INTRODUCCIÓN

La pandemia de Covid-19 es la mayor crisis de salud pública que el mundo ha visto en estos últimos tiempos. Ya ha cobrado cientos de miles de víctimas en todos los continentes y ha tenido consecuencias múltiples, profundas, sin precedentes y quizá duraderas en la vida social, económica y política de nuestras sociedades. También permitió poner a prueba la resiliencia de los sistemas democráticos e instituciones de gobernanza a nivel nacional e internacional. Dada la naturaleza excepcional de esta emergencia de salud pública, los gobiernos han adoptado en un plazo muy breve medidas inmediatas y excepcionales para detener, retrasar o limitar la propagación del virus. En el caso mexicano esas medidas han consistido, esencialmente, en la restricción total de actividades en el exterior para evitar el contacto entre personas y la propagación del virus. De ahí se pasó a un esquema de semáforo epidemiológico y al fomento de medidas sanitarias como: el uso de cubrebocas, mantener distancia de al menos 1.5 metros entre personas y el uso de gel antibacterial. Estas acciones tuvieron un impacto significativo en las sociedades, en el goce de derechos fundamentales, en el funcionamiento y equilibrio de las instituciones y en los procesos democráticos, como la celebración periódica de comicios.

En México, al tiempo que se organizaba la denominada elección más grande de la historia, las autoridades electorales de todos los niveles tuvieron como prioridad salvar vidas y proteger a la población, enfatizando en que no se puede permitir que la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho se conviertan en el daño colateral de la pandemia. Ninguna emergencia de salud pública podía utilizarse como pretexto para destruir el acervo democrático. Ello representó el dilema de conciliar al derecho fundamental a la salud frente al derecho de las y los ciudadanos a la participación política, en su vertiente de votar y ser votado a cargos de elección popular en el país o entidad del que se trate. Es decir, ¿la pandemia podría ser causa suficiente para que dejaran de ejercerse los derechos fundamentales de participación en asuntos políticos? En este sentido, la prioridad en un contexto inédito como el expuesto era encontrar un equilibrio entre la función electoral y la salvaguarda de la salud pública de la ciudadanía con el objetivo de que la democracia del país no se detuviera y, por el contrario, que los procesos electorales se celebraran con nuevos protocolos y medidas que amalgamaran la seguridad sanitaria y la garantía de poder ejercer los derechos político electorales de la ciudadanía, permitiéndoles acudir a las urnas a emitir el voto. En otras palabras, se está ante el surgimiento de una innovación electoral en tiempos de pandemia.

La confianza de los ciudadanos en las autoridades y en las instituciones y procesos democráticos es fundamental en tiempos de crisis. Reducir el debate público y restringir el funcionamiento de elementos clave del sistema democrático corre el riesgo, no solo de comprometer la democracia per se, sino también de socavar, por un lado, el apoyo de los ciudadanos a cualquier política y medida para proteger a la población y, por otro, su eficacia. Es en ese sentido, que al haber desarrollado un proceso electoral tan complejo como el de 2021 durante la pandemia (contexto inédito que provocó múltiples modificaciones en la forma de planear, organizar y desarrollar los procesos electorales en el país) y al haber concluido con un alto índice de participación ciudadana, tanto a nivel federal como en los Estados integrantes, especialmente para el Estado de México, es que se puede uno atrever a decir que, en términos generales fue exitoso, pero ¿qué es lo que pasó para que esto pudiera suceder? de ahí el sentido del presente trabajo, pues pretende explicar de manera sencilla lo que es una pandemia y la importancia de la participación ciudadana en las elecciones, incluso en situaciones adversas, como las impuestas por esa emergencia sanitaria que aún aqueja al país.

¿QUÉ ES UNA PANDEMIA?

