Otras temáticas
Movimiento urbano en América Latina de cara a la nueva agenda urbana
Urban movement in Latin America: facing the new urban agenda
Movimiento urbano en América Latina de cara a la nueva agenda urbana
Revista latinoamericana de investigación crítica, vol. V, núm. 8, 2018
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Resumen: Este trabajo intenta dar cuenta de algunas de las respuestas de los movimientos urbanos populares organizados de América Latina, asumiendo que es imposible no asociar el crecimiento de la informalidad y de un mercado informal, al modelo de ciudad, que se fractura, elitizándose y precarizándose a la vez, que responde al modelo donde las viviendas dejaron de ser bienes de uso (casas para vivir) para transformarse en bienes de cambio y reserva de valor (casas para especular).
Palabras clave: Nueva agenda urbana , Movimientos urbanos , incidencia , Desarrollo , Políticas públicas.
Abstract: This paper attempts to account for some of the responses of organized urban popular movements in Latin America, assuming that it is impossible not to associate the growth of informality and an informal market with the city model, which fractures, elitizating and becoming precarious. at the same time, that responds to the model where the houses stopped being used goods (houses to live) to be transformed into goods of exchange and reserve of value (houses to speculate).
Keywords: New urban agenda , Urban movements , Advocacy , Development , Public policies.
Introducción
Históricamente, la ciudad ha representado el ideal de la vida social, el faro de la cultura y de la modernidad, centro de producción, de información, de decisión y de acumulación de capitales. El documento preparatorio de Hábitat III referido a ciudades inclusivas, señala que “la urbanización ofrece la posibilidad de nuevas formas de inclusión social, incluyendo mayor igualdad, acceso a servicios y nuevas oportunidades, y la participación y la movilización que refleja la diversidad de las ciudades, países y el mundo”.
Sin embargo, anota que existen diversos problemas que obstaculizan estas potencialidades, situados sobre todo en el plano de las decisiones políticas, de la gestión y de los instrumentos adecuados, y propone tres pilares para la nueva agenda urbana: planificación urbana, legislación urbana y financiación municipal, sin abordar de manera plena los cambios que se vienen desarrollado en general en las ciudades en el mundo, que son una consecuencia del proceso de globalización neoliberal que enfrentan nuestras sociedades.
Frente a esta realidad, nuestro trabajo da cuenta de algunas de las respuestas de los movimientos urbanos populares organizados de América Latina, teniendo en cuenta que es imposible no asociar el crecimiento de la informalidad y de un mercado informal, al modelo de ciudad, que se fractura, utilizándose y precarizándose a la vez, que responde al modelo donde las viviendas dejaron de ser bienes de uso (casas para vivir) para transformarse en bienes de cambio y reserva de valor (casas para especular). Los problemas de la informalidad son problemas de la Ciudad y requieren un abordaje integral desde la ciudad y sus causas y consecuencias deben para transformarse en bienes de cambio y reserva de valor.
Los objetivos de desarrollo sostenible (ods), Hábitat III y ciudades inclusivas
El documento preparatorio de Hábitat III referido a “Ciudades inclusivas”, señala que existen problemas importantes que constituyen obstáculos que impiden aprovechar a plenitud las oportunidades que ofrecen las ciudades, situados sobre todo en materia de políticas públicas, gestión urbana e instrumentos de gestión. Propone tres pilares para superarlos: la implementación de la nueva agenda urbana, la planificación, la legislación urbana y la financiación municipal.
La Declaración de Montreal sobre Áreas Metropolitanas, Conferencia temática realizada los días 6 y 7 de octubre del 2015, ya señalaba, en su declaración, algunos de los principales desafíos actuales de las ciudades. Así, en su primer acápite, “La Metropolización Mundial”, sostiene que: “vivimos en un mundo cada vez más urbano. Por primera vez en la historia más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Para el 20250 esta cifra alcanzará casi el 70%”. Y agrega que, en 1996, cuando se celebró Hábitat II, la población urbana mundial era de 2.600 millones de personas, ad portas del Hábitat III, esta cifra se ha elevado a 4.000 millones. A este ritmo, a final del siglo la población mundial que vivirá en ciudades será superior al 85% del total. “Según las últimas previsiones de la ONU, 50% de los residentes urbanos vive en aglomeraciones de más de 500 mil habitantes”.1 Esta situación genera desafíos de sostenibilidad ambiental, disponibilidad de servicios y de empleo, financiamiento del desarrollo urbano, cohesión social, e inclusión.
Con relación a la Nueva Agenda Urbana, la declaración de Montreal propone el desarrollo de una visión compartida y colaboración multinivel en la esfera pública, relación con todos los niveles de gobierno, y acuerdos de asociación; y como instrumentos de gestión la declaración de Montreal adelantaba que la gobernanza metropolitana necesita de un marco legal e institucional claro, basado en principios de democracia, y respeto a la autonomía local y subsidiariedad, y del financiamiento adecuado.
