INTRODUCCIÓN

El objetivo general del presente trabajo fue realizar un estudio y análisis comparativo de textos y leyes existentes sobre participación ciudadana en el Estado de México, con el propósito de proponer una iniciativa de Ley que se denominará “Ley General de participación ciudadana para el Estado de México”, con la finalidad de dar certeza jurídica a la ciudadanía del Estado de México además de motivar su participación en la vida pública de nuestro Estado y que puedan hacer uso de estos mecanismos, a través de la Ley propuesta. En cuanto a los objetivos específicos, fueron 1. Estudiar, analizar y comprender los mecanismos actuales de participación ciudadana con el fin de realizar su correcta aplicación; 2. Conocer los antecedentes, fundamentación jurídica y teórica de la participación ciudadana desde su nacimiento e implementación en otros países; México y el Estado de México, con el propósito de conocer aciertos, complicaciones y negativas de la implementación de mecanismos de participación ciudadana para lograr un mejor entendimiento y de esa manera lograr una mejor ejecución de la presente propuesta; 3. Analizar y comparar los marcos jurídicos que puedan aplicar en materia de participación ciudadana existentes en otros estados de la República que cuenten con estos mecanismos, con el fin de identificar, delimitar y evaluar las fortalezas y debilidades de dichos ordenamientos jurídicos para tomar como base para la redacción de la propuesta de Ley para el Estado de México e incluir activamente a la población de nuestro Estado, considerando que es necesario contar con un ordenamiento jurídico específico, por lo que subsanar dicho vacío legal sería posible con la promulgación de una Ley de participación ciudadana; y 4. Con el presente estudio, análisis y comparación realizado en materia de participación ciudadana existente en los estados de la República Mexicana que cuentan con este mecanismo, desarrollar el proyecto de iniciativa de ley denominado “Ley de participación ciudadana del Estado de México”.

Con la creación de una Ley de Participación Ciudadana se logrará una mayor participación de la ciudadanía del Estado de México, ya que la búsqueda de transparencia, rendición de cuentas y justicia en los ámbitos administrativos, públicos y democráticos del Estado se convierten en una realidad, dándole a la ciudadanía el poder y las herramientas para elegir cómo quieren que se designe un presupuesto, qué proyectos sociales y económicos quieren que se lleven a cabo y cuáles no, qué iniciativas quieren que lleguen al congreso e incluso si una autoridad no está haciendo lo suficiente para el cargo que realiza se le da el poder al ciudadano de realizar la revocación de mandato, entre otros, con el fin de lograr un foro legal de libre expresión con los mecanismos jurídicos necesarios. De igual forma, ante el contexto nacional e internacional donde se hace obligatoria la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Gobierno, esta propuesta atiende dicha problemática dando la oportunidad de participación y voz a las personas que tienen menos opciones de participación para todos, logrando una de las leyes de participación ciudadana más incluyentes en el país.

Necesitamos dotar a los ciudadanos del Estado de México de una nueva herramienta jurídica que permita darles participación sobre el ejercicio de gobierno para que los programas y presupuestos aprobados por el H. Congreso del Estado de México sean cumplidos a cabalidad y en beneficio de la ciudadanía. En consecuencia, los ciudadanos necesitan contar con un marco legal que les permita organizarse en ciertas decisiones tomadas por nuestras autoridades y que no han sido las mejores perjudicando el bienestar social, de ahí la necesidad de estos mecanismos que marquen rumbo a las decisiones donde deberá estar presente siempre la participación ciudadana. Esta es la clave para transformar el espacio de poder estatal de un círculo cerrado a un espacio público con la participación de sus ciudadanos donde se consolidará una gobernabilidad democrática. Con la formulación, discusión y aprobación de una iniciativa de ley como la que se propone las y los diputados podrían recibir la ayuda de estos mecanismos para poder exigir resultados favorables al poder ejecutivo del Estado y con las posibilidades de revocar su mandato así como contar con las opiniones no solamente de académico sino de los ciudadanos comunes de las comunidades alejadas de los municipios más distantes a nuestra capital obteniendo con esto mismo a quien lo sepa aplicar un beneficio político traducido en resultados electorales y más adelante en resultados administrativos.

Los antecedentes de la participación ciudadana surgen desde la antigüedad, José Ignacio Morales nos dice que esta figura está sumamente relacionada con la democracia, la cual nació en las ciudades Estado de la Grecia Antigua, alcanzando el esplendor de su época en la Atenas de Pericles, donde la agenda de la ciudad se discutía en el comité de los 50 y el comité de los 500. En la Grecia antigua el ciudadano era una figura toral cuya identidad no admitía distinción entre lo público y lo privado y también existía un amplio estrato de esclavos como condición fundamental de la democracia directa (Morales, 2004). Los ciudadanos se reunían periódicamente para tratar temas relacionados a las leyes y medidas políticas, de esta manera, se logró introducir en Roma la idea del gobierno mixto, en donde los ciudadanos tenían voz y voto en las decisiones que les afectarían o serían de gran beneficio.

