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Participación política de las personas LGTB+ en el Estado de México. Proceso electoral 2021

Political participation of LGTB+ people in the State of Mexico. Election process 2021

Caldelas Garatachia, Anel

Anel Caldelas Garatachia

lenaseven777@gmail.com

Instituto Electoral del Estado de México México

Ius Comitiãlis

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ISSN: 2594-1356

Periodicidad: Semanal

vol. 5, núm. 9, 2022

iuscomitialis@uaemex.mx

Recepción: 30 Septiembre 2021

Aprobación: 25 Marzo 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/137/13729361372936008/

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Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal visibilizar la importancia de la inclusión de los grupos de diversidad sexual, como el colectivo LGBT+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) en la participación político electoral en el Estado de México, cuyo proceso electoral 2021 fue de gran relevancia para la participación de ese grupo de personas, ya que hubo quienes participaron como candidatos y candidatas a algún cargo de elección popular representando a diferentes partidos políticos (ninguno se pronunció por la vía independiente), además de obtener el triunfo en algunos municipios y distritos locales o federales, donde su presencia y representación política será de suma importancia precisamente para hacerlos visibles.

Palabras clave: Derechos LGBT+, proceso electoral, inclusión, participación política, democracia.

Abstract: The main objective of this research work is to make visible the importance of the inclusion of sexual diversity groups, such as the LGBT+ collective (lesbian, gay, bisexual, transsexual, transgender, transvestite and intersex) in electoral political participation in the State of Mexico, whose 2021 electoral process was of great relevance for the participation of this group of people, since there were those who participated as candidates for some popularly elected position representing different political parties (none spoke independently), in addition of obtaining victory in some municipalities and local or federal districts, where their presence and political representation will be of utmost importance precisely to make them visible.

Keywords: LGBT+ rights, electoral process, inclusion, political participation, democracy.

INTRODUCCIÓN

Históricamente las diversas conductas de los grupos con diversidad sexual: LGBT+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual), han sido discriminados e invisibilizados en la sociedad, ya sea por creencias religiosas o simplemente por actos de prejuicios como la homofobia. Hablar de la diversidad sexual genera muchas controversias, no solo en México, sino en varios países; este es un tema que difiere mucho entre países, desde los más protectores, que incluyen en sus constituciones la prohibición de discriminar por orientación sexual, hasta los que establecen pena de muerte contra quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo (Castedo & Tombesi, 2019). Para definir el término diversidad sexual, que tiene que ver en la construcción de los grupos LGBT+, existen muchos autores que han escrito acerca de ello, desde el punto de vista biológico y sociopolítico. Algunos ejemplos de estas obras de investigación son: “La creencia en la existencia de sólo dos sexos no es un dato existencial, sino una construcción social normativa” (De Moya, 2005, p. 24).

Por lo anterior, se entiende que la diversidad sexual es un tema que se tiene que estudiar desde diferentes perspectivas, no solo las biológicas. Los aspectos culturales se convierten en características de su identidad, condicionando los procesos psicológicos y sociales, influyendo en su pensamiento y en sus representaciones sociales, haciendo inferencias que le permiten atribuir causas a los efectos y elaborar sus verdades o realidades (Moral & Ortega, 2008). En la cita anterior se entiende que el autor hace referencia a los aspectos sociales y políticos como conectores de identidad, independientemente de los aspectos biológicos que definan la sexualidad de una persona.

Ciertamente, el contexto político en el que hace su aparición el término diversidad sexual le confiere una legitimidad importante que puede ser aprovechada para el avance de nuevas representaciones sociales y políticas de la existencia sexual de las personas, sobre todo de aquellas tradicionalmente estigmatizadas y oprimidas; pero esa legitimidad no se deriva ni requiere su uso como eufemismo (Núñez, 2011). De conformidad con los Principios de Yogyakarta,[1] la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Este trabajo no abarcará completamente el tema de la diversidad sexual y sus causas biológicas, se enfocará únicamente en la inclusión y participación política electoral de los grupos de la comunidad LGBT+ en el pasado proceso electoral 2021 en el Estado de México.

DERECHOS POLÍTICOS, HUMANOS Y RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LAS IDENTIDADES TRANS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el párrafo quinto de su artículo primero, la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana o bien que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, las cuales tengan su origen en prejuicios del género, sexo, las preferencias sexuales, entre otras; esto se hace operativo a través de su ley reglamentaria, es decir, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las Leyes antidiscriminatorias disponibles en 30 Entidades Federativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y sus 32 leyes locales, así como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DOF, 2021, art. 1).

