lo anterior, en este trabajo interpusimos solicitudes de información a los organismos antes mencionados en donde pedimos conocer lo siguiente (solicitud de información interpuesta a los organismos electorales):

El número de quejas y denuncias por uso electoral de los funcionarios denominados “servidores de la nación” o “siervos de la nación” en el proceso electoral inmediato anterior correspondiente a 2020-2021, así como el contenido de las demandas de los promoventes. Específicamente en el caso de condicionamiento de programas sociales, proporcionar información inexacta o engañosa y clientelismo.

Se realizó el correspondiente seguimiento de las solicitudes y en su caso se remitieron los correspondientes recursos de revisión para obtener la respuesta a la indagación.

En adelante nos abocamos al estudio del uso faccioso de los servidores de la nación considerando la siguiente estructura: a) la integridad electoral y los organismos electorales, b) el gobierno de la cuarta transformación y los servidores de la nación, c) acceso a la información y el proceso de solicitudes, d) análisis de las solicitudes de información, y e) las solicitudes de información y el uso faccioso de recursos públicos en 2021.

A) LA INTEGRIDAD ELECTORAL Y LOS ORGANISMOS ELECTORALES

De acuerdo con Pippa Norris, el concepto de integridad electoral tiene como referencia opuesta el de electoral malpractise, o prácticas electorales fraudulentas. Por lo cual, la idea de integridad demanda una gran responsabilidad y apego a la civilidad que no se encuentra fácilmente en el ámbito político. La misma autora define la integridad electoral como el conjunto de “principios internacionales, valores y estándares de elecciones aplicados universalmente a todos los países del mundo a través del ciclo electoral, que incluye el periodo pre-electoral, la campaña, el día de la votación, y su epílogo” (Norris, 2014, p. 9). El ciclo electoral incluye once pasos, los cuales se pueden visualizar en la figura 1.

Figura 1. Ciclo
electoral.
Figura 1. Ciclo electoral.
Fuente: tomado de observademocracia.org

De acuerdo con este enfoque existen once pasos en el ciclo electoral, cada uno con la misma importancia. De hecho, la autora cuestiona de manera particular que la observación electoral solo se restrinja al día de las elecciones y no se establezca un interés similar para las demás etapas.

Desde este enfoque, sin embargo, no se da gran importancia a los órganos de administración electoral y de hecho se considera relevante solo como organizador en el inicio del proceso electoral y al final por su función de contar los votos y declarar a los ganadores. También, cabe señalar el proceso post electoral que realizan los tribunales y los equipos de los contendientes en las apelaciones que pueden revertir victorias electorales. De acuerdo con López Pintor, los organismos electorales en democracias multipartidistas son los guardianes del sistema, junto con los medios de comunicación y el Poder Judicial, por el papel que desempeñan en cuanto al acceso al poder (2004, p. 40). Es decir, se trata de instituciones que sirven para establecer márgenes mínimos de equidad en la contienda, así contribuyen a que exista equidad en los procesos electorales.

Los Organismos Electorales son instituciones dedicadas a la gestión y vigilancia de los procesos electorales, y toman parte también en las controversias electorales y postelectorales que se puedan presentar entre los principales actores de las elecciones (partidos y candidatos) (Barrientos, 2011, p. 59). López Pintor considera que dichos órganos tienen dos propósitos fundamentales: organizar y administrar las elecciones y, a largo plazo, generar confianza entre los partidos contendientes y entre el público y el gobierno (2004, p. 40).

Debido a su importancia para los gobiernos con escaso apego a la democracia suponen a un tiempo “un desafío y una oportunidad. Si mantienen la independencia, pueden poner al descubierto y castigar los abusos del Gobierno. Al fin y al cabo, la función de un árbitro es prevenir las estafas”. Por ello, de acuerdo con Levitsky & Ziblatt, “los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e «instrumentalizando» los tribunales y otros organismos neutrales” (2018, p. 13).

B) EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Y LOS “SERVIDORES DE LA NACIÓN”

La “cuarta transformación” o “4t” es el nombre con que el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denominó a su gobierno luego de ganar de manera contundente las elecciones de 2018. Lo cual significa que su trascendencia se compara con procesos tan relevantes como la Independencia, la Reforma y la Revolución. Es importante considerar este elemento pues implica un discurso populista que impregna toda la concepción que tiene sobre su rol como presidente, y su cruzada por reformar la vida política nacional. Ese discurso puede ser descrito como populista, ya que de acuerdo con Crespo, el presidente busca estar en contacto directo con la gente, con un discurso muy fácil, de acceso a las mayorías, aunque “muy maniqueo, donde todos están conmigo, porque el que no está conmigo está contra mí. Muy de buenos y malos” (Badillo, 2019).

