Resumen: la violencia es un fenómeno ligado al desarrollo histórico colombiano como uno de los medios, históricamente utilizados, para impedir la aplicación de soluciones institucionales a la Cuestión Social en sus distintas etapas. inicialmente, como recurso para imponer una ¨Republica Señorial¨, después como base para el sostenimiento de un régimen oligárquico, soportado exclusivamente en los dos partidos tradicionales y en las últimas décadas para garantizar la sobrevivencia de un Estado neoliberal. el fenómeno ha transcurrido desde el ejercicio de la violencia prosaica, que ha incluido la crueldad y la muerte atroz hasta el uso de la vilencia legal en condiciones de mayor legitimidad. En palabras de Foucault, M. (1976), se trata de mostrar la evolución general en el ejercicio del poder desde la etapa del ¨hacer morir o dejar vivir¨ hasta la implementación de los procesos de paz de las FARC, entendidos como una resultante de la intención de un sector mayoritario de las élites colombianas que ha venido buscando el ejercicio del poder para ¨hacer vivir y dejar morir¨. (OP.Cit.).
Palabras clave: Cuestión Social ,Conflicto Armado,Desigualdad; FARC-EP.
Abstract: Violence is a phenomenon liked to the historical development of Colombia as one of the means, historically used, to prevent the application of institutional solutions to the Social Question in its different stages. Initially, as a resource to impose a ¨Señorial Republic¨, later as a basis for the maintenance of an oligarchicregime, supported exclusively by the two traditional parties and in the last decades to guarantee the survival of a neoliberal State. The phenomenon has gone from the exercise of prosaic violence, which has included cruelty and atrocious death, to the use of legal violence in conditions of greater legitimacy. In the words of Foucault, M. (1976), it is a question of showing the general evolution in the exercise of power from the stage of ¨make die or let live¨ to the implementation of the peace processes with the FARC, understood as a result of the intention of a majority sector of the Colombian elites that has been seeking the exercise of power to ¨make live and let die¨. (Op. Cit.).
Keywords: Social issue , Armed Conflict, Inequality; FARC-EP.
Artículos
El conflicto armado y la cuestión social en Colombia
The armed conflict and the social issue in Colombia
Recepción: 03 Mayo 2017
Aprobación: 08 Agosto 2017
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El presente artículo es un avance del proyecto de investigación titulado “Continuidades y rupturas en el ejercicio de la violencia estatal y para-estatal en Colombia durante el período de 1946 a 2010”.
Se han incluido respuestas provisionales a la hipótesis central planteada que pretende explicar el fenómeno de la violencia estatal y para-estatal en Colombia, como un proceso desigual y combinado que ha transcurrido entre continuidades, rupturas y traslapamientos a lo largo del siglo XX, pero cuyo sentido casi siempre ha estado dirigido a mantener un régimen de privilegios contrario a las soluciones que requiere la Cuestión Social en relación con políticas de Estado diferentes al uso de la fuerza. Pero, como afirma Pécaut, D., (2001).
(…) un régimen como éste no tiene otra política en este campo que el empleo de la policía, del ejército y de la violencia en todas sus formas. La insuficiencia de estas respuestas no va a tardar en hacer más notoria la vulnerabilidad del sistema.” (p. 113).
Metodológicamente el estudio se ha desarrollado en una perspectiva socio-histórica. Desde el campo de la sociología se pretende identificar la forma en que, en Colombia, las comunidades han logrado sobrevivir y constituirse como sociedad a pesar de la violencia. El campo de la historia lo abordamos desde la perspectiva de la Historia General, como un sistema complejo que pone su atención en los fenómenos de ruptura. No hay teleologías fijas, los acontecimientos son multicausales dentro de un conjunto de fracturas denominado Serie Histórica. En la serie se encadenan los acontecimientos y sus consecuencias, todos los cuales no se distribuyen en forma homogénea. (Foucault, 2011). En este sentido, los fenómenos de violencia generalizada que ha enfrentado Colombia, el primero desde 1946 hasta 1962, aproximadamente; y el segundo desde 1985 hasta el presente, aparecen como dos series históricas dentro de la mediana duración, inscritas en un fenómeno de larga duración que nace con el proceso inicial de acumulación originaria de capital y los conflictos engendrados por ella en Colombia. En palabras de M. Foucault, son dos series de series, iniciadas con varios fenómenos de ruptura que resultaron entrecruzados. La caracterización del ciclo de larga duración se realizó a partir de fuentes secundarias. Los datos utilizados para los ciclos de corta y mediana duración se obtuvieron a partir de medios nacionales como periódicos de circulación nacional y regional. Para la corta duración también se obtuvieron datos a partir de entrevistas no estructuradas y de la observación no participativa en las comunidades afectadas.
La Cuestión Social, (C.S), hace referencia a la paradoja o contradicción entre la igualdad jurídica de los ciudadanos frente a la ley, (preconizada por las revoluciones burguesas y sostenida como un principio por la democracia moderna), y la desigualdad en las condiciones de vida civil referidas, especialmente, al derecho al trabajo.
En 1843 Marx, en la Cuestión Judía, fue el primero en plantear la diferencia entre el discurso republicano de la igualdad y la realidad de las desigualdades generadas por la economía capitalista entre la población, las cuales se hicieron evidentes a partir 1848 cuando, por primera vez, se ejercita en Francia el sufragio universal. Se esperaba poner a prueba la expectativa generada por los principios revolucionarios de la igualdad política. El alzamiento revolucionario producido entre el 23 y el 25 de febrero de ese año que, por un lado, obliga a abdicar al rey Luis Felipe I de Francia y, por otro, da paso a la segunda República con la convocatoria a elecciones generales para conformar una Asamblea Constituyente. El pueblo creía que este proceso, que concretaba la igualdad política, significaría también la igualdad social. En diciembre, es elegido Luis Napoleón Bonaparte, (sobrino de Napoleón), quien termina aboliendo la república y proclamándose emperador bajo el nombre de Napoleón III, por medio de un auto golpe, en mayo de 1852. Con lo cual se evidencian las limitaciones de la república. Se demuestra que hay una distancia entre el pueblo y sus representantes. Se pone en evidencia que la C.S, el referente mucho más antiguo de los movimientos revolucionarios, no se puede resolver a través del derecho. Se produce una fractura de este, que alude al enfrentamiento del pueblo de París con el gobierno, y la C.S en Francia surge a partir de dicha fractura. Dice Jacques Donzelot (1984) que,
Hasta esa fecha, 1848, la República aparecía en efecto como una respuesta global a los problemas de la vida en sociedad… Después de 1848, por el contrario, la República ya no aparecerá como una respuesta, sino como un problema, será menos un remedio que un desafío a resolver… A partir de ese acontecimiento se comenzó a hablar de la República como si fuera un ser frágil, con el corazón afectado por una enfermedad a la que se denominaba ‘La Cuestión Social’ (p. 16 y 17).