La reforma constitucional en derechos humanos de 2011 tuvo una gran importancia al reposicionar a la persona como eje fundamental de la protección por parte del poder público: el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos son el centro y finalidad de toda actuación del Estado. Dicha reforma permitió incluir por primera vez en la Constitución Política a las “preferencias sexuales” como categoría prohibida de discriminación, lo cual representó un avance capital en la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

En el mes de diciembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, 2020) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE, 2017a) establecer una acción afirmativa para que personas con discapacidad o pertenecientes a grupos en vulnerabilidad, como LGTB+ o población afromexicana, para que tengan garantizados sus derechos político-electorales. Además, el TEPJF vinculó al Congreso de la Unión para que en el futuro introduzca esas acciones afirmativas en la legislación. Las acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, se les conoce también como acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso y discriminación positiva. (INMUJERES, 2020). Esto es sin duda un gran paso para que las minorías en México salgan del anonimato, hagan valer sus derechos políticos y accedan a ocupar puestos de representación popular.

Existen muchos conceptos de “minorías” uno de ellos es el de Soriano Díaz (Corona, 2000), quien lo define de la siguiente manera: “la minoría como aquel “colectivo, frecuentemente de escasas dimensiones, definido por rasgos culturales innegociables –raza, lengua, religión, tradiciones, etc.– que se encuentra en una situación grave de dependencia respecto a una estructura de poder, estatal o supraestatal”. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1981)[2] establece que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

Todas las personas deben gozar, de facto, de igualdad de derechos y libertades. Las personas del colectivo LGBT+ tienen los mismos derechos a votar y ser votadas, y su participación política debe ser garantizada, puesto que es uno de los principales medios con los que cuentan, como parte de la ciudadanía, para hacerse escuchar, exigir sus derechos y expresar su voluntad. El INE es uno de los órganos Constitucionales Autónomos de México y es quien organiza los procesos electorales, auxiliado por los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales) quienes, a su vez, son los encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados locales, alcaldes, integrantes de los ayuntamientos y Jefe(a) de Gobierno.

En la página del INE se pueden consultar las funciones que le corresponden al Instituto Nacional Electoral salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y promover el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía, reconociendo que existen aún prejuicios sociales que permean en la sociedad y en los poderes públicos, los cuales generan prácticas discriminatorias directas e indirectas hacia este grupo de población (INE, 2017b).

El INE aprobó el 22 de diciembre del 2017, el Protocolo Trans, el cual permite adoptar medidas para garantizar el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación a las personas trans durante las elecciones (federales, estatales y municipales) y mecanismos de participación ciudadana. El Protocolo, entre otras cosas, menciona que: “Ningún presidente o presidenta de casilla negará el derecho al voto de una persona trans cuya expresión de género no coincida con los datos de su credencial (nombre, sexo o su foto)” (INE, 2017a). De igual manera se menciona que durante la elección de 2018, la más grande en la historia democrática de México, el protocolo Trans y las campañas de difusión llegaron a 1.5 millones de personas aproximadamente. Sin embargo, luego de más de un año el INE no tiene la cifra precisa de cuántas personas Trans ejercieron el sufragio (INE, 2018). Por lo que respecta al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM, 2021), en sus funciones se encuentra verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el INE, lo que quiere decir que el Protocolo Trans tiene vigencia en los OPLES de todo el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la recomendación general número tres en el Informe Violencia contra personas LGBT+ señala que para las personas con diversidad sexual LGBT+ como grupos de atención prioritaria dada su histórica exclusión, la normatividad electoral y de Derechos Humanos vigentes se debe de:

Diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las personas LGBT+ o aquellas percibidas como tales. En particular, adoptar medidas comprensivas para promover el respeto a los derechos de las personas LGBT+ y la aceptación social de la diversidad de orientaciones sexuales, identidades de género y las personas que se ubican fuera del binario hombre/mujer, o cuyos cuerpos no coinciden con el estándar socialmente aceptado de los cuerpos masculinos y femeninos (CIDH, 2015, p. 9).

