La relación entre la SRA y el gobierno menemista comenzó a tensarse a principios de 1998, a medida que despuntaba la crisis. Ya en febrero, la entidad había recibido de muy mala forma la presentación oficial de un proyecto de ley para modificar nuevamente el IVA agropecuario, sugiriendo no sólo que incrementaría la evasión fiscal, sino que también la medida obedecía simplemente a un exceso de gasto público. Asimismo, denunció que la propuesta encerraba un engaño:

Casi inerme frente a la falta de decisión política de sancionar efectivamente a los presuntos evasores, [la DGI] recurrió al facilismo de sugerir una medida que intentó presentar como una concesión a la producción: la baja de la alícuota del IVA a la primera venta agropecuaria. Esta propuesta (...) no significa otra cosa que continuar pagando el 21 % en las compras y cobrar el 10,5 % en las ventas (...). Se dice que tenemos un crédito fiscal que de alguna manera nos será devuelto, pero la historia dice que eso no es así (...). Este proyecto no reduce un impuesto a la producción, crea un impuesto nuevo (...). La pretendida medida tiene un claro sesgo antiproductivo, configurando un nuevo intento de discriminación sobre el sector, y actúa como un desincentivo para la inversión ( SRA, 1998a, p. 3).

La protesta, como se ve, adopta duros términos. Ante la reaparición del déficit fiscal vuelve a insistir sobre la necesidad de bajar el gasto público y retoma las acusaciones de ?discriminación? al campo, poco tiempo después de haber afirmado que el gobierno menemista había puesto fin a dicha política ³. El escenario se ponía aún más negro con la renovación de los intentos por privatizar al Banco Nación, que concentraba la mayor parte de la deuda del sector agrario y ofrecía créditos a menor tasa que la banca privada. La SRA enfrentó estos intentos, denunciando que detrás de ellos se hallaba simplemente la necesidad de reducir el déficit fiscal ( SRA, 1998a, pp. 6-8), lo que ciertamente podía haber sido esgrimido respecto de cualquier otra privatización.

A la modificación del IVA agropecuario ya referida se sumaría el envío al Congreso de un proyecto de reforma tributaria, que significaba un nuevo intento por avanzar en la expansión de la presión impositiva. En lo que refiere a la producción agraria, la SRA rechazó el aumento de la alícuota máxima del impuesto a las ganancias, la modificación de los impuestos internos, la reimplantación del impuesto a los activos bajo el nombre de ganancias presuntas y la creación de uno nuevo sobre el endeudamiento financiero ( SRA, 1998g, pp. 183-5).

El proyecto de reforma tributaria quedaría trabado en el Congreso, pero la modificación del IVA agropecuario acabó siendo promulgada por decreto en mayo. La SRA avanzó entonces en la escalada interponiendo un recurso de amparo, y forzó así al gobierno a negociar. Una expresión de su presidente, Enrique Crotto, que se convirtió en la tapa de la Anales de mayo, sintetizaba en pocas palabras el humor de la entidad: ?si querían hacerla mal, les salió fenómeno?. En la edición anterior, una nota titulada ?IVA: ¿la vuelta al populismo?? llevaba el no menos expresivo epígrafe: ?con un criterio más populista que económico, la reducción del IVA es una nueva retención a la producción agropecuaria? ( SRA, 1998b, p. 32).

El decreto fue finalmente anulado y reemplazado posteriormente por uno que afectaba en menor medida a dicha producción, con lo cual la SRA se anotó un pequeño triunfo. Sin embargo, no había tenido fuerza suficiente para impedir un aumento en el precio del gasoil a finales de 1997, sucedido por otro en los peajes. Tampoco lograría evitar la creación de nuevos impuestos y la suba de otros ya existentes, principalmente de origen provincial y municipal, a lo largo de 1998. La Memoria de ese año dedica un apartado especial a esta cuestión y sintetiza en la sección de análisis económico: ?el período bajo análisis se caracterizó por una casi constante confrontación entre las entidades agropecuarias y el gobierno en materia tributaria? ( SRA, 1998g, p. 13).

En efecto, la confrontación había sido constante a lo largo de 1998: tanto la FAA como la CRA o sus federaciones multiplicarían los cortes de ruta a lo largo de todo el territorio nacional, a lo que se sumaría la realización de un paro en agosto, lanzado por CARBAP, y una marcha a Plaza de Mayo motorizada por la FAA en octubre ( Pérez Trento, 2015). Así, tras un breve período de tensa calma, la confrontación volvía a plantearse para las entidades agrarias en términos de acciones directas, en abierto contraste con el accionar desarrollado por la SRA. Su dirigencia, mientras tanto, comenzaba a evidenciar que había quedado en una posición política sumamente compleja: sin dejar de defender, hasta aquí, la implementación de las reformas neoliberales, y buscando al mismo tiempo menguar la confrontación por parte de otros actores sociales, procuraría al mismo tiempo atenuar los aspectos que afectaban a los sujetos sociales que representaba. Esto se evidencia, por ejemplo, en declaraciones de Crotto respecto del aumento en el precio de los peajes

Creo que es una injusticia que en un país que tiene inflación cero haya aumentos de peaje. Más allá de que estén autorizados o no (...) también creo que a veces las reacciones son desmedidas (...). En un flete, el peaje es una porción del costo bastante chica y me parece que también sería responsabilidad de las empresas de transporte asumir ese costo (...). Nadie duda que las rutas deban ser manejadas por peaje. Han mejorado. Yo no sé lo que sería de este país si las rutas no tuvieran peaje ( SRA, 1998b, p. 29).

A este escenario se sumaban los vaivenes en la ejecución de la política ganadera. Ya en marzo, la SRA había expresado su enojo por la ejecución unilateral de un plan de trazabilidad de la hacienda acorde con las exigencias de importación de la UE, respecto del cual denunció irregularidades en el proceso y precios excesivos ( SRA, 1998b, p. 6). Al mismo tiempo, se producía en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPYA) un recambio de funcionarios que la SRA calificó como ?traumático? ( SRA, 1998e, pp. 32-4).

Ahora bien, si el gobierno menemista había logrado algún mérito en dicha área, éste consistía en la exitosa implementación de una serie de programas para la erradicación de la fiebre aftosa, que hacia 1997 resultó en la obtención del estatus de país libre con vacunación, lo que permitía avanzar en la reapertura del mercado europeo. Para la SRA, por lo tanto, esto no podía quedar abierto a manoseos de ningún tipo.

