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La Sociedad de Beneficencia y la colocación de indígenas: un acercamiento a través de los contratos de trabajo (Ciudad de Buenos Aires, circa 1885)
Cecilia Lorena Allemandi
Cecilia Lorena Allemandi
La Sociedad de Beneficencia y la colocación de indígenas: un acercamiento a través de los contratos de trabajo (Ciudad de Buenos Aires, circa 1885)
Society of Beneficence and the placement of indigenous people: an approach through labor contracts (city of Buenos Aires, 1885)
Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 19, núm. 1, 2019
Universidad Nacional de La Plata
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Resumen: Este artículo analiza contratos de trabajo de la Sociedad de Beneficencia que formalizaron la colocación de indígenas en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de las “guerras contra el indio” a fines de siglo XIX. Repone los usos que diferentes campos de la historia han hecho del fondo de la Sociedad de Beneficencia y recorre las perspectivas y los tópicos que se han desarrollado. Despliega las posibilidades heurísticas que ofrece la indagación de esos contratos y ofrece una reflexión final sobre su potencial para la historia social del trabajo en perspectiva de género.

Palabras clave:Sociedad de beneficiencia,Indígenas,Contrato,Trabajo forzado,Etnicidad.

Abstract: The article studies work contracts of the Society of Beneficence that formalized the placement of indigenous people in the city of Buenos Aires, in the framework of the "wars against the Indian" in the late nineteenth century. Analyzes the uses that different fields of history have made from the Society of Beneficence’s archives and go through the prospects and topics that have been developed. It displays the heuristic possibilities that offers the investigation of these contracts and a final reflection on its potential for labour history with gender perspective.

Keywords: Society of beneficence, Indigeneous people, Work contracts, Forced work, Etnicity.

Carátula del artículo

Dossier

La Sociedad de Beneficencia y la colocación de indígenas: un acercamiento a través de los contratos de trabajo (Ciudad de Buenos Aires, circa 1885)

Society of Beneficence and the placement of indigenous people: an approach through labor contracts (city of Buenos Aires, 1885)

Cecilia Lorena Allemandi
Universidad Nacional de San Martín/ CONICET, Argentina
Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 19, núm. 1, 2019
Universidad Nacional de La Plata

Recepción: 11 Diciembre 2018

Aprobación: 14 Febrero 2019

Introducción

En el año 1885, la Sociedad de Beneficencia de la Capital (en adelante SB) confeccionó una serie de contratos de trabajo para dar colocación a cientos de mujeres y varones (en menor medida) indígenas que habían sido capturados en el marco de las “guerras contra el indio” que desató el gobierno nacional en Pampa, Patagonia y Chaco, entre 1878 y 18851.

Estos documentos fueron elaborados con un formato que ocupaba una sola página y se repitió en todos los casos observados. El contrato establecía que la Sociedad de Beneficencia hacía entrega de una indígena a una guardadora (en femenino). Dejaba un espacio para consignar con tinta sus nombres y el domicilio de la última. Fijaba las condiciones de entrega y las obligaciones de la contraparte y, entre sus atribuciones, reconocía la posibilidad de retirar a la indígena si ocurría alguna irregularidad o era cedida a terceros sin su conocimiento. A su vez, permitía que la indígena vea a sus parientes, indicando que se facilitarían sus direcciones. Fijaba el mes y el año de su celebración y dejaba un espacio para completar el día a mano. Finalmente, ofrecía el espacio para que la guardadora manifestara su conformidad mediante su firma. Las condiciones de entrega no variaron de un contrato a otro. Lo que sí varió fue el sexo, la edad y la cantidad que fue objeto de esas colocaciones.

Los y las indígenas no participaron del acuerdo porque no mediaba su consentimiento. Esto se debía a que la Sociedad de Beneficencia cumplía una función tutelar sobre estas poblaciones cautivas que debían ser integradas a la “civilización”. Los contratos formalizaron la entrega de indígenas solas, madres con hijos, parejas con hijos que quedaban al servicio de la guardadora y su familia. Si bien el documento no aclaraba para qué labores específicas eran colocados, es posible suponer que los repartían para realizar trabajos de servir. Desde tiempos coloniales, la incorporación de indígenas a la ciudad, especialmente de mujeres y niños, se dio a través del servicio doméstico (Sarmiento, 2016; Kuznesof, 1993; Santamaría, 2007).

El acercamiento a estos contratos habilita una serie de preguntas y tópicos propios de la historia social del trabajo en perspectiva de género. Se trata de fuentes documentales poco transitadas por la historia, que permiten explorar el fenómeno del reparto y colocación laboral de indígenas en la ciudad de Buenos Aires en el marco de las campañas militares que finalizaron con su vida autónoma a fines de siglo XIX. Sobre estos temas versa el presente ensayo.

La presencia indígena en el mundo del trabajo en América Latina ha sido analizada generalmente en regiones y épocas donde han sido más numerosos, o bien, importantes desde el punto de vista económico y/o productivo (Losada Moreira et al, 2014). En Argentina, las investigaciones se han concentrado mayormente en los siglos XVIII y XIX. El tratamiento que recibieron las parcialidades indígenas chaqueñas ha sido mayormente conocido por el desarrollo de una profusa historiografía vinculada a la agroindustria azucarera del norte del país, sobre todo en el período que se extiende entre 1870-1920 (Campi y Bravo, 1999). Por su parte, en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento más acabado de lo que ocurrió con las comunidades autónomas en el sur del país una vez que se llevaron a cabo las campañas militares de 1878-1885.

Para la región de Pampa y Patagonia, Mases realizó el principal estudio sobre la relación que estableció el Estado con las poblaciones sobrevivientes a fines de siglo XIX (Mases, 1998; 2010). El “problema del indio” puede ser considerado como una faceta más de la denominada “cuestión social” (Zimmermann, 1995; Suriano, 2000), de allí que el autor refiere a la “cuestión indígena” para dar cuenta de la relevancia que tuvo el fenómeno para el gobierno nacional. Se focalizó en las distintas políticas implementadas para resolver el destino final de los grupos reducidos, el tratamiento que recibieron durante la denominada “Conquista del Desierto” y sus consecuencias. El sistema de distribución, como método de integración indígena, implicó que los grupos sobrevivientes fueran trasladados a la Isla Martín García o a la ciudad de Buenos Aires y fueran utilizados como mano de obra forzada porque el trabajo era considerado un medio de integración y civilización. Así, mientras los hombres fueron destinados al servicio de armas en el Ejército y la Marina, las mujeres y los niños se colocaron en casas de familia como sirvientes y criados. También hubo contingentes que fueron enviados a los ingenios azucareros en Tucumán y otros a establecimientos rurales. Entre las instituciones encargadas del sistema de distribución que el autor identifica se encuentran: la Comandancia General de Armas, la Sociedad de Beneficencia de la Capital y los Defensores de Pobres e Incapaces2. De todas formas, no fueron las únicas vías de entrega y colocación de indígenas. Los repartos lejos estuvieron de ser ordenados y controlados ya que muchos funcionarios de gobierno y militares –mediante una simple orden– disponían de ellos haciendo uso de sus influencias. Todo esto ha generado muchas dificultades para reconstruir y dimensionar el fenómeno (Mases, 2010: 122).