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó un llamado a los congresos locales de las distintas entidades federativas del país a garantizar la identidad de género de estas poblaciones y, sobre todo, crear o fortalecer políticas públicas que les garanticen el acceso a empleos bien remunerados, a la salud, a la educación sin discriminación y a la vivienda digna, entre otros derechos, que les permitan vivir sin violencia ni vulnerabilidad que les han afectado de manera histórica.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Sentencia del Reconocimiento de la Identidad de Género de Personas Trans en Documentos Oficiales, con fecha 17 de octubre de 2018. Los temas de esta sentencia fueron: Derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la identidad personal, derecho a la vida privada, derecho a la intimidad, adecuación de documentos, acta de nacimiento, reasignación sexo genérica, reconocimiento de identidad, personas trans (SCJN, 2018).

ANTECEDENTES DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO ELECTORAL DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS LGBT+ EN MÉXICO

Es importante citar algunos casos documentados y trascendentales de personas de la comunidad LGBT+ que han participado en contiendas políticas en México, sin esconder su naturaleza sexual. En el 2003, se registró como diputada federal, por un distrito de Oaxaca, la primera candidata transexual en la historia de México se trata de la indígena Muxhe Amaranta Gómez Regalado, originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México; por el ex partido México Posible, reconocida por el IFE (ahora INE) con el nombre genérico de Amaranta Gómez Regalado (Medina, 2003). Es importante señalar, que los indígenas Muxhes en el Estado de Oaxaca, no son todos y todas pertenecientes a los grupos LGBT+ solamente lo son quienes por decisión propia se integran a dichos grupos.

Diana Laura Marroquín Bayardo, quien anteriormente se llamaba Juan José Marroquín Bayardo, compitió por la diputación federal del distrito 04 del Estado de Hidalgo, en el proceso 2012. De igual forma, fue precandidata a gobernadora de Hidalgo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el año 2016; nuevamente en el año 2018 fue candidata del Partido del Trabajo, en la coalición Movimiento Progresista, a diputada federal por el distrito 04 con cabecera en Tulancingo, Hidalgo. En diciembre de 2018 fue la primera mujer transgénero en representar a un partido en el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, por el Partido del Trabajo (noticiastulancingo.com, 2020).

INCLUSIÓN POLÍTICA DENTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Se realizó una investigación de los estatutos generales (a través de sus páginas oficiales de internet) de los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del 2021 en el Estado de México, para conocer si estas entidades políticas contemplan a la comunidad LGBT+, en lo siguiente:

· Padrón de miembros activos.

· Representantes de elección popular.

· Representantes en sus comités municipales, estatales y nacionales.

· Candidatos y candidatas a diferentes puestos de elección popular para el proceso 2021.

· Presupuesto asignado a trabajar con grupos minoritarios que incluyan a los grupos LGBT+.

Los partidos políticos, en lo fundamental, son los constructores de los regímenes democráticos, ya que el Estado moderno es un Estado de partidos, ello es así por el lugar central que ocupan en la integración de los órganos de representación y de gobierno, sino también por sus funciones de intermediación entre el Estado y la sociedad civil. En este sentido, los partidos son los principales aglutinadores de los intereses sociales, que son puestos en juego en la contienda por el poder político a través de la competencia electoral, escenario en el que proponen programas e ideologías a los ciudadanos, articulan los intereses sociales con las finalidades estrictamente políticas para el funcionamiento y la legitimación del sistema político; en concreto, permiten la formación de gobiernos, tarea que por ley solo ellos pueden realizar en los sistemas democráticos modernos. (González Oropeza, 2009).

En las últimas tres décadas, los partidos políticos en México han maximizado sus esfuerzos para competir en la arena electoral por el poder político, para ello han conseguido las condiciones materiales y legales óptimas para su crecimiento y consolidación; sin embargo, no han hecho un esfuerzo equivalente por mejorar la transparencia de su vida interna ni por garantizar la participación de sus militantes en la toma de decisiones, es decir, en el ámbito de su democracia interna, pero, sobre todo, no han hecho mucho por establecer un sistema de rendición de cuentas ante la sociedad a la que se deben políticamente y de la que reciben, desde la reforma electoral de 1993, financiamientos millonarios para su organización y desempeño electoral. No fue hasta el 23 de mayo de 2014 que se publicó el decreto en el que se expide la Ley General de Partidos Políticos (LGPP, 2014), el cual consta de 97 artículos y nueve transitorios, de los cuales se analizarán los primeros dos artículos.

En lo anterior se observan los derechos y obligaciones de los partidos políticos, no obstante, en ninguno de los artículos se les pide postular personas de diversidad sexual pertenecientes a los colectivos LGBT+ aunque en la actualidad, como ya se mencionó anteriormente, el INE aprobó el 22 de diciembre del 2017 el protocolo Trans, que se limita a permitir que las personas con diversidad sexual puedan votar con su credencial de elector, en donde aparecen con su apariencia como ellos se definen y con su nombre real; lo importante es que ya se les ha considerado en algunas candidaturas donde puedan participar tal como ellos o ellas son y de esta manera lograr que se tomen en cuenta sus propuestas.

