INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo consiste en caracterizar las políticas públicas del sistema electoral hondureño y describir los avances con las que se manifiesta la democracia representativa y participativa en el ámbito del Derecho Electoral y Político de Honduras; se formuló como problema de investigación el cómo describir y perfeccionar la elaboración y ejecución de las políticas públicas para el buen funcionamiento del sistema electoral hondureño y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa en Honduras. Para dar respuesta a esta interrogante se han tomado en cuenta las aportaciones teóricas de politólogos de reconocido prestigio y expertos analistas hondureños, profesionales del campo del Derecho y de la Sociología, considerando como contexto la crisis política actual, que deja ver la falta de credibilidad de la institucionalidad y la limitada participación de la sociedad hondureña en la toma de las decisiones fundamentales de la vida nacional.

La contextualización de la situación actual en la que funciona el Sistema Electoral hondureño plantea retos y desafíos para mejorar las condiciones actuales, considerando la magnitud de la crisis política imperante en la nación centroamericana que, según estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se manifiesta de la siguiente forma:

Transgresión del orden institucional, irrespeto a la Constitución y a los parámetros básicos de la democracia, sospecha permanente de fraude electoral, anuencia de las elites en la entrega de los recursos naturales del país al capital transnacional, medidas de ajuste estructural, escandalosos índices de corrupción, presencia del crimen organizado en las altas esferas del Estado, criminalización y represión de la protesta social, persecución del pensamiento crítico, asesinato sistemático de líderes de movimientos sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, alarmantes niveles de pobreza y violencia y dramáticas tasas de migración (Villacorta, 2018, p. 13).

De acuerdo con Rojas (2006, p. 2) citado por Cascante (2018, p. 6), Honduras sufre serias carencias democráticas en términos de representación política para la mayoría de la población. Hay bajos niveles de participación en elecciones, legitimidad parcial del poder político, pobre desempeño de las instituciones públicas y bajos niveles de confianza en ellas; también, se manifiestan abusos de poder por parte de las autoridades y elevados niveles de corrupción. Sumado a lo anterior, para Cascante, hay altas dosis de concentraciones de poder político en actores “tradicionales”, que no han permitido un acceso real de la totalidad de la ciudadanía a los espacios de debate y construcción de la democracia. Frente a esa crisis política se justifica esta investigación, habiéndose planteado las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son los enfoques teóricos que se aplican actualmente en la elaboración de las políticas públicas del sistema electoral hondureño? ¿Qué tipos de políticas públicas son elaboradas? Y ¿cómo se expresa o manifiesta la democracia representativa y participativa en Honduras sus avances y limitaciones?

La investigación realizada se ubica dentro del paradigma socio-crítico, en el que se desarrolló un proceso de consulta basada en la dialéctica o argumentación, con un grupo de discusión, o grupo focal, con expertos analistas hondureños, los cuales fueron seleccionados con base a diferentes criterios, entre los cuales se incluyeron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con formación en nivel de posgrado, preferentemente con doctorado en Derecho o Sociología, con experiencia en el análisis de sistemas electorales y políticas públicas, que se les reconozca como analistas políticos en los escenarios noticiosos. Por otro lado, las variables tomadas en cuenta en la investigación fueron las siguientes:

1. Políticas públicas del sistema electoral hondureño.

2. Enfoques teóricos en la elaboración de políticas públicas.

3. Tipología de políticas públicas.

4. Sistema(s) electoral(es).

5. Democracia representativa.

6. Democracia participativa.

Es importante señalar que en la revisión de estudios realizados sobre la temática desarrollada en esta investigación no presenta antecedentes en el contexto académico hondureño, siendo la primera investigación que se aborda bajo la perspectiva antes señalada.

Hablar de políticas públicas, sistema electoral, democracia representativa y participativa, corresponde a un tecnicismo teórico propio de las ciencias políticas y del derecho electoral; esta última es una rama del Derecho Público, siendo necesario que, en el ámbito de la sociedad nacional e internacional, se aclaren conceptualmente estos términos, sobre todo porque en este artículo se tratará de describir la situación actual imperante en la que se han formulado las políticas públicas del sistema electoral hondureño, por lo que para facilitar esta comprensión y la relatoría de los resultados de la investigación realizada en esta temática, es necesario tomar como base los exponentes que han escrito y disertado públicamente y particularmente politólogos, abogados constitucionalistas y sociólogos sobre Políticas Públicas y Derecho Electoral, cuyas obras y análisis políticos describen la formulación y evaluación de políticas públicas, análisis de los sistemas electorales y las manifestaciones teóricas y prácticas de la democracia participativa y representativa.

Así, se ha tomado como base el pensamiento de algunos politólogos y analistas políticos hondureños de los que se toman parte de sus ideas y planteamientos de sus obras publicadas por la claridad conceptual de sus aportaciones, con las que se ha construido la fundamentación teórica de este artículo, sin discriminar las aportaciones teóricas de otros actores consultados más recientes para el análisis correspondiente sobre la formulación de las políticas públicas del sistema electoral hondureño y la situación actual de la democracia representativa y participativa en Honduras.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Referirse a la elaboración o descripción de políticas públicas expresadas en los sistemas electorales, así como la tipología de democracia representativa o democracia participativa, exige la estructuración de un marco teórico y conceptual de las variables relacionadas con este tema, aquí se incluyen los enfoques teóricos para su formulación y otras clasificaciones que facilitan el análisis y la emisión de conclusiones en torno a las características con que se presentan las políticas públicas de los sistemas electorales en cualquier parte del mundo.

