INTRODUCCIÓN

En comparación al resto de América Latina, la transición a la democracia en Chile fue un proceso político con importantes particularidades. El cambio de régimen de la dictadura cívico-militar (1973-1990) a la democracia actual fue realizado con base en las disposiciones jurídico-políticas diseñadas por los colaboradores de Augusto Pinochet. Cuando los civiles recuperaron el gobierno se sometieron a la “democracia protegida” (Hunneus, 2000; Garretón, 1989) con el fin de sostener y fortalecer la victoria de la democracia y el estado de derecho. [2] Es por esto que, para gobernar frente a la compleja red de amarres institucionales heredados, avanzar en el proyecto económico y otorgar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como familiares y sobrevivientes, los consensos entre las fuerzas políticas fueron fundamentales.

Los acuerdos se efectuaron por parte de “los partidos políticos, el gobierno y la oposición, así como sectores políticos y grupos sociales poderosos” (Sehnbruch y Siavelis, 2014, p. 20). Como regla básica se estableció que se mantendría la estabilidad y gobernabilidad si se aceptaba la institucionalidad creada en la dictadura y el modelo de desarrollo económico neoliberal. Durante el proceso se generaron nuevas normas y comportamientos políticos que conllevaron a la formación de un gobierno de consensos, que no representó una ruptura con el pasado dictatorial. Los pactos proporcionaron cuotas de poder a los sucesores del régimen anterior porque la dictadura no se desintegró en su totalidad y tuvo la capacidad de fijar las condiciones de las negociaciones con el nuevo gobierno, que incluyeron no solo las reglas de la transición, sino su duración por un periodo prolongado.

Cuando se retornó a la democracia, el liderazgo político lo dirigió la Concertación de Partidos por la Democracia.[3] En los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y el primer periodo de Michelle Bachelet (2006-2010) se gestionaron las resistencias políticas e institucionales para otorgar e ir ganando los espacios para ampliar los límites de lo posible. El desafío fue grande, los mandatarios eligieron “no vencer, sino convencer”, tanto a los continuadores del régimen autoritario instalados en el Congreso (parlamentarios de derecha y senadores designados) como a las jerarquías de las Fuerza Armadas y de Orden (FAO).

Las limitaciones obligaron a la formación de la democracia de acuerdos que procuró:

Consensos políticos entre la Concertación y las fuerzas de la derecha, antes que la competencia directa y el enfrentamiento entre ambos conglomerados. Esta estrategia política [permitió] dar estabilidad al proceso de transición, integrar a la derecha al juego democrático y mantener a los militares en sus actividades profesionales, pero al mismo tiempo [hizo] que el avance de las reformas democratizadoras [fuera] gradual y moderado (Biblioteca Nacional, 2018).

Durante la década de los noventa Pinochet participó en la política (en menor medida), ostentó la dirección del Ejército y protegió el estricto cumplimiento de la Ley de Amnistía de 1978. Asimismo, algunos de los integrantes de la dictadura, en especial del poder judicial, conservaron un cargo público. Dicha situación, más la suma de los acuerdos y las restricciones, fueron precondiciones para aplicar la justicia transicional. En este sentido, la discusión de las violaciones a los derechos humanos y su tratamiento fue defendida en la medida de los recursos políticos siempre y cuando no se colocaran en riesgo la estabilidad institucional. Los presidentes de la Concertación emprendieron la tarea de dar a conocer la verdad de los hechos y encabezar el proceso de reconstrucción moral del país para continuar con la edificación de un sistema de protección a los derechos humanos. La forma en cómo se planteó la justicia durante los 20 años que gobernó la Concertación puede ser evaluada como buena o insuficiente, según los criterios con los que se juzgue. Pero independiente de ese análisis, debe entenderse que su aplicación y ejecución se fue edificando en el tiempo, mismo que fue agrandado las opciones reales de acción política y judicial. Los presidentes de la Concertación incrementaron esas posibilidades de transformar la institucionalidad e ir confiriendo justicia de forma gradual, pero sostenida.

Para comprender lo anterior, el artículo presenta cinco apartados: el primero hace una referencia breve de las condiciones generales del tema expuesto; el segundo muestra las dificultades que presentó el primer gobierno de transición frente a las violaciones de los derechos humanos; el tercero señala la inactividad en la materia en el transcurso del gobierno de Eduardo Frei. En el cuarto y quinto se exponen las reformas constitucionales y los programas adicionales en beneficio de las víctimas, familiares y sobrevivientes impulsados por los mandatarios Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Por último, se establece una conclusión general.