Pérez Zavala (2012), indagó en la región cordobesa (Río Cuarto) y observó que el destino de los grupos ranqueles dependió de variables tales como el momento de la rendición, la forma de entrega (“voluntaria” o forzada), las características de los contingentes (su composición por género y edad, la presencia de caciques o capitanejos, los vínculos con misioneros). Advierte que las mujeres y niños fueron objeto de prácticas de colocación y crianza promovidas por los grupos de poder locales. Al igual que los varones, fueron utilizados como mano de obra forzada a partir de las campañas de 1878/1879. En línea con el estudio anterior, identificó que mientras algunos grupos fueron enviados a localidades aledañas y estancias de la región, otros fueron trasladados a Tucumán, Misiones o la Isla Martín García.

Muy expresivos son los trabajos de Nagy y Papazian (2010, 2018) en relación a este último destino y a los tratos que allí recibieron las poblaciones indígenas. Consideran que la isla Martín García ofició como campo de concentración donde los y las prisioneras de guerra tuvieron que soportar miserables condiciones de vida, hacinamiento, falta de higiene, mala alimentación, epidemias y muerte. Indagando en la cotidianeidad de la vida en la isla, reparan en la centralidad que tuvo el trabajo en ese contexto y las diversas labores que estas poblaciones realizaron –en las canteras de tierra, extracción de arena, en el horno, en el cementerio, en el potrero, en la carpintería, servicios domésticos, entre otros– (p. 7). En los registros castrenses también encuentran prácticas de reparto (por fuera de la isla) que coinciden con los destinos previamente identificados: servicio doméstico, actividades productivas y Fuerzas Armadas (pp. 8-10). Interpretan esos procedimientos como “formas de control, disciplinamiento y explotación” y consideran que formaron parte de un genocidio.

Estos autores participaron de una importante obra colectiva recientemente publicada que –de conjunto– ofrece una mirada profunda de las modalidades y experiencias de “sometimiento, detención, deportación, explotación e incorporación” de la población originaria en el proceso de construcción y consolidación del Estado nación argentino entre fines de siglo XIX y mediados del siglo XX (Del Río et. al, 2018). En ese marco, el trabajo de Escolar y Saldi (2018) reconstruye los derroteros de los grupos pehuenches, puelches y picunches en Mendoza. Además de evidenciar que fueron ubicados para el trabajo en obrajes, estancias, fincas o casas de familia locales, los autores se proponen comprender cuáles fueron los procedimientos para la “administración, control, distribución y apropiación de prisioneros”; cómo fueron identificados y de qué forma se procesó su diferencia, qué espacios y posiciones ocuparon en la sociedad mendocina y cuál fue el rol de la iglesia católica en esos procesos. Por su parte, el trabajo de Lenton y Sosa (2018) aborda las vicisitudes que atravesaron los pampas en su traslado desde la frontera hasta los ingenios azucareros de Tucumán y Misiones y también a las casas de familia de la capital tucumana3. Se proponen demostrar la existencia de una “coordinación a nivel nacional de la explotación de los prisioneros” y destacar las formas de resistencia de las “víctimas de ese proceso genocida” (p. 130).

Cuando las campañas del Gral. Roca concluyen en el sur del país hacia 1885, el “problema del indio” pareció finalizar como conflicto prioritario del Estado nacional. No obstante, como señala Lagos, aún quedaba en pie en el norte el “bastión chaqueño” (Lagos 2000a; 2000b). En ese otro escenario, el autor se interesa por indagar las estrategias de asimilación de grupos matacos y tobas. Para ello, reconstruye la visión de los sectores dominantes locales (políticos, empresarios, militares, religiosos) e intenta responder qué se entendía por “integración”. Señala que básicamente se trató de una incorporación forzada a través de: el trabajo, el acceso a la tierra, la educación, la religión y la legislación. Ahora bien, de todos esos medios, el autor identifica que el trabajo era considerado el elemento integrador por excelencia porque los acercaba a las pautas de la sociedad occidental y, sobre todo, los convertía en un elemento de utilidad para las haciendas, ingenios, obrajes, algodonares. Lagos hace notar que por detrás de este discurso lo que subyace fue la necesidad del poder político y empresariado local de contar con mano de obra barata, lo que permite pensar que, además de “civilizador”, el trabajo indígena era considerado necesario para el desarrollo de la región (Lagos 2000a pp. 35-36).

Todos estos estudios evidencian que el trabajo –como experiencia vital– ha sido central en el proceso de asimilación de las poblaciones indígenas a la sociedad estatal. En el caso de los hombres, las alternativas más frecuentes fueron el servicio de armas (con el ejército enemigo), las faenas rurales en estancias de la campaña bonaerense o del litoral, ingenios y plantaciones azucareras en el norte, entre otros destinos. Los estudios que analizaron el desarrollo y funcionamiento de los mercados de trabajo y los mecanismos de disciplinamiento de la mano de obra en la Provincia de Buenos Aires y el litoral (Sábato y Romero, 1992; Lobato, 2000) y en el norte del país (Guy, 1978; Iñigo Carrera 1984, 1988; Campi, 1993; Gordillo, 1996), ofrecen elementos que permiten comprender los destinos impuestos. La escasez crónica de brazos se reveló como un problema extendido –que se agudizaba en las actividades agropecuarias– y que se afrontó implementando diversas formas coercitivas de control para limitar la libertad de movimiento.

En el caso de las mujeres y niños, el destino privilegiado en general parece haber sido el servicio doméstico. Las investigaciones que han analizado los procesos de inferiorización de las poblaciones que forman parte del servicio doméstico en América Latina han planteado que se trata de un trabajo que etniza y racializa. Varios estudios antropológicos evidencian cómo en varios países de la región las mujeres son indias o negras en gran medida porque han formado parte del servicio doméstico, ya que se trata de un trabajo que actualiza una relación histórica de dominación en un contexto específico. Refieren a la “colonialidad” de la relación del servicio doméstico para dar cuenta de las diferencias y jerarquías que se configuran en el sector (Cumes Simón, 2014). También señalan que el servicio doméstico como espacio de trabajo ha reforzado elementos negativos de su condición étnica en la medida que se considera que ellas sólo pueden afrontar labores de menor calificación porque no son aptas o no están capacitadas para realizar otro tipo de trabajos. Hasta tal punto se ha reforzado la relación entre las mujeres indígenas y el servicio doméstico que refieren a procesos de etnización y racialización del mercado de trabajo y a la conformación de nichos laborales (Durin, 2014).

