Introducción

Desde la Revolución Industrial en el Siglo XVIII, el proceso de intercomunicación global ha ido en aumento. Sin embargo, desde que surgió la revolución de las telecomunicaciones, en la que aún se halla el planeta, la globalización ha sido la bandera de la cooperación internacional. Pues mientras la pandemia va en aumento las telecomunicaciones toman un papel importante en el mundo, permitiendo la realización de ciertas actividades por medio de estas herramientas (Segovia, 2020). Con todo, no fue hasta el 2020 que se puede afirmar que la totalidad de los países del globo se encontraron en casi idéntica situación (Segovia, 2020; Sobrosa Neto et al., 2020; Sułkowski, 2020; Wright, 2020).

El surgimiento del Covid-19 en el mes de noviembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China; su acelerada propagación y el riesgo que representa este para la vida humana, llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de coronavirus Covid-19 como una pandemia, a consecuencia de la velocidad de propagación en el mundo. En consonancia con ello, la mayoría de los países adoptaron medidas inmediatas y de emergencia para la mitigación del virus, en principio fueron decretadas por el gobierno chino, que ordenaron el aislamiento preventivo obligatorio, y posterior a esto, se enlazaron diversos países a esta decisión (Buheji et al., 2020).

Esta situación significó una parálisis casi absoluta de la actividad económica mundial, la cual llegó a generar una debacle en la economía global. Asimismo, al tomarse en consideración las condiciones específicas en dicha materia de América Latina, resulta preciso hacer una descripción de los posibles efectos que pueda tener la pandemia en esta región subcontinental y a partir de ello, establecer una serie de propuestas para la reactivación económica (Beker, 2020; Debata et al., 2020; Vasconcelos, 2020).

Esta situación afectaría tres tipos principales de pobreza; pobreza relativa: el sector más afectado en el cual se encuentra el mayor impacto del deterioro del nivel de vida socioeconómico en comparación con lo que usaban a acceder de manera libre; pobreza absoluta: muchos estarían justo por debajo de la línea de la pobreza debido a la cantidad de desempleo y dificultad para encontrar trabajos a tiempo completo; pobreza extrema: el menos afectado pues el porcentaje de personas tienen escasez de alimentos, agua limpia, salud, educación, vivienda incluso antes de la pandemia (Buheji et al., 2020). Todo esto sumado a la inequidad y estancamiento derivada del diseño de políticas socioeconómicas de cada uno de los países en el mundo (Palley, 2019).

Como sucede con toda crisis, habrá ganadores y perdedores, los que ocupan el puesto positivo en este caso son los sectores de la nueva economía, es decir, la tecnología de la información y robotización, los segundos, los de vieja económica basada en el uso presencial del recurso humano (Beker, 2020). Dicho lo anterior, a efecto de abordar de la mejor forma posible el extenso tema, se presentará a grandes rasgos, una serie de datos que permitirán contextualizar la situación económica latinoamericana antes de la pandemia, luego de ello, se señalan los principales efectos de esta situación de manera económica, política y social. Para concluir, se cita un listado de propuestas para la mitigación de estos efectos a corto plazo y otras para la reestructuración del modelo económico a nivel regional.

El panorama social en América Latina ostenta diversas aristas cuyos análisis merecen especial atención de la comunidad académica. Se trata, en efecto, de la región más desigual del mundo (NU. CEPAL, 2018), con índices de violencia alarmantes y, paradójicamente, una de las regiones más biodiversas del orbe tiene acceso a recursos naturales, materias primas e hidrocarburos que aportan en gran medida al crecimiento de la economía mundial y contribuyen sobremanera a la prosperidad de los países ricos. Sin embargo, a pesar de la magnitud de sus economías nacionales, habitan millones de personas olvidadas, marginadas, sin acceso a salud, educación, vivienda y demás derechos sociales en América Latina (Corvalán et al., 2017; Cotlear et al., 2015; Ferreyra et al., 2017; Helwege, 2015; Jelin, 2018; Mussot, 2018; Rivera, 2016; Valenzuela et al., 2016).