En medio de la campaña política, sin embargo, el nuevo director del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), también en plena reestructuración, anunció sus planes de reclamar el estatus de país libre sin vacunación sin haber dado previa noticia a las entidades agrarias. El plan no llegó a ser concretado, y la SRA se horrorizaba ante la improvisación que exhibía el gobierno en tan sensible área:

Asistimos con cierta tolerancia a algo así como un renovado suplicio de Tupac Amaru, en el que distintos funcionarios forcejean por llevarse la mayor porción posible de mérito por el logro obtenido (...). Es necesario tener bien en claro que el fin de la vacunación obligatoria implica (...) la prohibición de vacunar en el país. Con eso no se puede jugar. Aceptamos el forcejeo por llevarse los méritos políticos, pero no vamos a permitir que en ese tironeo el Inca despedazado sea la salud de nuestras vacas (...). En lugar de volcar el esfuerzo hacia el logro de medidas eficaces e seguridad en fronteras, se juega peligrosamente con la idea de hacer coincidir el año electoral con el éxito por decreto en una larga lucha (...). Así como el Estado controló que los productores cumpliéramos con la responsabilidad que nos tocaba en esta lucha, hoy exigimos al Estado que haga lo suyo y no se embarque en apresurados e irresponsables sueños triunfalistas ( SRA, 1998c, pp. 4-5).

En este estado de cosas, CARBAP realizó un paro ganadero a principios de agosto, sin lograr desabastecer por completo el mercado de Liniers ( Clarín, 02/08; La Nación, 03 y 04/08/98). Esto motivó un intercambio entre su presidente, que acusó a la SRA de boicotear el paro enviando carne al mercado, y la dirigencia de ésta, que respondió argumentando que aquélla convocaba al paro por cuestiones de política interna ( SRA, 1998d, pp. 7-8).

La SRA no sólo no participaría de la medida, sino que tampoco dejaría de explicitar su apoyo al gobierno menemista y al programa económico neoliberal que había implementado, aunque recelaba de las medidas tomadas en el contexto de la crisis. Crotto enrostraría estos reclamos al propio Menem en la exposición ganadera de 1998. A la protesta por la cuestión impositiva sumó críticas al proyecto de reforma laboral, que calificó como ?gatopardista? e incapaz de incentivar el empleo, y al poco interés por avanzar en la ?racionalización del gasto público?. Asimismo, retomó la avanzada contra los capitales automotrices, que presionaban por un aumento en los aranceles de importación de automóviles: ?una vez más un sector ineficiente de la industria argentina propicia el aumento del arancel externo común del MERCOSUR que sólo traerá aparejado un nuevo incremento de costos (...) e impedirá el abaratamiento de los fletes carreteros?. Por cierto, tampoco se privó de criticar a los países que sostenían los subsidios a la producción agraria, que dificultaban o impedían las exportaciones: ?cabe preguntarles a esos jueces que quieren investigar sobre derechos humanos si nunca pensaron que también los productores de nuestros países tenemos el humano derecho de producir y comercializar sin trabas artificiales ni barreras proteccionistas? (SRA, 199, p. 25) ⁴.

La relación con el gobierno, mientras tanto, seguiría deteriorándose al calor de la crisis. En octubre, las cuatro entidades señalaron su ?preocupación ante la restricción crediticia que se generó como consecuencia de la crisis internacional?, y reclamaron soluciones. Dos meses más tarde, los capitales exportadores agrupados en CIARA-CEC anunciaron la implementación de un diferimiento en el 15 % en el pago de la compra de las mercancías agrarias ⁵. La SRA rechazó la medida en un comunicado titulado ?Una vez más los problemas se transfieren a los productores?. En diciembre, volvió a protestar ante versiones de un nuevo impuesto a los combustibles, con insistencia en que el camino correcto debía ser la lucha contra la evasión y la ?eficiencia? del gasto público. Dos semanas después, frente a la sanción de la Reforma Tributaria, rechazó especialmente el Impuesto sobre el Endeudamiento Financiero, que recaía sobre los intereses de los préstamos, mientras que en febrero de 1999 desempolvó un tema que parecía saldado: las retenciones a las exportaciones. Al respecto, expresó que ?los productores de oleaginosas siguen soportando el efecto perverso de las retenciones a la exportación de sus granos, lo que constituye una rémora del pasado que es necesario subsanar?. Posteriormente, alertó sobre el ?abusivo aumento de la tasa vial?, que se desarrollaba principalmente a nivel municipal ( SRA, 1999a, pp. 10-3). A esto se sumaba la devaluación de la moneda brasileña, que expandió las importaciones de carne de pollo y de cerdo. Mientras tanto, los precios de los granos profundizaban su fase de contracción, que tocaría fondo en 1999.

La SRA comenzaba a impacientarse. En diciembre amonestaría al gobierno en duros términos, publicando un editorial titulado ?¿Todo en orden??, en el que protestaba por la presión impositiva, los casos de corrupción, la reestructuración del SENASA, el cambio de rumbo respecto de la lucha contra la aftosa, y la inacción ante la serie de inundaciones, entre otras cuestiones. Y en esta ocasión se abstuvo de condenar las acciones de protesta de las restantes entidades, esta vez vinculadas con la liberación de los fondos comprometidos para el enfrentamiento de las contingencias climáticas: ?Apenas el 20 % de los 180 millones prometidos (...) llegaron a destino (...). Hubo que cortar rutas (...) provocar el caos que siempre condenamos, para que una orden del presidente desde Roma hiciera aparecer el dinero? ( SRA, 1998f, pp. 6-7).

En su lectura de la crisis, sin embargo, y más allá de la larga serie de problemas locales que buscaba poner de relieve, el origen de la crisis debía buscarse en la situación internacional:

A nosotros también nos molesta y nos duele la frivolidad, el autoritarismo, el desenfado en la adjudicación política de fondos de ayuda, la designación de funcionarios como pago político y no en función de su idoneidad para el cargo, las promesas incumplidas, la justicia claudicante, el gasto público caótico y desproporcionado, la manipulación de bancas, los opositores que restan quórum, las alianzas simplemente electoralistas, los apetitos de poder por el poder mismo, la inseguridad permanente, la desocupación que posterga, lacera el alma y acorta la vida. La realidad nos golpea igual que a todos (...). Pero como dirigentes sectoriales debemos saber distinguir el descontento que se genera en las bases desde su condición de ciudadanos políticos (...) del reclamo surgido de una posición meramente gremial (...). El descontento en el sector existe, y desafortunadas medidas del gobierno tienen mucho que ver con él, pero su principal causa es la caída de precios internacionales de nuestros productos y las sucesivas crisis en las economías emergentes que han sacudido nuestros mercados ( SRA, 1998a, pp. 6-7).

