Artículos

INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN ECOSISTÉMICA COMO PROMOTORES DE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA Y DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Fernando A. Milano
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Argentina

Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 1666-4124

ISSN-e: 1851-3727

Periodicidad: Semestral

vol. 17, núm. 29, 2017

jvigil@fce.unl.edu.ar

Recepción: 06 Abril 2017

Aprobación: 04 Diciembre 2017



Resumen: La grave situación ambiental global viene promoviendo la creación de instrumentos de gestión que estimulen la conservación del capital natural y de los servicios ecosistémicos que éste provee. Por otro lado, Argentina tiene históricas deficiencias de políticas rurales que generan graves impactos ambientales por malos manejos y/o por presión de los mercados internacionales y también sociales (emigración, pobreza urbana, desempleo, desnutrición, inseguridad, etc.). Dado que es urgente establecer políticas para evitar estos problemas, el objetivo de este trabajo es presentar instrumentos para la conservación ecosistémica que el Estado (nacional, provincial y particularmente el municipal) podría utilizar para promover el desarrollo rural sostenible y las buenas prácticas agropecuarias de base agroecológica, especialmente enfocando a la región Pampeana. Estos instrumentos tienen impacto real cuando se integran en programas junto con herramientas sociales, educativas y de ordenamiento territorial.

Palabras clave: desarrollo rural sostenible, políticas públicas, buenas prácticas agropecuarias, Agroecología, pago por servicios ambientales.

Abstract: The critical global environmental situation is promoting the creation of management instruments that stimulate the conservation of the natural capital and the ecosystem services that it provides. On the other hand, Argentina has historical defi- ciencies in rural policies that generate serious environmental impacts due to poor management and /or pressure from international markets and also serious social problems (emigration, urban poverty, unemployment, malnutrition, insecurity, etc.). Since it is urgent to establish policies to avoid these problems, the objective of this work is to present instruments for ecosystem conservation that the Government (at a national, provincial and particularly county level) could use to promote sustainable rural development and good agricultural practices of agroecological basis, especially focusing on the Pampas region. These instruments have real impact when integrated into programs together with social, educational and land planning tools.

Keywords: rural sustainable development, public policies, good agricultural practices, Agroecology, payment for environmental services.

1. INTRODUCCIÓN

La falta de políticas de desarrollo rural sostenible con impacto territorial significativo se ha manifestado durante muchas décadas en la Argentina. Esto ha contribuido a que se convierta en uno de los países con mayor proporción de población urbana del mundo (91,2%) a pesar de su alta diversidad paisajística y riqueza de recursos naturales renovables y de su relativamente baja población y densidad poblacional (United Nations Statistics Division, 2011). El éxodo y la migración rural registrada desde hace décadas es uno de los factores que promueven la generación de cinturones de pobreza en las grandes ciudades y que están estrechamente ligados al desempleo, a los problemas sanitarios, a la desnutrición, a la inseguridad, etc. (Stratta Fernández y de los Ríos Carmenado, 2010). Además del profundo y extendido sufrimiento que esto implica, estos factores generan para los Estados (nacional, provincial, municipal) grandes gastos principalmente en las áreas de salud, alimentación, transporte, seguridad y desempleo.

Como parte de este proceso, específicamente en la región Pampeana y en particular desde las décadas de los ’80 y ’90 hasta la actualidad, se han venido realizando malas prácticas agropecuarias por una variedad de factores que incluyen, entre otros:

Factores como estos han sometido al medio rural a presiones ambientales que degradan su capital natural (suelo, agua, atmósfera y biodiversidad) y los servicios que él provee (Viglizzo y Jobbágy, 2010).

Desde el punto de vista ambiental global, en 2012 el hombre demandaba bienes y servicios naturales equivalentes a lo que generan anualmente 1,6 planetas y, con la actual tendencia, se demandarían dos planetas para 2030. El fuerte crecimiento de la población junto al consumo per cápita promedio son las explicaciones de esta tendencia (WWF, 2016).

Frente a estos graves problemas sociales y ambientales se necesita promover fuertemente el desarrollo rural sostenible que, lejos de implicar un mero crecimiento económico, mantenga un equilibrio entre lo ambiental, lo sociocultural y lo económico. Con esa visión un nuevo marco conceptual se viene desarrollando: el de la agricultura multifuncional o paisajes rurales multi-funcionales, en el cual el rol del medio rural para la sociedad se amplía mucho más allá de la producción de alimentos y fibras. En él se resalta tanto el valor del capital natural y los servicios ecosistémicos (regulación hídrica y climática, polinización, conservación de suelo, reciclado de nutrientes, recreación, etc.) como el valor social de la radicación rural (Hansen y Francis, 2007, Tolón y Lastra, 2007; Loewy, 2011; Loewy et al., 2015).

Así se apunta a combinar las actividades agropecuarias tradicionales realiza- das bajo pautas agroecológicas con la utilización de la fauna y la flora silvestre, con actividades como la pesca o el turismo rural y con la capacidad del sistema de proveer servicios ecosistémicos. Dado que muchos de estos se han reducido, con frecuencia se generan por eso importantes pérdidas económicas que han llevado a concluir que suele requerirse menos dinero para prevenir problemas ambientales que para solucionarlos. Esto ha hecho que se estén expandiendo diferentes mecanismos de incentivos como aquellos vinculados a las buenas prácticas agropecuarias y forestales basadas en la Agroecología (Landell–Mills y Porras, 2002; FAO, 2007; Brett y Crossman, 2013).