México es un ejemplo de estas desigualdades y su desarrollo económico. A pesar de ser la segunda economía de América Latina y la cuarta del continente (The World Bank, 2019), las brechas entre ricos y pobres han aumentado hasta llegar a su punto más álgido en 2017, circunstancia que ha sido un obstáculo para el desarrollo del país y de la región (NU. CEPAL, 2018; Ros Bosch & Moreno-Brid, 2010). Al respecto, la literatura existente ha intentado desentrañar las causas de la desigualdad desde diversas perspectivas; algunos autores han relacionado el drama de la inequidad en la distribución del ingreso con la implementación del modelo neoliberal a partir de los años ochenta (Becerra Medina & Romero Arciniegas, 2018); mientras que otros autores consideran que ésta se deriva, en parte, de las transferencias asistencialistas que realiza el Estado a la población más necesitada (distribución secundaria del ingreso), de carácter transitorio y sin solucionar el problema de raíz (Del Castillo, 2017). Por otro lado, el profesor MOYADO ESTRADA (1996) planteó la problemática desde una concepción de la estructura administrativa del Estado y las funciones constitucionales de las autoridades gubernamentales.

El investigador Cortés (2011) planteó la dicotomía Estado interventor –Estado gendarme a partir de la concepción de la CEPAL (más Estado y menos mercado) frente a lo que él llama economía estándar: más mercado y menos Estado. La visión de un Estado dinámico y activo, que intervenga en el momento que haya que intervenir en la economía, se presenta como una mejor posibilidad a las políticas de desregulación. Lo anterior se comprende al analizar, por ejemplo, la lógica de los mercados financieros; entre menos regulación haya al respecto, mayores son los riesgos de colapso y consecuente exacerbación de la desigualdad social, puesto que en últimas son los pobres quienes reciben en mayor medida el impacto de las debacles económicas (Del Castillo, 2017).

De otra parte, a principios del siglo XX la república Argentina se encontraba entre las mejores diez economías mundiales, incluso por encima de Estados Unidos; no obstante, a partir de la segunda guerra mundial, el país se vería inmerso en una serie de crisis políticas que tuvieron un impacto negativo en su economía; esto tuvo como resultado un detrimento del bienestar social que se manifestó en deficientes servicios de educación, en la infraestructura pública y los servicios de salud no pudieron atender a la población vulnerable de manera eficaz, al mismo tiempo se vieron afectados los derechos laborales por la informalidad laboral de la población (Cortés, 2011; Gerchunoff et al., 2015; Gerchunoff & Rapetti, 2016). También es cierto que Argentina se internó desde mediados de la década de 1970 hasta comienzos del nuevo siglo en una trayectoria de volatilidad y dinámicas caóticas asociada al más pronunciado declive económico relativo de su historia. Pudo conjeturarse, entonces, que bajo esas circunstancias las aspiraciones materiales de vastos sectores de la sociedad se doblegaran (Gerchunoff & Rapetti, 2016). El estado argentino reflejaba inestabilidad económica y política; en la década de 1990 se buscó reducir la elevada inflación que amenazaba con destruir la economía nacional mediante la implementación de políticas públicas de carácter liberal, que buscaban reducir la participación del estado en el mercado, así como alentar una apertura económica. En la década del 2000 se revierten estos cambios como efecto de la crisis económica del 2001; el comercio es regularizado de manera estricta y se aumenta la participación del estado en la economía. Sin embargo, tras varios años de bonanza y de una fuerte recuperación del empleo y los ingresos reales, comenzaron a observarse a principios de la década de 2010 manifestaciones típicas de lo que en el pasado se asociaba al conflicto distributivo. La reaparición de las tensiones entre el equilibrio externo y las aspiraciones materiales de la sociedad en un contexto distinto abre entonces el interrogante (Gerchunoff & Rapetti, 2016).

