Artículos

Enfoques teóricos sobre la participación política ciudadana y la democracia moderna

Theoretical approaches on citizen political participation and modern democracy

Ordoñez Huerta, Mario Ezequiel

Mario Ezequiel Ordoñez Huerta

ezequieloh_91@hotmail.com

Universidad Autónoma Metropolitana México

Ius Comitiãlis

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ISSN: 2594-1356

Periodicidad: Semanal

vol. 1, núm. 1, 2018

iuscomitialis@uaemex.mx

Recepción: 26 Enero 2018

Aprobación: 11 Abril 2018

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/137/13712491371249012/

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

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Resumen: El presente artículo analiza a la luz de discusiones teóricas y empíricas clásicas el concepto de participación política ciudadana como fundamento relevante de la teoría de la democracia representativa, partiendo de la revisión de estudios clásicos y destacando los cambios y reconsideraciones que se han ido incorporando al mismo a partir de la adopción generalizada de formas de participación extrainstitucionales. De manera simultánea, describe de forma sintética las visiones opuestas respecto a la teoría clásica y teoría elitista de la democracia, presentes en los debates contemporáneos que sitúan a los ciudadanos al centro o al margen del proceso político y su correspondencia con la distinción entre formas convencionales y no convencionales. Finalmente, se sugieren los caminos que debe tomar la investigación latinoamericana sobre el tema, considerando las condiciones de las jóvenes democracias de la región y múltiples realidades heterogéneas que la conforman.

Palabras clave: Participación política, Ciudadanía, Democracia, Posdemocracia.

Abstract: The present paper analyzes in the light of classic theoretical and empirical discussions the concept of citizen political par- ticipation as an important foundation of the theory of repre- sentative democracy, starting from the review of classic studies and highlighting the changes and reconsiderations that have been incorporated into it from the widespread adoption of forms of extra-institutional participation. Simultaneously, it describes in a synthetic way the opposite views regarding the classical theory and elitist theory of democracy, present in con- temporary debates that place citizens at the center or on the margin of the political process and its correspondence with the distinction between conventional and unconventional forms. Finally, the paths that Latin American research should take on the subject are suggested, considering the conditions of the young democracies of the region and the multiple heteroge- neous realities that make up the region.

Keywords: Political participation, Citizenship, Democracy, Post-democracy.

INTRODUCCIÓN

La democracia como régimen de gobierno se asienta sobre un conjunto de presupuestos filosóficos, éticos y políticos que la sostienen y le dan fundamento a cada una de sus prácticas, normas y creencias. Las grandes discusiones de los filósofos griegos clásicos abordaron muchos de estos presupuestos como forma de estudio del comportamiento humano a nivel individual, pero con implicaciones de generalización respecto al comportamiento a nivel grupal (Sartori, 1984, p. 203).

Un fundamento basal de la teoría democrática lo constituye la ampliación de la participación política, pues la característica distintiva de esta forma de gobierno respecto a regímenes alternativos reside en la ampliación de dicha facultad al mayor número de personas dentro de una comunidad dada. Del mismo modo en que el concepto de democracia no ha significado lo mismo de una época a otra, el de participación política también ha variado en consonancia.

Así, mientras que en las comunidades griegas en las que se inventó la democracia los mecanismos de participación política sustentados en la isonomia (igualdad de derechos) e isegoria (igualdad de palabra) dotaban a la mayoría de una acti- vidad política intensa, en los modernos estados-nación del siglo XVII la participación fue delimitada de forma contundente a razón de las dimensiones de la población, así como de su educación, estatus y economía, limitando el ámbito de la participación a unas cuantas vías legitimas de resolución de conflictos (Beneitez, 2004, p.35).

Transformaciones similares han ocurrido rumbo a finales del siglo pasado en naciones democráticas del mundo, por lo que la discusión respecto a la participación política ha vuelto a emerger en los últimos años aparejada de cuestionamientos respecto a su relación con fenómenos como la globalización, la ciudadanía mundial, el orden internacional, el Estado de Derecho, los nuevos movimientos sociales, los nuevos medios de comunicación y la desafección hacia la política (Bobbio, 2010 y Crouch, 2004).

Para explorar los cuestionamientos abiertos a inicios del presente siglo respecto a una temática ampliamente estudiada como lo es la democracia moderna, resulta ilustrativo indagar el significado y las modalidades de participación política desde la perspectiva de los estudios empíricos más importantes y su correspondencia con distintos enfoques de la democracia, cuyo objetivo es determinar la actual naturaleza del fenómeno en un contexto de globalización económica y en específico con respecto a la particular situación política que viven las jóvenes democracias de Latinoamérica.