Lamentablemente este sistema se volvió oligárquico, en donde la participación popular se volvió en capacidad limitada de control. Atento a lo anterior, Sabino Ventura Silva, refiere que los comicios por curias se constituían por los ciudadanos y dentro de sus atribuciones se encontraban todos los actos que interesaban a la familia, como lo fue el testamento, la detestatio sanctórum (que pudiera definirse como la ceremonia de juramento) y la cooptatio (entendido como admisión entre los patricios). Estas asambleas tenían lugar en un foro llamado cimitium, en las que se anunciaban los acontecimientos de mayor relevancia e interés público de los ciudadanos pues la forma de votar era a través de un voto unido por curias, por lo que la mayoría determinaba el resultado de dicha votación (Ventura, 2001).

Hoy en día, en sociedades modernas como la nuestra el tema de la participación ciudadana no es ajeno y es sumamente trascendente en la vida política nacional y local, pero en la actualidad ha sido uno de los terrenos donde se ha tratado de innovar legalmente pues hay que señalar que en la mayoría de las democracias tienen diferentes instrumentos de participación ciudadana, mecanismos de democracia directa, por ejemplo el plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana; esta última, se encuentra reconocida en las constituciones de algunos países de América como Argentina, Colombia y Paraguay y qué decir de Europa donde la democracia directa es muy utilizada en países como Suiza, Italia, España, Austria, Hungría, entre otros. En México en el año 1995 tuvimos nuestro primer acercamiento con la participación ciudadana, aprobándose la primera Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Olvera, 2009, p. 6), en la que se estableció la elección de jefes de manzana, así como la figura de consejeros ciudadanos.

En esa misma década, México entró en una etapa de transformación y reformas en el ámbito político nacional pues empezó por la vanguardista Ciudad de México. En 1987 se les otorgó a los ciudadanos la oportunidad de elegir a sus representantes del Poder Legislativo Local, por primera vez, los ciudadanos tendrían a sus representantes en la asamblea legislativa la cual hoy conocemos como Congreso De la ciudad de México, 10 años después se permitió elegir a sus jefes de gobierno y ya en el siglo XXI se les dio el derecho de elegir a sus delegados, siendo la primera autoridad cercana a la ciudadanía, equiparando a estas nuevas delegaciones. Así la Ciudad de México se convirtió en el estado número 32 de la República Mexicana. Ante esto encontramos que en 1998 se aprobó una nueva ley de participación ciudadana de la ciudad de México que contempló la colaboración ciudadana o vecinal, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos del jefe delegacional, la asamblea ciudadana, el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular antecedente de la iniciativa ciudadana en nuestro país.

La reforma política electoral federal realizada en el año 2012 dio como resultado que se adicionara a nuestra Carta Magna y se incorporaran en nuestro sistema político y legal diversos mecanismos de participación ciudadana, esto surge por la necesidad que tenía la ciudadanía de participar, de ser escuchados realmente y tomados en cuenta en las decisiones que toman los poderes Legislativo y Ejecutivo en México y nuestro Estado.

Lo anterior es por la sencilla razón de que el pueblo de México y sus estados no se sienten representados por sus legisladores, autoridades locales o su mismo presidente, puesto que cuando los políticos están en campaña como candidatos solo buscan a la ciudadanía para pedir su voto, prometen cosas que no cumplen y una vez ganada la elección no regresan a las comunidades a saber de sus inquietudes o preocupaciones e incluso propuestas de la ciudadanía misma. Lo mismo sucede con los partidos políticos que los postulan, quienes solo obedecen a intereses personales de algunos personajes maquiavélicos que organizan y traman dentro de estas organizaciones, lo cual provoca un claro descontento y repudio de parte de los ciudadanos hacia estos. El papel que juega la participación ciudadana en nuestro sistema político se hace cada vez más importante e imperativo ante esta gran crisis que está sufriendo el papel representativo y democrático de nuestras autoridades.

Ahora, si bien es cierto que la figura de la iniciativa ciudadana se encuentra regulada por nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (Gobierno del Estado de México, 2022a), la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México (Gobierno del Estado de México, 2022b) y por el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México (Gobierno del Estado de México, 2021), también hace falta la creación de una Ley específica para dar mayor certeza Jurídica a la ciudadanía, además de motivar o incentivar a la población a que participe y haga uso de dichos mecanismos de democracia directa. La creación de una verdadera cultura de participación ciudadana de manera formal y volverla con el tiempo en un acto de naturalidad jurídica como la que ha existido desde hace años en otros Estados de la República (los cuales tienen su propia ley de participación ciudadana), en donde mandan la creación de los mecanismos de participación ciudadana, ha facilitado la implementación de varios procesos donde el pueblo ejerce su derecho de participación sobre los asuntos que consideren de interés público.

En virtud de lo anterior, para que la participación ciudadana se ejerza de manera efectiva, los ciudadanos deben estar en posibilidades de proponer y adoptar acuerdos con los organismos públicos, servidores públicos para el mejoramiento de las normas jurídicas o administrativas y toda acción de gobierno de interés público, por tanto, se concluye que la participación ciudadana es la manifestación conjunta de los ciudadanos que buscan el bien común y obedece a la facultad que poseen los ciudadanos de manera organizada, racional y consiente para que se reúnan con la finalidad de satisfacer sus necesidades o alcanzar los objetivos comunes establecidos por ellos mismos para mejora de sus propias condiciones de vida y, con ello, renuevan la forma en la que se ejerce el gobierno y repercuten en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general.