De manera paralela a Argentina, Bolivia sufrió una serie de cambios que abarcan la década de 1990 y la del 2000; sin embargo, la apertura de mercados y medidas de corte liberal se mantuvieron constantes durante la mayor parte de ambos periodos; no obstante, la crisis del agua del año 2000 resultado de la privatización de las fuentes hídricas de la ciudad de Cochabamba y el posterior ascenso de Evo Morales quien representaba un nuevo socialismo, marcado por políticas estatistas (Dalenz, 2018).

De otra parte, Brasil se encuentra entre los cinco países más desiguales de América Latina, sus altos niveles de pobreza históricos no sufrieron grandes modificaciones hasta la década de 1990, periodo en el cual el 35% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza. Para 1995 esta cifra se ve reducida al 28%, porcentaje que no sufrió grandes modificaciones hasta el año 2005 tras el periodo inicial de Lula da Silva en el cual la cifra se redujo al 22% y así, hasta alcanzar el 12% de la población en 2011, lo que representa una reducción del 50% de la pobreza en un periodo de 8 años (Strauss, 2018).

Chile ha sido uno de los países latinoamericanos que mejor desarrollo ha tenido en las últimas décadas (Fairfield, 2015). Las políticas implementadas para la erradicación de la pobreza y la desigualdad han tenido grandes resultados; en 1990 la tasa de pobreza nacional se encontraba sobre el 40% mientras que el de la indigencia se encontraba en el 15%, sin embargo, para finales del año 2009 estos porcentajes habían caído hacia el 11.5% y el 3.6%, lo que indica una mejora masiva de las condiciones de vida de la población, como resultado de una inversión temprana en la educación y en el mejoramiento de los servicios de salud.

En Colombia, la crisis de los años noventa dio paso a una nueva era de su política social con la implementación y transformación de algunos programas sociales para la superación de la pobreza extrema con el objetivo de mitigar los efectos de la recesión sobre la población más vulnerable del país. Un ejemplo de estas políticas es la creación del programa Familias en Acción, que busca mejorar el bienestar de las familias más vulnerables del país (Del Castillo, 2017).

Costa Rica se ha caracterizado desde 1995 por mantener y desarrollar políticas de inversión social, lo que le ha permitido alcanzar elevados niveles de desarrollo social y económico, así como de bajos niveles de pobreza y desigualdad (Vargas Solís, 2016). El gasto público social al año 2011 equivale al 22% del producto interno bruto, convirtiéndose en la más elevada de la región. Con todo, la inversión social se mantiene un 5% por debajo de su más alto histórico. La cuestión se sintetiza en lo siguiente: las entradas de capitales –de los diversos tipos concebibles- se incrementa sustancialmente a partir de 2005-2006. Ello impacta principalmente en el tipo de cambio. Se inicia así una ruta de paulatina pero sostenida revalorización del colón. Ese movimiento tendencial se detiene y revierte parcialmente durante la fase aguda de la crisis mundial en 2009, en virtud del pánico que ello genera y las consecuentes salidas de capitales. Pero una vez la situación alcanza un estado de relativa estabilización (hacia fines de 2009), el movimiento se reinicia. A estas alturas, lo así configurado es un proceso de mediano plazo, cercano ya al decenio y con visos de alcanzar a ser de largo plazo, el cual ha ido subvirtiendo de forma gradual las bases de la estructura exportadora creada con anterioridad. Las consecuencias están a la vista y se visibilizan en un clarísimo proceso de descomposición y retroceso del sector exportador (Vargas Solís, 2016). A pesar de las grandes inversiones en gasto público, la pobreza ha logrado mantener una constante sobre la población costarricense, a partir de 1990 y hasta el año 2004 el índice de familias en situación de pobreza corresponde al 20%, posterior a esto, esta cifra oscila y disminuye gracias a desarrollo en infraestructura y agricultura, así como refuerzos producto de transferencias monetarias, por lo cual, en el año 2015 se presenta un porcentaje de 18.5% (Fernández A., 2016)