Por esta vía estaremos en mejor condición de sopesar las transformaciones actuales en el régimen de gobierno democrático, obteniendo una mirada general del fenómeno y particularizando el contexto de las democracias latinoamericanas con respecto a las transformaciones de fin de siglo que señalan la emergencia de un estadio político posdemocrático, en donde los conceptos forjados originalmente bajo la teoría de la democracia moderna resultan insuficientes para identificar las problemáticas de legitimidad y gobernabilidad democrática en los estados nacionales (Monedero, 2012).

Con respecto al concepto de participación política, al revisar la literatura científica existente es posible identificar que es un concepto amplio y controversial, pero también es necesario decir que en los últimos años el fenómeno ha adquirido ciertas formas y características homogéneas en las sociedades contemporáneas, por lo que resulta ser de especial y renovado interés volver cada cierto tiempo a la temática para develar su estatus y relacionarla con fenómenos políticos vigentes.

Respecto a la participación política, cabe observar que desde que se aborda como tema central o se le relaciona con el concepto de democracia, se desestima la importancia de su discusión; la novedad de la propuesta o pertinencia del tema en el contexto de una sociedad necesitada de profundización y enraizamiento de hábitos democráticos, como la expansión de la confianza social, el respeto al estado de derecho, la libre competencia entre grupos o la aceptación de las reglas del juego democrático.

A pesar de que en México ha mejorado recientemente la celebración de elecciones, la pluralidad partidista y el equilibrio entre poderes continúa enfrentando una serie de obstáculos y resistencias para la consolidación democrática. Un indicador sugerente respecto al avance democrático, más allá de los avances en la administración y la justicia electoral, son los niveles de participación política en elecciones y movilizaciones sociales, los cuales muestran en efecto avances sustanciosos (Norris, 2002).

Ante tal panorama, el presente artículo tiene como objetivo repasar las discusiones importantes alrededor de la participación, con el fin de colocar de relieve algunos fenómenos contemporáneos que están suscitando la alteración de paradigmas políticos (Estado, poder, ciudadanía), que fundamentan el orden legal de las sociedades y están siendo subvertidos a razón de la integración económica global de las demarcaciones políticas (Salazar, 2014). Del mismo modo, es preciso añadir que esta aportación tiene como límite teórico-conceptual la participación política ciuda- dana; es decir, el ejercicio de la acción política individual o colectiva que inician los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones gubernamentales a nivel local, estatal, nacional e internacional, por lo que quedarán fuera de este trabajo las concepciones de participación política propia de los institutos políticos profesionales y la de colectivos que en forma de grupos de interés hacen visible su voluntad a través de determinadas estrategias.

Bajo esta lógica, relacionar dicho concepto con democracia es el motivo adecuado para discutir la problemática actual de algunas libertades fundamentales que enmarcan la actuación política de los ciudadanos, utilizadas en actos informales de presión hacia poderes públicos y privados por medio de actos masivos que hoy en día han protagonizado la vida pública en México y otros países y que denotan no solo el descontento de una parte de la población nacional con la situación política, la mudanza de cultura política, sino también desde otra perspectiva, las transformaciones globales de las vías democráticas (Inglehart, 2001 y Norris, 2002).

La pregunta que guía esta investigación es ¿Cómo las formas existentes de participación política se oponen o armonizan con los fundamentos político-legales de la condición ciudadana en un Estado democrático?, en el entendido de que los mecanismos originalmente diseñados para la expresión política de los ciudadanos estaban pensados para un contexto económico, político y social que actualmente difiere del actual debido al peso preponderante en las decisiones políticas nacionales que están ejerciendo entidades político-económicas trasnacionales.

LA DEMOCRACIA MODERNA Y LOS PRIMEROS ESTUDIOS

Como forma de gobierno, la democracia representativa en sus orígenes fue resultado del acuerdo entre posturas opuestas en torno a la organización del poder político. El debate original de los independentistas americanos versó entre la disyuntiva de instaurar prácticas de democracia directa frente a las propias de la democracia representativa: una fracción pugna por que los ciudadanos tomen directamente las decisiones de gobierno, la otra privilegia el que solo se ciñan a la selección de representantes que tomen dichas decisiones (Dahl, 1993, p.36-37).

En el siglo XVIII uno de los argumentos que se impuso en ese debate fue la imposibilidad de reunir en una sola asamblea a los numerosos ciudadanos de los nacientes estados-nación, por lo que la posibilidad de adoptar prácticas de democracia directa quedo atrás frente a las propias de la democracia representativa que se instituyeron como formas adecuadas, realistas y factibles para las sociedades modernas. La disputa entre república y democracia se neutralizó en el concepto de democracia representativa, aunque en los hechos los regímenes nacidos de las revoluciones burguesas se asimilaron a las repúblicas históricamente existentes en Roma que a las democracias de las polis griegas (Bobbio, 2010, p.50).