En estas investigaciones, las formas y experiencias de trabajo de indígenas han sido recuperadas y visibilizadas a través de fuentes tan diversas como: registros parroquiales, legislación, debates parlamentarios, archivos castrenses, memorias de gobernaciones, informes de inspecciones de tierras y colonización, memorias de viajeros, prensa, obras literarias, correspondencia particular, testimonios orales. El trabajo de estas poblaciones ha sido pensado en términos de etnocidio o genocidio (según el caso), como forma de explotación, como estrategia de integración subordinada, como experiencias de etnización y/o racialización.

Este artículo se organiza en torno al análisis de los contratos de trabajo de la Sociedad de Beneficencia que formalizaron la colocación de indígenas con particulares en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de las “guerras contra el indio” a fines de siglo XIX. En línea con la propuesta del dossier, en un primer momento, repone los usos que diferentes campos de la historia han hecho del fondo Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y Asistencia Social y recorre las perspectivas y los tópicos que se han desarrollado. En un segundo momento, despliega las posibilidades heurísticas que ofrecen esos contratos. Por último, ofrece una reflexión sobre el potencial de estas fuentes para la historia social del trabajo en perspectiva de género.

El fondo de la Sociedad de Beneficencia: usos y perspectivas

Los contratos laborales que se analizan en este ensayo forman parte de un legajo perteneciente al Fondo Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y Asistencia Social, que está bajo la guarda del Archivo General de la Nación (AGN). Esto se debe a que el gobierno nacional había encomendado el destino de los indígenas a la Sociedad de Beneficencia de la Capital debido a que la “redención y civilización” de estas poblaciones debía ser garantizada a través de la protección y la tutela del Estado (Aversa, 2015, pp. 69-74; Allemandi, 2017, pp. 130-133).

La Sociedad de Beneficencia era dirigida y administrada por mujeres pertenecientes a las elites del ámbito local. La asociación recibía recursos públicos para el sustento de Casa de expósitos, asilos, hospitales, manicomios, maternidades, establecimientos todos destinados a la asistencia y protección de mujeres y niños de bajos recursos (Moreno, 2000; Pita, 2012). Desde sus inicios en 1823, esta agencia experimentó una gran expansión de sus atribuciones y funciones. En efecto, a excepción del período de gobierno de Rosas –donde no contó prácticamente con apoyo económico y algunas de sus instituciones tuvieron que cerrar–, su derrotero evidencia un claro proceso de consolidación institucional a partir de la creación de nuevos establecimientos y la multiplicación de sus prestaciones. Desde sus inicios estuvo bajo la órbita del gobierno provincial y a partir de 1880, fue integrada al organigrama del Estado nacional hasta su disolución en 1946.

La extensa gestión de la Sociedad de Beneficencia generó una ingente cantidad de documentos referidos a las Instituciones de Minoridad u Hospitalarias y documentos correspondientes a la Administración Central en el lapso que se extiende entre 1823 y 19464. También se encuentran publicaciones en forma de folletos o revistas que muestran su rol médico-asistencial; reglamentos internos de los establecimientos; proyectos institucionales; comunicaciones de todo tipo que forman parte de su labor cotidiana y su relación con otras instituciones y/o con particulares (notas, informes, cartas, recortes periodísticos, etc.). Finalmente, completan el fondo colecciones fotográficas y películas de los años treinta que guarda el Departamento de Fotografía y el Departamento de Cine, Audio y Video5.

¿Qué tipo de usos ha hecho la historia de este fondo? ¿Qué temas y perspectivas se han desarrollado a partir de los acercamientos a este gran reservorio documental?6.

Una de las perspectivas que se ha desarrollado está asociada a la historia de la formación del Estado. En las últimas dos décadas, varios estudios fragmentaron y desacoplaron al Estado en el análisis de múltiples escalas, agencias, figuras, lógicas y prácticas (municipio, cárceles, policías, hospitales, médicos, abogados, etc.), contribuyendo a revisar las relaciones con otros actores estatales y extraestatales; la formación de elites, agentes y técnicos estatales; los márgenes de autonomía, las fronteras (a veces difusas) del espacio estatal. Todo esto permitió identificar una pluralidad de configuraciones y trayectorias de organismos estatales (Plotkin y Zimmermann; 2012; Bohoslavsky, 2014).

En ese marco, la indagación del fondo contribuyó a que se revisaran ciertos consensos: de un lado, la interpretación de la Sociedad de Beneficencia como una asociación privada o semipública que sólo recibía recursos por parte del Estado; del otro, la de un Estado liberal absentista en materia asistencial. A contrapelo, se inauguró una perspectiva que concibió a dicha institución como parte del entramado estatal (Moreno, 2000, 2003; Guy, 2000, 2011; Facciuto, 2003; Pita, 2012, 2014).

En el desarrollo de esta perspectiva fue fundamental la compilación organizada por Moreno (2000) que reunió una serie de ensayos que se focalizaron en el estudio de establecimientos de asistencia infantil, discursos y prácticas asociados a la niñez pobre y desvalida en un lapso de larga duración (siglo XVII al XX)7. De conjunto, la obra demuestra que la creación y consolidación de la Sociedad de Beneficencia (y la multiplicación de espacios y prestaciones) formaron parte de la historia de la construcción de las políticas sociales y asistenciales y del Estado social. Al plantear la idea de la existencia de una “política social antes de la política social” habilitó la pregunta sobre el carácter fundacional del peronismo en esa materia, apostando por una mirada de larga duración de un proceso lento, complejo y accidentado, en el que participaron diferentes actores sociales e institucionales (Remedi, 2009, pp. 92-93).