En la indagación no se encontraron padrones específicos en los partidos políticos registrados en el INE que indiquen el número de militantes, representantes públicos o figuras políticas que den visibilidad a estos grupos. Puede ser que haya personas que esconden sus tendencias sexuales y no se expresen por temor a sufrir acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y violencia o simplemente perder popularidad y no seguir adelante con su carrera política. Solo dos partidos a nivel nacional cuentan con Secretarías de la Diversidad Sexual dentro de su estructura: el Partido de la Revolución Democrática (PRD, 2020) y el partido Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena, 2020), quienes sí destinan parte de su presupuesto para estas secretarías, donde realizan diferentes actividades como capacitación política, estudios de género, actividades recreativas, entre otras; no solo con la militancia, sino también con los ciudadanos y ciudadanas en general.

A nivel nacional hubo candidatos y candidatas LGBT+, quienes manifestaron abiertamente sus preferencias sexuales apoyados por sus partidos políticos, así como candidatos independientes que participaron en la elección del 2021 y que, de acuerdo con datos del INE, el 1.84% de estos grupos registraron candidaturas.

Tabla 1. Actores de partidos políticos y candidatos(as) independientes que abiertamente declararon su preferencia sexual y participaron en el proceso electoral 2021 en México.

Candidato | Partido político | Candidatura | Ganó la elección
Juan Pablo Delgado | Movimiento Ciudadano | Presidencia municipal de León, Guanajuato. | No
Aurelién Benjamín Guilabert | Movimiento Ciudadano | Diputación del Distrito 12, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. | No
Temístocles Villanueva | Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) | Reelección Distrito local 9, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. | No
Roberto Alviso | Independiente | Diputado Distrito local 6 de Nuevo León | No
María Clemente García Moreno | Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) | Diputación federal distrito 8, de la Ciudad de México. | Si
Melany Macías Cortés | Redes Sociales Progresistas (RSP) | Diputación 4 federal de Zacatecas | No
Fernanda Salomé Perera Trejo | Redes Sociales Progresistas (RSP) | Gobernatura de Zacatecas | No
Yasuri Campos | Fuerza por México (FxM) | Diputación Federal Distrito 8 Veracruz | No
Salma Luevano Luna | Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) | Diputada Federal Aguascalientes | Sí
Tania Vázquez | Redes Sociales Progresistas (RSP) | Diputada Federal Distrito 34, Toluca, México. | No
Adolfo Cerqueda Rebollo | Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) | Presidente municipal de Nezahualcóyotl, México. | Sí

Fuente: elaboración propia, con datos tomados de periódicos digitales (Álvarez Gutiérrez, 2021).

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Lo referente al financiamiento público, en la Nueva Ley de Partidos Políticos, se encuentra contemplado en el Titulo Quinto, Capítulo I, Artículo 50:

1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales. 2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público (LGPP, 2014).

En el financiamiento público federal otorgado a los diferentes partidos políticos en México, para el ejercicio del año 2021 se acordó lo siguiente (tabla 2) (DOF, 2020):

Tabla 2. Financiamiento federal otorgado a los partidos políticos ejercicio 2021.

Partido político nacional | Actividades ordinarias | Gastos de campaña | Actividades específicas | Franquicia postal | Franquicia telegráfica | Monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres
PAN | $899,141,526 | $269,742,458 | $26,670,639 | $17,503,174 | $69,350 | $26,974,246
PRI | $846,973,664 | $254,092,099 | $25,005,707 | $17,503,174 | $69,350 | $25,409,210
PRD | $414,382,572 | $124,314,771 | $11,199,609 | $17,503,174 | $69,350 | $12,431,477
PT | $362,392,828 | $108,717,848 | $9,540,361 | $17,503,174 | $69,350 | $10,871,785
PVEM | $395,596,079 | $118,678,824 | $10,600,040 | $17,503,174 | $69,350 | $11,867,883
MC | $381,024,506 | $114,307,352 | $10,134,989 | $17,503,174 | $69,350 | $11,430,735
MORENA | $1,636,383,823 | $490,915,147 | $50,199,648 | $17,503,174 | $69,350 | $49,091,515
PES | $105,019,043 | $31,505,713 | $4,725,857 | $17,503,174 | $69,350 | $3,150,571
RSP | $105,019,043 | $31,505,713 | $4,725,857 | $17,503,174 | $69,350 | $3,150,571
FSP | $105,019,043 | $31,505,713 | $4,725,857 | $17,503,174 | $69,350 | $3,150,571
| $5,250,952,127 | $1,575,285,638 | $157,528,564 | $175,031,740 | $693,500 | $157,528,564

Fuente: elaboración propia con datos del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2021 (INE, 2020).