Así, con el éxito de la democracia representativa, la participación política legal se ciñó al ejercicio libre del voto, que en contraste con el estado de cosas pasado−constituido por el ejercicio de un poder oligárquico u monárquico que difícilmen- te consultaba a los gobernados sobre las decisiones colectivas−, brindó seguridad a las instituciones de gobierno emanadas de las revoluciones burguesas; no obstante, aun con este ingrediente no se conquistó fácilmente la estabilidad social.

Las páginas están llenas de la historia de occidente que describen las luchas políticas que tuvieron que realizar determinados segmentos de la sociedad para adquirir y ampliar sus derechos políticos, económicos y sociales. De ellas se puede reconocer la emergencia de los partidos políticos, la gestión de las relaciones laborales en una incipiente sociedad industrial y la generación paulatina del entramado legal que rige el actual destino de las naciones.

Bajo esta mirada cabe considerar también que el desarrollo económico alcanzado a través de la revolución industrial, a pesar de que en sus inicios aparentó ser una amenaza a la estabilidad democrática, con el paso del tiempo fue factor coad- yuvante y determinante del desarrollo del régimen, tal y como ya había mostrado al hombre, la histórica relación entre comercio, desarrollo económico y desarrollo político en la polis griega, la republica romana y en la edad media en las pequeñas republicas italianas (Heater, 2007).

En cuanto al estudio científico de la participación política es posible señalar que se trata de una iniciativa reciente, ya que data del siglo pasado, con orígenes en Norteamérica y rodeada de aspectos de época que explican el pujante interés por estudiar el comportamiento político; los principales son: el contexto de la guerra fría −que tuvo sus correspondientes pugnas en el desarrollo de las ciencias−, la bonanza económica sin precedentes −que alcanzó su punto álgido a mediados del siglo pasado−, el desarrollo de la estadística y las técnicas cuantitativas de investigación en las ciencias sociales y el desarrollo de los medios de comunicación−que permitieron extender la influencia de técnicas de propaganda y educación cultural−.

En los Estados Unidos los estudios respecto al voto cobraron relevancia con el fin de evaluar no tanto los niveles de participación electoral de los norteamericanos −mismos que han sido en promedio considerables, aunque no altos− (McClosky, 1974, p.626), sino los mecanismos de intermediación social que definen a lo largo de una campaña política las preferencias de los votantes y también el grado de in- fluencia de los medios masivos de comunicación en dichas opiniones.

Como conclusiones de los mismos, está el descubrimiento de la potencialidad del contacto humano en la persuasión para votar, pero también la incipiente influencia que en las opiniones políticas de los individuos jugarán los –para entonces− novedosos medios de comunicación: radio y televisión. (Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1948 y Campbell, Gurin y Miller, 1954).

En este grupo de estudios se da por sentado que la participación política se materializa en el acto de votar, por lo que no existe una elaboración teórica que defina el termino, mientras que el foco de atención de los autores recae en otro tipo de temas como el de la formación de las opiniones, la identificación partidista, el voto según la clase social y la constitución de las actitudes políticas. Como corolario de estos estudios se obtuvieron múltiples saberes respecto al comportamiento electoral, todos ellos, por supuesto, limitados al contexto norteamericano.

En estos primeros estudios, el financiamiento para la investigación académica, público y privado, resulta fundamental para comprender porque en otros países que atravesaban por fenómenos políticos y sociales no llevaron a cabo la tarea de aplicar técnicas de investigación social a gran escala para estudiar la participación política. Además, la influencia de la corriente conductista en las ciencias sociales, proveniente de la Psicología, impregnará el desarrollo de la ciencia en la búsqueda de obtener generalizaciones basadas en la observación empírica de la realidad.

LA PARTICIPACIÓN CONVENCIONAL FRENTE A LA NO CONVENCIONAL

El ulterior desarrollo de la investigación sobre participación puede ser descrito como el paso del estudio de las actividades convencionales (formales llamadas por algunos y bajo ciertos enfoques legales) hacia las actividades no convencionales” (informales también llamadas y en cierta medida ilegales). Reconocidas o no en el fondo de esta divergencia descansan visiones contrarias respecto a la naturaleza de la relación entre acción política y el statu quo, la una conservadora, la otra reformista o revolucionaria, como se verá a continuación.