En este artículo se advierte que aun cuando se podrían seleccionar diversas aportaciones teóricas de autores que han escrito recientemente sobre políticas públicas como: Fernández G. (2017), Ben, A. (2014), Arellano, D. y Blanco, F. (2013), Calero J., Fontcuberta, X., García, A., Ballesteros Pena, A. y De Wispelaere, J. (2013); Lobelle, G. (2012), Antoine, C. (2011), González Viloria, S. (2011), Aguilar, L. (2010), Arroyave, S. (2010), Fierro, J. (2008), Miklos, T. (2008), Ortegón, E. (2008), Olavarría, M. (2007), Roth Deubel, A. N. (2002, 2007, 2010), Bustelo, M. (2004), Lijphart, A.y Waisman, C. (1996), Theodore J. Lowi. (1972), se seleccionaron aquellos aportes teóricos que facilitarían la comprensión de las variables de esta investigación por poseer mayor claridad conceptual; así, se han seleccionado los aportes de los politólogos André Noel Roth Deubel, Theodore Jay Lowi y Arend Lijphart. Los dos primeros exponen en sus aportes teóricos elementos claves para la formulación y evaluación de políticas públicas. Entre esos aspectos están los tres enfoques teóricos para la formulación de las políticas públicas los que a su vez cuentan con tres opciones: el centrado en el Estado, en la sociedad y en forma mixta, aglutinando también las tipologías de políticas públicas en las que se cita a Lowi, quien plantea la clasificación de políticas públicas reglamentarias, redistributivas, distributivas y constitutivas o de infraestructura, añadiendo aspectos relativos a los procedimientos de toma de decisiones para su planteamiento desde la perspectiva de la planificación estratégica y estructuración de normativas. El tercer autor, Lijphart, expone elementos teóricos sobre política comparada, los sistemas electorales y sistemas de votación, las instituciones democráticas y la etnicidad, con lo cual se puede describir y analizar fácilmente los sistemas electorales.

Para efectos de comprensión de lo que son políticas públicas, se incluye en este texto un conjunto de definiciones de autores reconocidos que vale la pena citar, considerando que un buen marco conceptual ayuda a describir con calidad las características de las políticas públicas de cualquier sistema electoral en el mundo y que también implica definiciones, clasificaciones, principios o teorías.

De acuerdo con las amplias explicaciones de Roth (2002) al respecto de la conceptualización de políticas públicas citando autores como Meny & Thoening (1992), Heclo & Wildavsky (1974), Dubnick (1983), Muller & Surel (1998), existe una coincidencia en sus definiciones sobre políticas públicas y se exaltan aquí las ideas principales en este intento de definición: las políticas públicas son medios, descripción de comportamiento institucional, conjunto de decisiones más o menos eficientes, efectivas o racionales; también se designa a las políticas públicas los términos de acciones, procesos o procedimientos gubernamentales dirigidos con base en objetivos y lideradas por autoridades, coordinadores, administradores, gerentes, gestores, directores que constituyen los actores que representan en las líneas de mando la potestad de aplicar, dirigir y supervisar la ejecución de una planificación estratégica o normativa regulatoria con las que se formalizan las políticas de Estado en un gobierno.

Roth (2002) define también las políticas públicas como un acto de decisiones que toma el actor estatal para responder a las demandas de la sociedad frente a un problema que es de competencia estatal y que, finalmente, se expresa bajo una formulación jurídica que representa las normas regulatorias, esto implica una definición de objetivos y de procesos. En este sentido, se visualizan cuatro aspectos sobresalientes en la definición de las políticas públicas: “implicaciones del gobierno, percepción de problemas, definición de objetivos y procesos” (p. 26).

Para concluir y arriesgar una definición personal considero que una política pública designa la existencia de “un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que sean tratados, por lo menos parcialmente, por una institución organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática (Roth, 1999, p. 14).

También vale la pena distinguir los actores vinculados en el proceso de la elaboración de las políticas públicas como respuesta a un problema que es objeto de análisis para encontrar una solución; por ello, el autor vincula a varios actores sociales; el primero, la representación estatal; el segundo, la representación de la sociedad, exponiendo así que la definición y decisión de políticas públicas pueden intervenir en la formulación en forma aislada, por un lado el actor estatal y por otro los actores que representan a la sociedad civil, pero también se puede dar el caso que actúen conjuntamente; esto da lugar a lo que Roth denomina los enfoques teóricos centrados en el Estado, en la Sociedad y Mixto.

LAS TEORÍAS CENTRADAS EN EL ESTADO

El Estado tiende a ser independiente de la sociedad. El Estado funciona como un selector de las demandas y un proveedor de servicios. La acción pública es principalmente un resultado de las elecciones realizadas por los decisores políticos y por los altos funcionarios Públicos. Se trata de un enfoque centrado en el estado (state-centered). Son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de políticas públicas. (Roth, 2002, p. 30).