Así, la asociación buscaba hacer equilibrio en un escenario extremadamente complicado. Con el auge de la crisis, que efectivamente había vuelto a derrumbar los precios, el proceso de liquidación de los capitales agrarios se aceleraba; ante ello, las entidades agrarias redoblaron la confrontación. Al mismo tiempo buscaba contener la presión de sus propias bases ligando su descontento a su condición de ?ciudadanos políticos?, esto es, a los aspectos anteriormente señalados de la coyuntura. De esta manera se sugería que los reclamos no podían tener un origen ?gremial?, ya que la crisis en la rama agraria había sido causada, principalmente, por la evolución del mercado mundial. En este sentido, y si bien la SRA no mostraba intención alguna de sumarse a las acciones de protesta, se veía a sí misma desamparada ante un gobierno en retirada que parecía ocuparse más de la campaña política que de la situación en la rama agraria.

El nulo eco que encontraron sus reclamos, expresados con creciente virulencia, forzaron la situación hasta su límite. Tras el paro ganadero de 1998, la rama agraria se había vuelto un polvorín: entre enero y marzo, la FAA, CONINAGRO y la CRA o sus confederaciones multiplicaron las acciones de protesta ( Pérez Trento, 2015).

A pesar de ello, el gobierno seguía sin recibir a las entidades, que reclamaban una reunión desde septiembre. Lo hizo recién siete meses después, durante la primera semana de marzo, en la cual Menem recibió por separado a sus dirigentes ( La Nación, 6-11/03/99). En una de esas reuniones Crotto le entregó un informe detallando el efecto de las tasas de interés bancario y la elevación de los impuestos sobre la producción agraria, e insistió sobre la necesidad de eliminar impuestos. Se fue, sin embargo, con las manos vacías ( La Nación, 13/03/99).

La situación había acabado, finalmente, también con la paciencia de la SRA: por primera vez en 10 años de gobierno menemista, resolvió interrumpir el diálogo. El 24 de marzo anunció la realización de un paro ganadero, al cual se plegó inmediatamente la CRA. Por su parte, la FAA y CONINAGRO acordaron participar y propusieron sumar una marcha ( La Nación, 24-29/03/99).

El escenario había inquietado al gobierno, cuya primera reacción fue confrontar a las entidades agrarias. A pocos días del anuncio, el ministro de Economía, Roque Fernández afirmó que:

Los dirigentes del campo y la industria que participan de las protestas piden una devaluación (...). A medida que pasa el tiempo se empiezan a ver cuáles son los grupos corporativos que estuvieron al lado del Gobierno en las épocas de vacas gordas y cuando se acerca el final abandonan el barco. Ahí se ve cuáles son los verdaderos amigos de la apertura económica y las transformaciones (...). Que algunos industriales pidan devaluaciones no me sorprende pero hay otros sectores que ahora abandonan el barco ( Clarín, 28/03/99).

Ante semejante acusación, la SRA volvió a dejar clara su posición de defensa de la Convertibilidad: ?afirmamos categóricamente que nuestra entidad no abandonará jamás el barco, porque para nosotros el barco es el país? ( SRA, 1999g, pp. 158-9).

Posteriormente, el gobierno desplazaría de la SAGPYA a Alonso, alegando que se había enfrentado con el resto del gabinete en defensa del agro, y convocó a negociar a la CRA y la SRA, en una tentativa por romper el frente agrario ( Anales, abril 1999, p. 4). Pero esta última se negó a participar, y arrastró en su negativa a la primera. El último intento consistió en un anuncio de medidas, pero todo lo que ofrecieron como prenda de negociación fue la prórroga en el pago de renta para los campos inundados, y un proyecto de ley de apoyo crediticio ( La Nación, 01 y 08/04/99).

Fue demasiado poco, y demasiado tarde. Las organizaciones rechazaron en bloque las medidas. El 19 de abril iniciaron un paro de una semana, que paralizó virtualmente el comercio de carne y granos. A esto se sumaron algunos piquetes aislados en el norte de Buenos Aires y en Entre Ríos, así como un tractorazo en Santiago del Estero, sostenidos principalmente por la FAA ( La Nación, 19, 20 y 29/04/99) ⁶.

La decisión de realizar el paro fue, en sus propias palabras, ?una de las más trascendentes de los últimos años?. La falta de respuestas ante los problemas que planteaba al gobierno ?e incluso siquiera de la voluntad para discutirlos?, sumada al agudizamiento de la confrontación de las entidades agrarias, forzó a la dirigencia de la SRA a pasar de las palabras a los hechos. Y, por cierto, sus socios respondieron: casi no se registraron operaciones durante esa semana en el Mercado de Liniers. En este sentido, la realización de un paro le permitía garantizarse, esta vez, la recepción del mensaje, puesto que ?ganó espacios en la prensa de todo el país y, por primera vez, llevó el tema agropecuario al seno del Gabinete?, a quienes acusaban de hallarse en modo de ?contestador automático? frente a sus reclamos ( SRA, 1999a, p. 17).

En otras palabras, lo que para las restantes entidades se constituía simplemente como otra acción en el largo enfrentamiento que ya llevaban con el gobierno menemista, reforzada ahora por la participación de la SRA, para esta última tenía un fin menos trascendente: lograr que el gobierno le ?atendiera el teléfono?, según su propia metáfora.

Era claro, en este sentido, que la asociación estaba lejos de haberse propuesto mediante el paro poner en cuestión los fundamentos de la política económica neoliberal. Aunque no dejaría de denunciar los aspectos que consideraba perniciosos, Crotto insistiría en que los problemas del sector provenían de la crisis internacional, mientras que la responsabilidad del gobierno se limitaba a aumentar la presión fiscal en lugar de instrumentar medidas para paliarla:

Este paro, desde mi punto de vista, no tiene otro motivo que el de demostrar la bronca, la impotencia y el sentimiento de abandono que siente el productor agropecuario cuando se le caen todos los precios internacionales, que sabemos que el gobierno no puede hacer absolutamente nada para remediarlo, pero sí puede tomar medidas para ayudar a pasar esta crisis (...). En lugar de hacer esto (...) nos pone más palos en la rueda, nos sube los impuestos (...) ( SRA, 1999a, p. 17).