La Agroecología puede definirse como «Un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y sistémica y un fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables» (Sarandón, 2002). Por tanto, además de un componente científico–técnico posee uno socioeconómico y cultural que genera vínculos entre las personas y entre las personas y la naturaleza, En esa trama de relaciones el consumidor puede ser productor de toda o parte de su alimentación o bien adquirir los alimentos de los productores. El contacto periódico del productor y del consumidor tiene un protagonismo central en la integralidad de la Agroecología y suele ser frecuente en las producciones hortícolas periurbanas, aunque sería deseable que estuviera, de diferentes maneras, en todo tipo de producción de alimentos, Tanto el componente científico–tecnológico como el socioeconómico y cultural necesitan de una transición desde los modelos agroalimentarios predominantes actuales a los modelos agroecológicos (Marasas et al., 2014; Sarandón y Flores, 2014b).

Por todas estas razones es necesario y urgente establecer políticas eficaces y de significativo impacto territorial que reduzcan la emigración rural y promuevan el repoblamiento y el cuidado de los ecosistemas rurales así como la transición a la Agroecología. El Estado, sea nacional, provincial o municipal, debe implementar en coordinación con los productores, instrumentos económicos y normativos (proyectos asociativos, incentivos, microcréditos, fondos rotatorios, impuestos, tasas, derechos) en ese sentido (Antonio, 2007).

El objetivo de este trabajo es presentar, mediante el análisis de antecedentes y de estrategias de gestión, diferentes instrumentos de incentivo a la conservación ecosistémica que el Estado puede usar para ayudar a promover el desarrollo rural y las buenas prácticas agropecuarias y forestales vinculadas a la Agroecología, particularmente en la región Pampeana. Si bien es aplicable tanto a nivel del Estado nacional, provincial y municipal se hace un particular hincapié en el rol de este último dada la posibilidad que tiene de mantener un estrecho contacto con el medio rural.

2. MÉTODOS

La revisión bibliográfica comenzó en 2006 cuando, a poco de terminarse el documento «Evaluación de Ecosistemas del Milenio, se encontraban en expansión el estudio de los servicios ecosistémicos y las evaluaciones de las primeras experiencias de lo que, en ese momento, se denominaba «pago por servicios ambientales» (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Esta fue la primera expresión en la cual se basó la búsqueda bibliográfica que se centraba, principalmente, en sistemas de premio, incentivo, compensación u otras variantes sobre la captura de carbono, la protección de cuencas hídricas y la conservación de la biodiversidad, mayormente en sistemas boscosos (Landell- Mills y Porras, 2002). Se buscaron antecedentes a nivel internacional, nacional, provincial y municipal. Más tarde, esta expresión fue gradualmente reemplazada por técnicos y científicos por «pago por servicios ecosistémicos» que fue incluida en la búsqueda bibliográfica. Ambas expresiones se usan frecuentemente como sinónimos. Sin embargo no existe una definición suficientemente consensuada de la expresión «servicios ambientales» aunque sí de «servicios ecosistémicos» que se define como los beneficios que el hombre recibe de los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). A los fines de evitar riesgos de apropiación de bienes y servicios naturales que forman parte del bien común, es recomendable usar la expresión «pago por servicios ambientales». Estos se consideran como los aportes otorgados por diferentes medios (reducciones impositivas, semillas, pagos de asesores en programas asociativos, etc.) a los productores por las buenas prácticas agropecuarias y forestales que mejoran la condición de los ecosistemas y no a los servicios ecosistémicos que genera la naturaleza. O sea, se considera que no se puede pagar a la naturaleza sino que se paga a un servicio realizado por un productor que, de alguna manera, se convierte en custodio del correcto funcionamiento de la naturaleza, sin riesgos de apropiación de la misma en cualquiera de sus formas.

A medida que avanzaba el análisis bibliográfico, se encontraron ejemplos de instrumentos que no se enmarcaban dentro de estas dos expresiones por lo que se incluyó el término «incentivos» aplicado a las expresiones «buenas prácticas agropecuarias» y «buenas prácticas forestales» y, dentro de estas, a aquellas que generaban un impacto ecosistémico positivo.

Dado que en los últimos años se ha promovido la asociación de la expresión «Buenas prácticas» en agricultura a la forma de aplicación de plaguicidas, cabe aclarar que no es el uso que se le da en este documento. Aquí se refiere a la gran diversidad de prácticas que permiten ahorrar energía, conservar el suelo, el agua, la atmósfera y la biodiversidad y promover la generación de servicios ecosistémicos a partir de ellas.

Para la revisión también se analizaron normativas, líneas crediticias y otros instrumentos que, sin usar estas expresiones, utilizaban, conceptualmente, mecanismos de estímulo. La información recopilada y el aprendizaje logrado mediante ella fue compartido y discutido en diversas reuniones nacionales, particularmente en las vinculadas al Proyecto Nacional de INTA «Valorización de los bienes y servicios ambientales para caracterizar vulnerabilidad en áreas ecológicas críticas (PNECO 1303)». Asimismo, fue valiosa para el intercambio en tres reuniones internacionales:

Si bien el trabajo apunta a antecedentes vinculados a la conservación de ecosistemas en algunos casos, particularmente en las leyes, se destacan también aportes en el plano social ya que ello posee fuertes conexiones directas y/o indirectas con lo ambiental.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Aunque existen innumerables antecedentes internacionales de promoción del desarrollo rural a lo largo de las últimas décadas, se destacan en este trabajo aquellos instrumentos de incentivo destinados a generar un impacto ambiental significativo.