Antes de tomar en cuenta las consideraciones que Roth hace sobre las teorías centradas en el Estado, más que rescatar los posicionamientos ideológicos y teóricos en la que se sustenta este enfoque, se exalta que, quienes la definen, son los actores que representan exclusivamente al Estado, independientes de la decisión y elección de la sociedad, planteando la solución a los problemas relevantes del análisis de las demandas de la sociedad con medidas y acciones que proponen los burócratas. Es decir, las estrategias o programas que para el Estado representan soluciones a problemas, se imponen y no se negocian; así la elección, la decisión y la formulación están en manos estrictamente de los funcionarios estatales.

TEORÍA CENTRADA EN LA SOCIEDAD

Según Roth (2002), en estas teorías aparecen los enfoques marxistas, neo-marxistas y la corriente de la teoría de la dependencia, enfoques racionalistas, pluralistas, elitistas y de escogencia o elección pública. Entre las anteriores, existen posiciones opuestas en sentido ideológico y político, pero tienen en común que minimizan la capacidad y el impacto que tienen las instituciones públicas y sus agentes; por ello, los actores de la sociedad asumen un papel protagónico en la formulación de las soluciones o de las políticas que el Estado tendrá que asumir.

A pesar de las diferencias ideológicas y políticas que plantea el autor sobre la elaboración de las políticas públicas centradas en la sociedad frente a las centradas en el Estado, se exalta que, en este enfoque, la elección, decisión y formulación de la política pública está en manos de la representación de la sociedad civil, la cual expone de acuerdo a sus intereses y condiciones socioeconómicas, las soluciones a los problemas que les afectan, considerándose independientes en la formulación a los representantes o funcionarios estatales. En ese sentido, la sociedad busca los canales pertinentes para que el Estado apruebe y ejecute la política pública emanada de la sociedad.

LAS TEORÍAS MIXTAS

“En este tercer grupo se ubican posturas y opciones teóricas y políticas muy variadas como el neocorporativismo, el neoinstitucionalismo, el análisis de redes y la teoría de la acción, entre otros” (Roth 2002, p. 31). En este enfoque hay un posicionamiento conciliatorio en donde las partes (Representación del Estado y la Sociedad) ponen en común acuerdo sus necesidades y sus posibilidades de intervención con soluciones fácticas.

De acuerdo con los expresado por Roth (2002), cuando se refiere a teorías mixtas, hace énfasis específicamente a poner de común acuerdo a la representación del Estado y de la sociedad en la elección, decisión y formulación de las políticas públicas que propicien un equilibrio racional para que, a través de la mediación, tomen en consideración las posibilidades de su ejecución, teniendo objetivos comunes en respuesta a la consideración de los intereses y posibilidades técnicas, presupuestarias y logísticas de las partes para su ejecución.

LA TIPOLOGÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SEGÚN LOWI

La aportación de este autor contribuye a la claridad en las variadas formas de formulación y presentación de las políticas públicas, con las cuales, se aprecia con claridad que no solamente se trata del planteamiento de soluciones expuestas en un plan de desarrollo estratégico y expresadas en términos de estrategias, medidas y acciones con las cuales se identificaban mayoritariamente los miembros de la sociedad pensante, con esta clasificación esbozada por Lowi, entendemos que también las políticas públicas se expresan en forma de leyes o normas y en proyecciones de beneficios sociales como parte de los derechos de la sociedad en la distribución o redistribución de la riqueza y del trabajo. Así, Lowi aporta la siguiente tipología: 1) Políticas Regulativas o Reglamentaria, 2) Políticas Redistributivas, 3) Políticas Distributivas y, 4) Políticas Constitutivas o Constituyentes.

Política Regulativas o Reglamentaria: es cuando la coerción ejercida por la política opera directamente sobre el individuo y en su efecto directo o inmediato, son las reglas como el código de tránsito o la de orden público que buscan regir los comportamientos de los individuos bajo la amenaza de una sanción directa. Lowi citado por Flores, T. (1996, p. 100).

Para hacer más amigable lo que Roth expone sobre esta tipología, se puede decir que son aquellas normas que el Estado establece para que el sistema con el que se ha organizado la sociedad funcione a partir de conductas necesarias o procedimientos que deben seguir de inmediato los ciudadanos en diferentes territorios de una nación, cuya violación o incumplimiento conduce a la autoridad a la aplicación de multas, sanciones o llamados de atención, de tal manera que conocidas las normas los individuos se auto-regulan.

Política Redistributiva: para Lowi (1996) citado por Flores (s.f.) sí, finalmente, la coerción actúa sobre el entorno del comportamiento del individuo es indirecta, es el caso de las políticas de redistribución de los ingresos de un grupo social hacia otro; cuando se cumple con algunos criterios generales. El ejemplo típico es el de las políticas de jubilación. (p. 100)

Es importante destacar que la tipología a la que hace referencia Lowi, responde a aquellas políticas públicas que tienen sus efectos en la obligatoriedad de las instituciones y organizaciones del Estado y del sector privado, para responder a las demandas de la sociedad de ser partícipes de la riqueza de la nación, retribuida con beneficios económicos y sociales que garanticen por lo mínimo el respeto a los derechos fundamentales como el derecho a la seguridad social, en la que hay que garantizar a la sociedad calidad de vida, salud, vivienda, educación y cobertura económica para la vejez y el retiro laboral. En este sentido, la riqueza y el desarrollo económico de un país debe ser redistribuida entre la sociedad y facilitada por las instituciones y organizaciones del entorno.