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Concepto de participación ciudadana

El término participación ciudadana según el diccionario de la Real Academia Española (Salmán & López, 2012) significa “acción y efecto de participar, por lo que participar puede entenderse como tomar parte en algo. Por cuanto hace al ciudadano, este se define como persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de Derechos políticos y sometido a sus leyes.” Con base en lo anterior, la participación ciudadana se ve, entiende y ejerce como una expresión de la democracia y la encargada de vigilar esta misma con el propósito de que no sea simplemente una ley en el papel. Unas décadas atrás en México el voto ciudadano era el único mecanismo de democracia que existía y era el reflejo de una sociedad pasiva e intermitente fácilmente domesticable, donde el Estado y sus gobernantes mandaban y la ciudadanía obedecía cabalmente.

Ahora bien, la democracia se conquistó con ayuda de la participación ciudadana, la cual, solo se puede dar en un régimen de libertades implementando y ejerciendo políticas públicas exitosas que ayuden en el mejoramiento de la democracia, pues estas ayudan a mejorar la Administración Pública, ya que las medidas que se llegan a implementar buscan siempre satisfacer las necesidades y prioridades de la comunidad, además de que la participación ciudadana ayuda a vigilar el desempeño de las autoridades, por lo que se trata de un control popular, provocando que la gestión gubernamental se vuelva eficaz y eficiente.

Por esta razón se entiende entonces que la cooperación entre gobierno y sociedad es fundamental para que pueda existir la participación ciudadana con los términos que marquen nuestros ordenamientos jurídicos. Sería un gran logro para los estados y sus democracias que se estableciera en los tres niveles de gobierno estos mecanismos de participación, a través de los cuales los ciudadanos pueden organizarse para relacionarse con los distintos órganos de gobierno y servidores públicos para garantizar de esta forma el respeto de los derechos de los ciudadanos y promover así la participación ciudadana.

Principales tipos de participación ciudadana

Cabe destacar que la participación ciudadana no es únicamente ejercer el derecho al voto en procesos electorales como Mauricio Merino Huerta señala, existen mecanismos que permiten la participación en la toma de decisiones políticas que hacen posible la consulta a la población, ya que dentro de los sistemas democráticos, se habla como denominación común de la participación ciudadana, por lo que resulta importante mencionar que en algunas entidades se ha regulado sobre esta materia de manera legal a tal punto que se han implementado mecanismos para hacer viable la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de mayor relevancia como son los siguientes: plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del titular de la entidad y asamblea ciudadana, entre otros; y como se observa ninguno de los mencionados instrumentos supone la elección de representantes, más bien permite la toma de decisiones entre gobernantes y gobernados (Merino, 1995).

Antecedentes y fundamentación teórica de la participación ciudadana

Debemos tomar como base la evolución histórica del concepto de ciudadanía, desde sus antecedentes en la antigua Grecia hasta el día de hoy, el cual se ve relacionado con el significado de participación y su alcance en la Democracia. En este contexto, Fernando Henrique Cardoso, señala que existe cansancio, desencanto, falta de credibilidad de la ciudadanía hacia la democracia-representativa y los partidos políticos, por la indignación que existe debido a temas como la corrupción, impunidad, falta de sensibilidad, violencia, entre otros que rompen el tejido social y agravan la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, al mismo tiempo en que existe la emergencia de que surja una cultura cívica de participación y responsabilidad, todo esto ha provocado el surgimiento de una nueva ciudadanía y el fortalecimiento de sociedades abiertas, en otras palabras, existe un vínculo entre los ciudadanos que es llamado Sociedad Civil que aporta en el fortalecimiento de habilidades, competencias, comportamientos políticos, mediando entre el individuo y el Estado (Cardoso, 2007).

Esto ayuda a la generación de nuevas formas de acción política y social que no pasan por los canales institucionales de participación, como lo hacen los partidos y sindicatos, ya que la sociedad está aparentemente menos organizada pero mucho más informada y conectada en las redes sociales. Como se puede observar, los principales actores en la participación ciudadana son el Estado y la sociedad civil, formando una relación poco estable, pues la ciudadanía retoma asuntos que abarcan múltiples problemas como son de seguridad, derechos humanos, asistencia social, desarrollo urbano, ecológico, buscando una nueva forma de abordar y solucionar los problemas públicos; por ello el principal objetivo del Estado debe ser incentivar, impulsar y desarrollar la participación ciudadana. Por lo que resulta necesario conocer los mecanismos más abiertos, participativos y democráticos que puedan ser de ayuda en la creación y fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil con el propósito de equilibrar un poco la balanza y así la participación en los organismos integrantes de un Estado democrático. Por ello, este apartado analiza los orígenes de los mecanismos de participación ciudadana que se han desarrollado en nuestro país a través del tiempo en los diferentes estados.