Es necesario insistir, que la desigualdad en las condiciones de vida se plantea mucho tiempo antes que la formulación de la igualdad ciudadana. Recordemos que, desde tres siglos atrás se venía gestando en Europa una situación de extrema desigualdad, de pobreza y de miseria, descrita también por el mismo Marx, cuando analiza la acumulación originaria de capital, como una de las dos condiciones para que el sistema capitalista pudiera existir (Marx. 1973). Al describir el papel que jugó el florecimiento de las laneras de Flandes a partir del último tercio del siglo XV, como las primeras disparadoras de la explotación capitalista del campo en Europa, demuestra que el nacimiento del capitalismo moderno no fue, ni mucho menos, un proceso idílico y nada romántico. Con el aumento de la demanda de lana y el aumento desmesurado de sus precios, los grandes señores feudales encuentran la oportunidad de volver a llenar sus arcas con el oro metálico que aumentaba su circulación. Buena parte de los terrenos comunales y las tierras de labor son convertidos en terrenos de pastos para ovejas. Para esto, despojan violentamente a los campesinos de sus tierras, arrojando a las ciudades una gran masa de proletarios, (es decir aquellos despojados de los medios de producción y cuyo único capital era su prole), que se ven abocados a regalar su mano de obra en las manufacturas a cambio de la comida y no ser declarados y condenados como vagabundos. Dice Marx (1973), que, “(…) estos seres que de repente se veían lanzados fuera de su órbita acostumbrada de vida, no podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina de su nuevo estado” (p. 673). Contra quienes no se adaptan rápidamente se imponen toda una serie de medidas revestidas de toda la crueldad posible dentro del naciente orden capitalista, en las “leyes contra el vagabundaje”, para presionar el enganche de los nuevos proletarios a la producción manufacturera. Por ejemplo, una de estas leyes impuesta por Enrique VIII en Inglaterra en 1530 establecía que,
Los mendigos viejos e incapacitados para el trabajo deberán proveerse de licencia para mendigar. Para los vagabundos jóvenes y fuertes, azotes y reclusión. Se les atará a la parte trasera de un carro y se les azotará hasta que la sangre mane de su cuerpo, devolviéndolos luego, bajo juramento, a su pueblo natal o al sitio en que hayan residido durante los últimos tres años, para que ‘se pongan a trabajar’. “… En caso de reincidencia y vagabundaje, deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle una oreja: a la tercera vez que se le sorprenda, se le ahorcará como criminal peligroso y enemigo de la sociedad. (Marx, 1973, p. 674).
Esto para citar sólo un ejemplo de las leyes contra el vagabundaje en Inglaterra. Pero la misma situación se vive en toda Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Marx demuestra entonces que, después de ser expropiados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se obliga a los campesinos a base de azotes, marcas de fuego y esclavitud a asumir,
(…) la disciplina que exigía el sistema del trabajo asalariado.” Pero, además, se imponen topes salariales a los patronos. Es decir el salario máximo que podían pagar a sus trabajadores, castigando con “diez días de cárcel al que abone jornales excesivos; en cambio, al que los cobre se le castiga con veintiuno. (Marx, 1973, p. 678).
Las revoluciones burguesas poco o nada contribuyeron a mejorar las condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Es lo que evidencia el primer gran estallido social producido entre marzo y mayo de 1871 en Francia, conocido como La Comuna de París. Al constituirse en el primer gran ensayo general de un gobierno obrero que duró 60 días, los decretos revolucionarios promulgados demuestran la existencia de la C.S, que estaba en mora de resolverse: creación de guarderías para los hijos de las obreras, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagados que habían sido aumentados considerablemente por caseros, la abolición de los intereses de las deudas, la abolición del trabajo nocturno en los cientos de panaderías de París; la concesión de pensiones para las viudas de los miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio, así como también, para sus hijos; la devolución gratuita de todas las herramientas empeñadas por los trabajadores para poder subsistir, entre otros.
En general, el ejercicio de la violencia por parte de las clases dominantes ha sido el ingrediente necesario para que la acumulación originaria de capital pueda desarrollarse como condición previa a la formación del capitalismo, produciendo como efecto el reforzamiento de las condiciones de desigualdad y, por ende, de conflictividad en su nacimiento.
En el caso colombiano, el desarrollo agro-industrial que se inicia desde la segunda mitad del siglo XIX, con la agricultura de exportación y cuyo principal producto fue el café, contribuye de manera decisiva al desarrollo de la manufactura y la producción industrial desde los años 10 del siglo XX, con las primeras fábricas de textiles, alimentos, bebidas, cemento, fósforos, tabaco, calzado y otros.