Como se observa en la tabla anterior, los rubros en los que se divide el presupuesto para cada partido, solamente se contempla el monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres, no así el que se debería de destinar a las demás minorías en este país, para su participación político electoral, donde se incluiría la diversidad sexual. La propuesta de diferentes colectivos, asociaciones civiles y fundaciones es que se contemple un porcentaje igual al que reciben los partidos políticos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que es del 3% del financiamiento público ordinario, esto establecido en el artículo 51 numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP, 2014). En lo que se refiere a las estructuras internas de los partidos políticos en el Estado de México que participaron en el proceso electoral del 2021, solamente el Partido de la Revolución Democrática y el partido Movimiento de Regeneración Nacional cuentan con secretarías que incluyen a personas de diversidad sexual y/o de la Comunidad LGBT+.

PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2021 Y LA INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD LGBT+ EN CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR

El Proceso electoral 2021 en México comenzó en el mes de septiembre de 2020, en el cual se renovaron la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país; la jornada electoral se llevó a cabo el 6 de junio de 2021 y concluirá con la declaración de validez cuando se resuelvan todos los juicios de inconformidad presentados. Según el INE, en estos comicios estuvieron en juego más de 20,000 cargos: 500 federales (300 diputaciones por el principio mayoría relativa y 200 diputaciones por representación plurinominal) y 20,311 de carácter local. También se votó para renovar 15 gubernaturas, 30 congresos locales y miles de alcaldías, sindicaturas y regidurías. El Estado de México cuenta con el mayor número de habitantes del país (INEGI, 2020). En el pasado proceso electoral 2021, se renovaron las alcaldías de los 125 municipios que lo integran (125 presidencias municipales, 136 sindicaturas y 966 regidurías), así mismo, se eligieron 75 diputaciones locales (45 por el principio de mayoría relativa y 30 diputaciones por el principio de representación proporcional) y 41 diputaciones federales. La participación ciudadana en el Estado de México, en el proceso electoral de 2021, fue de más del 52 %, cifra bastante atractiva para una elección intermedia que, además, se llevó a cabo en tiempos de pandemia del Covid-19 y se esperaba que el abstencionismo se hiciera presente en gran medida (IEEM, 2021).

Por otro lado, de acuerdo con información proporcionada en un portal de la página del gobierno del Estado, dedicada a la diversidad, indica que el 10 % de la población en la entidad pertenece a la comunidad LGBT+ (GEM, s/f). A diferencia de otros Estados de la República Mexicana, el Estado de México ha sido gobernado por más de ochenta años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); en todo este tiempo de hegemonía partidista, en ninguna ocasión este partido político ha postulado a una mujer como candidata a la gubernatura, a una persona perteneciente a los pueblos originarios o a algún representante integrante de los grupos de diversidad sexual, lo cual demuestra una cultura política arraigada en la entidad que no ha permitido la inclusión de las minorías en los puestos de poder político. Fue hasta el año 2017, en la elección de gobernador del Estado de México, donde participaron tres mujeres: Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional (PAN), Delfina Gómez Álvarez, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Teresa Castell de Oro, candidata independiente, ninguna de ellas logró el triunfo, quedando vencedor Alfredo del Mazo Maza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin duda el proceso electoral mencionado fue un avance significativo para las mujeres mexiquenses, quienes se vieron representadas por las candidatas anteriores; sin embargo, aún hace falta que participen personas originarias y de diversidad sexual en las próximas contiendas por la gubernatura del Estado de México. La intolerancia de participación política hacia los grupos minoritarios en el Estado de México ha sido por mucho tiempo un factor que atenta contra la pluralidad y no reconoce ni se da cuenta de que en la diversidad se encuentra la posibilidad de enriquecimiento personal y social de todas las esferas. Con un escenario político tan adverso para la participación política de las minorías, en específico quienes representan al colectivo LGBT+ en el Estado de México, estos grupos han tenido que luchar por sus derechos a través de asociaciones civiles, principalmente, para hacerse escuchar y dejar de ser invisibles. Algunas Asociaciones y Colectivos de la Comunidad LGBT+ en el Estado de México son (GEM, s/f):

Sexualidad y bienestar integral INSEX A.C.