Orígenes de la participación ciudadana

La participación ciudadana tiene sus orígenes desde la antigüedad, esta figura se puede relacionar con el nacimiento de la democracia, la cual nacería en las ciudades-estado de la Grecia antigua en el siglo V a. C.; alcanzado su mejor forma en Atenas con Pericles, en donde los ciudadanos se reunían varias veces al año para discutir asuntos de la comunidad. La agenda era discutida por el “Comité de los 50”, constituido por el “Comité de los 500”, lo que en su momento dio lugar a la Democracia (Morales, 2004). Pero debemos partir del concepto de ciudadanía, que se desarrolla a partir de la idea de Rousseau bajo el concepto de autodeterminación, en este sentido Rousseau y Kant no compartieron el concepto de soberanía popular como la forma de transferir el poder de los lideres al pueblo, además de la auto legislación.

De lo anterior puede entenderse que la ciudadanía se da por los derechos de participación y de comunicación política. A lo que R. Grawert (Habermas, 1998, p. 8) considera que estos derechos son: “la institución jurídica mediante la cual se integra de forma activa al ciudadano individual en el ámbito concreto de la influencia del estado”. Por lo que en la actualidad se considera que la participación ciudadana es un Derecho que poseen los integrantes de un sistema de gobierno democrático, y mediante este poder mejorar la gobernabilidad de un Estado, otorgando mayor legitimidad y transparencia a las acciones y proyectos públicos, con el propósito de fortalecer nuestras instituciones, como a las organizaciones nacionales e internacionales, así como al Estado mismo, con la finalidad de responder adecuada y eficazmente las necesidades de los ciudadanos, buscando garantizar el bienestar social (Amaya y Cacciato, 2012).

La idea de participación puede explicar cómo funciona la democracia contemporánea en el mundo, pues participamos no por un interés personal sino porque nuestros representantes no siempre cumplen con su papel de vinculación entre el gobierno y los problemas existentes en la sociedad, el principal objetivo de participar es cuidar los intereses de la colectividad, así como los derechos de particulares, participamos para corregir los errores y defectos que la representación política soluciona con la democracia, interferimos (participamos) en las decisiones de quienes nos representan para asegurar que estas tomas de decisiones realmente estén encaminadas a obedecer las demandas y expectativas de los distintos grupos que integran un municipio, Estado o nación.

Antecedentes en México

En este apartado hablaremos acerca de la situación democrática y de los mecanismos de participación ciudadana que hemos logrado obtener y como estos actúan en nuestra sociedad además de hacer notar la falta que hace conocer más acerca de este tema tan importante en México. Es necesario, hacer una reseña histórica sobre la participación ciudadana en nuestro país, así como la creación de leyes relacionadas con la materia en cuestión. Posteriormente a la conquista española, la sociedad civil buscó influir en las decisiones de la organización política, económica y social del México virreinal; las primeras formas de gobierno, después de alcanzar la independencia, fueron el imperio constitucional en 1821 y la República Federal con la promulgación de la Constitución de 1824, posteriormente en 1917 México se convirtió en una República Democrática. Por lo anterior se señalan los principales momentos históricos que han marcado el proceso participación ciudadana.

Los primeros antecedentes en nuestro país de consultas a la ciudadanía sobre decisiones de gobierno se remontan al plebiscito realizado en marzo de 1824, que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la federación, y la convocatoria del 14 de agosto de 1867, en la cual Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en dos cámaras, que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 puede considerarse otro gran avance en materia de participación ciudadana, ya que en su artículo 5° estableció por primera vez el concepto de derechos políticos, esto es, hizo referencia por primera vez al derecho de los ciudadanos a votar y ser votados. De igual forma, el artículo 39 estableció que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” (Cámara de Diputados, 2021). No obstante, en el artículo 41 se reguló que esta soberanía solo puede ejercerse por los Poderes de la Unión, lo cual limitó el poder de los ciudadanos.

En materia de acceso a la información, esta Constitución también contempló en el artículo 6 que el derecho a la información será garantizado por el Estado, un gran avance respecto de la Constitución de 1857, en donde sólo se contemplaba la libertad de expresión. La Ley para Elecciones de Poderes Federales del 2 de julio de 1918 introdujo la “no reelección, sufragio efectivo, elección directa y libertad de participación política con la universalidad del sufragio” (Sánchez, 1985, p. 83). No obstante, solo consideró como ciudadanos a los hombres mayores de 21 años si eran solteros, y de 18 años si eran casados, por lo que no se respetó cabalmente el concepto de universalidad. Pero, al igual que la anterior reforma, ésta también tuvo sus limitaciones: “las mujeres sólo podían ejercer el voto en el nivel municipal, por una reforma previa del 115 constitucional, esto en 1947. En 1954 se reformó la Ley Electoral Federal, para introducir en toda forma el derecho de la mujer a votar y ser votada” (Alanís, 2002, p. 41).