Desde una perspectiva de género, Pita (2012, 2014) ha analizado la experiencia de la administración y dirección del Hospital de Mujeres Dementes en la segunda mitad del siglo XIX. A través del manicomio, la autora indaga en un intrincado espacio en el que la clase y el género resultan fundamentales para comprender relaciones, significados sociales y políticos. Sus trabajos ofrecen interesantes reflexiones sobre las tensiones y conflictos entre administradoras y médicos, funcionarios, agentes y técnicos estatales. Las características de la administración pública sanitaria en ese lapso y los procesos de formación de las elites estatales y de los saberes especializados, han permitido revisar la visión de la agencia como arcaica y “no científica”. Más allá de la historia institucional, en otro interesante estudio, Pita (2009) atendió a las relaciones entre las mujeres benefactoras y mujeres trabajadoras que recurrieron a las instituciones bajo su órbita. Distanciándose de abordajes más centrados en las prácticas de disciplinamiento y control social de los pobres, analizó la forma en la cual esos encuentros implicaron expectativas, tensiones y negociaciones entre unas y otras. El contacto diario entre ellas daba lugar a reapropiaciones por parte de las trabajadoras y propiciaba que las damas reconocieran la asociación entre trabajo y pobreza femenina, replanteando sus formas de intervención sobre esas poblaciones.

Varios estudios mostraron que la filantropía fue una actividad “apropiada” para mujeres de clase media y alta, que les permitió trascender la esfera doméstica y redefinir los significados de la participación y la representación (Paz Trueba, 2010; Guy, 2011; Pita, 2012). El análisis del fondo de la Sociedad de Beneficencia permitió visibilizar la presencia de las mujeres en diferentes instituciones asistenciales y sanitarias y repensar su lugar en la esfera pública “moderna”. Como señala Donna Guy (2011), las mujeres filantrópicas lucharon por protección y derechos, negociaron y confrontaron con otros actores sociales y políticos, definieron sus atribuciones y espacios de acción participando del proceso de construcción de espacios institucionales y estatales. Abonando a esta perspectiva, un trabajo reciente analizó una serie de políticas públicas financiadas por la Lotería de Beneficencia Nacional en el período 1895-1932 (Cecchi, 2017). Poniendo el acento en los fondos recaudados por los juegos de azar, evidenció que la lotería resultó ser una fuente central de financiamiento estatal (para afrontar emergencias y catástrofes, la construcción de inmuebles y el desarrollo de grandes obras públicas tendientes a reforzar el proyecto nacional) y que en la definición del destino de fondos las benefactoras tuvieron gran influjo.

La historia de infancia y la minoridad también ha abrevado en estas fuentes. Los cambios y continuidades en las políticas dirigidas hacia la infancia pobre y desvalida, la configuración de la noción de la tutela estatal, la evolución del campo de acción compartido por diferentes actores institucionales (entre las que se encontraba la Sociedad de Beneficencia) ha sido indagado por varias autoras (Zapiola, 2010; Paz Trueba, 2010; Villalta, 2012; Aversa, 2006, 2015; Freidenraij, 2015). Haciendo uso de los documentos contenidos en el fondo de la Sociedad de Beneficencia, Villalta (2005, 2010, 2012) indagó en discursos, prácticas y proyectos institucionales y conflictos en torno a la minoridad en un proceso de larga duración. Conforme fueron mutando ciertas concepciones en torno a la familia y a las obligaciones de los padres en relación a sus hijos, observó un proceso de ampliación de las atribuciones del Estado, identificando ciertas líneas de continuidad con el fenómeno de las entregas y secuestros de niños durante la última dictadura militar.

A través del análisis de los reglamentos internos de los asilos de menores (como el Asilo de Huérfanos, y el Asilo Mercedes, entre otros), Aversa (2015) ha mostrado la centralidad que tuvo el trabajo en la vida asilar y en los proyectos institucionales destinados a las niñas y niños pobres, huérfanos y abandonados. En efecto, ha estudiado las prácticas institucionales de entrega y colocación, demostrando que el trabajo era concebido por defensores y benefactoras como una herramienta de contención e integración social, pero también de disciplinamiento y moralización de los sectores populares (Aversa, 2010). Esta autora también ha problematizado la definición y alcance de la figura de la tutela a fines del siglo XIX y principios del XX, su relación con las problemáticas del trabajo, los sentidos sociales que diferentes actores le atribuyeron y los grupos sociales que fueron objeto de ese tipo de intervenciones: niños y niñas pobres, huérfanos y abandonados, víctimas de epidemias, de conflictos armados, poblaciones indígenas cautivas, entre otros (Aversa, 2015).

Para cerrar este recorrido, me permito referir a mi propia experiencia. En el proceso de investigación de la cual resultó mi tesis doctoral tomé contacto con el fondo. Avanzaba en una historia social del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires a fines de siglo XIX y principios del XX (Allemandi, 2017). Siguiendo la pista de los niños sirvientes y criados, revisé documentos de las instituciones de minoridad. Orientaban mi pesquisa la necesidad de dimensionar y comprender una serie de fenómenos tales como: la entrega y colocación de menores, los sentidos atribuidos a esas prácticas; la dimensión institucional de la circulación de niños y el lugar que ocupaba el servicio doméstico en esos procesos de reproducción social8. En esa búsqueda, observé materiales que permanentemente hacían referencia a las condiciones de vida y de trabajo de los pobres urbanos, a las formas mediante las cuales resolvían su subsistencia y la de sus hijos. Historias de sirvientas que eran madres y solicitaban ingresar a sus hijos a un asilo. Amas de leche que tomaban niñas y niños para criar. Niñas y niños que eran colocados como criados. Patrones que solicitaban (o devolvían) menores para servir. Mujeres y niños indígenas listados y colocados por las benefactoras. Esta experiencia para mí fue reveladora porque pude comprender, por un lado, la importancia que tenía en el fenómeno de la circulación de niños y el servicio doméstico como espacio de trabajo; y por otro lado, la complejidad del sector y las vinculaciones que tenía con un engranaje socioinstitucional más amplio, con políticas asistenciales y con procesos de reproducción social.

Como puede observarse, los problemas y perspectivas desarrolladas a partir del fondo de la Sociedad de Beneficencia son muy variados. Evidentemente, este reservorio no ha sido suficientemente transitado, empleado ni aprovechado. La historia social del trabajo ha tenido relativamente pocos acercamientos, sobre todo si consideramos las incursiones que sí se han realizado desde la historia de las mujeres, de la familia, de la infancia y de la formación del Estado. En relación a la problemática indígena para el período que nos ocupa, el fondo ha sido utilizado para problematizar los alcances de la figura de la tutela y su relación con el trabajo (Aversa, 2015, pp. 69-73) y para evidenciar la presencia de mujeres y niños cautivos en el servicio doméstico (Allemandi, 2017, pp. 130-133). Veamos qué otras posibilidades ofrece para estudiar la entrega y colocación institucional de indígenas en el marco de las campañas militares finiseculares.