Ahora bien, el término “populismo” ha sido objeto de mucho debate, por lo cual se ha convertido en una categoría “inconsistente” en las ciencias sociales, “en la que múltiples personajes y gobiernos han sido asociados a esta tendencia más como juicio de valor que como comprensión de una singularidad” (Islas, 2020, p. 7). A pesar de los problemas en cuanto a su definición, Casullo sostiene que “si el populismo no ha muerto, solo puede deberse a una razón: en política, el populismo funciona”, debido a que logra “dar respuesta a las dificultades, los miedos y las ansiedades de los ciudadanos, porque encuadra y da sentido a una realidad social que por momentos parece haberlo perdido, porque recorta cursos de acción rápidos, posibles y decisivos para lograr transformaciones y porque ofrece a la población la posibilidad de participar en un proyecto con carácter épico” (2019, p. 4).

Las principales características del populismo, de acuerdo con Freidenberg (2013, p. 2), son: a) una relación directa entre el líder y el seguidor, b) un discurso o narrativa que se funda en la oposición a “otros”, c) un relegamiento de instituciones políticas intermedias (Congreso, partidos, órganos electorales, etc.) y d) la refundación del status quo con elementos redistributivos de la economía e inclusión en la toma de decisiones a través de mecanismos de democracia directa.

Precisamente, las mañaneras permiten remarcar diariamente la relación de AMLO con el pueblo a quien se dirige para señalar que “las cosas ya no son como antes” y que “no somos iguales” a las administraciones pasadas y a sus opositores políticos actuales. Mientras que el relegamiento de instituciones ha sido patente contra los organismos constitucionales autónomos, los partidos políticos, el Congreso, entre otros. En el caso de la refundación, precisamente la “cuarta transformación” sintetiza la idea de que existe un antes y un después en donde se supone que el pueblo tiene más protagonismo, aunque en los hechos solo utiliza el discurso a favor de la mayoría para legitimar sus decisiones (como en el caso de la termoeléctrica de Morelos, el aeropuerto de Texcoco, y recientemente el “juicio a expresidentes”).

En ese sentido, la justificación del presidente para intervenir en las elecciones se debe a que “actúa en nombre de un bien mayor”, en este caso “la verdadera democracia”. Es decir, debido a que en el pasado el propio AMLO padeció de “elecciones fraudulentas” (según el mandatario, a la gubernatura de Tabasco en 1994 y la presidencial de 2006), es que “no puede dejar pasar la existencia de acciones clientelares, condicionamiento de programas o uso de recursos públicos en las campañas” (Arista, 19 junio 2020). El asumirse como el defensor de los procesos electorales lleva implícita la idea de que sin su participación “no existiría garantía de elecciones limpias”, en ese sentido se encuentra legitimada su intervención a pesar de que en la ley se prohíba.

Tal fue el interés del presidente en las elecciones que se comprometió públicamente a intervenir para evitar el fraude electoral: “vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades” (Arista, 19 junio 2020). Sin embargo, en los hechos se ha lanzado contra los partidos y candidatos de oposición, bajo la supuesta búsqueda de “salvar la democracia”, lo cual representa un retroceso en las previsiones que se han tomado para evitar la participación de los gobernantes en las elecciones, como el propio AMLO criticó en su momento como opositor.

Ahora bien, el presidente ha tejido una serie de vías para transgredir las normas y lograr influir electoralmente en las elecciones 2021. Es decir, desde su arribo al poder ha establecido mecanismos para desafiar la normativa en la materia. Así, podemos mencionar: primero, el acaparamiento mediático; segundo, la estructura de los servidores de la nación y los super delegados; tercero, la designación de candidatos en Morena, principalmente.

Los “servidores de la nación” (SN)

Los SN son un ejército de funcionarios que surgieron antes de que AMLO tomara posesión del cargo, el cual se extendió por todo el país para levantar el llamado “censo del bienestar”, con lo cual se buscaba crear un padrón de las familias que requirieran algún apoyo social el cual se corroboraría al acudir directamente a los domicilios. Dichos funcionarios tenían indumentaria con el nombre y la imagen del presidente López Obrador, y cuando se presentaban declaraban ir “de parte del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a hacer entrega de un apoyo para su familia… ¿nos permite entrar a su casa? Somos servidores de la nación” (Hernández, 2019, p. 246).