Un factor importante para el impulso de la participación ciudadana fueron los movimientos sociales de los años sesenta. Por ejemplo, como consecuencia de los movimientos estudiantiles del año 1968 en diversas partes del mundo, se crearon organizaciones que “convierten en fuerza política valores e intereses sobre asuntos concretos que se hallan en vías de transformación” (Comisión de Participación Ciudadana, 1996). En nuestro país, hasta finales de los años sesenta, las únicas asociaciones existentes eran agrupaciones sindicales o de carácter sectorial (obreros, campesinos, empresarios, populares), reconocidas o fundadas por el Estado. A partir de entonces, se han desarrollado y reproducido organizaciones para la defensa de intereses grupales o particulares. De nuevo, un buen ejemplo es el surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil. La importancia de estas organizaciones radica en que dan a conocer derechos con los que ya se contaba, pero que no necesariamente se observaban, además de impulsar otros movimientos, entre ellos, el de defensa de los derechos humanos y políticos (Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, 2006). En 1969 se enmendó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de participación ciudadana. La enmienda al artículo 34 redujo la edad mínima para poder obtener la ciudadanía de los 21 a los 18 años.

En 1972 se dio otra reforma para bajar los requisitos de edad para ser votado, para ser diputado pasó de 25 a 21 años y para ser senador de 35 a 30 años. En 1973 se creó una nueva Ley Federal Electoral, en la que finalmente se enumeran las características del voto, es decir “universal, directo y secreto para todos los cargos de elección popular”, y estableciendo que el voto es “un derecho y una obligación para el ciudadano” (Alanís, 2002, p. 43). El 6 de diciembre de 1977 se llevó a cabo una reforma de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución, en el cual se estipulaba que el Congreso tenía la facultad de legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a “los ordenamientos legales y los reglamentos que en la Ley de la materia se determinen, y serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma señale” (Montejano & García San Vicente, 2007).

Posteriormente, en 1977 se reconoció, a través de una reforma del artículo 6º constitucional, el derecho a la información de toda persona, y donde se estableció que este derecho a obtener información, informar y ser informada, debe ser garantizado por el Estado (Navarro, 2004). De igual forma, el primero de abril de 1977, el entonces Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, pronunció un discurso en el que planteó que entre los temas incluidos en la reforma política de ese año se encontraba el interés del Estado por ampliar las opciones de representación política de la ciudadanía, para así permitir al gobierno federal conocer las inquietudes y demandas de la población en general, pero sobre todo de las minorías, pues siempre deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. Con este precedente se creó un nuevo espacio para que las asociaciones políticas, instituciones académicas y la ciudadanía en general expusieran sus ideas en torno a la Reforma Política Electoral Federal del 2012. En este devenir histórico encontramos que en el año de 1998 se aprobó una nueva Ley de participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual, contempló figuras innovadoras como la iniciativa popular, antecedente de la iniciativa ciudadana. La Reforma Política Electoral Federal realizada en el año 2012, dio como resultado la Reforma a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para que incorporara a nuestro sistema político la figura de Iniciativa Ciudadana.

Ahora bien, esta reforma político electoral, se plasmó en nuestra Carta Magna, donde otorgan y reconocen el derecho de iniciar leyes o decretos a los ciudadanos, las cuales deben de contar con el respaldo de la ciudadanía, de por lo menos el .13% del padrón electoral nacional. Con esta Reforma, se pretende motivar la participación ciudadana y transformarla en una democracia participativa, esto significa que los ciudadanos podamos presentar leyes en beneficio de la sociedad o una colectividad y no dejarle esa responsabilidad solamente a los legisladores, pues la mayoría de las veces representan solamente sus intereses personales y no los de su comunidad quienes los llevamos al Poder. De esta manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se encuentra esta disposición y la podemos encontrar en los artículos 35 fracción VII, que señala como un derecho de los ciudadanos el iniciar leyes, 71 fracción IV nos dice que compete ese derecho al .13% de ciudadanos inscritos en la lista nominal nacional y 73 fracción XXIX-Q indica que el congreso tiene la facultad para legislar en materia de iniciativas ciudadanas y consultas populares.

A pesar de que existen leyes locales en materia de participación ciudadana en México, aún podemos encontrar bajos niveles de participación pues las figuras para ejercer este derecho son inoperantes y se necesitan figuras más accesibles. La importancia de los mecanismos de participación ciudadana radica en que a través de ellos el pueblo se involucra de manera directa y constante en el ejercicio del poder, a su vez esto define a la democracia misma de manera indirecta o representativa, por medio de la cual el pueblo elige a sus representantes, porque lo que el Estado de México y la participación ciudadana necesitan en general es que nosotros como sociedad seamos agentes de cambio. En otras palabras, la implementación de estos mecanismos en México y en específico en el Estado de México, deben ayudar a la democracia y a la sociedad a crear instituciones públicas que vigilen el actuar del gobierno y con ello combatir la corrupción e intereses personales de algunas autoridades. Con lo antes mencionado, sobre la Reforma Político Electoral Federal del 2012 (Gobierno de la República, s/f) quisiéramos mencionar que en México también existe el juicio político, medio por el cual se puede destituir a un servidor público cuando este no realice las funciones que le correspondan, diferente de la actual revocación de mandato, promesa de campaña del actual presidente de la República, mecanismo que se sigue discutiendo en el Congreso de la Unión.