Guatemala ha experimentado a largo de la década del 2000 un crecimiento económico notable, el cual alcanzó su pico más alto en 2007 para posterior a esto, desplomarse con la crisis internacional de 2008 (Zapil Ajxup & Fausto, 2012). Esta afectación se debió en principio al modelo exportador de monocultivos como el azúcar, el café, el banano, así como de productos textiles, de tal manera que para el año 2011 el 50% de las exportaciones nacionales se dividía entre estos dos productos. Este modelo económico ha propiciado la modificaron del sistema tributario de manera que se incentivan en el área fiscal las exportaciones, con detrimento de otros sectores de la economía. A pesar del crecimiento económico del país, la población vulnerable que se encuentra en el decil más bajo no vio modificadas sus circunstancias económicas en gran medida a diferencia de los quintiles más altos quienes vieron beneficios substanciales del boom económico, lo que apunta a un grave problema de desigualdad.

Ahora bien, si bien el Covid-19 trae consigo una seria afectación a la economía mundial, esta se ahonda en las regiones donde el proceso crematístico cuenta con un lastre y una tendencia a la baja. Tal es el caso de América Latina, donde la economía regional venía afectada desde el año 2010. Así, por ejemplo, según las cifras recogidas por la CEPAL (2020), la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto [en adelante PIB] en la región disminuyó del 6% al 0,2% entre 2010 y 2019. Es decir, el índice de crecimiento económico en América Latina se redujo en un 5,8%, cifra que antes de la aparición del Covid-19 resultaba alarmante (NU. CEPAL, 2019a). Del anterior dato se desprende una afirmación significativa: Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe contaban con las cifras más bajas en cuanto al crecimiento del PIB desde la década de 1950. En específico, el último lustro del decenio anterior reflejó un crecimiento de apenas el 0,4 %. Aunado a lo anterior, si bien la cifra de la deuda externa global es bastante alta, según cifras de la Organización Mundial del Comercio [OMC] estima que esta se eleva a doscientos cincuenta y cinco (255) billones de dólares, lo que representa el 322% del PIB mundial; en América Latina el endeudamiento externo de los Estados es preocupante, habida cuenta que la cifra de este es del 44,8% del PIB (Azevêdo, 2020; NU. CEPAL, 2020c). Pese a lo anterior, es preciso acotar que en la región se presentan grandes diferencias entre los Estados en torno a este aspecto. Verbigracia, Paraguay y Perú son los países latinoamericanos con menor deuda externa, encontrándose ésta por debajo del 25% del PIB. A contrario sensu, Argentina, Brasil y Costa Rica son los que encabezan esta lista, con un preocupante porcentaje del 89,4%, 75,8% y 61,3%. Asimismo, debido a lo anterior, el pago de intereses de estas deudas en la región ha aumentado de manera considerable en la década del 2010, pues se encontraba en un valor del 1,7% del PIB en 2010 y aumenta al 2,6% en 2019. En contraste con esto, la inversión al sector salud durante el último decenio en América Latina tuvo un aumento del 1,9% en 2010 al 2,3% en 2019. Caso en el cual se puede establecer una diferencia del 0,5% en el PIB destinado al pago de intereses comparado a lo invertido al sector ya mencionado.

Dicho lo anterior, el panorama económico latinoamericano previo a la pandemia (NU. CEPAL, 2019b) denotaba una crisis social en la región que era acentuada por ciertos factores, entre los que se enlistan:

• La alta tasa de informalidad laboral.

• Los pocos programas de apoyo económico para los desempleados.

• Bajos índices de inversión estatal en seguridad social.

Metodología

El diseño metodológico se llevó a cabo a partir de la revisión de las fuentes teóricas con base en la técnica del resumen analítico. Los resultados del estado del arte se presentan en el acápite siguiente. En este orden, se clasificaron las fuentes primarias y secundarias cuya sistematización se realizó mediante fichas de análisis documental con base en tres presupuestos: en primer lugar, los análisis realizados por organizaciones no gubernamentales, los cuales fueron depurados a partir de las siguientes palabras clave: “Covid-19, finanzas públicas e internacionales, perspectiva global, América Latina y desempleo”.