Por lo anterior, el PRD interpuso una queja en el INE por uso proselitista de los programas sociales, lo cual derivó en una solicitud de comparecencia al presidente AMLO quien se negó a acudir y en respuesta envió una carta donde aseguraba que “nunca he participado o recurrido a fraudes electorales, por el contrario los he padecido” y en la correspondiente mañanera señaló: “lo único que les voy a decir es ‘vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan porque eso sí calienta’” (Aristegui Noticias, 29 septiembre 2019). De modo que evadió el tema al considerarse a sí mismo como la víctima de fraudes, a pesar de que en ese momento se le señalaron actos y situaciones concretas, con pruebas de por medio.

Como apunta Hernández (2019, p. 46), “los servidores de la nación están a cargo de la recepción, manejo y resguardo de datos personales, para lo cual no están habilitados, ya que la instancia responsable es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”. De acuerdo con el apartado B del artículo 26 constitucional. Así, en la Ley del Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística artículo 59, II, se señala que reserva al INEGI el uso de la denominación de “censo nacional” y dispone que ésta no podrá ser empleada en el nombre ni en la propaganda de registros, encuestas o enumeraciones distintas a las que practique el Instituto, estableciendo que la contravención a ello se sancionará.

Al respecto del “Censo para el Bienestar” que elaboraron los servidores de la nación previo al inicio del gobierno de AMLO es preciso señalar que se elaboró contraviniendo las disposiciones anteriores, pues fue levantado por los SN y no se dio a conocer las características, metodología, reactivos y resultados hasta que el INAI lo mandató en respuesta al Recurso de Revisión número RRA-4163/19.

Los súper delegados

Dichos funcionarios han sido nombrados de manera expresa para supervisar la entrega de programas sociales en cada entidad, lo cual configura una estructura paralela a las autoridades electas constitucionalmente: gobernadores y presidentes municipales. En dicho esquema la cima es el presidente de la República, quien nombra al coordinador general con quien acuerda los nombramientos de los delegados estatales, subdelegados y coordinadores regionales (figura 3). Dicha atribución emana de un artículo adicionado a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) el 30 de noviembre de 2018, en cuyo artículo 17 Ter se establece que “…el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República…”, lo anterior se ilustra en la figura 2.

Figura 2.
Estructura jerárquica de los Servidores de la Nación.
Figura 2. Estructura jerárquica de los Servidores de la Nación.
Fuente: esquema tomado de Hernández (2019, p. 37).

Lo anterior resulta especialmente grave pues limita las acciones relacionadas con la entrega de programas incluso a autoridades electas constitucionalmente, ya que la LOAPF otorga dicha facultad a los super delegados, quienes “tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población” (artículo 17 Ter).

De acuerdo con AMLO la justificación de dichos funcionarios se basaba “en el ahorro de 15 mil millones de pesos pues reemplazarían a los cientos de delegados federales que en administraciones anteriores existían en los estados de la república”, sin embargo, en los hechos dicha estructura no desapareció, solo cambió de nombre a “oficinas de representación” (González, 21 de marzo 2019).

Ahora bien, el objetivo real de los super delegados ha sido crear candidatos a gobernadores, pues si bien Morena tiene una presencia nacional desde las presidenciales de 2018, lo cierto es que no cuenta con una vida interna sólida ni liderazgos estatales consolidados, esto es natural debido a que tiene un corto tiempo de existir aunque también es propio de los partidos personalistas donde no es posible mantener un partido político consolidado pues ello implicaría algún límite al líder de facto (véaseFaustino & Anaya, 2015).

Designación de candidatos, influencia en el partido

La presencia de AMLO en el partido Morena no ha sido tan intensa como se podría esperar después de acceder a la presidencia en 2018, de hecho ha descartado el mantenerse como una figura que dé línea al interior y ha cedido las riendas a la heterogénea coalición de políticos que lo apoyaron. Lo anterior ha convertido a Morena en un partido muy inestable en su dirigencia y consecuentemente poco consolidado al interior del país, lo anterior es evidente al considerar los problemas que ha registrado para definir a su dirigencia nacional (especialmente la sustitución de Yeidckol Polevnsky) (Navarrete, 2019, p. 294). No obstante, ha sido patente su apoyo a diversos personajes afines a su equipo, lo cual ha dejado serias inconformidades entre los miembros relegados.

