2020
17
Raúl Botero-Torres* rabotero@unal.edu.co
Universidad
Nacional de Colombia, Colombia
Resumen: Las negociaciones de paz en La Habana entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) se constituyó en uno de los hechos más significativos de la historia política de Colombia en los últimos cien años. Fue de alguna manera el punto de cierre a una de las formas de violencia que ha padecido este país. Examinar esas formas violentas, el proceso de negociación y lo que ha venido después es nuestra obligación como académicos. En este examen emergen; de un lado, la desigualdad entre los distintos sectores sociales y el ejercicio hegemónico del poder por parte de las élites dominantes, como algunas de las causas; y de otro, el conflicto armado con su secuela de muertos y desplazados como la consecuencia casi obvia de lo anterior. Ser capaces de entender lo que pasa, tal vez no sea la solución al conflicto, pero si es el comienzo para entender los procesos históricos y sociales que han ocurrido, que están sucediendo y que muy probablemente van a darse en un futuro más o menos inmediato.
Palabras clave: conflicto, negociación, historia social, guerrilla, violencia, FARC-EP, Colombia.
Abstract: Peace negotiations between the National Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia - People’s Army (FARC-EP) in Habana came to be one of the most significant events in the political history of Colombia within the last hundred years. It was, in some way, the ending point to one of the forms of violence that this country has endured. To examine this violent manifestations, the negotiation process and what has come after is our obligation as scholars. The results of this examination include, from one side, the inequality between the different social sectors and the hegemonic exercise of power from the dominant elites as some of the causes; and from the other side, the armed conflict with its sequel of deaths and refugees as an almost obvious consequence of the former. Being able to understand what happens, may not be the solution to the conflict, but it is a starting point to assimilate the historical and social processes that have occurred, that are currently happening and that will likely come up in a more or less immediate future.
Keywords: conflict, negotiation, social history, guerrilla, violence, FARC-EP, Colombia.
Documentos
Conflicto, negociación y postconflicto en la confrontación GobiernoFARC-EP, Colombia
Conflict, Negotiation and Post-conflict in the Confrontation Government-FARC-EP, Colombia
Raúl Botero-Torres* rabotero@unal.edu.co
Todo proceso social y político, así como el enfrentamiento del Estado colombiano con los cuatro grupos guerrilleros a lo largo de los últimos sesenta años lo es, tiene unas relaciones bastante complejas con la historia política de un país. Esto por supuesto, supone variadas y complejas implicaciones. Quizá la más importante de ellas es que esa historia política le aporta al conflicto, objeto del análisis, un contexto histórico. En otras palabras, un contexto empírico-social, para utilizar los términos utilizados por Patrick Charaudeau (2003), en varios de sus textos sobre semiolingüística.
En este punto inicial quisiera señalar que estas relaciones son biunívocas; es decir, fluyen en los dos sentidos: desde la historia política hasta el conflicto, brindándole el mencionado contexto; pero también a la inversa, desde el conflicto hasta la historia política, ampliando su horizonte de sentido. Lo anterior permite una inferencia general: las sociedades humanas operan como una red de relaciones, como un tejido o urdimbre de interrelaciones que se implican las unas en las otras. Esto es lo que explica que expresiones sociales tan aparentemente disímiles como el arte y la economía, terminen estando emparentados. Las figuras de Marx interpretando una pieza de violín o la de Chopin, explicando la renta del suelo; no son tan utópicas después de todo.
Ahora bien, en el caso de la sociedad colombiana, ¿cuál es el contexto que aporta esa historia política a una explicación del conflicto vivido desde hace más de seis décadas? Es la historia de un enfrentamiento armado entre los partidos políticos tradicionales y mayoritarios. Este enfrentamiento se viene dando desde la segunda mitad del siglo XIX y continuó en los años treinta cuando triunfó el proyecto reformista de la República Liberal[1]. Sus contradictores, que fueron más allá de esa condición y asumieron la de enemigo en el pleno sentido de la palabra, intensificaron los ataques sobre todo contra campesinos liberales[2]. Pero fue la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 el hecho que superó con creces los límites que cualquier llamado a la convivencia y a la disputa democrática pudiera hacer.
En medio de este recrudecimiento de la violencia aparecen en la zona andina, sobre todo en Departamentos como Caldas, Tolima y Valle, grupos de campesinos que solo tienen la pretensión de defenderse de la violencia de las bandas paramilitares conservadoras que obran a sus anchas con el silencio cómplice del Gobierno Nacional, presidido por Mariano Ospina Pérez[3]. Estos grupos de “Autodefensa Agraria” que parecen obrar más por instinto de conservación que obedeciendo a una voluntad política contestataria, se convierten en muy pocos años en el germen del grupo guerrillero colombiano más fuerte: Las FARC-EP. Estos grupos se van fortaleciendo con su enfrentamiento con las bandas paramilitares de orientación conservadora y católica y con el ejército oficial de Colombia[4]. Sin embargo, la primera prueba de fuego de las FARC-EP se da poco después de haberse constituido como grupo guerrillero de orientación marxista, cuando el gobierno presidido por Guillermo León Valencia, instigado por dirigentes de su partido que le exigían a gritos intervenir militarmente, fueron bombardeadas, a las que Álvaro Gómez Hurtado llamaba, las “Repúblicas Independientes”.