3.2. ANTECEDENTES NACIONALES

3.3. ANTECEDENTES PROVINCIALES

3.4. ANTECEDENTES MUNICIPALES

4. ACCIONES NECESARIAS DE PARTE DEL ESTADO

Tomando como base estos antecedentes se considera factible y necesario crear instrumentos en los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) en pro del desarrollo rural sostenible y de la transición agroecológica que permitan llevar adelante una serie de acciones indispensables. Ellas incluyen, desde lo ambiental, el ordenamiento territorial, la educación del consumidor y capacitación de los productores, la promoción del asociativismo y de las buenas prácticas agropecuarias y forestales, la fiscalización de las mismas, el monitoreo ambiental mediante indicadores sencillos, la generación de nuevas áreas protegidas con desarrollo de actividades educativas, recreativas y turísticas en su interior, etc.

4.1. CRITERIOS y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN

Para cumplir con las acciones mencionadas es necesario tener en cuenta aspectos conceptuales y operativos. Ello se presentan a continuación destacando, en algunos casos, el rol del municipio como institución que se encuentra más cercana a los vecinos y a la realidad rural.

  1. 1. Antes de generar incentivos a las buenas prácticas se deben eliminar subsidios e impuestos perversos, es decir aquellos que promueven las malas prácticas agropecuarias. La deforestación en el Amazonas brasilero y en ciertos lugares de Argentina, los subsidios a los engordes a corral entre 2006 y 2010 y los derechos de exportación a cultivos necesarios para la conservación del suelo y para la regulación de inundaciones (trigo, maíz) son ejemplos de este tipo de medidas perjudiciales (Faminow y Vosti, 1998; Milano, 2009).
  2. 2. Cuando el productor recibe un bajo precio por sus productos (lo cual promueve las malas prácticas) debe analizarse en primer lugar la distribución del dinero en la cadena de comercialización con la participación de los Estados nacional, provincial y municipal. De lo contrario se podría caer en el error de apoyar al productor desde el Estado cuando, en realidad el dinero necesario se encuentra en la cadena siendo apropiado por uno de sus componentes. Ello implicaría una transferencia indirecta del Estado a quien no necesita apoyo.
  3. 3. Tener presente que los instrumentos económicos ambientales no deben ser conceptualmente recaudatorios sino que deben apuntar a regular actividades sea a través de incentivos o de desincentivos (Antonio, 2007).
  4. 4. Disponer de un diagnóstico razonablemente actualizado de la situación socioproductiva y ambiental rural es muy importante (Saldungaray et al., 2013). Sin embargo la falta de ciertos datos no debe evitar que se pongan en marcha medidas mientras se obtienen los mismos, a fin de ganar tiempo y experiencia de gestión.
  5. 5. Analizar los costos de oportunidad entre prácticas deseables y no deseables:
    • si no hay costos de oportunidad a favor de las prácticas no deseables, incentivar la capacitación, facilitar mercados, reducir costos con compras asociativas, otorgar microcréditos, generar fondos rotatorios, dar aportes por tiempo limitado y/o créditos subsidiados para inversiones entre otros mecanismos posibles;

    • si hay costos de oportunidad a favor de las prácticas no deseables, analizar qué porcentajes de ellos se deberían cubrir para lograr el objetivo de que se adopte la buena práctica. Para ello se deberá tener en cuenta en los cálculos diversos aspectos entre los que se encuentran: A) el concepto de que es obligatorio para todos los ciudadanos el proteger el patrimonio natural de la Nación de acuerdo al Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina (1994); B) el hecho de que hay buenas prácticas que mejoran la productividad en el mediano, largo y, a veces, corto plazo, por lo que puede no necesitarse aportar la totalidad del costo de oportunidad; C) el hecho de que, en las rotaciones, la fijación nitrogenada constituye un ahorro en fertilizante para actuales y futuros cultivos lo que achica el porcentaje a pagar del costo de oportunidad; D) el hecho de que dado que se otorgaría un aporte independientemente de las condiciones meteorológicas, el hecho de anular el riesgo climático hace razonable reducir una pequeña parte del costo de oportunidad.

  6. 6. Crear los instrumentos locales que ayuden a cumplir con los objetivos. El Estado municipal, por ser una estructura de gobierno adecuada para establecer el nexo entre los productores y las instituciones generadoras de fondos puede crear un fondo ambiental que permita captar fondos internos y externos y distribuirlos (Norris, 2004). Igualmente son muy importantes los métodos de cuantificación de costos ambientales que sirven para evaluar anualmente los impactos de las actividades humanas y orientar en las características y dimensión que debe tener cada tipo de incentivo (IARNA, 2008).
  7. 7. Cualquiera sea el instrumento, se deberá considerar en su concepción que las personas físicas o jurídicas puedan recibir descuentos u otras formas de beneficios según variables y atributos sociales y ambientales que contribuyan a lograr los objetivos planteados. Entre ellos se podrían incluir:
    • Sociales:

      1. - Residencia, diferenciando si el productor (persona física o jurídica, dueño o arrendatario) vive en el partido en el que el establecimiento se encuentra, en partidos limítrofes o en lugares distantes. A su vez si vive en el campo, en un poblado pequeño vecino o en la localidad cabecera de partido.