La industrialización en Colombia implicó también un proceso de acumulación originaria de capital que incluyó: uno, el despojo de tierras a los colonos y campesinos pobres buscando principalmente el control de la mano de obra para atender a la agricultura de exportación desarrollada por los grandes propietarios. (Legrand, C. 1995). Dos, los salarios que cubrían solo la subsistencia, (las mujeres devengaban la mitad del sueldo de los hombres), aunado a las extensas jornadas laborales que iban desde nueve hasta trece horas diarias, además del empleo de niños y niñas menores de 15 años y la inexistencia de normas mínimas de seguridad social, permitió a los primeros industriales niveles enormes de acumulación de capital, al pagar costos de producción muy bajos. Tres, pero, si no existían normas de protección para los trabajadores, sí las había para los capitalistas a fin garantizar el rápido desarrollo industrial: el gobierno del general Rafael Reyes avanzó considerablemente en la política proteccionista del siglo anterior, aumentando considerablemente los aranceles aduaneros para la importación productos extranjeros, pero facilitando la importación de maquinaria moderna más eficiente y apoyo importante para la importación de materias primas. Cuatro, el ingreso a las arcas del Estado de 25 millones de dólares, pagados por los Estados Unidos como indemnización a Colombia por su intervención en la separación de Panamá en 1903. Este dinero se invirtió parcialmente en la apertura de vías de comunicación que abarataron los costos de circulación de las nuevas mercancías producidas en el país. Todas estas condiciones permitieron, en los primeros 20 años del siglo XX, el rápido enriquecimiento de buena parte de los primeros industriales. Cinco, el ejercicio de la represión y la violencia contra las primeras movilizaciones de estudiantes, de obreros, de aparceros y jornaleros, ocurridas a partir de la crisis de 1920. En ese año la baja de las ventas generó el cierre de fábricas y aumentó el desempleo. El exceso de circulante produjo aumento en el costo de vida. Se produjeron huelgas en fábricas de textiles. Huelga de los trabajadores petroleros de la Tropical Oil Company que fue violentamente reprimida por el gobierno. En junio de 1927, se declaró el paro de los trabajadores de teléfonos de Bogotá. La empresa cervecera Bavaria bajó los salarios de sus trabajadores, quienes posteriormente abandonaron sus puestos de trabajo. A finales de ese año los braceros de Puerto Colombia cesaron sus labores. En medio de este ambiente de agitación laboral surge, en 1926, el Partido Socialista Revolucionario, PSR, fundado por María Cano, Ignacio Torres Giraldo y otros, en el cual comenzaron su militancia amplios sectores obreros. A toda esta ola de agitación social, el gobierno de Miguel Abadía Méndez responde con un “Decreto de alta policía”, en abril de 1927, que inicialmente se aplica contra todos los delegados a la Convención Nacional del PSR. Sectores de las élites critican la debilidad del gobierno por permitir la “agitación socialista”. Este, solicita al congreso, facultades extraordinarias para modificar el régimen de sanciones penales contra quienes atenten contra el “régimen de propiedad” y el “ordenamiento social”. Producto de esta iniciativa de legalizar la violencia contra los sectores sociales, aparece finalmente, la Ley 60 del 30 de octubre de 1928, conocida como la “Ley Heroica” (MELO, J.O. 1978). Un mes después, en la noche del 5 y 6 de diciembre de ese año, se estrenaba esta Ley, con la masacre de las bananeras perpetrada en la zona rural del municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena. El ejército abrió fuego contra los trabajadores de la United Fruit Company, que se encontraban en huelga desde hacía dos meses, reclamando mejores condiciones de vida. Fueron asesinadas 4.000 personas incluyendo mujeres y niños. Igual que en el siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, el poder del soberano se ejercía para “hacer morir o dejar vivir”. (Foucault, 1976).
Si bien, en general, las élites en Colombia han estado más cercanas al uso de la violencia que a la construcción de condiciones democráticas para el desarrollo capitalista, cuestión que vamos a describir en el presente artículo, han existido al menos dos grandes fracturas o discontinuidades que han permitido que la Cuestión Social (C.S) emerja ofreciendo la oportunidad a los sectores menos conservadores de proponer iniciativas para tratar de disminuir las condiciones de desigualdad y aumentar el ingreso de los trabajadores para mejorar el consumo interno. Y, como es lógico, asegurar el respaldo popular para mantenerse en el poder.
El surgimiento del capitalismo en Colombia, como proceso esencialmente violento, experimenta, en 1930, una primera fractura que da origen a una nueva etapa con el inicio de la hegemonía liberal. El talante socialdemócrata, modernizador y conciliador del nuevo presidente, Enrique Olaya Herrera, permite el inicio de las primeras tentativas modernizadoras en diversos ámbitos: Se modifica el Código Civil que declaraba menores de edad a las mujeres casadas, con la consiguiente imposibilidad de poder disponer de sus bienes inmuebles; se reconoce del derecho de asociación, se conforman legalmente centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, (Liberal) y la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, (Conservadora); el establecimiento de la jornada de ocho horas y la búsqueda de una ruta que permita, por un lado, un nuevo tipo de relacionamiento entre el capital y el trabajo, distinto del orden señorial anterior, a partir del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, que buscó consolidarse en el cuatrienio siguiente, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo y su programa de “La Revolución en marcha”, que introduce, por primera vez en Colombia, el concepto de la función social de la propiedad y la necesidad de la intervención del Estado en la economía. Reconoce el sufragio universal para los hombres, reforma la educación, que antes se encontraba en manos de la Iglesia Católica, devolviendo su control fiscalizador al Estado que se había perdido desde la Constitución de 1886 y el Concordato firmado con el Vaticano un año después. Se amplía la cobertura escolar tratando de bajar la tasa de analfabetismo. Se permite el ingreso de las mujeres a la educación superior.
Se crean las escuelas mixtas y se abole la discriminación racial, religiosa y de origen en las instituciones escolares. En 1936, se realiza una reforma constitucional, adecuando la carta política a la mentalidad socialdemócrata en el poder. En ese mismo año, se aprueba la Ley 200, enarbolando la consigna, “la tierra para el que la trabaja”, con la cual se intentaba realizar la primera reforma agraria en Colombia. Todo lo cual significaba una ruptura con el proceso de modernización conservadora que se había adelantado desde la constitución de 1886. El ejercicio del poder buscaba ahora orientarse hacia “hacer vivir y dejar morir”. (Foucault, M. Op. Cit.).