De acuerdo con la Real Academia Española, una pandemia es una “enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”. Dicho de otro modo, una pandemia es una epidemia de alguna enfermedad infecciosa que ocurre a una gran escala cuyas magnitudes de contagios trascienden a varios países, continentes o a todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. En el caso concreto de la actual pandemia y la aparición del Coronavirus, el 31 de diciembre de 2019, autoridades de salud de la ciudad de Wuhan provincia de Hubei, China, informaron sobre la presencia de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, estableciéndose el probable vínculo con un mercado de mariscos y animales. Posteriormente, el 7 de enero del 2020 las autoridades chinas informaron la presencia de un nuevo coronavirus identificado como posible etiología causante de aquel síndrome. El siguiente 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (2020) declaró al brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) como pandemia, debido a la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública con relevancia internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control.

En México, el 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una enfermedad grave de atención prioritaria, así también se establecen las actividades de preparación y respuesta ante la epidemia. El siguiente 24 de marzo, se publicó en el DOF el acuerdo en el que se establecen las medidas preventivas que se debían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el referido virus. En el artículo primero se estableció que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno estarían obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad causada por ese virus, entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que tuvieron como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus, disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el riesgo de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentrara en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. Asimismo, entre otros aspectos, se indicó que se debía evitar la asistencia a centros de trabajo de personas en condiciones vulnerables y suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, garantizándose los derechos humanos de las personas trabajadoras.

Así, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en general, debido a su fácil propagación por contacto con personas infectadas o al llevarse las manos a los ojos, nariz o boca después de tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas. De allí que una pandemia sea una fuente de riesgo para la humanidad entera, e imponga nuevas realidades a la sociedad en general. Sin duda, esta pandemia marcará un antes y un después en la vida de las personas en todo el mundo; no sólo por el lamentable número de personas fallecidas, sino también porque la pandemia ha cambiado por completo nuestros estilos de vida: la forma de interrelacionarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestros centros de trabajo, en lo deportivo y en lo cultural.

Además de los efectos secundarios de la cuarentena en sí misma, relacionados con el “resguardo domiciliario”, entre los que destacan los efectos en materia económica y los efectos psicológicos en las personas por estar tanto tiempo sin poder salir a las calles para hacer una vida ordinaria. Lo anterior, sumando que las actividades cotidianas fuera de los hogares ahora deben realizarse evitando el contacto físico con las demás personas, manteniendo la sana distancia y evitando las aglomeraciones, sobre todo en lugares cerrados. En este contexto, la materia electoral no es la excepción ni es ajena a los efectos de la pandemia, pues la crisis sanitaria ha impactado en el desarrollo de los procesos electorales del mundo entero. En consecuencia, el resguardo social ha provocado efectos importantes para la organización de los procesos electorales, pues implican la interrelación humana desde el funcionamiento de las oficinas electorales, en las sesiones de los distintos órganos electorales, en la supervisión de diversos procedimientos, en la distribución de la documentación electoral, en la capacitación y campañas electorales hasta el hecho mismo de acudir a las urnas.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ELECCIONES

La democracia moderna es un sistema de gobierno en el que las ciudadanas y los ciudadanos de un país eligen a sus gobernantes por medio del sufragio universal, personal, directo, libre y secreto; siempre bajo la premisa inquebrantable del respeto a la tolerancia, igualdad y pluralidad. Este sistema nace a la luz de una relación constante entre el poder estatal y su población, en el entendido de que la adopción de la democracia ha significado el reconocimiento de las libertades individuales de las personas. Esto, en términos del imperativo democrático de que una democracia o es participativa o simplemente no es democracia. En esta lógica argumentativa, coincido plenamente con Almond y Verba (2001), cuando sostienen que las democracias se mantienen por la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y desde Aristóteles hasta Bryce, se ha insistido en que las democracias se mantienen gracias a esa participación ciudadana en tales asuntos, a un elevado nivel de información sobre los mismos y a un sentido muy difundido de responsabilidad cívica (Almond y Verba, 2001). Esto permite vislumbrar la necesidad de que los ciudadanos cuenten con espacios en donde se hagan escuchar para elegir a sus autoridades.