Fuera del Clóset, A.C.

El Consejo de la Diversidad Sexual del Estado de México (CODISEM).

Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México.

Asociación Civil CODISEM A.C.

Fundación Arcoíris.

Jóvenes LGBT México.

Comité LGBTTTI y grupos en situación de vulnerabilidad de Atizapán de Zaragoza.

Orgullo Ecatepec A.C.

Lucha Consiente, de Nezahualcóyotl.

Orgullo y Dignidad Unidas por la Diversidad, de Valle de Chalco.

Diversidad sexual a favor de los Derechos.

Mujeres Trans Famosas Toluca.

Sin embargo, el activismo social por parte de estos grupos no ha sido suficiente ya que siguen siendo afectados por la prevalencia de concepciones morales y religiosas en los procesos legislativos referentes a sus derechos. El 11 de diciembre del 2020 fue aprobada en comisiones, en la Cámara de Diputados del Estado de México, la Ley de Identidad de Género, que garantizará los derechos humanos de las personas trans y permitirá terminar con la discriminación y violencia en contra de ese sector.

Ricardo Torres, presidente de la asociación civil Fuera del Clóset, explicó en una entrevista que: Dicha ley lo que pretende es que una persona que radique en el Estado de México y sea mayor de 18 años pueda realizar un cambio exclusivamente administrativo con la corrección en su acta de nacimiento, lo que permitirá cambios futuros en otros documentos legales. Nosotros llevamos 15 años impulsando la Ley de Identidad de Género, 15 años de lucha donde activistas incluso ya no han podido ver materializados nuestros logros. Creo que cada grupo debe enfocarse en su propia agenda y exigir a los diputados que su iniciativa sea turnada en el pleno y se vote (Ríos, 2021). Esta Ley de Identidad de Género se aprobó en la sesión del 20 de julio de 2021, con información tomada del comunicado de prensa No. 2877, de la Unidad de Asistencia Social de la LX Legislatura del Estado de México, se recabó la siguiente información.

El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Civil del Estado de México para facilitar la rectificación del acta de nacimiento, de tal manera que corresponda con la identidad de género de la persona, como un trámite administrativo que podrá realizarse ante el Oficial del Registro Civil, previa anotación correspondiente, con lo cual las personas Trans podrán contar con acta de nacimiento que refleje su género (PEEM, 2021). El decreto aprobado expone que toda persona con capacidad legal, mayor de edad y no sujeta a un proceso judicial que afecte derechos de terceros, podrá solicitar esta rectificación, añade que, para este trámite, las interesadas y los interesados deberán presentarse ante el Registro Civil a manifestar su nombre completo, señalar los datos registrales asentados en el acta primigenia, proporcionar el nuevo nombre que solicita sin apellidos, señalar el género solicitado y señalar bajo protesta que lo hace de forma personal y voluntaria, además de firmar y conceder huella dactilar. El dictamen, expuesto por la diputada proponente Liliana Gollas Trejo también integró la iniciativa presentada por las legisladoras Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez, para adicionar el capítulo “Expedición de acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de género al Código Civil del Estado de México” (PEEM, 2021). Lo anterior es una victoria para la comunidad LGBT+ en el Estado de México, ya que gracias a la lucha de estos grupos minoritarios se están concretando acciones afirmativas que les permitirán mejorar su condición de vida.

Por otro lado, su inclusión en la política en el Estado de México ha sido bastante difícil, ya que fue hasta el pasado proceso electoral 2021 tuvieron la oportunidad de participar manifestando su orientación sexual a través de la invitación que les hicieron los partidos políticos, pero solamente hubo tres candidatos y dos ganaron sin ocultar su pertenencia a la comunidad LGBT+.