Tomando estos y otras recomendaciones y declaraciones del proceso preparatorio, la Declaración de Quito, que contiene 175 puntos que servirán de ruta para planear las ciudades del mundo en los próximos 20 años, señala en su punto quinto que:
Al reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, se administran y se gestionan las ciudades y los asentamientos humanos, la Nueva Agenda Urbana ayudará a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones, reducir las desigualdades, promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible, mejorar la salud y el bienestar humanos, fomentar la resiliencia y proteger el medio ambiente.
Agrega que comparte el ideal de una ciudad para todos:
A la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas.
En general, la conferencia oficial ha tenido varias deficiencias: no partir en un balance crítico de la ruta seguida por Naciones Unidas desde Hábitat II, no poner énfasis en el derecho a la ciudad ante la careciente comercialización de las ciudades, y no procesar un debate crítico sobre las limitaciones de la gestión del suelo urbano ante dinámica excluyente del mercado del suelo.
Contenidos agenda urbana Hábitat III
Variables y compromisos
La nueva Agenda Urbana contiene algunas variables principales: población y urbanización, pobreza y desigualdad, y exclusión y segregación, a partir de los cuáles propone algunos compromisos:
Plan de acción
Sobre esta base, el Plan de Acción plantea, entre otros aspectos:
Reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, dirigir y gestionar las ciudades y AA.HH. propendiendo a un desarrollo urbano sostenible.
Reconocer la labor rectora de los gobiernos nacionales en la definición y aplicación de políticas urbanas inclusivas y eficaces.
Enfoques de desarrollo urbano sostenible centrado en las personas.
Fortalecimiento de la gobernanza urbana
Reactivación de la planificación
Marcos e instrumentos de financiación eficaces, innovadores y sostenibles.
2. Ítem 27: Acceso equitativo a la ciudad.
3. Ítems 26 y 49: Desarrollo urbano y rural centrado en las personas, que proteja el planeta (considera edad, género y cuidado del planeta); ordenamiento y uso sostenible de los recursos naturales y la tierra.
4. Ítem 45: Economías urbanas dinámicas, sostenibles e inclusiva.
5. Ítem 46: Vivienda social y PSH como dinamizadores del desarrollo económico.Ítem 58: Entorno propicio para la actividad empresarial sobre la base de los principios de sostenibilidad ambiental y prosperidad inclusiva.
6. Ítem 69: Función social y ecológica de las tierras.
7. Ítem 71: Gestión sostenible de los recursos.
8. Ítem 72: Planificación urbana y territorial.
9. Ítem 74: Gestión racional de los desechos.
10. Ítem 75: Construcción eficaz desde el punto de vista energético.
11. Ítems 65-67-73-77: Ordenamiento sostenible de los recursos naturales en las ciudades y los AAHH de una forma que proteja los ecosistemas urbanos mediante estrategias de reducción de riesgos de desastres; espacios públicos de calidad, resiliencia frente al cambio climático y desastres; uso sostenible del agua; resiliencia de ciudades con el marco de Sendai.
12. Ítems 79-74-50: Mitigación y adaptación al cambio climático, temperatura mundial por debajo de 2° centígrados, luchando para que no pase de 1,5; uso de la energía renovable; conectividad, transporte y movilidad sostenibles.
13. Ítems 37 y 51: Espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad; espacios públicos seguros, integradores y sostenibles
14. Ítems 32-33-35-36: Desarrollo de políticas y enfoques habitacionales integrados; promover políticas de vivienda a nivel nacional, sub nacional y local orientadas a la realización progresiva del derecho a la vivienda adecuada; aumento de la seguridad de tenencia para todos; accesibilidad a las personas con discapacidad.
15. Ítem 34: Acceso equitativo y asequible a infraestructura física y social básica sostenible para todos.
16. Ítem 55: Servicios públicos adecuados que garanticen ciudades saludables.
La nueva agenda urbana y el proceso de globalización neoliberal
Históricamente, la ciudad ha representado el ideal de la vida social, centro de producción, de información, de decisión y de acumulación de capitales. Hábitat III señala que “la urbanización ofrece la posibilidad de nuevas formas de inclusión social, incluyendo una mayor igualdad, el acceso a servicios y nuevas oportunidades, y la participación y la movilización que refleja la diversidad de las ciudades, países y el mundo”. Sin embargo, anota que existen diversos problemas que obstaculizan estas potencialidades, situados sobre todo en el plano de las decisiones políticas, de la gestión y de los instrumentos adecuados, y propone tres pilares la nueva agenda urbana: planificación urbana, legislación urbana y financiación municipal, sin abordar de manera plena los cambios que se vienen desarrollado en general en las ciudades en el mundo, que son una consecuencia del proceso de globalización neoliberal que enfrentan nuestras sociedades.