Sin embargo, los terratenientes, la iglesia y todos los sectores de las élites que veían comprometidos sus descomunales ingresos y su enorme poder señorial, rápidamente se alinean del lado del Partido Conservador para oponerse a todas las reformas de la “Revolución en marcha”. Se niegan a entregar el control de las alcaldías y las gobernaciones, con la vieja consigna del siglo XIX, de “no entregar lo que se habían ganado con las armas”, y la cultura política del siglo XIX, que alimentaba la idea de que “sólo el triunfo en la guerra es fuente de poder”, (Guerrero. 2014), tenía solución de continuidad, no sólo dentro del imaginario conservador, sino también en las huestes liberales, ahora en el poder. Se inician numerosos conflictos violentos en diversas regiones del país, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Los liberales, huérfanos del poder durante los últimos 44 años, ahora obtienen su revancha histórica y buscaban liberalizar las antiguas zonas de predominio conservador por medio de la violencia y/o el fraude electoral. Desde el régimen conservador anterior, fueron creados los “guardas de rentas departamentales y municipales”, los cuales constituían una fuerza policial partidista de choque antiliberal. Al perder el poder, estos grupos fueron reemplazados por liberales, constituyéndose en una importante arma en la tarea de liberalizar las zonas conservadoras. Protagonizaron varias masacres, como la de Capitanejo, en el departamento de Santander, en 1931, donde fueron asesinados ocho conservadores, o la ocurrida en el municipio de Gachetá, en 1939, en la que son asesinados 14 conservadores. Después de la masacre de Capitanejo, se reúne la convención del Partido Conservador y enarbola la consigna, “al plomo, plomo y al puñal, puñal”, con la cual se formaron los grupos de autodefensas conservadores. Se inicia así, lo que Guerrero, J, (2014, p. 75), denomina como, la “primera violencia”.
A su turno, los conservadores, tan pronto pierden el control absoluto del Estado, inician diversos tipos de respuesta que van desde la oposición y la denuncia utilizando el Parlamento y periódicos como El Siglo de Bogotá, por parte de Laureano Gómez, liderando un grupo de conservadores tradicionales, hasta nuevas facciones de corte claramente fascista, donde se alineaban especialmente grupos de jóvenes influenciados por el ascenso del social nacionalismo en Europa, como los “Leopardos” y la “Juventud obrera católica”, como movimiento juvenil de la “Acción Católica” impulsada en todos los países por el Vaticano. Estos grupos protagonizan movilizaciones callejeras típicas del movimiento fascista, por sus uniformes, consignas como “de la revolución al orden nuevo” y su triángulo tradicional de “la patria, la religión y la familia”.
En Colombia, como en Argentina y otros países de América Latina, se configura la C.S. sin una fractura del derecho. De hecho, sólo hasta 1936, en el período de la República Liberal, se proclama el sufragio universal para los hombres. Y el derecho al voto femenino se reconoce 18 años después, con el Acto Legislativo N° 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, el 25 de agosto de 1954, en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Por lo tanto, dentro del discurso de una república señorial como la construida en Colombia después de la independencia, el problema de la igualdad jurídica se resolvía sólo entre iguales. Iguales por desarrollo educativo y por riqueza. Hasta 1936 buena parte de la población masculina estaba por fuera del juego político. Se consideraban ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir y tenían propiedad raíz de $1.000 o renta anual de $ 300.
Con el desarrollo del capitalismo moderno en Colombia, la C.S. se pone a la orden del día, pero en medio de una sociedad que arrastra desde el siglo anterior fuertes rasgos tradicionales o premodernos, plasmados en la constitución conservadora de 1886, muchos de los cuales sólo fueron superados, al menos formalmente, más de un siglo después, con la constitución de 1991. Con el nacimiento de la clase obrera en Colombia desde el primer decenio del siglo XX, dice Pécaut, D. (2001), que,
Confrontadas con la gestión de la economía, las clases dominante se encuentran en ese momento relativamente inermes. Frente a la “cuestión social”, parecen no tener más recurso que la violencia. (p.128)
Como ya se describió atrás, la masacre de las bananeras contra los trabajadores en huelga de la United Fruit Company que buscaban mejores condiciones de vida y de trabajo, fue el primer ejemplo de cómo respondería el Estado a lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI a los conflictos y estallidos sociales que de manera recurrente evidenciaban la C.S. no resuelta en Colombia.
Si bien, la República Liberal busca institucionalizar las respuestas a la cuestión social, introduciendo importantes reformas que evidencian el inicio de un proceso de modernización con reformas como las descritas atrás, el nuevo ascenso al poder del Partido Conservador en 1946, el inicio de la Violencia Liberal-Conservadora y el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, permiten a las élites tradicionales echar abajo buena parte de las reformas liberales y volver al viejo esquema de control de los movimientos sociales a partir del expediente represivo que tiende a penalizar la protesta social.
La división interna en el Partido Liberal, entre los representantes de las oligarquías tradicionales que se oponían a proseguir el camino modernizador y sectores de progresistas alineados en la “Unión de Izquierda Revolucionaria”, UNIR, liderada por Jorge Eliecer Gaitán, generó una nueva fractura en el ejercicio del poder: el triunfo del Partido Conservador, en 1946.
Continuando con la tradición de la primera hegemonía conservadora, el gobierno de Mariano Ospina Pérez, elegido en 1946, se da a la tarea de organizar de nuevo una policía política, reclutando inicialmente grupos de campesinos de la vereda “Chulavo”, en el municipio de “La Uvita”, departamento de Boyacá, a quienes se les conoció como los “Chulavitas”, cuyo objetivo era conservatizar a sangre y fuego las regiones con predominio liberal. Desde su elección, comienzan los primeros asesinatos selectivos, que posteriormente, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la gran oleada de asonadas y toma de poblaciones en centenares de municipios en todo el país, que generó como respuesta este crimen, se da paso a numerosas masacres en diversas regiones, la mayoría de las cuales, exhibiendo niveles de crueldad y de atrocidad nunca antes vistos en la historia colombiana. Se inician grandes éxodos de familias desplazadas que buscaban proteger su vida. Como respuesta a la violencia estatal y paraestatal, surgen numerosos grupos de autodefensa, organizados por los liberales y por pequeños núcleos de comunistas. En lo social, el conservatismo, de nuevo en el poder, echa abajo buena parte de las reformas liberales del período anterior, como la primera Ley de Reforma Agraria. Y, por el contrario, busca mantener el control tradicional sobre la tierra por medio del terror, proceso en el cual surgen al margen sectores emergentes que contribuyen con este propósito. Es el caso de los mayordomos y los fonderos que se constituyen en los nuevos ricos cultivados al calor del “boleteo”, contra los dueños de las fincas, para impedir el regreso a sus propiedades y facilitar el robo de café y ganado. El pretexto para el despojo era la condición de conservador o de liberal de los dueños de las tierras, que eran abandonadas a la voluntad de los mayordomos quienes aprovechaban para robar el café y venderlo a los fonderos, quienes lo comparaban a precios irrisorios y lo colocaban en el mercado internacional en dólares. Con lo cual, ambos sectores emergentes lograron un importante proceso de acumulación originaria de capital (Ortiz, 1985). Históricamente, la violencia siempre ha tenido en Colombia un substrato económico.