De esta manera, la participación ciudadana la podemos entender como el proceso individual y/o colectivo por medio del cual, las ciudadanas y los ciudadanos se informan, se involucran, e intervienen en los asuntos públicos como integrantes de una comunidad política, con la finalidad de poder incidir en la toma de decisiones y en el establecimiento y definición de política públicas en los diferentes ámbitos del quehacer estatal. En este sentido, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2017) las estrategias de promoción de la participación ciudadana pueden dividirse en dos: las de corto plazo que buscan movilizar de una manera casi inmediata a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto, y las de largo plazo, que como su nombre lo indica, buscan incidir en el tiempo, es decir, si bien la finalidad sigue siendo aumentar la participación electoral, ésta se busca a través del cambio de actitudes y de la promoción de valores participativos y democráticos. Y es que, en las últimas décadas, la disminución de la confianza de la ciudadanía hacia los representantes e instituciones democráticas se ha basado en el aumento de lo que, según Freedom House (2019), puede definirse como el retroceso global de la democracia.

En el momento de la actual pandemia de Covid-19, la propagación de medidas excepcionales y extralegales puede agravar los grados de desconfianza ciudadana y aumentar los riesgos de hacer retroceder la participación ciudadana en todos los niveles de toma de decisiones, como ha sido señalado por una organización internacional (Open Government Pathership, 2020). Sin embargo, aunque el Estado todavía juega un papel importante en la gestión de crisis, la plataforma global independiente Open Democracy (2020) destaca las diferencias emergentes entre los modelos de gobernanza adoptados por los estados autoritarios y los democráticos. En este último, el surgimiento de diferentes responsabilidades estatales y sociales, y la combinación de diversas formas de experiencia para asegurar una amplia gama de respuestas ha dado lugar a múltiples modelos de gobernanza (Open Democracy, 2020). Como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020), estos modelos son más evidentes a escalas subnacionales, donde los gobiernos están en la primera línea de la gestión de crisis y la recuperación, además de enfrentarse a los impactos asimétricos del covid-19 sobre la sociedad (OCDE, 2020). Una visión general de la evidencia emergente permite discutir, por lo tanto, la necesidad de preparar a los gobiernos locales, las organizaciones y la sociedad civil para enfrentar de manera efectiva los riesgos globales y los eventos extremos actuales y futuros.

Teniendo en cuenta la crisis actual, la participación ciudadana es crucial para responder de manera efectiva ante la crisis de confianza que se ha comentado en párrafos precedentes. Y dicha participación no puede darse sin que se garantice el derecho a votar, a ser votado, a la libertad de expresión, reunión y de asociación fijado a la luz de circunstancias que nos presenta la actual pandemia. De hecho, es fundamental que la participación ciudadana no esté restringida en ningún momento, especialmente en su vertiente del ejercicio del derecho de votar y libertad de expresión; y sólo adaptarse rápidamente a los entornos cambiantes debido a las restricciones a la libertad al mover las actividades en línea. Y es que los procesos electorales son la parte medular de un Estado democrático y constitucional de derecho, pues a través de las elecciones se posibilita que la ciudadanía pueda ejercer la soberanía popular vía emisión del sufragio, sin que actualmente exista en la normatividad nacional o local disposición específica para la actuación de las autoridades electorales ante emergencias sanitarias de impacto nacional. Por ello, la debida gobernanza electoral impone el deber a las autoridades electorales de adoptar las medidas apropiadas y necesarias para ajustar o replantear los procesos comiciales con las políticas sanitarias decretadas por las autoridades de salud (López, 5 de enero 2021, p. 8). En este mismo sentido, diversas organizaciones internacionales como IIDH - CAPEL se dieron a la tarea de formular varias propuestas de medidas que podrían implementarse para salvaguardar el derecho de la ciudadanía a la participación política, sin afectar el derecho a la salud.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020), actualmente la población total del país es de 126 millones 14 mil 24 personas (13.6 millones más que en 2010). De este total, 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres. En estrecha relación con estas cifras, para la jornada electoral del 06 de junio de 2021, el Padrón Electoral del país estuvo conformado por 93,676,029 ciudadanos y ciudadanas registradas, y 93,528,473 inscritos en la Lista Nominal de Electores. De este total, 44,589,963 (48%) son hombres y 47,887,581 (52%) son mujeres.^[1] En el caso del Estado de México, y conforme con la información difundida por el Instituto Nacional Electoral, al 15 de abril de 2021 se contaba con un total de 12,389,348 ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, de los cuales 6,475,182 son mujeres y 5,914,166 hombres. En cuanto a la lista nominal, ésta incluyó 12,376,517 ciudadanos inscritos, de los cuales 6,468,940 fueron mujeres y 5,907,577 hombres (INE, 2021).