No obstante ello, lo real es que asistimos a un fenómeno de globalización neoliberal caracterizado entre otras cosas, por:
La implementación de medidas de ajuste estructural y adopción de políticas fiscales orientadas a reducir la inflación, disminuir el gasto público y garantizar el equilibrio de la balanza de pagos.
La desregulación estatal.
La liberalización de los mercados nacionales.
La privatización de los servicios públicos.
El creciente proceso de especulación financiera y dinamismo en la migración de capitales de un país a otro, dependiendo de las circunstancias.
La mayor concentración de poder económico e influencia política de las empresas transnacionales.2
informalidad en mayor medida, sobre todo respecto de las mujeres.
La consecuencia es la precarización de la situación de los habitantes de las ciudades. Con relación a ello, Carlos de Mattos (2008), señala que hoy día cada ciudad pugna por ser parte de la nueva configuración global, y que esa pugna consolida la división entre sectores modernos, capaces de insertarse y de competir en el mundo globalizado y otros que deben replegarse a la economía de subsistencia o a la producción en el pequeño mercado local, desarrollándose a gran escala el fenómeno de la informalidad.
Así, de acuerdo a estudios recientes, reproducidos en la propia nota Nº 14 de Hábitat III, en América, África y Asia, el empleo informal supera el 50% de la población económicamente activa. Agrega que la informalidad se debería antes que a esta reconfiguración de las ciudades globalizadas, a los costos y regulaciones obsoletas que hacen difícil la formalización.
Según Naciones Unidas, en la actualidad, un tercio de la población urbana del mundo en desarrollo (863 millones de personas) vive en tugurios (UN Hábitat: 2010; 2011); y más de dos tercios de la población mundial vive en ciudades en las que las desigualdades de ingresos han aumentado desde 1980,3 a veces a niveles preocupantes sobre la línea 3 de alerta de las Naciones Unidas. Hay variaciones importantes en los ingresos y el consumo a nivel urbano en el mismo país y el valor agregado.
Manuel Castells sostiene que asistimos a un nuevo tipo de dualismo urbano que, en el primer mundo, tiene que ver con los procesos simultáneos de crecimiento y de declive de industrias y de empresas. Por un lado, la economía formal basada en la información, por el otro, la economía informal, basada en la fuerza de trabajo no calificada. La amplia mayoría de trabajadores no calificados y la nueva fuerza de trabajo comparten, dice Castells, un espacio excluido, altamente fragmentado, principalmente en términos étnicos, edificando comunidades defensivas que luchan entre sí para ganar una mayor parte en los servicios y para reservar la base funcional de sus redes sociales. Las áreas descualificadas de la ciudad sirven como refugio para el segmento ilegal de la economía informal y como reserva para la fuerza de trabajo desplazada (Soja: 1995).
Los efectos de esta realidad sobre la ciudad latinoamericana han sido estudiados por diversos autores. Mencionamos de manera particular la compilación hecha recientemente por Rolando Cordera, Patricia Ramírez Kuri y Alicia Ziccardi (2008), donde los diversos autores, a partir del análisis de casos, sostienen que en el marco del actual proceso de globalización neoliberal que se inauguró en nuestra región con los programas de ajuste estructural e implementación del llamado Consenso de Washington, asistimos a un proceso marcado de exclusión social y espacial y de incremento de la vulnerabilidad en buena parte de las ciudades de América Latina, que ha traído consigo desempleo, inseguridad, desplazamiento de los habitantes, crisis de vivienda y del transporte.
Patricia Ramírez y Alicia Ziccardi, afirman que:
Sin duda la ciudad se ha transformado profundamente como consecuencia de los cambios que han provocado en su economía los procesos de globalización y la aplicación de políticas neoliberales. En lo fundamental, en las grandes ciudades la desindustrialización cede paso a la expansión de un sector de servicios polarizado, en el interior del cuál adquieren mayor importancia las actividades financieras y de la informática, demandando mano de obra de ata calificación, a la vez que se expanden las actividades informales y la precariedad laboral que se expresa principalmente en el comercio que invade las calles y los espacios públicos y donde también suelen realizarse actividades delictivas, en particular distribución y venta de drogas […] De esta forma los ciudadanos de la ciudad deben aprender a vivir en un espacio en el que se concentran todo tipo de riesgos, donde la vida comunitaria se halla en franco deterioro en donde están dadas todas las condiciones para un debilitamiento de la cohesión social y para un incremento de las formas de violencia e inseguridad. (2008: 24)
La urbanización de la pobreza establece no solo un entorno material que determina el accionar de los actores, sino también un entorno psicológico y espiritual, que ha sido trabajado desde diversos ángulos, en estudios paradigmáticos tales como “Antropología de la pobreza”, de Oscar Lewis, “Cicatrices de la Pobreza”, de César Rodríguez Rabanal, o “Teología de la Liberación”, del padre Gustavo Gutiérrez. La pobreza —en particular, la pobreza urbana—, tiene sus propios códigos que no necesariamente encajan con el lenguaje convencional, y están muy probablemente ajustados, además, a la nueva situación (población joven predominantemente urbana, expectativas globalizadas, influencia del pensamiento neoliberal, pocas oportunidades, frustración, narcotráfico).