Los autores referenciados fueron hallados con las mismas palabras clave en las bases de datos Academia, Doaj, Proquest, Scielo, Researchgate Dialnet y Redalyc, así como los repositorios de las facultades de derecho y economía acreditadas en Colombia.

Posteriormente, se realizó un proceso de depuración de las fuentes que finalizó con la escogencia de los autores referenciados al final del presente artículo. En este orden, prevalecieron los análisis del impacto de la Covid-19 en el crecimiento económico de América Latina, lo cual permitió proyectar las perspectivas que se exponen en el acápite correspondiente a los resultados, como se muestra a continuación:

Resultados

Conforme con lo hasta ahora expuesto, resulta claro que las predicciones económicas para Latinoamérica en el 2020 no eran alentadoras; sin embargo, la aparición de la Covid-19 en la región ahondó el panorama crítico que se presentaba (NU. CEPAL, 2020a). Los efectos de la covid-19 pueden impulsar, a corto plazo, una demanda de atención medica más avanzada de la capacidad que se tiene para prestar el servicio. Sumado a esto, los medicamentos para combatir los casos más graves pueden llegar a escasear debido a la alta demanda que se puede presentar en el aumento del contagio (Vasconcelos, 2020). Entre otras cosas, producto de la solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Cepal de las Naciones Unidas rindió un informe en el que deja claro que producto de la pandemia, América Latina se enfrenta a la peor crisis económica de su historia, desde que estos índices han sido recopilados.

Entre los efectos que ha producido el Covid-19 en la economía latinoamericana se encuentran, entre otros, la reducción del volumen del comercio mundial, que según cifras de la OMC caerá entre el 13 % y el 32 % en 2020, lo que causa un perjuicio en principio a la cadena global de valor en la que la región invierte gran parte de sus exportaciones de materias primas. Además, producto de la caída del precio del petróleo se ha presentado una gran devaluación de las monedas de la región respecto al dólar y aunado a ello, una reducción tanto en las exportaciones de hidrocarburos por parte de países como México, Colombia y Venezuela, como en las ganancias de estas mismas. Asimismo, en los países del Caribe uno de los principales causantes de la crisis económica es la paralización del turismo, actividad que representa el 15,5% del PIB de los países de esa subregión. De igual manera, este sector representa el escenario en el que se sustenta la existencia del 99% de las medianas, pequeñas y microempresas del Caribe y el 77% de la fuente de empleo directo e indirecto.

Otro de los efectos devastadores de la pandemia es el ingreso de remesas en los países latinoamericanos; la contracción económica de Estados Unidos y Europa genera la pérdida de empleos de inmigrantes, y como consecuencia a esto, una gran disminución en el PIB, habida cuenta de que, por ejemplo, las remesas constituyen el 30% del PIB en Haití, el 20% en El Salvador y Honduras, y más del 10% en Jamaica, Guatemala y Nicaragua. Esta situación es alarmante, toda vez que el 80% de las remesas son usadas por sus receptores en la adquisición de los productos básicos de la canasta familiar y demás necesidades esenciales, lo que implica el aumento de la pobreza y la extrema pobreza (NU. CEPAL, 2020d).

Otras cifras para resaltar, es la caída del PIB de la región en un 5,3%, la predicción del aumento del desempleo post pandemia en un 3,4%, el aumento de la pobreza en un 4,4% donde aumenta el valor del 30,3% al 34,7%, lo que representa la aparición de 28,7 millones de personas en esta condición y, en esa misma línea, el incremento de los índices de pobreza extrema en un 2,5%, donde aumenta del 11% al 13,5%. Sin embargo, cabe resaltar que estas cifras son predicciones preliminares que pueden ser sobrepasadas en el transcurso de la crisis de acuerdo con el manejo internacional y estatal de esta.