PRELIMINARES

La transición a la democracia en Chile se ubicó en la tercera ola de democratizaciones a finales del siglo XX (Huntington, 1994). En la década de los ochenta la oposición chilena se organizó para combatir al gobierno autoritario. En los primeros años hubo fragmentación dentro de ella hasta que los partidos políticos moderaron sus posturas ideológicas. De esta forma, se erigieron agrupaciones que allanaron el camino para iniciar una nueva etapa, entre ellas la Alianza Democrática y el Acuerdo Nacional para la Transición Plena a la Democracia hasta solidificarse en la Concertación (Ortega, 1992). Finalmente, tras una serie de actos de represión más violentos en 1986 se optó por acatar el itinerario propuesto por Pinochet que marcaba un plebiscito para su continuidad o no en el poder por un periodo más.

El plebiscito se realizó en 1988 bajo un ambiente de orden; el pueblo chileno después de años de violencia salió a las calles y votó por el “No”, aunado a la decisión de convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias al año siguiente. A mediados de 1989 la élite política dispuso que la competencia por el poder se regularía según la naturaleza de las negociaciones (Campuzano, 2007; Garretón, 2013), con lo cual se concretó una serie de reformas constitucionales que determinaron la estructura final del sistema político chileno.[4] Según Rafael Otano (1995), dichas modificaciones fueron conducidas por un grupo reducido (la jerarquía militar, la derecha y los empresarios) que tuvo la capacidad de subordinar a la Concertación.

Algunos de los responsables de la negociación con los militares y sus representantes políticos pensaban que esos límites se podrían ampliar una vez conquistado el gobierno y elegido el parlamento, lo que no ocurrió. Otros, en cambio, [consideran] hasta hoy que lo logrado fue simplemente el mejor de los escenarios en las condiciones existentes en el momento (Delamaza y Ochsenius, 2006, p. 489).

A pesar de las circunstancias restringidas y la impunidad de Pinochet, la justicia transicional pasó a ser un tema que debía enfrentarse no sólo en el primer gobierno, sino en los sucesivos. Federico Sersale di Cerisano (2013) advierte que la justicia transicional va más allá de una breve fase de transición o presidencia, pues “no se debe limitar a un enfoque legal formal, se debe pensar en ella como un todo multifacético e interdisciplinario. Limitarse a procesos legales formales no alcanza para responder a las necesidades de las víctimas y de la sociedad en general” (p. 117). En un análisis global o por lo menos en América Latina ningún proceso hasta ahora ha logrado completamente satisfacer las expectativas de los involucrados (Abuchaibe, 2011).

Debido a la magnitud de los abusos, la justicia transicional ofrece medidas excepcionales con el objetivo de reparar las violaciones a los derechos humanos y reivindicar las instituciones. De tal suerte, que debe brindarse en cuatro enfoques: a) procesos penales; b) procesos de esclarecimiento de la verdad por parte de órganos no judiciales, sin que sustituyan a los procesos judiciales; c) reparaciones –individuales, colectivas, materiales y simbólicas–; y finalmente, reformas jurídicas e institucionales (ICTJ, 2018). Se enfatiza que cada país tiene que confrontar su historia y acontecimientos sociales para elegir la medida más idónea, la cual no debe oca- sionar un riesgo grave de inestabilidad. El contexto determinará las posibilidades de acción política, sin que ello implique que las actuaciones sean débiles, poco concretas o sin actividad judicial. Muchas veces las condiciones políticas y jurídicas del Estado no lo permiten, aunado a la existencia de una sociedad fragmentada ideológicamente (polarización) con una concepción distinta al pasado dictatorial,[5] como fue en Chile.4

PATRICIO AYLWIN (1990-1994)

El primer periodo de la Concertación estuvo dirigido por el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar, quien condujo una transición altamente restringida. Su liderazgo buscó ser objetivo y prudente, que contribuyera a la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas, al mismo tiempo de alentar el reencuentro de los chilenos (Bitar y Lowenthal, 2016). La legitimidad de su administración comenzó por a) esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura; b) garantizar la obtención de información para posibilitar la investigación judicial de los delitos y, c) reivindicar a las víctimas y sus familias a través de la implementación de medidas legales y administrativas para reparar los daños materiales y morales que padecieron (Concertación de Partidos por la Democracia, 1989, pp. 2-3).