Estas declaraciones contrastaban con las de los presidentes de las entidades, en las que se cargaba de forma mucho más dura contra el gobierno y sus políticas. La SRA, sin embargo, no dejó de considerar al paro ?un éxito?, sobre la base de que mediante el mismo habían logrado instalar en la opinión pública los problemas agrarios ?en forma armónica y ordenada, [ya que] no afectó la convivencia ni los derechos de los demás?. En otros sentidos, sin embargo, tuvieron que reconocer que no había sido tan exitoso: ?el gobierno (...) no escuchó el reclamo del campo. No se tomó medida alguna para aliviar el costo fiscal sobre el productor ni para disminuir el ?costo argentino?? ( SRA, 1999b, pp. 4-5). ⁷

En este marco, la FAA propuso en mayo un nuevo paro. El gobierno respondió convocando a negociar a la SRA y la CRA, y anunciando la elevación del capital mínimo que tributaría el impuesto a la renta presunta ( La Nación, 20/05/99). Esto se sumaba a otras medidas aprobadas durante el paro de abril, como la prórroga en el pago de dicho impuesto, una línea de crédito para deudores morosos, y el aumento de los impuestos a la importación de cerdos y lácteos. Fue suficiente para que la SRA se replegara desde ese momento hasta el estallido final de la Convertibilidad ?período en el que no tomaría parte en nuevas acciones de protesta?, pero no para que lo hicieran las restantes entidades, las cuales convocaron a un nuevo paro de cuatro días con movilizaciones y cortes en el mes de junio.

En este sentido, la unidad exhibida demostró ser absolutamente esporádica. La SRA volvió a tomar distancia de las entidades agrarias y del paro como método de protesta:

Yo creo que es muy importante la unidad, pero en base a algunas reglas de juego muy claras para todos (...). Cuando vamos a las grandes líneas filosóficas y uno está en una vereda y el otro en la de enfrente, con señores que han sido tenaces enemigos no de un gobierno sino de un sistema de vida, no hay unidad que valga (...). Si los maestros, las amas de casa, los camioneros, los automovilistas, los jubilados, los estudiantes, los desocupados, manifiestan sus legítimas angustias cortando rutas, impidiendo la circulación de productos y encendiendo mechas para el caos y el desorden, estamos poniendo en peligro, sin darnos cuenta, un estilo de convivencia democrática (...). Compartir la legitimidad de un reclamo no implica coincidir en la metodología de la protesta ( SRA, 1999c, p. 25).

El paro se desarrolló con una multitud de cortes de ruta en la región pampeana, que se extendieron incluso hacia provincias del NEA y el NOA ( La Nación, 11 y 25 al 29/05 y 02 al 10/06/99). La SRA se vio forzada entonces a reconocer que: ?más allá de discutir adónde nos puede llevar un crescendo de medidas de acción directa en un país convulsionado que intenta una transición ordenada en democracia (...) la situación que da origen a estos reclamos es auténtica e insoslayable?.

Se ponía así de manifiesto que su negativa a participar en este tipo de acciones no respondía solamente a la dificultad que hallaban para confrontar directamente con un gobierno al que, más allá de las críticas coyunturales, seguían considerando como aliado. También creían que la adopción de medidas de fuerza más duras que los reclamos meramente verbales podía poner en riesgo la estabilidad del gobierno, sobre todo en un momento de crisis. Era necesario entonces calibrar adecuadamente los embates, no fuera cosa de acabar por contribuir, sin quererlo, al derrumbe del ?modelo neoliberal?. En junio de 1999, Crotto dejaba traslucir estos miedos:

Yo no sé qué va a pasar si alguna de las entidades va al paro. Más allá de que yo le reconozco la razón a un productor que hace paro. Lo que creo y cree la SRA es que no es el momento. Insisto con esto porque me parece que la Argentina no está en estos últimos meses de gobierno como para hacerse los locos (...) los dirigentes tenemos que tener la suficiente prudencia como para no llevar baldes de nafta cerca del fueguito (...). El país está sufriendo una agresión externa por parte de algunos señores de fondos de inversión muy grandes, que ponen en duda ciertas medidas, como la Convertibilidad, que para los argentinos tienen que seguir en la Argentina. Los dirigentes tenemos que ser muy prudentes en las medidas que vamos a tomar y en las declaraciones que vamos a hacer (...).Hay que procurar que esto termine bien el 10 de diciembre y no quedar en el camino como sucedió en [el] 89. Lo que tiene que primar acá es la cordura ( SRA, 1999c, p. 24).

Los llamados a la ?cordura? cayeron en saco roto. Un nuevo paro comenzó a ser alumbrado en junio, tras un cambio en la instrumentación en el cobro del IVA que fue inmediatamente rechazada ( La Nación, 10 y 14/06/99). El mes siguiente, FAA y CONINAGRO sumaron a la CRA a una marcha a plaza de mayo, en la que se concentraron unas 10.000 personas, provenientes en su mayoría de distintas áreas de la región pampeana. Dos días después, una protesta en Entre Ríos, en la cual participó la FAA, frustró un acto en el que iba a participar el presidente Menem ( La Nación, 24 y 26/06, 16, 21 y 22/07, y 24/07/99).

A esta altura, las protestas de distintos sectores contra el gobierno de Menem se multiplicaban de manera exponencial, y el esquema económico en su conjunto amenazaba con resquebrajarse. La SRA comenzó entonces a exigir mano dura. Los destinatarios circunstanciales de los golpes reclamados serían los camioneros, cuyos cortes de ruta interrumpían la circulación de mercancías agrarias, e incluso la FAA, que se había sumado a los bloqueos: ?no comprendemos la indiferencia de la policía ante estas conductas delictivas (...) ni (...) la posición de (...) entidades colegas que adhirieron a esa medida de fuerza? ( SRA, 1999c, pp. 4-5).