Según el balance preliminar expedido la mayor caída de la actividad económica se dio en el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre, el PIB de América Latina se habría comenzado a recuperar en relación con la situación presentada en el trimestre anterior. Después de registrar una caída del 15,35% anual en el segundo trimestre, se estima que el PIB del tercer trimestre se habría contraído a una tasa del 7,36% (NU. CEPAL, 2021a). Así pues, el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de América Latina y el Caribe se proyecta para este año en 4,1%, mientras que para el para el año 2022 se estima en 2,9%. La organización señala que, en países como Brasil y México, se prevén incrementos de 3,6% y 4,3% en 2021. No obstante, se estima que los países emergentes en conjunto crecerán 6,3% durante el año (Toro, 2021).

Debido a que, la economía está intrínsecamente relacionada con las condiciones sociales de los Estados, uno de los efectos más desfavorables de la pandemia tiene relación con la desigualdad de género. Así, por ejemplo, en la región el personal de salud se encuentra conformado en un 70% por mujeres. En tal sentido, según CEPAL (2020c), de acuerdo con la alta demanda de este sector en época de pandemia y dado que son las mujeres las que asumen casi en su totalidad el trabajo no remunerado (labores domésticas) que requiere de un mayor esfuerzo con la virtualidad académica, ha sido este sector de la sociedad el que más se ha visto afectado por ahora, con el Covid-19, sin perjuicio de las condiciones posteriores que pueden llevar a su precarización laboral.

En vista de la situación, los países han adoptado medidas para contrarrestar los efectos negativos como consecuencia de la pandemia (NU. CEPAL, 2020b). Por una parte, todos los países han aprobado mecanismos que buscan reforzar los sistemas de salud. Y, por otro lado, Los países de América Latina han adoptado medidas de política fiscal para contrarrestar los efectos adversos sobre la actividad económica, por ejemplo, aplazar o eliminar el pago de ciertos impuestos y subvencionado actividades o a personas afectadas. No obstante, esta medida puede tornarse compleja debido a la elevada informalidad del mercado laboral (Banco de España, 2020).

Gracias a la evolución tecnológica de las redes sociales se evitó la desconexión del sector educativo, social, comercial, médico, familiar, pues estos medios permitieron un acercamiento entre amigos, familia, comerciantes, empleadores y personal de la salud. Las empresas pudieron implementar el teletrabajo, realizar juntas de negocios, reuniones entre socios y diferentes actividades para poder mantener en pie su economía sin afectar a sus trabajadores, el sector salud implementó la prestación de atención medica por medios virtuales continuando con el seguimiento al paciente de una forma segura disminuyendo el riesgo de infección (NU. CEPAL, 2020b, 2021b; Wright, 2020).

Basado en lo hasta ahora dicho, se evidencia un panorama desalentador en materia económica en América Latina; sin embargo, a efectos de realizar una labor propositiva en medio de la pandemia, a continuación, se presenta una exposición de algunas propuestas que pueden favorecer la reactivación económica en la región.

Con base en los criterios usados por la Cepal, la Celac, El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y MERCOSUR, en el presente apartado se mencionará una serie de propuestas económica de mitigación inmediata a los efectos del Covid-19 y la reestructuración del modelo económico post pandemia que debe realizar América Latina, presentándose esto último, desde ya, una propuesta en tal sentido.

En primer lugar, respecto a las propuestas de mitigación de los efectos económicos inmediatos de la pandemia, como base del establecimiento de un modelo diverso al llevado a cabo por los países de la región antes del Covid-19, es preciso hacer cita de lo afirmado por la CEPAL (2020b) en torno a que las “Medidas de estímulo fiscal ante la crisis humanitaria y económica resultarán en un aumento considerable de los déficits fiscales y los niveles de deuda”.

En función de ello, dentro de las propuestas para mitigación se hallan:

a. La renovación de pactos fiscales entre los países de la región para enfrentar futuros ajustes y minimizar riesgos financieros;

b. El aumento de espacio fiscal de los países de la región a través de la condonación y el alivio del servicio de la deuda, reestructuración de esta y suspensión temporal de estas.

c. El acceso a la liquidez en dólares de los países de la región.

d. Pese a que en principio represente un alto costo fiscal para los países de la región, para mitigar los efectos de la crisis humanitaria, es menester iniciar el reconocimiento progresivo de un ingreso básico universal que permitan consolidar los Estados de bienestar y prevenir estallidos sociales que traigan consigo efectos que ahonden la crisis económica.

e. Contrarrestar la evasión fiscal, junto con una coordinación regional y mundial sobre mecanismos de intercambio de información fiscal y financiera.