En 1965 la variedad de caminos a través de los cuales fue posible para el ciudadano americano incidir en la política serán reseñados en el estudio de Lester Milbrath que compendia y sintetizaba estudios anteriores. Partiendo de una concepción de la actividad política como un fenómeno propio de sociedades en las que se han atendido adecuadamente sus principales necesidades básicas, desarrolla un esquema ex- plicativo basado en una jerarquía de compromiso político en donde la participación política es gradual y escalonada con base en costos (Laster, 1965, p. 16).

En la base de la jerarquía se hallan actividades que demandan pocos recursos de los ciudadanos, como la exposición a estímulos políticos, votar, discutir sobre política y llevar una insignia política, mientras que al ascender en la misma en- contramos actividades que requieren mayor grado de implicación por parte de los ciudadanos, tales como contactar con políticos, donar dinero a un partido o a un candidato, asistir a una reunión política, contribuir con tiempo a una campaña política, hasta llegar en los últimos escalones a actividades que demandan esfuerzos del ciudadano promedio, entre ellos, ser miembro activo de un partido político, participar en reuniones estratégicas del partido, pedir dinero para la política, ser candidato y finalmente dirigir un partido (Laster, 1965, p. 18).

Para Milbrath, la participación política es “el comportamiento que afecta o busca afectar las decisiones del gobierno” (1965, p. 1), su visión de la participación a pesar de tratar de desligarse del enfoque electoral, termina por ceñirse al ámbito de la actividad de campaña propia del ciudadano militante; no obstante, es un en- foque pionero que reconoce a otro tipo de actividades como el contacto con políticos beta poco explorada por parte de la investigación social.

Años después, Verba y Nie (1972) al tratar de expandir el campo de estudio de la participación política desarrollaron una ambiciosa investigación que dio un tratamiento distinto al tema. Para ese entonces, la intuición de que numerosos descubrimientos científicos hallados en el contexto norteamericano solo tenían aplicabilidad para la política norteamericana, conduce a estos autores a expandir el herramental de investigación científica con el fin de que sirva como base para el futuro estudio de otros países.

Teniendo como referencia un conocido estudio trasnacional centrado en el novedoso concepto de “cultura política” (Almond y Verba, 1989) la iniciativa politológica de los autores se desprende de las raíces psicologistas de los estudios tradi- cionales para enfatizar la necesidad de ver al comportamiento político en estrecha relación con las estructuras políticas en las que nace; es decir, en vincular el estudio del mismo con las instituciones políticas que definen en gran medida −activando o desarticulando−, la propensión de los ciudadanos a atender los asuntos públicos. Para ellos, la participación política puede ser definida como “esas actividades de ciudadanos privados que están más o menos directamente dirigidas a influenciar la selección de personal gubernamental y/o las acciones que ellos toman”. Bajo este término caben, además de las actividades propias de una elección (como el voto y la participación como candidato o promotor de una campaña), el ponerse en contacto con algún funcionario público y las actividades cooperativas o comunales (Verba y Nie, 1972, p. 2).

Al agregar estas últimas formas, se desprenden de la perspectiva tradicional que reducía la participación política a la actividad electoral y dan renovados bríos a la investigación empírica a la par que abren un debate respecto al fin último de las actividades que deberían de considerarse políticas, ya que para algunos, las actividades comunitarias al no tener un nexo directo con la actividad de los órganos de decisión política o administrativa del Estado –instituciones gubernamentales–, no deberían de ser consideradas como tales (Conge, 1988, p. 247).

Verba y Nie (1972) reconocen que al no contemplar actividades políticas fuera del sistema, como manifestaciones o acciones de desobediencia civil, su enfoque es limitado a las vías de influencia política legales y legitimas que están contempladas en el ordenamiento jurídico, no ignorando; por ello, la importancia que tienen las otras, pues en la época en la que escribían su investigación no solo eran frecuentes en otras latitudes, sino que incluso algunas de esas formas se comenzaban a manifestar también en los Estados Unidos.

Resulta importante considerar que el contexto en el que se desarrollan dichos estudios empíricos se encontraba ya imbuido de cambios a gran escala que experimentaron estructuras de la democracia moderna como la transformación de los partidos políticos de masas hacia partidos catch-all, el desvanecimiento de las fronteras entre clases sociales que se hace evidente sobre todo a partir de mediados del siglo XX con la institución del Estado de bienestar o la pérdida de la función pedagógica política de los parlamentos y asociaciones políticas ante la emergencia de los sistemas de comunicación de masas (Kirchheimer, 1980, p. 331).

Agregando al contexto la particularidad histórica de los Estados Unidos de América, en donde los partidos políticos no poseen marcadas diferencias ideoló- gicas, como en otras sociedades donde la política nunca ha sido una actividad demasiado concurrida por sus ciudadanos salvo bajo algunos episodios de su historia nacional y en donde las diferencias socioeconómicas entre grupos no son tan marcadas como las existentes en la Europa oriental y el llamado tercer mundo.