Así, el primer dilema que se tiene que resolver para efectos electorales en el marco de una pandemia, es cómo conciliar y armonizar el derecho a la salud con los derechos político-electorales de la ciudadanía; todos derechos humanos de base constitucional y convencional. Es decir, cómo el Estado debe garantizar el derecho a la salud ante una pandemia provocada por un virus como el COVID-19, que provocó el establecimiento de ciertas medidas restrictivas como el resguardo domiciliario y la mínima interacción social; y cómo garantizar, a su vez, el ejercicio pleno y eficaz de los derechos político-electorales como el de votar y ser votados, que implican un alto grado de interacción social. Lo anterior, en el entendido de que no puede haber democracia sin elecciones pues éstas constituyen su base. En efecto, hay democracia cuando los detentadores del poder público son elegidos popularmente en competencias abiertas, libres y equitativas. Esto, ya que las elecciones son la fuente de legitimación del poder mismo y en consecuencia de los gobernantes y representantes. En suma, las elecciones son el medio a través del cual las ciudadanas y los ciudadanos ejercen la soberanía popular vía sufragio.

Por ello, y en el contexto de la pandemia que azotó al país, las autoridades electorales se vieron en la necesidad de emitir diversos protocolos sanitarios para las distintas etapas y actividades que conllevan la organización y el desarrollo de los procesos electorales; por ejemplo: a) el protocolo para la realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de examinación en el marco de las actividades de ubicación de casillas; b) el protocolo de atención sanitaria para las y los supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales; c) el protocolo específico de medidas sanitarias y protección a la salud para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales y, por supuesto, d) el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021. Entre las medidas sanitarias que se establecieron se encuentran: el uso obligatorio de cubrebocas, de manera adecuada cubriendo nariz y boca en todo momento; mantener la sana distancia respetando 1.5 metros de espacio entre personas; desinfectar frecuentemente las manos; limpieza constante de superficies con soluciones alcoholadas mayor al 70%; evitar cualquier tipo de contacto físico, incluyendo no saludar de mano, abrazar ni besar; el estornudo de etiqueta y las personas que se encontraran dentro de los grupos vulnerables (adultos mayores, personas con oxígeno, embarazadas, con obesidad evidente, etc.) se les daría prioridad en la fila para pasar a votar a la casilla.

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021

Las pasadas elecciones del año 2021, han sido hasta el momento las más grandes en la historia electoral de México. Y es que, por primera vez, concurrieron 32 elecciones locales con la renovación total de las 500 diputaciones federales de la Cámara de Diputados (300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional). De igual modo, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE, 2021) estuvieron en disputa 15 gubernaturas, se renovaron 30 Congresos locales que representó 1,063 diputaciones y, en 30 entidades federativas 1,910 Ayuntamientos y 16 Alcaldías, lo que involucra 19,359 cargos: 1,910 Presidencias municipales y 16 Alcaldías; 2,122 sindicaturas; 15,107 regidurías; y 204 concejales. Además, de elegir 431 Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad de Campeche y Tlaxcala. Lo anterior equivalió a 21,368 cargos de elección popular electos por la vía democrática.

En el caso específico del Estado de México, estuvo en disputa la integración del Congreso local y de los 125 ayuntamientos que integran la entidad mexiquense. De esta manera, en el pasado proceso electoral de esa entidad se eligieron 1,302 cargos de elección popular, entre diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías (Figura 1).

Figura 1. Cargos de elección popular electos en el año 2021 en el Estado de México.

Fuente: Instituto Nacional Electoral (2021).