Política Distributiva: Si la coerción opera directamente sobre el comportamiento de los individuos y es, a la vez, indirecta, aquí el ejemplo son las políticas de prestación de servicios individuales tales como una autorización para construir: el Estado distribuye individualmente un derecho. (Lowi, 1996, p. 100 citado en Flores s.f.)

En esta tipología de política distributiva el Estado juega un papel determinante como el ente de competencia que autoriza la ejecución de acciones o proyectos de distinta índole, cuyos beneficiarios son individuos a quienes se les da el permiso documentado para actuar con libertad en un asunto suntuario económico o social “ejemplo inmobiliarias, sociedades mercantiles entre otros”.

Política constitutiva o de infraestructura: para Lowi (1996, p. 100 citado en Flores s.f.) si la coerción opera sobre el entorno del comportamiento individual y es indirecta, por ejemplo, las reglamentaciones que afectan el funcionamiento del sistema político, administrativo o la distribución del poder político.

Para aclarar esta exposición que hace Lowi, estamos hablando nuevamente de aquellas políticas públicas en las que las acciones, en respuesta a debilidades o problemas, son estrictamente aplicables a las instituciones públicas, con las cuales se derivan los procedimientos tanto políticos como administrativos y que inciden en la vida de una nación; estas políticas son normalmente de carácter normativo y se presentan muchas veces en el seno del poder legislativo como reformas con iniciativa de ley dirigidas a la administración pública, reformas a la Constitución de la República como ejemplo en la forma de gobierno.

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, DECISIONES Y SOLUCIONES EN LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El subtítulo anterior es una aproximación de la autora para interpretar los planteamientos de Roth, cuando expone las diferentes opciones para la formulación de políticas públicas, apunta que no se trata de una actividad a priori, que implica pensamiento, razonamiento, priorización en la elección y decisión de soluciones, por eso hace mención a la formulación de políticas públicas desde la planificación estratégica, lo cual implica llevar a cabo proceso de investigación, elaboración de diagnósticos o evaluaciones en torno a un fenómeno que se considera problemático y que hay que definir y aplicar soluciones; por ello, se atiende prácticamente un proceso técnico con rigor metodológico que se le atribuye a la influencia de la formación científica de los formuladores.

Cabe destacar que, en los países de América Latina, particularmente denominados países en vías de desarrollo, ha habido un creciente formulismo de políticas públicas que no responden a las necesidades de las sociedades a las que pertenecen, lo cual supone que muchas de ellas han sido impuestas por los Estados y formuladas en forma a priori, faltando a la rigurosidad que Roth describe en los procesos de formulación de las políticas públicas.

Los Sistemas Electorales y Políticas Públicas

En este artículo se incluye un análisis de la formulación de políticas públicas dentro de los sistemas electorales, donde se exponen una serie de lineamientos cuyo propósito, en la mayoría de los casos, está orientado a la definición de procesos que garanticen el cumplimiento de una normativa administrativa y jurídica, que permita el pleno desarrollo y respeto a la democracia en los procesos electorales. Lo anterior conlleva la necesidad de clarificar el concepto de sistemas electorales, y dentro de ellos responder a la interrogante de cómo se formulan las políticas públicas, pregunta a la que ya se ha dado respuesta en los epígrafes anteriores; si han sido formulas centradas en el Estado, en la sociedad o en forma mixta, si son de carácter reglamentario, distributivas, redistributivas, constitutivas o de infraestructura, y si han llevado un proceso riguroso y metodológico en su formulación como se exige en una planificación estratégica.

Para aclarar el concepto de sistemas electorales se han seleccionado las ideas extraídas de: Lijphart (1994) citado por Picado (2008), con la cual la autora logra establecer y ubicar la relación entre sistemas electorales y políticas públicas, tomando en cuenta una de las ramas del Derecho Público, tal es el caso el Derecho Electoral, que vincula directamente a los sistemas electorales como un escenario más donde las políticas públicas son de tipo reglamentario y constitutivas o de infraestructura, porque además de definir la normativa jurídica para los participantes de los procesos electorales, también definen las funciones de los órganos responsables de la administración o desarrollo de los sistemas electivos; así, el concepto en sentido amplio expresa lo siguiente:

El sistema electoral incluye esos mecanismos de conversión (administración electoral en sentido estricto) más la administración electoral, o sea, comprende todo el conjunto de leyes y disposiciones, aprobadas por las propias elites políticas, que regula de forma llamativamente estable la competición electoral entre y dentro de los partidos. (Montero y Lago 2005, p. 1), citado por Picado (2008, p. 4). En sentido estricto, se le ha referido al conjunto de mecanismos utilizados para la conversión de votos en escaños. Es decir, el conjunto de instituciones y reglas por las que las preferencias electorales se transforman en votos y los votos se traducen en los escaños asignados a candidatos o partidos contendientes. Lijphart (1994), citado por Picado (2008, p. 4)