Contratos para la colocación de indígenas

La Sociedad de Beneficencia participó de la “civilización de indios y redención de cautivos” a fines de siglo XIX. Desde tiempos coloniales los establecimientos que cumplían funciones asistenciales, benéficas y/o punitivas en la ciudad se abocaban a albergar y colocar mujeres y niños indígenas en casas de familia para servir9. No obstante, una de las diferencias con experiencias previas radicó en la dimensión del fenómeno de los repartos, por su masividad (Pérez Zavala, 2012). Fueron más de cinco mil indígenas que transitaron por la ciudad de Buenos Aires para ser repartidos entre 1878 y 1885 (Mases, 2010)10.

La Sociedad de Beneficencia tuvo que albergar de forma transitoria a los contingentes de indígenas y operativizar sus colocaciones que, en ocasiones, fueron formalizadas mediante la celebración de contratos11. En línea con este accionar, en el año 1885 se celebraron (al menos) ochenta y cinco contratos que dieron colocación a ciento veintitrés indígenas. Si bien estos documentos consignaron datos ínfimos, la confección de una matriz de datos a partir de la transcripción de la información disponible permite realizar una descripción y análisis de las poblaciones cautivas y del fenómeno de las colocaciones que tuvieron lugar en ese marco.

No es posible saber qué requisitos debían reunir las familias para ser beneficiaros del reparto de indígenas. Lo que sí podemos saber es bajo qué condiciones fueron entregados. El acuerdo escrito establecía que dicha institución entregaba “a la indígena (…) a la Sra. (…), domiciliada en (…)”. El hecho de que esté consignado en femenino permite pensar en la fuerte asociación entre mujeres indígenas y servicio doméstico.

Las colocaciones se realizaban bajo una serie de condiciones. Entre las cargas de la depositaria se encontraba la obligación de “tratar bien á la indígena, vestirla y proveer á [sic] todas sus necesidades, instruirla en la Religión Católica y hacerla bautizar”. A su vez, se destacaba que “un año después de tenerla”, se le asignaría un sueldo fijado de acuerdo con la Sociedad. Por otra parte, quedaba prohibido “hacer traspaso de ella” a otra persona sin autorización de la Sociedad, quien se reservaba por su parte el derecho de velar por el cumplimiento de estas condiciones y de retirar a la indígena si no se cumplían. Por último, se aclaraba que la indígena podía ver a sus parientes (cuyas direcciones les serían dadas)12.


Figura 1. Cantidad de indígenas entregados por contrato, 1885-1887

Fuente: contratos de colocación de indígenas. Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.

Estas poblaciones fueron colocadas bajo el compromiso de educarlos cristianamente, alimentarlos y vestirlos. Evidentemente se trató de entregas y acuerdos que implicaron formas de trabajo sin compensación salarial, al menos durante el primer año de servicio. Las colocaciones de más de un/a indio/a por vez en entornos domésticos deben haber sido experiencias de fuerte dependencia y subordinación. Al ser inferiorizados social y jurídicamente, los y las indias fueron tutelados por la Sociedad de Beneficencia –brazo asistencial del Estado– y expuestos a contextos forzados de trabajo (no olvidemos que se trataba depoblaciones cautivas). Si bien los contratos de colocación de indígenas no especificaron el destino laboral, es muy factible que hayan sido repartidos como sirvientes y criados.

La mayoría de los contratos fueron celebrados en el transcurso del mes de noviembre de 1885 (61 %). No obstante, muchos no completaron la fecha (36 %). Por su parte, una minoría de los contratos se fechó con posterioridad (3 %), en los años 1886 y 1887 (tachando el año del texto impreso y corrigiéndolo con tinta).


Figura 2. Fecha de celebración de los contratos, Noviembre de 1885

Fuente: contratos de colocación de indígenas. Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.

Un aspecto que llama la atención es la velocidad de la distribución. Aunque no podemos saber si los contratos fueron celebrados (o no) al momento de efectuarse la entrega, sí es evidente que fueron confeccionados con apresuramiento. La desprolijidad de la escritura, la irregularidad de su confección y la falta de datos obligatorios –como nombres, fechas y firmas de conformidad– sugieren que se completaron rápidamente y sin demasiadas formalidades.

Expresiones como indio o india fueron de uso constante. Mientras en el caso de la depositaria se consignó nombre y apellido, la forma de registro de los y las cautivas es más irregular. Sus nombres de origen generalmente fueron registrados (aunque a veces no se apuntaron). No es posible saber a qué parcialidades pertenecen esas poblaciones, situación que contribuye a la pérdida de su etnicidad distintiva, a la homogeneización de su condición. No obstante, a juzgar por las fechas y otras informaciones disponibles en el legajo, se puede establecer que fueron capturados en el norte del país, en el marco del avance militar sobre el “bastión chaqueño”.

Los contratos siguieron un modelo estereotipado. Sus cláusulas se reiteran en todos los casos observados. Las variaciones y especificidades están asociadas al sexo, la edad y la cantidad de los y las indígenas colocados. La mayoría de las veces se colocaron indígenas solas. No obstante, como se realizaron entregas de más de un indígena por vez, los datos consignados permiten inferir que estaban unidos por relaciones de parentesco, tratándose generalmente de madres e hijos. En menor medida, tuvieron lugar colocaciones más numerosas de parejas con hijos. Si bien formalmente no participaron de la celebración de los contratos, cabe preguntarse si tuvieron alguna incidencia en los casos en los cuales fueron colocados con sus familiares o si directamente se trató de una negociación que tuvieron benefactores y particulares entre sí.


Figura 3. Parentesco de indígenas colocados a través de los contratos

Fuente: contratos de colocación de indígenas. Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.

La representación de varones y mujeres en el reparto fue muy desigual, con un claro predominio de las últimas: de cada diez indígenas, siete fueron mujeres. A su vez, entre ellas, una importante proporción eran madres (36 %) y fueron colocadas junto a sus hijos. Bajo esta última condición se registraron la mayoría de los varones (75 %) que fueron colocados (“indígena (…) con hijo” “indígena (…) con chico”). Y si bien no es posible conocer sus edades específicas, esa condición de “hijos” permite suponer que se trató de niños, y no de jóvenes o adultos. Finalmente, una minoría de los varones fue entregado como su pareja o su familia (“indio (…) y su mujer”; “indio (…), su mujer (…) y un hijo”).

En su mayoría, fueron repartidos entre particulares, familias radicadas en la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, en localidades de la Provincia de Buenos Aires. Sólo uno de los contratos registró como destino a un establecimiento de la beneficencia pública.