      2. - Propiedad: si el productor es propietario o arrienda.

      3. - Cantidad relativa de empleados.

      4. - Trabajo familiar.

      5. - Participación en grupos asociativos como los coordinados por asesores (Cambio rural o CREA), cooperativas, compras y ventas asociativas, etc.

    • Ambientales: si realiza buenas prácticas agropecuarias y/o forestales de base agroecológica. Estas variarán para cada región por lo que mencionaremos,a manera de ejemplo, algunas aplicables a la producción extensiva en la región Pampeana muchas de las cuales forman parte del proceso de transición agroecológica (Marasas et al, 2015).

      1. - Uso del suelo según aptitud, que incluye subdivisiones en ambientes dentro de los potreros.

      2. - Conservación de pastizales naturales incluyendo manejos como la sub-división, rotación y descansos.

      3. - Rotación de cultivos de cosecha con pasturas consociadas.

      4. - Subdivisión y descansos de pasturas.

      5. - Balance forrajero y elaboración de reservas.

      6. - Labranzas conservacionistas.

      7. - Manejo adecuado del barbecho y residuos de cosecha.

      8. - Secuencia adecuada de cultivos de cosecha.

      9. - Cultivos de coberturas

      10. - Análisis de suelos.

      11. - Fertilización variable.

      12. - Fertilización balanceada.

      13. - Reducción en el uso de insumos agroquímicos y de combustibles fósiles.

      14. - Control integrado de plagas y uso racional de agroquímicos.

      15. - Creación y/o mantenimiento de corredores y refugios de biodiversidad

      16. - Prácticas forestales sostenibles.

  8. 8. Dado que las variables y/o atributos ambientales pueden variar de una hectárea a otra sería razonable utilizar como unidad de evaluación a cada hectárea por separado tal como se hacen con los premios en el programa de la provincia de Córdoba, registrando en concreto la cantidad y/o porcentaje de hectáreas en los que se desarrolla la práctica (Gobierno de la provincia de Córdoba, 2017).
  9. 9. Los programas de desarrollo rural e incentivos a las buenas prácticas agropecuarias deben planificarse en conjunto con todos los actores y ejecutarse con una diversidad de fondos y/u otros recursos entre los que se encuentren estos instrumentos y no ser estas herramientas aisladas y únicas. Estos otros fondos podrían provenir de diversos orígenes (nacionales, provinciales, internacionales, empresarios, ONG, etc.). Los programas Prohuerta y Cambio Rural de INTA y los programas de promoción ganadera provinciales son ejemplos en marcha que pueden potenciar estas iniciativas.
  10. 10. Determinar cuál es la mejor manera de promover la buena práctica, entre las que se encuentran:
    • reducciones o exenciones de impuestos, tasas, servicios, derechos, etc.;

    • entrega de insumos (semillas, fertilizantes, etc.);

    • brindar o facilitar servicios, particularmente aquellos que promuevan el asociativismo: capacitación, asesoramiento tecnológico en grupos semejantes al programa Cambio Rural de INTA, asesoramiento para la presentación de proyectos, certificación participativa, gestión de ferias comunitarias, gestión de marcas y denominación de origen, gestión de compras y ventas asociativas, etc. La facilitación del asociativismo es, tal vez, el mecanismo más importante que pueda desarrollar un municipio tanto por los vínculos laborales como por los humanos que ayuda a generar;

    • generación de infraestructura comunitaria que facilite la elaboración y venta de los productos obtenidos con las buenas prácticas agropecuarias: huertas, ferias, sala de elaboración de alimentos, etc.;

    • maquinarias compartidas;

    • pago contra presentación de facturas de los servicios y/o bienes pagados para realizar las prácticas;

    • compra de tierras para proyectos comunitarios o para asentamientos familiares de producciones agroecológicas;

    • generación de créditos subsidiados a través de fondos rotatorios;

    • microcréditos;

    • apoyo a iniciativas de certificaciones a cargo de empresas (orgánica) o de Organizaciones No Gubernamentales como las certificaciones «Carnes de Pastizal» y «Bono Tomate» (Parera y Carriquiry, 2014; Arbia, 2016).

  11. 11. De ser necesario aplicar el «Principio de progresividad» tal como está enunciado en la Ley Nacional General del Ambiente (Ley Nacional 25675, 2002): «Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos» (Ley Nacional 25675, 2002).
  12. 12. Si hay productores pequeños que no pueden realizar buenas prácticas por cuestiones económicas podrían recibir descuentos u otros beneficios por un período controlado hasta tanto puedan llevarlas a cabo.
  13. 13. El 100% de lo que se pague desde el sector rural al municipio en carácter de tasas o derechos deberá volver al medio rural para lo cual el dinero debe ir a una cuenta de asignación específica municipal que deberá ser cogestionada con instituciones del sector.
  14. 14. Aun cuando la creación de instrumentos como las tasas o derechos propuestos pueda ser percibida en principio por el sector agropecuario como una nueva carga fiscal perjudicial, el análisis del programa que la incluya arrojaría conclusiones opuestas debido a que:
    • muchos productores no los tendrían que pagar por los descuentos a recibir por trabajar su tierra, vivir en el medio rural, realizar buenas prácticas, etc.; recibiendo, además, incentivos para realizarlas;