Las respuestas de los movimientos urbanos populares organizados de américa latina
Con el intento de proponer nuevas políticas de suelo y vivienda, alternativas a los paradigmas del mercado, la Alianza internacional de Habitantes finalizó en 2014 un llamado a concurso de experiencias innovadoras de vivienda popular en las cuales se pone de manifiesto la implicación de las organizaciones sociales, la articulación con los diferentes niveles del estado, el apoyo técnico de profesionales y las instancias jurídicas y legales atravesando todos y cada uno de los casos.
38 distintas iniciativas populares participaron destacando sus capacidades de tener incidencia en el contrasto de las políticas neo- liberales, incluida la práctica perniciosa del partenariado público-privado con los poderes locales, las grandes empresas constructoras, las inmobiliarias, los banqueros y los caciques del concreto que destruyen el tejido social de las comunidades y la biodiversidad.
Los tres primeros premios del concurso fueron obtenidos por experiencias realizadas en El Salvador, Bolivia y Perú y fueron galardonados en el marco del Foro Social Urbano Alternativo Popular (FSUAP, Medellín, abril de 2014, alternativo al Foro Urbano Mundial de la ONU- Hábitat). El intento del FSUAP ha sido fortalecer el camino para la construcción del Foro Social Urbano Mundial en 2016, alternativo a Hábitat III, pasando por la Asamblea Mundial de los Habitantes (FSM Túnez, marzo de 2015), espacio unitario para intercambiar, en particular, las experiencias y estrategias de vivienda popular de todos los continentes.
En este artículo destacamos dos de los premios del concurso mencionado, obtenidos por experiencias realizadas en Bolivia y Perú y, añadimos en este marco la experiencia del colectivo HABITAR Argentina.
Vivienda saludable y productiva para el trópico de Cochabamba (Fundación Pro-Hábitat)
El proyecto “Vivienda Saludable Productiva para Trópico de Cochabamba”, propuesto desde 2011 para 5.000 viviendas, en esta primera etapa trabajó con 796 familias, las mismas que participaron activamente en el proceso de diseño y autoconstrucción de sus viviendas y se capacitaron en prevención de enfermedades endémicas, como componentes de Vivienda Saludable.
El proyecto es financiado por el Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) como proyecto piloto del Programa Cualitativo; organizaciones sociales (sindicatos, OTB) y comunidades de los municipios del Trópico de Cochabamba que se organizan en “Comités de Vivienda Mancomunado” (COVIs).
Se trabajó en dos municipios (Villa Tunari y Shinahota,) con 17 comunidades de tres federaciones (12 en Villa Tunari y 5 en Shinahota). En la primera etapa se benefició a un total de 796 familias; en una segunda etapa (en discusión) serán casi 4.200 familias en los municipios de Chimoré, Puerto Villarroel, etcétera.
Existe una desinformación de los derechos y responsabilidades del ejercicio y disfrute de una vivienda adecuada por parte de la población, por la que en un principio costo la sensibilización y compromiso con otros.
Este proyecto presenta una alternativa al sistema tradicional del Programa de Vivienda Social. Propone fortalecer procesos sociales para cada vivienda, dando mayor servicio técnico y social. Los principales aliados para la gestión y el desarrollo de proyectos han sido las familias, organizadas dentro cada comunidad en un Comité de Vivienda (COVI), Están conformados por un directorio de 6 personas entre hombres y mujeres. Como sus representantes en el proyecto para seguimiento, evalúan, hacen cumplir los acuerdos del proyecto y convenios comunitarios-institucionales. Son autoridades que no solo asumieron control social ante la entidad ejecutora, el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda (MOPVS) y supervisión; sino también sobre las mismas familias para hacer cumplir compromisos asumidos por cada uno y la comunidad entera por la que inclusive se determina apoyo a familias con casos sociales (por accidente, muerte, enfermedad de beneficiados con el proyecto).