Conforme a los datos de la tabla de arriba, se ve que el promedio de participación ciudadana fue del 52.07%; en cuanto al nivel de participación ciudadana, se observa que el mayor porcentaje lo obtuvo el estado de Tlaxcala, con 65.65% de votación; en tanto, el estado de Baja California obtuvo el nivel más bajo de participación, con 38.51%. En el caso del Estado de México, éste ocupó el décimo lugar, con un 54.1%, por debajo de estados como Veracruz (60.09%), Coahuila (57.73%) y Puebla (56.03%), pero por encima de estados como Guerrero (53.29%), Querétaro (52.28%) y Ciudad de México (52.05%) (Gráfica 1)

Gráfica 1. Porcentaje de participación ciudadana.

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2021).

En este sentido, la participación ciudadana en el Estado de México estuvo por encima de la media nacional por estado que fue del 52.07% contra el 54.1% obtenido en la entidad mexiquense. No obstante, lo anterior, se tiene que hubo una disminución en la participación electoral si tomamos en cuenta el proceso electoral inmediato de diputaciones y ayuntamientos de 2017-2018, proceso en el cual la participación ciudadana en la entidad mexiquense fue de 67.24% para el caso de diputaciones y del 67.16% con relación a la elección de ayuntamientos (Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de participación ciudadana.

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2021).

En este sentido, la participación ciudadana en el Estado de México estuvo por encima de la media nacional por estado que fue del 52.07% contra el 54.1% obtenido en la entidad mexiquense. No obstante, lo anterior, se tiene que hubo una disminución en la participación electoral si tomamos en cuenta el proceso electoral inmediato de diputaciones y ayuntamientos de 2017-2018, proceso en el cual la participación ciudadana en la entidad mexiquense fue de 67.24% para el caso de diputaciones y del 67.16% con relación a la elección de ayuntamientos (Tabla 2).

En el caso de las elecciones de diputados federales, se obtuvo una participación ciudadana de alrededor del 52%; y en las elecciones del Estado de México la participación fue del 54.1% de la Lista Nominal de Electores, lo que representa poco más de 6 millones de ciudadanas y ciudadanos mexiquenses. Esto es muy importante sobre todo si tomamos en cuenta el contexto inédito de pandemia en el que se desarrolló la pasada jornada electoral y en donde la sociedad mexicana demostró su madurez política. Información estadística a nivel nacional sobre porcentaje de participación ciudadana en el proceso electoral 2020-2021. Además de lo anterior, es de suma importancia destacar la participación histórica que tuvo el sector femenino. Y es que, en efecto, ha llegado el tiempo de reivindicar en serio los derechos de las mujeres en el país y consolidar una democracia incluyente, a través de la plena y eficaz participación política de las mujeres dentro y fuera de los procesos electorales, situación que implica no sólo que puedan participar activamente en condiciones de equidad y paridad frente a los varones dentro de los comicios, sino también, que una vez obtenido el triunfo electoral en las urnas puedan asumir, pero sobre todo, ejercer libremente el cargo público que la soberanía popular les haya otorgado; sin trabas, obstáculos, descalificaciones o limitaciones basadas en elementos de género o estereotipos antidemocráticos por la sola condición de ser mujer y que impliquen menoscabar su imagen pública o limitar en cualquier forma y en cualquier grado, sus derechos políticos y electorales (López, 22 de abril de 2021).

En este sentido, la sociedad en general debe contribuir a remover y eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales o de cualquier otra índole que impidan a las mujeres gozar o ejercer de manera real, efectiva y libre sus derechos políticos y electorales en condiciones de paridad frente a los varones, pues la participación política de las mujeres es una condición sine qua non para que un régimen de gobierno pueda ser realmente democrático y que, para lograrla, las autoridades electorales contribuyeron de manera decidida a través de la implementación de diversas acciones para combatir y erradicar la violencia política y para garantizar la participación paritaria tanto en la postulación de candidaturas como en la integración de los distintos órganos. Entre dichas acciones se estableció, de manera enunciativa más no limitativa, un padrón de personas que han incurrido en violencia hacia las mujeres, en sus vertientes de violencia intrafamiliar, deudores alimentarios o agresores sexuales; asimismo, se impusieron sanciones por actos acreditados de violencia política en razón de género, es decir, aquella tendente a impedir u obstaculizar el ejercicio pleno de derechos políticos. Pero también se establecieron cuotas de postulación de candidaturas y, a través de la asignación de escaños de representación proporcional, fue posible garantizar la integración paritaria plena en los órganos electos en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. De esta manera, observamos que por primera vez en la historia tenemos una Cámara de Diputados integrada con paridad plena.