    • el 100% de lo que se pague volvería al medio rural;

    • buena parte del dinero que vuelve al medio rural sería dinero que, mediante el Estado, proviene de empresas (generalmente grandes) de otras zonas, regiones, provincias o países;

    • otra parte importante del dinero provendría indirectamente del Estado Nacional ya que quienes tributen Impuesto a las Ganancias podrán deducir las tasas o derechos del mismo aportando, por tanto, sólo un porcentaje del monto que finalmente le corresponda;

    • las compras asociativas de bienes como semillas de pasturas y servicios como los de agricultura satelital y de precisión, permitirían recuperar parte del dinero aportado a partir de descuentos que harían las empresas locales hacia el medio rural;

    • la capacitación de personal y empresas y la gestión de negocios y certificaciones (por ejemplo certificación agroecológica participativa, producción orgánica) brindaría reducciones de costos y aumentos de ingresos;

    • el poseer certificaciones los posicionaría mejor para recibir dinero de otros orígenes, como créditos del Estado provincial o nacional, fondos internacionales, etc.;

    • el municipio debería comprometerse fuertemente a gestionar a nivel provincial y nacional el aumento de fondos para promover la conservación ecosistémica y el desarrollo rural. Ejemplo de esto podrían ser una de las propuestas de ley nacional de conservación de suelos existentes en el Congreso Nacional que podría aportar al fondo cantidades significativas de dinero desde el Estado Nacional para realizar buenas prácticas (Stolbizer et al., 2016).

      La implementación de programas de este tipo podrá producir muchos y diversos beneficios:

      • ambientales: como el mejoramiento de la calidad del suelo y del agua, la potenciación del rol de la biodiversidad y la reducción de gases efecto invernadero todo, particularmente, mediante la implementación de prácticas agroecológicas;

      • económicos: como la reducción de los riesgos de inundaciones, la conservación y/o incremento de la capacidad productiva de los suelos, y el mejoramiento de la producción apícola;

      • sanitarios: como la reducción de las tormentas de polvo en zonas áridas y semiáridas que generan problemas respiratorios y oculares, de los impactos negativos del uso de plaguicidas o de los niveles excesivos de nitratos en aguas subterráneas y superficiales que las hacen no potables;

      • espirituales y paisajísticos: como la conservación del paisaje rural con sus componentes histórico-culturales y naturales;

      • sociales: como el mantenimiento del arraigo, la cultura e identidad rural y del empleo y actividad económica local que reducen la emigración y concentración urbana y sus consecuencias (pobreza, inseguridad, etc.).

5. CONCLUSIONES

La crisis ambiental global y local ha promovido la generación de instrumentos de gestión para la conservación ecosistémica que pueden ser utilizados para impulsar el desarrollo rural y la transición agroecológica ya que ambos tienen al ambiente como pilar central.

Existen fuertes y ya históricos antecedentes mundiales y también sólidos marcos normativos centrales en la Nación Argentina para llevar estas iniciativas adelante. Existen, además, novedosas iniciativas internacionales, nacionales, provinciales y municipales que, combinadas adecuadamente entre sí e integradas en programas participativos a herramientas sociales, educativas y de ordenamiento territorial tendrían una gran potencialidad de transformación territorial. El municipio, por encontrarse en vínculo estrecho con el medio rural y sus actores es una institución con grandes fortalezas para ejecutar estas acciones y las provincias y la Nación pueden encontrar en ella un punto para concentrar esfuerzos. El seguimiento de los éxitos, fracasos y problemas en la gestión de los antecedentes presentados facilitará la implementación de estos programas y su multiplicación en diversas regiones en un necesario espiral ascendente de desarrollo local sostenible.

Agradecimientos

Al Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y al Consejo Interuniversitario Nacional por el apoyo recibido para la realización de este trabajo a través del proyecto PICTO-CIN 2010 Nro 27 «Buenas prácticas agrícolas como herramienta de gestión para el desarrollo local en el Sudoeste Bonaerense». A los integrantes del mismo proyecto y a los del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial del Partido de Balcarce por las ricas discusiones que hemos compartido en estos años de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

A dos voces (2008). «“Pepe” Mujica: Entrevista en TV Argentina (2)». Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Zlf71e5p0aE (Consultado 9/5/2011)

Agrovoz (2016). «Buenas prácticas: una “ley de promoción” que tendrá un fondo de $70 millones», Agrovoz, 14 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www.lavoz.com.ar/agro/agricultura/buenas-practicas-una-ley-de-promocion-que-tendra-un-fondo-de-70-millones/ (Consultado 18/11/2016)

Angelsen, A. (2008). Moving ahead with REDD: Issues, options and implications. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Anónimo (2013). «Santa Fé: media sanción para la ley de conservación de pastizales na- turales». Disponible en: http://pastizalesdelsur.wordpress.com/2013/12/04/santa-fe-media-sancion-para-la-ley-de-conservacion-de-pastizales-naturales/ (Consultado 18/11/2016).

Anónimo (2016). «Se viene la Semana de la Agroecología». La Voz del Pueblo, 10 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota.php?id=44466 (Consultado 23/4/2017).

Anónimo (2015). «Álvarez inauguró el Molino de Harina Integral Agroecológico “La Clarita”». 8 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.fmtop100.com.ar/alvarez-inauguro-el-molino-de-harina-integral-agroecologico-la-clarita/ (Consultado 18/11/2016).