Estos 17 comités, a su vez, conformaron un Comité de Vivienda Mancomunado elegido por los 17 COVIs para su representación ante las entidades involucradas en el proyecto:
Al interior de cada una de las comunidades, se organizaron equipos de trabajo entre hombres y mujeres para la administración, y control de avance de proyecto, delegados por la misma comunidad y elegidos en asambleas por todas las familias, estos son:
Los Promotores comunitarios. Personas voluntarias elegidas por sus comunidades para atender entre 4 a 10 familias, cuya labor es transmitir todos los conocimientos en que han sido capacitados en salud preventiva como en albañilería, controlar el avance en la construcción y extender las autorizaciones de materiales para que recojan de los almacenes (siempre bajo el seguimiento de los técnicos asignados a la comunidad).
Los almaceneros. Responsable de la administración de los materiales adquiridos con el proyecto, ellos recepcionan los materiales adquiridos según requerimiento y entregan a las familias según convenios familiares, llevan el control de libros y kardex tanto de ingresos, salidas y saldos (con acompañamiento del técnico asignado).
El resultado es el fortalecimiento de familias, dirigentes, mujeres y jóvenes en gestión comunitaria, control y vigilancia, manejo de recursos, prevención, etcétera:
794 familias en una primera etapa cuentan con una vivienda adecuada para vivir una vida digna, mejorando sus condiciones de habitabilidad con el cambio de hábitos, orden del espacio y utilización óptima de los ambientes de la vivienda. en ambientes adecuados, iluminados, ventilados, libres de insectos, con áreas de apoyo y servicios básicos.
Las familias conocen medios de control de enfermedades endémicas y practican hábitos saludables que contribuyen a reducir estas enfermedades.
Las Organizaciones Sociales cuentan con líderes (dirigentes, mujeres y jóvenes) comprometidos con el desarrollo comunitario desde el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada.
Las familias fortalecen la producción y generación de recursos económicos en ambientes saludables y adecuados.
Las familias se encuentran fortalecidas para enfrentar nuevos retos en su vida personal y familiar que les permita participar en espacios sociales.
Se inicia con la apropiación del Proyecto a partir de la información sobre la conformación y estructuración del Proyecto en Asambleas que serán convocadas de mutuo acuerdo. Se identifican instituciones con las cuales se puedan hacer alianzas estratégicas (Asambleas, Unidades Educativas, Centros de Salud) para luego implementar una línea de base de referencia.
El modelo, enfoque y estrategia de intervención del proyecto, permitió que, en las fases de evaluación, aprobación y desarrollo del mismo, se cuente con la participación activa y comprometida de los dirigentes y postulantes a beneficiarios, logrando un involucramiento social de empoderamiento por parte de estos actores, lo cual se prolongó durante la ejecución y post intervención, logrando sinergia de voluntades y acciones entre los diferentes actores del proyecto. En todo el ciclo de la vida del proyecto, todas las decisiones importantes se tomaron de manera concertada, primero entre los beneficiarios de las comunidades, luego los dirigentes del proyecto (COVIs) y Entidad Ejecutora (EE), para concluir en decisiones acordadas entre dirigentes, EE, y PVS Reg. Cochabamba.
El proceso de diseño constructivo con cálculos presupuestarios es una etapa importante del proyecto: en función al presupuesto asignado a este diseño y a algunas tipologías tipo se elaboran otros diseños, con la participación de los COVIs, la familia utiliza estos como referencia, teniendo mayores insumos para decidir sobre el tipo de solución habitacional que dará a su vivienda si no es uno de los diseños propuestos; de esta manera la familia se siente más apropiada con el proyecto.
Para lograr la participación y principalmente el compromiso de los beneficiarios, el modelo y metodología de intervención desarrollado, dotaron al proyecto de una calidad técnica positiva que fue de otorgar a los beneficiarios la posibilidad de decidir respecto a las características, tamaño y funcionalidad de la vivienda, de acuerdo a su necesidad y disponibilidad económica, este aspecto ha permitido a todos contar con una vivienda acorde a sus necesidades, superando la visión tradicional de una vivienda funcional basados a criterios urbanos y de imposición determinadas tipologías.
Por las extremas condiciones ambientales como ser la humedad y las lluvias intensas desde noviembre a marzo las construcciones se deterioran de manera más acelerada lo cual influye en la calidad de la vivienda, por estas razones las viviendas responden al diseño ambiental con grandes aleros y amplias galería o corredores como protección del sol y las lluvias, además de favorecer la aeración de los espacios (necesaria para evitar la humedad); así como el nivel de piso acabado de 20 centímetros por encima de la máxima inundación que se tuvo en la región. Por otro lado, no todas las viviendas cuentan con la habitabilidad adecuada para la familia (no tienen mallas milimétricas, tampoco puertas en los dormitorios, que impidan el ingreso a insectos y vectores). Esto obliga a determinar el uso de tecnologías apropiadas que puedan hacer frente a estos problemas, lo cual se verá reflejado en el costo del proyecto por los materiales de construcción a ser utilizado en la vivienda, como el sistema constructivo a ser desarrollado.