Dentro del legajo “Servicios extraordinarios” se pueden identificar otros documentos que conforman el segmento denominado “protección á indígenas y su colocación”. Su disposición, es decir, el orden en el que fueron preservados parece respetar su contexto de producción: una nómina de indígenas repartidos por su intermedio que data de 1878; solicitudes de información sobre otros indígenas cautivos; solicitudes de alojamiento a indígenas provenientes de la Isla Martín García; una segunda nómina que indígenas repartidos de 1885; reclamos e intercambios epistolares de la Sociedad para recuperar indígenas apropiados por militares que datan de 1885 y contratos de entrega y colocación de indígenas (circa 1885), entre otros materiales13.

Una mirada de conjunto del legajo permite establecer algunas relaciones. Como ya fuera señalado, en 1885 una oleada de colocaciones se realizó a pedido del Ministro de Guerra. En esta oportunidad fue repartida una legión de trescientos veinticinco indígenas provenientes del Chaco. En el marco de este último reparto, se generó un serio conflicto entre la Sociedad de Beneficencia y los miembros del Regimiento N.° 6 de Caballeriza, ubicado en la Provincia de Buenos Aires donde estuvieron prisioneros los grupos provenientes del norte. Los militares habían dispuesto de muchas mujeres para repartirlas entre diferentes familias, con consentimiento del Sargento del establecimiento pero sin la autorización de las damas de la beneficencia. En este asunto intervino el Ministro de Guerra para que esos grupos fueran restituidos a la Sociedad para su oportuno reparto, cumpliendo así con las atribuciones y las funciones que a ellas se les habían asignado14. Es posible que algunos de los y las indígenas implicados en ese conflicto fueran repartidos a través de esos contratos. Las fechas y los nombres de algunas “guardadoras” coinciden con las de las personas implicadas en el reparto que discrecionalmente llevaron a cabo militares del Regimiento N.° 6 de Caballeriza.

Ahora bien, la práctica de formalizar entregas y colocaciones por medio de contratos no era una novedad para la Sociedad de Beneficencia. En efecto, documentos similares eran confeccionados para vehiculizar las colocaciones de menores institucionalizados, sobre todo en casas de familia para servir (Aversa, 2010, 2014, 2015; Allemandi, 2017). Estas prácticas eran registradas y se formalizaban mediante un “formulario de compromiso” donde quedaban explicitadas las cargas de las partes. A fines de siglo, se utilizaba un modelo de contrato en el cual se establecía que la Presidenta de la Sociedad “entregaba” al depositario (en masculino) una niña menor de edad “para que le sirva”15. Este la tomaba a su cargo bajo la condición de “cuidarla y educarla moral y religiosamente” y de “atender á su alimentación y vestido”. A su vez, se explicitaba que no se establecía una obligación salarial hasta que la menor cumpliera 18 años de edad, momento en el cual debía fijarse un sueldo “acordado” con el defensor de menores. La menor colocada podía ser retirada de la casa donde se encontraba en caso de fallecimiento del depositario o si no se cumplía con las obligaciones contraídas. Además podía prestar conformidad (o no) a lo pactado en el compromiso una vez que alcanzara los 14 años (edad establecida por el Código Civil). El mismo debía ser ratificado por el defensor de menores, quien a su vez, tenía que controlar su cumplimiento (Allemandi, 2017).

Si la similitud con los contratos confeccionados para la colocación de menores es notable, también es posible establecer similitudes con mecanismos de control de mano de obra preexistentes. Entre ellos se puede mencionar el “régimen de aprendizaje” que afectaba a menores colocados como “aprendices” (por parientes, jueces de paz o defensores) en talleres artesanales o manufactureros. La ley sancionada en 1821 que rigió los “contratos de aprendizaje” hasta por lo menos la década de 1860, establecía con claridad las relaciones entre el aprendiz y el patrón. Los contratos se registraban en la jefatura de la policía, por lo que podía recurrirse a ella en caso de incumplimiento. Eran firmados por el padre del menor y el patrón e implicaban que el aprendiz quedaba bajo su supervisión directa. Las restricciones que suponía para los aprendices estaban teñidas de una vieja concepción paternalista pero así también de una preocupación más moderna por disciplinarlos, atenuar sus ausencias, combatir la resistencia a afincarse en un trabajo fijo y evitar el “robo” de operarios (Sábato y Romero, 1994, pp. 178 y ss.; Lobato, 2000, pp. 468 y ss.).

Otro ejemplo puede ser la legislación referida a “vagos y malentretenidos”. Aunque se aplicó en las ciudades, su destinatario principal fue el hombre de la campaña. Ya en el año 1814, se había establecido que todos aquellos carentes de “propiedad legítima” estaban obligados a tener un empleo y portar una “papeleta” firmada por su patrón y por el juez de paz que certificaba la condición de “empleado”. La papeleta debía ser renovada de forma periódica y su carencia determinaba su clasificación como “vago” y la pena era el servicio de armas. Otro instrumento utilizado fue la exigencia de “pasaporte” para moverse de un partido, una provincia o una ciudad a otra (Sábato y Romero, 1994; Lobato, 2000).

A partir de 1852, esas disposiciones cambiaron hasta que en 1865, todas ellas fueron reunidas y perfeccionadas en el “Código Rural”. Este regulaba las relaciones entre terratenientes y trabajadores y definía cuestiones centrales como los derechos de propiedad, la organización de la policía rural, la relación entre los terratenientes. Entre otras cuestiones, establecía que todo peón debía conchabarse mediante un “contrato” extendido por el juez de paz y que para trasladarse fuera del partido debía llevar un certificado del patrón. Asimismo, definía como “vago” a todo aquel que careciendo de domicilio fijo y de medios conocidos de subsistencia perjudicara a la moral por su mala conducta y vicios habituales. Paulatinamente, estas regulaciones fueron desapareciendo. Con la reforma del código rural de 1870 se suprimieron las disposiciones sobre vagos y el pasaporte fue abolido en 1873 (Sábato y Romero, 1994; Lobato, 2000).

La Sociedad de Beneficencia debía cumplir una función humanista en la medida que le correspondía “proteger” y “civilizar” a estas poblaciones. Como bien ha señalado Lagos (2010), prevalecía una mirada paternalista ya que se consideraba que era el Estado el que debía “integrar”, “acoger” a estas poblaciones que, claramente, estaban en inferioridad de condiciones. Los indígenas eran minorizados legalmente, considerados incapaces, de allí la necesidad de protegerlos (p. 34). La condición de inferioridad jurídica y social a la que quedaban reducidos justificaba la tutela sobre ellos ejercida16. Las mujeres y niños indígenas fueron afectados a los circuitos institucionales de colocación bajo la lógica de la protección y la necesidad de regenerar sus hábitos para garantizar su asimilación social y cultural.