Con el fin de parar la violencia desatada, las élites de ambos partidos, dan su respaldo a un golpe militar encabezado por el General Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, quien ofrece la amnistía a todos los grupos guerrilleros, que, en su mayoría, deponen las armas pero luego son traicionados por el mismo Estado. Con el pretexto de la “pacificación”, elimina a buena parte de los guerrilleros liberales desmovilizados.
Con el desgaste de la dictadura militar, se da paso a un acuerdo entre los dos grandes líderes de los partidos tradicionales, Laureano Gómez, conservador, y Alberto Lleras Camargo, liberal, para alternarse en el poder por períodos de 4 años, desde 1958, hasta 1974, acuerdo que fue denominado, “El Frente Nacional”, (F.N.), el cual, se constituyó en un período de “democracia restringida” que permitió eludir los procesos de justicia transicional: no hubo verdad, ni justicia y menos reparación a las víctimas. Ningún miembro importante de las élites liberal-conservadoras respondió por los 200 mil muertos que arrojó como saldo la Violencia. Todos los gobiernos desde 1958 hasta la constitución del 91, echaron mano del Estado de Sitio y el toque de queda para controlar los conflictos y los estallidos sociales producidos por la C.S. no resuelta.
A pesar de que en el primer gobierno del Frente Nacional se ofreció de nuevo la amnistía, continuaron los asesinatos de ex integrantes de las guerrillas liberales y comunistas desmovilizados, a mano de las mismas fuerzas estatales y para-estatales que habían venido actuando a lo largo del período. Como consecuencia, buena parte de estos grupos deciden continuar la guerra, pero esta vez no sólo contra los conservadores, sino contra el Estado mismo, por la conquista del poder para construir un nuevo ordenamiento social. En 1964, a raíz del bombardeo de la fuerza aérea contra un asentamiento campesino conocido como “Marquetalia” se inicia un proceso de reagrupamiento de las guerrillas sobrevivientes que, en 1966, dan origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como expresión directa, por un lado, de la lucha de los campesinos por la tierra y por otro como respuesta organizada de resistencia a la violencia estatal y para-estatal ejercida por las élites. Igualmente, a lo largo de los años 60 y 70 surgen otras agrupaciones alzadas en armas, como el ELN, el EPL, el Movimiento indigenista “Quintín Lame”, el M-19 y el ERP, con ideologías diferentes, pero también como expresiones de resistencia a la nueva organización de las élites en el poder. Terminado formalmente el F.N se abren nuevas configuraciones en el ejercicio del poder, pero conservando el sustrato de violencia prosaica que resurgirá en el siguiente período con mayor fuerza.
El 14 de septiembre de 1977, día en que se realizó en Colombia el primer “Paro Cívico Nacional” es recordado por muchos como una de las más grandes jornadas de protesta ciudadana del siglo XX, después del estallido social provocado por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Había terminado el último gobierno del F.N., durante el período 1970-1974, presidido por el conservador Misael Pastrana Borrero y asumía la presidencia Alfonso López Michelsen, para el cuatrienio siguiente, precedido de varios antecedentes que, en su momento, alimentaron las esperanzas de mejoramiento en su calidad de vida de vastos sectores populares: era hijo de Alfonso López Pumarejo, el gran reformador de la República liberal de los años 30, había hecho oposición al F.N. en los años 60 con un discurso “anti oligárquico”, al frente del “Movimiento Revolucionario Liberal”, MRL, y se presentaba a esas elecciones con el eslogan, “para cerrar la brecha”, entre ricos y pobres, y entre las ciudades más desarrolladas y el campo atrasado. Pronto llegó el desencanto y tres años después todas las centrales obreras: CTC, UTC, CSTC Y CGT, en unión de los sectores de izquierda y de oposición, lanzan la iniciativa de un gran paro cívico nacional para exigir aumento de salarios por encima del 50%, congelación de precios de los artículos de primera necesidad y de los servicios públicos, suspensión del Estado de Sitio, por las libertades políticas y sindicales, derogatoria del Estatuto Docente, reapertura y desmilitarización de las universidades y adjudicación de un presupuesto para su funcionamiento, abolición de las normas de Reforma Administrativa para que los trabajadores de servicios del Estado puedan disfrutar del derecho de asociación, contratación colectiva y huelga, entrega a los campesinos de las haciendas afectadas por el Instituto para la Reforma Agraria, INCORA, Jornada de ocho horas y salario básico para los trabajadores del transporte y otras.
Además de la paralización de las actividades productivas, se realizaron movilizaciones en las principales ciudades del país que derivaron en verdaderos alzamientos populares, especialmente en Bogotá, con parálisis completa del transporte, saqueos a supermercados y establecimientos de comercio, quema de vehículos, pedreas contra dependencias del gobierno. El ejército y la policía reprimieron violentamente la protesta, con un saldo de 33 muertos, varios centenares de heridos y detenidos. El paro fue declarado “subversivo y político” y se declaró nuevamente el Estado de Sitio.
En el período de gobierno siguiente, el presidente Julio Cesar Turbay Ayala, al amparo del Estado de Sitio, emite una de las normativas más represivas de la historia reciente en Colombia: el “Estatuto de Seguridad”, que, al permitir la detención arbitraria, sin formula de juicio, incrementa los poderes absolutos que ya tenían las fuerzas armadas, no solo para juzgar y condenar en juicios verbales de guerra a toda persona acusada de subversión, sino, también, para el ejercicio de la tortura y la desaparición, al mejor estilo de las dictaduras del cono sur.