Las políticas en materia de justicia transicional se guiaron por estas tres vertientes, aunque Aylwin tuvo un discurso neutral que intentó no afectar la estabilidad gubernamental conseguida, a la vez de no situar en una posición reactiva a la derecha. Este sector conformado por la Unión Democrática Independiente (partido continuista del proyecto de la dictadura) y Renovación Nacional (partido más abierto al diálogo) impedía corregir a la institucionalidad, salvo en aquellos casos que les beneficiaba. Si existía una propuesta que amenazaba su posición era rechazada aprovechándose de su poder de veto y por su sobre-representación en la Cámara Alta.

La presencia de Pinochet en el Ejército significó el gran pacto con el primer gobierno de la Concertación, donde se aseguró que no se abrirían procesos judiciales a la jerarquía militar, al mismo tiempo que se aplicaría la Ley de Amnistía de 1978. En 1990, las FAO estaban politizadas y con una alta desconfianza en la dirección civil. Durante esta época Pinochet generó tensión, pero no por un posible golpe de Estado, sino por cómo se jugarían las lealtades y respeto a la autoridad Civil.[6] Un segundo gran pacto se tradujo como la inviabilidad de terminar con las restricciones que impedían una transformación directa. A todo esto, las decisiones políticas y estrategias de Aylwin se analizaron según:

Los costos y riesgos de las acciones persecutorias, que se [apoyaban] en fuerte evidencia favorable a la estrategia gradualista. [...] El uso gubernamental del consenso durante el periodo de Aylwin transformó los modos de entender las prácticas políticas [...] por una nueva que diluyó las convicciones partidarias en los acuerdos cupulares y la integración horizontal. [...] Para el primer gobierno de la Concertación, el momento, la dinámica y la profundidad del cambio institucional estuvo determinado por las oportunidades políticas. Vale decir, el gobierno buscó que las re- formas no alteraran el orden social del país, ni la dirección del proceso transicional. La tesis de la política de los consensos condicionaba la implementación del programa a la existencia de un respaldo parlamentario de supermayoría (Mella, 2014, p. 26, 29 y 31).

Como consecuencia de lo anterior, la acción judicial pasó a segundo término para centrarse en las acciones de verdad y reconciliación.[7] Fue así que Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo de investigación, cuyo Informe Retting (nombre dado por el titular de la Comisión, Raúl Retting) fue un documento con fuerza probatoria y moral que oficializó la verdad de las principales formas de violaciones a los derechos humanos: las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas con resultado de muerte cometidas por agentes del Estado o personas al servicio de éste, así como los secuestros y atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos (Serani, 2015, p. 198). Sin embargo, quedaron casos pendientes que posteriormente fueron calificados por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la cual amplió la categoría de las violaciones al considerar las ejecuciones al margen del debido proceso, el uso indebido de la fuerza, el abuso de poder y los suicidios con secuela de tortura.

Entre las medidas de reparación más sobresalientes implantadas por Aylwin estuvieron a) la Oficina Nacional del Retorno, se convalidaron grados académicos y títulos profesionales de los exiliados, se eliminaron impuestos a importaciones de bienes personales y se entregaron becas para la educación; b) el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud, se dio acceso al sistema de salud pública y apoyo mental especializado para las víctimas y familiares; c) el Programa de Exonerados, se restituyeron pensiones perdidas y protecciones sociales para las personas que fueron despedidos por motivos políticos.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (1994-2000)

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle conservó la regla del consenso mientras que las fuerzas políticas se mostraron como estables. El crecimiento económico y la modernización del país produjeron que en la década del noventa Chile se integrara a la economía internacional. Se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se incorporó al Mercado Común del Sur y se fomentaron las relaciones comerciales con Asía, en especial con China. El país reflejó condiciones que lo hicieron atractivo e incitador al fomento de las relaciones tecnócratas y empresariales, así como en la creación de fondos de inversión para sectores específicos (Muñoz y Stefoni, 2003).