ESTUDIO DE LAS LEYES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MÉXICO

En los últimos años, los procesos de democratización han obtenido mayor fuerza en el mundo; de la misma manera, la sociedad se encuentra en una constante evolución, lo que significa nuevas necesidades día con día ;así como las demandas de la sociedad, cada vez la ciudadanía se ha vuelto más exigente, hoy en día no solo buscan el cumplimiento de los servicios básicos en sus comunidades, sino que, demandan derechos asociados con la democracia sustantiva, la cual se define como “los principios e ideales característicos de la democracia moderna donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley e incluso en el ámbito económico o social, y la libertad del individuo frente al poder político. Las instituciones que velan estos principios, en mayor o menor medida, pueden considerarse sustancialmente democráticas” (Secretaría de Gobernación, s/f) tales como el bienestar y la justicia social.

Teniendo en cuenta que la democracia siempre ha sido tomada como ejemplo de la participación ciudadana, las sociedades de algunos países como el nuestro se muestran insatisfechos con las consecuencias negativas que la democracia y sus representantes han traído consigo donde el incumplimiento por parte del gobierno ante los principios de igualdad ante la ley y libertad, el desprestigio de la clase política, la falta de representatividad y el control criminal por parte de partidos políticos cerrados sin prácticas de democracia interna han provocado una crisis y la inquietante necesidad de que cada vez más los ciudadanos estemos más involucrados en la toma de decisiones de nuestros gobernantes. De la misma manera, la democracia directa es definida como “una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder” (Merino, 1995, 19). Pero vale la pena preguntarnos ¿Qué tanta participación es necesaria para el correcto funcionamiento del aparato de gobierno?

Debemos comprender el importante papel que juega la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, pues la eficacia y eficiencia de la participación ciudadana depende en gran parte de la información que podamos obtener los ciudadanos. Si la ciudadanía carece de información para poder tomar una decisión de nada sirven los obsoletos mecanismos de participación ciudadana que existen hoy en día en nuestro país y nuestro Estado. Al hacer pública la información suceden tres cosas importantes: la ciudadanía obtiene importantes instrumentos para evaluar el trabajo de sus representantes, logran comprometer a estos a ser más responsables y eficaces y la más importante ganar la confianza de sus gobernados.

El desconocimiento por parte de los ciudadanos de los proyectos que pretende llevar a cabo la administración pública provoca, en consecuencia, la falta de participación. Por ello debe contarse con la participación como colaboradores y suministradores de información de los diversos grupos de interés de la sociedad Civil (López, 2007). Como ya hemos hecho referencia, en México no existe una Ley Federal de Participación Ciudadana, aunque si en la mayoría de los Estados, con la lamentable excepción del Estado de México, uno de los más grandes poblacionalmente hablando con 16, 992, 418 de habitantes según datos del INEGI en su censo 2020 (INEGI, 2021, p. 2). Ahora bien, la participación la podemos dividir en dos corrientes; la participación comunitaria, la cual podemos encontrar en los municipios rurales, colonias o barrios de municipios urbanos, en donde sus miembros toman decisiones colectivas y participan en la solución de problemas para así poder satisfacer sus necesidades como la colectiva donde, que son, en este tipo de participación los protagonistas son familias que ponen el interés común por encima del individual.

Por otro lado, tenemos la participación social, la cual se ve reflejada en acciones colectivas que buscan mejorar sus condiciones de vida de una parte o sector de la población en particular ante algún cambio. En este caso, la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos ejerce su poder frente al gobierno para que este cumpla con sus demandas, aquí el ciudadano ejerce libre y autónomamente del gobierno pudiendo jugar un papel antagónico frente a él (Raccanello, 2014). Los procesos de democratización de cualquier Estado, además de generar Reformas a la institucionalidad de un País, también provoca cambios en las instancias del propio aparato estatal y en específico a la forma de gestión gubernamental, motivado por los mecanismos para la participación ciudadana donde se formulan políticas y decisiones públicas, como en la gestión de servicios o programas públicos, para solucionar los problemas que enfrenta nuestro país; provocado en gran parte por el bajo nivel de participación debido a los candados que nuestros gobiernos ponen a las convocatorias para poder participar, excluyendo a los sectores más vulnerables, esos sectores donde un campesino, un lustrador de calzado o un maestro común no pueden expresarse y esto puede causar una desarticulación del tejido social o fortalecimiento de las desigualdades sociales que cada día se hacen más graves debilitando a la Sociedad Civil Organizada.

Debemos tomar conciencia de la necesidad de contribuir en la reconstrucción social, en defender y cuidar nuestros espacios públicos, en exigir lo que nos corresponde por derecho y dejar de aplaudir a los gobiernos que cumplen con sus obligaciones pues no están haciendo nada más que su trabajo, debemos de convertir las quejas en propuestas y pasar a la acción, buscar soluciones porque lo que queremos como sociedad no es otra cosa que vivir mejor y eso solo lo conseguiremos cuando dejemos los interés particulares a un lado y veamos por los intereses de la colectividad.