El punto de quiebre de esta concepción convencionalista respecto a la participación política proviene de los sucesos que irrumpen en la escena política de las sociedades occidentales en la década de los 60, cuando un conjunto de movimientos sociales novedosos como el feminista, el pacifista, el estudiantil y en el caso de los Estados Unidos el de los derechos civiles, muestran cómo el descenso en los índices de participación política tradicional, contrasta con la aparición de movimientos de protesta que reclaman a los gobiernos una serie de demandas vinculadas al termino actualmente aceptado de calidad de vida (Anduiza y Bosch, 2004, p. 47).

Algunas características de dichos movimientos son: la espontaneidad de su conformación, la trascendencia de divisiones de clases sociales entre sus miembros, la reivindicación de derechos políticos ante el sistema y la utilización de novedosas formas de influencia política que en casos extremos incluso llegan a la violencia política. La profusión de ideologías libertarias es un sello de época que impregna principalmente a jóvenes y sectores liberales de la sociedad que se manifiestan en el espacio público bajo actitudes contestatarias.

Resulta sorprendente a primera vista que fenómenos de protesta ciudadana de parte de determinados colectivos aparezcan simultáneamente en distintos siste- mas políticos, no siendo el caso de México una excepción, con los reclamos por mayor democracia y mejores espacios para la educación que desarrolló el movimiento estudiantil de Tlatelolco en 1968 en la Ciudad de México.

En un inicio se pensó que tales movimientos alteraban la estabilidad democrática, que eran poco proclives al desarrollo de este régimen de gobierno, y que a razón de su cercanía con el uso de la violencia, podrían desembocar en la disgre- gación social, la guerra civil o incluso en una revolución o en un conflicto armado. En su momento, el uso de la fuerza pública para reprimir estas expresiones denotó la incapacidad del sistema político para absorber y canalizar las demandas por las vías institucionales, lo que en ocasiones derivó en la perdida de legitimidad de los regímenes (Touraine, 1973, p. 102).

Esta perspectiva denigrante de las nuevas expresiones de la acción colectiva influenció la investigación académica respecto a la participación, por lo que los investigadores de lo social rechazaron la importancia de las movilizaciones, minimizando sus consecuencias y reduciendo los capítulos de descontento e inconformidad a breves episodios de ruptura del orden social sin trascendencia para la posteridad. Denotaban así una postura favorable al status quo contraria a la objetividad científica que les debería haber caracterizado (Barnes, Kaase, et al, 1979, p. 27).

En las antípodas de esta postura, Samuel Barnes y Max Kaase traen a debate el concepto de participación política no convencional, el cual aglutina todas aquellas expresiones políticas ciudadanas que no se ciñen a los mecanismos formales y tradi- cionales de ejercicio de los derechos políticos; bajo esta perspectiva ya no se recurre al utilizado concepto de participación política, sino que se habla de acción política para definir a todas las actividades voluntarias de los ciudadanos que intentan influenciar directa o indirectamente elecciones políticas en distintos niveles del sistema político (Barnes, Kaase, et al., 1979, p. 42).

Bajo tal término, aglutinan expresiones y acciones como la desobediencia civil, la violencia política, las peticiones ciudadanas, las manifestaciones, los boicots, las huelgas legales e ilegales, la ocupación de edificios, los cortes de tránsito, los daños a la propiedad y la violencia personal, acciones que son recurrentes en los movimientos sociales y que en casos demuestran su eficacia al conseguir influir en las decisiones políticas. Por supuesto, muchas de estas modalidades se materializan en contextos urbanos, con jóvenes de cierto nivel de escolaridad y principalmente –aunque no únicamente– entre las enormes y crecientes clases medias (Barnes, Kaase, et al., 1979, p. 66).

Desde el punto de vista político y legal tradicional resultan ser acciones problemáticas, transgresoras del orden y del funcionamiento normal de la sociedad, pues son signo de que los mecanismos pacíficos y legítimos de resolución de dife- rencias han sido rechazados. Aunque también representan una respuesta colectiva a la insuficiencia del desempeño de algunas estructuras políticas y a la insatisfacción con los representantes políticos.

Algunas pueden ser basadas en el derecho de asociación y expresión de los ciudadanos, otras se hallan ante un vacío legal que respalde su actuación como es el caso de la desobediencia civil, que no encuentra sustento jurídico para respaldar el no acatamiento a las leyes y disposiciones de una autoridad instituida, las menos, lindan con el caos social, al componerse de acciones que recurren al uso de la fuerza como método de influencia política, poniendo en cuestión el monopolio legitimo del uso de la fuerza.