Antonio, A.R. (2007). Impuestos Ambientales. Buenos Aires: Editorial Osmar D. Buyatti.

Aranda, D. (2015). «Hay otro modelo para el campo». Página 12, 7 de octubre de 2015, Buenos Aires. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-283277-2015-10-07.html (Consultado 23/4/17)

Aranda, D. (2016). «Productores, Municipio y 1500 hectáreas agroecológicas». 3 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.greenpeace.org.ar/blog/productores-municipio-y-1500-hectareas-agroecologicas/17736/#more-17736 (Consultado 23/4/2017)

Arbia, C. (2016). «“Bono tomate” una alternativa financiera para la agricultura familiar». Infobae, 17 de septiembre de 2016. Buenos Aires. Disponible en: https://www.infobae.com/economia/2016/09/17/bono-tomate-una-alternativa-financiera-para-la-agricultura-familiar/ Consultado 23/4/2017)

Bertello, F. (2006). «La urea granulada, insumo en aumento», La Nación 13 de mayo de 2006.

Brett A.B & Crossman D.C. (2013). «Impact of multiple interacting financial incentives on land use change and the supply of ecosystem services». Ecosystem Services 4: 60–72.

Bulas, J.M. (2004). «Implementing cost recovery for environmental services in México», World Bank Water Week, Washington, 24–26 febrero 2004.

Carlson, K.M., Cook, D.C., Dempsey, J.A., Kitzes, J., Kremen, C., Milano, F.A., Mole, B.M. & Walker N.F. (2012). «Design a system for international trade that accounts for impacts on ecosystem services». Pp. 85–91 en: Ecosystem Services: Charting a Path to Sustainability. Interdisciplinary Research Team Summaries; Conference, Arnold and Mabel Beckman Center, Irvine, California, November 10–11, 2011; The National Academies Keck Futures Initiative. The National Academies Press, Washington D.C. 121 pp.

Castelli, L. (2001). Conservación de la naturaleza en tierras de propiedad privada. Buenos Aires, FARN.

Castro, E. (2001). «Costarrican experience in the charge for hydro environmental services of the biodiversity to finance conservation and recuperation of hillside ecosystems», International Workshop on Market Creation for Biodiversity Products and Services, OECD, Paris.

Constitución de la Nación Argentina (1994). Constitución de la Nación Argentina. Santa Fe, 22 de agosto de 1994, Argentina.

Cruzate, G.A. & Casas, R. (2009). «Extracción de nutrientes en la agricultura argentina», Informaciones agronómicas del Cono Sur, N° 44: 21–26.

Decreto 526/2013 (2013). Decreto 526/2013. Decreto de creación de la Reserva Natural Privada de Objetivo definido Mixto Educativo y Botánico «Sierras Grandes», 26 de julio de 2013, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Decreto 434/2017 (2017). Decreto 434/2017. Decreto de creación del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba «BPAs CBA». 17 de marzo de 2017, Córdoba, Provincia de Córdoba..

Denegri, G.A. & Gaspari, F.J. (2010). «Lineamientos para la formulación de pagos por servicios ambientales. Estudio de caso: alta cuenca del río Sauce Grande. Argentina», Cuadernos Geográficos, N° 46: 93–110.

Echavarría, M. (2002a). «Water use association in the Cauca Valley: a voluntary mechanism to promote upstream–downstream cooperation in the protection of rural watersheds», FAO Land Water Linkages Case Study Series, Roma, FAO.

Echavarría, M. (2002b). «Financing watershed conservation: the FONAG water fund in Quito, Ecua- dor» En S. Pagiola, J. Bishop & N. Landell-Mills (Eds.), Selling forest environmental services: marked–based mechanisms for conservation and development. London. Earthscan, pp -

FAO (2007). Pago a los agricultores por servicios ambientales. Roma: FAO.

Faminow, M.D. & Vosti, S. (1998). «Livestock – deforestation links: policy issues in the western Brazilian Amazon». Livestock Advisor, Agriculture and Natural Resource Department, World Bank. Disponible en: http://www.fao.org/WAIRDOCS/LEAD/X6139E/X6139E00.HTM

Hansen, T.M., Francis, C.F. (2007). Multifunctional Rural Landscapes: Economic, Environmental, Policy and Social Impacts of Land Use Changes in Nebraska. University of Nebraska, Lincoln. 48 p.

Gobierno de la provincia de Córdoba (2017). Programa de buenas prácticas agropecuarias «BPAs CBA» – Manual Operativo. Disponible en: http://bpa.cba.gov.ar/Sistema/MANUAL_BPAs.pdf (Consultado: 3/12/17).

Gabella, J.I. (2014). Gestión territorial y degradación ambiental en áreas rurales de la diagonal árida templada argentina. Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. Tesis Doctoral, Departamento de Geografia, Universidad Nacional del Sur, 216 pp.

Gómez, L. (2015). «Adopción de tecnología de la cría de carne vacuna en la cuenca del Sa- lado». Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Católica Argentina. Disponible en: https://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/adopcion-tecnologia-cria-carne-vacuna.pdf Fecha de consulta: 2/12/17

IARNA (Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente – Universidad Rafael Landívar) (2008). «Elementos esenciales para la compilación del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada de Guatemala». Documento 25, Serie Técnica 23. Guatemala: Serviprensa.