En el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, un personaje polémico y con acusaciones de agresiones sexuales fue defendido por el presidente para la gubernatura de Guerrero. Mientras que precandidatos como Pablo Almícar, -hermano de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval-; la senadora y ex autodefensa Nestora Salgado y la Alcaldesa de Acapulco, Adela Román fueron relegados por la encuesta que “definió” como mejor posicionado al primero, quien tiene una añeja amistad con AMLO y no dudó en apoyarlo y dejar de lado a los demás aspirantes (Barragán, 17 febrero 2021).

Luego de que AMLO se decantara por Salgado, al interior de Morena surgieron inconformidades como la del cuñado de Pablo Almícar, John Ackerman quien cuestionó la idoneidad de Félix Salgado pues sobre él pesan acusaciones de agresiones sexuales (Maya, 3 de marzo, 2021). Lo anterior no fue impedimento para que permaneciera firme su candidatura hasta que la autoridad electoral le retiró su registro por fallas en la comprobación de gastos de campaña. Este episodio dio lugar a una intensa campaña de AMLO contra el INE pues consideró que se trataba de un “ataque a la democracia” y significó que el presidente tuviera una constante presencia en los medios.

Por lo anterior, es evidente que el presidente ha intervenido de manera decidida en el proceso electoral gracias a su omnipresencia en el ámbito político nacional, con lo cual refuerza su estilo populista al asumirse como “moralmente superior” a cualquier otro actor o institución. Con lo cual atenta contra el régimen político democrático, que exige apego a valores y prácticas responsables.

C) ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El acceso a la información, “es un derecho fundamental que supone la potestad del ciudadano de solicitar información a las autoridades y la obligación de ellas para responderle” (Gudiño, Martínez & Patiño, 2010, p. 13). Este derecho se encuentra inserto dentro del concepto más general de “transparencia”, entendido como “la práctica de colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior” (Ugalde, 2002, p. 17). Aquél se refiere al ejercicio de un derecho y por lo tanto a la concreción de un escenario que puede ser adjetivado como transparente. De acuerdo con Marín (2018, p. 176), existe un carácter dual de la transparencia:

por un lado se entiende como derecho instituido en favor del gobernado, con la finalidad de involucrarlo libremente en el ejercicio de la función pública, y por el otro, como obligación legal de las entidades públicas para informar a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos y del ejercicio de sus políticas públicas traducidas en actos administrativos

Es decir, no solo la posibilidad de acceder a la información, sino la obligación de los entes públicos para informar de sus actos. En el caso mexicano es el artículo sexto constitucional el que garantiza el acceso a la información y el ente encargado de hacer cumplir esta disposición es el INAI, quien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia hace posible que la ciudadanía solicite información y obliga al gobierno a responder dichas solicitudes. De manera más puntual, el trabajo del INAI puede agruparse en tres aspectos esenciales Marín (2018, p. 184):

· Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental.

· Proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal como de los particulares.

· Resolver sobre las negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado

Ahora bien, existen al menos tres variantes de la transparencia de acuerdo con la accesibilidad que presentan (INAI, Voz trasparencia proactiva):

1. Reactiva: Se refiere a los procedimientos de acceso a la información y a los recursos de revisión que propician la entrega de la información solicitada.

2. Activa: Es la publicación de información por parte de los sujetos obligados de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General).

3. Proactiva: Es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General.

Los conceptos de acceso a la información y de transparencia forman parte del campo semántico de la rendición de cuentas, característico de los regímenes democráticos. Es decir, se trata de elementos que permiten el involucramiento de la sociedad en las acciones de gobierno así como eventualmente la posibilidad de sancionar actos contrarios a la ley. En la literatura existente sobre acceso a la información pública encontramos cuatro vertientes (Cejudo, 2012, p. 10):

El primero se ha centrado en la legislación y ha buscado identificar, comparar y cuantificar su contenido, a pesar de las dificultades metodológicas que conlleva este tipo de análisis.

Un segundo grupo de estudios ha buscado medir los portales de transparencia. Existe un conjunto importante de ejercicios que han medido la existencia, el contenido y la calidad de estos mecanismos electrónicos de transparencia.

El tercer tipo de investigaciones ha tenido como objetivo evaluar la operación de los sujetos obligados en respuesta a solicitudes de acceso a la información mediante ejercicios de usuario simulado.

Existe un cuarto grupo de estudios que no intenta medir comparativamente conjuntos de sujetos obligados, sino que se concentra en estudios de caso de una o varias organizaciones.

El presente trabajo puede ubicarse en el tercer y cuarto tipo de estudios, pues se trata de una evaluación de tipo cualitativa que analiza tanto el proceso de solicitud-respuesta como la información solicitada a los organismos electorales federales y estatales.

D) ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Después de considerar las solicitudes de acceso a la información presentadas ante el Portal Nacional de Transparencia, obtuvimos los siguientes resultados: diez casos de respuesta afirmativa en cuanto recepción de denuncias en materia del uso electoral de los SN, de las cuales ocho fueron en el ámbito local y dos en lo federal, como se muestra a continuación (Cuadro 1, 2).

Cuadro 1.
Relación de solicitudes de información y respuestas de sendos organismos electorales
No. Institutos Electorales Fecha de solicitud Fecha de entrega Folios Recurso de revisión Respuesta a RR
1 Aguascalientes 16-jun-21 13-jul-21 00428321
2 Baja California 16-jun-21 23/06/2021 00632021
3 Baja California Sur 16-jun-21 25-jun-21 00247521
4 Campeche 16-jun-21 25-jun-21 0101164721
5 Chiapas 16-jun-21 22-jun-21 00383721
6 Chihuahua 16-jun-21 29-jun-21 151092021
7 Coahuila 16-jun-21 25-jun-21 00455721
8 Colima 16-jun-21 25-jun-21 273721
9 Ciudad de México 16-jun-21 05-jul-21 3300000049521
10 Durango 16-jun-21 18-jun-21 00320221
11 Estado de México 16-jun-21 05-jul-21 384068
12 Guanajuato 16-jun-21 22-jun-21 01388521
13 Guerrero 16-jun-21 24-jun-21 00333821
14 Hidalgo 16-jun-21 23-jun-21 00515621
15 Jalisco 16-jun-21 24-jun-21 5193221
16 Michoacán 16-jun-21 13-jul-21 00460021
17 Morelos 16-jun-21 02-jul-21 511021
18 Nayarit 16-jun-21 05-jul-21 00238721
19 Nuevo León 16-jun-21 30-jun-21 2179021
20 Oaxaca 16-jun-21 29-jun-21 440721
21 Puebla 16-jun-21 27-jun-21 1051221
22 Querétaro 16-jun-21 12-jul-21 00413821
23 Quintana Roo 16-jun-21 29-jun-21 00474421
24 San Luis Potosí 16-jun-21 01-jul-21 524021 21-jul-21
25 Sinaloa 16-jun-21 22-jun-21 00752221
26 Sonora 28-jun-21 23-jul-21 1003919
27 Tabasco 16-jun-21 07-jul-21 00743221
28 Tamaulipas 16-jun-21 07-jul-21 00386521
29 Tlaxcala 16-jun-21 2-jul-21 00263221
30 Veracruz 16-jun-21 23-jul-21 00874821
31 Yucatán 16-jun-21 22-jun-21 00582121
32 Zacatecas 16-jun-21 30-jun-21 376121 12/08/2021
33 INE 16-jun-21 27-jun-21 2210000201421
34 TEPJF 16-jun-21 22-jun-21 0310000021821 12/07/2021
Fuente: elaboración propia con base en las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI

Cuadro 1
Relación de solicitudes de información y respuestas de sendos organismos electorales
Código de colores
Respuesta negativa
Respuesta positiva
Recurso de Revisión interpuesto derivado de la respuesta incompleta
Fuente: elaboración propia con base en las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI

Aguascalientes

Se presentaron cinco denuncias, la primera con el expediente IEE/PES/002/2020, donde el denunciante señaló el “uso indebido de recursos públicos y propaganda personalizada”, el denunciado fue Aldo Emmanuel Ruíz Sánchez, Delegado Federal de Programas de Desarrollo de Bienestar en Aguascalientes y el sentido de la resolución fue la inexistencia de las infracciones denunciadas.

La segunda IEE/PES/003/2020 se presentó en los mismos términos que la anterior, sin embargo en este caso se emplazó a los servidores públicos adscritos a la Delegación de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, César Fernando Esquivel Salas, Verónica Fuentes Herrero y a la Diputada Local Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, por advertirse su participación en los hechos denunciados.

El tercer expediente, fue el IEE/PES/001/2021 también se presentó en contra del Delegado Federal de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, y el sentido de la resolución fue dar vista de los hechos denunciados a la FEPADE de Aguascalientes. Mientras que el cuarto, IEE/PES/002/2022 se interpuso contra el propio Delegado Federal de Programas de Bienestar, así como a Medialog México, S.A. de C.V. y Promomex y la respuesta que se dio fue que era inexistente las infracciones denunciadas.