A pesar de que ya a esta altura era evidente que no lograría obtener demasiado del gobierno saliente, la organización lo despidió solemnemente en la exposición ganadera de 1999. Allí, Crotto procuró mantener la línea que había adoptado la entidad respecto de la crisis, y volvió a hacer explícitos los esfuerzos de la Comisión Directiva (CD) por contener los reclamos de su propia base social: ?quiero que comprenda, Sr. Presidente, que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el descontento de nuestros productores no se convierta en un trastorno nacional?. Pero a pesar del regaño, Crotto cerró su discurso dejando perfectamente clara la apreciación general que la SRA hacía del gobierno de Menem:

Sr. Presidente: ésta es la última vez que durante su gobierno usted ocupa oficialmente esta tribuna (...). Sepa que esta es su casa. Las puertas de nuestra entidad estarán siempre abiertas para recibirlo. Si tuviera que hacer un balance de su gestión el discurso se haría largo. Puede concluir orgulloso su mandato. Usted rompió las barreras que impedían el crecimiento de nuestro país. Los argentinos de bien se lo agradecen. Los errores que se cometieron servirán de escarmiento y ojalá quien lo suceda sepa aprovechar la experiencia atesorada. Por eso, cuánta razón tenía Cervantes cuando decía que entre los pecados mayores que los hombres cometen, unos dicen que es la soberbia, [pero] nosotros decimos que es la ingratitud. Gracias por todo lo que hizo, y permítame remedarlo con mi deseo de ?que Dios lo bendiga? ( SRA, 1999d, pp. 24-5).

Mientras Menem pronunciaba su último discurso en Palermo, la FAA lo despediría con un nuevo paro de dos días, motivado por el rechazo del Banco Nación a ofrecer las líneas de créditos y refinanciaciones de deuda ya pactadas con el gobierno ( La Nación, 27/07 y 21/08/99). Pocos días después, de la Rúa resultaría vencedor en las elecciones. Así, los temores de la SRA parecían disiparse en lo inmediato: la transición presidencial no sufriría los sobresaltos de una década atrás. Pero lejos de resolverse, la crisis seguía desarrollándose.

Paralelamente, la SRA había recrudecido los enfrentamientos contra distintas fracciones de capitalistas. Una de ellas, como vimos, eran los transportistas, que interrumpían permanentemente la circulación de mercancías agrarias e insumos para la producción. Los industriales lecheros también se convertirían en blanco de sus reclamos. Tras el incremento en la producción de leche destinada a su procesamiento industrial, pactado con las cámaras del sector, éstas habían reducido el precio pagado a los tamberos. Asimismo, la puesta en marcha del llamado Plan Canje, destinado a sostener las alicaídas ventas de las automotrices, volvería a desatar críticas.

La crisis del neoliberalismo era ya además lo suficientemente honda como para que la SRA comenzara a cuestionar sus propios principios liberales ⁸, y sugiriera tibiamente la posibilidad de que la producción agraria fuera subsidiada. En efecto, tras afirmar que algunos el rechazo a los subsidios constituía en realidad un ?dogma?, planteó que ?sí necesitamos protecciones y subsidios para sobrevivir en los mercados internacionales que están plagados de ellos, y sí el Estado tiene dinero. Bien que lo malgasta a nuestra vista, a la vez que subsidia otras actividades. ¿Alguno pensó cuánto cuesta el Plan Canje?? ( SRA, 1999e, pp. 4-5).

Pero, además, la forma concreta que había tomado la implementación del programa económico neoliberal también comenzaría a revelársele contraproducente. Sin ir más lejos, la política de privatización del capital ferroviario que la SRA había apoyado fervorosamente estaba lejos de haber dado los resultados esperados, ante lo cual ensayó un tibio replanteo: tras atribuir dicha privatización a ?el caos económico reinante? y ?las culpas que se achacaban al servicio ferroviario de aumentar (...) las deudas del Estado?, lamentó el mal estado del servicio a pesar del sostenimiento de subsidios, la desconexión en la que el cierre de estaciones sumió a pueblos enteros, y la pérdida de empleo producida por el cierre de talleres y la contracción de la gestión del servicio. En conclusión, afirmó que ?son muchos los que se preguntan si no fue un error despreocuparse totalmente del paquete ferroviario? ( SRA, 1999f, pp. 38-9).

A esta altura, cuando comenzaba a ser evidente que la Convertibilidad agonizaba, y con ella todo el esquema macroeconómico, las distintas fracciones del capital se reacomodaban. El G-8 se había disgregado hacia finales de 1998, y sus integrantes habían partido sus caminos. Por una parte, tras la designación de su nuevo presidente en 1999, la UIA tomaría un nuevo rumbo: comenzaría a articular reclamos de políticas específicas para el sector industrial, y cuestionaría además el alto costo financiero, el papel del MERCOSUR, la no aplicación de las leyes antidumping, la apertura económica y la no restricción de las importaciones. El Grupo Productivo (GP), tal el nombre que adoptó la nueva organización, integraría también la Cámara de la Construcción y la CRA, que fue invitada a participar tras el rechazo de la SRA ( Dossi, 2014; Salvia, 2015). Esta última, por otra parte, presionaría por una resolución de la crisis basada en la profundización del ajuste, posición similar a la que sostendrían los representantes del capital bancario y de las empresas privatizadas.

Así, la crisis de la Convertibilidad polarizaría las posiciones: de un lado quedaría el GP que, timoneado por la UIA, presionaría por una resolución de la crisis que favoreciera a los capitales del sector industrial. En particular, la fracción industrial que había ganado el control de la UIA poseía un perfil neodesarrollista, con lo cual los capitales financieros quedarían determinados como sus principales enemigos. A ellos se sumaban las cadenas de supermercados y las empresas privatizadas, que aparecían como principales beneficiarios de la política económica. Del otro lado quedaban entonces estas fracciones del capital, que impulsaban un mayor ajuste y endeudamiento, posición que compartía la SRA ( Salvia, 2014b; Merino, 2016). En lugar de avanzar hacia la formación de un frente común, no obstante, la SRA enfrentaría duramente a las empresas privatizadas. Lo mismo venía haciendo desde principios de la década respecto de los capitales bancarios, a quienes acusaba (al igual que el GP) de cobrar tasas de interés excesivamente altas.

En diciembre, la asunción de De la Rúa sumergiría a las entidades en un compás de espera, en la expectativa de anuncios de algún tipo para el sector agrario. La SRA no se había corrido un solo milímetro de su línea: ?el principal factor que ha provocado la crisis de nuestro sector es la brutal caída de los precios internacionales?, caída que estaba influida, aseguraban, por ?los crecientes subsidios a la producción y a la exportación que aplican las economías desarrolladas y las modificaciones en la política cambiaria de países competidores y compradores de nuestros productos?. Asimismo, volvería a dejar claro que ?sostener la estabilidad a través de la actual política monetaria es vital para nuestra economía, por lo que nos está vedada la solución facilista de la devaluación para paliar los problemas del sector exportador?. Por ello, sólo podía buscar que se redujeran los costos internos. Y al respecto, instó al nuevo gobierno a actuar de manera urgente, recordándole la vigencia de los ?impuestos distorsivos?, el aumento de la presión impositiva, y al alto precio de los fletes, explicado por los aumentos del gasoil y los peajes, así como la ?protección? que reciben los camiones fabricados localmente, todo lo cual impedía abaratar el servicio ( SRA, 2000a, pp. 4-5).