Por su parte, el hecho de que el servicio doméstico haya sido uno de los destinos privilegiados para las mujeres y niños indígenas cautivos da cuenta del lugar que esas poblaciones ocuparon en la sociedad a la que debieron integrarse. En la ciudad de Buenos Aires de fines de siglo XIX ser sirviente no era un trabajo, denotaba más bien una condición social inferior. En gran medida, eran mujeres y niños pobres, hijos naturales, inmigrantes recién llegados, huérfanos y abandonados, menores institucionalizados, mujeres con problemas con la ley, chinas y descendientes de exesclavas o esclavos negros los que prestaban servicios domésticos (Allemandi, 2017). Sobre todo, la modalidad más extendida, que implicaba la cohabitación con los patrones (“cama adentro”), contribuía a generar situaciones de mucha subordinación y dependencia. En este punto, es posible plantear que al nutrirse de estos grupos estigmatizados por su condición étnica (por considerarse “bárbaros”, “salvajes”, “atávicos”), el servicio doméstico reforzó la construcción de esas diferencias y las jerarquías existentes.

Trabajo forzado, tutela, etnización, dependencia e integración subordinada

Este artículo se organizó en torno a los contratos de colocación de indígenas que la Sociedad de Beneficencia celebró en torno al año 1885, en el marco de las “guerras contra el indio” en el norte del país. Forman parte de uno de los legajos del fondo Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y Asistencia Social y disparan una serie de interrogantes: ¿Quiénes eran los contingentes colocados y qué tratamiento les depararon? ¿Qué características tuvieron esos arreglos formales entre las benefactoras y las guardadoras y cuáles fueron las condiciones de entrega y colocación? ¿Cómo fueron asimilados los y las indígenas cautivas? ¿En qué medida su condición étnica, de género y su edad sellaron su destino y su posición social en la ciudad? ¿Qué otras poblaciones fueron objeto de este tipo de prácticas de colocación institucional? ¿Qué nos dicen estas experiencias –de trabajo contratado, forzado, tutelado, coactivo y sin compensación salarial– sobre el proceso de expansión del mercado de trabajo porteño? ¿En qué medida este tipo de prácticas sociales e institucionales nos permiten repensar los sentidos atribuidos a ciertas categorías utilizadas desde la historia del trabajo?

La mayoría de las preguntas que impulsan las fuentes analizadas no pueden ser afrontadas en este artículo, sin embargo, es posible realizar una serie de apreciaciones. Los contratos permiten visibilizar el lugar que ocupó la Sociedad de Beneficencia en las tramas institucionales que mediaron y gestionaron la colocación de indígenas en la sociedad porteña y pueblos aledaños en el marco de las campañas militares finiseculares contra esas comunidades autónomas. Evidencian que entre las estrategias de asimilación de estas poblaciones, el trabajo –vinculado a la noción de tutela– tuvo un rol fundamental.

Estos contratos nos informan sobre la nueva situación social que enfrentaron esas poblaciones una vez llegadas a la ciudad. Las prácticas de entrega y colocación formalizadas en esos documentos evidencian la existencia de arreglos que combinaron elementos de tutela y trabajo contratado, obligatorio, con ausencia de compensación salarial, que seguramente implicaron diversos grados de coerción física y pecuniaria pero también de “libertad”.

El tenor de las prácticas institucionales de las benefactoras era (se presentaba) caritativo, humanitario, “civilizatorio”. La inferioridad jurídica y social a la que fueron sometidos estos grupos y la tutela ejercida por la Sociedad de Beneficencia permiten pensar en situaciones de mucha dependencia, ya que en un principio deben haber contado con pocas herramientas y recursos para afrontar esa realidad. Las limitadas posibilidades que les ofrecían estuvieron condicionadas en gran medida por su condición étnica, el género y la edad, ya que es muy posible que esas mujeres y niños indígenas hayan sido colocados como sirvientes y criados. La similitud con otros contratos de colocación de menores es notable y la práctica de incorporar indígenas a través del servicio doméstico se remonta a tiempos coloniales. En este punto, es posible pensar que estas prácticas sociales e institucionales seguramente contribuyeron a la etnización de esas poblaciones, a profundizar su integración subordinada a la sociedad estatal. Como ha señalado Cumes Simón (2014), los trabajos de servir contribuyeron a la inferiorización de estos grupos en la medida que los servicios domésticos han reeditado una relación histórica de dominación en contextos situados.

Por otra parte, aunque las condiciones especificadas en los contratos no pueden hacerse extensivas al resto del universo laboral porteño finisecular, considero que permiten revisar las distancias (por momentos más aparentes que reales) que surgen de la conceptualización de diferentes experiencias de trabajo “libre”, “forzado”, “tutelado”, “remunerado”, “no remunerado”, entre otras. Como han señalado diferentes estudios del período posabolicionista en Brasil, a pesar de las diferencias en los sentidos y las prácticas que separan a unas de otras, la complejidad de los procesos históricos sobrepasaba las fronteras de dichas categorías tornándolas inestables y tan ambiguas como las realidades que se proponen reflejar (Hunold Lara, 1998; Espada, 2005).

Ahora bien, más allá de los contratos de colocación de indígenas, los legajos que conforman el fondo de la Sociedad de Beneficencia son sumamente valiosos para la historia social del trabajo en perspectiva de género. Desde el punto de vista institucional, ofrecen información de (y sobre) los establecimientos –reglamentos internos, informes y memorias– que permiten pensarlos como espacios de trabajo. Es posible indagar en las condiciones laborales y de contratación institucional del personal que sostenía cotidianamente esos espacios (sirvientas, cocineras, lavanderas, planchadoras, amas de leche, jardineros, médicos, enfermeras, administrativas, entre otros). Las memorias de los establecimientos de sanidad también ofrecen información sociodemográfica sobre las poblaciones que allí asistieron que permite estudiar grupos socioocupacionales específicos.

A través de los legajos de los establecimientos de minoridad es posible acceder a los sentidos atribuidos al trabajo, el orden de género del trabajo, los procesos de segregación ocupacional, las jerarquías establecidas por las desigualdades de clase en términos más amplios. Los proyectos y los programas educativos y formativos permiten explorar qué tipos de labores les enseñaban a varones y mujeres; para qué segmento del mercado de trabajo los instruían; qué tipo de inserciones laborales promovían; cuáles eran los sistemas de evaluación y criterios de calificación y clasificación que utilizaban. En relación a las colocaciones institucionales, es posible seguir indagando en las trayectorias y las experiencias de esos menores (en su tránsito por asilos, orfanatos y casas particulares), los conflictos y situaciones de las que participaban (fugas, robos, malos tratos, embarazos, etc.).