En el quinto expediente IEE/PES/003/2022 también se interpuso contra el mencionado Delegado Federal y de Edison Jair Fuentes Gutiérrez, en su calidad de servidor público adscrito a la secretaría de Bienestar en Aguascalientes, en donde se señaló que era inexistente las infracciones. No obstante, se emplazó a los periodistas Lucero Isabel Álvarez Parada y José Luis Morales Peña, por advertirse su participación en los hechos denunciados.

Quintana Roo

El instituto electoral local señaló que solo se localizó un caso relativo a los servidores de la nación, en relación al presunto condicionamiento de apoyos sociales. En dicha queja, en esencia, el Partido Revolucionario Institucional adujo que personal denominado “Siervos de la Nación”, se encontraba realizando acciones para favorecer a Morena, condicionando la entrega de apoyos asistenciales en comunidades rurales del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo. Lo cual ocurrió el día 26 de marzo de este año. Sin embargo, no se señalaba la resolución de dicha denuncia.

San Luis Potosí

En este caso la respuesta del instituto electoral fue positiva, señalando que existían dos casos que se ubicaban dentro de los criterios solicitados, sin embargo, solo se hacía mención de esto. Por lo cual, procedimos a interponer un recurso de revisión para conocer los contenidos como se plantea desde la solicitud inicial. En virtud de lo anterior y considerando que se argüía la existencia de datos personales se planteó la posibilidad de poner a disposición del solicitante una versión pública. Sin embargo, es pertinente decir que ambos expedientes PSE-146/2021 y 203/2021 fueron desechados. No obstante, es relevante para esta indagación señalar que el documento de versión pública se trataba de una denuncia contra “los servidores de la nación” para interponer un Procedimiento Sancionador Ordinario.

En el escrito de denuncia con fecha del 8 de abril de 2021 se describe que funcionarios pertenecientes a dicha estructura “se encuentran promocionando programas sociales del gobierno federal y señalando que deben votar por los candidatos del partido Morena para continuar recibiendo los beneficios de los programas”. Para ello se ofrecen como pruebas dos fotografías en donde se aprecia dos personas con los chalecos guinda del partido Morena, y una persona en el centro con ropa informal caminando en una calle, lo cual no es prueba contundente de un ilícito.

Veracruz

En este caso se identificaron dos expedientes, sin embargo, debido a que aún se encontraban en proceso de trámite el instituto electoral decidió que no se podía dar a conocer. Los documentos eran relativos a Procedimientos Especiales Sancionadores: CG/SE/PES/IQR/343/2021 y CG/SE/PES/PT/326/2021 los cuales se relacionan con los siervos de la nación.

Zacatecas

En la respuesta a la solicitud de información se estableció que se registraban cinco casos que coincidían con los criterios solicitados, sin embargo, no se ofrecía el contenido de dichos expedientes. Por lo cual, el promovente solicitó un recurso de revisión que sintetizó los contenidos, sin proporcionar los expedientes, debido a que se trata de procedimientos en curso.

El primero se encuentra bajo el expediente PES/IEEZ/UCE/014/2021 en donde se denuncia que algunos trabajadores identificados como servidores de la nación se encuentran haciendo recorridos y visitando personas de la tercera edad y a jóvenes becados con el programa Jóvenes construyendo el futuro con la finalidad de promover el voto, mediante los programas sociales, a favor de Morena o PT. En la información aportada se señala que se desechó la denuncia. El segundo es el relativo al PES/IEEZ/UCE/035/2021, el cual denuncia que los mencionados funcionarios usaban programas de salud y recursos públicos en el marco de la vacunación contra el covid-19. El sentido de dicha denuncia se señalaba como “en trámite”. El tercer caso es PES/IEEZ/UCE/073/2021 cuya demanda se describe como sigue: “infracción a la normativa Electoral del Estado de Zacatecas por el uso indebido de los servidores de la nación”. En este caso se determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas. Mientras que la cuarta PES/IEEZ/UCE/077/2021 y la quinta PES/IEEZ/UCE/083/2021 señalaban propaganda en edificios públicos y proselitismo en eventos de vacunación y entrega de dádivas a cambio del voto, respectivamente. Ambas denuncias fueron desechadas.

Por otra parte, en los casos de Baja California y Nuevo León los organismos electorales señalaron que existían denuncias, sin embargo, después del análisis dichos expedientes se refieren a casos de uso de recursos públicos en campañas pero no hacen mención de manera explícita a los servidores o siervos de la nación.