CANDIDATOS DE LA COMUNIDAD LGBT+ QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO ELECTORAL 2021 EN EL ESTADO DE MÉXICO

El Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) registró como candidata a diputada federal por el distrito 34 de Toluca, Tania Vázquez, mujer transgénero y activista, quien forma parte del colectivo “Mujeres Trans Famosas Toluca”, organización civil anteriormente conocida como “Las famosas de Humboldt”. Está conformada en mayor parte por mujeres trans, pioneras en el activismo de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México. En entrevista con Primero Editores (Colmenares, 2021), Tania contó que entre sus motivaciones para postularse como diputada federal está luchar contra la desigualdad que enfrentan las mujeres trans. Además, señaló que esta es la oportunidad de hacer visible a la comunidad Trans en los espacios políticos: “Comprendí la importancia de que haya mujeres trans en estas elecciones 2021”. También precisó que, de llegar a ocupar el cargo como diputada federal, legislará en pro de la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario, así como el acceso de la comunidad Trans a la salud digna. Tania Vázquez no logró ganar la elección, sin embargo, su participación en la contienda electoral fue muy importante, ya que logró visibilizar a la comunidad Trans del Valle de Toluca, Estado de México, y esto es un referente para que las personas como ella sigan participando en los siguientes procesos electorales.

La coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, conformada por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, postuló como candidato a presidente municipal de Nezahualcóyotl a Adolfo Cerqueda Rebollo, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como Instructor certificado de Fitness y perteneciente a la comunidad LGBT+ en el Estado de México. De igual manera, se desempeñó como diputado local suplente en la LXIII legislatura, como segundo síndico municipal en el Ayuntamiento y fue director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl en la administración 2018-2021. Logró ganar la elección municipal con un porcentaje del 38.99% de las preferencias del electorado. En entrevista, Cerqueda comentó que en las elecciones del 6 de junio se convirtió en el primer alcalde electo abiertamente gay del municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México y apenas el segundo en todo México, y recalcó que eso no debería ser noticia porque todas las personas somos iguales y su preferencia sexual no lo define y dijo que lo asumía como un logro que acerca más a la igualdad en el municipio y en el país; dijo que hay avances en el tema, pero que no es suficiente, ya que hace falta que exista más representación de la comunidad LGBT+ en la toma de decisiones políticas y comunitarias en el país (Cerqueda, 2021).

De igual manera, la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México registró como candidata a regidora, en la planilla ganadora de Chalco, a Rosaura Carrasco, mujer trans que estudió Trabajo Social en la Ciudad de México en 2015. Fue ahí mismo, en la capital del país, donde se aprobó la Ley de Equidad de Género, esto le permitió tramitar su nueva acta de nacimiento convirtiéndose en Rosaura Carrasco (El mexiquense, 2021). En cuanto a su experiencia laboral en el sector público, estuvo laborando en el Centro de Justicia para las Mujeres de Amecameca en la Fiscalía especializada en delitos vinculados a la violencia de género como trabajadora social, siendo la primera mujer trans que laboró en este lugar.

No se tienen más datos del registro de personas de la comunidad LGBT+ que hayan participado como candidatos y candidatas en el Proceso electoral del Estado de México 2021. Sin lugar a duda, el proceso electoral del año 2021 en el Estado de México fue muy importante para los grupos de la comunidad LGBT+, ya que lograron avanzar en su participación político electoral.

CONCLUSIONES

Como podrá observarse, lo que aquí se propone al reconocer el derecho legítimo de participación político electoral corresponde a una acción afirmativa, puesto que las personas con diversidad sexual en México, históricamente, han sido un grupo desatendido y que carece del reconocimiento suficiente en la toma de decisiones importantes a nivel nacional. Por tanto, se debe reconocer que estas minorías han sufrido todos los cambios y transformaciones del estado mexicano hasta nuestros días, y durante ese lapso han sido objeto de injusticias y violaciones a sus derechos más mínimos: los Derechos Humanos, así como sus derechos políticos electorales y la violencia física, como la homofobia, que en muchas ocasiones se convierte en crímenes de odio. Definitivamente hace falta su presencia y perspectiva dentro de los espacios públicos de representación popular para hacer valer sus derechos y mejorar su calidad de vida a través de la creación de políticas públicas que les favorezcan.

Los desafíos en materia de derechos políticos involucran ejes como la violencia de género y limitaciones de índole cultural cuya superación debemos encontrarla en la oportunidad que tengan las minorías y de los colectivos LGBT+ a espacios de poder que consagren de manera efectiva sus derechos de participación en el plano de la representación; lo ideal sería que en una sociedad democrática, en aplicación del principio de protección de minorías, deban tener la opción permanente de convertirse en mayorías compitiendo electoralmente, así como influir en las decisiones públicas, lo que guarda relación con los principios de alternancia, pluralismo, tolerancia, y con la prohibición a las mayorías de desconocerles sus derechos, a los que la jurisprudencia les ha dado la naturaleza de contra mayoritarios en cuanto no pueden desconocerse ni siquiera a través de mecanismos democráticos y participativos.