Cabe aclarar que el objeto de estudio de dicha investigación no lo constituyen enteramente los hechos inéditos e inesperados que fueron las manifestaciones de la primavera del 68, el mayo francés, etc., pues para la distancia transcurrida entre estos sucesos y la realización de la investigación, media un tiempo considerable (1979), por lo que es preciso indicar que el estudio se limita a indagar las actitudes hacia estas formas no convencionales de participación en las principales ciudades de algunas naciones occidentales, denominando a esta proclividad a recurrir a estas formas de participación como potencial de protesta.

Como resultado de esta investigación se constata el alto grado de potencial de protesta presente en ciudadanos de naciones como Alemania, Estados Unidos, Holanda y Austria, con lo que los autores fundamentan la hipótesis de que estas formas no convencionales estaban obteniendo una mayor aceptación de manera paulatina entre los ciudadanos occidentales y en una especie de prognosis social, destacan que rumbo al final del milenio estas formas de expresividad política serán más recurrentes en las sociedades democráticas (Barnes, Kaase, et al., 1979, p. 533).

Es aleccionador conocer que algunas de estas formas no convencionales de participación no son lejanas a formas de acción política existentes en sociedades latinoamericanas y de tercer mundo, en donde actos como el voto en blanco, las movilizaciones sociales e incluso la violencia política, resultan ser desde años atrás, vías recurrentes para visibilizar las demandas de amplios sectores de la población marginados del progreso y el bienestar social (Booth y Seligson, 1978, p. 4).

Desde esta perspectiva, la irrupción de estos fenómenos colectivos, bautizados como nuevos movimientos sociales y su relación con el ejercicio del poder, ejemplifican la ampliación del concepto de participación política, generando una serie de debates académicos que se prolongarán al menos hasta el último cuarto del siglo XX, denotando un agotamiento de conceptos tradicionales frente a la realidad emergente.

Desde el punto de vista de la democracia, en los últimos años hemos asistido a la transformación de algunas de sus instituciones, como el caso del gobierno representativo, que desde la mirada de Manin ha cambiado en dos ocasiones a lo largo de los últimos siglos al menos desde la institución del parlamentarismo hasta nuestros días. El parlamentarismo como expresión rudimentaria de la democracia representativa se destaca por la elección de notables con vínculos estrechos de confianza con los electores, como uno de sus elementos diferenciadores (Manin, 1998, p. 248).

La primer transformación de la representación política se sucede con la emergencia de la llamada democracia de masas a finales del siglo xix, en donde destaca la aparición de los partidos políticos como elemento interviniente en la elección de representantes, mientras que en la última transformación que él llama democracia de audiencias, surgida a finales del siglo XX, aparece la personalización del poder político en las elecciones gracias a que los canales de comunicación política, afectan de manera importante la función de las antiguas estructuras partidistas como vínculo entre electores y representantes (Manin, 1998, p. 287).

De manera simultánea conforme cambian las características de la sociedad, la participación política ha ido transformándose, adaptándose a las nuevas necesidades, vías y costumbres, y esto tarde o temprano se vincula con las dos posturas teóricas que se debaten la identidad de la democracia. Por una parte hallamos la perspectiva elitista que rechaza la capacidad de grandes grupos humanos de involucrarse en los asuntos políticos, a no ser solo eventualmente, mientras que por otra parte la llamada perspectiva de la ciudadanía democrática, vinculada estrechamente a la teoría clásica, promueve la capacidad de las grandes masas para incidir en política de manera constante.

Desde la perspectiva de la primer teoría, en las sociedades modernas y por consecuencia en las sociedades industriales, el simple ejercicio del sufragio universal tiene como fin colmar la necesidad de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, no solo para no sobrecargar el funcionamiento del aparato gubernamental, sino que simultáneamente como forma de liberar al ciudadano de la bochornosa y en ocasiones poco interesante tarea de atender los asuntos políticos (Schumpeter, 1983, p. 334). Bajo esta tónica, la profesionalización de la política, acorde a la emergencia de los grandes partidos de masas, llegó a satisfacer durante años esta necesidad acuciante y fundamental.

Por contraste, desde la mirada de la teoría clásica de la democracia el ciudadano tiene el deber de cumplir el papel de vigilante asiduo del poder público, a través de los derechos políticos que le otorga la constitución, pero también incidiendo de forma continua por los medios disponibles a su alcance en las decisiones tomadas por sus representantes políticos, con los que debe de mantener una comunicación continua procurando evitar que su participación se reduzca a la emisión del voto cada que hay elecciones (Rousseau, 2012).