En este contexto crítico, la lucha por la apropiación de la renta de la tierra recrudeció. A la disputa mantenida con los capitales automotrices se sumaban ahora los petroleros, que se consolidaban como otro enemigo de la clase terrateniente:

Dos años de negociación (...) llevó el acuerdo al que se arribara para el comercio automotor (...). Ninguno de nosotros, hombres comunes, comprende muy bien su contenido, pero todos sospechamos que no va a beneficiar a los usuarios y menos al productor, que continuará usando los servicios de camiones fabricados por una industria que goza de una protección efectiva de un 47 % sin contar el plan canje (...). No se bajará el costo argentino mientras no se logre un efectivo control de las empresas privatizadas (...) que someten al usuario a una condición de servidumbre que lo obliga a pagar tarifas desproporcionadas a veces con la complicidad del Estado que, como en el impuesto a la transferencia de combustibles, se asocia a esa exacción a través de un alto porcentaje del precio de venta. Ejemplo paradigmático el de las compañías petroleras, que parecen intocables para el Estado nacional, quizás por el impuesto que percibe ( SRA, 2000b, pp. 4-5).

El enfrentamiento con los capitales del sector industrial subiría el voltaje. Las protestas por las ?transferencias de ingreso? hacia las automotrices formuladas en las editoriales de febrero y marzo ya citados se repetirían en mayo, junio y julio, con no menor virulencia. En junio, la SAGPYA difundió además un informe en el que afirmaba que, por medio de distintos mecanismos de la política comercial que habían sobrevivido a la euforia desreguladora de principios de la década, seguían produciéndose transferencias de ingreso no sólo hacia los capitales automotrices, sino también a las ramas de autopartes, textiles, de refinación de petróleo, plásticos y siderurgia ( Clarín, 01/07/00). La SRA no pudo menos que lamentar que el propio Estado acababa de reconocer que ?en 1999, en plena crisis, hemos transferido más de cinco mil millones de dólares (...) a sectores que producen bienes o servicios caros que estamos obligados a comprar, mientras se nos niega ayuda por tener costo fiscal? ( SRA, 2000c, pp. 4-5).

En la inauguración de la exposición de Palermo, Crotto volvería a atacar duramente a los capitales del sector industrial, denunciando ?la errónea política fiscal que históricamente nutrió al sesgo antiexportador?, y los subsidios para ?seudo empresas y (...) personeros del lobby de la ineficiencia, que además utilizan parte de esos fondos para perpetuar sus ventajas? ( Anales, agosto 2000 , p. 24). Similares apreciaciones vertió en una entrevista:

?tenemos que trabajar todos juntos en el agro para que se acaben las transferencias de recursos a otros sectores y si la industria que no recibe más esos fondos desaparece, que lo haga, como sucede con los productores a los que no les dan los números ( La Nación, 31/07/00).

Al mismo tiempo, la entidad avanzó en la ofensiva contra las empresas privatizadas, instando a evitar la conformación de "monopolios y oligopolios que perjudican a personas y empresas? que se habrían consolidado en los sectores de empresas privatizadas y los supermercados ( SRA, 2000e, pp. 22-4).

La SRA se veía así forzada a reconocer que tanto las privatizaciones como los efectos de la política de apertura comercial que había promovido no habían dado los resultados esperados. Similar apreciación vertió su vicepresidente, Hugo Biolcati, en un debate organizado por La Nación: ?con las privatizaciones se nos dijo que lo importante no era la plata que se obtendría, sino la baja de tarifas debido a una mejor eficiencia. Pero desde que se privatizó, en lugar de tener servicios más baratos, los tenemos más caros? ( SRA, 2000d, p. 22).

A diferencia del planteo respecto de los ferrocarriles, sin embargo, en el que parecía considerar la posibilidad de una reversión de las privatizaciones, la SRA siguió buscando impulsar el proceso de reformas neoliberales, argumentando la necesidad de implementar una ?segunda etapa? de ingreso de capitales para aumentar la competencia y disminuir los costos. Este planteo se sostenía sobre la idea de que en ramas en que se habían asentado las empresas privatizadas se habían conformado mono y oligopolios, que elevaban artificialmente el precio al que venden sus mercancías ( SRA, 2001c, pp. 14-5).

Así, el enfrentamiento contra los capitales de las empresas privatizadas impedía a la SRA actuar coordinadamente con una de las fracciones del capital que pugnaban por una salida de la crisis similar. Igualmente tensa era la relación con sus pares de la rama agraria, que no vacilaban en enfrentar abiertamente a los gobiernos neoliberales. Incapaz de estructurar una alianza, la SRA seguiría su camino en soledad.

A principios del año 2000, las entidades agrarias retomarían la protesta: en marzo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), integrante de la CRA, arrastró a ésta a un primer paro ( La Nación, 18-22/05/00). En octubre, la delegación de Entre Ríos de la FAA se sumaría a un paro de transportistas, justo cuando la CRA gestionaba un nuevo paro conjunto. A pesar de que el tono de las críticas de la SRA al gobierno había ido in crescendo, siguió sin correrse de su línea y buscó detener la acción ?para darle oxígeno al gobierno y superar este difícil momento político?. Pero la medida siguió en pie, y las tres entidades realizaron un paro comercial de 6 días, al que se sumaron organizaciones de camioneros ( La Nación, 11 y 16-22/10/00).

La SRA seguía temiendo que las acciones de protesta acabaran derrumbando al régimen de la Convertibilidad:

Un peligroso cocktail compuesto por una insostenible situación económica de un sector marginado cada vez mayor, sumado a la prédica desestabilizante de la izquierda y a los comercialmente rentables títulos catástrofe de los diarios, hacen del estallido social una posibilidad cada vez menos remota (...). Las propuestas deben ser serias y los reclamos hechos con prudencia (...). Como productor agropecuario no me he sentido entre pares, sino más bien atemorizado, cuando piquetes de jovenzuelos de no más de dieciocho años me detenían días pasados en las rutas de mi país, alegando representarme ( SRA, 2000f, pp. 4-5).