Más allá de las instituciones, los legajos de los establecimientos de minoridad permanentemente hacen referencia a las condiciones de vida y de trabajo de los sectores de menores recursos, a las formas mediante las cuales intentan resolver su subsistencia y la de sus hijos. Es posible toparse con historias de trabajadores y trabajadoras pobres, hombres viudos, mujeres solas. Unos, abrumados por el trabajo y la necesidad, plantean que no pueden tener a su lado a sus hijos. Otras, abrumadas por la incompatibilidad de las obligaciones domésticas y laborales solicitan su ingreso a un asilo, o bien, una colocación para garantizar su subsistencia. A través de estas experiencias, es posible preguntarse por la historia y la especificidad de algunos grupos socioocupacionales que han formado parte de la clientela de estas instituciones, para intentar comprender qué nos dicen esos vínculos con la asistencia pública de la vida y el trabajo en la ciudad. El fondo de la Sociedad de Beneficencia tiene un invaluable potencial para la historia social del trabajo que recién comienza a ser explorado.


Figura 4. Contrato de colocación de la Sociedad de Beneficencia de la Capital

Fuente: AGN, Fondo de la Sociedad de Beneficencia e instituciones de asistencia social, Legajo “Sociedad de Beneficencia. Asuntos Extraordinarios: 1823-1900”, folio 185

Material suplementario
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Notas
Notas
1 Sociedad de Beneficencia de la Capital (SB), Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.
2 En relación a la Sociedad de Beneficencia, Mases (2010) indica que en sus archivos no aparecen testimonios que den cuenta del fenómeno y que es a través de la prensa que reconstruye la dinámica de la distribución de indígenas realizada por las benefactoras (p. 121).
3 Subrayan que esos grupos fueron sometidos a diferentes prácticas de privación de la libertad, trabajo forzado, desmembramientos familiares, hambre, enfermedad, deterioro físico y mental e imposición compulsiva de las marcas culturales del sector hegemónico (Lenton y Sosa, 2018, pp. 137-200).
4 No obstante, el fondo también guarda documentos que corresponden a una etapa posterior en la vida de las instituciones que se extienden hasta la década de 1960.
5 Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y asistencia social (1923-1952), Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 1999.
6 Este apartado no pretende ser una reconstrucción exhaustiva sino más bien ilustrativa de los usos que del fondo han hecho diferentes autores, autoras y subcampos de la historia.
7 Esta publicación es el resultado de un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Luján y el AGN (1997) que, según explicita el autor, permitió avanzar en el ordenamiento y clasificación del fondo de la Sociedad de Beneficencia para poder acceder a su consulta.
8 La categoría circulación de niños refiere a una serie de prácticas mediante las cuales los sectores de bajos recursos afrontaron la crianza de niños y niñas que involucraron generalmente hogares e instituciones distintas de sus familias natales. A través de diversos arreglos, eran entregados y vivían y trabajaban en hogares de parientes, vecinos, patrones, extraños (Fonseca, 1995; Milanich, 2009). El acercamiento al fondo Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y Asistencia Social respondió a la necesidad de indagar en la dimensión institucional del fenómeno que se refleja en el tránsito de niños y niñas por asilos y orfanatos y en las prácticas de entrega y colocación de las que fueron objeto.
9 Instituciones tales como la Casa de Huérfanas (1755), Casa de Recogimiento (1876), Casa de Expósitos (1779) o el Hospicio de pobres (1783) colaboraban de diferentes formas en el amparo de niños huérfanos o abandonados, mujeres viudas, pobres, de vida escandalosa, “depositadas”. En particular cuando capturaban mujeres y niños en las campañas militares, las repartían para el servicio doméstico. Algunas, incluso, ingresaban por iniciativa propia o eran depositadas porque se negaban a prestar servicios una vez colocadas en la ciudad (Sarmiento, 2016, pp. 156-161; Aguirre, 2006, pp. 6-9).
10 Estas cifras no representan la totalidad de las poblaciones afectadas a los sistemas de distribución ya que evidencian problemas de subregistro debido a la fragmentación y la irregularidad de los datos disponibles y no contemplan a las poblaciones que tuvieron otros destinos alternativos y no pasaron por Buenos Aires (Mases, 2010, p. 117).
11 Los contratos disponibles no dan cuenta de la totalidad de los repartos efectuados por la agencia. En efecto, contamos con dos listados con más de medio millar de indígenas que fueron previamente entregados, pero desconocemos la existencia de más contratos que hayan formalizado sus colocaciones. Véase: AGN, Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 128 a 135; 145-153.
12 Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.
13 Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, Folios 129-253.
14 Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 237-251.
15 En dichos formularios sólo se consignaban: del lado del depositario, el nombre y domicilio; del lado de la menor, el nombre, el número adjudicado para su identificación al momento de su ingreso a alguno de los asilos de la Sociedad y el establecimiento en el que se encontraba al momento de ser retirada. Tomo como modelo un “Compromiso” celebrado en el año 1887. Nota del 30 de septiembre de 1887. SBC, Casa de Huérfanas, 1823-1912, legajo 46, vol. 2, folios 110 a 111.
16 Como ha señalado Aversa (2015), la condición de minoridad no fue una categoría rígida y limitada a los textos legales y jurídicos. Por el contrario, la definición del alcance y significado de la tutela fue delimitándose al calor de la gestión cotidiana de los conflictos y situaciones que benefactoras y defensores públicos debían resolver. En este sentido, la cuestión de la minoridad y el Patronato del estado fueron discutidos y utilizados para operar sobre diferentes poblaciones y coyunturas tales como guerras, epidemias, terremotos, desplazamientos de poblaciones nativas e inmigrantes, entre otras. (pp. 62-63).

Figura 1. Cantidad de indígenas entregados por contrato, 1885-1887

Fuente: contratos de colocación de indígenas. Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.

Figura 2. Fecha de celebración de los contratos, Noviembre de 1885

Fuente: contratos de colocación de indígenas. Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.

Figura 3. Parentesco de indígenas colocados a través de los contratos

Fuente: contratos de colocación de indígenas. Sociedad de Beneficencia de la Capital, Servicios Extraordinarios (sin catalogar), 1823-1900, Vol. 1, folios 141-236.

Figura 4. Contrato de colocación de la Sociedad de Beneficencia de la Capital

Fuente: AGN, Fondo de la Sociedad de Beneficencia e instituciones de asistencia social, Legajo “Sociedad de Beneficencia. Asuntos Extraordinarios: 1823-1900”, folio 185
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