Encarar un proyecto sin reglamentos implicó más de 6 meses de retrasos en los desembolsos, poniendo en riesgo su ejecución, razón por la cual se tuvo que elaborar un manual operativo para proyectos cualitativos especiales, cuyo producto contribuirá al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo para su réplica a mayor escala en la ampliación de esta modalidad de trabajo en una segunda fase, solicitado en la actualidad por más de 4.230 familias en el trópico de Cochabamba.
Otra dificultad enfrentada fue que los técnicos del PVS no entendían ni creían en la metodología del proyecto: gracias a los procesos participativos y habiendo permitido que las familias eligieran sus viviendas hasta dos veces la superficie construida con relación al tamaño promedio aprobado en el proyecto, fue unos de los desafíos más fuerte que se tuvo que enfrentar y que al final fue unos de los éxitos más reconocidos del proyecto.
Sin embargo, se desarrolla un proceso de formación de promotores a nivel técnico, constructivo y educativo para desarrollar las capacidades y habilidades de los pobladores de las organizaciones comunitarias. Se establecen espacios de capacitación para las familias, en la que se involucra a toda la comunidad para reforzar conocimiento sobre causas, consecuencias y medidas de control de enfermedades endémicas producidas por vectores y otros.
Una alternativa sostenible para una vida digna en las laderas de Lima, Programa municipal de vivienda sostenible (KuelaP - el agustino)
El Programa Municipal de vivienda sostenible Kuelap propone un nuevo modelo de gestión concertada de actores públicos (Municipalidad de El Agustino y Municipalidad de Lima) y privados (Asociación de damnificados y ONG) para atender la demanda de vivienda de población afectada por el hundimiento de viviendas y de familias excedentes ubicadas en zonas de riesgo.
El Programa Kuelap se localiza en el extremo sur este del distrito de El Agustino en la ladera del Cerro El Agustino, colindante con el terreno de la ex fábrica Tejidos La Unión, y forma parte de la zona territorial denominada “Carretera Central”, conformado por siete pueblos localizados en las laderas de cerro frente dicha vía arterial.
Tras el hundimiento de viviendas del AH 9 de Octubre - El Agustino, sucedido en junio del 2003, se evidencia un factor que genera la necesidad de reubicar a familias asentadas en zonas de riesgo de los diferentes pueblos localizados frente a la Carretera Central, ello motiva a la población afectada a organizarse a través de la Asociación de vivienda Kuelap, La municipalidad distrital de El Agustino, y a las instituciones SEA y CENCA a identificar y promover la adjudicación de un terreno para fines de vivienda social debido a la necesidad de dar atención a este importante número de familias damnificadas, localizadas en las zonas de cerros. El proyecto final aprobado por la Comisión Técnica Revisora, determina 158 lotes con parámetros urbanísticos para ser vivienda bifamiliar. Así mismo, se establecen 9 Macro Lotes con parámetros que permitirán construcciones de 9 edificios multifamiliares con aproximadamente 24 departamentos cada uno. En total, los beneficiaros ascienden a un mínimo de 532 familias.
El Programa desarrolla un enfoque de inclusión barrial desde el diseño urbanístico con participación a sus asociados, ello incluye el diseño de parques por sectores, en cada uno de ellos se desarrolla áreas recreativas para adultos mayores, niños, niñas; así mismo se ha desarrollado un acceso general con rampa para incluir el acceso a personas con discapacidades físicas. Se ha trabajado en cada pasaje, plataformas de seguridad frente a cada lote con la finalidad de que los niños puedan compartir áreas entre vecinos.
Inclusión a la ciudad
La ubicación del Programa permite desarrollar una buena integración a la ciudad de Lima, esta interconectada con la carretera Central que es una vía de carácter regional que une la ciudad de Lima con el Centrodel País; Esta a 150 metros del intercambio que permite el ingreso la Autopista Panamericana que une el Norte y Sur del País. Así mismo,se articulará con el mega proyecto de viviendas a desarrollarse por el ministerio de vivienda, a través de una vía articuladora sobre el cerro.
Los hitos en el proceso hasta ahora desarrollados son los siguientes:
El desarrollo de este Programa Municipal se viene realizando mediante un enfoque participativo y concertado con cada organización vecinal de los pueblos integrantes de la Zona Carretera Central, para lo cual la Municipalidad de El Agustino constituyó una Comisión Técnica Mixta conformado por representantes de las instituciones Asociación de vivienda Kuelap, La municipalidad distrital de El Agustino, y a las instituciones SEA y CENCA. Durante el diseño se ha trabajado participativamente en su proceso de formulación e implementación a través de talleres.