Sin duda, desde las reformas comúnmente conocidas como “Paridad en todo” y de “Violencia política” publicadas entre 2019 y 2020 se ha venido fortaleciendo un andamiaje normativo e institucional orientado a revertir desventajas históricas y a generar condiciones de competencia en condiciones de equidad y paridad, y no sólo a favor de las mujeres sino también de otros grupos en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad, personas de pueblos originarios y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual; residentes en el extranjero y población afromexicana que, hasta esta elección habían sido soslayados de los procesos decisorios en el país. Dichas acciones afirmativas se tradujeron en que 65 personas pertenecientes a esos grupos accedieran a un escaño legislativo federal por cualquiera de los principios de elección, lo cual si bien constituye un avance significativo en materia de inclusión, constituye tan sólo un paso más en el proceso de desarrollo democrático, pues no basta con el acceso a dichos cargos, sino que ello debe poder traducirse en agendas legislativas, iniciativas, en programas o políticas en beneficio de esos sectores de población. Datos que, además, ponen de manifiesto que independientemente de la pandemia que continúa aquejando al país, la ciudadanía decidió participar y ejercer sus derechos políticos a plenitud, ya sea acudiendo a votar o bien, a través de la postulación a una candidatura a cargos de elección popular.

Ahora bien, otro dato muy importante, es la participación política de los grupos en situación de vulnerabilidad. En México, y en cualquier país que se precie de ser democrático, la igualdad y la no discriminación son derechos fundamentales cuya tutela, protección y salvaguarda, corresponde a todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Por ende, entre otras cuestiones, las autoridades (incluyendo las electorales), tienen el deber de fomentar e incorporar en sus políticas públicas, medidas y procedimientos de inclusión destinados a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Lo anterior es así, cada vez que nuestra Constitución federal prohíbe todo tipo de discriminación motivada, entre otras cuestiones, por razones de discapacidad; además, establece el principio pro persona para favorecer en todo tiempo, la protección más amplia de los derechos de las personas, y establece la obligación para los poderes públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (Diario Oficial de la Federación, 19 de febrero de 2018).

Gráfica 2. Diputaciones por acciones afirmativas.
Fuente: Buró Parlamentario (2021).

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO CUENTA CON UNA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DE 12,376,517 REGISTROS

En el caso específico del Estado de México cabe señalar que se localiza en el centro de la República Mexicana; tiene una extensión de 23,244 km2, equivalente al 1.1% del territorio nacional y está dividido en 125 municipios. Bajo este contexto demográfico, en agosto de 2020 la Dirección de Participación Ciudadana del IEEM dio a conocer el Diagnóstico estatal de los 10 componentes del diagnóstico nacional de la ENCCÍVICA. Este documento da cuenta de algunos datos interesantes que valen la pena traer a cuenta. Por ejemplo, en cuanto al rubro de etnicidad, en el diagnóstico se menciona que en el Estado de México las lenguas indígenas originarias son cinco: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlazinca, y las que cuentan con los mayores porcentajes de hablantes en la entidad son: Mazahua 29.55%, Otomí 25.36%, Náhuatl 17.58%, Mixteco 7.52%, Mazateco 4.00%, Zapoteco 3.57%, Totonaco 2.77% y Mixe 1.43 %. En cuanto al concepto de “auto adscripción”, se señala que, en la entidad, el 17% de los mexiquenses se consideran auto adscritos a algún grupo étnico.[2]

El Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD, la ENCCÍVICA indica que se resumen los resultados estatales de tres elementos para medir la desigualdad: la salud como esperanza de vida, la educación en años promedio y esperados de escolarización y el ingreso como producto nacional bruto per cápita. En este sentido, la entidad mexiquense muestra un Índice de Desarrollo Humano alto (en una escala de “bajo, medio, alto y muy alto”). Y por lo que hace al Indicador de apego a la democracia, el Estudio sobre la Calidad de la Ciudadanía en el Estado de México señala que la mitad de la población mexiquense considera que un gobierno democrático es la mejor forma de gobierno. Esta percepción se mantiene estable comparada con la medición de 2014, tanto en la entidad mexiquense como en el ámbito nacional. La otra mitad de la población se compone por aquéllos con una posición ambivalente (a 21% le da lo mismo y 4% no sabe) y por quienes incluso se inclinarían por un gobierno autoritario (23%). En este sentido, si bien las visiones antidemocráticas no han ganado terreno en los últimos años, tampoco se ha cimentado un consenso claro a favor de un régimen democrático entre los habitantes del Estado de México.

En suma, mostrar información sobre la población, la desigualdad social y el aprecio por la democracia en el Estado de México es indispensable para que la ciudadanía conozca algunas de las condiciones en las que se desarrolla la cotidianidad de las y los mexiquenses, y con ello, generar referentes para la comprensión de las características de la cultura cívica para poder lograr una consolidación democrática, a través de la participación e informada.

Gráfica 3. Porcentaje histórico de la votación ciudadana en el Estado de México.
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de México (2020).

Del análisis de los datos mostrados en la gráfica anterior, se puede apreciar que la participación decreció en 12.97% de las elecciones celebradas en 2018 respecto de las pasadas elecciones inmediatas de 2021, pues en el proceso electoral 2018 la participación fue del 67.10%. Igualmente, en retrospectiva desde 1996 a 2021 se observa que la votación promedio se encuentra en 54.04% y 54.14% para diputaciones locales y ayuntamientos respectivamente, con ello se puede evidenciar que en las elecciones de 2021 la participación estuvo dentro del promedio de las últimas ocho elecciones para renovar a miembros de los ayuntamientos e integrantes de la legislatura local.

Gráfica 4. Porcentajes de participación estatal en elecciones de diputaciones y ayuntamientos en. El Estado de México de 1996 a 2021.

Fuente: elaboración propia con datos publicados por el Instituto Electoral del Estado de México (2021).

Por último, quisiera referirme a un tema que, si bien no es central del presente escrito, si es fundamental hacer algunos comentarios. Me refiero a la alta participación política de las mujeres en el pasado proceso electoral en la entidad mexiquense, ya que es tiempo de reivindicar en serio el papel de las mujeres. Así, de los 702 registros de candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría relativa, 392 registros fueron de mujeres; mientras que, en el caso de diputaciones de representación proporcional, de los 176 registros, 92 fueron registros femeninos. En cuanto a la elección de ayuntamientos, de los 942 registros para Presidencias municipales, 472 fueron de mujeres, es decir el 50.11%. Estas cifras dan cuenta de que es el tiempo de las mujeres.

CONCLUSIONES

Sin lugar a duda la pandemia, escenario inédito, ha puesto a prueba nuestra capacidad de reacción y adaptación en todos los ámbitos de nuestras vidas; en lo individual y como sociedad y, más aún, poniendo a prueba al Estado mismo. De allí que el gran reto en materia electoral sea que los organismos, incluido el Instituto Electoral del Estado de México, encargados de la preparación y desarrollo de las elecciones, puedan innovarse, adaptarse y mostrar capacidad de respuesta ante este cambio de realidad que nos ha dejado la pandemia, esto con el irrestricto respeto al derecho a la salud, pero sin menoscabar otro conjunto de derechos igualmente trascendentes, es decir, los derechos políticos y electorales. El Estado debe seguir garantizando las funciones públicas; cabe recordar que la organización de las elecciones es una función estatal fundamental. Es de suma importancia que todas y todos, desde nuestros diferentes espacios como autoridades electorales, partidos políticos, candidatos o como ciudadanía, vigilemos y cuidemos de los procesos electorales del país. De allí que resulta trascendental la participación política de las ciudadanas y ciudadanos. En consecuencia, las siguientes recomendaciones pretenden contribuir a avanzar en el futuro debate sobre participación ciudadana.