En este contexto se produce la toma de la embajada dominicana por parte de un comando armado del M-19 y el secuestro de 16 diplomáticos de varios países, -entre los que se contaron el embajador de USA y el Nuncio Apostólico, que allí se encontraban celebrando las fiestas patrias de la República Dominicana-, como una respuesta a los atropellos de las fuerzas armadas bajo la cobertura del “Estatuto de Seguridad”. El impacto internacional de este hecho de guerra y su solución negociada mostraron a las élites la necesidad de ofrecer al conflicto armado y a las demandas de solución a la C.S., un tratamiento diferente al represivo.
En 1982, tras la elección del conservador Belisario Betancur Cuartas, un sector de las élites comienza a aceptar que existe una Cuestión Social no resuelta, representada por todo el cúmulo de situaciones de injusticia social y de desigualdad represadas desde la violencia liberal-conservadora, e interpretadas en su momento, como “las causas objetivas del conflicto armado”. Este sector apoya la primera tentativa de negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, en lo que se conoció como “los acuerdos de la Uribe”, como un primer paso hacia la consecución de la paz y la institucionalización de las soluciones a la C.S. Tras el asesinato de buena parte de la militancia de la UP, esta primera negociación se rompe, pero los dos gobiernos sucesivos, el de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y el de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) continúan los diálogos con el movimiento insurgente hasta lograr la desmovilización de cuatro grupos guerrilleros: M-19, EPL, ERP, y el “Quintín Lame” además de una fracción del ELN, (La corriente de renovación socialista). Finalizada la negociación, se produce la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó la constitución que rige a los colombianos desde julio de 1991. En ella participaron todas las fuerzas políticas, incluidos los narcotraficantes, cuyo interés político, era la prohibición de la extradición en la propia carta constitutiva. Por fuera quedaron los dos grupos guerrilleros de mayor importancia: las FARC y el ELN.
Si bien, los diálogos y la negociación con el movimiento insurgente siempre han estado en la agenda de todos los gobiernos desde 1982, en forma paralela seguían conjugándose una multiplicidad de actores y de teleologías que pugnaban por el control del poder en Colombia, generalmente utilizando el expediente de la violencia, en medio de un movimiento social en ascenso que lucha por la más variada gama de reivindicaciones, todas referidas a la injusticia y a la desigualdad, desde el derecho al agua y a los servicios públicos, hasta la lucha por mejores condiciones salariales, pasando por el paro cívico de los campesinos cultivadores de coca de los llanos orientales, contra las fumigaciones aéreas. Los actores: Uno, las guerrillas, cuya emergencia, como ya se dijo, se había producido a lo largo de los años 60 y 70 y que, en el caso de las FARC-EP, especialmente, a partir de 1982, experimentan un proceso de consolidación y expansión. Dos, los narcotraficantes que buscan mantener condiciones favorables para el tráfico de estupefacientes, las cuales incluyen el acceso y la cooptación de todos los órganos de poder. Tres, la emergencia, consolidación y expansión de una nueva oleada de grupos paramilitares, desde 1981, surgidos con el apoyo de agentes del Estado, de los narcotraficantes y de empresarios legalmente establecidos, cuya versión contemporánea inicialmente aparece bajo la forma del grupo “Muerte a Secuestradores”, MAS, y que posteriormente, en 1996, evoluciona hacia las “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC, desplegando frentes de guerra hacia todas las regiones del país. Su discurso fundacional fue la lucha contrainsurgente, pero su práctica real se materializó en el despojo de tierras a los campesinos. Cuatro, el Estado desarrollando acciones de contrainsurgencia, pero también actividades ilegales, violatorias de los derechos humanos, como los denominados “falsos positivos”. Y, cinco, actores oportunistas, entre los cuales aparecen dirigentes regionales y locales que luego fueron señalados como “para-políticos”, quienes establecieron acuerdos con grupos de paramilitares o que también contrataban bandas de sicarios para presionar a los electores en determinadas regiones o para sacar del camino a posibles contrincantes.
A partir de 1985, ocurre una diversidad de hechos de violencia que articulan los anteriores actores y sus teleologías en una sola espiral de violencia generalizada. Entre los de mayor impacto tenemos: ataques del narco-terrorismo desde 1985 hasta 1995, aproximadamente; el genocidio contra la Unión Patriótica desde su fundación en 1985, hasta la pérdida de su personería jurídica en 2002, (más de 3.500 militantes asesinados), los asesinatos de cuatro candidatos presidenciales, (Jaime Pardo Leal, UP, 1987; Luis Carlos Galán, P. Liberal, 1989; Carlos Pizarro Leongómez, Ex comandante M-19, 1990; y Bernardo Jaramillo Ossa, UP, 1990).
Como ya se ha reiterado, el ejercicio sistemático de la violencia abierta que se pone en marcha tanto en la primera oleada de violencia generalizada, como en la actual han tenido un doble propósito, de un lado, torpedear la configuración de una ciudadanía libre de las ataduras propias del gamonalismo, que logre impulsar soluciones de fondo a la C.S. A propósito de esto, Daniel Pécaut dice que, “en los casos de violencia abierta, el individuo se encuentra despojado de su calidad de ciudadano o incluso de su condición de sujeto capaz de ejercer autonomía” (Pecaut, 2006, p. 542). Y, en segundo lugar, como hemos mencionado, asegurar el control sobre la tierra. En esta ocasión, los campesinos eran acusados de ser guerrilleros o colaboradores de las guerrillas para despojarlos de sus tierras por paramilitares, agentes del Estado o actores oportunistas como los mencionados, para dar paso a narco-cultivos o a productos agroindustriales como la caña de azúcar o la palma africana destinados a la producción de biocombustibles para la exportación.