Es necesario influir sobre la opinión pública y ejercer el control sobre las instituciones, que los ciudadanos sean quienes marquen la agenda, contribuyendo en la formación de opinión publica entorno a nosotros, por ello, es necesaria la existencia de espacios gratuitos para que las organizaciones ciudadanas se expresen y que sus opiniones no dependan de los medios. En una democracia, los medios de comunicación no deben ser privados sin que se garantice el acceso de los demás sectores de la población, el que existan espacios de expresión ciudadana es un requisito para la participación democrática. Con la ayuda de estos elementos la participación ciudadana en la vida democrática se puede desarrollar en las instituciones públicas, sobre todo, con las organizaciones representativas de ciudadanos. Se han presentado diversas iniciativas sobre participación ciudadana a nivel Federal (Olvera, 2009).

Tabla 1. Número de iniciativas por legislatura[1]

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL FEDERAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En México, a diferencia de países de Europa y América Latina, la transición democrática así como su apertura, ha sido de forma gradual, permitiendo la incorporación al sistema de nuevos partidos políticos, garantizando que la toma de decisiones gubernamentales y parlamentarias sea hecha por un mayor número de actores políticos, además de que la participación ciudadana se ha fortalecido gracias a la Reforma Político Electoral Federal del año 2012 (Gobierno de la República, s/f), con la cual se reconoció las candidaturas independientes y las consultas populares. Consideramos que la participación ciudadana debe ser vista como el mecanismo que permita las mejoras a la administración pública del país y los Estados, pues reconoce que los ciudadanos puedan intervenir en los asuntos de interés público por medio de sistemas de vigilancia ante los diferentes niveles de gobierno; pero debemos de buscar que estos mecanismos sean más accesibles para los ciudadanos comunes y restringir al gobierno crear consejos a modo, siendo cómplices de las decisiones que se toman en la clandestinidad de las oficinas de gobierno, sin informar realmente que se está haciendo en beneficio de la comunidad y peor aún, tener ciudadanos que no puedan representar las verdaderas causas y necesidades de los ciudadanos.

Conforme a lo antes mencionado, Marcial Rodríguez Saldaña, señala que la participación ciudadana solo se entendía como el derecho a votar y ser votado, sin tener derecho a participar de otra manera en el ejercicio del poder público, así como en la toma de decisiones que beneficien al país (Rodríguez, 2015). Por lo que la Reforma vino a reforzar el papel de la ciudadanía, no solo al emitir el voto, sino que además tenemos la oportunidad de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, este es el espíritu mismo de la Reforma. Remontándonos un poco a nuestra historia legislativa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció en su artículo 5 el concepto de los derechos políticos electorales, este fue el primer guiño de la participación ciudadana, pues permitió a los ciudadanos el votar y ser votados. Luego, la Ley Electoral de 1946 (Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, s/f) permitió cambiar por primera vez el registro de diversos partidos, en este sentido nuestra Constitución actual reconoce en todos los ciudadanos el derecho a participar en la política, ya sea con institutos políticos establecidos o de manera independiente con la finalidad de tomar parte en las decisiones de gobierno.

Hablando sobre democracia directa, en 1977 se publicó una reforma a la fracción VI del artículo 73 de nuestra Carta Magna señalando que: los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma señale. Esta disposición fue derogada a través de la Reforma de 1996 en la que se habló de la nueva naturaleza jurídica del Distrito Federal y se introdujo la existencia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, así como señalar las facultades de esta. De esta manera, en el año de 1995, se aprobó la que sería la primer Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en la que se establecieron figuras como la elección de jefes de manzana, los consejeros ciudadanos. Para 1998, se aprobó la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual contempló las figuras de consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos del Jefe Delegacional, la asamblea ciudadana, el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular siendo la Ley más vanguardista en su tiempo en nuestro país.

Hasta antes de la Reforma del 2012, era notable la existencia de un modelo de democracia formal representativa en nuestro sistema constitucional, caracterizado por el mínimo derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, sin tener derecho a poder participar de otra manera en el ejercicio de poder público, así como en la toma de decisiones de importancia para el país, manteniendo a México en rezago a nivel internacional. En este contexto, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando la participación ciudadana. Dichas reformas se aprobaron bajo los argumentos de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político; así como instruir mecanismos que permitan consolidar la fortaleza de las instituciones (Gamboa, 2013). De esta iniciativa destaco el siguiente punto:

6. Incorporarla iniciativa ciudadana para permitir la presentación de propuestas de ley generadas en el seno de la sociedad civil. Iniciativa ciudadana en los últimos años, México ha transitado hacia un modelo democrático capaz de generar una alternancia en los poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante, esta transición no ha sido suficiente para asegurar una representatividad en la cual la ciudadanía incida eficazmente en la toma de decisiones de interés público y en la que se incluyan los temas de interés ciudadana en la agenda legislativa. Por esta razón, resulta indispensable complementar nuestra actual democracia representativa con mecanismos de democracia directa que sean capaces de resarcir estas deficiencias (La Reforma Política 2010, s/f, p. 62).

Como ya he mencionado, con la reforma del 2012 se buscó reconocer que los ciudadanos pudieran participar en la vida pública, no solo con la emisión del voto, sino que además lo hicieran de una forma más concreta en el ejercicio del poder público para así poder dar el siguiente paso hacia una democracia participativa, ya que las elecciones por sí mismas no garantizan la democracia, sino que son parte un proceso más amplio pues la participación ciudadana es indispensable para construir una verdadera democracia, así como un correcto ejercicio de gobierno donde nuestros representantes cumplan con las demandas de la ciudadanía.