INE y TEPJF

En el caso del INE se integró el siguiente PES UT/SCG/PE/PAN/CG/2/PEF/18/2021, mientras que en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SRE-JE-29/2021, ambos promovidos por el Partido Acción Nacional. La denuncia se estableció en contra de (SRE-JE-29/2021, p. 2):

· Partido Morena,

· El Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal o Secretario de Bienestar del Gobierno Federal,

· El presidente de la República,

· El secretario de Salud del Gobierno Federal,

· El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal,

· El coordinador general de la Estrategia Nacional Digital de la Oficina de la Presidencia de la República, y

· El coordinador general de programas para el desarrollo de la Oficina de la Presidencia de la República

Los hechos denunciados eran: que durante el proceso electoral en curso personas afines o vinculadas con MORENA visitan domicilios y hacen recorridos para solicitar a la ciudadanía datos personales con la finalidad de realizar padrones y ofrecer el acceso a programas sociales. Asimismo, el PAN solicitó que la autoridad administrativa suspendiera inmediatamente la elaboración o actualización de los padrones de beneficiarios a programas sociales realizados por los SN para influir en la competencia electoral y exhortar al partido para que se abstuviera de realizar actos tendentes a beneficiarse de los programas sociales (SUP-REP-62/2021, p. 2).

Para la Comisión de Quejas y denuncias del INE, el hecho fundante de la queja consiste en que personas vinculadas con MORENA realizan visitas domiciliarias o recorridos en calles con la finalidad de recabar información y registrar a la ciudadanía para su acceso a la vacunación nacional contra el COVID 19, además, se presume que transmiten mensajes del gobierno federal, lo cual constituye un uso faccioso de dichos funcionarios.

Derivado de lo anterior el INE concluyó que si bien se acreditó que existiera un uso partidista de programas sociales (como el de vacunación contra el Covid 19), no se dispuso medidas cautelares debido a que se trataba de actos consumados (ACQyD-30-2021-PES-51-21, p. 21). No obstante, consideró procedente establecer una “tutela preventiva”, como una protección en contra “del peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva”, con base en la jurisprudencia 14/2015 de la Sala Superior del TEPJF.

Con dicha figura se exhorta al denunciado para que se abstenga de seguir realizando supuestos actos político-electorales a partir de la utilización de programas sociales. Cabe señalar que ello fue impugnado por el partido político Morena ante el TEPJF, sin embargo este último confirmó la determinación realizada por el INE (SUP-REP-62/2021).

E) LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y EL USO FACCIOSO DE RECURSOS PÚBLICOS EN 2021

Con base en el apartado anterior, realizamos un balance de la experiencia de las solicitudes de información, así como la trascendencia para indagar sobre el posible condicionamiento de programas sociales, información inexacta o engañosa y clientelismo realizado por los servidores de la nación. En este sentido, resulta importante señalar:

Primero, en lo que corresponde a las solicitudes de información en diversos casos se requirió de un seguimiento muy estrecho. En el caso de Jalisco, resultó sorprendente que se nos pidió “detallar la solicitud”, a pesar de que la que presentamos era clara, de manera que fue el único caso donde se nos solicitó esto.

Segundo, los casos de San Luis Potosí, Zacatecas y el TEPJF las respuestas no fueron completas, pues si bien señalaban que sí existían las denuncias respecto a servidores de la nación, no nos dieron a conocer el contenido. Es por ello que se interpusieron los correspondientes recursos de revisión para acceder de manera completa a dichos expedientes.

Tercero, cabe decir que en las respuestas se señala de manera reiterada que los entes sujetos a las leyes sobre transparencia, “no tienen obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información” es por ello que se envían los archivos sin filtrar ni analizar a detalle (de acuerdo con el criterio 03/17, emitido por el INAI, Segunda Época).

Cuarto, debido a que existe la previsión de entregar documentos en la condición que se encuentran y no hacer análisis, ni documentos ad hoc es muy probable que el número de denuncias contra los servidores de la nación sea mayor, pues en diversos documentos que se obtuvieron (como es el caso de Nuevo León) se considera genéricamente como “uso de recursos públicos con fines electorales”. En ese sentido es pertinente sugerir a los institutos electorales locales que haya mayor precisión en la descripción de los hechos denunciados, especialmente en el caso de las estructuras de gobierno a las cuales se denuncia.

Quinto, en el caso de San Luis Potosí se alegó la existencia de datos personales en el expediente, por lo que se impedía conocer el documento de manera inicial. Sin embargo, luego del recurso de revisión se pudo pedir una versión pública del mismo, en donde se ocultaron nombres personales, direcciones, así como en las documentales se cubrían los rasgos de identificación en una foto, específicamente los rostros.