Mientras tanto, el escenario político seguía acelerando su deterioro, al compás de la crisis económica. En noviembre, el vicepresidente renunciaba tras el escándalo de las coimas en el Senado. El mes siguiente, un nuevo brote de aftosa reaparecía en el Noreste, tensando la relación de las entidades con el gobierno de De la Rúa: a la torpeza política que exhibió en el manejo de rebrote se sumaba la incapacidad de acción del SENASA, al que se le inyectaban cada vez menos fondos. Así, la Unión Europea volvió a impedir las importaciones de carne argentina, pero no por la reaparición de la enfermedad (ya que el brote se desató antes de que pudiera reconocer el estatus concedido por la OIE de país libre de aftosa sin vacunación), sino por la política de ocultamiento ( La Nación, 16/01/02).

A pesar de que el sostenimiento de la Convertibilidad dependía cada vez más abiertamente de la renovación de una deuda impagable, la SRA celebró su nueva expansión mediante el llamado ?blindaje?, que lograría extender otro año la agonía: ?esta semana clave, en la que internacionalmente se nos renovó la confianza y se nos dio el oxígeno para seguir respirando, no debe ser desperdiciada porque no sabemos cuándo tendremos otra oportunidad? ( SRA, 2000g, pp. 4-5). Pero la crisis seguía avanzando. En mayo de 2000, el gobierno de la Alianza anunciaba un plan de ajuste que incluía un recorte en los sueldos estatales superiores a 1000$, la reestructuración del sistema previsional y la desregulación de las obras sociales. El plan había sido consensuado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionaba la renovación de los empréstitos a la expansión del ajuste ( La Nación, 29 y 30/05/00). Pero si los acreedores externos atenazaban al gobierno de un lado, del otro la acción política de la clase obrera lo enfrentaría con fuerza creciente en las calles. La visita del FMI fue repudiada por la fracción disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por Moyano, que organizó una numerosa marcha. El mes siguiente, junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y a otra fracción de la CGT realizarían el primer paro nacional bajo el gobierno de De la Rúa ( La Nación y CL, 10/06/00).

A principios del año siguiente, la crisis fagocitaría al primer gabinete económico nombrado por de la Rúa. Tras la renuncia de Machinea, el gobierno de la Alianza, o lo que a esta altura quedaba de ella, consideró para el cargo a Ricardo López Murphy y a Domingo Cavallo, y se inclinó por el primero. Crotto lo recibió con agrado, y afirmó: ?sabe que hay que bajar el costo fiscal, intentar que todos paguen (...). Yo, como presidente de la nación, lo hubiese elegido a él por su afinidad con el partido, era lógico. Aunque creo que Cavallo también hubiese sido una excelente elección? ( La Nación, 07/03/01).

El nuevo ministro no demoró mucho en anunciar un programa de brutal reducción del gasto público, que alcanzaba los 2.000 millones de pesos para el año en curso y 2.500 para el siguiente, y recaía particularmente sobre el presupuesto destinado a la educación pública. Y a pesar del apoyo de una amplia fracción de la clase capitalista ( La Nación, 18/03/01), tampoco demoró demasiado en verse obligado a renunciar, tras una serie de cortes de ruta y paros docentes que culminaron en una nueva huelga general convocada por la CTA, la CGT de Moyano y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El gobierno de la Alianza jugó entonces su última carta en el intento de sostener la Convertibilidad y el rumbo general de la política económica, reponiendo a Cavallo en el Ministerio de Economía. Crotto volvió a mostrar su apoyo, expresando estar ?muy satisfecho? por el regreso de ?el economista más espectacular del último medio siglo que tuvo el país? ( La Nación, 21/03/01).

Dos meses después, Cavallo expuso su propio paquete de medidas que sería, cuanto menos, confuso, puesto que eliminaba o modificaba impuestos ya existentes, a la par que creaba otros nuevos. En lo que refiere a la producción agraria, se incluía la eliminación de impuestos considerados ?distorsivos? por la SRA, como el de endeudamiento empresario (intereses) y ganancia mínima presunta, la disminución del costo de los peajes y del impuesto a las ganancias y a los vehículos gasoleros. También se devolverían los saldos retenidos del IVA, pero mediante un bono que, se descontaba, circularía a un valor menor al nominal. Al mismo tiempo, sin embargo, se proyectaba aumentar el precio del gasoil, se creaba un impuesto a las transacciones financieras, y se reducía la alícuota del IVA a la venta de granos. No menos confusión generó el anuncio de la ?ampliación? de la Convertibilidad, por la cual el tipo de cambio para el comercio exterior se determinaría como un promedio entre el dólar y el euro, lo que en la práctica representaría una pequeña devaluación del tipo de cambio para las exportaciones ⁹.

La evaluación de la SRA fue ambigua, como se refleja en las dos notas de análisis económico aparecidas en Anales. En la primera se establecía que las medidas lograrían una reactivación en la economía, y que la rama agraria había sido beneficiada por la eliminación de impuestos distorsivos y la modificación impositiva en general. Respecto del nuevo tipo de cambio comercial, se señalaba que ?el balance es positivo para las materias primas?. En suma, la SRA apoyaba el plan por la inclusión de ?medidas tendientes a lograr una reactivación de la economía (...). Las medidas económicas son buenas para el agro, pero financieramente supondrán un esfuerzo adicional? ( SRA, 2001a, pp. 28-9). Sin embargo, en la nota siguiente, protestaban en duros términos contra la nueva modificación del IVA: ?pretender reducir las alícuotas de IVA a la venta de granos es una aberración? ( SRA, 2001a, pp. 30-1).

Hacia mediados del 2001 los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Al impuesto al cheque puesto en vigor en mayo le siguió un nuevo recorte presupuestario. En julio se sancionó la ley de ?déficit cero?, que procuraba suprimir el déficit fiscal mediante una quita en los salarios públicos del 13 %, así como una reducción en los subsidios de desempleo y los presupuestos provinciales, entre otras medidas de similar tenor. Al mismo tiempo, el gobierno buscó contener la presión de la deuda mediante una reestructuración que pasó a la historia como ?megacanje?, en la que se postergaban vencimientos de capital e intereses hasta el 2005 y se incrementaba la deuda total.