CONCLUSIONES

Esperanzas de un buen gobierno y gobernanza en nuestro país, sugirió una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y sus autoridades, lo que originó la evolución de nuestro sistema político tradicional, derivó en la idealización y creación de elementos donde los ciudadanos comunes pudieran participar en la toma de decisiones de nuestros gobiernos y creó una corresponsabilidad más estrecha entre la ciudadanía y el gobierno. Desafortunadamente, la ciudadanía no confía en la política ni en los políticos y esto ha provocado la búsqueda de componentes de participación en la toma de decisiones, por eso más allá de participar electoralmente como tradicionalmente se ha venido haciendo en los tiempos actuales, nos obligan a crear elementos sólidos para intervenir en el ejercicio del gobierno constituyendo la esencia misma de la democracia.

La democracia no debe verse reducida al votar y ser votado, no podemos seguir evitando que los ciudadanos ejerzan los componentes más elementales de la participación, no podemos seguir deteniendo el progreso. Para construir la democracia que necesitamos, requerimos del impulso a los derechos de los ciudadanos, de una cultura política alejada de los intereses personales o de partidos, necesitamos de todas y todos, de la inclusión y la reflexión. Necesitamos promover la participación institucionalizada, aquella reconocida en leyes y reglamentos, la inserción será posible en la medida en que exista un clima de confianza y tolerancia, debemos de actuar responsablemente, ejerciendo los derechos otorgados, así como las obligaciones que nos correspondan siempre con respeto y cercanía a la autoridad.

Lamentablemente, la profunda decepción de los ciudadanos que no se sienten verdaderamente representados y que por el contrario se sienten traicionados por el incumplimiento de los compromisos, el no saber expresar sus inconformidades, propuestas y soluciones a problemáticas que ellos conocen y las viven día con día, esa poca confianza que tienen los ciudadanos en un sistema político obsoleto, el descontento social con la democracia no puede continuar.

La reforma política del 2012 fue uno de los principales instrumentos para el avance democrático de nuestro país, pues se establecieron las bases del México moderno y democrático, nos replanteamos a partir de este momento nuestro papel como sociedad frente a un gigante que llamamos gobierno para ponernos en igualdad de circunstancias, esta reforma trajo consigo nuevas figuras de participación ciudadana y una participación más abierta, nutrida y constante respecto a las decisiones de gobierno con la enérgica intención de ser escuchados pero lo más importante, de ser factor de cambio a nuestro sistema.

Actualmente, existen en nuestro Estado mecanismos de consulta popular y referéndum, mismos que son imposibles de aplicar debido a su rigidez en los procesos, ocasionando que no exista caso documentado donde se hayan podido aplicar, de qué nos sirve plasmar derechos en papel si no podemos gozar de ellos con pleno ejercicio de libertad y desarrollo, para esto es necesaria la creación de una Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, que permita recobrar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, participen en la toma de decisiones, garanticen el acceso a la información y lo más importante, fomenten su utilización, existencia y relevancia (de su importancia).

Necesitamos dotar a los ciudadanos del Estado de México de una nueva herramienta jurídica que permita darles participación activa y vigilante sobre el ejercicio del gobierno para que los programas y presupuestos aprobados por el H. Congreso del Estado de México sean cumplidos a cabalidad y en beneficio de la ciudadanía. En consecuencia, los ciudadanos necesitan contar con un marco legal que les permita organizarse y participar, pues esta es la clave para transformar el espacio de poder estatal de un círculo cerrado a un espacio público con la participación de sus ciudadanos donde se consolidará una gobernabilidad democrática.

Por lo anteriormente mencionado, necesitamos una Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México que este obligada a responder a las necesidades de las sociedades modernas, creando los instrumentos de Participación Ciudadana que permitan a las personas involucrarse fácilmente en la vida política y administrativa de nuestro Estado y sus 125 Municipios, con esta Ley, el Estado de México daría un paso enorme hacia la modernización política del Estado, ya que los esquemas de participación existentes requieren de una enorme transformación pues actualmente no satisfacen ninguna expectativa de la sociedad pues es casi imposible ejercerlos actualmente. Ante esto, se propone elevar a rango constitucional el principio de la participación ciudadana y formar el camino a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México donde se establezcan mecanismos como: plebiscito, consulta popular, consulta ciudadana, referéndum, presupuesto participativo, y ratificación de mandato.

A través de una Ley que contemple estos mecanismos de participación ciudadana el Estado de México podrá reorganizarse política y socialmente, así como su relación entre gobierno y ciudadanía, para así lograr fortalecer las instituciones de nuestro Estado y sus Municipios con una Ley vanguardista y una democracia participativa que abra las puertas a la pluralidad, mientras mayor sea la participación de los ciudadanos mayor será el bienestar común. Una sociedad que quiere mejor calidad de vida es aquella que reconoce sus fallas, pero propone soluciones. Es el momento de abrir los espacios a las democracias participativas y juntos sociedad y gobierno construir una sociedad con más oportunidades para todos y más justa.

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Notas