En la agenda gubernamental Eduardo Frei priorizó el desarrollo económico y desplazó no sólo como tema secundario, sino prácticamente invisible a las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura. No obstante, sí continuó con los programas de reparación de su antecesor: a) extendió el Programa para Exonerados; b) compró Villa Grimaldi para convertirla en sitio de memoria; c) restituyó los bienes confiscados por razones políticas; y d) eliminó el 11 de septiembre como día feriado remplazándolo por el día de la Reconciliación Nacional.

Collins (2014) afirma que en su gobierno:

Los delitos de derechos humanos fueron un terreno estéril, y los casos solo fueron continuados por los familiares, abogados de derechos humanos, y aquellas organizaciones de la sociedad civil que lograron perdurar en el tiempo. Las iniciativas de verdad y memoria eran igual de escasas, y estuvieron sumamente separadas una de otra al menos en las políticas oficiales del Gobierno. El informe Retting y el financiamiento público de un memorial a los Detenidos Desaparecidos constituyeron el único patrimonio existente sobre el tema. [...] Luego de que a comienzos de la Transición hubiera preocupaciones de regresión al autoritarismo, se esperaba que Frei pudiera gobernar con más libertad que Patricio Aylwin, con el objetivo de buscar un cambio distinto para el futuro de Chile [...] Sin embargo, no presentó ningún proyecto más profundo para construir un sentido de identidad de la Concertación [...] Por el contrario, predo- minó el deseo de mantener el statu quo [...] no hubo mayores cambios a los enclaves autoritarios (2014, pp.155-156).

En este lapso la herencia dictatorial siguió impidiendo la persecución penal: los crímenes que se cometieron en el pasado eran juzgados por los tribunales militares y la estructura judicial conservaba a los jueces nombrados por Pinochet. Uno de los aciertos de Frei fue promulgar la reforma judicial y modificar el sistema de pensiones que jubiló a los antiguos jueces. Se nombraron nuevos operadores jurídicos que aplicaron argumentos fundados en los principios internacionales, lo que significó atraer las causas que estaban impedidas de ser investigadas por la Ley de Amnistía. Se acogieron innovadoras figuras legales como el “secuestro permanente”, delito que no estaba considerado en los amnistiados. En 1995, por medio de la Ley N° 19.368, se modificó el Código Militar que indicaba el lugar de reclusión de los militares condenados a penas privativas de libertad, construyéndose la cárcel de Punta Peuco. Esta edificación causó polémica al ser un lugar especial para los criminales que concedió beneficios especiales; además figuró como un agravio al derecho de igualdad ante la ley.

En 1998 Pinochet reavivó las confrontaciones sociales y políticas. Primero por el término de su cargo como comandante en jefe e inmediatamente nombrado senador vitalicio y segundo por su arresto en Londres a orden del juez español Baltazar Garzón.[8] El caos político y la probabilidad de inestabilidad generaron que Frei y la derecha buscaran el regreso de Pinochet en el marco de la diplomacia. El presidente alegó que un posible juicio en el extranjero era una transgresión a la soberanía, pues la capacidad de juzgarlo le competía estrictamente a los órganos judiciales del Estado chileno. Encima declaró sino se procesaba y condenaba en el país se colocaba en riesgo la transición. “Esta declaración fue reafirmada por Sebastián Piñera de Renovación Nacional, quien mencionó que de no hacerlo habría un grave retroceso en la transición, proceso en el cual ambos lados (dictadura y Concertación) cedieron para llegar a ese gran pacto social” (Fuentes, 2006, p. 88). Por su parte, la izquierda de la coalición oficialista validó “tibiamente” la postura de Frei, siempre y cuando se enfrentara posteriormente a la justicia chilena (Agüero, 2002: 57). El general fue liberado dos años después por razones de salud. Una vez en Chile, la Corte Suprema lo desaforó y se acordó políticamente su renuncia como senador vitalicio (Weeks, 2014). Con ello, comenzó una activa etapa de denuncias en su contra e investigaciones por su participación en la Caravana de la Muerte.

Para muchos esto fue considerado el acto más triunfal contra la impunidad institucionalizada; sin embargo, el exdictador nunca fue condenado.