Derivado de lo anterior, lo justo es que se les reconozcan sus derechos políticos electorales en espacios de poder, con los medios suficientes y necesarios para el desempeño del cargo al que logren llegar, por ejemplo, una remuneración justa, un espacio físico dentro del inmueble público, así como la facilidad de proporcionarles recursos materiales y humanos. Es necesario aceptar que las personas pertenecientes a los grupos LGBT+ tengan una verdadera representación en la vida democrática no solo del Estado de México, sino en todo el país, como lo han hecho otros grupos minoritarios: los pueblos originarios, personas con capacidades diferentes y las mujeres, quienes hasta hace algunos años no lograban acceder a estos espacios de poder.

Otro de los mayores obstáculos que han enfrentado la participación política efectiva y sustantiva ha sido la violencia, especialmente cuando se trata de personas de diversidad sexual. Por ello mismo, es importante destacar como lo hemos visto en esta investigación, el trabajo que se ha realizado desde el Instituto Nacional Electoral y de otras Instituciones, emprendiendo acciones en defensa de los grupos LGBT+, convencidos de la necesidad e importancia de proteger sus derechos políticos electorales. El Estado de México, que ha sido gobernado por un mismo partido durante más de ochenta años, es donde se ha implantado una forma de hacer política muy particular que también condiciona el modo en el cual se realiza el activismo por parte de los colectivos de personas de la comunidad LGBT+, a quienes se les ha negado el derecho a participar como candidatos y/o candidatas en los procesos electorales, hasta este último que fue, sin duda, un proceso controversial, tanto por haberse realizado en tiempos de la pandemia del Covid-19 como por la inclusión en las candidaturas de estos colectivos de la diversidad sexual.

La sumatoria de las personas LGBT+ en la vida democrática de México, no solo como espectadores, sino como candidatos y candidatas, es sin duda una oportunidad para hacer valer su voz y sus derechos, ya que solo de esta manera podrán lograr sus objetivos de equidad e igualdad política. Algunas de las estrategias que a través de la presente investigación se identificaron y consideraron importantes para lograr la inclusión de las personas con diversidad sexual en la vida democrática, no solo a nivel Estado de México sino a nivel nacional, son las siguientes:

Crear redes regionales con organizaciones afines a estos grupos y/o colectivos para construir relaciones de solidaridad y producir conocimientos generales al contexto. Creación de colaboraciones a corto plazo y alternativas de beneficios mutuos con fuerzas conservadoras (iglesia, partidos políticos de ultra derecha, asociaciones civiles, etc.) con el fin de intercambiar ideas y propuestas para beneficio de ambas partes. Hacer uso de instancias contenidas dentro de la legislación vigente para abogar por reformas que contribuyan al beneficio de las personas con diversidad sexual. Asegurar la participación de la comunidad por medio de sesiones informativas deliberadas y estrategias de vinculación por medio de foros de participación ciudadana, haciendo la invitación a expertos en los diferentes temas sobre diversidad sexual, colectivos de la comunidad LGBT+, legisladores que tengan a su cargo comisiones de género y al público en general. Apoyarse en líderes políticos y en su necesidad de apoyo electoral, así como adoptar un acercamiento de la cima hacia la base cuando sea necesario, por ejemplo, un programa para despertar la conciencia y un currículum educativo de sensibilización respecto a los temas LGBT+. En materia de derecho: uso de jurisprudencia para resaltar los casos de discriminación, respaldados por consultores o expertos, de ser posible en calidad de voluntarios, dispuestos a ayudar cuando se necesite. Manejo de cultura y religión en momentos apropiados, particularmente cuando los valores converjan con temas LGBT+. Importar lista

Por último, es importante mencionar que el Estado de México se caracteriza por estar dividido en el Valle de Toluca, una zona conservadora, a diferencia del Valle de México, donde la ciudadanía ha pasado por procesos de transición política más frecuentes en sus municipios debido a su cercanía y colindancia con la Ciudad de México, que posee una visión con mayor apertura y empatía hacia estos temas.

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Notas

[1] Principios de Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación, entre ellos: jueces, académicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, los Procedimientos Especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONG’s y otros. El profesor Michael O’Flaherty, Relator del proceso, hizo importantes contribuciones al redactar y revisar los Principios de Yogyakarta (2007).

[2] Aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día nueve del mes de enero del año de mil novecientos ochenta y uno, con las siguientes Declaraciones Interpretativas y Reservas.