La Nación (2016). «La crisis lechera (Editorial)». La Nación, 7 de mayo de 2016

Landell–Mills, N. & Porras, I.T. (2002). ¿Bala de plata u oro de tontos? Revisión global de mercados para servicios ambientales forestales y sus impactos en la pobreza. Primera Edición. Londres: International Institute for Environment and Development.

Ley 7107/2000 (2000). Ley 7107/2000. Ley de creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la provincia de Salta. Salta, Provincia de Salta.

Ley 10907/90 (1990). Ley 10907/90. Ley de Reservas y Parques Naturales de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Ley 12257/99 (1999). Ley 12257/99. Código de Aguas, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Ley 8318/89 (1989). Ley 8318/89. Paraná, Provincia de Entre Ríos.

Ley 9816/07 (2007). Ley 9816/07, 5 de diciembre de 2007, Paraná, Provincia de Entre Ríos.

Ley 1552 (2010). Ley 1552; Programa de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa, Boletín Oficial de la Provincia de Formosa N° 9139, 22 de junio de 2010, Formosa.

Ley Nacional 22.428 (1981). Ley Nacional 22.428. Ley de fomento y conservación de los suelos, 16 de marzo de 1981, Buenos Aires.

Ley Nacional 25.422 (2001). Ley Nacional 25.422; Ley para la recuperación de la ganadería ovina, Buenos Aires.

Ley Nacional 26331/2007 (2007). Ley Nacional 26331/2007. Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, 28 de noviembre de 2007, Buenos Aires.

Ley Nacional 27.118/14 (2014). Ley Nacional 27.118/14. «Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina», 17 de diciembre de 2014, Buenos Aires.

Ley Nacional 25675 (2002). Ley Nacional General del Ambiente. Buenos Aires.

Loewy, T. (2011). «Multifuncionalidad agrícola y desarrollo». V Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente y V Jornadas de la Asociación Argentino–Uruguaya de Economía Ecológica. 12, 13 y 14 de Septiembre de 2011. Santa Fe, 2011, 12 pp.

Loewy, T., Milano, F., Ángeles, G., Saldungaray, C., Campaña & H., Álamo, M. (2015). Buenas prácticas agrícolas con desarrollo local para el sudoeste bonaerense. Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur.

Maceira, N, C. Álvarez, C. Videla, J. Elverdin, K. Zelaya, L. Picone, G. Borras, J. Tribo,N. Romera, C. Muñoz, M. Bruno, G.S. Cambareri, E. Álvarez Manzaneda, C. Cufré,M. F. González, P.H. Martinez Melo, L. Herrera, S. Guido, J. Calvo, M. Calandroni, M.P. Barral, H. Angelini, C. Canesini, L. Charafedín, F. Preves, J. Poggioli, Pastore, S. Mulvany, M. Guillermo, M. Ambrústolo, A.M. Vernetti, C. Oviedo, R. Ferrero, L. Zucaila, M. Camino, M.C. Nassi, M.T. Adobbati, A. Romanelli, L. Lima, H. Massone, G. Martinez, F. Milano, M. Ávila, M. Canciani & Perez Safontas, M. (2010). «Proceso participativo para el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial rural del Partido de Balcarce». Encuentro Nacional del PROFEDER. Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010.

Marasas, M.E., Blandi, M.L., Dubrosky Berensztein, N. & Fernández, V. (2014). «Transición agroecológica de sistemas convencionales de producción a sistemas de base ecológica. características, criterios y estrategias» En S.J. Sarandón & C.C. Flores (eds.), Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables: Universidad Nacional de La Plata, pp 411–436.

Milano, F.A. (2009). «Pago por servicios ambientales a productores: fuentes de dinero para incentivar la siembra de pasturas». Revista Argentina de Economía Agraria XI (1): 127–148

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-Being: Current States and Trends: Findings of the Conditions and Trends Working group. Washington, DC: Island Press.

Murray, D. (2005). Oil and Food. A Rising Security Challenge, Earth Policy Institute, Wash-ington. Disponible en: www.earth-policy.org. Último acceso: mayo 2007.

Naeem, S., J.C. Ingram, A. Varga, T. Agardy, P. Barten, G. Bennett, E. Bloomgarden, L.L. Bremer, P. Burkill, M. Cattau, C. Ching, M. Colby, D.C. Cook, R. Costanza, F. DeClerck, C. Freund, T. Gartner, R. Goldman–Benner, J. Gunderson, D. Jarrett, A.P. Kinzig, A. Kiss, A. Koontz, P. Kumar, J.R. Lasky, M. Masozera, D. Meyers, F. Milano, L. Naughton–Treves, E. Nichols, L. Olander, P. Olmsted, E. Perge, C. Perrings, S. Polasky, J. Potent, C. Prager, F. Quétier, K. Redford, K. Saterson, G. Thoumi, M.T. Vargas, S. Vickerman, W. Weisser,D. Wilkie & S. Wunder. (2015). «Get the science right when paying for nature’s services». Science 13 March 2015: vol. 347 no. 6227 pp. 1206–1207

Norris, R. (2004). Manual de fondos ambientales del IPG: un cuaderno de consulta para el diseño y la operación de fondos ambientales. Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe (RedLAC). México D.F.: Pact Publications.

Oliverio, G. & López, G.M. (2015). Sustentabilidad de la Agricultura en la Próxima Década. Potencial Uso de Fertilizantes al 2015. Buenos Aires: Fundación Producir Conservando.