De los párrafos anteriores se puede extrapolar que el carácter reglamentario y constitutivo o de infraestructura de las políticas públicas de los sistemas electorales se puede apreciar en las siguientes características de esta tipología que el autor citado incluye a continuación:

a) La creación de las normas que rigen la competencia electoral. Es decir, cuando se negocian y definen las reglas básicas del juego electoral, que abarcan la competencia electoral (entre las que se incluye la distritación, la fórmula electoral, el tamaño de la asamblea y el umbral, entre otros aspectos), así como la organización y administración de las elecciones, tales como el registro de electores, la inscripción de candidaturas, el financiamiento de las campañas, el diseño de las papeletas, los organismos electorales, los procedimientos de impugnación, entre otras.

b) La aplicación de las normas. El derecho electoral, en tanto rama del derecho público, está sujeto al principio de legalidad, razón por la cual toda actividad administrativa debe ser previamente autorizada por ley. En el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, los organismos electorales deben aplicar las normas jurídicas a la hora de inscribir electores, partidos y candidaturas, al acreditar fiscales y observadores de los comicios, al instruir a los ciudadanos sobre cómo ejercer el derecho al voto.

c) La resolución de disputas. La justicia electoral supone la existencia de mecanismos de control e impugnación de los actos electorales dentro de la vía administrativa y judicial; todo reclamo debe ser tramitado de conformidad con las normas procesales correspondientes.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES VISTAS DESDE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA CON COMPLEMENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Proyectar las políticas públicas en el escenario de la democracia representativa y la democracia participativa, implica para su comprensión claridad en la definición conceptual de ambas tipologías y del concepto de democracia:

El término “democracia” está conformado por las voces griegas Demos, que significa Pueblo y Kratós cuya traducción literal es Gobierno. Basado en este compendio de palabras se parte de que la democracia es el gobierno ejercido por el pueblo. Hernández (2006) citado por Rodríguez (2017, p. 105).

El concepto anterior alude a que en una nación el poder reside en el pueblo o en los ciudadanos; esta afirmación se considera muy general o amplia para describir cómo es que el poder reside en el pueblo. A partir de la experiencia registrada en la historia, se puede observar que las poblaciones pequeñas hicieron posible que las decisiones en el poder fueran tomadas por la mayoría de los ciudadanos de forma directa; sin embargo, en la medida que las naciones son de reconocida amplitud demográfica, las decisiones y el poder se deriva a representantes de provincias, departamentos, áreas o estados, la cual va a dar origen al concepto de democracia representativa, así, “en palabras de Sartori (1988), el pueblo no gobierna, pero elige representantes que le gobiernen” (p. 150). En esta definición se puede ratificar que la representación de los pueblos en los gobiernos está ocupada por liderazgos que han sido seleccionados por una población mayoritaria que los considera idóneos para tomar decisiones y plantear soluciones; en otras palabras, definir políticas públicas emanadas de los tres poderes del Estado existentes en las democracias modernas.

Se hace hincapié en que muchas de las experiencias registradas donde se da la democracia representativa existe una inconformidad de los representados con el actuar de sus líderes, constante que se ha venido dando hasta en uno de los escenarios más extremos: la corrupción. En ese sentido, el poder no reside en el pueblo sino en el liderazgo que lo representa, frente a este cuestionamiento se gestan los movimientos políticos que van a proponer y generar a lo que se denomina democracia participativa, la cual se define como democracia directa.

El plebiscito, referéndum y la iniciativa popular se consideran los mecanismos que se han creado para lograr la participación de la mayoría de una nación, en la que se pone a discusión y aprobación las políticas públicas que emanen del liderazgo representativo, sean estas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o Judicial, ratificando o rechazando las mismas. Por lo anterior, se admite que ambas tipologías de democracia son necesarias y complementarias para establecer los pesos y contrapesos que favorezcan el bien común de una nación.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el desarrollo del proceso de recopilación de información, fueron partícipes expertos seleccionados con base a criterios, entre los cuales se encuentran los siguientes:

a) Reconocimiento por la autoridad expresa por el dominio del tema de las Políticas Públicas y Sistema Electoral Hondureño.

b) Portadores de una titulación de Doctor en diferentes disciplinas científicas como Sociología, Derecho Público (Derecho Electoral, Constitucional y Administrativo), se suma Derecho Internacional.

c) Que han asumido o asumen cargos como: Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Expertos seleccionados para el desarrollo del grupo de discusión:

. Doctor Ángel Edmundo Orellana, especialista en Derecho Administrativo.

1. Doctor Ángel Edmundo Orellana, especialista en Derecho Administrativo.

2. Doctor José Ernesto Paz, especialista en Sociología y Analista Político.

3. Máster Eduardo Enrique Reina García, especialista en Derecho Internacional y Política Internacional.

4. Máster Mirian Barahona, especialista en Derecho Penal y Suficiencia Investigadora.

5. Juan Carlos Barrientos, Máster especialista en Derecho Constitucional.

La guía objetiva de preguntas para desarrollar el grupo de discusión fue la siguiente:

1. De acuerdo con los enfoques teóricos presentados en el documento referencial, a su juicio ¿la elaboración de las políticas públicas expresadas en las normas del Sistema Electoral Hondureño fue elaboradas centradas en el Estado, centradas en la sociedad, mixtas? Cualquiera que sea su respuesta argumente porqué.