1. Los tiempos de crisis no deben dar lugar a medidas extralegales y al poder discrecional en la toma de decisiones. Por el contrario, el cumplimiento del principio de legalidad debe ser garantizado con mayor transparencia para que la ciudadanía pueda participar libremente.

2. Las autoridades electorales deben promover prácticas participativas y deben tener claras las formas en que pueden incentivar la participación de la ciudadanía.

3. La participación de la ciudadanía debe ser incentivada por el gobierno y las autoridades electorales, pero deben de complementarse y encontrar, según su alcance, el equilibrio más adecuado entre autonomía e integración institucional.

4. Las autoridades electorales deberán impulsar la participación de la ciudadanía, sin embargo, deberán ser conscientes de la fuerte dimensión territorial del impacto del Covid-19, y que los mecanismos establecidos deberán, por lo tanto, apuntar a reducir los riesgos de contagio actual y prepararse para anticipar los próximos riesgos y eventos extremos.

5. Las circunstancias actuales requieren esfuerzos sistémicos para garantizar que la participación ciudadana y la colaboración entre las autoridades electorales comienza a partir de la identificación de problemas, se desarrolla a través de la formulación colectiva de soluciones, se traduce en la prestación de servicios y bienes, y finaliza con la evaluación de las prácticas.

6. Los ciudadanos deben participar en las deliberaciones públicas en línea para comentar y/o proporcionar recomendaciones sobre las respuestas al Covid-19 a través de la constitución de consejos asesores de múltiples partes interesadas con el mandato de revisar y monitorear la toma de decisiones en todos los niveles.

7. Dado que la pandemia de Covid-19 tendrá corto, mediano, y efectos a largo plazo, las prácticas participativas deben romper el techo de los plazos a corto plazo, a menudo centrados en la eficiencia de las iniciativas experimentales, para incluir estrategias de planificación a medio/largo plazo sobre la efectividad de la participación ciudadana regular y duradera en la toma de decisiones.

8. Por último, la pandemia de Covid-19 confirma la necesidad de poner la salud como una alta prioridad en las políticas públicas y el gasto, y preparar a las ciudades para los próximos riesgos y eventos extremos. La transformación y el avance de prácticas que favorezca la participación ciudadana puede ayudar a tomar decisiones más consensuadas para nuestro futuro en nuestro país.

REFERENCIAS

1. Almond, Gabriel A. y Verba, Sidney (2001). “La cultura política”. En Albert Batlle (Ed.), Diez textos básicos de ciencia política. Barcelona: Ariel. Recuperado de http://c1130004.ferozo.com/fmmeducacion/Bibliotecadigital/Almond_y_Otros_Dieztextosbasicosdecienciapolitica.pdf

2. Diario Oficial de la Federación (19 de febrero de 2018) ACUERDO INE/CTSPEL001/2017 de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 por el que se modifican los anexos 9.2-F1, 9.2-F2 y 9.3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, relativos a los formatos para el registro de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, generales y ante mesas directivas de casilla.

3. Diario Oficial de la Federación. Edición matutina. 24 de marzo de 2020. Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

4. Diario Oficial de la Federación. Edición vespertina. 23 de marzo de 2020. Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

5. Freedom House (2019). Freedom in the World 2019. Democracy in Retreat. Recuperado de https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/democracy-retreat

6. Instituto Electoral del Estado de México (2020). Diagnóstico estatal de los 10 componentes del diagnóstico nacional de la ENCCÍVICA. Versión digital. Recuperado de https://www.ieem.org.mx/DPC/docs/Diagnostico_Estatal_ENCCIVICA.pdf

7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020). Censo de Población y Vivienda. Recuperado de https://censo2020.mx

8. Instituto Nacional Electoral (INE) (2021). Numeralia 2021-2022. Recuperado de https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118602/numeralia-final05082021.pdf?sequence=3&isAllowed=y

9. López Bringas, Sandra. (05 de enero de 2021) Versión Estenográfica de la Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México llevada a cabo en la modalidad de videoconferencia. Consejo General, Sesión solemne. Recuperado de https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2021/VEs_21/002_ve01_SSo_05012021.pdf

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Notas