En la actualidad el proyecto debería continuarse por la nueva gestión municipal distrital, respetándose la conformación de la Comisión Mixta y pasar a la fase de concertación con el Ministerio de Vivienda, definir el financiamiento de la implementación de la habilitación urbana en laderas y canalizar los subsidios del Estado para la vivienda, teniendo como principal protagonista del proceso de implementación a la población organizada.
HABITAR argentina
HABITAR Argentina es un colectivo conformado por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales urbanos y campesinos y legisladores/as, que trabajan con el objeto de generar un marco normativo para garantizar el derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat digno para todos/as. Entre los más de setenta colectivos que integran HABITAR Argentina, podemos mencionar a FOTIVBA, CELS, Red Encuentro de Organizaciones No Gubernamentales, la Alianza internacional de Habitantes, TECHO, ACIJ, Frente Nacional de inquilinos, ACINA, INCUPO, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad de Buenos Aires.
HABITAR Argentina nace a partir de la confluencia de iniciativas de distintos actores que trabajan cuestiones vinculadas al hábitat y que, a partir del año 2009, comienzan a realizar encuentros y reuniones tanto en la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación, como en otros lugares del país. El objetivo ha sido analizar las problemáticas alrededor de la temática del suelo, el hábitat, la vivienda, el ordenamiento territorial y urbano para generar acuerdos y presentar propuestas superadoras.4
Con el compromiso de legisladores/as, académicos/as, representantes de organizaciones sociales, jueces y juezas, integrantes del ámbito judicial y funcionarios/as públicos, se organizó en 2010 la jornada de propuesta y debate “Acceso al suelo urbano. Bases para una nueva normativa en favor del derecho a la vivienda y la ciudad”. En aquel encuentro se consolidó un grupo de personas comprometidas con el trabajo de formular, de manera consensuada, participativa y horizontal, proyectos de ley y propuestas que dieran respuesta a los vacíos, conflictos e irregularidades sobre estas cuestiones en nuestro país.
Ese mismo año se efectuó la presentación pública de HABITAR Argentina y se compartió el primer documento de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación.
Desde entonces, continúa trabajando en la elaboración de proyectos de ley para transformar entre todos/as la realidad del país.
Sus objetivos son:
Generar un marco normativo para garantizar el derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat digno para todos/as.
incidir en la formulación de políticas públicas vinculadas al hábitat.
Motivar la participación y compromiso de diferentes actores para trabajar colectivamente con el fin de garantizar el cumplimiento de derechos en este aspecto.
El Colectivo realiza un plenario el primer jueves de cada mes, generalmente en alguno de los salones del Senado de la Nación. Pero, además, organiza su trabajo a través de comisiones:
Monitoreo de presupuesto: se busca hacer seguimiento del Presupuesto asignado a Vivienda y Hábitat en general. Comunicación: se encarga de dar visibilidad a HABITAR Argentina y al Consenso Nacional para un Hábitat Digno, y de construir comunicaciones sobre distintos temas y problemáticas de hábitat.
Experiencias autogestionadas y cooperativas: intenta acompañar y dar apoyo en aquellos temas que lo soliciten a los grupos constituidos como cooperativos o colectivos autogestionados en su proceso de alcanzar un hábitat digno. Además, se encarga de revisar, proponer modificaciones o agregados complementarios a la legislación existente que sea pertinente y deseable para facilitar la acción de los grupos mencionados.
Desalojos: funcionó desde 2010 hasta 2013 presentando un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil en lo que respecta al procedimiento de desalojo, que perdió estado parlamentario. Ante la escalada de nuevos casos de desalojos masivos con graves situaciones de violencia institucional, se vuelve a conformar esta comisión con el objetivo de documentar los casos de violaciones a los derechos humanos en contextos de desalojos y proponer cambios legislativos para prevenir la violencia institucional y garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada.
Proyecto de ley de acompañamiento técnico, profesional y público: redactó un proyecto de ley sobre esta temática y tiene por objetivo actual difundirlo y presentarlo en el Congreso. Alquileres: atendiendo la falta de legislación para regular los alquileres y proteger los abusos a los inquilinos, posibilitó la conformación de un Frente de inquilinos Nacional que articula con diferentes bloques legislativos parea la sanción de una nueva Ley. Seguimiento a Hábitat III-Nueva Agenda Urbana, pretende comparar los principios derivados de Hábitat III (Quito, 2017), la Agenda Urbana regional y la nacional con el Consenso Nacional por un Hábitat Digno.
Entre los proyectos de ley presentados figuran: Ordenamiento territorial, Alquileres, Vivienda y Producción Social del Hábitat,Programa Nacional de Regularización Dominial, Regulación del Procedimiento de Desalojos.