Como producto del episodio londinense las fuerzas armadas empezaron a distanciarse públicamente de Pinochet y la derecha entabló por vez primera el diálogo y aceptación de las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos. A finales de 1999, Eduardo Frei y su ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma, formaron la Mesa de Diálogo, instrumento por el cual se pretendió rencontrar el mundo civil con el castrense. Entre sus participantes estuvieron personeros del gobierno, la jerarquía militar, la iglesia católica, abogados de derechos humanos, profesores, investigadores y organizaciones civiles. En este sentido, Frei lideró el compromiso social y moral para que las FAO se comprometieran a entregar información para la localización de los restos de los detenidos desaparecidos (Declaración de la Mesa de Diálogo, 2001). La Mesa de Diálogo no fue bien recibida por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, dado que consideraron que simbolizaba una negociación entre víctimas y victimarios. Sin embargo, no se debe de negar que fue el primer instrumento que logró que medianamente los militares entregaran información del paradero de los desaparecidos.

RICARDO LAGOS (2000-2006)

El tercer periodo de la Concertación estuvo liderado por el socialista Ricardo Lagos, quien gobernó un país muy distinto al de los inicios de la década de los noventa. El presidente tenía mayores libertades y menos compromisos políticos, o al menos eso parecía. A pesar de que Pinochet estuvo presente su figura se fue debilitando y perdió apoyo público de la derecha y los militares. En 2003 Lagos creó la Comisión de Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech, que reconoció a las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas, a través de agentes del Estado o personas a su servicio durante la dictadura. “El Informe Valech fue contestado por los militares y los carabineros, cada cual aceptó su responsabilidad en los hechos y se comprometió a participar en la reconciliación nacional. Esta variación de actitud cerró la etapa de protagonismo político de la institución castrense para iniciar una nueva época donde la fuente de su legitimidad fuera la aprobación social y no la fuerza” (Varas et al., 2008, p. 22).

En relación con las medidas de reparación impulsadas por Lagos se encuentran las siguientes: a) redujo la deuda de los retornados del exilio; b) amplió el registro del exonerado político; c) eliminó el registro penal de los condenados de manera injusta o ilegitima durante la dictadura; d) mejoró las reparaciones de la Comisión Retting; e) aumentó las pensiones para los familiares de asesinados o detenidos desaparecidos; f) otorgó una pensión base, acceso a la salud y becas educativas para sobrevivientes de prisión política o tortura.

Ricardo Lagos dio seguimiento y recibió los resultados finales de la Mesa de Diálogo. El reporte de los militares indicó una cifra irrisoria de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y personas sin identificación. Los datos fueron imprecisos sin referencia clara al nombre de la víctima, el lugar de desaparición y ubicación de los restos. Contrariamente para Lagos esto fue catalogado como un compromiso, fortaleza y coraje de la institución castrense, que por primera vez se pronunciaba por los hechos ocurridos, lo que generó un avance en las relaciones entre los civiles y los militares (Weeks, 2014).

Poco a poco se fue nivelando el camino para que se cristalizara las posibilidades de transformar la institucionalidad. Por un lado, la derecha tenía una actitud dispuesta a debatir y eliminar los enclaves que evidentemente representaban un gran déficit democrático,[9] y por el otro, los militares se desprendieron del rol político para someterse completamente a los civiles, salvo en materia económica. Fue así que en 2005 se elaboraron una serie de reformas que le dieron nuevo rostro a la Constitución promulgada por Pinochet.

Estas reformas [restaron] poder a las Fuerzas Armadas, [aumentaron] las capacidades del Congreso y [permitieron] profundas enmiendas a instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional. Se [redujo] el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata, se [eliminaron] los senadores designados y vitalicios, se [aumentaron] las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, se [puso] término a la función de las Fuerzas Armadas de ser “garantes de la institucionalidad” y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden ya no [fueron] inamovibles de sus cargos, quedando bajo la autoridad discrecional del Presidente de la República. A pesar de los avances en el proceso democratizador y de los importantes logros económicos y sociales que [ostentaron] los gobiernos de la Concertación, persistieron elementos considerados poco democráticos, como el sistema electoral binominal [...] Luego de un largo proceso, el 5 de mayo de 2015 se [publicó] la ley que [sustituyó] el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo (Biblioteca Nacional, 2018).

La reforma del 2005 presentó trasformaciones estructurales gracias a los acuerdos entre las fuerzas políticas. Pero los legados de la dictadura no han desaparecido y han resistido –no todos con la misma fuerza– al cambio político y social, porque “son disposiciones ilimitadas en el tiempo” (Falaha, 1993, p. 5) que benefician a ciertos grupos políticos que se resisten a desaparecerlos.