En ese momento, el país estaba inserto de lleno en el proyecto conservador del “Frente Nacional”, que había comenzado en 1958 con el gobierno presidido por el dirigente liberal Alberto Lleras Camargo; responsable, junto con Laureano Gómez Castro, de la idea de hacer un frente que gobernara paritariamente al país[5]. Este proyecto, pensado para lograr la paz entre los dos partidos tradicionales, más allá de lograr parcialmente su propósito, tuvo un efecto devastador sobre las posibilidades de participación política para la inmensa mayoría de los colombianos[6]. Tal vez sin proponérselo deliberadamente, los promotores del Frente Nacional cerraron prácticamente todos los canales de participación política y solo le dejaron a muchos colombianos la opción de la oposición armada y violenta. Aunque estaba pensada para diez y seis años, muchos quisieron prolongarlo e incluso dejarlo indefinidamente. Es decir, convertirlo en política de Estado. El periodo inmediatamente posterior que algunos han llamado el post Frente Nacional, de muchas maneras reprodujo las costumbres y vicios que dirigentes y activistas de los partidos tradicionales habían aprendido en medio del citado proyecto.
En 1991 se da la culminación de un movimiento que inicialmente fue mayoritariamente estudiantil y después se convirtió en ciudadano, que buscaba la reforma integral de la Constitución Política de 1886. Lo que finalmente se dio fue una nueva Constitución, mucho más garantista y plural que consagró el Estado Social de Derecho. Sin embargo, la realidad inmediata vivida por los colombianos comunes y corrientes no cambio mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la vivencia de una democracia participativa. Los colombianos en general no se acostumbran todavía a usar mecanismos de participación política como la revocatoria del mandato. Quizá por esa razón las negociaciones de los gobiernos de Belisario Betancur, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, fracasaron. Esto sirvió para que muchos políticos acudieran a la falacia de que la negociación era imposible y que lo único posible era la victoria militar para conseguir la paz. Objetivo que tampoco pudieron cumplir totalmente (Olave, 2013).
El 7 de agosto de 2010 se posesionó como Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón. Aunque se suponía que llegaba enarbolando las banderas de la guerra, heredadas de su mentor, pocos meses después comenzó una fase de conversaciones exploratorias con las FARC-EP, que tuvieron el apoyo de países como Venezuela, Cuba y Noruega. Estas conversaciones iniciales se adelantaron sobre unas premisas fundamentales: la primera de ellas, reconocer la existencia de un conflicto interno y el papel del Gobierno Nacional y de las FARC-EP como combatientes. La segunda de esas premisas implicaba el convencimiento mutuo de las partes en la necesidad de un proceso de negociación que terminara expresando los acuerdos mínimos a los que era posible llegar. Finalmente, en septiembre de 2012 los equipos negociadores se sentaron a la mesa en La Habana. La negociación no era fácil. Atrás quedaban décadas de enfrentamiento armado, de estigmatización ideológica por parte de todos los actores del conflicto y, sobre todo, de desconfianza mutua sobre las intenciones del otro.
Desde una perspectiva retórica el gran logro de la mesa de negociaciones de La Habana, es la construcción que cada uno de los equipos hace del otro como interlocutor válido[7]. Este es un elemento del proceso argumentativo sin el cual este es absolutamente imposible. Decir adiós a las armas supone un paso siguiente que es darle la bienvenida a la palabra. Sin el segundo, este primer paso es completamente inútil. Hoy tenemos claro que ese otro que se reconoce como interlocutor válido es lo que Chaím Perelman, trabajó toda su vida como el auditorio. Dos mil quinientos años atrás Aristóteles había elaborado la noción de orador[8].
A diferencia de otros procesos de paz, que no pasaron de la fase de conversaciones, el de La Habana, si lo logró. Cuando se inicia el proceso de negociación en septiembre de 2012, hay una agenda de discusión con seis puntos definidos. Estos son:
1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.
2. Participación política: apertura democrática para construir la paz.
3. Fin del conflicto.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas.
5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre derechos humanos.