Consenso nacional para un Hábitat digno
Desde 2015, promueve el Consenso Nacional Para un Hábitat Digno, una plataforma programática integrada por nueve ejes de política pública que considera esenciales para garantizar un hábitat digno para todos los habitantes del país.5
El Consenso Nacional para un Hábitat Digno propone un debate amplio y crítico y la puesta en marcha de nuevas políticas y estrategias dirigidas a garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado en la Argentina. Los nueve puntos del Consenso Nacional para un Hábitat Digno son:
Principios rectores para el diseño e implementación de políticas territoriales integrales.
Políticas públicas de regulación y redistribución de rentas en los mercados de suelo.
Regulación del mercado de alquileres.
Producción social del hábitat.
Seguridad en la tenencia y regularización de tierra urbana y rural.
Procedimientos democráticos en casos de desalojos.
Seguridad democrática para un hábitat digno.
Participación y acceso a la información.
Acceso universal a los equipamientos sociales y servicios básicos.
Durante el 2017 se incorpora: Política crediticia para todos los sectores.
Reflexiones y desafíos
La Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia Hábitat III (Quito, octubre de 2016) y los Objetivos de Desarrollo Sustentable que componen la Agenda 2016-2030 de las Naciones Unidas sintetizan los principales conceptos a los que los gobiernos firmantes de ambas declaraciones procurarán ajustar sus políticas y planes de vivienda, hábitat y desarrollo urbano en los próximos años.
Dado que los significados de cada uno de esos conceptos no son unívocos, la definición de las estrategias, los actores y los instrumentos a través de los que se implementarán las políticas públicas es uno de los puntos centrales de los debates temáticos y políticos a establecer.
La creencia de que los mercados podrán regular la asignación de la vivienda como el más racional de los medios de la distribución del recurso, combinado con productos experimentales “creativos” financieros sostenidos por la vivienda, lleva al diseño de políticas públicas hacia el abandono del significado conceptual de la vivienda como un bien social, como parte de lo común acordado por una sociedad para compartir y proveer a aquellos con menos recursos: un medio para distribuir la riqueza.
También nos presenta la falacia de que el Estado se ausenta del escenario de la provisión de vivienda, entendida como una de sus responsabilidades. Asumiendo que la desregulación alivianará sus cargas y que la privatización de la propiedad por otra parte autorregularía la oferta y la demanda, el Estado nunca se ausenta. Las políticas y estrategias en el campo de la vivienda, desde el mismo Estado, crearon las condiciones para la mercantilización de esta, la socialización del crédito y la crisis envolvente, la cual aún hoy persiste y se manifiesta de manera conocida por todo el mundo a través de los indignados al ver esfumarse el disfrute prometido de sus derechos. (Rolnik, 2014)
Frente a esta realidad, nuestro trabajo intenta dar cuenta de algunas de las respuestas de los movimientos urbanos populares organizados de América Latina, asumiendo que es imposible no asociar el crecimiento de la informalidad y de un mercado informal, al modelo de ciudad, que se fractura, elitizándose y precarizándose a la vez, que responde al modelo donde las viviendas dejaron de ser bienes de uso (casas para vivir) para transformarse en bienes de cambio y reserva de valor (casas para especular). Los problemas de la informalidad son problemas de la Ciudad y requieren un abordaje integral desde la ciudad y sus causas y consecuencias deben para transformarse en bienes de cambio y reserva de valor.
Los tres casos analizados, dan cuenta de la articulación de diferentes actores de la sociedad civil con instancias institucionales ejecutivas (municipales, provinciales) en Cochabamba y El Agustino, o legislativas nacionales en Habitar Argentina.
Cabe destacar que esta articulación transita diferentes momentos de tensión y conflicto según se complementen o disten de las políticas públicas para el sector de los gobiernos de turno.
Sin embargo, consideramos que vale la pena correr el riesgo de identificar y difundir ejemplos alternativos que ubiquen a los movimientos sociales como protagonistas de experiencias que se enfrentan a la especulación del mercado y reivindican el territorio para ejercer sus derechos y evitar atropellos.
Referencias
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Notas
Notas de autor
Specialist in Planning and Management of Social Policies. She is the coordinator for Latin America of the Urban Popular University of the International Alliance of Inhabitants, Argentina
COFIR Universidade de Pádua, Itália. Member of the Executive Secretariat of the International Council of the World Education Forum. He works at the University of Padua (Italy) where he is a professor of Communication Educational Planning and researches the Social and Intercultural Competencies subjects
Científico social. Responsable del Instituto de Desarrollo Urbano (CENCA). Perú.Especialista en desarrollo úrbano, planificación local, gestión del suelo. Coordinador de la red de suelo para America Latina y el Caribe de la coalicióninternacional del Habitat – HIC.