Ordenanza Ad–Referendum N° 12.376 (2005). Ordenanza Ad–Referendum N° 12.376; Municipalidad de Salta, Salta 17 de febrero de 2005.

Ordenanza Municipal 6543/94 (1994). Ordenanza Municipal 6543/94; Derecho a la piedra, 1994, Tandil, Provincia de Buenos Aires.

Ordenanza N°1799/1999 (1999). Ordenanza N° 1799/1999; Fondo de Tierras, 1999, Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires.

Ordenanza 2671/10 (2010). Ordenanza 2671/10; Cañuelas, Buenos Aires. 7 de junio de 2010

Ordenanza 5133/15 (2015). Ordenanza 5133/15; Ramallo, Buenos Aires.

Ordenanza 21097/12 (2012). Ordenanza 21097/12; General Pueyrredón, Buenos Aires.

Pagiola, S., Agostini, P., Gobbi, J., de Haan, C., Ibrahim, M., Murgueitio, E., Ramírez, E., Rosales, M. & Ruíz, J.P. (2004). «Pago por Servicios de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Agropecuarios», The World Bank Environment Department, Washington, pp 1–37.

Parera, A. & Carriquiry, E (2014). Manual de Prácticas Rurales asociadas al Índice de Conservación de Pastizales Naturales (ICP). Proyecto de Incentivos a la Conservación de Pastizales Naturales del Cono Sur. Buenos Aires: Aves Uruguay.

Pengue, W. (2004). «Producción agroexportadora e (in)seguridad alimentaria: el caso de la soja en Argentina». Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 1: 46–55

Prieto, A. (2013). «Perspectivas y avances con servicios ambientales en Argentina», 2013. Disponible en: http://www.valorandonaturaleza.org/noticias/perspectivas_y_avances_con_servicios_ambientales_en_argentina (Consultado 1/4/2013)

Rojas, M. & Aylward, B. (2002). «The case of “La Esperanza”: a small, private, hydropower producer and a conservation NGO in Costa Rica», Land–Water linkages in rural watersheds case study series, Rome, FAO.

Romanelli, R. (2004). «¿Es el “decoupling” un subsidio neutral?» Actas Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política. Asociación Argentina de Economía Política, Buenos Aires.

Saldungaray, M.C.; Conti, V.P.; Chimeno, P.; Gargano, A. & Aduriz, M.A. (2007). «Comercializacion de productos ganaderos en el partido de Saavedra (Buenos Aires)» Rev. Facultad de Agronomia UBA, 27(1): 63–73

Saldungaray, M.C., Adúriz, M.A. & Conti, V.P. (2013). «Las empresas agropecuarias de los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales», AgroUNS, Año X N° 19: 17–19.

Sarandón, S.J. (2002). «Incorporando el enfoque agroecológico en las Instituciones de Educación Agrícola Superior: la formación de profesionales para una agricultura sustentable». Revista Agroecología y Desenvolvimiento Rural Sustentável. EMATER RS, Brasil, 3 (2): 40–49.

Sarandón, S.J. & Flores, C.C. (eds.) (2014). Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Sarandón, S.J. & Flores, C.C. (2014b). «La Agroecología: el enfoque necesario para una agricultura sustentable» En Sarandón, S.J. y Flores, C.C. (eds.) Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, pp 42–69.

Sarno, R. (2012). «Incentivos a la conservación de Pastizales Naturales y capacidad instalada en el sector público de seis gobiernos de la región», 2012. Disponible en: http://pastizalesdelsur.files.wordpress.com/2012/09/informe-final_incentivos-a-la-conservacic3b3n-_rafael-sarno.pdf (Consultado 23/4/2017)

Seifert, R. (2015). «Marcha atrás en Ramallo para la prohibición en el uso de agroquímicos». La Nación 8 de junio de 2015, Buenos Aires.

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M. & De Haam, C. (2009). La larga sombra del ganado: problemas ambientales y opciones. Roma: FAO, Iniciativa para Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo.

Stolbizer, M.R., Linares, M.V, González Malla M. & Milano, F.A. (2016). Proyecto de ley nacional : Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas. Régimen. Derogación de la ley de fomento a la conservación de los suelos —22428—. N° Expediente: 4575–D–2016. Fecha: 28/07/2016. Disponible en: http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=188726. (Consultado18/11/2016)

Stratta Fernández, R. & De Los Ríos Carmenado, I. (2010). «Transformaciones agrícolas y despoblamiento en las comunidades rurales de la Región Pampeana Argentina». Estudios Geográficos. Madrid, Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Vol. LXXI, 268: 235–265.

Tolón, A. & Lastra, X. (2007). «Evolución del Desarrollo Rural en Europa y en España: Las Áreas Rurales de Metodología LEADER M+A». Revista Electrónic@ de Medioambiente. 2007, 4: 35–62

United Nations Statistics Division (2011). Demographic yearbook 2009–2010. New York: United Nations.

Viglizzo, E. (1995). «El rol de alfalfa en los sistemas de producción», pags. 260–272 en La alfalfa en la Argentina. E.H. Hijano y A. Navaro (eds), INTA Cuyo, San Juan, 285 p.

Viglizzo, E.F. & Jobbágy, E.G. (2010). Expansión de la frontera agropecuaria en Argentina y su impacto ecológico–ambiental. Buenos Aires: INTA.

WWF (2016). Living Planet Report 2016. Gland, Switzerland.

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