6. Implementación, verificación y refrendación[9].
Aunque resulta casi obvio decir que los seis puntos son importantes, a mi juicio hay que destacar el 1 y el 2. El uno, hay que destacarlo porque el problema de la propiedad sobre la tierra es, sin duda alguna, la razón de la irritante desigualdad que existe en la estructura de la sociedad colombiana (Molano, 1985; Reyes, 2016). Nuestro país presenta el mayor índice de concentración de la propiedad sobre la tierra en América Latina. Mientras en Colombia el 87 % de las tierras aptas para la producción agropecuaria están en manos del 1 % de la población, en Uruguay ese porcentaje es del 40 %[10]. Junto con ese alto grado en la concentración en manos de pocos propietarios en la posesión de la propiedad sobre la tierra, están las relaciones precapitalistas de producción que subsisten en muchas regiones, el atraso tecnológico y expresiones de subordinación a las ideologías más conservadoras como lo son el gamonalismo liberal y conservador o las más variadas formas de clientelismo y corrupción en el sistema electoral. La respuesta de los equipos negociadores a esta situación que, por supuesto, resulta insostenible, es la de proponer una reforma rural integral. Esta reforma no solo debe contribuir a la democratización de la propiedad sobre la tierra; se trata de ampliar y dinamizar las formas de la participación de los campesinos en las decisiones que afectan sus intereses. Como se señala en el Acuerdo n.° 1: “La reforma rural integral, en adelante RRI, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno Nacional de Colombia & FARC-EP, 2018, p. 45. Énfasis del autor).
El Acuerdo n.° 2 que alude a la participación política, y a la apertura democrática para “construir la paz”, resulta estratégico plantearlo en la medida en que significa ajustar cuentas con la hegemonía Liberal-Conservadora que durante casi doscientos años ha monopolizado el ejercicio del poder. Desde una perspectiva retórica uno podría afirmar como ese monopolio del poder por los dos partidos tradicionales y por las ideologías a las que cada uno de ellos refiere, implica la expresión dogmática de una sola posibilidad en ese ejercicio que se señala.
Llegar a un acuerdo en este punto significa, sobre todo para el equipo negociador del Gobierno Nacional, aceptar que la sociedad colombiana es plural y diversa. Significa aceptar también, que de allí se puede inferir, recurriendo a una lógica elemental, que las formas de gobierno desbordan las que esas élites dominantes han puesto en circulación durante décadas. Esas formas tradicionales de ejercicio del poder han terminado por envilecer la noción y la vivencia de la política que tienen miles, tal vez millones, de colombianos. Por esa sola razón es positivo y sano superar el bajísimo umbral de participación que han puesto los señores de la guerra, cuando se dedican a la política, como si esta fuese un símil de la caza deportiva.
Una reforma política que garantice la participación amplia y democrática de los millones de colombianos que nunca lo han hecho más que de manera marginal, implica que esta sea integral como se afirma respecto de la reforma rural. Los negociadores parecen haberlo entendido bien cuando afirman que: “Los procesos de democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social y popular, tenderán a la transformación estructural de la cultura política y promoverán la recuperación del valor de la política” (Gobierno Nacional de Colombia & FARC-EP, 2018, p. 99). Más allá de la utopía que sobrevuela estas palabras, aquí hay un elemento que vale la pena mencionar: la cultura política. Tal vez sea su ausencia casi absoluta en los colombianos comunes y corrientes lo que explique de una manera satisfactoria la forma tan ridículamente fácil como son manipulados por los dirigentes de la ultraderecha conservadora. Estos dirigentes pueden eludir el juicio de la opinión pública, recurriendo a cualquier estratagema por burda que esta pueda resultar[11].
Implementar esos acuerdos supone, como cualquiera puede entenderlo, poner en marcha una serie de mecanismos y de dispositivos jurídicos y políticos, por la transformación radical de la institucionalidad. A mi juicio, de todas las herramientas a las que tuvo que recurrir el Estado colombiano para conseguir que esos acuerdos pudiesen tener un futuro más o menos claro, el de la JEP es, de lejos, el más importante. Esta justicia especial refrenda con creces el punto 5 de los Acuerdos, que es el que trata sobre las víctimas. Estas, que provienen de todos los estratos, regiones y etnias, pero fundamentalmente de aquellas que son más vulnerables: las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, las comunidades LGBTI, etcétera.
Los mecanismos a implementar deben garantizarles a las víctimas: “Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (Gobierno Nacional de Colombia & FARC-EP, 2018, p. 233). Estos mecanismos son dos: primero, una comisión para el esclarecimiento de la verdad, que adicionalmente debe ofrecer las condiciones apropiadas para la convivencia y la garantía de la no repetición. Segundo, una Jurisdicción Especial para la Paz[12]. Adicionalmente, hay una serie de disposiciones legales como, por ejemplo, una ley de tierras, que el gobierno Santos solo presentó al congreso pocos días antes de terminar su mandato. La decisión quedo en manos de un Congreso que el anterior gobierno ya no podía controlar de manera alguna.
Lo que hemos presenciado los colombianos en los últimos meses después de firmado el Acuerdo, es algo que resultaba previsible: el desmonte gradual y sistemático de los Acuerdos de La Habana, en tanto que estos van en contravía de los intereses más preciados para las élites terratenientes y financieras que reconquistaron el aparato del Estado para ejecutar sus políticas que oscilan entre un conservadurismo político de corte confesional y una idealización de la economía de mercado. La historia se repite como una tragedia sin solución.