Poco a poco se fue nivelando el camino para que se cristalizara las posibilidades de transformar la institucionalidad. Por un lado, la derecha tenía una actitud dispuesta a debatir y eliminar los enclaves que evidentemente representaban un gran déficit democrático,[9] y por el otro, los militares se desprendieron del rol político para someterse completamente a los civiles, salvo en materia económica. Fue así que en 2005 se elaboraron una serie de reformas que le dieron nuevo rostro a la Constitución promulgada por Pinochet.

MICHELLE BACHELET (2006-2010)

En los primeros años de mandato, Michelle Bachelet ostentó un alto índice de simpatía y adherencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos porque se presentó como una figura política empática con las víctimas (por su historia de detención y exilio). “En el transcurso de su gobierno continuó con los programas anteriores y presentó una política simbólica; no obstante, la empatía que se le reconoció desde el principio no concordó con los avances reales en la institucionalización de la materia” (Collins, 2014, pp. 162-163). Durante su administración, Bachelet tuvo confrontaciones con la oposición respecto a determinadas situaciones como por ejemplo, el uso del método anticonceptivo de emergencia. Sin embargo, en lo referente al pasado dictatorial mantuvo la estabilidad política con la derecha y los militares al igual que sus antecesores de la Concertación.

Uno de los mayores trabajos que realizó Bachelet fue la rectificación de los errores de identificación de detenidos desaparecidos en el Servicio Médico Legal. Por otra parte, creó por Decreto Supremo N°43 la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, instancia que se consideró una segunda comisión de verdad. Las medidas de reparación que ofreció fueron a) la inauguración de memoriales como el Museo Nacional de Memoria y los Derechos Humanos; b) la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos; c) el pago único para las víctimas de exoneración política; y d) la transferencia de becas educativas a los nietos de las víctimas y ampliación de las exenciones del servicio militar.

Bachelet tomó especial atención al trabajo de los militares, quienes ya despojados de su carácter político retomaron actividades de profesionalización por medio de prácticas en operaciones internacionales de paz, combate al tráfico de drogas, la defensa del medio ambiente, entre otras. Asimismo introdujo reformas al servicio militar obligatorio, modernizó el equipamiento militar y el plan de fortalecimiento de medidas de confianza mutua en el campo internacional (Varas et al., 2008, pp. 12-13; Weeks, 2014, p. 119).

La socialista prometió en campaña derogar la Ley de Amnistía de 1978. Durante su gobierno recibió el fallo adverso emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Luis Almonacid Arellano y otros, en el cual se señaló que el Estado chileno debía derogar la Ley, por su carácter de ilegal, pues es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso Almonacid constituyó un frente contra las leyes de protección a criminales y fue:

El paso más reciente en la evolución de la doctrina del sistema interamericano de protección de derechos humanos sobre la ilegitimidad, ilegalidad e inaplicabilidad de medidas legales que impiden la investigación, procesamiento y eventual sanción por violaciones a los derechos humanos consideradas particularmente graves por el derecho internacional (Zalaquett, 2007, p. 183).

A pesar de lo anterior, Bachelet no logró derogar la Ley de Amnistía; sin embargo, por medio de Ley N° 20.377 creó la figura legal de “ausente por desaparición forzada”, delito no considerado amnistiado. Esto permitió que el aparato judicial pudiera continuar con los procesos en contra de las personas señaladas como violadores de derechos humanos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La escrupulosa búsqueda de la estabilidad institucional por parte de los presidentes de la Concertación fue más grande que la fuerza por otorgar justicia transicional. Ahora, se reconocen los esfuerzos y avances en los programas en beneficio de las víctimas, familiares y sobrevivientes, así como la recomposición de las relaciones entre civiles y militares. Pero el pago por transitar a la democracia costó caro y en perjuicio a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El pacto que le consintió la permanencia a Pinochet dentro del Ejército y su posterior senaduría vitalicia fue una vergüenza. La justicia transicional padeció la gradualidad y el mantenimiento del statuo quo, la voluntad política no tuvo la suficiente potencia para derogar la Ley de Amnistía, que, si bien ya no se aplica, sigue vigente. Existen leyes que sostienen el pacto de silencio, como aquella que impide conocer el nombre de los victimarios por 50 años y una cárcel que privilegia a los criminales.

REFERENCIAS

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Notas