2. De acuerdo con las tipologías de políticas públicas observadas en el documento de referencia ¿en cuál de ellas ubica las políticas públicas del Sistema Electoral Hondureño? (Política Distributiva, Política Constitutiva o de Infraestructura, Política Reglamentaria y Política Redistributiva). Argumente su respuesta.

3. Con base a otros planteamientos teóricos que usted conozca o a su experiencia en torno al tema del Sistema Electoral Hondureño, ¿qué otras características le añadirían a las políticas o normativas del Sistema Electoral Hondureño?

4. ¿A qué tipo de Democracia está dirigido el planteamiento de las políticas públicas del Sistema Electoral Hondureño y qué brecha jurídica existe para transitar a un cambio entre ellas (Democracia Representativa y Democracia Participativa)?

5. A su juicio ¿Cuál de los tipos de Democracia (Representativa y Participativa) le conviene a la sociedad hondureña aplicar en las políticas públicas del Sistema Electoral Hondureño? Cualquiera que sea su respuesta argumente porqué.

6. ¿Qué es la Democracia Participativa?

7. ¿Existen condiciones en el País para la creación de políticas públicas o normativa jurídica para avanzar hacia una Democracia Participativa? Cualquiera que sea su respuesta argumente porqué.

8. ¿Qué condiciones deben darse para implantar la Democracia Participativa en Honduras y cuáles son los países modélicos que la aplican?

9. Para alcanzar una verdadera Democracia Participativa, ¿cuál es el enfoque teórico (centradas en el Estado, en la Sociedad o mixta) que debe aplicarse en la elaboración o definición de las políticas o normativas del Sistema Electoral Hondureño? Justifique su respuesta.

10.- Para desarrollar la Democracia Participativa, ¿cuál es la tipología de políticas públicas que más se ajusta a este objetivo (Política Distributiva, Política Constitutiva o de Infraestructura, Política Reglamentaria y Política Redistributiva)? Justifique su respuesta.

11.- Enumere los pasos a seguir para implantar una Democracia Participativa en el Sistema Electoral Hondureño.

Desarrollo de la guía objetiva de preguntas y resumen ejecutivo de las respuestas dadas por los expertos.

1. En la cronología de discusión sobre la pregunta del enfoque teórico con el que se elaboraron las políticas públicas del Sistema Electoral Hondureño, se registró que en el pasado hubo una fuerte participación de los gobiernos locales en la definición de las normas de los procesos electorales, por lo que en Honduras en su momento (1954) la elaboración de la política pública se centró en la sociedad, pero la legitimaba el Congreso Nacional, por lo que se podría decir que imperó una condición centrada en la Sociedad. Sin embargo, en la práctica del pasado, cuando había empates o distancias relativamente pequeñas entre los candidatos a la presidencia, se desarrollaba una segunda vuelta dándose en varias ocasiones que el Congreso Nacional decidía quién era el presidente, lo que provocó una crisis y guerra civil entre los hondureños, condición que propició reformas a la Ley Electoral de ese momento. Posteriormente hubo retrocesos por la rupturas del orden constitucional por los golpes de Estado, que causaría nuevamente la participación de la Sociedad en la definición de las políticas públicas del Sistema Electoral Hondureño, donde fue protagónica la participación de la sociedad después del fenómeno Mitch.[2] Así se puede afirmar que en su momento la elaboración de las políticas públicas se centró en la Sociedad; sin embargo, luego de darse muchas inconsistencias en los procesos electorales, las reformas a esta última ley creada han estado centradas en el Estado y producidas por las élites políticas del poder legislativo que hacen mayoría y que normalmente responden a intereses del partido político en el poder.

2. Según los expertos, la tipología de políticas públicas que rigen el sistema electoral hondureño es exclusivamente reglamentaria desde la Constitución de 1982 y en las que se incluyen normas relativas a las funciones fundamentales del Estado, que son regulación, operación, elaboración de las leyes electorales; ahí se definen las reglas del juego, la forma en que se llevarán a cabo las elecciones internas y las generales, la inscripción y requisitos de las candidaturas, reglas dirigidas exactamente a los partidos políticos que aparecen como tales en la “ Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas”. En ella se le da al órgano electoral la responsabilidad de administrar, transmitir y supervisar los procesos electorales.

Es importante destacar que los expertos han manifestado que en Honduras se definen las leyes en función de los conflictos políticos dados, sin seguir un procedimiento adecuado de investigación diagnóstica y planificación de la decisión; la ley se genera, se discute y se aprueba. Tal es el caso de la reforma constitucional actual donde se crea el Tribunal de Justicia Electoral, cuya función es resolver las controversias y conflictos electorales denunciados.

Por lo anterior, está claro que los expertos visualizan que la política pública del Sistema Electoral Hondureño es reglamentaria tal como lo dice Lowi, la coerción ejercida por la política opera directamente sobre el individuo y en su efecto directo o inmediato, son las reglas como el código de tránsito o la de orden público que buscan regir los comportamientos de los individuos bajo la amenaza de una sanción directa.