La SRA apoyó, una vez más, el avance del ajuste. Tras el anuncio de la ley de déficit cero, emitió un comunicado de prensa titulado ?Para volver a creer?, en el que afirmaban que:

El país ha enfrentado el duro golpe de enfrentar una realidad que veníamos escondiendo debajo de la alfombra. No tenemos resto, nuestra capacidad de endeudamiento tocó fondo y la única salida es tratar de sobrevivir en lo inmediato con nuestros recursos (...). Los caminos son claros y no existen medidas alternativas. El gasto público no puede sostenerse a nivel nacional y mucho menos a nivel provincial. La angustia y el dolor que generan los recortes salariales, especialmente en los sectores de menores recursos, deberán ser acompañados y contenidos con gestos de grandeza de parte de nuestros gobernantes (...). La SRA, como una de las entidades más antiguas del país, llama a una mesurada reflexión de todos los sectores involucrados (...) para acompañar (...) un proceso de restricción inevitable que nos permita volver a empezar ( SRA, 2002b, pp. 49-50).

Por su parte, entre julio y agosto, tanto la CGT liderada por Moyano como la CTA y la CCC lanzaron dos nuevas huelgas generales, mientras que los desocupados, agrupados en las distintas vertientes del movimiento piquetero, confluyeron en un congreso en el que determinaron la realización de numerosos cortes de ruta. La conducción oficial de la FAA y la fracción representada por Chacareros Federados participarían de estas acciones ( Pérez Trento, 2015). Mientras tanto, en la exposición ganadera Crotto volvió a defender las medidas de Cavallo por devolver competitividad ?a un sector que estaba al borde del colapso?. La proximidad de las elecciones legislativas motivó, asimismo, una encendida diatriba, en la que la defensa del ?modelo? aparecía inexorablemente atada a la defensa del débil gobierno que lo sostenía: ?debemos estrechar filas en torno al gobierno porque no es la suerte de un partido la que está en juego, sino la existencia de la Nación misma (...). Este es el momento de dar la Madre de todas las batallas: la lucha contra el gasto público y la reducción a cero del déficit fiscal?. Y ante el nuevo momento de flujo de la lucha de clases, volvió a pedir el descargo de la represión sobre los trabajadores desocupados que seguían enfrentando al gobierno: ?no podemos aceptar en silencio que grupos de piqueteros (...) corten impunemente las rutas argentinas y nadie haga nada para impedirlo? ( SRA, 2001b, pp.14-7). Así, aun ante el inminente colapso, la SRA no atinó más que a defender la política de ajuste, reclamar represión para los que la enfrentaban, y apoyar al gobierno que daba una forma política cada vez más precaria a la contracción económica.

En noviembre, el agravamiento de las inundaciones volvía a partir aguas entre las organizaciones agrarias: mientras que la SRA se limitó a protestar verbalmente, la FAA, CONINAGRO y CARBAP, menos contemplativas, se movilizaron a Plaza de Mayo, y sumaron su granito de arena al estado general de efervescencia ( La Nación, 06/11/01).

La Convertibilidad sufría ya sus últimos estertores. Tras la concreción de la primera fase del canje de la deuda, Cavallo gestionó ante el FMI el desembolso de créditos pendientes a cambio de realizar un nuevo ajuste presupuestario para el 2002. La evidente incapacidad del gobierno para efectuarlo, sin embargo, hizo fracasar las negociaciones, ante lo cual el ministro decidió postergar el pago de las jubilaciones y anunció un aumento de los recortes salariales y la supresión del pago de los aguinaldos. El derrumbe ya se presentaba como algo inminente, y la fuga de dólares y el retiro de depósitos bancarios que siguió a los anuncios no hicieron más que retroalimentar la espiral.

En este contexto, algunas de las organizaciones representantes de la clase capitalista que defendían abiertamente el rumbo general de la política económica aún vigente publicaron una solicitada llamando a la realización de un ?pacto nacional?. Allí se reafirmaba la necesidad de sostener la Convertibilidad, se defendía la Ley de Déficit Cero, la reestructuración de la deuda pública, y se llamaba, en última instancia, a ?defender las instituciones de nuestra Patria y la continuidad, sin interrupción, ni cambios, de nuestro régimen constitucional". La SRA adhirió a los firmantes, que incluían a la Asociación de Bancos de la Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, mas no a la UIA ni las restantes entidades nucleadas en el GP ( Clarín, 18/11/01). La perspectiva de una alteración del orden institucional, o acaso la consecuencia que ello tendría respecto del esquema económico, preocupaba a la dirigencia de dichas asociaciones. En particular, Crotto destacó que ?no se puede andar especulando con cambios de figuras. Sería un error que pagaríamos todos los argentinos (...). La situación del país es lo suficientemente grave para buscar un consenso. No podemos estar bailando sobre el Titanic? ( La Nación, 19/11/01).

El 1 de diciembre, Cavallo decretó el congelamiento de los depósitos bancarios para detener la sangría, lo que dio lugar a un nuevo ciclo de movilizaciones. La imposición del ?corralito? bancario fue el último intento de sostener la a esta altura insostenible sobrevaluación del peso. A mediados de diciembre todo el arco sindical dispuso un paro nacional, al que adhirieron la FAA y CONINAGRO. Los sucesos del 19 y 20 de diciembre precipitaron la caída del gobierno de De La Rúa y el fin de la Convertibilidad.

La SRA, por su parte, había sido incapaz de alterar el sentido de su acción política, incluso en el ocaso del neoliberalismo. Valga como prueba el discurso de fin de año pronunciado por Crotto el 19 de diciembre, mientras la Plaza de Mayo recibía ya a los manifestantes:

Nuestro gran cometido es mostrarle al mundo que somos capaces de construir sobre bases sostenibles un país digno de crédito (...). La falta de solvencia fiscal y la pérdida de competitividad son factores que nos empujarán al default, y que traerán como consecuencia inmediata la desaparición del financiamiento externo e interno, fenómeno que en la práctica ya se manifiesta (...). No podemos pensar en devaluaciones que nos retornarían a la hiperinflación, ni en dolarizaciones que la inmensa mayoría no quiere (...). El camino es bajar el gasto público y lograr el equilibrio fiscal ( SRA, 2002b, pp. 48-9).

Así, incluso a horas del colapso, la SRA fue incapaz de considerar algún tipo de salida de la Convertibilidad, y siguió apoyando un curso que ya había demostrado haberse vuelto inviable. La entidad había mantenido su promesa de no abandonar el frágil barco de la Convertibilidad. Pero cuando éste finalmente se hundió, la arrastró consigo.