Se presenta en 1990, a propósito de las negociaciones de paz con la mayoría de los grupos insurgentes, coincidió con un cambio institucional, cuya legitimidad estuvo precedida por un movimiento ciudadano, liderado por estudiantes de las universidades públicas y privadas en todo el país, quienes impulsaron el movimiento de la Séptima papeleta, en la que pedían la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como salida pacífica a la oleada de violencia que ya había cobrado, -además de numerosas masacres y asesinatos selectivos en todo el país-, la vida de cuatro candidatos presidenciales, ya mencionados. Dos meses y medio después, el 27 de mayo de 1990, es elegido como presidente el candidato por el Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, quien convoca de inmediato a elección popular de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre del mismo año. Con la promulgación de la nueva carta constitutiva, el 7 de julio de 1991, se crea en el país un clima de confianza en las posibilidades de cambio por la vía institucional y no por medio de las armas. César Gaviria aprovecha la popularidad y la legitimidad ganadas en el proceso para liderar la construcción de un nuevo orden económico y jurídico que dio paso a toda una serie de reformas de corte neoliberal, soportadas en la nueva constitución, con las que se pretendía superar la injusticia social y resolver la cuestión social. El discurso neoliberal era mirado por muchos sectores como una tendencia progresista que supuestamente respondía a los “nuevos aires”, que el triunfo del capitalismo, con la caída del muro de Berlín y el aparente “fin de la historia”, estaba mostrando. Todas las iniciativas estatales tendientes a mitigar la desigualdad, son progresivamente suprimidas. Por ejemplo los subsidios a los servicios públicos en los barrios vulnerables. Los reclamos de agua potable, en buena parte de los municipios del país fueron atendidos con la privatización de las empresas públicas municipales pues, la nueva Constitución Política les permitió a los particulares la participación en su provisión. Las políticas públicas con las que se debería apuntar a la solución de la C.S, son reemplazadas por iniciativas “comunitarias” que llaman a grupos de ciudadanos a constituir organizaciones sin ánimo de lucro, ONG, a través de las cuales el Estado pretendería resolver sus necesidades. Ya no actuará sobre el conjunto de la sociedad, sino sobre determinados grupos. Comienza a hablarse de “comunidades” afectadas y no de una sociedad necesitada de políticas públicas. Se privatiza la atención de la salud por medio de la Ley 100 de 1993, y con ese mismo marco jurídico se crean los fondos privados de pensiones.
En síntesis, la nueva concepción neoliberal ataca la idea de democracia social, de Estado Social de Derecho, de intervención del Estado para disminuir la desigualdad. El Estado debe intervenir en la sociedad, pero para garantizar mejores condiciones para la libre competencia, no para disminuir la desigualdad. Se buscará tratar los problemas en términos individuales. La responsabilidad del Estado, se les entrega a los individuos, con lo cual se deshacen los principios de solidaridad social articulada desde el Estado. Al tiempo que se enarbola un discurso contra la lucha armada, como anacrónica e injustificada, dadas las nuevas condiciones “democráticas”, también se busca deslegitimar la protesta social. En este lapso no se la considera como un brazo de la actividad subversiva, sino más bien como una salida anacrónica a los conflictos, dado que ahora se espera que los individuos se “empoderen” de su propio destino y busquen salidas a sus problemas. Se busca someter al conjunto de la población a la disciplina y a la regulación. En palabras de Foucault (1976) “la norma es lo que puede aplicarse tanto al cuerpo que se quiere disciplinar…”, -“como foco de fuerzas que deben hacerse útiles y dóciles”-, “…como a la población que se quiere regularizar”. (p. 204). Entonces, “aparece un poder de regulación, consistente en hacer vivir y dejar morir”. (p. 194). Sin embargo, la tecnología anterior, de “hacer morir o dejar vivir”, (p. 194), no desaparece en Colombia. Las dos “tecnologías” coinciden en cada período. En múltiples circunstancias el poder en Colombia también ha procurado “hacer morir”, a aquellos que escapan a la disciplina y a la regulación, lo cual no significa exclusivamente la muerte física, “… sino todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de exponer a la muerte o de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte política, la expulsión. (Cursiva y negrillas son mías). (1976, p. 207).
Esto queda en evidencia en el siguiente período presidencial, (1994-1998), cuando las FARC realizan una nueva ofensiva militar, propinando a las fuerzas armadas los golpes más contundentes de toda su historia. La respuesta de las élites fue la reorganización de todos los grupos de autodefensa bajo un solo mando a partir de 1996 y la posterior escalada de guerra sucia por casi nueve años, en medio de nuevas negociaciones de paz con las FARC, entre los años 1999 y 2002, que finalmente fracasaron. A partir de allí, transcurrirán dos períodos bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en los que predominará la salida militar al conflicto armado; y toda forma de protesta social o reclamo reivindicatorio, por mejores condiciones de vida, es estigmatizado como subversivo y, en no pocas veces, penalizado. Será en el período siguiente, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, cuando se reabran formalmente las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y con ellas, la esperanza de alcanzar mejores condiciones de vida mediante la construcción de una paz duradera y estable que permita, una disminución de la desigualdad y mayores niveles de justicia social para los colombianos, en la etapa del post-conflicto armado. La gran pregunta es, ¿las negociaciones de paz permiten pensar en que sí es posible cristalizar estos anhelos de la gran mayoría de los colombianos?
El gobierno nacional inicia un nuevo ciclo de negociaciones de paz con las FARC y de conversaciones previas con el ELN en medio de un acumulado de injusticia social que ha colocado a Colombia como uno de los países con mayores niveles de desigualdad de América Latina y del mundo. Según el informe del año 2013 sobre desarrollo humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Colombia ocupa el puesto 98 entre los países de mayor desigualdad en el ingreso entre 168 países (El Tiempo, 25 de julio de 2014), mientras que Argentina aparece en el puesto 49 y Chile en el 42. Según el coeficiente de GINI, que mide los niveles de desigualdad, Colombia aparece con 0,538. Este índice va de 0 a 1. Entre más se acerca a 1 mayor es el nivel de desigualdad de un país. Este índice mide variables relacionadas con todo lo que contribuye a que la gente viva mejor: acceso a los servicios básicos, (acueducto, alcantarillado), salud, acceso al conocimiento, expectativa de vida e ingreso. Esta última variable se utiliza para medir el “nivel de vida digno” y, en el caso colombiano, es la que más pesa en este momento, en las condiciones de mayor desigualdad.