Ambas perspectivas de la democracia pueden ser leídas como proponentes de determinadas formas de participación política, a la democracia procedimental o elitista, por ejemplo, le sería propio hacer énfasis en la participación institucional, en el voto, el contacto con funcionarios electos y en la colaboración en actividades de campaña; mientras que a la democracia sustancial o participativa le correspondería la aceptación de formas de participación extra institucionales como la firma de peticiones, la realización de plebiscitos, referendos, consultas populares, manifestaciones públicas, e incluso protestas.

Dos aspectos son evidentes hasta aquí, el primero es que la participación política en las sociedades contemporáneas se ha diversificado y normalizando muchas de estas nuevas conductas, como métodos efectivos de influencia política ciudadana en muchos regímenes políticos. Mientras que por otra parte, al abordar la discusión entre formas convencionales vs. no convencionales, se llega directamente a abordar el tema de la legitimidad de las mismas, así como del estado legal que guardan con respecto al máximo ordenamiento jurídico (Bobbio, 2010).

DEMOCRACIA MODERNA Y DEMOCRACIA POSMODERNA

Desde la fundación de las primeras democracias modernas, el régimen en donde prima la consideración de las mayorías se ha venido transformando, no son los mismos los procedimientos democráticos del siglo XIX, que los existentes en el siglo XX, ni menos aún los actuales del siglo XXI, en consonancia, las formas de participar políticamente también han cambiado considerablemente (Manin, 1998). Y en este marco dos transformaciones mundiales son particularmente llamativas para todos los regímenes democráticos, incluyendo el caso de México.

La primera es la emergencia de un orden trasnacional, con base en organizaciones económicas multinacionales que han minado las fronteras del estado-nación, al afectar el desarrollo de políticas nacionales a través de la libre circulación de capitales. La segunda es la multiplicación de instancias sociales que intervienen en la elaboración, definición y aplicación de las decisiones políticas en las democracias contemporáneas, a este respecto, la injerencia de actores económicos, mediáticos y sociales en la política democrática, con mayor peso en la toma de decisiones que los restantes actores del espectro social ponen en duda los postulados originales de igualdad política (Ferrajoli, 2014, p. 48 y Paramio, 2002).

Ante este panorama existen quienes consideran que la transformación de las condiciones económicas y sociales contemporáneas ha incidido negativamente en el desarrollo de las políticas nacionales, llevando a un retroceso las conquistas democráticas alcanzadas en siglos anteriores. Refiriendo además que los bajos indicadores de participación política electoral, el descenso en la confianza hacia los representantes políticos y el alejamiento de los ciudadanos con respecto a sus administraciones públicas denotan un panorama democrático poco alentador (Crouch, 2004 y Bovero, 2014).

De forma distinta, también hay quienes sostienen que el descenso de confianza en los representantes políticos no necesariamente pasa por el rechazo de las instituciones democráticas, además añaden que el descenso de los niveles de participación política por vías formales no representa un descenso en sí, cuando se contrasta con indicadores de participación en las mencionadas formas no convencionales, añadiendo a esta argumentación que incluso el aumento de naciones adhe- rentes a la democracia como forma de gobierno en los últimos años del siglo pasado e inicios del presente contradicen la hipótesis del descenso en el compromiso cívico (Norris, 2004 y Lechner, 2002).

Así, independientemente de si se desea ver el vaso medio lleno o medio vacío, el hecho irrefutable es que estamos inmersos en una transformación del régimen democrático en donde las condiciones de las sociedades postindustriales, modifican la esfera política de los ciudadanos. La emergencia de una economía basada en los servicios, las revoluciones en el transporte y las comunicaciones, la obtención de mayores niveles de educación y el incremento del tiempo libre, así como el cambio generacional de valores impacta directamente la naturaleza del conflicto político (Inglehart, 2001, Bell, 1976, Drucker, 1970 y Touraine, 1973).

La emergencia de instancias internacionales políticas y económicas que al día de hoy inciden en temas tan importantes como el empleo, la educación, la tecnología y el medio ambiente. Por ello, los movimientos sociales de protesta y resistencia se han ido conformando en redes internacionales con el fin de incidir de manera efectiva ante tales instancias, y aunque a primera vista pudiese parecer que estos son fenómenos propios de democracias de larga tradición, las estadísticas indican que la presencia y coordinación de estos movimientos en países en desarrollo es una realidad constatable (Norris, 2004).

Ante este entorno, los estudios sobre participación política están obligados a explicar las implicaciones que tiene para los ciudadanos en general y especialmente aquellos que no tienen vínculos con grandes grupos de interés o partidistas, el ejercicio de su participación en la toma de decisiones políticas en un contexto de globalización, sin que su papel se reduzca a la emisión del voto cada periodo electoral, la colaboración en campañas políticas cada día menos vinculadas a los miembros partidistas o al efímero y fugaz contacto directo con los representantes políticos.