3. Los expertos consultados también caracterizaron el Sistema Electoral Hondureño como altamente politizado, fundamentalmente por la debilidad institucional. Los organismos electorales han estado integrados por los partidos políticos, pero luego los partidos políticos intervienen ante la inexistencia de la institucionalidad. El gran problema de Honduras es que los jugadores no respetan las reglas de juego y esto, lógicamente, produce inestabilidad.

4. Según los expertos al dar respuesta a la preguntas cuatro y cinco, valoran las políticas públicas del Sistema Electoral Hondureño más inclinadas hacia la Democracia Representativa que a la Democracia Participativa; estos fueron categóricos y expresaron que si bien es cierto la organización de los procesos electorales apuntan a la Democracia Representativa, en donde la máxima expresión se visualiza en los poderes del Estado y especialmente en la conformación del Poder Legislativo (diputados que representan los 18 diferentes departamento del País), admiten que con la emisión y aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, en donde las figuras del plebiscito y referéndum, propias de la Democracia Participativa, aparecen como opciones determinantes para cambiar algunas normas cerradas, se cita como ejemplo la reforma a la forma de gobierno o los artículos pétreos;[3] sin embargo, los expertos coinciden en que ninguna de estas dos figuras han sido aprovechadas por la sociedad hondureña, no porque el pueblo no lo demande o requiera, porque a este le convendría, sino porque las élites políticas no han dado lugar a que se den estos procesos para mantener el status quo, por tanto, de seguir esta condición los expertos visualizan pocas posibilidades que la Democracia Participativa se fortalezca y se desarrolle en Honduras.

5. Al respecto de las preguntas seis y siete, los expertos visualizan que avanzar hacia la democracia participativa implica competencia, conocimiento, madurez y preparación intelectual para concebir la democracia participativa no como una amenaza, sino como instrumento de apoyo para abrir los espacios de diálogo o de interacción social para tomar decisiones coherentes entre los actores de la Sociedad. Así, afirman que se está bajo la influencia de una élite políticamente inmadura y conservadora, pues ve en la participación de las masas una amenaza para sus intereses económicos y políticos, sin viabilizar una formación de la ciudadanía que estimule el avance conscientemente hacia a la Democracia Representativa, por lo que se denota que se mantiene y se fortalece un Estado conservador y controlador por la influencia de las élites políticas.

6. Ante la pregunta de si existen o no las condiciones para desarrollar la Democracia Participativa en Honduras, los expertos han expuesto una serie de situaciones que han acontecido en el País y que demuestran que hay suficientes organizaciones sociales que han impulsado movimientos que finalmente acaban por ejercer presión social, de tal manera que la respuesta del Estado ha sido siempre hacia la concesión de algunas peticiones de sus movimientos. De ahí que se puede advertir que la participación ciudadana se ha venido manifestando de distintas formas y han terminado en verdaderos conflictos políticos con actos inclusive de violencia, lo cual dice que sí hay condiciones para que la sociedad hondureña se exprese mediante los instrumentos jurídicos creados para tales efectos, como lo expresado en el artículo 5 reformado en el Decreto 3-2011 publicado en la gaceta número 32, 460 el 7 de marzo 2011, en el tema del Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana.

Lo que no ha habido es una conducción eficiente, ni de la sociedad ni del Estado, en la implementación de estas dos figuras y que de aplicarlas el Estado, éste tendría ciertas ventajas pues en su inversión económica y de tiempo en su promoción puede ejercer una acción mediática en la que se impulse la promoción en función de los intereses de la élite política hondureña, que fue caracterizada en su momento por un consultor externo como élite con unos conocimientos básicos muy limitados y conservadores, un factor que obstaculiza el desarrollo de las dos figuras jurídicas citadas, cuyo requisito de cumplimiento es muy amplio y difícil de alcanzar para que desde la sociedad se promuevan propuestas de cambio impulsadas por los movimientos sociales que ejercen la presión social en Honduras, cuya participación es de tres mil ciudadanos que debería canalizarse para reunir el porcentaje calificado en firmas exigidas para las propuestas de cambio y su aplicación en el Plebiscito y Referéndum.

7) Con respecto a la pregunta ocho, los expertos han señalado a los países de Centro América, Costa Rica y Panamá.

8) En respuesta a las preguntas nueve, diez, once y doce, de la guía de discusión, las dos primeras están orientadas a saber qué hacer frente a la condición actual para optimizar el desarrollo de una Democracia Participativa, concatenando también y de acuerdo a las dos últimas preguntas sobre qué enfoque teórico y qué tipo de políticas públicas plantean una ruta crítica adecuada para el establecimiento y desarrollo de la Democracia Participativa.