Sobre un total de 48 millones de habitantes, según el PNUD, en Colombia existen 16 millones (33.3%) considerados como pobres, (ganan menos de $ 114 USD, al mes), y 18 millones (37.5%) que son considerados vulnerables, lo cual quiere decir que de no mejorar las condiciones de desigualdad en los próximos años, caerán a la condición de pobreza. Esto frente a 13 millones (27.1%) considerados como clase media. De otro lado, el 2.4% de la población tiene ingresos superiores a $ 2.700.000 ($ 1.496 USD), al mes. El 10% de los hogares colombianos con mayores recursos, percibe más del 40% de los ingresos laborales. Mientras que el 90% obtiene el 60% restante (Revista Portafolio, 11 de septiembre de 2014).
De otro lado, la situación en el campo muestra una enorme concentración de la tierra en pocas manos y un nivel de desigualdad mayor que el de las ciudades. Hasta el año 2010, el 77.6% de las tierras en Colombia estaba en manos del 13.7% de los propietarios. La situación empeoró desde año 2000 cuando 75.7% de las tierras se encontraba en poder del 13.6% de los propietarios. El índice GINI de tierras es de 0.86 (La República, 22 de julio de 2014).
Teniendo en cuenta esta situación y que la lucha armada sostenida desde hace más de 50 años por los grupos insurgentes ha tenido como una de sus justificaciones la búsqueda de la igualdad y la justicia social, la pregunta obvia es: ¿firmados los acuerdos de paz de la Habana es posible pensar en la institucionalización de las soluciones a la C.S.?
Para encontrar respuestas a esta pregunta, es necesario comenzar por revisar el modelo de paz que ha propuesto el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, que ha sido aceptado y compartido por la dirigencia de las FARC, y a partir del cual comenzaron las negociaciones el 19 de noviembre del 2012.
Señalemos entonces de manera esquemática las características del modelo puesto en marcha. Uno, se negocia entre dos burocracias: una comisión del gobierno y la dirigencia de las FARC, representada en los integrantes del Secretariado. Esporádicamente participaron algunos comandantes de frentes, integrantes del Estado Mayor, pero no los combatientes de base y menos aún las comunidades campesinas que han sido su base social. Dos, no se discute, ni se negocia el modelo económico imperante. El interés de los negociadores es la preservación del Estado y no la búsqueda, ni la superación de las causas estructurales causantes del conflicto armado. Tres, las víctimas directas han sido representadas por cinco delegaciones para un total de 60 personas que viajaron a la Habana e exponer sus posiciones. Los millones de personas afectadas, directa o indirectamente en los casi 30 departamentos del país (de un total de 32) que han sufrido la guerra, no tienen representación, ni audiencia. Cuatro, la negociación y el desarrollo de los acuerdos, se desarrolla bajo de modalidad de acercamientos top-down (de arriba para abajo). Los acuerdos finales se ponen en marcha del centro hacia la periferia, siendo las ciudades principales del país los ejes articuladores de sus resultados. Cinco, el enfoque está centrado únicamente en los derechos políticos de los futuros ex combatientes, las instituciones y el mercado.
Este modelo corresponde a lo que Oliver Richmond ha caracterizado como el modelo de “Paz Liberal”, que busca la construcción de paz solamente desde arriba a partir de la idea de que los participantes locales merecen ser sólo objeto de la ayuda humanitaria en lugar de activos “arquitectos” de la construcción de su propia paz (Richmond, 2013).
La agenda acordada para la negociación igualmente corresponde al modelo de Paz Liberal: Uno, política de desarrollo agrario integral. Dos, participación política. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política para los movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. Tres, fin del conflicto. Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo. Dejación de armas. Reincorporación de las FARC a la vida civil, de acuerdo con sus intereses. El Gobierno Nacional hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Cuatro, solución al problema de las drogas ilícitas. Cinco, víctimas. Resarcir a las víctimas: derechos humanos de las víctimas y verdad. Seis, implementación, verificación y refrendación. La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados.
Como puede verse, todos los temas relacionados con el anhelo de la igualdad en las condiciones materiales de existencia de todos los ciudadanos están de nuevo aplazados.
• En los estudios sobre el fenómeno de la violencia en Colombia es posible establecer continuidades pero también fracturas o pequeños períodos de tregua que han permitido visibilizar la emergencia de sectores o grupos de ciudadanos capaces de luchar y movilizarse por sus derechos en procura de unas condiciones de vida más dignas, justas y equitativas. Es sobre estas discontinuidades donde deberán centrarse los estudios de sociología histórica para tratar desentrañar las claves de lo que podría ser la sociedad colombiana en el postconflicto armado.
• En el mediano plazo, la posibilidad de disminuir la desigualdad en Colombia y de alcanzar mayores niveles de justicia social está asociada a factores como los siguientes: la existencia de una apertura democrática, que permita la estructuración de una ciudadanía movilizada por sus derechos, que pueda reclamar la ejecución de políticas públicas dirigidas al corazón de la C.S., vale decir al conjunto de la sociedad y no hacia las márgenes, a determinados individuos o comunidades.
• En el caso de las poblaciones directamente afectadas por el conflicto armado, se requiere una inversión de la pirámide del modelo utilizado para las negociaciones de paz, como sugiere O. Richmond: de una estrategia top-bottom (de arriba hacia abajo), fuertemente externalizada, centrada en la construcción del estado liberal, sus instituciones y una economía neoliberal, pasar a un modelo bottom-up (de abajo hacia arriba), emancipador, centrado en el bienestar, las necesidades y la cultura, tres aspectos negados por el actual modelo. En el centro estarán las necesidades de las comunidades locales, y también sus derechos, con una estrategia que implica la apropiación local, para recuperar su voz y un camino propio, a fin de que pueden ser protagonistas, hacer frente a los conflictos locales y generar los cambios que necesitan. Son ellas quienes tienen conocimiento directo de los problemas que afectan a las regiones y pueden aportar soluciones creativas adecuadas. El modelo de construcción de paz desde lo local busca incrementar la eficacia de las intervenciones, en términos de construir soluciones aceptables y legítimas, frente a los destinatarios de la paz. Es decir, busca garantizar que los propios ciudadanos jueguen un papel clave en la construcción de la paz, en vez de ser sujetos de su imposición por parte de los negociadores del conflicto.