Sexto, en los organismos electorales locales, Aguascalientes y Zacatecas fueron los estados con mayor número de denuncias contra los servidores de la nación, con cinco expedientes cada uno. Sin embargo, en la mayoría de ellos se declaró inexistentes los agravios y en Aguascalientes, de acuerdo con el expediente IEE/PES/003/2022 se emplazó a los denunciados para continuar con la indagatoria. En los casos de Zacatecas, Veracruz y Quintana Roo se señaló que existían casos de denuncias relacionadas con la petición realizada, sin embargo debido a que se encontraban en trámite, solo se ofreció un resumen ejecutivo de dichos expedientes.

Séptimo, el tema de las denuncias sobre uso faccioso de recursos públicos es complejo de denunciar, pues implica la aceptación de quien recibe el apoyo y consecuentemente no tiende a denunciar a quienes ofrecen dichos recursos. No obstante, fue posible recurrir a información complementaria -en las páginas de dichos institutos- a partir de la denuncia más importante que localizamos luego de las solicitudes, a la cual nos referimos en seguida.

Octavo, la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional fue la más sólida que permitió emitir medidas cautelares hacia los servidores de la nación, en dicho expediente se glosan una serie de pruebas recabadas a partir de publicaciones hemerográficas, así como la integración del Procedimiento Especial Sancionador que corresponde al INE. Mientras que la determinación que fue impugnada y posteriormente confirmada determinó la “tutela preventiva” en contra de Morena.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la investigación realizada en torno a la intervención de los servidores de la nación en el proceso electoral 2020-2021 se identificaron diversas denuncias que se interpusieron ante los organismos electorales tanto locales como federales. En ese sentido, es de destacar la falta de sistematización de las denuncias, debido a que en varios casos la información que aportaron no desglosaba de manera particular a qué estructura del gobierno se refería (como en Nuevo León y Baja California).

Además, los institutos electorales requieren considerar que la transparencia proactiva es un principio que podría ser aludido en el aspecto de proporcionar información con una adecuada diferenciación (el caso de Nuevo León se agrupó de manera general como sigue “uso indebido de recursos públicos y el probable condicionamiento de programas sociales”). Lo cual también se relaciona con la imposibilidad de ofrecer análisis ad hoc de la información, sin embargo en este caso no queda claro si el condicionamiento pudo haberse realizado por parte de los servidores de la nación. Por ello, se requeriría de mayor precisión por parte de los institutos electorales.

Ahora bien, debemos señalar que los servidores de la nación son una estructura federal que depende del presidente de la república en última instancia, por ello es lógico que la denuncia del PAN ante el INE y el TEPJF haya tenido mayor incidencia que las locales, pues su efecto solo aplica en sus respectivos estados. Sin embargo, el camino que siguió la denuncia no fue sencillo, pues en principio fue desechada por el INE y posteriormente se recurrió ante el TEPJF para reconsiderar la decisión, y este último regresó la autoridad administrativa para que emitiera un nuevo pronunciamiento. Lo anterior evidencia un grave problema de coordinación interinstitucional para decidir sobre la aplicación de las normas electorales.

Así, se reconsideró el tema y se emitió una tutela preventiva, la cual posteriormente fue impugnada por el partido político Morena, sin embargo, la resolución se confirmó por la Sala Superior del TEPJF. Este recuento fue posible gracias a las solicitudes de información interpuestas a través de la PNT del INAI, la cual nos permitió dar orden a la indagación y también observar el rumbo que tomaron las denuncias para que impactaran en el desarrollo del proceso electoral. Es decir, en última instancia lo relevante es conocer qué acciones se pudieron realizar para asegurar la equidad en la contienda y que se limitara el intervencionismo del gobierno.

Sin embargo, es preciso decir que el panorama político ha estado bajo asedio del presidente de la república, quien se ha enfrentado contra los organismos constitucionales autónomos como son los organismos electorales y el INAI, así como contra los medios de comunicación, con lo cual ha transgredido la neutralidad que debe imperar en los procesos electorales. De manera particular, es de destacar el discurso populista y el acaparamiento mediático del presidente que derivan en comportamientos poco democráticos que van minando poco a poco las instituciones encargadas del proceso electoral y del sistema político en general.

Por ello, es preciso vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos (como son los servidores de la nación) y demandar el cumplimiento de los estándares mínimos de integridad electoral en todas las etapas: preelectoral, de la jornada y post electoral para asegurar el desarrollo de elecciones libres, justas y competitivas.

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