Frente al abordaje del párrafo anterior, los expertos concluyen que las condiciones actuales de gobernabilidad presentan un desgaste importante que ya raya los linderos de la ingobernabilidad y de la pérdida alarmante de la credibilidad de la institucionalidad, indicadores muy cercanos a un estado fallido. No se puede esperar que bajo estas condiciones el Estado, a través de los gobiernos, pueda reinventarse promoviendo procesos altamente participativos o democráticos, cuando lo que realmente impera en los albores es un estado fallido, la impopularidad, el descontento y la protesta de las masas; por lo tanto, se manifiesta el desarrollo de fuerzas como la presencia de los militares en las calles y la imposición del control del Estado frente al descontento masivo por el mal manejo de la política interna. En este sentido, los expertos concuerdan que lo ideal sería unir esfuerzos para fortalecer y elaborar políticas públicas centradas en la sociedad y negociadas con el Estado, pero debido a la situación actual de país todo indica que hay que empezar de cero y centrar la bases creativas y originales para que la democracia participativa sea una característica permanente en la vida de la nación hondureña.

PERSPECTIVA DE LA AUTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN HONDURAS, TOMANDO EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS.

1. Promover y estimular en los planes de gobierno de las candidaturas presidenciales el desarrollo de una estrategia para lograr una amplia participación ciudadana en la definición, elaboración y evaluación de políticas públicas aplicando los mecanismos del plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana.

2. Elaborar y promover la ejecución de un programa de capacitación para estimular a la ciudadanía hondureña, en como participar en la elaboración de iniciativas ciudadanas a presentar en el Congreso Nacional, teniendo como población meta a los estudiantes de educación media y superior, líderes comunitarios y activistas de los partidos políticos.

3. Promover con las organizaciones de la sociedad civil por lo menos dos eventos al año, donde se promueva con la ciudadanía la elaboración y presentación de iniciativas ciudadanas.

4. Promover en las universidades públicas y privadas la carrera de ciencias políticas a nivel de licenciatura y posgrado, para generar profesionales calificados que contribuyan al fortalecimiento de la democracia en Honduras.

5. Promover en las universidades públicas y privadas seminarios talleres y diplomados para la formulación de iniciativas ciudadanas para la incidencia en la formulación de políticas públicas centradas en la sociedad y en forma mixta.

6. Promover eventos de selección y decisión de soluciones fácticas respecto a problemas prioritarios con la elaboración de políticas públicas, bajo un enfoque de formulación mixto integrando la representación de las instituciones del Estado y la sociedad civil, en los próximos gobiernos de conciliación nacional.

Dentro de esta perspectiva de acciones a promover, se plantea la necesidad de su ejecución a partir del año 2022, una vez dada la toma de posesión del nuevo gobierno, pues en la actualidad hay desconfianza en los liderazgos de las instituciones del Estado, por lo que de realizarse en esta fecha produciría falta de motivación para participar, pues según los expertos estamos en los linderos de un Estado Fallido.

Honduras está en las puertas de la ejecución de un proceso electoral, cuyo sistema ha tenido reformas en el marco de un debate político, lleno de contradicciones entre el gobierno y la oposición, en el que sigue prevaleciendo la definición de políticas públicas de carácter normativo, que se producen a partir de las deficiencias detectadas en los procesos electorales anteriores y sin seguir los procedimientos de rigor y de racionalidad científica en la formulación de políticas de carácter regulatorio.

REFLEXIONES FINALES

1. Con la investigación realizada tanto a nivel documental como de campo con los expertos se puede concluir que a partir de los planteamientos teóricos de Roth (2002), se afirma que sí ha sido posible caracterizar la condición actual de lo siguiente:

a) El enfoque teórico que prevalece en la formulación de las políticas públicas del Sistema Electoral Hondureño.

b) El tipo de políticas públicas imperante en el Sistema Electoral Hondureño.

c) La forma en que se presenta la tendencia de aplicación de la Democracia Representativa y la Democracia Participativa en Honduras.

2. Se puede afirmar que las políticas públicas que actualmente han sido formuladas en el Sistema Electoral Hondureño están en el enfoque teórico centradas en el Estado, sobre todo con una fuerte influencia de las élites políticas representadas en el Congreso Nacional por la mayoría de diputados.

3. Que el tipo de políticas públicas imperante en el Sistema Electoral Hondureño es de carácter regulatorio y constitutiva, pues se ha emitido la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en la que se plantea la estructura funcional y organizativa del sistema hondureño.

4. Que la formulación de las políticas públicas, tanto la elección y decisión de las soluciones, no provienen de un proceso con rigor metodológico expresado en los diagnósticos y planificación estratégica, y responden más a respuestas impulsadas por los conflictos que se han presentado en los procesos electorales.

5. Que las características de la democracia están fundamentalmente centradas en la Democracia Representativa, aun cuando se avanzó significativamente con la reforma constitucional para el desarrollo de los mecanismos propios de la Democracia Participativa con la creación de la Ley de Participación Ciudadana, en la que aparece el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, pero estos mecanismos no han sido aprovechados ni por los políticos ni por la ciudadanía hondureña, debido a la existencia de una élite política conservadora que considera la participación ciudadana como una amenaza, y la misma ciudadanía, por falta de preparación en esta temática, no ha impulsado iniciativas en forma concurrente para consolidar los procesos necesarios de la democracia participativa.

6. Los órganos funcionales del Sistema Electoral Hondureño deben generar procesos de capacitación masivos para el conocimiento y utilización del mecanismo de participación ciudadana como el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana para fortalecer la democracia participativa en Honduras.

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Notas