También deberán tratar con el fenómeno de la apatía política que ha sido estudiado en el pasado y cuyas raíces aún prevalecen en gran parte de las sociedades, incluyendo a nuestro país, sin que las recientes reformas políticas o las campañas de civismo hayan podido revertir esta tendencia (Sabucedo, 1988). Además, el carácter de la participación en Latinoamérica aún no se desliga de antiguas caracterizaciones que denuncian el clientelismo político, la movilización gubernamental y la diferenciada intensidad con la que los diferentes estratos sociales se apropian de la participación (Booth y Seligson, 1978).

Con estos elementos, es posible identificar que aun con el descenso en la participación tradicional, el horizonte de ejercicio de la participación política en la democracia se ha ampliado. El uso de modalidades no convencionales, más que una decadencia de la orientación política de los ciudadanos, denota por una parte el desacuerdo con el funcionamiento de las vías institucionales, mientras que por otra la emergencia de nuevas formas inauguradas por una ciudadanía activa, responsable e ingeniosa que ante las limitaciones de las formas antiguas ha reinventado la forma de incidir en los representantes políticos fuera del contexto electoral.

Todavía este cambio de cultura política afecta a considerables grupos de ciudadanos con características específicas dentro de la sociedad, por lo que no se está en condiciones de generalizar la recurrencia a estos comportamientos, al menos en países como los existentes en Latinoamérica con numerosos contrastes al interior de sus fronteras nacionales. Del mismo modo, aunque se trata de aglutinar bajo el nombre de Latinoamérica a una región determinada del continente Americano, las realidades políticas insertas en esta zona del mundo bien distan entre sí de manera sustanciosa (política, económica y socialmente), lo que dificulta el tratamiento uniforme de la región.

CONCLUSIONES

La democracia moderna nació ligada a un conjunto de ideas que fueron producto de un largo periodo de reflexiones durante la época de la ilustración, decir que la democracia posible es la democracia representativa no es más que certificar los hechos que la historia mundial ha verificado, que el método democrático ha sido y es la vía más adecuada para dirimir los conflictos entre grupos, de manera pacífica al interior del Estado es una verdad confirmada en el último siglo. No obstante, esa concepción original ha sufrido transformaciones con el paso de los años sin perder por ello la esencia que le caracteriza. La democracia, según Norberto Bobbio, si por algo ha de distinguirse es por su carácter dinámico frente a sus principales rivales que son las autocracias, cuya naturaleza es estática; por ello es que los cambios en el abanico de las actividades de participación política no pueden ser otra cosa que un signo de vitalidad de la democracia.

En contraste, también son evidentes las tendencias mundiales de retroceso de algunas conquistas democráticas a partir de las deformaciones que el sistema de acumulación capitalista introduce en el funcionamiento de sus procesos, el peso de los grupos económicamente poderosos en las decisiones nacionales quebranta postulados esenciales como el de la paridad de la participación en las decisiones. La facilidad de coordinación entre grupos económicos internacionales en torno a inte- reses comunes está produciendo un vaciamiento de la esfera pública como árbitro de las relaciones sociales dentro del Estado con evidente afectación de las clases sociales más desfavorecidas.

Los ciudadanos al verse poco atendidos por las tradicionales instancias de intermediación del conflicto, como lo fueron las instituidas por el propio Estado, recurren al uso de la amenaza de la fuerza, de la desobediencia y de presión simbólica hacia los que consideran los responsables directos de las decisiones políticas instauradas, sujetos públicos y privados que ejercen notable influencia en éstas y que en ocasiones aunque no son representativos del conjunto social son económicamente poderosos.

Ahora bien, muchas de estas formas novedosas de participación política están concentradas en estratos sociales específicos, como los urbanos de clase media y media alta, lo que las hace considerablemente limitadas en el relieve social que encontramos en muchas sociedades tercermundistas, por lo que su alcance, aun con los avances de la urbanización que se han dado en los últimos años es limitado tanto en los usos como en los efectos que pueden lograr los ciudadanos que recurren a ellas.

Bajo esta óptica se entiende que fenómenos como los nuevos movimientos sociales se estructuren solo en países de primer mundo y que lleguen considerablemente a una capa urbana de países latinoamericanos y subdesarrollados, lo cual pondría en cuestión el hecho de que el arribo a nuevas condiciones de competencia democrática suscite en sí la superación de condiciones anteriores de la democracia representativa, más bien parecería fragmentar el universo político de las sociedades modernas, ahondando el problema de las desigualdades sociales.

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