En segundo lugar, es menester que se dé una reestructuración económica en la región. Al respecto, es preciso anotar que la globalización como eje fundamental del proceso crematístico ha generado unos papeles claros en la cadena de valor; así, por ejemplo, se tiene que China es un productor tecnológico e industrializado, pero también cuenta con un importante porcentaje de fabricación de los productos intermedios del mercado internacional. Asimismo, Estados Unidos cuenta con un rol claro en la producción tecnológica que logra variar con la industrialización de materias primas. En el otro eslabón de la cadena, los países latinoamericanos dedican gran parte de su rol a la producción de elementos primarios.

Esta particular situación, aunada al acuerdo firmado en enero de 2020 entre China y Estados Unidos por el cual el primero se obligó a aumentar el valor de sus importaciones de elementos primarios producidos por el segundo, en un monto de 72 billones de dólares, ponen en jaque la principal actividad de los países de América Latina. En tal sentido, la trascendental propuesta para la reactivación económica a mediano plazo es la diversificación de los proveedores y destinatarios de las exportaciones de los países de la región por los mismos que los conforman. Es decir, es menester establecer y consolidar una cadena de valor regional, sin que esto implique desligarse en su totalidad del mercado global.

Esta propuesta supone un gran reto para la región, toda vez que requiere la industrialización de los países de América Latina y del Caribe, sentar las bases fiscales a través de políticas públicas que permitan el desarrollo de la producción tecnológica, automotriz y robótica en los Estados y la consolidación de las relaciones internacionales, bajo el respecto de los valores democráticos reconocidos por las naciones y con respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos (NU. CEPAL, 2020b). Asimismo, las autoridades responsables de las políticas económicas deben continuar en la búsqueda de la recuperación económica y el crecimiento gradual. Se debe tener como objetivo a largo plazo, mecanismos para mejorar los servicios de salud y educación, la infraestructura digital, la resiliencia al clima y las prácticas empresariales y de gobernanza, que ayudarán a mitigar los daños económicos causados por la pandemia. Por tal motivo, Se espera que la actividad económica regional en América Latina y el Caribe crezca un 3,7 % en 2021. (Banco Mundial, 2021).

Conclusiones

La crisis económica en América Latina no es producto exclusivo de la Covid-19, por el contrario, este sector viene en declive desde la década del 2010, lo que conlleva un reto aún mayor para la región, toda vez que las medidas a mediano plazo no deben procurar alcanzar los índices económicos que antecedieron la llegada del virus a Latinoamérica. En tal sentido, habida cuenta que la afectación en la economía conlleva intrínsecamente una crisis social que puede provocar inestabilidad política, es preciso que los Estados establezcan medidas para mitigar los efectos económicos inmediatos que ha dejado la Covid-19 y se consagren mecanismos de cooperación internacional mediante los cuales se proyecten las herramientas a mediano y largo plazo para la reactivación económica. Así la situación, sin perjuicio de los beneficios que conlleva la globalización y la existencia de la cadena global de valor, es menester promover una cadena regional en Latinoamérica, tanto más cuanto que el virus dejó en evidencia el compromiso particular de algunas regiones, verbigracia, la Eurozona, el sudeste asiático y los mercados del lejano oriente.

Esta cadena regional de valor implica un reto especial para los países latinoamericanos, toda vez que significa la industrialización de la producción de materias primas y a la apuesta por el inicio de la fabricación de nuevas tecnologías que permitan abarcar el mercado de la región, que pueda ser lo suficiente fuerte en virtud de que cuenta con más de seiscientos millones de habitantes.

Referencias

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Notas

Notas de autor